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LA ARGENTINA DESARMADA Y RODEADA

François Soulard*

Una combinación emblemática de political warfare, confrontación militar y guerra subversiva

Estrella mundial del fútbol, la posición de Argentina en el plano geopolítico y estratégico es mucho menos gloriosa. Este mismo año 2023 se celebraron discretamente los cuarenta años de democracia (desde el final de la última dictadura militar), que parece haber sobrevivido de milagro a la involución que vive el país desde hace varias décadas. Una profunda erosión del aparato político-estratégico, teatros de sombras con partidos reciclados en coaliciones circunstanciales, la economía al borde del precipicio y una sociedad abierta pero desafiante y fragmentada. Forjada hace poco más de dos siglos tras un poderoso impulso fundacional, rica tanto en extensión geográfica como en recursos, la nación argentina hoy se encuentra desprovista de numen político y cultural, al margen de sí misma y entregada a los vientos de la globalización.

Los motivos invocados para explicar esta situación varían. Algunos plantean los argumentos ya clásicos de la corrupción institucional, la falta de cohesión de las élites o los repetidos errores en la gestión económica. Otros buscan justificaciones en el retorno a un pasado glorificado, posturas culpógenas o el barrido de «impurezas» políticas. A semejanza de otras sociedades fracturadas, la pérdida de referentes explicativos aparece como un problema que se suma a los demás, al no poder el espacio político-informativo brindar un discernimiento de las dinámicas internas del país y su conflictiva inserción en la globalización. Sin embargo, para comprender el itinerario de esta ramificación del extremo Occidente, es precisamente necesario abstraerse del lenguaje convencional de las ciencias sociales y políticas y pasar a un marco de interpretación fundamentalmente conflictivo y polemológico.

De hecho, la nación argentina sigue sufriendo los reveses de un desplome estratégico desde el final de la Primera Guerra Mundial y de dinámicas conflictivas que no ha sabido anticipar ni controlar. Estas dinámicas fueron moldeadas por las relaciones de poder durante la Guerra Fría en América Latina y luego amplificadas por las modalidades de confrontación contemporáneas en las que la dimensión inmaterial juega un papel eminentemente estratégico.

La primera dinámica conflictiva, heredada directamente del mundo bipolar, proviene del largo e irregular choque, a partir de 1955, entre el aparato estatal liberal y la lucha armada marxista-leninista en toda América Latina. Los focos revolucionarios desarrollados en suelo argentino son particularmente activos, pero están destinados a su destrucción por la aberración ideológica del foquismo que los subyace. Su radicalización a principios de la década de 1970 formó el tejido de una guerra civil que obligó al Estado argentino a reforzar la seguridad interna y fagocitar la democracia. De 1976 a 1983, el régimen militar, duro y represivo, salió exhausto de la confrontación, incluso en lo económico. Como en otras partes de América Latina, la lucha armada fue derrotada en el plano militar, pero su vanguardia no abandonó la ideología y su vocación revolucionaria. En connivencia paradojal con el Reino Unido, que abrió un frente militar en el Atlántico Sur, se enfrascará de manera paulatina en otros tres campos de actuación, la información, la justicia y la política, con el objetivo final de conquistar el poder.

El retorno a la democracia en 1983 reabrió precisamente este espacio informativo y político, con el imperativo de implementar una reconciliación adaptada al contexto previo de guerra civil. Se cometieron atrocidades en ambos lados. Acaba de producirse una segunda deflagración militar en el Atlántico Sur que Londres se ocupa de prolongar en la forma de una «guerra a través del medio social». La inteligencia británica introdujo, a través del jurista argentino Carlos Nino doctor en Filosofía en el área Jurisprudencia graduado en la Universidad de Oxford, un enfoque de reconciliación basado no en la justicia militar sino en la justicia civil y el derecho penal. Este enfoque se celebró como una innovación en el escenario local e internacional, en comparación con otros enfoques de reparación posconflicto (Camboya, ex Yugoslavia, Nuremberg, etc.). En la práctica, se llevará a cabo de una manera extremadamente sinuosa y selectiva a lo largo de cuarenta años de activismo político-judicial. Al final de un proceso muy controvertido, las Fuerzas Armadas y la Junta Militar serán efectivamente condenadas, mientras que los autores de la lucha armada, sancionados en un principio, serán indultados en la década de 1990.

