LA BÚSQUEDA DE UN NUEVO ORDEN ECONÓMICO MUNDIAL EN EL QUE LAS FUERZAS EMERGENTES TENGAN MÁS PESO

Giancarlo Elia Valori*

Imagen: Scartmyart,  https://pixabay.com/es/users/scartmyart-3524821/

En el contexto de la creciente inestabilidad e incertidumbre en la recuperación económica mundial y los graves desafíos para el crecimiento económico mundial, debatir un nuevo orden económico mundial puede convertirse en una plataforma importante para promover la cooperación y la recuperación económicas internacionales.

En los últimos tiempos, el profundo impacto de la crisis financiera internacional no se ha eliminado fundamentalmente. La tasa de crecimiento de la economía mundial se ha desacelerado. El crecimiento económico en las economías desarrolladas ha sido lento y la tasa de desempleo se ha mantenido alta.

Sin embargo, las principales economías desarrolladas han seguido aplicando políticas monetarias acomodaticias y la liquidez mundial ha aumentado considerablemente. El aumento de la volatilidad de los precios de las materias primas y los tipos de cambio de las principales monedas ha intensificado las burbujas especulativas y las presiones inflacionarias en los mercados emergentes, aumentando así la inestabilidad y la incertidumbre en la recuperación de la economía mundial.

En particular, los problemas de deuda soberana de los Estados Unidos y de los países europeos han causado preocupaciones ocultas en la economía mundial y se han convertido en uno de los principales riesgos que amenazan la estabilidad y el crecimiento de la economía mundial hoy y en los próximos años.

En este contexto, los ciudadanos están particularmente preocupados por cómo resolver los problemas económicos globales actuales. La gente se pregunta si hay contradicciones institucionales y estructurales detrás de la serie de crisis económicas y financieras. Con miras a resolver las contradicciones y los problemas, debemos repensar la necesidad y la urgencia de establecer un nuevo orden económico internacional. En las últimas décadas hemos sido testigos de nuevos cambios en la situación económica mundial, que van desde la gran crisis de 2007-2008 hasta la pandemia de Covid-19 y la guerra ruso-ucraniana. La recuperación económica de las principales economías desarrolladas es lenta y las economías emergentes están desempeñando el papel de motores del crecimiento económico. En la primera década del siglo XXI, la tasa de crecimiento anual promedio de las economías emergentes superó el 6%. China registra la tasa de crecimiento más alta de todos los países BRICS, con una tasa anual promedio de más del 10%. Los países BRICS representan el 42% de la población total del mundo; aproximadamente el 30% de la superficie total del mundo; el 18% del producto interno bruto mundial; el 15% del volumen del comercio mundial y el 75% de las reservas mundiales de divisas.

Estos cambios económicos a gran escala han alterado tradicionalmente el panorama económico internacional y el equilibrio de poder. Existe una fuerte demanda de reformar el orden económico internacional tradicional que se creó principalmente en la era de la hegemonía económica estadounidense-europea. De hecho, la influencia económica de los países BRICS ha producido un poder de irradiación sin precedentes, promoviendo así efectivamente el desarrollo de la economía regional y creando, en particular, un efecto puente entre los países de mercados emergentes de la región.

La reforma y el desarrollo son las principales demandas y el consenso de todos los países y regiones del mundo. El presidente del Banco Mundial, el estadounidense Robert Zoellick (2007-2012), afirmó hace tiempo que la actual crisis de deuda entre Estados Unidos y Europa y la fragilidad de la recuperación económica mundial han puesto en peligro la economía mundial y que, por lo tanto, la comunidad internacional debe fortalecer la cooperación multilateral para superar las dificultades. Christine Lagarde, que desde 2019 es la presidenta francesa del Banco Central Europeo, ha reafirmado que la economía global actual ha entrado en una «nueva fase peligrosa» y los riesgos a la baja siguen aumentando.

