RELACIONES ENTRE ESTADOS UNIDOS E IRÁN (1953-2021)

Giancarlo Elia Valori*

1953. Las fuerzas de seguridad arrestan al primer ministro de Irán Mohamad Mosadeq luego del golpe de Estado organizado por Estados Unidos y el Reino Unido.

¿Por qué Estados Unidos e Irán siguen luchando entre sí? La disputa entre Estados Unidos e Irán comenzó hace 68 años. Desde entonces, de vez en cuando se agregan nuevos incidentes.

En 1953, la agencia de inteligencia estadounidense CIA, junto con el MI-6 británico, organizó un golpe de Estado en ese país. Ambos servicios de inteligencia derrocaron al primer ministro electo, Mohamad Mosadeq, para su propio beneficio, y restauró a Reza Shah Pahlavi al Trono del Pavo Real de Irán. Más tarde, las compañías petroleras estadounidenses (las Siete Hermanas) y las británicas aprovecharon masivamente el comercio iraní de crudo durante mucho tiempo. Mohamad Mosadeq quería nacionalizar las compañías petroleras y por eso fue derrocado. Por primera vez en su historia, los Estados Unidos derrocaron a un gobierno electo en un momento en que no había guerras.

Sin embargo, hubo una interferencia italiana que alteró los planes estadounidenses y británicos. Enrico Mattei sugirió a Irán que aquellos que producían petróleo no sólo deberían poder intervenir y tener voz en derechos de extracción y regalías de las empresas, sino que debían poder participar en la organización y la responsabilidad de la producción, así como en la supervisión. En términos simples, Irán e Italia crearían una empresa con una participación del 50% cada una, que pagaría el 50% de las regalías al Estado iraní y el 50% restante se dividiría a partes iguales entre ENI y la National Iranian Oil Company (NIOC).

En realidad, dado que NIOC era una empresa estatal, el Estado iraní se beneficiaba del 75% del acuerdo (25% más que la regla anglo-estadounidense de cincuenta y cincuenta) y —no menos importante— de la participación tecnológica directa en las actividades de exploración y extracción de petróleo y gas.

El acuerdo entre ENI y NIOC se firmó el 14 de marzo de 1957. El 8 de septiembre de 1957, las dos empresas establecieron la Societé Irano-Italienne des Pétroles (SIRIP). Eni-Agip fue responsable de las actividades de exploración petrolera, con el acuerdo de que los gastos serían reembolsados si se descubrieran reservas y campos de petróleo en suelo iraní.

La relación en pie de igualdad fue bien recibida y apoyada por los nuevos países independientes del Medio Oriente, liberados de la dominación franco-británica (hay que recordar que estábamos ante la segunda guerra árabe-israelí).

Para esas entidades jurídicas internacionales, la falta de una política colonialista italiana seria y enérgica y la derrota en la Segunda Guerra Mundial fueron garantías de máxima solidez.

La actividad de Enrico Mattei molestó a las Siete Hermanas, que vieron el peligro de una desestabilización del suministro de petróleo de Medio Oriente y, sobre todo, el riesgo de debilitar su propia posición de cártel. La actividad de Enrico Mattei y ENI comenzó a convertirse en una amenaza para el orden mundial que había salido victorioso de la Segunda Guerra Mundial y estaba casi en su totalidad en manos de los Estados Unidos.

El propio gobierno de Estados Unidos ejerció mucha presión sobre Italia para evitar el acuerdo ENI-Irán. El acuerdo fue sólo uno de los desafíos que Mattei lanzó a las Siete Hermanas. Mattei buscó acuerdos directos con Egipto, Argelia, la Libia monárquica y la Unión Soviética. Mattei murió en un accidente aéreo el 27 de octubre de 1962.

Podemos decir que la revolución iraní de 1978-79 fue la respuesta al golpe de Estado de Estados Unidos escenificada en Irán veintiséis años antes.