Se siembran así los gérmenes de una guerra de frente inverso y de un primer cerco cognitivo. Por un lado, el enfoque judicial sesga la naturaleza del proceso de pacificación posterior a la dictadura y amputa al Estado de sus Fuerzas Armadas. Por otra parte, se inculca en la propia sociedad un proselitismo de los derechos humanos, con el fin de cercar el ámbito militar y expiar en él la responsabilidad por la violencia. Una guerra informacional apoya este modelaje cognitivo. La Junta se convierte en el único sinónimo de «terrorismo de Estado», «crimen de lesa humanidad» y el «genocidio» que generara «30.000 víctimas», mientras que Argentina se eleva a modelo internacional de reconciliación bajo el derecho civil. El cerco mental y judicial parte en dos el proceso de pacificación que cabía esperar de una guerra civil que dejó al margen a 17.000 víctimas (muertos y heridos) y más de 22.000 hechos violentos perpetrados por la lucha armada (las cifras oficiales indican alrededor de 9.000 víctimas mortales a manos del régimen militar). La ofensiva cuenta con el apoyo financiero tras bambalinas de agencias británicas y estadounidenses. El vector de inseminación se apoya en particular en un ambiguo agente local que trabajó a la vez para las formaciones revolucionarias, el gobierno militar y el reino de Su Majestad. Encuentra eco a nivel internacional en la socialdemocracia europea y está fluidamente entrelazado con los términos de la influencia globalista (derechos humanos, género, sociedad abierta, etc.). Además, la permeabilidad estimulada por este modelado de la arena democrática esculpe un ambiente favorable al relanzamiento de una agenda de lucha subversiva que se extiende a todo el subcontinente.

La segunda dinámica de conflicto, íntimamente ligada a la secuencia anterior, tiene su origen en la guerra abierta en el Atlántico Sur en 1982. La Junta Militar agitó la idea nacionalista de una Argentina bicontinental y una reconquista de las islas Georgias del Sur y Malvinas. En este punto de la Guerra Fría, Londres percibió que una victoria militar en el marco de una guerra limitada podría serle beneficiosa, tanto en el plano militar como en el de la información. El Estado Mayor estadounidense aseguró su apoyo a la Junta Militar en caso de conflicto. El Ejército Argentino, mal preparado y sin conciencia de la correlación de fuerza militar, cae de cabeza en la trampa tendida por la Albión. La presencia de un buque civil argentino en la isla Georgia del Sur, autorizado previamente por la Cancillería británica, sirve como incidente de provocación. Después de un breve episodio de negociación, el enfrentamiento armado terminó en la debacle de Buenos Aires.

Aquí también, el enfrentamiento militar, rodeado de maniobras de información, es una fase entre otras secuencias imbricadas cuyo alcance estratégico es igualmente insidioso. El régimen argentino, desacreditado en varios frentes, se desintegra, mientras Londres activa en la sociedad argentina una contención normativa y cognitiva que apunta a amputar su capacidad estratégica de manera definitiva. Se compone de dos líneas: el apoyo encubierto a la acción subversiva del movimiento revolucionario y el apoyo a la política de derechos humanos (como se mencionó antes), uno de cuyos objetivos comunes fue neutralizar a las Fuerzas Armadas (prohibición por ley de las Fuerzas Armadas para inmiscuirse en asuntos internos); la influencia de los tratados internacionales para favorecer los intereses británicos en el Atlántico Sur, de los cuales Chile se beneficiará.

Con el paso de los años y al arbitrio de los flujos y reflujos creados por las crisis políticas, el movimiento neomarxista logrará reconquistar el espacio político y desarrollará una agenda extrañamente funcional al desmantelamiento del aparato político-estratégico argentino, bajo la apariencia de progresismo de los derechos humanos y retórica soberanista, proceso que se desarrolló bajo la mirada relativamente benévola de la potencia norteamericana. Por el momento, esta contradicción no ha sido socavada en serio por ninguna formación política. Las conquistas económicas del antiguo imperio británico sobre el dominio marítimo de las Islas Malvinas ascienden a una superficie equivalente al territorio continental argentino, al tiempo que la pesca y su manejo ilegal en connivencia con otras potencias extranjeras generan abundantes dividendos (más de 600 millones de dólares anuales).