La coordinación de las políticas económicas mundiales es particularmente importante. En resumen, la crisis de la deuda entre Estados Unidos y Europa exige a la comunidad internacional que promueva aún más la reforma del sistema económico internacional y desarrolle el orden económico internacional en una dirección más justa y razonable. En la actualidad, los países del mundo están interconectados, son interdependientes y sus intereses están estrechamente entrelazados a un nivel sin precedentes. El futuro y el destino de un país están cada vez más entrelazados con los procesos futuros y es de interés común para todos los países trabajar juntos y ayudarse mutuamente, ya que todos están en el mismo barco. En particular, la comunidad internacional puede cooperar en algunas cuestiones en el futuro.

La primera cuestión es construir un sistema de desarrollo mundial equitativo y eficaz; fortalecer las instituciones de desarrollo; aumentar los recursos para el desarrollo e implementar plenamente los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas.

Las crisis financieras internacionales siempre han provocado reflexiones, análisis y discusiones entre los países sobre el desarrollo desequilibrado de la economía mundial. En términos básicos, el mayor desequilibrio en la economía mundial es el desarrollo desequilibrado entre el Norte y el Sur, y la mayor contradicción de la economía mundial radica en el atraso de los países en desarrollo.

Sin el desarrollo económico de los países del Tercer y Cuarto Mundo, no habrá un desarrollo estable a largo plazo de la economía mundial. Promover el crecimiento económico sostenible en los países en desarrollo es uno de los principales desafíos a los que se enfrenta el planeta. El crecimiento y el desarrollo son fundamentales para erradicar la pobreza y lograr la estabilidad operativa y la paz tanto entre los países hasta ahora desfavorecidos como entre las superpotencias, que se infiltran en ellos no por su bienestar sino para obtener ventajas geopolíticas.

Los países desarrollados deben cumplir sus compromisos internacionales lo antes posible y prestar más apoyo y asistencia a los países en desarrollo en términos de capital, tecnología y margen de maniobra política. Esto último siempre ha faltado, ya que las antiguas potencias colonizadoras siempre han logrado dirigir los nuevos Estados independientes que ya poseían.

La comunidad internacional debe seguir esforzándose por promover el desarrollo en los países en desarrollo, establecer una alianza mundial equitativa y eficaz con responsabilidades y beneficios compartidos, así como trabajar de consuno para alcanzar plenamente los objetivos de desarrollo del Milenio, como se prevé al menos en teoría.

La segunda cuestión es construir un sistema monetario y financiero internacional justo, equitativo, inclusivo y ordenado, apoyar el desarrollo económico mundial y aumentar la voz y la representación de los mercados emergentes y los países en desarrollo en el sistema monetario y financiero internacional.

Por razones históricas, desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha tenido una posición dominante en el sistema monetario y financiero internacional, y los activos denominados en dólares estadounidenses, como letras del tesoro, etc., también se han convertido en los principales elementos de inversión en el mundo. Esto también hace que la política económica interna de los Estados Unidos tenga un impacto decisivo en la economía mundial.

En las crisis financieras internacionales, la tendencia estructural de la depreciación del dólar estadounidense ha sido más claramente visible. Algunos analistas incluso creen que la profundidad de la crisis de la deuda estadounidense es una «crisis de confianza» en el propio dólar. Desde el establecimiento del sistema monetario internacional dominado por el dólar, el valor del dólar ha sido garantizado por el poder nacional y militar de los Estados Unidos. A medida que disminuye el poder nacional de los Estados Unidos, la capacidad de garantizar el dólar se ve inevitable y negativamente afectada.

A juzgar por la composición de las reservas de divisas de varios países en los últimos años, la proporción de activos denominados en dólares estadounidenses ha disminuido año tras año. Daisy Li, economista jefe de Standard Chartered Bank en el Reino Unido, dijo que desde el estallido de la crisis de deuda de Estados Unidos, el dólar «parece muy frágil». Akira Sugano, del Instituto de Investigación Mizuho de Japón, cree que a largo plazo la caída del estatus del dólar estadounidense como moneda de referencia internacional será inevitable.

