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LA NEGRA PUDRICIÓN DE LA MERLUZA

César Augusto Lerena*

La detención casual del buque Tai An capturando y procesando ilegalmente “Merluza Negra” es solo la punta del iceberg de la falta de control y transparencia en la Administración Pesquera. No hay regulación ni control adecuado de las especies migratorias originarias de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) Argentina en alta mar; tampoco en las aguas argentinas de la ZEE o en la explotación ilegal del Reino Unido de Gran Bretaña en Malvinas. La cuestión no se limita a una violación de la ley del empresario chino Liu Zhijiang, titular de la empresa PRODESUR SA, que le indicó al capitán de su barco que pescase Merluza Negra sin disponer de cuota y además capturar y procesar un 55% de juveniles; es decir, ejemplares de menos de 90 cm que no han alcanzado la primera madurez sexual para reproducirse, cuando tienen unos 9/10 años (peces marinos de Argentina, INIDEP, 1999) y asegurar a perpetuidad la sostenibilidad de esta especie y de las que intervienen en su cadena alimentaria en el ecosistema.

Este no es un hecho aislado, es solo un “caso testigo” del descontrol que impera en la pesca y, son muchos los responsables anteriores y actuales, en el campo privado y público.

La política. La Ley 24.922 (1998) está vetusta; propicia el extractivismo, no promueve una administración sostenible y sustentable al no regular sus tres ejes principales: la investigación, la conservación (control) y la distribución equitativa, ni se afecta a éstos los recursos económicos derivados de los derechos de captura. Además no se ha llevado adelante ninguna acción respecto a la pesca en alta mar de los recursos migratorios originarios de la ZEE. ¿Cómo puede otorgar el Consejo Federal Pesquero (CFP) permisos para pescar en la ZEE a empresas del Estado chino mientras buques igualmente del Estado chino pescan ilegalmente los recursos migratorios argentinos en alta mar? Y, ¿cómo el CFP admite la radicación en la Argentina de empresas de capital español mientras otras de la misma nacionalidad pescan ilegalmente en Malvinas? El CFP debe reformularse para asegurar un manejo cristalino y equitativo de los recursos. Modificarse y modernizar la ley.

Sin embargo, no confundamos, el proyecto de modificar la ley por parte del actual gobierno hubiese agravado el descontrol de la actividad a partir de extranjerizar la explotación de los recursos en la ZEE; no exigir el desembarco en los puertos nacionales; no requerir ninguna antigüedad a los buques (el buque Tai An tiene 43 años) ni tripulación argentina, lo que hubiera agregado más evasión y trabajo esclavo. Aparecen como responsables quienes han defendido este proyecto que agregaba además de un atraso de 100 años más caos al actual: la Canciller Diana Mondino, el ex presidente del Banco Central Federico Sturzenegger y el Diputado Bertie Benegas Lynch, son aún promotores de la liberación del mar y de la reforma de la Ley Ómnibus. Están ajenos a la preocupación mundial de cuidar la soberanía de sus mares y ríos troncales.

La Autoridad de Aplicación. Son responsables del descontrol todos los secretarios de Agricultura, Ganadería y Pesca (hoy de Bioeconomía) que delegaron en el Subsecretario de Pesca su condición de Autoridad de Aplicación. Igualmente son responsables los subsecretarios que presiden el Consejo Federal Pesquero (CFP) que demostraron su incapacidad para establecer la política pesquera, conforme establece la ley. En este caso de la pesca ilegal de Merluza Negra, el secretario Fernando Vilella, el subsecretario Juan Antonio López Cazorla y el director de Fiscalización Pesquera Julián Suárez, quienes violaron la ley Pesca (24.922, art. 7º; 17º; 20º; 21º; 23º; 27º; 28º; 32º; 49º; 55º a 62º) y en particular el 55º cuando no se exigió el inmediato destino a puerto del buque infractor y, debería confirmarse, si fue Vilella quien ordenó no cumplir la exigencia de la ley; aunque ello no deslindaría la responsabilidad de López Cazorla, quién como presidente del CFP no pudo admitir presión alguna.