El 1° de febrero de 1979, el ayatolá Jomeini regresó a Irán y tomó el poder. Antes de la revolución islámica de 1979 en Irán, Jomeini vivió exiliado en Turquía, Irak y Francia. Durante el gobierno del Sha, Jomeini atacó al gobierno iraní para forzar la occidentalización y aumentar la dependencia de los Estados Unidos. Para empeorar las cosas, el Shah Reza Pahlavi —el “inconformista” y agente libre de Estados Unidos en Medio Oriente— instó a la Casa Blanca a crear una policía secreta, la famosa Savak, para proteger su burocracia corrupta.

Después de que el ayatolá Jomeini subió al poder, ocurrió la crisis de la embajada de Estados Unidos en Irán: también en 1979 un grupo de estudiantes iraníes en Teherán mantuvo como rehenes a 52 ciudadanos estadounidenses durante más de un año (del 4 de noviembre de 1979 al 20 de enero de 1981). Se produjo una ruptura en las relaciones diplomáticas por iniciativa de Estados Unidos y el fracaso del intento de liberación de los rehenes, realizado por la Administración Carter (Operación Garra de Águila, 24 de abril de 1980, con un saldo de ocho muertos y cuatro heridos, además de la pérdida de seis helicópteros y un avión de carga).

Mientras, el 22 de septiembre de 1980 Saddam Hussein cruzó las fronteras de Irán. Esto dio lugar a una guerra entre los dos países que causó más de un millón de muertes.

Estados Unidos, así como el Reino Unido y la Unión Soviética, estaban del lado de Saddam Hussein: casualmente, los tres países que habían ocupado Irán en 1941. Los siguientes Estados apoyaron a Irán: la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte), Libia, Siria, así como voluntarios afganos y pakistaníes y la Albania socialista (este último desde un punto de vista propagandístico y diplomático).

En 1982, Irán comenzó a reaccionar, recuperando el terreno perdido y empezando a avanzar hacia la ciudad iraquí de Basora. Debido al temor de que Irán pudiera derrotar a Irak y así influir en otros países de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia) donde la presencia musulmana era fuerte, los Estados Unidos comenzaron a apoyar cada vez más al régimen de Saddam y organizaron que Irak importara armas, incluidas las no estadounidenses, al mismo tiempo que confiscaron armas que el gobierno iraní ya había pagado durante la época del Sha. Esto condujo a un mayor resentimiento en Irán.

Estados Unidos, que cometió tantos errores en su historia, había dejado atrás al Sha, pero continuó actuando contra el nuevo gobierno iraní. Documentos desclasificados muestran que incluso antes de la Revolución, la diplomacia estadounidense tenía contactos con el grupo jomeinista, incluido el propio ayatolá. Sin embargo, con el fin de no “abandonar amigos”, en noviembre de 1979 se permitió que el Sha fuera alojado en los Estados Unidos para recibir tratamiento de salud.

Esto irritaba duramente a los ya sospechosos revolucionarios iraníes, que temían que los servicios de inteligencia estadounidenses estuvieran conspirando para traerlo de vuelta como ya lo había hecho en 1953 durante la época de Mohamad Mosadeq. La reacción en ese momento fue la mencionada crisis de la embajada.

Un líder estudiantil declaró: “Hemos ocupado esta embajada, una guarida de espionaje, como una forma de protesta […] Hemos anunciado que estamos protestando contra el asilo de Estados Unidos al Sha, cuyas manos están manchadas con la sangre de innumerables hombres y mujeres iraníes.

En 1983, hubo dos ataques en Beirut, Líbano, contra la embajada de Estados Unidos y el cuartel del Cuerpo de Marines, causando 362 muertos, mientras que otro ataque fue lanzado contra el cuartel francés, en el que murieron 58 soldados.

