La discusión sobre la «libre portación de armas» permite apreciar un grave desconocimiento de la dirigencia política sobre lo que significa el «monopolio de la violencia», mismo que debe conservar el Estado como requisito necesario de su existencia y en función de sus fines.
Como en todo debate, y esta cuestión ya está en la agenda de lo que habrá que discutir, es preciso definir claramente el objeto de la controversia para confrontar ideas con honestidad.
Por eso lo primero es precisar el alcance de la expresión «libre portación de armas». Una interpretación brutalmente literal podría sostener que se trata de un acceso indiscriminado a las armas de fuego, para que puedan ser adquiridas y portadas por cualquiera sin ningún tipo de restricciones.
Y esa es la interpretación que ofrecen los políticos que se oponen a que la sociedad civil se arme.
Sin dudas, si el sentido de la expresión «libre portación de armas» fuera esa grosería, se plantearía eliminar del Código Penal los delitos de tenencia y portación ilegal de armas tipificados en el Art. 189 bis. Es decir, se reconocería a la delincuencia armada el libre acceso y uso de instrumentos para delinquir.
Sin embargo, quienes proponen la «libre portación de armas» lo hacen partiendo de una cuestión de principios (a la que me referiré al final del artículo) y en procura de darle a los honrados habitantes del país la posibilidad de defenderse por sí mismos, en subsidio a la acción estatal, ante los ataques de esa delincuencia. Y está claro que pretendiendo reducir la delincuencia no se propone una simple equiparación de hecho entre delincuentes y honrados, para que cada quien se arregle como pueda, sino que esa equiparación de hecho vaya acompañada de una diferenciación legal.
El primer punto a clarificar entonces es que quienes proponen «libre portación de armas», no incluyen en esa libertad a los delincuentes. Lo que convalida dar continuidad a la vigencia de los delitos arriba mencionados.
Luego hay otras del más elemental sentido común que implican restricciones en función a la capacidad legal de las personas, dispuestas por el Código Civil y Comercial de la Nación. Razón por la que a menores y otros incapaces tampoco se plantea franquearle acceso a la «libre portación de armas».
También hace al sentido común que nadie está pensando que se pueda portar una MAG o una bazooka…
Podemos colegir entonces que por «libre» no debe entenderse indiscriminada o irresponsable.
En rigor de verdad, quienes proponen la «libre portación de armas» deberían decir que bregan por la «tenencia y portación responsable y accesible de armas de fuego». Y como todo derecho: conforme a las normas que reglamentan su ejercicio.
Esto queda todavía más claro cuando leemos la argumentación de aquel a quien bien podríamos denominar padre intelectual de la libre portación de armas, el notable jurista italiano Césare Beccaría, que en su obra maestra «De los delitos y las penas» puso como ejemplo de leyes inútiles aquellas que desarman a los ciudadanos; en estos términos:
«Un manantial de errores y de injusticias son las falsas ideas de utilidad que se forman los legisladores. Falsa idea de utilidad es aquella que antepone los inconvenientes particulares al inconveniente general; aquella que manda a los dictámenes en vez de excitarlos; que hace servir los sofismas de la lógica en lugar de la razón. Falsa idea de utilidad es aquella que sacrifica mil ventajas reales por un inconveniente imaginario o de poca consecuencia que quitaría a los hombres el fuego porque quema, y el agua porque anega, que sólo destruyendo repara los males. De esta naturaleza son las leyes que prohíben llevar armas; no contienen más que a los no inclinados ni determinados a no cometer delitos, pero los que tienen el atrevimiento para violar las leyes más sagradas de la humanidad y las más importantes del código, ¿cómo respetarán las menores y las puramente arbitrarias, cuyas contravenciones deben ser tanto más fáciles e impunes en cuanto su ejecución quita la libertad personal, tan amada del hombre y tan amada del legislador, sometiendo los inocentes a todas las vejaciones que debieran sufrir los reos? Empeoran éstas la condición de los asaltados, mejorando la de los asaltadores, no minoran los homicidios sino los aumentan, porque es mayor la confianza en asaltar los desarmados que los prevenidos. Llámanse no leyes preventivas, sino medrosas de los delitos; nacen de la tumultuaria impresión de algunos hechos particulares, no de la meditación considerada de inconvenientes y provechos de un decreto universal».