La crisis ha puesto de manifiesto las deficiencias y deficiencias del actual sistema monetario y financiero internacional, lo que demuestra que es necesario reformar y mejorar el sistema y que es necesario establecer un sistema de moneda de reserva internacional estable, fiable y de gran alcance. Robert Zoellick cree que el mundo está experimentando un «restablecimiento del sistema financiero global» y que el centro de gravedad económico se está desplazando rápidamente hacia países y regiones en desarrollo como China, India, Brasil y el sudeste asiático. En el futuro, las economías en desarrollo tendrán una posición más importante en el sistema mundial de regulación monetaria y financiera. Sonsoles Castillo Delgado, investigadora española del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, ha enfatizado que no es necesario que los países desarrollados insistan en tener una mayoría de derechos de voto en el FMI para mantener una posición favorable, ya que su demanda de una mayor representación no es bienvenida y, por lo tanto, está inaceptablemente bloqueada.

La comunidad internacional debe implementar de manera proactiva los objetivos de reforma del FMI establecidos en varias cumbres del G20. La estructura de gobernanza de las instituciones económicas y financieras internacionales debe reflejar los cambios en el modelo económico mundial y aumentar la voz y la representación de las economías emergentes y los países en desarrollo. Al examinar el papel de los Derechos Especiales de Giro en el actual sistema monetario internacional, incluida la composición de la cesta de monedas de Derechos Especiales de Giro, se debe prestar más atención a los riesgos de grandes entradas y salidas de capital transfronterizas que enfrentan las economías emergentes. La reforma financiera internacional, la mejora de la coordinación de las políticas y la cooperación normativa entre los países también deben estudiarse y mejorarse con miras a promover el desarrollo continuo del mercado financiero mundial y el sistema bancario. La tercera cuestión es construir un sistema justo y razonable de libre comercio internacional; oponerse a todas las formas de proteccionismo; fortalecer el sistema multilateral de comercio y promover el rápido logro de los objetivos de la Ronda de negociaciones de Doha para el Desarrollo, que ya habían sido defendidos por la Ronda de Doha, es decir, la 4ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio celebrada en Doha en noviembre de 2001, que puso en marcha una ronda de negociaciones que aún está en curso. El objetivo principal de la Ronda de Doha, conocida como el Programa de Doha para el Desarrollo, es restablecer el diálogo entre las economías industrializadas y emergentes después de la interrupción que siguió a la Conferencia Intergubernamental de Seattle (1999), con el objetivo de esbozar acuerdos comerciales que favorezcan y estimulen el desarrollo de las economías menos avanzadas.

En el contexto de la crisis de la deuda en los Estados Unidos y la Unión Europea, el proteccionismo comercial ha vuelto. Global Trade Alert, una organización de investigación para asuntos de comercio internacional, ha publicado un informe que indica que el impulso del proteccionismo comercial global está aumentando y que cada vez más países están obteniendo ventajas específicas para sus economías al obstaculizar la competencia y restringir las importaciones. La nueva ronda de proteccionismo comercial es implementada principalmente por los países desarrollados. Para hacer frente al lento desarrollo económico de sus países, proteger su mercado interno y su industria, así como mantener su posición dominante en el comercio internacional, estos países han adoptado medidas nuevas y más encubiertas, como barreras verdes, barreras técnicas, medidas antidumping y derechos de propiedad intelectual en nombre de un comercio justo y equitativo.

