Archivo por meses: agosto 2022

ARGENTINA, Economía

EL TREN FANTASMA

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Iris Speroni*

Desarrollismo Temporada 64 Episodio 27.

Estos últimos diez días hemos vivido una larga transición ministerial. Un golpe cortesano.

Guzmán se fue, en primer lugar, porque su trabajo terminó. Él tenía que lograr que el Congreso aprobara el acuerdo con el FMI. Mientras eso no sucediera el crédito otorgado a la Argentina era repudiable (que se podía repudiar) y la continuidad laboral de los sobrepagados burócratas del Fondo pendía de un hilo. Lo logró; no iba a perder un segundo más en estas tolderías pestilentes.

El ministro de la producción Kulfas debió renunciar luego del discurso de la vicepresidente del 20 de junio de 2022. Ella se quejó del “festival de importaciones” —en realidad de a quién Kulfas autorizaba vender dólares a mitad de precio— y el susodicho voló por la ventana. Momento propicio para que Guzmán hiciera mutis por el foro.

¿Qué nos espera de la nueva conformación?

Lo mismo de siempre. Desarrollismo Temporada 64 Episodio 27. Van a hacer lo mismo de siempre, con la misma gente de siempre para obtener los mismos resultados de siempre. Que es, justamente, lo que quieren. 

El elenco

Parcialmente definido. De Mendiguren, ex Ministro de Producción, ex Presidente de la UIA, ex diputado, ex presidente del BICE. Hace unos meses trajinó los canales de televisión, en carácter de presidente de banco estatal (BICE) queriéndonos vender dos proyectos que evidentemente eran caros a su corazón. Uno: los chanchos chinos. El segundo, prorrogar la exención impositiva a la minería, próxima a vencer. Sería interesante saber qué lo movía a defender esos intereses. Ahora será secretario de producción, la persona que autorizará las importaciones a dólar a mitad de precio (lo que hacía Kulfas). Si alguien desea participar de este fabuloso negocio (comprar a $ 140 lo que vale $ 280) necesitará contar con el aval de nuestro amigo De Mendiguren. Un trabajo que le va como anillo al dedo.

Otro viejo conocido es Daniel Marx. Especialista en renegociación de deuda externa. Marx es una persona de confianza de los acreedores. No nos equivoquemos. No es un servidor público para negociar los intereses de la nación frente a la contraparte sino la persona de confianza de la contraparte ante nosotros. Las renegociaciones de deuda son un negocio fenomenal. Nuevas emisiones. Honorarios de estructuración y colocación. Consultoras para calificar los bonos. La renegociación es un negocio en sí. Sólo en honorarios facturados es una millonada. Además se agregan intereses capitalizados, a veces “con premio”. (Para hacer los más atractivos, como fue el “bono de crecimiento” de Nielsen/Lavagna).

El resto son todos de la teta de Lavagna, cuyo handler es la UIA. Veremos ahora lo que harán sus pupilos. Lo de siempre. Maximizar el dinero en manos del Estado (probablemente algún nuevo impuesto o aumento de alícuotas o reducción de bases imponibles o eliminación de reintegros, o todo esto junto) para disponer de más recursos para quienes son los que sostienen éste y todos los gobiernos:

  • obra pública (Cámara Argentina de la Construcción – Club de la Obra Pública);
  • subsidios/privilegios a la industria automotriz (ADEFA),
  • compras a las farmacéuticas, a proveedores públicos en general,
  • créditos blandos que no se devuelven o lo hacen tarde y mal, dólares baratos para supuestos insumos, privilegios impositivos, subsidios directos e indirectos para la UIA,
  • minería (con régimen cambiario propio y exenciones impositivas) y
  • la industria petrolera, la que nos iba a salvar y que hasta ahora no es más que un cementerio de subsidios.

Todo financiado con el IVA que pagan las familias (las empresas no pagan IVA) e impuesto a las ganancias (que gran parte es soportado por las familias). En resumen, este estado caro, en manos de los proveedores de Estado, que cae sobre las espaldas de los ciudadanos de carne y hueso.

Hay dos grupos empresariales más a los que el nuevo ministro Massa responde: los concesionarios públicos y los bancos. Ambos son parte de la alianza gobernante.