El 14 de septiembre de 2023 la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca anunciaba pomposamente: “El Certificado de Trazabilidad de Transacciones Comerciales y el Parte Final de Producción a bordo de Merluza Negra (Disp SSPyA 186/2022) permitirá consolidar internacionalmente las exportaciones desde nuestro país” y, continuaba “la Argentina se encuentra a la vanguardia en materia de gobernanza y administración pesquera. Ha sido reconocida a nivel internacional por Chile, Japón y la Unión Europea”. ¡Alicia en el País de las Maravillas! con un descarte del 30% (INIDEP, FAO, AGN), prohibidos en Argentina en 1998 y en la Unión Europea en 2004 no pueden admitirse más. Mucho marketing y una Administración poco transparente y eficaz y un empresariado que no está a la altura del mundo moderno que exige el cuidado del medio marino y la pesca.

La Cancillería. No encontramos ninguna razón para que un representante de este Ministerio integre en forma permanente el CFP; diplomáticos que, en todo caso, debieran intervenir en cuestiones vinculadas a las explotaciones pesqueras en las aguas de Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y en los espacios marinos relacionados a la Convención de los recursos vivos marítimos antárticos. Flojos de papeles en estas materias.

La Canciller Diana Mondino y la secretaria de Malvinas Paola Di Chiaro, al igual que los funcionarios de Agricultura, Ganadería y Pesca y el CFP, deberían explicar porque no aplican la Ley 24.922 y 27.564 y sancionan a los buques taiwaneses, coreanos y españoles-británicos que pescan ilegalmente en Malvinas los recursos pesqueros argentinos comprometiendo la sostenibilidad de todo el ecosistema. No se puede garantizar sostenibilidad de los recursos en la ZEE sino se acciona sobre estos buques y se han llevado, a un promedio de 250.000 toneladas por año, unas 11.750.000 por un valor estimado en 47 mil millones de dólares.

Ahora, no se entiende por qué la Canciller Mondino habría designado, además de Coordinador del Ministerio de Relaciones, representante ante el CFP (un asiento habitualmente ocupado por diplomáticos) a quien sería su sobrino político Pablo Ferrara, un abogado que carece de todo conocimiento marítimo y pesquero, quien habría sido quien presionó al referido director Suárez. Sobre esto nos formulamos las siguientes preguntas: ¿puede un funcionario de menor jerarquía de Cancillería impedir por sí la acción de un Secretario de Estado como Vilella o fue una orden de la Canciller? ¿Cuál sería la motivación para impedir el método de control de un buque pesquero que se presumía que estaba realizando pesca ilegal? ¿Hay algún vínculo entre la pesca ilegal que realizaba el buque Tai An con la pesca igualmente ilegal de esta especie que realizan sus nacionales chinos en alta mar y con otros buques en Malvinas? ¿Forma parte de la política de liberar el mar?

Economía. Dos nombres de Toto Caputo suenan para integrar el CFP. En otro momento no hubiese sido mejor noticia que Economía se interese por la pesca. Hoy es distinto. Ya no importa si saben o no de la materia, la cuestión pareciera ser desregular el mar y, ¿el sector? mandando notas o visitando diputados. Atrasan.