Una organización chiíta reivindicó la responsabilidad y fuentes de inteligencia dijeron que era leal a Irán. Cinco años más tarde (3 de julio de 1988), cuando los Estados Unidos estacionaron sus buques de guerra de la Marina en el golfo Pérsico, el crucero estadounidense Vincennes disparó un misil para derribar el avión de pasajeros iraní Iran Air 655 sobrevolando el estrecho de Ormuz (aguas territoriales de Irán), matando a las 290 personas a bordo. Los Estados Unidos más tarde afirmaron que el barco había confundido el avión de pasajeros con un caza entrante, pero nunca se disculpó. Irán acusó a Estados Unidos de derribar intencionalmente el avión civil.

En 1984, Estados Unidos describió a Irán como un país que alimentaba el terrorismo, primero acusándolo de apoyar al Hezbollah libanés y a otros grupos armados, y más tarde a Hamas en Palestina. Irán siempre negó cualquier participación y acusó a los países occidentales (incluidos los Estados Unidos) de ayudar a las organizaciones terroristas anti iraníes, incluyendo asimismo a Saddam Hussein.

El presidente estadounidense Reagan (1981-1989) calificó a Irán como un “país pícaro”. El presidente George W. Bush (2001-2009) llegó a incluir a Irán en el “eje del mal”, afirmando que Irán no sólo apoyaba el terrorismo, sino que también trataba de obtener armas de destrucción masiva.

A medida que se intensificaban los desacuerdos sobre las actividades nucleares de Irán y se impusieron numerosas sanciones al país, el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad destituyó a quienes acusaron a Irán, incluido el presidente Bush, por ser “retrasado mental”.

No fue hasta el 14 de julio de 2015, cuando se alcanzó el acuerdo nuclear iraní (Plan de Acción Integral Conjunto – JCPA) entre Irán y los cinco países del Consejo de Seguridad de la ONU más Alemania, que la tensión entre los dos países comenzó a aliviarse brevemente.

Actualmente, sin embargo, la relación entre los dos países ha empeorado más que nunca. La última encuesta de opinión pública ha demostrado hasta qué punto las relaciones de Estados Unidos con Irán han seguido deteriorándose.

Una encuesta realizada por el canal de BBC World News en 2013 (dos años antes de la JCPA) mostró que el 87% de los estadounidenses tenían un concepto mayormente negativo de Irán.

Una encuesta realizada en 2018 por una firma canadiense de analistas mostró que el 81% de los iraníes tienen puntos de vista muy o algo negativos de los Estados Unidos.

También cabe señalar que a principios de noviembre pasado, el presidente Donald Trump preguntó si había alguna posibilidad de atacar el principal sitio nuclear de Irán (Natanz). Aunque finalmente decidió no continuar, está claro que mejorar las relaciones bilaterales es un paso que no se puede dar fácilmente de una presidencia a otra.

 

* Copresidente del Consejo Asesor Honoris Causa. El Profesor Giancarlo Elia Valori es un eminente economista y empresario italiano. Posee prestigiosas distinciones académicas y órdenes nacionales. Ha dado conferencias sobre asuntos internacionales y economía en las principales universidades del mundo, como la Universidad de Pekín, la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad Yeshiva de Nueva York. Actualmente preside el «International World Group», es también presidente honorario de Huawei Italia, asesor económico del gigante chino HNA Group y miembro de la Junta de Ayan-Holding. En 1992 fue nombrado Oficial de la Legión de Honor de la República Francesa, con esta motivación: “Un hombre que puede ver a través de las fronteras para entender el mundo” y en 2002 recibió el título de “Honorable” de la Academia de Ciencias del Instituto de Francia.

 

Artículo traducido al español por el Equipo de la SAEEG con expresa autorización del autor. Prohibida su reproducción.

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LA ESTRATEGIA DEL CONSEJO NACIONAL DE MALVINAS – PARTE 2

César Augusto Lerena*

Del pensamiento de sus integrantes podemos imaginarnos el futuro de Malvinas.

Cuando la técnica no sirve a la política nacional.