Como puede leerse, en tanto argumenta Beccaria a favor de los asaltados no puede interpretarse su texto en favor de los delincuentes. Simplemente clarifica a quienes deben desarmar las leyes y a quienes no.
Determinado el contexto y alcance de la expresión «libre portación de armas», cabe retomar el hilo del primer párrafo y atender a una repetida falacia que esgrimen principalmente quienes se oponen a esa Libertad, cuando afirman que la «libre portación» atenta contra el monopolio de la violencia que corresponde al Estado. Falacia que también aparece entre partidarios de la «libre portación» que argumentan imaginándose que así disputarán ese monopolio de la violencia al propio Estado.
En la repetición de esas dos versiones de una misma falacia, subyace la evidente incomprensión de lo que significan el Derecho y el Estado, lo que da lugar a la confusión sobre el significado del «monopolio de la violencia».
El mayor filósofo del Derecho, el maestro Hans Kelsen, en su «TEORÍA PURA DEL DERECHO», enseña que el Derecho en todo tiempo y lugar es un conjunto de normas jurídicas, y estas son aquellas que tienen la particular característica de poder imponerse coercitivamente.
La norma jurídica es a tal punto un modo de organizar la fuerza, que la validez de un orden jurídico como sistema depende de su eficacia, esto es que haya una cierta correspondencia entre sus mandatos y la conducta de los individuos bajo ese orden.
El Derecho se atribuye el monopolio de la violencia al determinar en qué condiciones y de qué manera un individuo puede hacer uso de la fuerza con respecto a otro.
Por lo tanto, los individuos autorizados por un orden jurídico para ejecutar actos coactivos actúan en calidad de órganos de la comunidad constituida por ese orden.
También expone Kelsen la identidad entre Derecho y Estado, desde que el Estado es un orden jurídico que establece ciertos órganos para la creación y aplicación de las normas que lo constituyen.
De tal modo, el Derecho y el Estado son una misma existencia dependiente de conservar el monopolio de la violencia.
Con esos conceptos en claro, se puede discernir y colegir que nunca, en ningún caso, las conductas que encuadran dentro un orden jurídico atentan contra el monopolio de la violencia que debe conservar el Estado.
Es falso entonces que disponer la «libre portación» de armas implique debilitar el monopolio de la violencia que debe conservar el Estado. Por el contrario, si una norma válida autoriza la «libre portación», cada individuo que en tales condiciones porta un arma está con su conducta ratificando la eficacia de ese orden jurídico y por lo tanto fortalece el monopolio de la violencia que debe sostener el Estado como —por así decirlo— brazo ejecutor del Derecho.
Se equivocan tanto los que temen que las armas legales disputen el monopolio de la violencia al Estado, como los que se imaginan que con armas legales van a debilitar el poder del Estado. Se equivocan pues los estatistas extremos que quieren desarmar a la población, como los anarquistas que quisieran desarmar al Estado.
Para que quede del todo claro, las únicas armas que atentan contra el monopolio de la violencia que corresponde al Estado / Derecho, son las armas en manos delincuentes y terroristas. Es a ellos a quienes las fuerzas institucionales del Estado deben desarmar y combatir.
Para cerrar este alegato a favor de debatir desde la honestidad intelectual, aclarando (por si hiciera falta) que soy un abierto partidario de la tenencia y portación responsable y accesible de armas de fuego, es conveniente a más de rebatir falacias afirmar el principio fundamental por el cual la población debe tener acceso a las armas.
Nuestra historia más reciente nos escupe que el Estado / Derecho puede ser subvertido y atacado desde distintos ámbitos, buscando que abandone su función como instrumento para sostener la voluntad de ser y prevalecer de la Nación Argentina manifestada por el Himno y la Constitución Nacional.
Por eso, es una cuestión principista que para sostener el Derecho y la integridad del propio Estado cuando resulta sobrepasado cada arma en poder de un ciudadano, representa el último resguardo de la Patria y la Libertad.
La nación aimara (Sur Perú, Norte Bolivia, Norte Chile)
RUNASUR (Movimientos Indígenas y sociales – “Patria Grande”)
Objetivo
Creación de una nueva nación con territorios del norte de Argentina, norte de Bolivia, sur del Perú y norte de Chile.