La empresa Prodesur y las empresas. No somos ingenuos. Al margen del gravísimo daño del ecosistema que una empresa provoca si captura sin cuota Merluza Negra y el daño económico que le podría provocar este hecho a quienes sí disponen de cuota para pescarla, hay una cuestión de intereses: 3.700 toneladas anuales otorgadas a tres empresas nacionales de capital extranjero Argenova, Estremar y Pesantar, un negocio de entre 70 y 90 millones/año. No es frecuente que empresas pesqueras concesionarias denuncien a otras, por aquello de que “quien esté libre de pecado que tire la primera piedra”. La detección de irregularidades debiera estar en manos del gobierno; pero, no obstante, las empresas y las Cámaras empresarias debieran promover y contribuir en la regulación y con sistemas, que den mayores garantías de sostenibilidad, sustentabilidad, equidad y transparencia al conjunto de la actividad. Por ejemplo, es fácil evaluar, que 5 toneladas de Merluza Negra son más valiosas que 50 toneladas de Surimi, para lo que estaba autorizado el buque Tai An; por lo cual la captura de Merluza Negra, más que pesca incidental es una pesca objetivo. ¿A quién se le pasa por alto esto?

El portal de Prodesur dice: «el buque captura y procesa especies como Merluza Negra…haciendo una explotación sustentable de los recursos marinos». Es obvio que la captura de Merluza Negra era una pesca objetivo y no incidental, salvo para la Autoridad de Aplicación y el resto de las empresas.

Por otro lado, porqué las Cámaras no le exigen al gobierno que vea si hay buques en la Argentina con doble registro que les evita pagar derechos de importación, por ej. China o porqué hay empresas de nacionalidad china y otras que facturan por debajo del valor internacional. La autogestión, los planes HACCP, las Certificaciones, son un marketing caro que nos genera dependencia. Ellos nos dirán quién exporta y a qué precio.

Los gremios. No pueden seguir admitiéndose pagos en negro ni “coparticipaciones” que distorsionan en favor de unos pocos los salarios de los trabajadores y oscurecen costos y utilidades empresarias en la actividad.

La Prefectura Naval Argentina. ¿Quién se ocupa de la seguridad en el mar? El portal de esta Institución indica: “Autoridad Marítima; cumple funciones de policía de seguridad de la navegación; protección ambiental; policía judicial; auxiliar pesquera; aduanera; migratoria y sanitaria”. ¿Dónde estaba la PNA para preservar el medio marino y la sostenibilidad de las especies cuando el buque Tai An pescaba ilegalmente Merluza Negra? Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea consideran a la pesca ilegal desde 2014 un problema de seguridad nacional y, la pesca argentina, ya tiene antecedentes de narcotráfico, en 1988 la operación langostino (600Kg de cocaína); en 2005 pez blanco (500Kg); en 2006 merluza blanca (387Kg); en 2013 langostino (110Kg); en 2015 calamar (49Kg). Si la prefectura no puede controlar la pesca ilegal dentro de la ZEE, a los transbordos y en la plataforma continental extendida argentina más allá de las 200 millas evitando la pesca de arrastre de fondo por parte de buques extranjeros, hay que transformarla en una fuerza capaz de hacerlo. Hoy no lo hace ―por más spots de TV― y, el caso testigo “Merluza Negra” se muestra su ineficiencia e ineficacia.

Los observadores e inspectores. ¿Dónde estaban o a quién respondían? No es posible pescar 163 toneladas de Merluza Negra en un solo lance. ¿No sabían estos funcionarios que el buque no tenía cuota y que se capturaban juveniles? ¿Tal vez confundían la especie o no estaban capacitados? En los ambientes portuarios se dice que “el sistema funciona de otra forma”, como suele ocurrir en la inspección de un local, pero en el mar.

SENASA, AFIP y Aduana. El día que se crucen los partes de pesca, se inspeccionen a “cara de perro” los desembarques y no haya sustituciones o las balanzas estén desequilibradas, los transportes, los ingresos a las plantas procesadoras o los transbordos, se controlen en serio los stocks de cámaras, se analicen los rendimientos de productos terminados a bordo y en tierra, las materias primas que circulan por plantas fasoneras y cooperativas, los consumos internos y la exportación y, todos los productos circulen certificados, las estadísticas serán otras. En este caso, de la Merluza Negra, pero también importante es la relación merluza común-langostino; SENASA ya debería estar coordinando un operativo conjunto de los tres organismos para verificar las toneladas de Merluza Negra que están depositadas en las Cámaras Frigoríficas y cuántas de éstas tienen una talla superior a 90 cm.