Para continuar imaginándonos qué política puede diseñar el Consejo Nacional de Malvinas (el día que se ponga en funciones), seguiré analizando el perfil de sus integrantes. No era éste el orden planificado, pero, el reciente y antitético acuerdo de investigación entre el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) de Argentina y el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) chileno, me obligan a continuar la saga con el licenciado en Zoología Oscar Horacio Padín. Tendré en cuenta para ello, su larga travesía por el Consejo Federal Pesquero (en adelante CFP); en el Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos Almirante Storni (CIMAS) y, ahora, su designación en el INIDEP. Todo ello adquiere especial significación a partir de su incorporación al Consejo Nacional de Malvinas que coordina el secretario Daniel Filmus.

Suele ser un error pensar que la condición de técnico habilita a las personas a administrar instituciones y especial a aquellas vinculadas a la toma de decisiones políticas relativas a la soberanía nacional. No necesariamente los profesionales y técnicos de las ciencias duras están preparados para ello y, aún menos, para diseñar políticas y elaborar “estrategias o tácticas” en temas tan sensibles como las que se detallan en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional (La Política de Estado): “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.

El reciente Acuerdo de Investigación (Argentina.gob.ar, 10/2/2021; Industrias pesqueras 11/2/2021) entre del INIDEP a cargo de Padín con el Instituto chileno de Fomento Pesquero (IFOP); Instituto que mantiene una “Alianza Estratégica” desde el 2006 con el Centre for Environment Fisheries & Aquaculture Science (CEFAS) que, no es otra cosa que una Agencia Ejecutiva del Departamento de Medio Ambiente y Asuntos Rurales (DEFRA) del gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; es, verdaderamente un desatino político, ya que mientras el Canciller argentino Felipe Solá el 12 de junio de 2020 suspendía el intercambio de información pesquera con el Reino Unido, porque “…es uno de los temas soberanos, no podemos entregar datos estratégicos a quien usurpa” (sic), Padín siete meses después, firma un convenio de información pesquera con un Instituto que tiene una “alianza estratégica” con quien ocupa en forma prepotente nuestros territorios marítimos y explota nuestros recursos naturales, extrayendo solo de Malvinas, unas 250 mil toneladas anuales por un valor del orden de los mil millones de dólares anuales. Un Instituto que es el principal asesor del gobierno chileno y cuya especialidad es formular, ejecutar y controlar proyectos de prospección, evaluación y desarrollo de pesquerías, “conforme las pautas y prioridades que en tal sentido establezca la Autoridad de Aplicación de Chile” y asesora —entre otros— al gobierno ilegal de Malvinas.

Los organismos acordaron “promover y fortalecer procesos de investigación y extensión comunitaria en las áreas marinas y marino-costeras de los países; generar conocimiento sobre los recursos marinos y su ambiente para un manejo sostenible y mejorar la toma de decisiones; promover el trabajo conjunto, en procesos, fenómenos y eventos de relevancia para los ecosistemas en que se desarrollan las pesquerías…”. Todo lo que necesita conocer el gobierno británico ilegal en Malvinas. Un clásico ejemplo de cuando la tecnocracia desconoce que hay cuestiones políticas y de soberanía nacional donde no se pueden transferir ni intercambiar papers científicos, porque son cuestiones de Estado: “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas (…). La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía (…), constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.

Un verdadero absurdo, cancela la Cancillería las investigaciones pesqueras con el Reino Unido y ahora los británicos recibirán la información vía Chile. Sin dejar de tener en cuenta, que Punta Arenas es un lugar de transbordo de importes cargas de calamar argentino capturado en Malvinas y … aunque tratemos de olvidar, se nos viene a la memoria, la participación de Chile en la guerra de 1982.

¿Es Oscar Horacio Padín, uno de los miembros que en el Consejo Nacional de Malvinas va a elaborar la política para que algún día la Argentina pueda ejercer la soberanía plena en los archipiélagos y el mar argentino?