  • Desde Néstor Kirchner a hoy quienes manejan concesiones públicas (electricidad, gas, ferrocarriles, rutas) y empresas de transporte público se han acostumbrado a que sus ingresos provengan en su mayoría del Estado (subsidios). Esto ha generado una relación malsana que tiene por consecuencia un pésimo servicio (cuyo mayor exponente es el estrago de Once) y una cofradía inadmisible entre políticos y empresariado (los juicios por los sobornos de los concesionarios de rutas por peaje son muestra). A punto tal que la opinión pública sospecha que el golpe palaciego que lo sentó a Massa en este lugar fue organizado y ejecutado por dichos concesionarios. El tiempo dirá si es verdad o no.
  • Desde hace once años, desde el segundo mandato de Cristina Fernández, los bancos son beneficiados por un continuo de altas tasas de interés y tipo de cambio atrasado, lo que maximiza las ganancias en dólares. El momento de mayor éxtasis fue con Sturzenegger y sus intereses al 80% anual; sin embargo el actual 60% anual no es de despreciar. No es sólo el interés que se le carga al Estado sino que a su vez les autoriza a cobrar tasas altas a las pymes (descuento de cheques) y a las familias (saldo impago de tarjetas de crédito). Réditos que convierten en divisa a un dólar atrasado.
La parte operativa

Los grandes problemas que enfrenta el nuevo ministro de economía.

  • Vencimientos en la deuda externa y falta de reservas.
  • Leliqs.
  • Dólar desdoblado/dólar retrasado.

La falta de reservas en un ciclo largo de exportaciones excepcionales es inadmisible. Las exportaciones durante 2020 fueron de U$D 54 mil millones, en 2021 de U$D de 75 mil millones y en el primer semestre del corriente año U$D 44 mil millones (INDEC). Nunca en su historia Argentina exportó tanto. ¿Cómo se explica que no tengamos reservas luego de 30 meses de superávit comercial ininterrumpido por un total de U$D 30 mil millones? En el mismo período Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia incrementaron las suyas.

Por las escasas declaraciones efectuadas el nuevo equipo se dispondrá —¡Oh, sorpresa!— a posponer la solución del problema. Pedirá a los traders (empresas cerealeras que exportan oleaginosas y cereales, en su mayoría extranjeras) a que le adelanten fondos. Es una práctica que inició Néstor Kirchner y que siempre exigió contraprestaciones en forma de privilegios o autorización para operaciones no kosher. Es una alianza fuerte entre los funcionarios y las empresas comercializadoras, que en general coluden contra el productor —más atomizado y por lo tanto inerte para responder a los abusos—. Esto explica por qué la agroindustria (traders, aceiteras, molineras, elaboradoras de alimentos) rápidamente abandonaron la asociación con productores agropecuarios y se abrazaron al poder político apenas asumió Alberto Fernández. El otro mecanismo del gobierno será postergar vencimientos de deuda.

Leliqs. Si no solucionan la deuda del BCRA nada servirá. Es hoy una amenaza que cuelga sobre la cabeza de todos, y en este caso, incluye a los funcionarios —que por lo general se libran de los problemas del hombre común—. Es la razón de la inflación. Es lo que puede acabar con la carrera política de varios de ellos. Hoy Massa no tiene ningún problema más importante a solucionar que éste.

Dólar desdoblado. El dólar a mitad de precio es una transferencia brutal de unos argentinos a otros. De los misioneros, que venden su té a mitad de precio (el 90% de la producción se destina al exterior) y que ese dinero termina en las manos de los dichosos beneficiarios de la compra de dólares a mitad de precio que Kulfas/De Mendiguren hubieren autorizado. Algunos venden su té a mitad de precio; otros compran su avión privado a mitad de precio. Dios te da; Dios te quita. La compra de dólares a mitad de precio es tan tan buen negocio que nadie lo quiere terminar. ¿Lo abortará Sergio Massa?

¿Cuál es la idea de quienes pusieron a Massa en funciones? Que tocando dos o tres cosas, todo puede seguir como siempre. Como siempre fue, como es y como será. Veremos si lo logran. Por lo pronto, hace décadas que nos vienen arruinando el patrimonio, el presente y los sueños de futuro a todos nosotros.