Sin embargo, el proteccionismo simplemente no puede salvar a ninguna economía enferma. Si las medidas de protección comercial se adoptan a ciegas, aunque pueden aumentar la exportación de productos nacionales a corto plazo, sin duda dañarán la relación de cooperación con los interlocutores comerciales e incluso harán que los interlocutores comerciales adopten las mismas contramedidas. Por lo tanto, la comunidad internacional debe oponerse a todas las formas de proteccionismo comercial, apoyar un sistema comercial multilateral fuerte, abierto y basado en normas, representado por la Organización Mundial del Comercio, con el fin de apoyar el progreso actual de las negociaciones de la Ronda de Doha, cuyo objetivo es promover los primeros resultados positivos, globales y equilibrados de las negociaciones y construir un sistema internacional de libre comercio justo y razonable.

 

* Copresidente del Consejo Asesor Honoris Causa. El Profesor Giancarlo Elia Valori es un eminente economista y empresario italiano. Posee prestigiosas distinciones académicas y órdenes nacionales. Ha dado conferencias sobre asuntos internacionales y economía en las principales universidades del mundo, como la Universidad de Pekín, la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad Yeshiva de Nueva York. Actualmente preside el «International World Group», es también presidente honorario de Huawei Italia, asesor económico del gigante chino HNA Group y miembro de la Junta de Ayan-Holding. En 1992 fue nombrado Oficial de la Legión de Honor de la República Francesa, con esta motivación: “Un hombre que puede ver a través de las fronteras para entender el mundo” y en 2002 recibió el título de “Honorable” de la Academia de Ciencias del Instituto de Francia.

 

Traducido al español por el Equipo de la SAEEG con expresa autorización del autor. Prohibida su reproducción.

 

 

GUAYANA ESEQUIBA: EVOLUCIÓN DE LA CADENA TITULATIVA DESDE UNZAGA Y AMÉZAGA HASTA HOY

Abraham Gómez R.*

La Sala Juzgadora de la ONU ha decidido en una serie de sentencias, que sentaron jurisprudencias, que un Título Jurídico preexistente prevalece sobre una circunstancial administración u ocupación ilegítima de un territorio en controversia, por parte de otro Estado, en condición de usurpador.

Sobre el anterior particular, estamos obligados a decir en verdad y justicia que la República Cooperativa de Guyana no posee el más mínimo documento de acreditación sobre la extensión territorial que el Imperio Británico nos desgajó (a partir de 1814) y los gobiernos guyaneses han venido alentando tal delito de apoderamiento.

En el actual Proceso jurisdiccional en que nos encontramos, la delegación de la excolonia inglesa ha abusado de la honorabilidad de la Corte cuando incurre en la conocida falacia post hoc ergo propter hoc (“después de haber recibido del Reino Unido esa extensión territorial, en consecuencia, nos pertenece”).

Ese correlato forzado nunca será un indicador fiable y menos admisible en un juicio con las características en el cual nos encontramos. Están obligados a demostrar y probar con justos títulos traslaticios: ¿Cómo adquirieron esos 159.500 km2?

Guyana no posee títulos de nada sobre la Guayana Esequiba ni por descubrimiento, ni por conquista, ni por asentamiento o tratado; ni por prescripción o por abandono del anterior descubridor.

Contrariamente, Venezuela enarbola, orgullosamente, el acaudalamiento de dos Justos Títulos para comparecer ( en abril de 2024) y probar ( en la debida ocasión), con plena seguridad, por ante la Corte Internacional de Justicia que la Guayana Esequiba desde siempre ha sido nuestra; por lo que consideramos írrito y de nulidad absoluta el Laudo Arbitral de París, del 03 de octubre de 1899, cuyo contenido ―sin validez, eficacia ni fuerza jurídica― pretende borrar la gesta histórica de nuestros libertadores. de la cual nos sentimos honrados los venezolanos.

En base a ese citado “laudo”, que constituye un adefesio jurídico, es donde la contraparte asienta su causa de pedir, por ante la Sala Jurisdicente.

