LA HIPOCRESÍA DE JUNTOS POR EL CAMBIO RESPECTO DEL PRESUPUESTO DE DEFENSA Y LA NECESIDAD DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Marcelo Javier de los Reyes*

El dramaturgo Bertolt Brecht expresó: «Cuando la hipocresía comienza a ser de muy mala calidad, es hora de comenzar a decir la verdad».

La verdad es que cuando gobernó Cambiemos continuó con la misma política de Defensa y de desinversión que mantuvieron los gobiernos kirchneristas, tal como lo manifesté oportunamente.

El 5 de septiembre Juntos por el Cambio, que no están ni «juntos» ni promueven ningún «cambio» —que para mostrarse distintos de sí mismos cambiaron su nombre de «Cambiemos», así como sus socios en la incubación de las desventuras de la Nación pasaron de llamarse «Frente para la Victoria» a «Frente de Todos»—, emitieron un comunicado de prensa sobre la III Jornada de JxC de Análisis del Presupuesto de Defensa 2022. Según el mismo «El presupuesto de Defensa deja indefensa a la Argentina» y entre sus conclusiones expresa que «el presupuesto de Defensa es irrelevante e insuficiente para cumplir con la Defensa Nacional, poniendo en riesgo al país y a los efectivos de nuestras Fuerzas Armadas»… toda una gran revelación.

Agrega que «por décadas la desatención sobre el presupuesto de Defensa ha provocado el efecto equivalente a una decisión no escrita de “desarme unilateral”, lo cual ha conducido a una situación de virtual indefensión del país». Esta situación «expone a nuestros militares a un riesgo innecesario para sus vidas al operar con medios obsoletos y mal mantenidos». Y lo dicen sin sonrojarse a pesar de que entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019 fueron gobierno gerenciando la miseria de las Fuerzas Armadas desde el Ministerio de Defensa.

El propio presidente Mauricio Macri habría expresado en una reunión con los altos mandos militares: «Suscribo a todo, hay que unificar y reducir gastos, acostúmbrense a que no hay plata»[1]. Cabe destacar que en 2014, el porcentaje destinado a Defensa respecto del PIB fue del 0,88%, en 2015 del 0,85%, en 2016 del 0,81%, en 2017 del 0,86%, en 2018 del 0,75%, en 2019 del 0,71% y en 2020 del 0,76%[2].

En abril de 2017 el gobierno de Cambiemos anunció un recorte del presupuesto de $ 4.600 millones para el Ministerio de Defensa, ocasionando la suspensión de proyectos —como el de desarrollo de UAV (unmanned aerial vehicle) o vehículo aéreo no tripulado (VANT)—, la racionalización en Líneas Aéreas del Estado (LADE), lo que incrementó la desarticulación territorial de la Argentina en un país en el que ya en la década de 1990 se desmanteló el sistema ferroviario nacional y las líneas fluviales y marítimas, con las consecuencias que ha tenido en el costo de los fletes, la destrucción de las rutas y el incremento de los accidentes viales debido al aumento del transporte automotor de mercaderías.

A lo mencionado cabe recordar que el presupuesto para los agentes civiles de Inteligencia Militar fue “0”. No es necesario mencionar nuevamente lo que detallé en 2017.

A partir de lo expuesto, las cúpulas de las Fuerzas Armadas tienen que asumir que con la actual dirigencia política, oficialismo y oposición, la situación no cambiará en términos presupuestarios. Las Fuerzas Armadas no pueden seguir formando pilotos para una Fuerza Aérea que no tiene aviones y lo mismo es válido para el Ejército y la Armada, porque las únicas que se favorecen son las empresas privadas: los pilotos militares, formados a un alto costo por el Estado Nacional, renuncian para pasar al sector privado. Se siguen formando submarinistas y la Armada no tiene submarinos. Lo hace con la esperanza de que en algún momento algún gobierno adquiera los submarinos, un arma estratégica sumamente necesaria para la Nación. En este punto, aún no se ha determinado quiénes fueron los responsables del «accidente» del «ARA San Juan», de lo que estimo que la responsabilidad debería caer sobre el gobierno y las autoridades navales que tuvieron a su cargo la reparación de media vida así como el gobierno y las autoridades navales que le dieron la orden de zarpada a un submarino que no estaba en condiciones de navegar. Para 2017 había un informe del Ministerio de Defensa sobre todas las falencias que tenía la nave pero, además, ya había un antecedente en el que los tripulantes estuvieron a punto de no poder emerger.