Clasificación del conflicto
Conflicto armado de 5ta generación con fuerte componente de acción psicológica con posterior traslado a Guerra Asimétrica.
Actores
Estado Peruano
Evo Morales y afiliados
Parte pueblo aimara
Otros vectores útiles
Contexto general
El objetivo era crear una sublevación como la Mapuche en Chile y Argentina, la cual llevó varias décadas de preparación.
Informes no confirmados dicen que Evo estuvo enviando población boliviana cercana al MAS (Movimiento al Socialismo) a la zona del lago Titicaca durante los últimos 15 años.
Se cree que los manifestantes están disparando con munición «expansiva», la cual no es usada ni por la Policía Nacional del Perú ni por las Fuerzas Armadas peruanas, y que ese tipo de munición fue contrabandeada al Perú por los «Ponchos Rojos» de Evo Morales.
Los Ponchos Rojos son una milicia de origen aimara cercana a Evo Morales con asiento en la provincia boliviana de Omasuyos y con epicentro en la ciudad de Achacachi, capital de la provincia.
La munición expansiva fue utilizada en levantamientos en Puno y Juliaca y se estima que los «Ponchos Rojos» la ingresaron al Perú debajo de sus ropas.
En el año 2017, y luego de los enfrentamientos con los aimaras, la policía boliviana fue expulsada de Achacachi por varios meses.
En Perú, la población aimara, se encuentra principalmente en el departamento de Puno, Moquegua y Tacna y muchos han migrado a ciudades como Lima, Arequipa y Tacna. En Chile se extiende por el extremo norte como en la ciudad de Arica.
Evo apela a la población indígena aimara que viven en la Meseta del Collao, zona lago Titicaca.
Su intención es desestabilizar la zona de Cusco y de Puno. El financiamiento para el levantamiento proviene desde Bolivia, las armas provienen desde el norte de Bolivia, posiblemente de la ciudad de La Paz.
Es por esto que desde el Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa del Perú continuamente realizan videos de uniformados llamando a la paz social hablando la lengua aimara.
Evo Morales es considerado como persona peligrosa para la seguridad nacional y tiene prohibido el ingreso al Perú.
Debido a la naturaleza del conflicto generado en el sur del Perú, se necesitarán de acciones de comunicación y acción psicológica extensas e intensivas para calmar la situación. La naturaleza del conflicto obliga al Estado peruano a actuar de «buffer» y absorber la mayor cantidad de violencia. La represión con altos niveles de intensidad podría desestabilizar aún más la zona en favor de Evo Morales a niveles peligrosos para la integridad territorial del Perú.
Sería necesario detectar, identificar y neutralizar los canales de información utilizados por Evo y su gente y luego desplegar comunicación/psy ops sobre la población afectada con el objetivo de contrarrestar su accionar.
Así como es de vital importancia detectar e identificar a los líderes claves de cada zona para entablar un diálogo y desarmar protestas.
La única salida que puede considerarse para este conflicto es el de la acción psicológica a gran escala, con participación de figuras artísticas, canales de televisión, etc., con el mensaje de «Traer paz y prosperidad para el Perú».
Evo y su gente hicieron un gran trabajo comunicacional y de preparación psicológica.
Evo viaja a la Argentina para intentar crear una Coordinadora de movimientos sociales de América Latina y el Caribe. Evo convocó a movimientos cocaleros de Perú, Ecuador y Colombia y otras organizaciones para ser parte de la Coordinadora.
La “toma de Lima” no tiene intención de ganar territorio, desde el sur hacia el norte, si no de acaparar la atención de medios internacionales, intentar el derrocamiento del gobierno para promover la asamblea constituyente y más adelante provocar la secesión del sur del Perú
El conflicto en Lima puede actuar de “buffer” (“amortiguador de shock”) con el objetivo real que es el sur del Perú. Mientras más se focalice el conflicto en Lima, con más soltura se moverán y actuarán en el sur del Perú.
Desde hace unos años, periódicamente, la prensa nacional da a conocer los ataques violentos, generalmente incendiarios, provocados en el norte de la cordillera patagónica por un grupo autodenominado «Resistencia Ancestral Mapuche», organización que reivindica la existencia de un estado racial araucano en una parte de la Patagonia, región geográfica a la que muchas veces, erróneamente, se agrega el adjetivo «argentina». Hay una sola Patagonia y es la ubicada en la Argentina. La zona lindera ubicada en Chile, debe ser llamada «Araucanía». Este punto, que parece una inocente «cuestión de nombre», tiene una relación directa con el tema aquí tratado.