La democracia argentina es así el teatro de una guerra nueva y de otra no armada, interna, endógena, muchas veces indescifrable e invisible. Esta no se resuelve únicamente en las renuncias o capitulaciones mostradas por sucesivas generaciones de dirigentes políticos frente a los daños de conflictos heredados del pasado. Este estado de guerra interna, de carácter fundamentalmente ofensivo, resulta de una modelación cognitiva de la sociedad argentina y de un nuevo choque entre una nueva matriz subversiva, retoño del reciclaje de inspiración marxista-leninista, y una matriz liberal adherida al tejido republicano del país. Este choque tiene lugar en el ámbito de la democracia misma y en su espacio económico, de la información, normativo y jurídico.

La primera matriz supo obtener una ventaja estratégica en las últimas tres décadas. Practicó con eficacia el entrismo de los partidos políticos tradicionales (tanto de derecha como de izquierda) y orquestó una activa guerra de la información, entrelazada con operaciones judiciales, económicas o violentas, pudiendo sacar provecho de las múltiples contradicciones conceptuales y estratégicas de su oponente liberal. Su llegada al poder en 2003, primero con Néstor Kirchner, infundió un Estado dual, conjugando el mantenimiento de una fachada institucional y una economía anémica, con poblaciones cautivas, una matriz clientelista en connivencia con el universo ilícito, que ahora se ofrece al mejor postor (China).

El resultado de esta confrontación es un estado de semidislocación de la sociedad argentina, atravesado de cabo a rabo por líneas de falla culturales, políticas e identitarias. El colmo es haber llegado a ciertos mitos fundacionales del país y haber desarmado precisamente a buena parte de los propios ciudadanos argentinos en la medida en que su entendimiento, es decir, el paisaje perceptivo y las herramientas de comprensión estratégica de la realidad, se convirtieron en uno de los principales objetivos del enfrentamiento. La dificultad es manifiesta a la hora de captar cabalmente este contexto, sean cuales sean los colores políticos, incluso, por supuesto, para los partidos empantanados en el posibilismo y la moderación y aun cuando existen iniciativas que buscan romper este blindaje perceptivo. En este sentido, el voto en las primarias, en agosto de 2023, por el joven outsider ultraderechista Javier Milei viene a señalar una demanda de transición.

La ausencia de preocupación del mundo académico e intelectual sobre la fisionomía de esta guerra silenciosa y sistémica contribuye indirectamente a perpetuarla. Sin embargo, existen casos similares y se dispone de conocimiento sobre esta área menos popular de las guerras intangibles. ¿Existen otras opciones para la nación sanmartiniana que aprender a rearmarse y construir, desde su propia historia y a la luz de las mejores experiencias internacionales, un nuevo arte de combate?

* Nacido en Francia, es ensayista y coordinador de la plataforma internacional de comunicación Dunia. Titular de una maestría en Ciencias de la Tierra en Francia. Se dedicó a la planificación territorial en el norte de Francia hasta el año 2003, para luego ser observador-partícipe de las dinámicas sociopolíticas en varios continentes. En 2012 fundó la plataforma Dunia en pos de brindar servicios de comunicación digital e investigar el rol estratégico de la información. Ha sido partícipe de distintos movimientos sociales en la región, en Argentina, Bolivia, Chile y Perú. Es autor de «Una nueva era de guerra informacional en América Latina»; coautor del «Diccionario del poder mundial» (2015) y «Democracia digital» (2020). Tradujo al español y al inglés algunas obras del geoestratega Gérard Chaliand («Por qué Occidente pierde la guerra, Terrorismo y política, Atlas estratégico»). Desde 2020 colabora con la Escuela de Guerra Económica en Francia.

Miembro de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales, SAEEG.

Nota disponible en francés en la revista Conflits: https://www.revueconflits.com/largentine-desarmee-et-fragilisee/

LIBRE PORTACIÓN DE ARMAS Y FALACIAS SOBRE EL MONOPOLIO DE LA FUERZA

Ariel Corbat

La discusión sobre la «libre portación de armas» permite apreciar un grave desconocimiento de la dirigencia política sobre lo que significa el «monopolio de la violencia», mismo que debe conservar el Estado como requisito necesario de su existencia y en función de sus fines.