De tal manera que es necesario proceder a una planificación estratégica en términos de Defensa, independientemente del presupuesto. Es necesario ajustar en los recursos humanos pero hay que hacer algunas salvedades. El Ejército Argentino cuenta con casi 58.000 efectivos pero en el caso de una fuerza de tierra se requiere una mayor cantidad de hombres como apoyo logístico por cada combatiente. En este sentido, debe considerarse que la movilización de combatientes requiere el acompañamiento de mayor personal destinado con fines logísticos: personal de servicios, médicos, enfermeros, etc.

Por su parte, la Armada tiene aproximadamente 17.000 efectivos, carece de su arma de submarinos, buena parte de la Flota de Mar no navega y para el presupuesto de 2023 se ha contemplado navegar la ZEE ¡solo 65 días! Aquí se entiende por qué se produce la depredación de nuestras riquezas del Atlántico Sur, a lo que se suman las erróneas políticas diplomáticas y las decisiones que toman los gobiernos de turno. Entre ellas haber ordenado al personal de Inteligencia que «no había hipótesis de conflicto» cuando buena parte del territorio nacional y de su espacio marítimo está siendo usurpado por el Reino Unido, el cual mantiene esa colonia a los efectos de asegurar su proyección antártica y de controlar el estratégico paso bioceánico. Del mismo modo, la Argentina prácticamente hoy tampoco cuenta con una fuerza aeronaval.

La Fuerza Aérea Argentina tiene aproximadamente 14.000 efectivos para unos 24 aviones de combate, entre los que se encuentran los Pucará, los Pampa, los A4, y los destinados a otras misiones como los Hércules y los Lear Jet. Evidentemente aquí se aprecia una desproporción que roza el sinsentido.

De esto se deduce, entonces, que debería reducirse el personal administrativo y civil a los efectos de disminuir los gastos de personal innecesario, el cual sigue vigente para mantener unas Fuerzas Armadas que ya no existen en la misma dimensión. En términos económicos, el sistema de Defensa está sobredimensionado en función del presupuesto actual y futuro.

Así como existe una desproporción del personal de la Fuerza Aérea respecto de los aviones de combate operativos, también la desproporción está en función de los radares. Los radares de última generación no precisan de personal, ni siquiera de personal adicional para su custodia porque podrían ser emplazados en unidades militares —en lugar de localizarlos en lugares para los cuales debe disponerse de custodia— o en aeropuertos y aeródromos que ya cuentan con una guardia.

Con la finalidad de reducir los costos se debería unificar el Comando Antártico y trasladarlo a Tierra del Fuego en lugar de tener sede en la ciudad de Buenos Aires. Esta medida, a su vez, favorecería la Soberanía Nacional a partir de una mayor presencia militar en el sur del país.

Por otro lado, deben tenerse en cuenta las experiencias del conflicto entre Ucrania —léase la OTAN— y Rusia. En tal sentido, se podría contar con una Fuerza Aérea mínima con efectos disuasivos —obviamente más y mejor equipada que la actual— pero poniendo el énfasis en el desarrollo de drones kamikaze y de misiles. Cabe tener en cuenta que los actuales drones iraníes usados por Rusia tienen un costo de unos US$ 20.000 dólares por unidad y un alcance de aproximadamente 2.000 kilómetros. Si el costo de una aeronave ronda los US$ 60 millones o más, podrá estimarse la cantidad de drones que podrían adquirirse, o mejor aún construirse, con el dinero destinado a un avión. Si se construyen en la Argentina se avanza en el desarrollo tecnológico y se favorece a empresas nacionales.