Las acciones violentas de dicho grupo, vinculado con otros similares existentes en Chile, como la «Coordinadora Arauco-Malleuco», son esporádicos, razón por la cual la prensa —y por ende el gobierno y la ciudadanía— deje al poco tiempo de prestar atención al tema. Sin embargo, el problema, del cual la manifestación violenta es sólo una faceta, subsiste y sigue presentándose en formas menos agresivas hasta un nuevo brote de violencia. De esa manera, un enfoque equivocado que puntualiza sólo las manifestaciones violentas del fenómeno permite que su tratamiento sea apenas ocasional en los medios… pero «el problema» sigue existiendo. Ese problema es la existencia en el territorio nacional de la Argentina de grupos organizados, de distintas características, pertenecientes a una etnia no originaria de nuestro país. Estos grupos provocan acciones de diversa naturaleza para obtener su reconocimiento como una «nación dentro de la nación», incluyendo la soberanía sobre determinados sectores geográficos y la introducción de hecho de conceptos doctrinarios que contradicen la legislación vigente. Tal etnia es la araucana.
Es justo aclarar que muchos descendientes de esa etnia viven en el territorio nacional, totalmente integrados a la población en su carácter de ciudadanos argentinos. Estos ciudadanos, si bien reivindican con orgullo su origen y sus costumbres, como lo hace cualquier ciudadano argentino cuyos antepasados hayan venido de otro país —italianos, españoles, alemanes, polacos, árabes, etc., no se vinculan con los movimientos que pretenden vulnerar la Soberanía Nacional. Uno de los ejemplos que pueden citarse, es el del sargento ayudante de la Brigada Rural de la Policía de Neuquén José Eduardo Aigo, descendiente de esa etnia, quien fue asesinado el 7 de marzo del 2012 por dos guerrilleros de organizaciones terroristas chilenas.
Sargento Ayudante José Eduardo Aigo
El hecho ocurrió cuando el sargento ayudante Aigo los descubrió regresando a su país por un paso no autorizado, tras la ejecución de acciones junto a los grupos violentos araucanos en la Patagonia. Aigo fue asesinado por la espalda por ciudadanos chilenos —Jorge Antonio Salazar Oporto (alias Juan Carlos), también buscado por la justicia de Chile por el homicidio de un carabinero en 1997, y Alexis Alfredo Cortés Torres— que se trasladaban hacia la frontera. El juez interviniente ordenó entonces la captura internacional y detención de los mencionados.
Cabe destacar que diez años después de ese asesinato, se encuentra vigente el decreto provincial 549/12 que otorga una recompensa de US$ 50 mil para aquellas personas que brinden datos útiles, ciertos, veraces, comprobables y determinantes que permitan la aprehensión de quienes hubiesen tomado parte del hecho delictivo. Por su parte, en 2018, el Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció una recompensa de $ 3 millones por cada uno de los fugitivos[1].
Foto: Diario Los Andes. Jorge Antonio Salazar Oporto (alias Juan Carlos) ostenta un puesto de jerarquía militar en el Ejército Guerrillero de los Pobres-Patria Libre (EGP-PL), escisión del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. El otro prófugo es Alexis Cortés Torres, miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
Poco después, los prófugos Jorge Antonio Salazar Oporto y Alexis Cortés Torres habrían difundido un comunicado en el que daban detalles de cómo ocurrieron los hechos. El supuesto comunicado fue publicado en el portal digital del Centro de Documentación de los Movimientos Armados como «carta pública de Jorge y Alexis» de fecha 12/06/12, desde Chile, como integrantes del Ejército Guerrillero de los Pobres (MIR-EGP). En el mismo afirmaban que la muerte del sargento ayudante Aigo se produjo porque se resistió a ser desarmado, en el marco de un control policial fortuito, y brindaban detalles precisos del operativo policial de búsqueda por tierra y aire, y aseguran que tuvieron «una ventaja táctica, porque llevaban un equipo de radio que les permitía interferir las frecuencias de los efectivos policiales»[2].