Es un Licenciado en Zoología (UNLP) con una larga trayectoria como Director de Recursos Ictícolas y Acuícolas del Ministerio (antes secretaría) de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable (la dependencia que inauguró María Julia Alsogaray); un organismo secundario, respecto a la actividad pesquera que desarrollan las Secretarías de Pesca de la Nación y Provinciales y, desde ahí, representando a esa área ambiental integró el Consejo Federal Pesquero desde 1998 al 2011 (Roberto Garrone, Revista Puerto, 21/1/2001), uno de los períodos, en especial de 1998 al 2003, donde se destruyó la industria pesquera, se depredó el recurso, y el Reino Unido avanzó en la consolidación de su ocupación de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur (en adelante Malvinas) y, donde el referido Oscar Padín NUNCA emitió una opinión al respecto, como se desprende de todas las Actas de ese organismo.

Padín prestó sus servicios técnico-zoólogos en estos organismos para el expresidente Menem; el expresidente de la Rúa; el expresidente Duhalde; los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner; el expresidente Mauricio Macri y ahora al presidente Alberto Fernández. Bien podría decir: “Yo no tengo la culpa que los gobiernos cambien”. Dan lo mismo las “relaciones carnales” de los Cancilleres Domingo Cavallo y Guido Di Tella (Menem); las que Adalberto Rodríguez Giavarini (de la Rúa) invitaba a coordinar con el Reino Unido los límites externos de nuestra plataforma continental o firmar un Acuerdo con un Interventor de Mauricio Macri, que ponía el INIDEP al servicio de los británicos. NUNCA opinó, ni siquiera desde el punto de vista ambientalista en el CFP, ni hay una sola declaración pública en ese período suya sobre la apropiación de los recursos pesqueros por parte del Reino Unido en Malvinas, la ocupación del territorio marítimo argentino o la depredación que ello causaba.

Acompañó a Felipe Solá; Gumersindo Alonso; Ricardo Novo; Héctor Salamanco; Eduardo Auguste; Jorge Cajal; Antonio Berhongaray; Fernando Georgiadis; Juan Ignacio Melgarejo; Marcelo Regúnaga; Daniel García; Carlos Cantu; Rubén Marziale; Juan Carlos Reina, etc, etc.

Este zoólogo aplica la política de “Estos son mis principios, y si no le gustan, tengo otros» (Groucho Marx) y, durante la XI Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos (CIMAS) Almirante Storni de Río Negro” (CONICET, 26/2/2018) en 2018 firmó como Director General del CIMAS un Acuerdo de Cooperación con el Interventor del INIDEP el Vicealmirante Marcelo Lobbosco (ver artículos de César Lerena: de la investigación pesquera independiente a la colaboración de un almirante argentino con el invasor de Malvinas”, 18/2/2019; “La desactivación del INIDEP, el default científico y la intervención de la investigación”, 4/12/2018; La investigación argentina ¿al servicio de la nación o del Reino Unido?, 19/8/2019; “La investigación conjunta con el Reino Unido y la valiosa entrega biológica del calamar argentino”, 1/2/2019), que puso el INIDEP al servicio del Reino Unido de Gran Bretaña, el que se mantuvo intervenido durante todo el mandato del ex presidente Mauricio Macri; lo que demuestra la versatilidad y pragmatismo político de Padín; que reemplazaba en 2019 al citado Interventor Lobbosco para asumir en el INIDEP; pero mientras tanto, firmaba acuerdos con quien acompañó al citado ex presidente Macri en la política de “remover todos los obstáculos que impiden el desarrollo de Malvinas”, como reza el Acuerdo de Foradori-Duncan del fatídico martes 13 de septiembre de 2016.

Lo que se dice un técnico todo terreno. Lo que no está mal, sino fuese que luego se le asignan tareas políticas, como integrar el Consejo Nacional de Malvinas donde debe decidir el destino de Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur, los espacios marítimos e insulares del Atlántico Sur y la Antártida Argentina.

Ahora bien, los hombres son falibles y pasan, ¿pero, porqué Padín nunca se opuso a sus políticas en los ámbitos de decisión en los que participó, relativos al medio ambiente y la pesca y, por ello, influyeron negativamente, respecto a la consolidación de los británicos en Malvinas?