A SENASA y a las delegaciones de la Subsecretaría de Pesca habría que agregarle que su descrédito y la falta de confianza internacional en estos organismos genera la dependencia del país en certificadoras extranjeras.

El pescado se pudre por la cabeza. Todo está por hacerse, que sea antes que se lo lleven otros.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). Presidente de la Fundación Agustina Lerena. www.cesarlerena.com.ar

RUSIA, OCCIDENTE Y EL TERRORISMO

Roberto Mansilla Blanco*

Imagen: © Sputnik / Maksim Blinov

«La peor matanza terrorista en dos décadas en Rusia». Así resumen prácticamente todos los medios internacionales el atentado terrorista suscitado durante un concierto en Moscú este 22 de marzo, con hasta los momentos aproximadamente 135 fallecidos, cifras que muy probablemente seguirán creciendo en las próximas horas.

Tras este atentado vinieron las inmediatas reacciones. Una facción del Estado Islámico (Daesh en árabe; ISIS en inglés) denominada del Gran Khorasán (ISIS-K) asentada en Afganistán se atribuyó la autoría del mismo. No obstante, el recientemente reelecto presidente ruso Vladímir Putin asegura existir una presunta pista ucraniana (y quizás también exterior) detrás del mismo prometiendo «venganza», un tono muy similar al que había empleado en el pasado contra los terroristas chechenos.

Desde Kiev niegan obviamente esta implicación toda vez que atribuyen este atentado a los precedentes de los propios servicios de seguridad rusos, haciendo un paralelismo con los atentados de agosto de 1999 en el sur de Rusia (que causaron más de 300 muertos), poco después de la llegada de Putin al poder, en este caso como primer ministro. El Kremlin culpó entonces a los terroristas chechenos. Muchos especulan sobre la presunta autoría del FSB ruso en esos atentados para justificar una segunda fase de la guerra en Chechenia.

El Kremlin sigue manejando a Kiev como la principal línea de investigación detrás del atentado. La portavoz del gobierno ruso María Zajárova criticó a Washington de no otorgar la información suficiente en el momento de advertir sobre esta posibilidad de atentado terrorista. No obstante, a comienzos de marzo los servicios de inteligencia estadounidenses advirtieron al FSB ruso de la posibilidad de un atentado terrorista en Moscú, indicando incluso la pista del ISIS-K. Putin calificó esta advertencia de «chantaje».

Con todo, el atentado en Moscú evidenciaría igualmente la vulnerabilidad de la seguridad interna en Rusia, con el foco ahora concentrado en la imagen del presidente ruso y en la eficacia de sus servicios de inteligencia. Tras ocurrir el atentando, Washington se apresuró a enviar condolencias. Incluso la propia viuda de Aléxei Navalny se sumó a las mismas. En Europa, el presidente Emmanuel Macron y la presidenta de la Comisión Europea Úrsula von der Leyen aparcaron momentáneamente su ardor belicista contra Rusia para expresar también su solidaridad pero enfatizando el mensaje hacia el «pueblo ruso» y no su gobierno, un factor clave que evidencia notoriamente los intereses detrás de la actual coyuntura.

La pregunta es: ¿a qué obedece esta inesperada reaparición del Estado Islámico (ahora con esta facción ISIS-K) con un atentado en un país en guerra como Rusia? ¿Por qué ahora en un momento en que Rusia ha demostrado capacidad suficiente para resistir la embestida de las sanciones occidentales y del esfuerzo bélico en Ucrania? ¿Qué tanto sabía Washington del atentado? ¿Retrotrae esta perspectiva la validez de esas informaciones sobre la presunta implicación de los servicios de inteligencia estadounidenses y de sus aliados en la irradiación del yihadismo internacional con fines claramente geopolíticos?