En el comunicado deslindaban la responsabilidad de Juan Marcos Fernández —hijo del intendente de San Martín de los Andes—, imputado en la causa como presunto partícipe, debido a que «el conductor de la camioneta quedó en medio del fuego cruzado. Por el bien y la verdad, esta persona no tiene nada que ver con los hechos sucedidos, no sabía ni que andábamos armados ni quiénes éramos en realidad». Ambos se reconocieron como integras del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y del MIR Ejército Guerrillero de los Pobres[3].
Los araucanos
Los araucanos eran un pueblo semi sedentario que hacia el siglo XVI ocupaba la Araucanía al sur del río Bío Bío, donde habían sido confinados por el empuje desde el norte, primero de los Incas y luego de los españoles, quienes le dieron el nombre por la región donde habitaban. En documentos antiguos se los llama también «moluches» y «reches». Cabe aclarar que si bien algunos autores ubican el origen del nombre de «mapuches» en el siglo XVIII, recién comienza a utilizarse en la Argentina, autorreferencialmente, a partir de 1961. Según el estudioso Gregorio Álvarez, quien cita el dato en su obra «El tronco de oro»[4], es en el acta de un congreso indigenista celebrado en el país donde representantes de la etnia requieren recibir esa denominación, dejando de lado sus anteriores nombres. Sin embargo, este término no se introdujo de inmediato en la bibliografía argentina y su incorporación masiva fue muy posterior, en la década de 1990. Así fue como al libro Cuentan los araucanos de Bertha Koessler, le cambiaron el nombre por el de Cuentan los mapuches, cuando precisamente la autora no hablaba de los «mapuches»[5]. Sobre esa cuestión puede leerse el artículo titulado Consideraciones en torno a la etnia araucana.
A la llegada de los españoles a Chile, hacia el año 1540, esta etnia no poseía un desarrollo tecnológico de consideración y ese desarrollo poco se modificó hasta fines del siglo XIX, ya que los modernos productos que la civilización les ofrecía, y aceptaban gustosos, eran obtenidos mediante trueque en los poblados de frontera y no fueron objeto de fabricación por su parte. Los araucanos mostraban una agricultura incipiente, poseían las técnicas del tejido en telar, de la cerámica y del trabajo del cobre. Vivían en chozas de madera aunque cuando comenzaron a incursionar en territorio argentino adoptaron los toldos de cuero de sus vecinos patagones. Si bien tenían cierta precaria mitología, su religión era animista —el más primitivo de los estadios religiosos— y creían que los espíritus buenos y malos moraban en determinados árboles, piedras o sitios, como por ejemplo, las cumbres de los cerros. No tenían lugares de culto fijo y aunque durante las ceremonias los sacrificios eran de animales, la ejecución de los prisioneros de guerra que no eran sometidos a la esclavitud («cautiverio»), tiene reminiscencias de sacrificios humanos rituales. Es difícil fijar la antigüedad de los ritos, los que muchas veces revelan un origen tardío. Por ejemplo, en el «camaruco», además de sacrificarse una yegua, se realizan diversas actividades a caballo, lo que señala que es una ceremonia creada luego de la llegada de los españoles. Son las modernas interpretaciones de estudiosos tendenciosos las que les otorgan una «cosmovisión» espiritual y profunda que no tenían.
Carecían de lenguaje escrito por lo que todos los registros sobre tradiciones, leyendas y otros aspectos intelectuales provienen de las transcripciones e investigaciones hechas por los cronistas occidentales; es decir, son datos proto-históricos. Por ello, no es pertinente hablar de costumbres «ancestrales» en el sentido que la RAE da al término («remoto o muy lejano en el pasado»), ya que es imposible determinar su antigüedad. Además, dado el corto horizonte temporal del relato oral, no pueden ser muy viejos esos testimonios. La cronología se hace aún más incierta al considerar que los integrantes de esas etnias tenían una muy corta esperanza de vida. Por ejemplo, uno de los investigadores que recopilan esos recuerdos, fue el alemán Robert Lehmann Nitsche (1872-1938), quien entre 1900 y 1926 obtuvo testimonios de algunos araucanos que estaban en La Plata y los volcó en textos como «El tatrapal de los araucanos». El estudioso advierte que es difícil separar las «leyendas» de los «cuentos» y descubre que muchas de las fábulas son en esencia similares a las antiguas leyendas europeas. Ahora bien, la antigüedad de esos testimonios no puede ser tildada de «ancestral» ya que es imposible saber de cuantos años atrás data la versión registrada.