Prestemos atención a esta breve narrativa. Al producirse las Reformas Borbónicas, una de sus consecuencias directas y favorables para las provincias de España que estaban desarticuladas e inconexas con el Virreinato de   la Nueva Granada; constituyó ―precisamente— la creación de la Capitanía General de Venezuela, por Real Cédula de Carlos III, el día 8 de septiembre de 1777, en cuyo documento nombra a Luis Unzaga y Amézaga, como su primer Capitán General.

Así entonces, las provincias de Maracaibo, Venezuela (Caracas), Nueva Andalucía (los actuales estados Anzoátegui, Monagas y Sucre), Margarita, Trinidad y Guayana (hasta la mitad del rio Esequibo).

Estas provincias, que para ese momento se encontraban sin una determinada configuración político-administrativa, nacen al mundo como Capitanía General.

«Yo el Rey, pido que cumplan las órdenes en asuntos de mi Real Servicio. He tenido a bien resolver los muchos inconvenientes y para lograr la unidad, por lo respectivo al manejo de mi Real Hacienda  y evitar el retardo de las providencias por las distancias con el Nuevo Reyno de Granada  y lo que en lo sucesivo  les comunicare en todo lo gubernativo y militar, procedo a crear la Capitanía General de Venezuela, con Caracas de capital; y que así mismo den cumplimiento los Gobernadores de las Provincias de Maracaibo, y Guayana a las Provisiones que en lo sucesivo despachare mi Real Audiencia de Santo Domingo, admitiendo para ante ella las apelaciones que se interpusieren según y en la forma que lo han hecho, o debido hacer para ante la de Santa Fe, que así es mi voluntad. Dada en San Ildefonso a ocho de septiembre de mil setecientos setenta y siete, –en lo gobernativo y militar. las provincias de Cumaná, Maracaibo, Guayana, Trinidad y Margarita (hasta este entonces dependientes del Virreinato de Nueva Granada) y ordenando a los gobernadores de dichas provincias que obedezcan al Capitán General de la Provincia de Venezuela y que cumplan sus órdenes».

(Cita parcial de la Real Cédula de Carlos III, donde crea la Capitanía General de Venezuela. 08 de septiembre de 1777).

Esa actitud integrativa y unificadora en lo político-territorial comporta, en sí misma, una realidad jurídica nueva; que viene a conferirnos nuestra partida de nacimiento; con lo cual quedaron integradas, bajo una misma jurisdicción política y militar las principales provincias que, posteriormente, conformaron el territorio de la República de Venezuela.

Hoy ese documento es nuestro primer Justo Título, de pleno derecho ―iuris et de iure―, prueba constituyente directa; por cuanto, significa el basamento y génesis de nuestra territorialidad; incluyendo- por supuesto- la provincia de Guayana (hasta la mitad del rio Esequibo), que había sido fundada en 1532.

Al proseguir con nuestro relato histórico-jurídico, nos conseguimos con otro Justo Título traslaticio que nos respalda.

Me refiero al total reconocimiento de nuestra independencia, contemplado en el “Tratado de Paz y Amistad entre España y Venezuela”, suscrito el 30 de marzo de 1845:

«Yo, Su Majestad Isabel II, Reina de España usando de la facultad que me compete por decreto de las Cortes generales del Reino de 4 de diciembre de 1836, renuncio por sí, mis herederos y sucesores, la soberanía, derechos y acciones que me corresponde sobre el territorio americano, conocido bajo el antiguo nombre de Capitanía General de Venezuela, hoy República de Venezuela. A consecuencia de esta renuncia y cesión, S.M.C. reconoce como Nación libre, soberana e independiente a la República de Venezuela…» (Omissis)

Aunque poseemos muchos más elementos de probanzas ―con similar fuerza y densidad―; por lo pronto, diremos que bastan esos dos Justos Títulos traslaticios, análogos a juicios idénticos en la Corte que ya han sentado absoluta jurisprudencia y han sido admitidos como pruebas constituyentes directas, revestidos de intangibilidad.