Como en todo debate, y esta cuestión ya está en la agenda de lo que habrá que discutir, es preciso definir claramente el objeto de la controversia para confrontar ideas con honestidad.

Por eso lo primero es precisar el alcance de la expresión «libre portación de armas». Una interpretación brutalmente literal podría sostener que se trata de un acceso indiscriminado a las armas de fuego, para que puedan ser adquiridas y portadas por cualquiera sin ningún tipo de restricciones.

Y esa es la interpretación que ofrecen los políticos que se oponen a que la sociedad civil se arme.

Sin dudas, si el sentido de la expresión «libre portación de armas» fuera esa grosería, se plantearía eliminar del Código Penal los delitos de tenencia y portación ilegal de armas tipificados en el Art. 189 bis. Es decir, se reconocería a la delincuencia armada el libre acceso y uso de instrumentos para delinquir.

Sin embargo, quienes proponen la «libre portación de armas» lo hacen partiendo de una cuestión de principios (a la que me referiré al final del artículo) y en procura de darle a los honrados habitantes del país la posibilidad de defenderse por sí mismos, en subsidio a la acción estatal, ante los ataques de esa delincuencia. Y está claro que pretendiendo reducir la delincuencia no se propone una simple equiparación de hecho entre delincuentes y honrados, para que cada quien se arregle como pueda, sino que esa equiparación de hecho vaya acompañada de una diferenciación legal.

El primer punto a clarificar entonces es que quienes proponen «libre portación de armas», no incluyen en esa libertad a los delincuentes. Lo que convalida dar continuidad a la vigencia de los delitos arriba mencionados.

Luego hay otras del más elemental sentido común que implican restricciones en función a la capacidad legal de las personas, dispuestas por el Código Civil y Comercial de la Nación. Razón por la que a menores y otros incapaces tampoco se plantea franquearle acceso a la «libre portación de armas».

También hace al sentido común que nadie está pensando que se pueda portar una MAG o una bazooka…

Podemos colegir entonces que por «libre» no debe entenderse indiscriminada o irresponsable.

En rigor de verdad, quienes proponen la «libre portación de armas» deberían decir que bregan por la «tenencia y portación responsable y accesible de armas de fuego». Y como todo derecho: conforme a las normas que reglamentan su ejercicio.

Esto queda todavía más claro cuando leemos la argumentación de aquel a quien bien podríamos denominar padre intelectual de la libre portación de armas, el notable jurista italiano Césare Beccaría, que en su obra maestra «De los delitos y las penas» puso como ejemplo de leyes inútiles aquellas que desarman a los ciudadanos; en estos términos:

«Un manantial de errores y de injusticias son las falsas ideas de utilidad que se forman los legisladores. Falsa idea de utilidad es aquella que antepone los inconvenientes particulares al inconveniente general; aquella que manda a los dictámenes en vez de excitarlos; que hace servir los sofismas de la lógica en lugar de la razón. Falsa idea de utilidad es aquella que sacrifica mil ventajas reales por un inconveniente imaginario o de poca consecuencia que quitaría a los hombres el fuego porque quema, y el agua porque anega, que sólo destruyendo repara los males. De esta naturaleza son las leyes que prohíben llevar armas; no contienen más que a los no inclinados ni determinados a no cometer delitos, pero los que tienen el atrevimiento para violar las leyes más sagradas de la humanidad y las más importantes del código, ¿cómo respetarán las menores y las puramente arbitrarias, cuyas contravenciones deben ser tanto más fáciles e impunes en cuanto su ejecución quita la libertad personal, tan amada del hombre y tan amada del legislador, sometiendo los inocentes a todas las vejaciones que debieran sufrir los reos? Empeoran éstas la condición de los asaltados, mejorando la de los asaltadores, no minoran los homicidios sino los aumentan, porque es mayor la confianza en asaltar los desarmados que los prevenidos. Llámanse no leyes preventivas, sino medrosas de los delitos; nacen de la tumultuaria impresión de algunos hechos particulares, no de la meditación considerada de inconvenientes y provechos de un decreto universal».

Como puede leerse, en tanto argumenta Beccaria a favor de los asaltados no puede interpretarse su texto en favor de los delincuentes. Simplemente clarifica a quienes deben desarmar las leyes y a quienes no.