Veamos que pasó en el país entre 1998 al 2003 donde Padín, además de Director de Recursos Ictícolas y Acuícolas de la Secretaria (luego Ministerio) de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, fue miembro del Consejo Federal Pesquero (CFP), que tiene, entre otras responsabilidades (Art. 9º de la ley 24.922) la de “Establecer la política pesquera nacional; establecer la política de investigación pesquera; establecer la Captura Máxima Permisible por especie, teniendo en cuenta el rendimiento máximo sustentable de cada una de ellas, según datos proporcionados por el INIDEP; además de establecer las cuotas de captura anual por buque, por especie, por zona de pesca y por tipo de flota; aprobar los permisos de pesca comercial y experimental; asesorar a la Autoridad de Aplicación en materia de negociaciones internacionales; planificar el desarrollo pesquero nacional (…) etc.”

Durante la participación de Padín en el CFP se mantuvieron vigentes los “Acuerdos de Madrid I y II firmados en 1989/90” que le permitieron a los británicos mediante la pesca consolidar su ocupación en Malvinas (declaraciones de John Barton, 2012); se mantuvo vigente la “la conservación conjunta británico-argentina de los recursos pesqueros al este de Malvinas acordada en 1990” que les facilitó a los británicos el otorgamiento de licencias ilegales de pesca en Malvinas; se mantuvo vigente la “investigación conjunta británica-argentina de los recursos pesqueros en el Atlántico Sur acordada en 1995” que le permitió a los británicos conocer el comportamiento de las especies argentinas que migran a Malvinas; se mantuvo el charteo de buques para la pesca del calamar que extranjerizó el mar argentino y no evitó la migración del calamar Illex argentinus al área de Malvinas para que fuera capturada por buques extranjeros licenciados ilegalmente por el gobierno usurpador de Malvinas. Al respecto de Padín, dice Roberto Garrone (Revista Puerto, 21/1/2020) “…no es un desconocido para la industria pesquera (…) En esos años fue una figura clave en el otorgamiento de nuevos permisos de pesca para ingresar a la pesquería de calamar”.

También los consejeros (entre ellos Padín) dejaron la denuncia de los Acuerdos Pesqueros con la CEE (ahora Unión Europea) en manos de la Cancillería Argentina, pese a la emergencia pesquera que se vivía, cosa que ocurrió recién en mayo de 1999, pese a que su implementación provocó la mayor depredación de la historia argentina debido al sobreesfuerzo pesquero de los buques españoles en la Argentina; a punto tal, de dar lugar a la sanción en junio de 1999 a la Ley 25.109 de “emergencia pesquera nacional”. La continuidad del Acuerdo Pesquero con la CEE y los daños que provocó fue posible porque los miembros del CFP no prestaron atención a los informes del INIDEP, el reclamo de expertos, sindicatos y algunos empresarios.

Todo se sabía de antemano: al firmarse ese Acuerdo, no se había determinado la existencia de especies excedentarias; cuestión que no podían ignorar los biólogos y especialistas. La limitación de las capturas de merluza (la principal especie argentina en esa época) produjo el derrumbe industrial y la más importante caída laboral que dio lugar a que, por primera vez, el Estado de la Provincia de Buenos Aires debió subsidiar el pago de salarios a las empresas para sostener el empleo, en una actividad que nunca había recibido aportes de este tipo. El Acuerdo que promovió la formación de sociedades mixtas españolas-argentinas, debió incorporar los buques españoles y desguazar los buques nacionales reemplazados de similar capacidad de captura y, a pesar de esto, en muchos casos ello no ocurrió; en otros, se agregó más esfuerzo al incorporar buques congeladores con mayor capacidad de pesca que los fresqueros reemplazados y, lo peor, también hubo reemplazos que no se efectivizaron y ambos buques siguieron pescando con la consiguiente depredación y, aunque dieron lugar a las Auditorías de la UBA y AGN, los consejeros, entre ellos Padín, como surge de las Actas del CFP nunca opinaron, a pesar del reclamo al respecto, de varios jueces penales.