Sin embargo, podemos reforzar, al día de hoy, con el acertado contenido del artículo 10 de nuestra vigente Constitución Nacional:

«El territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad».

En lo más actual e inmediato. Habiendo llevado Guyana el caso, unilateralmente, a la Corte para arreglo judicial, nosotros estamos dispuestos a encarar la controversia para honrar la memoria de quienes nos antecedieron en esta lucha, por el presente de Venezuela y por las generaciones futuras; para lo cual estamos estructurando el memorial de contestación de la demanda y otras probables estrategias procesales.

Nuestra petición de justicia tiene suficiente fuerza jurídica, cartográfica e histórica; como también, el rigor moral de saber que no estamos cometiendo ningún acto de deshonestidad contra nadie.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Asesor de la Comisión por la Defensa del Esequibo y la Soberanía Territorial. Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela. Asesor de la ONG MI Mapa.

 

LA PESCA CHINA EN ARGENTINA CON LA COMPLACENCIA DEL GOBIERNO NACIONAL

César Augusto Lerena*

Publicado por Seafood Media Group, 11/08/2023

Los peces, crustáceos y moluscos argentinos no pueden ser capturados por buques de bandera extranjera, ya que el artículo 37º de la Ley de Pesca 24.922 establece, que solo se autorizarán mediante tratados internacionales aprobados por ley del Congreso Nacional y, únicamente, cuando tengan por objeto la captura de especies subexplotadas. Lo mismo cuando se trata de los recursos migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) en alta mar, porque la Argentina en los artículos 4º, 5º y 21º a 23º de la citada ley se reservó el derecho de regular y conservar. Pese a esto, la Autoridad de Aplicación no administra adecuadamente y buques del Estado chino pescan en aguas argentinas y en alta mar los recursos migratorios argentinos originarios de la ZEE, con la complacencia de la Subsecretaría de Pesca, del Consejo Federal de Pesca y, en lo que le atañe, como responsable de la política exterior del Atlántico Sur, la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería Argentina.

Esta repartición nunca entendió lo que Lord Shackleton ya había dicho hace 47 años, la riqueza no está en las Malvinas, sino en el Atlántico Sur que las rodea; ni que los chinos, se llevan nuestros recursos.

Nos referiremos a cuatro formas que demuestran que los buques pesqueros chinos se están apropiando de nuestros recursos pesqueros con la complacencia argentina e, incluso, en muchos casos, con habilitación de la Autoridad de Aplicación. La primera, es el otorgamiento de permisos de pesca a buques chinos destinados a empresas del Estado chino radicadas en la Argentina. La segunda, comprando empresas habilitadas para la pesca en la Argentina; la tercera, apropiándose de los recursos migratorios originarios de la ZEE Argentina en alta mar y, la cuarta, la pesca de buques chinos y otras nacionalidades en las aguas argentinas de Georgias del Sur con permisos otorgados por la Convención para la Conservación de los Recursos Marinos Antárticos (CCRVMA).

Respecto a la primera, según nos informa el medio especializado más importante del mundo, Seafood Media Group (09/08/2023): «el 7 de agosto de 2023 la oficina agrícola y rural del distrito de Jiangbei, de la ciudad de Ningbo, provincia de Zhejiang, anunció que el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales autorizó el barco pesquero Yongfa Nº 8 de la empresa Ningbo Yongfa Ocean Fishery Co. a ingresar a la ZEE Argentina. Según Wu Mengnan, gerente general de la citada empresa que compró este gran barco de pesca de calamar llegó a un acuerdo de cooperación con Argentina para obtener cuotas de calamar. Una vez que el proyecto se ponga en producción, espera capturar 2.000 toneladas de calamar al año, con un valor de producción de 5,5 millones de dólares, donde el 90% de las capturas se enviarán de regreso a China» (Guo Shuang/Chinanews). Rara esta afirmación gerencial que parece devolver a China un calamar que es argentino y si bien no pudimos constatar la información en las Actas del año 2023 del Consejo Federal Pesquero, sí pudimos ver como se degrada la pesca cuando este cuerpo encargado de fijar la política pesquera, lo preside un director de Fiscalización (Actas 17 a 23), en lugar del Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca como fija la ley o, su delegado el Subsecretario de Pesca.