Debe, asimismo, ponerse la mira el desarrollo de la guerra electrónica, ámbito en el que la Argentina se encuentra totalmente indefensa. Ello debe ser complementado con un amplio plan de radarización.

En términos más vinculados al fitness, las Fuerzas Armadas deben adelgazar y poner el acento en su desarrollo muscular en función del magro presupuesto que la oligarquía política le impone, más por ideología y dilapidación de recursos con vanos fines políticos que por la carencia real de recursos. Ante esta mezquindad de los políticos, las cúpulas de las diversas armas deben optimizar las mismas acorde al magro presupuesto.

Si se desean optimizar los medios debe ajustarse en el ámbito de los recursos humanos. Si el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada tienen efectivos a los que no pueden darle no solo un sueldo digno sino tampoco alimentación y mínimas prestaciones que debe recibir todo militar, entonces se hace necesario obrar con pragmatismo. Las Fuerzas Armadas pierden personal calificado no por una cuestión salarial sino más por frustración: no pueden volar, no pueden navegar, no pueden realizar prácticas de tiro, etc. En síntesis, por no poder desarrollar sus capacidades como militar profesional.

Si me preguntaran si es esto lo que desearía para nuestras Fuerzas Armadas, está claro que no, dado que la Argentina es el octavo país en extensión territorial, a lo que se le suman millones de kilómetros cuadrados del espacio marítimo.

Simplemente apelo a lo que estimo que es el buen criterio ante una situación que, está claro, esta dirigencia no tiene intenciones de modificar a pesar de que la Argentina está siendo sometida a una guerra híbrida de la que participan potencias extranjeras, terroristas en la Patagonia con apoyo externo, ONGs también con respaldo externo y dirigentes políticos que no aprecian esta situación, a los que no les importa o que responden también a intereses contrarios a los nacionales.

Argentina está frente a una guerra híbrida, a una guerra de inteligencia, sin Fuerzas Armadas y con un Sistema de Inteligencia Nacional destruido adrede durante estos años de supuesta democracia. Para hacer frente a esta realidad, los altos responsables militares deben obrar con pragmatismo y proceder a una planificación estratégica, a una reestructuración de las fuerzas, en función del presupuesto que los políticos les destinan.

 

* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Profesor de Inteligencia de la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata.

Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019.

Embajador Académico de la Fundación Internacionalista de Bolivia (FIB).

Investigador Senior del IGADI, Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, Pontevedra, España.

 

Referencias

[1] Edgardo Aguilera. “Torniquete al gasto castrense y remate de bienes por más fondos”. Ámbito financiero, 09/03/2017, <http://www.ambito.com/875245-torniquete-al-gasto-castrense-y-remate-de-bienes-por-mas-fondos>, [consulta: 09/03/2017].

[2] “Argentina – Gasto público Defensa”. Expansión / Datosmacro.com, https://datosmacro.expansion.com/estado/gasto/defensa/argentina

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Otros artículos sobre Defensa Nacional publicados en el sitio de la SAEEG

Comandante Espuela (Revista GNA). «¿Existe la Defensa Nacional?». 30/09/2021.

https://saeeg.org/index.php/2021/09/30/existe-la-defensa-nacional/

Marcelo Javier de los Reyes. «Sobre el Ministerio de Defensa y otros ministerios… O la partidocracia». 10/08/2021.

https://saeeg.org/index.php/2021/08/10/sobre-el-ministerio-de-defensa-y-otros-ministerios-o-la-partidocracia/

Marcelo Javier de los Reyes. «La política de destrucción en materia de defensa sigue vigente. Propuesta». 28/03/2021.