Al firmarse la Ley de Pesca 24.922 en 1998 se cuotificaron en forma transferible (Art. 27º) las capturas y el recurso de propiedad del Estado quedo en poder de concesionados pudiendo transferir a terceros sus cuotas de pesca. Esto quedó consolidado al firmarse el Decreto reglamentario 748/99 con la participación del CFP que integraba Padín, por el cual, se enajenó en favor de terceros la administración del recurso y se hipotecó la radicación pesquera con fines estratégicos, no solo para el desarrollo de los pueblos en el litoral patagónico sino para llevar adelante una geopolítica con relación a Malvinas y el área meridional del Atlántico Sur y la Antártida. NUNCA el CFP en los prolongados períodos que lo integró Padín aplicó el Art. 13º del Decreto 748/99 que le habría permitido radicar empresas pesqueras en lugares estratégicos con relación a la ocupación marítima e insular del Reino Unido en Malvinas.

Pese a los considerandos y, los artículos 1º e) y 10º del referido decreto y el artículo 2º c) la Ley 24.543, el CFP que integró, nunca tomó medida alguna respecto a la explotación de los recursos migratorios en alta mar: “…la República Argentina se encuentra facultada para adoptar, de conformidad con el derecho internacional aplicable, todas las medidas que considere necesarias para cumplir con la obligación de preservar los recursos vivos marinos de su Zona Económica Exclusiva (ZEE) y en el área adyacente a ella”, por lo cual se consolidó la extranjerización del Atlántico Sur y la posición británica en Malvinas, más allá de los efectos biológicos, económicos y sociales en perjuicio de Argentina y, por el contrario, pese a que por la Ley 24.922 y el Decreto citado (Art. 4º) el CFP tenía todas facultades, solo orientó éstas a cuestiones administrativas y, con la participación de Padín, este instrumento abrió las puertas a la explotación extranjera en las aguas de jurisdicción argentina (Art. 1º) “…comprenden g) Las actividades de pesca e investigación de los buques de pabellón extranjero en aguas bajo jurisdicción argentina” y pese al art. 43º del referido Decreto nunca se decomisó un buque.

Por otra parte, durante su gestión en el CFP, la Armada y la Prefectura no tuvieron recursos económicos para controlar el mar argentino y no hubo observadores a bordo para evitar la depredación de los recursos.

Durante el período en el que Padín integró el CFP el Secretario de Relaciones Exteriores de Argentina Andrés Cisneros en Madrid en 1999, acordó entre otras medidas combatir a los “buques sin licencias pesqueras británicas” en el Atlántico Sur, sin que ese cuerpo hiciera una sola manifestación. Y, el 13/7/2000 se sancionó la Ley 25.290 aprobando el Acuerdo de Nueva York que puso en manos de los Estados de Bandera a través de las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP) el control de las especies migratorias, abriéndole las puertas al Reino Unido de Gran Bretaña a la administración del recurso en total violación de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, en el más absoluto silencio de los miembros del CFP del cual Padín era miembro. Otro tanto, cuando en junio de 2001 la Cancillería argentina invitó a coordinar con el Reino Unido la delimitación de la plataforma continental argentina. Y, entre otras tantas acciones en perjuicio de la Argentina, el Reino Unido en 2011 declaró la Reserva Ecológica británica de 1 millón de km2 en Georgias del Sur y Sándwich del Sur, sin que el CFP se expidiera al respecto. ¿Alguna mención a los veteranos de guerra de Malvinas?