 

* Licenciada de Economía (UBA), Master en Finanzas (UCEMA), Posgrado Agronegocios, Agronomía (UBA).

 

Lectura relacionada

Buenos muchachos, http://restaurarg.blogspot.com/2022/02/buenos-muchachos.html

El que me toca es un chancho, http://restaurarg.blogspot.com/2020/07/el-que-me-toca-es-un-chancho.html

Más de lo mismo, http://restaurarg.blogspot.com/2020/08/mas-de-lo-mismo.html

Se robaron dos créditos con el FMI, http://restaurarg.blogspot.com/2022/07/se-robaron-dos-creditos-con-el-fmi.html

Emitir sin crear valor, http://restaurarg.blogspot.com/2022/08/emitir-sin-crear-valor.html

Equilibrio inestable, http://restaurarg.blogspot.com/2019/12/2020.html

 

Artículo publicado originalmente el 06/08/2022 en Restaurar.org, http://restaurarg.blogspot.com/2022/08/el-tren-fantasma.html

 

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VENEZUELA

GUAYANA ESEQUIBA: COMPARECER ANTE LA CORTE, NO HAY VUELTA ATRÁS (AUNQUE SEA BAJO PROTESTA)

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Abraham Gómez R.*

A través de los tantos foros-chats que hemos venido haciendo. así, además, en conferencias dictadas en las universidades e instituciones culturales; en nuestras entrevistas para los medios y en las distintas plataformas tecnológicas; como también, en las redes sociales. En todos esos intercambios de opiniones y consultas —que son bastantes— nos hacen las mismas preguntas:

¿Entonces, ya Venezuela le confirió competencia a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que proceda a conocer el fondo del pleito histórico que hemos confrontado con los ingleses y con Guyana?

¿Estamos obligados a discernir con la contraparte por ante esa instancia?

Las respuestas que estamos ofreciendo resultan invariables y que nos satisface explicarlas una vez más.

Prestemos atención. Nuestro país, que se había manifestado reacio a reconocer jurisdicción y competencia al mencionado Alto Tribunal, procedió recientemente —07 de junio de este año— a dar muestras significativas e inequívocas de querer hacerse parte del Proceso. ¿Por qué? Por cuanto introdujo el acto procesal denominado Excepción Preliminar, en cuyo contenido pide a la Sala Juzgadora que no admita la demanda que nos hizo Guyana, e inmediatamente informa y consigna los nombres de quienes han sido designados agente y coagentes; es decir, los representantes por Venezuela en tal juicio.

Ambas manifestaciones lucen y resultan interesantísimas (Excepción Preliminar y la formalización de nuestros delegados); dado que las mismas configuran un Acto Concluyente de nuestra parte; admitido doctrinalmente, como:

“la expresión latina facta concludentia (Actos Concluyentes), constituyen los hechos voluntarios que, sin tener por finalidad directa manifestar una voluntad de consentimiento, permiten presumir justificadamente que, a través de aquéllos, se ha pretendido dejar establecido un compromiso. Se trata de la manifestación tácita de la voluntad de intervenir interesadamente que, en todo caso, ha de adoptar una forma distinta a la palabra o el escrito. Se trata de actos o comportamientos en general que no declaran por sí mismos una voluntad de participar, pero de los cuales se infiere que existe tal voluntad”.

Sin lugar a dudas que exteriorizamos —para este juicio—  un Acto Concluyente (por escrito); lo cual no tiene nada de malo o pecaminoso. Al parecer, con tal Acto Concluyente damos consentimiento y nos obligamos.

A partir de sus respectivas juramentaciones, nuestro agente, el historiador Samuel Moncada y los coagentes, el internacionalista Félix Plasencia y la abogada especialista en Derecho Penal Elsy Rosario tienen la inmensa responsabilidad de concitar a las mejores inteligencias del país, a los  estudiosos de esta controversia centenaria, explorar y consultar a las instituciones pertinentes, a  las universidades, a las Academias con la finalidad de conformar una comisión multidisciplinaria, cuyo objetivo esencial será el diseño estratégico y la redacción del Memorial de Contestación de la Demanda, que se consignaría ante la Corte,  el 08 de marzo del próximo año (si así lo decide el Jefe de Estado; porque es su atribución constitucional).