https://saeeg.org/index.php/2021/03/28/la-politica-de-destruccion-en-materia-de-defensa-sigue-vigente-propuesta/

Marcelo Javier de los Reyes, «Argentina. La apremiante necesidad de recuperar la industria de la Defensa». 12/12/2020.

https://saeeg.org/index.php/2020/12/12/argentina-la-apremiante-necesidad-de-recuperar-la-industria-de-la-defensa/

Marcos Kowalski. «Táctica, estrategia, equipamiento y defensa». 29/09/2020.

https://saeeg.org/index.php/2020/09/29/tactica-estrategia-equipamieto-y-defensa/

Marcos Kowalski. «Defensa, negocios, desarme». 21/08/2020.

https://saeeg.org/index.php/2020/08/21/defensa-negocios-desarme/

César Augusto Lerena. «La Defensa Nacional del Atlántico Sur». 14/05/2020.

https://saeeg.org/index.php/2020/05/14/la-defensa-nacional-del-atlantico-sur/

Reinaldo Cesco. «Argentina. Defensa Nacional + Seguridad». 27/04/2020.

https://saeeg.org/index.php/2020/04/27/argentina-defensa-nacional-seguridad/

Marcelo Javier de los Reyes. «Fuerzas Armadas. Cambiemos continúa con la política kirchnerista de destrucción de la Defensa Nacional». 14/03/2017.

https://saeeg.org/index.php/2017/03/15/fuerzas-armadas-cambiemos-continua-con-la-politica-kirchnerista-de-destruccion-de-la-defensa-nacional/

GUAYANA ESEQUIBA: LA CONTRAPARTE ARMÓ (PARA ESTE JUICIO) UNA CAUSA ENGAÑOSA

Abraham Gómez R.*

En los distintos eventos desarrollados en varias universidades del país, como también, a través de los medios de comunicación social, en los propios espacios fronterizos visitados y en las plataformas disponibles, donde tejemos redes interactivas, conseguimos de todo: ideas, alternativas de solución, opiniones y conjeturas disímiles, contradictorias y delicadas.

No obstante, a propósito de lo anteriormente descrito, me permito exponer —de manera expresa— que hay un denso bastión de compatriotas que conforman una interesante masa crítica; quienes a cada instante afilan con osadía y agudeza sus juicios al respecto, y publican las propuestas que ellos consideran acertadas para resolver la controversia, en espera de una justa decisión para nuestro país. Con ellos hemos dialogado ampliamente, aunque sostienen —en la mayoría de los casos— algunas posiciones con las cuales no estamos de acuerdo, pero se las respetamos. Nos sentimos complacidos de su activa participación

Reconocemos que también conseguimos una minoría de compatriotas quienes andan por ahí sin prestarle ningún cuidado a nuestra reclamación. Nunca faltan. Hay que tenerles paciencia.

Gente que no termina de despertar; creen que ese asunto poco o nada les importa. Dicen cosas en este tono y contenido: “que se encargue el gobierno de arreglar ese pleito”.

Tristemente, han manifestado muy poco interés en el tema, cuya actitud es de los que únicamente ven transcurrir esta controversia con indiferencia o displicencia.

Abrigamos la esperanza de que pronto se dispongan a una progresiva incorporación en esta gesta de restitución.

Algunas preguntas, cargadas de negatividades y pesimismo, nos hacen desde este último grupo, que aspira que la solución venga, como por arte de magia.

En el Derecho Internacional Público no cabe la prestidigitación. En este ámbito estamos obligados a negociar, mediar, conciliar, reclamar y a contravenir en juicio hasta alcanzar los objetivos por la patria.

Al dialogar con este mismo grupo, le hemos dicho que debemos —sin demoras—adunarnos, mantenernos solidarios, en esta búsqueda de reivindicación por lo que vilmente nos arrebataron.