No debemos olvidar que Rusia siempre fue un objetivo del yihadismo, particularmente por la presencia de numerosas comunidades musulmanes dentro de la Federación rusa pero también en Asia Central y el Cáucaso. Explotar este factor, especialmente en etnias como la tadyika, kirguiza, chechenos, daguestaníes o tártaros, particularmente en lo relativo a sus relaciones con la predominante etnia rusa, siempre fue un instrumento clave para los objetivos yihadistas a la hora de recrear descontento y malestar hacia Rusia dentro de estas comunidades islámicas.

Por otra parte se puede intuir que el ISIS desee atacar como una reacción a la intervención militar rusa en Siria desde 2015 que permitió al régimen de Bashar al Asad recuperar posiciones militares y mantenerse en el poder precisamente derrotando al Daesh. No obstante era vox populi en los centros de poder sobre la ralentización menguante y la pérdida de capacidad de actuación y amenaza de este movimiento integrista en Oriente Próximo, particularmente en el territorio entre Siria e Irak.

Esa sensación de fracaso del yihadismo también se observa en el Cáucaso ruso, en particular ante la desaparición del efímero Emirato del Cáucaso y la neutralización y pacificación rusa del irredentismo checheno; a tal punto es evidente que fuerzas chechenas luchan del lado de las rusas en Ucrania. Y si bien es cierto que los talibanes volvieron al poder en Afganistán en 2021, el ISIS-K lucha contra este régimen intentando expandir la posibilidad de renovación del integrismo yihadista hacia Asia Central. El retorno Talibán al poder tuvo precisamente en Rusia y China a sus principales benefactores políticos y diplomáticos, toda vez la retirada occidental de Afganistán significó un notorio triunfo geopolítico para Moscú y Beijing.

Por otra parte habría también que atender al contexto actual ruso-occidental para intentar observar qué otras razones pueden estar detrás de este inesperado retorno del terrorismo yihadista. En medio de una guerra ucraniana en fase de estancamiento para los intereses occidentales, con un equilibrio militar mucho más favorable a Rusia (horas antes del atentado la aviación rusa realizó el ataque más contundente contra instalaciones energéticas ucranianas) y un Putin políticamente reforzado dentro de Rusia, perspectiva en la que Occidente ya interpreta su aparente imposibilidad para apartarlo del poder, el atentado terrorista en Moscú podría ser interpretado y utilizado por Occidente como un instrumento que refleje la vulnerabilidad rusa para, por otra parte, implicar eventualmente la posibilidad de un «reseteo» dentro de sus agrias relaciones con Putin, incluso incentivando a otros interlocutores con presunta influencia dentro del Kremlin.

Así, el recurso del yihadismo terrorista como enemigo común puede instrumentalizarse ahora como una inesperada estrategia por parte de Washington para intentar reducir el nivel de tensión con Moscú, mirando siempre al temido contexto de difusión de la crisis ucraniana hacia un escenario nuclear. Más allá de su apoyo militar a Kiev y de las expectativas defensivas y militares europeas, Washington y la OTAN entienden que Rusia, lejos de estar derrotada en el terreno militar y resistiendo con fluidez a las sanciones occidentales, tiene capacidad para desequilibrar a su favor el conflicto ucraniano.

Lejos de ser un paria internacional como Occidente esperaba, Rusia está bien posicionada en sus alianzas en Asia (China, India, Turquía, Irán), África e incluso América Latina (Venezuela, Cuba, Nicaragua) La sociedad rusa, no menos condicionada por la propaganda del Kremlin, acaba de legitimar masivamente el mandato presidencial de Putin. Por otra parte, el Kremlin puede utilizar el atentado como un instrumento de justificación de una mayor militarización dentro de Rusia ante la fase expectante de una posible contraofensiva en el frente ucraniano y de un conflicto a gran escala contra la OTAN, tal y como observamos en la retórica belicista entre Bruselas, Washington y Moscú.