Aculturación e invasión de La Pampa
Simultáneamente con la presencia araucana en el sur de Chile, en la Patagonia habitaban dos grupos étnicos: los «poyas», en la cordillera neuquina y rionegrina, y los patagones en la meseta. Este último grupo, numeroso, estaba dividido en dos subgrupos: los meridionales (al sur del río Negro) y los septentrionales (al norte de dicho río). Aquí es necesario hacer un alto, para aclarar algunos puntos de la «guerra de nombres» que forma parte del accionar araucano.
Así como la etnia procura cambiar su propio nombre por el más «épico» de mapuches («gente de la tierra» en su lenguaje) y borrar el nombre de Araucanía de su región de origen, procuran mantener los nombres que ellos, en su carácter de invasores «aculturadores», dieron a las tribus que enfrentaron. De allí que los «poyas» (nombre registrado por los jesuitas de la misión del Nahuel Huapi) sean luego conocidos por «pehuenches» («gente de los pehuenes» en araucano); en tanto los patagones —nombre dado por Hernando de Magallanes durante su encuentro con ellos en 1520— fueron llamados «tehuelches» («gente arisca» en araucano), en obvia referencia a su actitud por mantenerse libres frente al avance araucano. Cuando comenzó a profundizarse en el estudio de los patagones, los etnólogos hallaron que los patagones sureños se designaban a sí mismos «tsonekas» o «aonikenk»; y los norteños «guenenakenk».
Más al norte, en la región pampeana, existían otras etnias como los «puelches», los «ranqueles» y los «pampas», aunque estos últimos serían los guenenakenk más aculturados por los araucanos. Dichos pueblos tenían una economía de cazadores-recolectores y en el caso de los aonikenk eran nómades. Es probable que debido a ese menor grado de desarrollo, sin moverse del otro lado de la cordillera o con movimientos ocasionales y sin ocupar territorios del lado argentino, los araucanos hayan logrado, mediante el comercio, cierto grado de aculturamiento sobre sus vecinos. Cuando comenzó a poblarse de ganado la provincia de Buenos Aires, las tribus pampeanas comenzaron a dedicarse al abigeato como forma de subsistencia. Así provocaron los malones en la provincia de Buenos Aires en los primeros años del siglo XIX, los que motivaron la intervención del gobernador Martín Rodríguez con sus primeras «campañas al desierto». El historiador Isidro Belver, en su libro Los Pincheira: aldea realista en Epu Lauquen, afirma incluso que muchos de estos malones eran organizados desde Neuquén por los célebres hermanos chilenos Pincheira.
Hasta ese momento, los araucanos no habían realizado un avance profundo hacia el territorio argentino, limitándose sus acciones a pasar a Chile el ganado robado por sus vecinos pampeanos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que algunos intentos habían hecho, al menos para asegurarse la zona del desemboque de los pasos cordilleranos, a resultas de los cuales habían enfrentado y derrotado a los guenenakenk en tres combates en el actual territorio chubutense: Languineo (lugar donde los huesos blanquean al sol, en idioma guenenakenk), Piedra Sholten y Genoa. Estos episodios, que el investigador Federico Escalada en «El complejo tehuelche» sitúa después de 1820, muestran que no eran tan buenas las relaciones entre las etnias como actualmente ciertos historiadores afirman. Incluso, se conoce que los patagones temían la belicosidad de sus vecinos trasandinos.
Es recién hacia 1830 cuando, con la invasión de las huestes de Calfucurá desde Chile hacia Salinas Grandes, cuyos motivos quieren ser presentados como políticos pero que más parecerían basarse en la intención de tomar el abigeato en sus propias manos para evitar intermediarios, que los araucanos hacen un pie firme en la Argentina. Tal situación es la que hace decir al estudioso Rodolfo Casamiquela en su libro Rodolfo Casamiquela: racista antimapuche o la verdadera antigüedad de los mapuches en la Argentina [6], que los mapuches no son originarios de la Argentina y que su ingreso al territorio es tardío. Lo mismo sostiene Roberto Edelmiro Porcel en su libro La araucanización de nuestra pampa: los Tehuelches y Pehuenches. Los mapuches invasores [7]. Esta fecha moderna de ingreso al país es la que impide hablar a los araucanos de posesiones «ancestrales», pues su presencia no va más allá de los 190 años y eso sólo en referencia a sus precarias tolderías en Salinas Grandes.