Sin embargo, nos agrada mencionar que aparejado, en tan múltiples escenarios, se registra una inmensa mayoría de la población venezolana (del gobierno y la oposición, de muchos sectores de nuestra sociedad) que se mantiene a la expectativa de todo cuanto viene ocurriendo y los posibles desenlaces.

Un escaso grupo de connacionales (muy pocos, numéricamente) que se encuentran muy ganados por el pesimismo, en cuanto a que nuestro Estado pueda obtener una sentencia satisfactoria en la Corte Internacional de Justicia; precisamente, a partir de del 17 de noviembre de este año —en las Audiencias Públicas— cuando nos corresponderá hacer los respectivos alegatos, en base a la Excepción Preliminar, que introdujimos el 7 de junio.

Más claramente, con la Excepción Preliminar; acto procesal que ha puesto contra las cuerdas al oponente. En otras palabras, planteamos unas cuestiones incidentales que la Corte deberá conocer y resolver primero y por separado —aunque guarden conexidad con el objeto principal del asunto litigioso—, para luego ir al fondo de la pretensión de la contraparte.

La delegación guyanesa pensó que con la demanda que presentó el 29 de marzo del 2018 ya el mandado estaba hecho; que se saldrían con la suya; que se le daría autoridad de Cosa Juzgada —como lo pidieron— al inefable Laudo Arbitral de París, del 3 de octubre de 1899.

Nunca se imaginó la delegación diplomática de la excolonia británica que Venezuela ripostaría, para asestar—con contundencia— la Excepción Preliminar: un dispositivo de defensa, al cual teníamos pleno derecho, como parte demandada, para diferir la fase conducente en la que se conocerá el fondo de la litis.

Invocamos —a efectos de la Excepción Preliminar— el artículo 79 del Reglamento de la Corte. No es un invento fortuito o desenlace sobrevenido.

Ante el país, manifestamos —claramente— la siguiente advertencia: el Proceso (o juicio como tal) no se ha paralizado; lo que logramos, con la Excepción Preliminar, es que la contraparte justifique previamente ante la Corte, entre otros aspectos, en qué elementos basó la Acción interpuesta contra nosotros. Por lo que diremos más adelante.

Como se sabe, ya las citas fueron cursadas para las comparecencias entre el 17 y 22 de noviembre de este año, en el Palacio de La Paz, en La Haya. Cada parte concernida hará sus respectivos alegatos.

Conforme a todo lo analizado y que hemos venido exponiendo a lo largo de estos años, estamos absolutamente convencidos de que no hay Causa Típica acreditable en la demanda que activó —para la presente controversia— la gestión jurisdiccional de la Sala Juzgadora de la ONU.

Dejamos constancia que lo dicho —en sentido crítico— constituye nuestra apreciación personal; por cuanto, el honorable jurado de la Corte hará la debida examinación procesal según su experiencia, formación doctrinal, jurisprudencias y derecho aplicable, en tanto garantía que obtendremos una decisión sentencial en justicia.

¿Por qué aseveramos —con tanta firmeza— el enunciado anterior, donde cuestionamos la Causa invocada en la demanda?

Porque —determinantemente— no hay Causa. La Causa se extinguió, dejó de ser válida, por Inexistente, y por lo tanto carece de verdad. Además, se volvió ilícita: contraria al idóneo comportamiento social de un Estado y a la buena fe.

Del mismo modo, como lo hemos expresado en bastantes ocasiones: La Causa Petendi de la excolonia británica, ante la Sala Juzgadora, pretende que se nos imponga una decisión sentencial para que admitamos como “válido y vinculante” el Laudo Arbitral de París, del 03 de octubre de 1899, de ingrata recordación.

Frente a tamaño adefesio jurídico, nosotros oponemos el vigente Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966, que declaró (y la contraparte lo admitió) nulo e írrito el precitado laudo.

El Acuerdo de Ginebra señala y sostiene en su artículo primero que el Laudo es nulo e írrito; digamos con propiedad, todo lo allí contenido es inexistente.