Nuestra honorable representación debe estar documentada históricamente, apertrechada jurídica y cartográficamente y preparada discursivamente para argumentar en la narrativa de los hechos y en los  Actos de Probanza frente a la contraparte guyanesa; que sabemos está integrada por su ministro de relaciones exteriores Hugh Hilton Todd y sus coagentes el iraní Payam Akhavam y el ex canciller guyanés Shridath Ramphal, quienes han declarado de manera abierta que —habiendo llegado la contención a la CIJ— ellos se van a mantener en ese escenario, con la aviesa intención de procurar una sentencia rápida y sin más dilaciones, que les favorezca. Andan anudando una “ayudita” de algunos países y otros entes, caso de la Commonwealth y Caricom.

En resumidas cuentas, Guyana nunca ha querido (y ahora menos) una negociación directa para alcanzar una solución práctica y satisfactoria al litigio, por mandato expreso del Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966.

Nosotros manejábamos el criterio de que la controversia por la Guayana Esequiba, podía seguirse dirimiendo mediante la figura del Buen Oficiante, que es en sentido estricto un recurso legítimo y admitido, para esta contención, conforme al artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas.

De cualquier forma, a nada de sus vilezas o maniobras les tememos.

Tenemos bastantes pruebas intrínsecas y extrínsecas para demostrar que la decisión, Laudo Arbitral de París, del 03 de octubre de 1899 constituyó en sí misma una perversa añagaza y una vulgar componenda para perpetrarle a Venezuela el despojo de una séptima parte de su geografía nacional.

Hemos dicho a la contraparte guyanesa que cualquier ardid que pretendan intentar nuevamente contra nuestro país, conseguirá a toda la población venezolana unida, sólidamente compacta, para denunciarlos en la comunidad internacional.

Así las cosas, primero —exponemos nosotros— debe Guyana dar respuesta con observaciones y conclusiones a la Excepción Preliminar de inadmisibilidad a la acción que interpusieron contra nosotros; para lo cual tienen plazo, fijado por la Corte, hasta el 07 de octubre de este año.

 Según lo que la contraparte observe y concluya de la Excepción preliminar; y lo que la Corte determine al respecto, nosotros iremos fijando nuestras propias estrategias

Siguen vigentes nuestras expresas recomendaciones, en el sentido de que debemos apersonarnos ante la CIJ, el día para el cual fuimos citados. Vamos a comparecer con todas nuestras pruebas, que desmontarán la patraña urdida por ingleses, norteamericanos el juez ruso DeMartens, un vulgar prevaricador.

Estamos conscientes que nuestro país, como Estado-Parte, no ha dado su consentimiento directo (a pesar del Acto Concluyente explicitado, arriba) para que se lleve adelante tal Proceso jurídico; mucho menos haber suscrito —con antelación— cláusulas compromisorias.

En mi modesta apreciación, nos encontramos —nada más y nada menos— que imbuidos y montados en el juicio; por lo cual, señaladamente clarifico que esta acción de juzgamiento no se paralizará por ausencia de alguna de los concernidos directos. Y que incluso, de acuerdo con el artículo (53) del Estatuto de la CIJ, puede llegar a haber resolución sentencial, así alguna delegación no se haga presente.

Vamos a la Corte, aunque sea bajo protesta.

Por supuesto, para resolver en ausencia de alguna representación estatal —porque invoque no comparecencia— antes debe la Corte examinar —muy bien— los contenidos de los artículos 36 y 37 de su propio Estatuto, para asegurarse “de que la demanda está bien fundada en cuanto a los hechos y al derecho”.

Precisamente, la justificación de nuestra Excepción Preliminar estriba en que consideramos que tal demanda no calza los elementos de un Debido Proceso. Por eso pedimos que no sea admitida. Estamos haciendo valer nuestros derechos procesales.