Los chinos no son una novedad en la Argentina, la mayoría de los poteros que integran la Cámara de Armadores Poteros Argentinos (CAPA) que agrupa una flota de 65 buques pesqueros, que “capturan más del 90% de la extracción total argentina”, que en 2022 capturaron 167.110 toneladas del calamar Illex; aunque, muy por debajo de lo que se capturaba hace 25 años (233.000 tn), lo que seguramente está influido por la pesca en alta mar.

Son barcos en su mayoría de origen chino y que, en gran parte, pertenecen a empresas del Estado chino y que pese al nombre de la Cámara, está integrada por un 68% de buques de empresas asiáticas (mayoritariamente chinas), 18% españolas y solo el 14% argentinas.

La segunda. Son varias las empresas adquiridas total o parcialmente por China en la Argentina y aquí debemos recordar que las empresas chinas no son privadas, pertenecen al Estado chino. Entre las principales exportadoras argentinas (2019) de este origen encontramos el Grupo Fenix; Arbumasa S.A. del grupo Dalian Huafeng Acuatic Prod Co. Ltd; Ardapez; Conarpesa, a partir de la adquisición de un porcentual importante de su paquete accionario por parte de la española Wofco integrada con capitales chinos; Altamare de Shanghai Jinyou Deep Sea Fisheries Co., etc., con exportaciones del orden de los 280 millones de dólares anuales. China, por otra parte, está entre los cinco principales países importadoras de productos pesqueros argentinos (2021), aunque con U$S 3.700/tonelada, es la más baja respecto a los cuatro países restantes. Una fórmula que evita la intervención del Congreso para capturar con empresas extranjeras en la ZEE Argentina que debe revisarse.

La tercera. Son más de 300 buques chinos que pescan en alta mar los recursos migratorios originarios de la ZEE Argentina, de los cuales, unos 270 son poteros y otros 30 arrastreros, que se estima se deberían estar llevando en la temporada del Atlántico Suroccidental 1.440.000 toneladas de calamar; a las que deberíamos agregar las capturas de 24 buques españoles, 19 buques españoles-británicos (Malvinas), 45 buques coreanos y 70 taiwaneses, en alta mar y Malvinas.  

Como resultado de los estudios de Science.org (Katherine Seto y colab.) se determinó que, “mediante sistemas satelitales, se detectan las luces de buques poteros en el océano durante la noche. Mediante esta información se estimó el esfuerzo de pesca, verificándose un aumento en el esfuerzo de pesca de calamares del 68% durante 2017-2020. La cantidad total de esfuerzo de estas embarcaciones en las cuatro regiones observadas aumentó de 149.000 días en 2017 a 251.000 días en 2020, de los cuales, un 61/63% no transmitían mediante sistemas de identificación automática (AIS)”. (Seafood Media Group, 14/03/2023).

A todo ello, ni la Cancillería Argentina, la Secretaría de Malvinas o la Subsecretaría de Pesca denunciaron a esta pesca como ilegal. Tampoco efectuaron ninguna denuncia ni aplicaron sanción alguna a los buques extranjeros que pescan en Malvinas, cuya principal especie es el calamar Illex argentinus y Loligo, violándose la ley 24.922 y 27.564. Ante la imposibilidad de controlar esta última área por parte de Argentina, correspondería dictar una Ley de emergencia pesquera y ambiental alrededor de Malvinas.  