Determinado el contexto y alcance de la expresión «libre portación de armas», cabe retomar el hilo del primer párrafo y atender a una repetida falacia que esgrimen principalmente quienes se oponen a esa Libertad, cuando afirman que la «libre portación» atenta contra el monopolio de la violencia que corresponde al Estado. Falacia que también aparece entre partidarios de la «libre portación» que argumentan imaginándose que así disputarán ese monopolio de la violencia al propio Estado.

En la repetición de esas dos versiones de una misma falacia, subyace la evidente incomprensión de lo que significan el Derecho y el Estado, lo que da lugar a la confusión sobre el significado del «monopolio de la violencia».

El mayor filósofo del Derecho, el maestro Hans Kelsen, en su «TEORÍA PURA DEL DERECHO», enseña que el Derecho en todo tiempo y lugar es un conjunto de normas jurídicas, y estas son aquellas que tienen la particular característica de poder imponerse coercitivamente.

La norma jurídica es a tal punto un modo de organizar la fuerza, que la validez de un orden jurídico como sistema depende de su eficacia, esto es que haya una cierta correspondencia entre sus mandatos y la conducta de los individuos bajo ese orden.

El Derecho se atribuye el monopolio de la violencia al determinar en qué condiciones y de qué manera un individuo puede hacer uso de la fuerza con respecto a otro.

Por lo tanto, los individuos autorizados por un orden jurídico para ejecutar actos coactivos actúan en calidad de órganos de la comunidad constituida por ese orden.

También expone Kelsen la identidad entre Derecho y Estado, desde que el Estado es un orden jurídico que establece ciertos órganos para la creación y aplicación de las normas que lo constituyen.

De tal modo, el Derecho y el Estado son una misma existencia dependiente de conservar el monopolio de la violencia.

Con esos conceptos en claro, se puede discernir y colegir que nunca, en ningún caso, las conductas que encuadran dentro un orden jurídico atentan contra el monopolio de la violencia que debe conservar el Estado.

Es falso entonces que disponer la «libre portación» de armas implique debilitar el monopolio de la violencia que debe conservar el Estado. Por el contrario, si una norma válida autoriza la «libre portación», cada individuo que en tales condiciones porta un arma está con su conducta ratificando la eficacia de ese orden jurídico y por lo tanto fortalece el monopolio de la violencia que debe sostener el Estado como —por así decirlo— brazo ejecutor del Derecho.

Se equivocan tanto los que temen que las armas legales disputen el monopolio de la violencia al Estado, como los que se imaginan que con armas legales van a debilitar el poder del Estado. Se equivocan pues los estatistas extremos que quieren desarmar a la población, como los anarquistas que quisieran desarmar al Estado.

Para que quede del todo claro, las únicas armas que atentan contra el monopolio de la violencia que corresponde al Estado / Derecho, son las armas en manos delincuentes y terroristas. Es a ellos a quienes las fuerzas institucionales del Estado deben desarmar y combatir.

Para cerrar este alegato a favor de debatir desde la honestidad intelectual, aclarando (por si hiciera falta) que soy un abierto partidario de la tenencia y portación responsable y accesible de armas de fuego, es conveniente a más de rebatir falacias afirmar el principio fundamental por el cual la población debe tener acceso a las armas.

Nuestra historia más reciente nos escupe que el Estado / Derecho puede ser subvertido y atacado desde distintos ámbitos, buscando que abandone su función como instrumento para sostener la voluntad de ser y prevalecer de la Nación Argentina manifestada por el Himno y la Constitución Nacional.

Por eso, es una cuestión principista que para sostener el Derecho y la integridad del propio Estado cuando resulta sobrepasado cada arma en poder de un ciudadano, representa el último resguardo de la Patria y la Libertad.

Ariel Corbat, La Pluma de la Derecha,

un liberal que no habla de economía.

 

Articulo publicado el 07/06/2023 en La Pluma de Derecha, https://plumaderecha.blogspot.com/2023/06/libre-portacion-de-armas-y-falacias.html.

EVO MORALES Y SU PROYECTO DE UNA NUEVA NACIÓN. INFORME PRELIMINAR SOBRE LA SITUACIÓN EN PERÚ.