El  Alto tribunal de la Haya —como ya se sabe— el 18 de diciembre del año 2020, admitió su jurisdicción y competencia ( en una resolución rara, pero inevadible) para proceder a conocer forma y fondo en este pleito, conforme a la demanda, contra nuestro país; cuya pretensión procesal (contenida en su petitorio) resultará fácilmente desmontable para la delegación venezolana, si  se determina nuestra  comparecencia y hacernos parte del juicio; por cuanto, hasta el día de hoy, la excolonia británica  no posee el menor asidero histórico, cartográfico, ni jurídico de lo que en el escrito solicitan a la Sala Juzgadora de la Organización de las Naciones Unidas.

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV). Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba

 

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Atlántico Sur

DEMARCAR UN AGUJERO EN EL SUELO DEL MAR ES ALTAMENTE GRAVOSO Y FAVORECE A INTERESES EXTRAÑOS

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César Augusto Lerena*

El Ministro de Ultramar de España, Adelardo López de Ayala (1828-1879) decía: «Cuando la estafa es enorme toma un nombre decente» y yo le agregaría, si le ponemos un nombre difícil, pocos se animarán a discutirla.

Días pasados me referí al proyecto de creación del «Área Marina Protegida Bentónica Agujero Azul» de la diputada Graciela Camaño, que obtuviera media sanción en la Cámara de Diputados y promoviera —entre otros— la Lic. Valeria Falabella de la Fundación WCS, filial de Wildlife Conservation Society de Estados Unidos que, vaya paradoja, es una organización preocupada en las cuestiones ambientales y de protección animal, aunque mantiene el Zoológico del Bronx (ex Nueva York).

¿Cómo juegan estas fundaciones extranjeras participando en la elaboración y financiando proyectos de trabajo y talleres dentro de las Estructuras del Estado y en la posterior motorización de leyes en el Congreso Nacional? Precisemos. No se trata de ONGs nacionales que reciben aportes financieros extranjeros o del Estado Nacional recibiendo subsidios o créditos con el objeto de financiar sus políticas pesqueras o de cuidado del medio marino, sino que son las propias fundaciones extranjeras que, a través de sus filiales, se inmiscuyen en el corazón mismo de las estructuras del gobierno, definiendo las políticas del Estado Nacional. Ello es evidente, a poco leer el Reporte final del «Taller de Implementación de Áreas Marinas Protegidas Nacionales, 2018» (pág. 50, 2019) que WCS se constituye como organizadora y dice: «Anexo 5: ¿Qué queremos conservar en las Áreas Marinas Protegidas? Documento de Trabajo Previo Nº 2. Valeria Falabella. Wildlife Conservation Society. Resumen. El diseño de un Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas (SNAMP) requiere definir ¿qué queremos conservar?, y decidir sobre prioridades nacionales para la biodiversidad marina en una escala que abarca todo el Mar Argentino». La bióloga Falabella parecía hablar como si se tratase de un funcionario público en un documento auspiciado por la Jefatura de Gabinete de Ministros; del Ministerio Ambiente y Desarrollo Sustentable y de la Administración de Parques Nacionales, pero firma por Wildlife Conservation Society.

¿Puede una profesional de una Organización extranjera encabezar un informe relativo a potenciales áreas marinas protegidas del Estado Nacional?

La Fundación Wildlife Conservation Society, cuenta con el apoyo de OCEANS 5; que, sus «primeras subvenciones apoyaron el trabajo en los territorios de ultramar del Reino Unido, la Antártida, el Ártico y varias grandes Zonas Económicas Exclusivas (ZEE), entre ellas la de los Estados Unidos» (sic) quien incluye entre sus socios y miembros con una «inspiración común para la concesión de subvenciones colaborativas y orientadas a los resultados», a trece fundaciones de Estados Unidos, el Reino Unido y los Países Bajos, y esto, que podría pasar por alto, adquiere suma importancia, por dos razones: la primera, que la citada «Área Marina Protegida» completaría el «blue belt» (cinturón azul) con el que, ya en 2017, los ingleses anunciaron que rodearían a Malvinas, entre otros territorios de ultramar que ocupa en forma prepotente el Reino Unido, asegurándose el control y la explotación de los recursos pesqueros y, la segunda, habría que preguntársela a la responsable de la WCS en Argentina, la citada Falabella: ¿si prestó servicios o si fue contratada en forma simultánea en el Ministerio de Ambiente y en la citada Fundación extranjera? ya que en el Informe del referido Ministerio “Identificación de Áreas de alto valor de Conservación como potenciales Áreas Marinas Protegidas” en su página 2 indica: “Este informe debe ser citado de la siguiente manera: Falabella, V. 2014 (…); informe, que entre sus páginas 79 a 85 refiere al Agujero Azul, hoy en tratamiento en el Congreso.