Los funcionarios no parecieran comprender que el calamar es una especie estratégica en el Atlántico Suroccidental y su administración adecuada, permitiría terminar con la pesca ilegal en alta mar y con el sustento de los británicos en Malvinas. La logística que le presta Uruguay en Montevideo es central para dar sostén a esta actividad ilícita. Para ello, el gobierno argentino tiene que empezar a entender que, como venimos denunciando, la pesca en alta mar, en la forma que se viene realizando, es ilegal (INDNR).  

La pesca en alta mar es ilegal porque los Estados de pabellón no controlan presencialmente los buques de su bandera; no se realizan investigaciones en alta mar para determinar las capturas máximas sostenibles, por lo que toda captura se presume depredadora y, por que dañando intereses de terceros ―ya que el ecosistema es uno solo (ZEE-Alta Mar)― los Estados de pabellón deben acordar la explotación con los Estados ribereños (Argentina, Brasil y Uruguay), desde donde migran a alta mar los recursos pesqueros de las respectivas ZEE, para que la distribución de la pesca sea equitativa y sostenible. Para terminar con esta pesca ilegal el gobierno debe comenzar por denunciarla ante los organismos multilaterales, con todos los elementos de prueba puestos a su disposición (César Lerena “La pesca ilegal y expoliación de los recursos migratorios de Latinoamérica y el Caribe”, 2023), los disponibles en la Armada Argentina y la Prefectura Nacional y, ahora la Auditoría Interna de la Nación al DINARA del Uruguay.

A todo esto, se agrega el interrogante y, el gobierno debería verificarlo, si los buques chinos al dar de alta la bandera argentina han dado de baja su bandera del registro correspondiente de China, ya que de otro modo ―como se ventila en los ambientes portuarios― no estarían pagando derechos de importación en China de los productos extraídos de Argentina; como tampoco lo hacen los buques que pescan en alta mar, en una evidente competencia desleal con el resto de las exportaciones argentinas a ese país. Aquí el gobierno debería investigar al respecto y, si ello se confirmara, agregarle a esas embarcaciones el valor equivalente a los aranceles de ingreso a China o compensar económicamente a los buques que deban pagar derechos en los países asiáticos. Otro tanto, podría estar ocurriendo con los buques coreanos, taiwaneses o japoneses.

La cuarta, son las capturas de buques chinos en las aguas argentinas de Georgias del Sur con permisos otorgados en el marco de la CCRVMA, pese a que la Argentina es miembro activo y las autorizaciones se otorgan por consenso. No podemos perder de vista que, no obstante, que las Georgias son argentinas, integran la subárea 48.3. de la Convención, por lo cual, no se entiende por qué la Secretaría de Malvinas y el diplomático afectado a esta función, presta consentimiento para la pesca de merluza negra y krill en las Georgias, donde (y también en el Área 48.1) barcos chinos ―ahora el buque pesquero Shen Lan (BZVK5)― extraen 47.605 toneladas de Krill (2021) y también Noruega ―que tiene relaciones pesqueras en el Atlántico Norte con el Reino Unido― captura unas 241.000 toneladas y durante el año pasado el Reino Unido autorizó sin consenso la pesca de 4 buques con bandera de Santa Helena, de la Armadora Noruega Ervik Havfiske. La Argentina no puede seguir dando consenso para pescar en Georgias y no debería esperar que Rusia, sea quien niegue la autorización, como ocurrió con estos cuatro buques de Santa Helena, fundando en que “la pesca en Georgias es insostenible porque tiene una media del 25% de peces inmaduros”. Evidentemente, como también respecto a Malvinas, tampoco el gobierno tiene políticas para cuidar el territorio marítimo y sus recursos pesqueros de Georgias.

Los chinos están tirando por la calle del medio, mientras el gobierno argentino hace la vista gorda”.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (Fundada el 21/10/2002), Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL (Fundada el 02/04/1989).

Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021) y de “Pesca Ilegal y Recursos Pesqueros Migratorios Originarios de los Estados Ribereños de Latinoamérica y El Caribe” (2022).