En base a los graves hechos relatos precedentemente, el Lic. Oscar Padín puede ser un buen zoólogo, pero no me imagino como puede administrar el Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) atendiendo los intereses nacionales y, mucho menos, cuáles pueden ser sus ideas para elaborar una estrategia para recuperar Malvinas en el Consejo Nacional de Malvinas, cuya integración ha seleccionado y coordina el secretario Daniel Filmus.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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NECESIDAD DE IMPULSAR OFICIALMENTE LA EDUCACIÓN FINANCIERA

Agustín Saavedra Weise*

Imagen de Gerd Altmann en Pixabay

Como bien informó EL DEBER, ya se conoce una medición de la calidad educativa de Bolivia con respecto a otros estudiantes de Latinoamérica. Durante años Evo Morales se negó a cualquier estudio que permita saber cómo estaban los niños en materia de razonamientos. Y es ahí donde ahora saltan las deficiencias. Una reciente medición de la Unesco evaluó a niños y adolescentes en matemáticas, lectura, ciencias sociales y naturales con V para los mejores y I para los peores. La mayoría obtuvo entre I y II en Bolivia, eso coloca a nuestro país entre los peores lugares. Por años se viene hablando del cambio de currículo y de la modernización, pero poco se hace, salvo el ideologizar cada vez más la enseñanza mediante una pátina andinocentrista que olvida al resto de la historia, costumbres y pueblos de este estado mal llamado “plurinacional”.

Uno de los temas que se ha intentado inscribir como materia en los últimos cursos del ciclo primario y en los primeros del secundario ha sido la educación financiera (EF), elemento importante para el desenvolvimiento del hoy estudiante mañana futuro ciudadano. Nada ha pasado, aún no se aprueba oficialmente ese agregado educativo.

La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), en coordinación con la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), viene realizando sin alharaca —pero sí con mucha dedicación— una vital tarea en materia de EF. A la EF la podríamos definir como la capacidad de una persona para entender cómo funciona la economía y tomar decisiones. La EF nos dota de capacidad para comprender los conceptos básicos de las finanzas personales y la administración del dinero, del ahorro y de la inversión, para luego aplicarlos con utilidad en la vida personal.

Asoban no pudo realizar actos presenciales de EF en 2020 debido a la pandemia, pero sí realizó dos ciclos de seminarios web que tuvieron mucho éxito. Fueron 40 eventos que sumaron más de 16.000 participantes. Años anteriores, hicieron concursos en diversos colegios, logrando más de 15.000 certificaciones. Aunque hasta ahora infructuosamente, Asoban prosigue con sus gestiones para incluir la EF en el currículo escolar. Este es un objetivo que se persigue tanto acá como en otros países de la región. De hecho, se está viendo cómo impulsar esto con la ayuda de Felaban, aprovechando que la eficaz funcionaria de Asoban, Natalia Duchen, ejerce la Presidencia del Comité Latinoamericano de Educación e Inclusión Financiera. En Bolivia, lamentablemente las autoridades del sector no tienen como prioridad a la EF y la siguen postergando; el Ministerio de Educación no asume un rol protagónico, como debería ser. A su vez, el Ministerio de Economía debería apoyar estos esfuerzos y tampoco lo hace.

Es muy meritorio todo lo hecho y lo que se sigue haciendo en materia de EF por Asoban. Se cuenta inclusive con una comisión del directorio dedicada al tema y Natalia Duchen es la ejecutiva a cargo, bajo la supervisión directa del Secretario Ejecutivo Nacional Lic. Nelson Villalobos Sanzetenea. De esa forma se han presentado varios módulos didácticos acerca de diversos sistemas financieros, los cuales seguramente serán recogidos en un libro y ya se encuentran incorporados al sitio web de Asoban. Nadie pretende transformar a los niños en economistas, pero así como aprenden historia o geografía, sería excelente que también aprendan algo de educación financiera. Señores del Gobierno: actúen. En Asoban tienen todo lo que necesitan para iniciar ese programa; con mucho agrado se los colaborará en lo que soliciten al respecto.

 

*Ex canciller, economista y politólogo. Miembro del CEID y de la SAEEG. www.agustinsaavedraweise.com

Tomado de El Deber, Santa Cruz de la Sierra, https://eldeber.com.bo/opinion/necesidad-de-impulsar-oficialmente-la-educacion-financiera_219810