Además de ello, ¿Pudo, por las características técnicas de este proyecto aprobarse en la Cámara de Diputados, sin la debida evaluación de todos los antecedentes necesarios en las Comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores, Recursos Naturales e Intereses Marítimos? No. Y además, no se tuvieron en cuenta los informes negativos de expertos y los empresarios del sector pesquero e incluso ni siquiera se convocaron a quienes el referido Reporte Final del Taller de Implementación de AMP citaba (pág. 11, 4/9/2018) donde indicaba que «unas 32 actividades presentan la superposición de dos o más instituciones de gobierno que tienen alguna función relacionada» (sic) y refiere con competencia en numerosas actividades a la Prefectura Naval Argentina (27 actividades posibles); la Armada Argentina (20); la Cancillería (13); la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y el SENASA (11); el Consejo Federal Pesquero y el INIDEP (10 actividades)» (sic). Y que, «algunas de las actividades humanas marinas que se vinculan con mayor número de amenazas potenciales a la biodiversidad, requieren la intervención de varias autoridades, a la vez para su desarrollo; como las pesquerías de altura, la navegación o la exploración y explotación de hidrocarburos» (sic). De la lectura de los pobres fundamentos del proyecto de ley y de la falta de convocatoria, ya podríamos deducir que este proyecto nunca debió aprobarse.

¿Cuántos Km2 y en qué lugar se ubicó el Área Marina Protegida? Llama la atención que, de 2014 a 2021 se aumentara de 12 mil Km2 a 164 mil Km2 esta Área y, también que, de establecerse en 2014 dentro de la ZEE, en 2022 se llevó los límites a alta mar y es fácil percibir con el apuro que se hizo esa modificación, ya que se puso como límite «este» la ZEE, cuando debió ser al «oeste», pero «el copia y pega» del proyecto de 2014 al de 2021 les hizo cometer este grosero error. Desde el punto de vista geográfico y diplomático, el proyecto es fallido, ya que confunde los puntos cardinales. Todo ello, nos induce a pensar que no se han escuchado a los técnicos en cuestiones marinas y, que las probables acciones de quien disputa ese espacio sean impredecibles.

¿Cuál pudo ser el interés de esta modificación? Nadie lo sabe, pero guarda mucha similitud, con el Acuerdo de Conservación (FOCZ) que firmó Cavallo en 1990, que habría de permitirle a los británicos, consolidar el otorgamiento de licencias ilegales pesqueras al este de Malvinas.

El Proyecto de Ley en el Artículo 1º refiere a un AMP de «Reserva Nacional Marina Estricta» sobre la plataforma continental de 164.000 km2 fuera de la ZEE con límites definidos al norte por el paralelo de 42°32¨ S, al sur por el paralelo de 47°30¨S, al este por el límite de la ZEE Argentina y al oeste por la isobata de 5.000 metros y precisa que esta área estará localizada en su totalidad en alta mar; sin embargo, en el Informe Técnico Final del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación «Identificación de áreas de alto valor de conservación como potenciales áreas marinas protegidas» encabezado (pág. 2) por la referida Valeria Falabella (WCS) se refiere a: «El Agujero Azul de altamar se ubica aproximadamente a 500 km al Este del golfo San Jorge, entre el límite de la ZEE de Argentina (200 millas náuticas) y la isobata de los 200 metros de profundidad…» y, precisa: «El área propuesta como candidata a AMPs se ubica sobre la ZEE Argentina, adyacente al Agujero Azul de altamar, entre los paralelos 45ºS – 47ºS; el meridiano 61º 30’ W al Oeste y el límite de la ZEE de Argentina al Este y cubre una superficie aproximada de 12.000 km2» (sic) (Informe Final, pág. 80, 2014).
En el hipotético caso que se aprobase en el Senado de la Nación, le provocará gravísimos daños a la Argentina, además de un altísimo costo desproporcionado al improbable beneficio. Para controlar el Área Marina Protegida Bentónica en forma permanente durante unos siete meses al año y en forma intermitente el resto del año se requerirían además de los medios navales y aéreos, la afectación del Tesoro Nacional, a las fuerzas navales y de seguridad de unos 15 millones de dólares, sin computar los gastos de mantenimiento y personal; del mismo modo, que los costos de las tareas de investigación de los buques de INIDEP que, todo indica, a la luz de las reiteradas fallas en las embarcaciones disponibles, habrá que ampliar a cifras multimillonarias y poner en valor los buques existentes. En este sentido los montos asignados en el Fondo Nacional Pesquero (FONAPE) a la seguridad y vigilancia son insignificantes. Basta ver las OPV amarradas en la Base Naval de Mar del Plata para ver las dificultades que tiene Defensa para controlar, ya no el Agujero Azul sino la Zona Económica Exclusiva. Insólitamente, este proyecto no indica cómo se va a financiar.