Por tanto, no puede ser más que un hecho engañoso y de mala fe la intención de reposicionar –-unilateralmente— este laudo, como Causa, en un juicio contra nosotros.

El Laudo ha estado siempre viciado de nulidad absoluta. Insubsanable.

Así entonces, si la contraparte asienta la Causa de su demanda en el inexistente Laudo (que tiene condición de no nacido a la vida jurídica) todo cuanto  se sostenga y apoye en ese “Laudo”, también es nulo e inexistente. No hay Causa.

Si a partir de la firma y ratificación del Acuerdo de Ginebra, el “Laudo” dejó de existir, arrastró en ese Acto a la supuesta Causa contenida; y menos que la susodicha Causa pueda surtir ningún efecto jurídico; porque, no hay Causa obligacional, de consentimiento, prescriptiva ni compromisoria que ellos puedan alegar, en el presente proceso.

¿Qué nos corresponde, en lo sucesivo? Nos corresponde pedir Restitución in integrum.

Suficientemente es conocido y del dominio en el Derecho Internacional que la carencia de una Causa (por inexistente) provoca nulidad absoluta del proceso. Ipso Jure, de pleno derecho.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua.  Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV). Asesor de la Comisión por la Defensa del Esequibo y la Soberanía Territorial.

PERLAS DEL PRESUPUESTO 2023 II

Iris Speroni*

La destrucción del nivel de vida de los argentinos es todo mérito de nuestros políticos.

 

La semana pasada, por TV América, proveyeron información sobre los pagos de planes sociales a agrupaciones para que éstas posteriormente las redistribuyan.

Transferencias – Asociaciones y cooperativas que más cobraron del Estado Nacional:

  • Asociación Civil “El Amanecer de los Cartoneros” – CTEP     $ 799.651.538
  • Cooperativa Evita Limitada – Movimiento Evita                  $ 663.642.581
  • Asociación Civil SER.CU.PO – Movimiento Evita                  $ 645.556.243
  • Cooperativa Reciclados Limitada – Movimiento Evita           $ 560.601.825
  • Asociación Civil Judith Presente – Tupac Amaru                 $ 417.575.145

Felicito a la producción del programa “Buenos Días América” por haber obtenido los datos. La disponible en el sitio del ministerio es un quebradero de cabeza.

Los planes sociales son un gigantesco negocio para cuatro vivos y los funcionarios asociados, verdaderos gerentes de la pobreza. Son los primeros interesados en amañar estadísticas, en que nuestros compatriotas no obtengan un trabajo formal. En resumen: que no se valgan por sus propios medios. Si hubiera una mínima auditoría terminarían todos presos.

Tal vez sea hora que los diputados pregunten a quién se le da los dineros del Estado. Tal vez sea hora que nos preguntemos si corresponde que el Estado le transfiera dinero a privados.

Presupuesto 2023 – Transferencias

Si bien el presupuesto no dice a quién el Estado Nacional le va a transferir dinero, sí nos informa cuánto. Considerando que la HCD le dio media sanción, ya sabemos de qué bolsa dispone el ejecutivo para repartir.

Las transferencias al sector privado serán de $ 5.119.303.600.000 ó $ 5,1 billones. En dólares ($ 290=US$ 1) son US$ 17.652.771.034.- (diecisiete mil seiscientos cincuenta y dos millones setecientos setenta y un mil treinta y cuatro dólares). Fuente: página 82 del Mensaje al Congreso s/ Presupuesto 2023.

Se subdivide en transferencias a unidades familiares, a instituciones sin fines de lucro y a empresas privadas. Acá ocurre algo curioso. Hay un detalle del primer (familias) y tercer (empresas) subrubros y nada dice ni en todo el mensaje ni en todos los anexos de los destinatarios privados sin fines de lucro.