En este contexto gravita igualmente otro imperativo estratégico: la enésima tentativa de Washington para intentar «limar asperezas» con Moscú que eventualmente provoque un distanciamiento dentro de la alianza estratégica ruso-china, un eje euroasiático cada vez más consolidado, especialmente tras la guerra en Ucrania y las tensiones en torno a Taiwán, el Mar de China Meridional, el pacto «atlantista» AUKUS en Asia Oriental y la recuperación de Corea del Norte como aliado militar ruso. Romper esta ecuación estratégica sino-rusa es un imperativo para Washington y más cuando Beijing ha alcanzado capacidad suficiente para impulsar sendas iniciativas de negociación en Ucrania y también en Gaza.

Esta perspectiva geopolítica occidental de intentar alejar a Rusia de China puede tener una nueva dimensión en caso de que Donald Trump vuelva en noviembre a la Casa Blanca, tomando en cuenta las conocidas simpatías del ex presidente estadounidense por Putin y de sus intenciones de «resetear» el eje «atlantista» forjado por la Administración Biden al calor de la guerra ucraniana. Ese eje «atlantista» del que Trump quiere tomar distancia se vio reforzado por la reciente ampliación de la OTAN (Suecia y Finlandia) toda vez Europa adopta ahora un inesperado discurso cada vez más belicista.

Especulaciones aparte, tras este atentado difícilmente observaremos un inmediato cambio en las relaciones ruso-occidentales a favor de un clima de mayor entendimiento. La pista ucraniana del Kremlin implica también a Washington y Bruselas, lo cual reforzaría aún más esta atmósfera de tensión permanente ruso-occidental. Pero como sabemos, la política es el arte de todo lo posible. Está por verse si el atentado terrorista en Moscú puede implicar ese hipotético «reseteo» ruso-occidental o si, por lo contrario, reforzará aún más el actual clima de confrontación hacia escenarios inesperados y ahora con el terrorismo jugando en primera fila.

 

* Analista de geopolítica y relaciones internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), Magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) Colaborador en think tanks y medios digitales en España, EE UU y América Latina.

 

Artículo originalmente publicado en idioma gallego en Novas do Eixo Atlántico: https://www.novasdoeixoatlantico.com/rusia-occidente-e-o-terrorismo-roberto-mansilla-blanco/

GUAYANA ESEQUIBA: A TAN SOLO 15 DÍAS

Abraham Gómez R.*

Nuestro país debe conocer en detalles la determinación que tomará el jefe de Estado ―en definitiva― si se comparecerá o por el contrario la calificada delegación de expertos venezolanos no asistirá por ante la Corte Internacional de Justicia, el 8 del próximo mes de abril, adonde ha sido emplazada para que consigne el memorial de contestación de la demanda.

Hacemos una expresa advertencia ―de entrada— que es menester mencionar: en la fecha señalada, en el párrafo anterior, no termina el juicio y mucho menos habrá sentencia sobre este centenario pleito.

Apenas se formaliza la litis, en la fase postulatoria, entre las partes concernidas: la República Cooperativa de Guyana, en su condición de demandante (acción que interpuso el 29 de marzo de 2018) y la República Bolivariana de Venezuela, en tanto demandada, a la cual procesalmente le asiste el derecho de resistir y defenderse de la causa que cursa por esa Sala Jurisdicente.

Conforme a exhaustivas investigaciones jurisprudenciales, experiencias y comparación con casos controversiales similares, todavía queda “mucho camino” por recorrer; por cuanto, sigue la interesantísima etapa de pruebas (dentro de algunos meses más tarde) que vendría a constituir para nosotros, tal vez, el evento procesal más significativo, importante y favorecedor; donde tendremos la ocasión de mostrar y demostrar todo el acervo que nos asiste, desde el punto de vista jurídico, histórico, cartográfico etc.