Además, no se necesita un AMP Bentónica de Agujero Azul, ya que 17 artículos de la Ley 24.922 dotan de suficientes herramientas a la Autoridad de Aplicación y al INIDEP, para que administren y hagan sostenible la pesca en todo el territorio marino y su plataforma continental. Si se quiere proteger al Submarino y a la plataforma continental hubiese bastado: 1) una Ley que declare Monumento Nacional Marino al lugar y, unas millas alrededor de donde se encuentran los restos del Submarino ARA San Juan y los 44 tripulantes de esta embarcación, de conformidad con lo establecido en el artículo 5º inciso b) de la Ley 27.037 y, 2) Una Resolución del Subsecretario de Pesca con aprobación del Consejo Federal Pesquero que prohíba y/o no autorice la Pesca en el área que se determine con redes arrastre de fondo o de deriva, más allá de las 200 millas y hasta las 350 millas, con jurisdicción y facultades suficientes según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y las Leyes 24.922 y 27.557 para apresar y sancionar a los buques nacionales y extranjeros que capturen con esas artes de pesca. Dejando en claro, que los poteros y arrastreros de media agua no tienen efecto alguno porque no tocan el fondo marino.

El proyecto es pesqueramente insustentable cuando le da categoría de Reserva “sobre” (encima de) la plataforma y no “en” la plataforma, ya que ello solo, podría generar restricciones a la pesca nacional en los cursos de agua, pero no a los buques extranjeros, porque Argentina no tiene jurisdicción sobre las aguas más allá de las 200 millas. Esteban Gaitán del INIDEP al respectó manifestó “…el 4 de noviembre de 2020 se propuso la creación de un AMP bentónica (sobre el fondo marino) en el sector de plataforma bajo administración argentina con la categoría de Reserva Nacional Marina Estricta, la cual prohíbe la pesca en cualquiera de sus formas” (“Desafíos para la investigación científica en la Plataforma Continental”, 4/10/2021), posición que compartimos.

No se cumplieron los requisitos científicos previos exigidos por la FAO (2012) para establecer un Área Marina Protegida. Fundamenta la legisladora contradictoriamente manifiesta que el sector del talud del área «incluye un sistema de cañones submarinos poco conocidos pero que presentarían características de alta biodiversidad y un rol ecológico relevante» (sic), sin embargo, Andrés Loubet-Jambert (FIS, mayo 2 de 2021) describe que «las denominadas características de “alta biodiversidad” deben ser fundamentadas con estudios científicos actuales para asegurar qué rol ecológico relevante tienen, teniendo en cuenta que la FAO indica que el establecimiento de zonas marinas protegidas debe hacerse sobre la base de información científica». Tal vez la científica con mayor responsabilidad en el país en materia de investigación pesquera, la Lic. Claudia Carozza, directora de Investigación del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) precisó: «faltan pruebas científicas suficientes…Aportaremos todos nuestros datos, pero no van más allá de las 200 millas…no sabemos mucho del área» y, preguntada sobre si el INIDEP estaba en condiciones de sobrellevar física y materialmente el trabajo, manifestó: «Tal como estamos no, estamos todos muy sobrecargados…nuestra función fundamental es asesorar sobre el manejo de los recursos» (Revista Puerto, 17/6/21). Por su parte el científico Portela (2012/15) dice: «El impacto concreto de las pesquerías de arrastre bentónico en el área no ha sido cuantificado». La Consultora Ambiental Recilience también dictamino que «hasta el presente no se ha demostrado fehacientemente en la propuesta de creación de esta Área Marina Protegida, cuál es el nivel de impacto actual de la actividad entrópica sobre el lecho marino».