Las transferencias a unidades familiares son las jubilaciones y pensiones (el monto más importante) pero también incluye otro tipo de partidas como la AUH, las indemnizaciones a ex presos políticos, o el plan Alimentar. Las distingue en que el Estado le paga directamente a una persona, a la cual identifican con nombre y apellido. Saben a quién le pagan (*). Sobre el monto en cada una de las partidas existe un detalle.

A continuación del cuadro, en la página siguiente, hay también un detalle de a qué compañías o por qué razón se les abonan $ 1.688.740.900.000. Transcribo páginas 82 y 83:

En orden de relevancia le siguen la asistencia a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (85,0% del total de las transferencias corrientes a empresas privadas). Entre las transferencias corrientes al sector público se destacan las correspondientes a provincias y municipios, a universidades nacionales, a la empresa nacional Energía Argentina S.A., al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, a Operador Ferroviario S.E., al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT), al Fondo Fiduciario para Subsidios a Consumos Residenciales de Gas Licuado de Petróleo (Ley N° 26.020), y a las empresas Aerolíneas Argentinas S.A. y Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA S.A.), 

De los $ 350 mil millones a asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas, ni palabra. Ese dinero es el que los diputados y senadores habilitan a cada uno de los ministerios a transferir a su gusto. Puede ser la Fundación Huésped, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, o la Cooperativa “Reciclados” Limitada.

Transferencias a Familias

El ANSES presenta un presupuesto por separado. Allí queda claro que sólo una parte de sus gastos va a pagar jubilaciones y pensiones (lo que debería ser el foco del sistema y la razón de su existencia).

Los pagos de jubilaciones y pensiones debería ser el único destino de los aportes y contribuciones más los impuestos destinados a tal fin. El resto de los pagos (hijos, salario familiar, familia numerosa) no debería provenir de los recursos previsionales, sino contar con su propia financiación. Los desvíos de esos fondos son una de las razones (no la única) de las bajas jubilaciones.

Éstas son:

    1. Informalidad laboral del 50%
    2. Salario real de U$D 250 promedio, con aportes y contribuciones proporcionales.
    3. Destino de parte de los fondos recaudados a financiar al tesoro nacional.
    4. Destino de parte de los fondos recaudados a beneficios de acción social ajenos a la previsión.
    5. La incompetencia general de toda la clase política, sin distinción de partidos, aunada a la corrupción, que llevó el salario promedio de US$ 860 durante el gobierno de Menem a menos de un tercio de ese valor en la actualidad. La destrucción del nivel de vida de los argentinos es todo mérito de nuestros políticos.
ANSES

La información que transcribo a continuación proviene del presupuesto del ANSES 2023.

Presupuesto total: $ 12.975.774.688.833

El gasto de pago de personal y gastos generales es inferior al 1% del total administrado (bien).

Transferencias a terceros: $ 11.637.755.380.739. Algo de este gasto lo vimos la semana pasada (aquí). Veamos dentro de estos números.

  • Prestaciones previsionales régimen de reparto (**) (P. 19)         $ 5.527.554.904.725
  • Prestaciones previsionales régimen de moratoria (P. 19)             $ 3.261.787.503.604
  • Subsidios tarifas de servicios a jub. y pens. +
    pago por fallecimiento (“contención familias”) (P. 29)                 $      3.101.500.611
  • Subsidio desempleo       (P. 32)                                              $    15.592.508.798
  • Asignaciones familiares (***) (P. 34)                                        $ 1.506.293.432.845
  • Asignaciones familiares (****) (P. 37)                                      $    592.260.392.426
  • Pensiones Ex-Combatientes [Malvinas] (P. 56)                           $      57.597.149.853
  • Ley Nº 26.913 ex-presos políticos  (P. 56)                                $        9.320.836.494
  • Pensión adulto mayor a 65 sin cobertura (P. 60)                        $    214.030.525.080
  • Pensiones graciables otorgadas por legisladores (P. 63)               $      42.646.341.392
  • Familias numerosas (siete hijos o más) (P. 63)                           $     239.382.728.720
  • Soporte primeros 1000 días de vida                                        $       15.416.511.005
  • Transferencias al INSSJyP (PAMI) y a “fundaciones” (P. 73)         $     329.729.620.000

No desagregué todos los rubros. Algunos por ser montos pequeños, otros por ser transferencias a otras cajas previsionales.