El ciclo de pruebas entraña un extraordinario escenario y oportunidad para exponer ante tan digno Jurado Juzgador y con proyección a la comunidad internacional, desde cuando es nuestra la disputada extensión territorial de 159.500 km2, ubicados al este de la geografía venezolana.

Con nuestra aportación afirmativa y eficaz ―que surtirá todos los efectos jurídicos― se sabrá, entonces, ¿qué contienen las alforjas que nos avalan y fortalecen la presencia venezolana  en un juicio de tamaña categoría y naturaleza; ¿así, además, por qué nos sentimos tan seguros con nuestros irrebatibles asideros, basamentados en los justos títulos traslaticios?

Le hemos dicho al país, muchas veces, que no hay nada que temer siempre y cuando el juicio transcurra y se lleve en justo derecho, con las aportaciones de los respectivos sujetos procesales.

Posteriormente, La Sala establecerá un compás de espera de aproximadamente un año, para volver a citar a las Partes para que formulen sus precisas alegaciones.

Exactamente, tal acaecimiento conformará otro momento para que nuestra delegación se luzca plenamente; dadas las propicias circunstancias para explayar todos los pormenores de cómo nos arrebataron con vileza y alevosía el inmenso espacio geográfico que heredamos (y por lo tanto se le atribuye intangibilidad por principio del Derecho Internacional) desde la conformación de la Capitanía General de Venezuela, el 8 de septiembre de 1777, mediante la Real Cédula de Carlos III y ratificado en el notable e histórico “Tratado de Paz y Amistad” suscrito entre España y Venezuela, el 30 de marzo de 1845, en cuyo escrito nos reconocen la Independencia y la extensión territorial que poseíamos antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810.

A partir de los documentos que nos respaldan jurídicamente, arriba precitados, cabe una acuciante pregunta.

¿Tendrá la delegación guyanesa argumentos para rebatirnos o contrariar las históricas acreditaciones, absolutamente comprobatorias (iuris et de iure – de pleno derecho), que no tienen la menor posibilidad de presunciones, donde ha quedado registrado para la posteridad la legítima propiedad de Venezuela sobre la Guyana Esequiba y su proyección atlántica?

Sospechamos que quizás, la contraparte insista en el írrito y nulo Laudo Arbitral de París del 3 de octubre de 1899 y con la añadidura de la tramposa y abusiva demarcación de 1905. Por cierto, a ambos elementos aspira la excolonia británica, lo siguiente: primero que Venezuela acepte como “válido y vinculante” el forcluído “laudo” y luego que la Corte le dé la categoría de “cosa juzgada” a la tratativa perversa perpetrada contra nuestro país hace más de un siglo.

Frente al menor asomo de esa tropelía, nos reservamos para la dúplica de contestación, cuando haya lugar, que tanto el “laudo” por adefesio como la presunta demarcación quedaron rechazados cuando se suscribió y ratificó el Acuerdo de Ginebra, el 17 de febrero de 1966, único documento ―en la actualidad — con pleno vigor jurídico para todo lo concerniente al presente asunto litigioso.

Entendemos que la sentencia o el fallo definitivo de la Corte estaría pautado para dentro de dos o tres años, una vez que se hayan cumplido con todos y cada uno de los trayectos procesales, conforme al Derecho Internacional Público y en acatamiento al Estatuto de tan Alto Tribunal.

Deseo dejar sentado una vez más ―lo que ya es del conocimiento público― que la Política Exterior de nuestro país, según el artículo (236) de la Carta Magna, es una atribución de reserva constitucional del jefe de Estado; por consiguiente, le corresponderá al señor presidente determinar con inteligencia y a consciencia lo que mejor convenga al presente y futuro de la restitución para Venezuela de la controvertida extensión territorial.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV). Asesor de la Comisión de la Asamblea Nacional por el Esequibo y la Soberanía Territorial.