Tampoco es cierto que la Argentina esté incumpliendo «el compromiso del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020», salvo que se entienda que los espacios marinos de alrededor de las Georgias y Sándwich del Sur no son de jurisdicción argentina y se ignore que en 2011 el Reino Unido determinó allí una reserva ecológica de 1.070.000 Km2 que, junto a los demás territorios marinos ocupados donde se impide la pesca a los buques nacionales, nuestro país tiene restringida una superficie equivalente al 52% de su Zona Económica Exclusiva Argentina, un porcentual vedado muy superior al compromiso asumido, donde flotas extranjeras extraen ilegalmente 250.000 toneladas de pescados y moluscos sin control y sin opinión de ninguna ONG extranjera.

Por otra parte, el propio sector manifiesta que no está ponderado el supuesto beneficio económico La Inter-Cámaras de la Industria Pesquera (agosto/2021) manifestó la inconveniencia productiva, económica y la insustentabilidad técnica del proyecto y, el Consejo de Empresas Pesqueras escribió (2019): «No existe una sola mención, ni siquiera de modo tangencial, relacionada a posibles beneficios sociales o económicos…» y ello es así, los daños a la pesca derivan de la captura de los recursos migratorios originarios de la ZEE y ello no se resuelve con este proyecto.

Agrego, que este proyecto no aporta nada a la “marca país”, ya que la producción pesquera nacional accede a los mercados más exigentes del mundo y, a su vez, el Atlántico Sudoccidental es reconocido por la baja contaminación marina en relación con otros caladeros. Este Proyecto duplica las estructuras oficiales y aumentará los costos del Estado y requeriría, además, una inversión multimillonaria para dotar de buques de investigación y de defensa que releven en forma sistemática el área, cuando hoy este Instituto muchas veces tiene que recurrir al aporte privado para relevar áreas y las especies migratorias de Argentina y las fuerzas navales y de seguridad tienen serias dificultades para controlar en forma permanente el amplio mar argentino.

Contrario a lo que se argumentó en el proyecto, de ninguna manera se impedirá la pesca ilegal extranjera, porque la Argentina no puede regular sobre los cursos de agua en la alta mar a extraños, ya que la Convención del Mar en sus art. 87º y 116º precisan que hay libertad de pesca para todos los Estados en alta mar. Es decir, el proyecto no tiene sustento jurídico-biológico alguno para impedir la pesca extranjera.

Respecto El fortalecimiento internacional y la soberanía nacional, el Área Marina Protegida Agujero Azul facilitará la captura de los buques extranjeros con licencias otorgadas en Malvinas, con un efecto similar al acordado en 1990 que generó una Zona de Conservación (FOCZ) al este de Malvinas y la pesca en Malvinas. Se completará con esta “Área Marina Protegida” un anillo de protección de Malvinas que desde el 2017 los británicos han establecido en todos los territorios de ultramar bajo su control, que alcanzan en la actualidad a 4 millones de km2. La Argentina no necesita ratificar su soberanía sobre la plataforma continental, ya que la Convención del Mar en el Art. 77º es clara: «El estado ribereño ejerce derechos de soberanía sobre la plataforma continental a los efectos de su exploración y de la explotación de sus recursos naturales. Los derechos son exclusivos, si el Estado ribereño no explora la plataforma continental o no explota los recursos naturales de ésta, nadie podrá emprender estas actividades sin expreso consentimiento de dicho Estado».

“Un montón de piedras no es una casa” (Henry Poincaré).

 

* Presidente de la Fundación Agustina Lerena (fundada 21/10/2002). Presidente Centro de Estudios para la Pesca de Latinoamérica, CESPEL (fundado el 02/04/1989). Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Ex asesor en el Senado de la Nación y en el Honorable Cámara de Diputados. Autor de: “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega. Pesca la moneda de cambio (2021)”.

 

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