Las prestaciones previsionales originarias son de $ 5.527.554.904.725 ó $ 5,5 billones. La recaudación del ANSES por aportes y contribuciones es de $ 6.226.352.551.000. Por lo que ese dinero permitiría un aumento de las jubilaciones actuales, aún con los problemas del sistema enumerados (informalidad del 50% y sueldos miserables de U$D 250) si esos fondos no se distrajeran a otros destinos (como el pago del eufemismo «moratoria»).

Debemos agregar que los ingresos tributarios con destino específico de jubilaciones y pensiones es de $ 3.925.798.640.000 y el rendimiento del fondo administrado es de $ 514.482.326.224.

El total de ingresos por: a) contribuciones y aportes, b) tributos con destino específico, c) rendimiento del fondo “de garantía de sustentabilidad” suma $ $ 10.666.633.517.224,00.

Esto, aún si le restamos un 1% para la administración del sistema (personal y gastos generales), existe una oportunidad de aumentar las jubilaciones y pensiones originarias (****) en un 90%.

Digo esto con total responsabilidad, ya que entiendo que las jubilaciones y pensiones por moratoria son una pensión por vejez encubierta. La pensión por vejez y los gastos por salarios familiares de todo tipo (con los que estoy de acuerdo) deberían ser financiados en base a presupuestos ajenos (*****) al ANSES —más allá que la entidad pueda continuar con la responsabilidad administrativa— y bajo ningún punto de vista deberían distraerse fondos que tienen por único fin el pago de jubilaciones y pensiones.

Los diputados y senadores, en un futuro, deberán ser más celosos en revisar las partidas que el poder ejecutivo solicita administrar. Así, como estamos, existen gastos superfluos, los montos destinados al pago de intereses son desproporcionados, existen duplicaciones de oficinas y partidas. En algún momento, se debe trabajar con algún grado de seriedad.

Y dejar de usar a los jubilados como variable de ajuste.

 

* Licenciada de Economía (UBA), Master en Finanzas (UCEMA), Posgrado Agronegocios, Agronomía (UBA).

 

Notas

(*) Puede haber algún tipo de fraude (fallecidos no informados, altas de personas inexistentes o que desconocen haber sido listados, beneficiarios que no merecen el beneficio), pero convengamos que el porcentaje sobre el total, no puede ser un gran número.

(**) Jubilaciones y pensiones.

(***)

Asign. Fam. Trab. Activos          $ 592.260.392.426

Asign. Fam. Trab. Pasivos          $ 203.598.268.550

Asign. Universal                       $ 684.360.063.522

Asign. Fam. Trab. Sector Públ.   $   26.074.708.347

(****) Incluye otro tipo de pagos, algunas por única vez como: prenatal, por nacimiento, por adopción, por maternidad, por matrimonio; y otros recurrentes como: por hijo discapacitado, por ayuda escolar anual o asignaciones familiares a monotributistas.

(****) Denomino “originarias” al sistema existente antes de que Massa introdujera la “jubilación por moratoria” durante el gobierno de Néstor Kirchner.

(*****) Cantidad de Beneficiarios por beneficio.

* Licenciada de Economía (UBA), Master en Finanzas (UCEMA), Posgrado Agronegocios, Agronomía (UBA).

 

Referencias

Mensaje Presupuesto 2023

https://www.economia.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2023/mensaje/mensaje2023.pdf

Presupuesto ANSES 2023

https://www.economia.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2023/jurent/pdf/P23E850.pdf

 

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Artículo publicado el 29/10/2022 en Restaurar.org, http://restaurarg.blogspot.com/2022/10/perlas-del-presupuesto-ii.html