Lo cierto es que es recién al término de la campaña al desierto del general Roca, cuando, buscando la paz, se entregan tierras a estos araucanos que habían invadido el territorio nacional, los únicos sitios sobre los que pueden alegar legítimos derechos. Existen aún varios de estos lugares, como Laguna Rosario y el Boquete Nahuel Pan en el Chubut; en tanto otros fueron vendidos por sus propietarios originales.
La situación actual
Al igual que en otros movimientos separatistas, como el ETA en España y el IRA en el Reino Unido, el secesionismo araucano presenta dos brazos: uno «armado» (la RAM y otros grupos) y uno «político» (los «lofs» y demás organizaciones similares). El brazo «armado» ejecuta atentados incendiarios, ocupación violenta de tierras, «escraches», «piquetes» y otras acciones similares. El brazo «político» realiza reclamos y ocupación pacífica de tierras y reivindicación de supuestas «costumbres ancestrales» que pretenden sean introducidas en la legislación. También, como los grupos citados, cuentan con un apoyo internacional que va desde Europa hasta el Kurdistán.
Esta última acción secesionista «pacífica», se realiza en las tres provincias argentinas que supuestamente formarían parte del territorio al que las organizaciones aspiran (Neuquén, Río Negro y Chubut). Por ejemplo, en el Neuquén se introdujo en la legislación provincial los conceptos de «medicina mapuche» y «justicia mapuche». En Río Negro se entrega la explotación comercial de campings y lugares turísticos, sin contraprestación y sin control fiscal. En Chubut tiene personería jurídica la Comunidad «Mapuche-Tehuelche», oxímoron que aúna dos etnias rivales, siendo aún más extraño que se les diese tierras en sitios donde nunca hubo un araucano.
Esta situación irregular surge mayormente a consecuencia de una inexacta interpretación del artículo 75 (Atribuciones del Congreso), inciso 17 de la Constitución Nacional, que dice:
Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería Jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.
Allí se habla de pueblos indígenas argentinos, definición que no incluye a los araucanos. Por otro lado, no menciona la entrega de «otras» tierras por cuestiones «ancestrales»; sino que es una potestad del gobierno entregar tierras «aptas para el desarrollo humano». Además, como fecha de «ocupación tradicional» debe ser tomada la de la firma de la Constitución. Y así otros puntos.
Oponerse con firmeza a esta política separatista es, en primer lugar, defender la soberanía argentina, no sólo territorial sino jurídica, vigente en todo el país, pero además implica un acto de justicia hacia aquellos descendientes de araucanos que se reconocen ciudadanos argentinos, con sus derechos y sus deberes, con sus garantías y sus obligaciones, y que no apoyan el secesionismo.
* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Profesor de Inteligencia de la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata.
Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019.
Embajador Académico de la Fundación Internacionalista de Bolivia (FIB).
Investigador Senior del IGADI, Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, Pontevedra, España.
Referencias
[1] «Recompensa millonaria por los asesinos de José Aigo. El Ministerio de Seguridad de la Nación ofrecerá tres millones de pesos de recompensa para dar con el paradero de los responsables del asesinato del policía de Neuquén». Sitio oficial del Gobierno de la República Argentina, Argentina.gob.ar, 07/02/2018, https://www.argentina.gob.ar/noticias/recompensa-millonaria-por-los-asesinos-de-jose-aigo, [consulta: 13/10/2022].
[4] Gregorio Álvarez. El tronco de oro. Neuquén: Editorial Siringa Libros, 1981.
[5] Bertha Koessler. Cuentan los araucanos. Buenos Aires: Espasa Calpe Argentina, 1954, 153 p.
[6] Rodolfo M. Casamiquela. Rodolfo Casamiquela racista antimapuche: o la verdadera antigüedad de los mapuches en la Argentina. Buenos Aires: del autor, 2007, ISBN 10: 9870536085 / ISBN 13: 9789870536086.
[7] Roberto Edelmiro Porcel. La araucanización de nuestra pampa: los Tehuelches y Pehuenches. Los mapuches invasores. Buenos Aires: el autor, 2007, 60 p.