Confeccionado por ARESINFOSERVICE

Contexto geográfico (Ver anexo “Mapas”)

La nación aimara (Sur Perú, Norte Bolivia, Norte Chile)

RUNASUR (Movimientos Indígenas y sociales – “Patria Grande”)

Objetivo

Creación de una nueva nación con territorios del norte de Argentina, norte de Bolivia, sur del Perú y norte de Chile.

Clasificación del conflicto

Conflicto armado de 5ta generación con fuerte componente de acción psicológica con posterior traslado a Guerra Asimétrica.

Actores

Estado Peruano

Evo Morales y afiliados

Parte pueblo aimara

Otros vectores útiles

Contexto general

El objetivo era crear una sublevación como la Mapuche en Chile y Argentina, la cual llevó varias décadas de preparación.

 

Informes no confirmados dicen que Evo estuvo enviando población boliviana cercana al MAS (Movimiento al Socialismo) a la zona del lago Titicaca durante los últimos 15 años.

Se cree que los manifestantes están disparando con munición «expansiva», la cual no es usada ni por la Policía Nacional del Perú ni por las Fuerzas Armadas peruanas, y que ese tipo de munición fue contrabandeada al Perú por los «Ponchos Rojos» de Evo Morales.

Los Ponchos Rojos son una milicia de origen aimara cercana a Evo Morales con asiento en la provincia boliviana de Omasuyos y con epicentro en la ciudad de Achacachi, capital de la provincia.

La munición expansiva fue utilizada en levantamientos en Puno y Juliaca y se estima que los «Ponchos Rojos» la ingresaron al Perú debajo de sus ropas.

En el año 2017, y luego de los enfrentamientos con los aimaras, la policía boliviana fue expulsada de Achacachi por varios meses.

En Perú, la población aimara, se encuentra principalmente en el departamento de Puno, Moquegua y Tacna y muchos han migrado a ciudades como Lima, Arequipa y Tacna. En Chile se extiende por el extremo norte como en la ciudad de Arica.

Evo apela a la población indígena aimara que viven en la Meseta del Collao, zona lago Titicaca.

Su intención es desestabilizar la zona de Cusco y de Puno. El financiamiento para el levantamiento proviene desde Bolivia, las armas provienen desde el norte de Bolivia, posiblemente de la ciudad de La Paz.

Es por esto que desde el Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa del Perú continuamente realizan videos de uniformados llamando a la paz social hablando la lengua aimara.

Evo Morales es considerado como persona peligrosa para la seguridad nacional y tiene prohibido el ingreso al Perú.

Debido a la naturaleza del conflicto generado en el sur del Perú, se necesitarán de acciones de comunicación y acción psicológica extensas e intensivas para calmar la situación. La naturaleza del conflicto obliga al Estado peruano a actuar de «buffer» y absorber la mayor cantidad de violencia. La represión con altos niveles de intensidad podría desestabilizar aún más la zona en favor de Evo Morales a niveles peligrosos para la integridad territorial del Perú.

Sería necesario detectar, identificar y neutralizar los canales de información utilizados por Evo y su gente y luego desplegar comunicación/psy ops sobre la población afectada con el objetivo de contrarrestar su accionar.

Así como es de vital importancia detectar e identificar a los líderes claves de cada zona para entablar un diálogo y desarmar protestas.

La única salida que puede considerarse para este conflicto es el de la acción psicológica a gran escala, con participación de figuras artísticas, canales de televisión, etc., con el mensaje de «Traer paz y prosperidad para el Perú».

Evo y su gente hicieron un gran trabajo comunicacional y de preparación psicológica.

Evo viaja a la Argentina para intentar crear una Coordinadora de movimientos sociales de América Latina y el Caribe. Evo convocó a movimientos cocaleros de Perú, Ecuador y Colombia y otras organizaciones para ser parte de la Coordinadora.

La “toma de Lima” no tiene intención de ganar territorio, desde el sur hacia el norte, si no de acaparar la atención de medios internacionales, intentar el derrocamiento del gobierno para promover la asamblea constituyente y más adelante provocar la secesión del sur del Perú

El conflicto en Lima puede actuar de “buffer” (“amortiguador de shock”) con el objetivo real que es el sur del Perú. Mientras más se focalice el conflicto en Lima, con más soltura se moverán y actuarán en el sur del Perú.