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SALIR DE LA GUERRA EN EUROPA DEL ESTE: EL PLAN DE PAZ Y LAS DECISIONES QUE NUNCA DEBIERON HABERSE ADOPTADO

Alberto Hutschenreuter*

En sus puntos esenciales, el plan de paz de 28 puntos que intenta detener la guerra ruso-ucraniana no ofrece demasiadas sorpresas. Su principal impulsor, el presidente Trump, antes de convertirse en mandatario ya se refirió al esfuerzo que tendría que hacer Ucrania para salir de la confrontación. Más todavía, tras su asunción, en enero pasado, advirtió que Kiev podría sufrir mayores pérdidas territoriales de no aceptar la situación en el terreno.

Lo relativamente novedoso es que hoy Ucrania afronta múltiples debilidades en relación con un año atrás o menos. Consideremos las principales.

En el frente militar, las fuerzas ucranianas no han podido detener el avance de los soldados rusos. Si bien ese impulso ha sido lento y con un costo humano muy alto, a la ventaja que supone para este país la capacidad de reclutamiento (que hoy podría estar disminuyendo), hay que agregar la consolidación de la adaptación de Rusia a la guerra, la producción de la industria militar y el incremento de los ataques con drones, la nueva modalidad de la guerra que, como sostiene George Friedman, está dejando atrás su modo de confrontación militar basado en el concepto de masa, es decir, gran número de tanques, tropas, entre otras capacidades.

Con la pronta llegada del frío y las lluvias, todas las dificultades que afronta Ucrania en el terreno se multiplicarán, particularmente las relacionadas con la logística, pues el avance ruso tras la captura de la ciudad de Pokrovsk, un importante centro logístico en la zona oriental del Donetsk, podría crear bolsones (la especialidad rusa en batallas) en los que queden más expuestos o directamente atrapados los soldados y equipos ucranianos. En tanto, en la región nororiental, los rusos continúan avanzando hacia las ciudades de Kupiansk y Lyman, las que durante 2022 Ucrania recuperó de Rusia.

En el frente interno de Ucrania, los problemas humanitarios y socioeconómicos se profundizaron como consecuencia del esfuerzo bélico. Los millones de ucranianos que descendieron a la pobreza superan a los millones que abandonaron el país desde 2022. Según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) de febrero de 2025, casi 13 millones de personas necesitan asistencia humanitaria urgente en Ucrania, hay más de 3,6 millones de personas desplazadas dentro de Ucrania y cerca de 7 millones de ucranianos refugiados y solicitantes de asilo en diferentes partes del mundo.

En el nivel gubernamental, las repetidas situaciones de corrupción han llevado a que en el país exista casi un «estado de corrupción» más que «casos de corrupción». Basta considerar que por la corrupción han tenido que marcharse los ministros de Energía, Justicia y Defensa.

Como bien considera el británico Ian Proud, ex Consejero Económico de la Embajada británica en Moscú, con las elecciones en pausa, en Ucrania existen menos controles y contrapesos constitucionales sobre el poder de los oligarcas que antes de la guerra. Por ello, hay quienes sostienen que poner término a la guerra y cortar el flujo de dinero facilitaría a los próximos dirigentes reorientarse hacia la adhesión a la Unión Europea.

En relación con ello, y específicamente a raíz del escándalo que se produjo como consecuencia de la malversación de fondos y sobornos en la compañía estatal de energía nuclear, no fue casual que el canciller alemán se refiriera recientemente a la creciente preocupación europea sobre la corrupción.

A estas situaciones comprometedoras para Ucrania, hay que considerar también que la concepción estratégica estadounidense en tiempos de Trump guarda propósitos relativos con el «reparto de cargas» entre los socios estratégicos occidentales, es decir, que los europeos asuman sus responsabilidades financieras en materia de defensa y en materia de conflictos intra-continentales; y con la «resignificación de zonas estratégicas» por parte de Washington, es decir, la prioridad de Estados Unidos no se encuentra tanto en la placa geopolítica del este de Europa, salvo en temas geoeconómicos que se extienden al Asia central, sino en las placas de Oriente Medio-área del golfo Pérsico y la del Pacífico-Índico, donde residen cuestiones relativas con negocios, mercados, tecnología, alianzas, neo-contención múltiple a China, entre otras.

El plan de paz sin duda es controvertible, pues se acerca demasiado a un estatuto de capitulación militar y geopolítica que prácticamente deja a Ucrania sin margen de acción.

En un reciente artículo, el especialista estadounidense Thomas Friedman considera el plan como una traición flagrante a los aliados y a los valores de Occidente. Advierte que si finalmente el plan es impuesto a Ucrania, sus impulsores vivirán en la infamia como sucedió con Neville Chamberlain, el primer ministro británico que defendió una política de apaciguamiento, cuyo objetivo era evitar la guerra con la Alemania nazi. Para ello, en la Conferencia de Múnich de 1938, junto con otros dirigentes europeos, se entregó a Hitler una parte del territorio de Checoslovaquia.

Sabemos cómo siguió la historia. Friedman tiene razón, claro. Lo que no dice es que desde que Hitler llegó al poder en 1933, Alemania fungió como un dique de contención para Francia y Reino Unido, los garantes de la seguridad europea, ante el verdadero peligro para Europa: el comunismo soviético. Cabe preguntarse entonces, ¿valores o intereses? Por demás pertinente resulta aquí la lectura de la obra del historiador británico Ian Kershaw, «Un amigo de Hitler. Inglaterra y Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial».

Los 28 puntos del plan de paz son, en gran medida, la respuesta a una decisión que nunca debió haber sido tomada: la de Ucrania cuando, apenas llegado al poder, el presidente Volodímir Zelenski desplegó una política exterior y de defensa que no admitía otras alternativas, esto es, convertir a Ucrania, a todo o nada, en un miembro de la OTAN.

Por supuesto que no se trató de una decisión que nació en el gobierno ucraniano. Se trataba de una política que venía desde hacía mucho tiempo atrás, en gran medida impulsada por las administraciones estadounidenses demócratas, para quienes Rusia nunca dejaría de ser un país geopolíticamente revisionista: del mismo modo que la URSS había sido un actor revolucionario que nunca detendría su lucha a nivel global, el «Estado continuador», Rusia, tarde o temprano volvería a plantear desafíos a Occidente. Porque para aquella fuerza política estadounidense y sectores de lo que en Rusia denominan la «Europa Popper» (en oposición a la «Europa Spengler»), Rusia desconoce la idea y práctica del «pluralismo geopolítico».

Por tanto, e independientemente de quién se encontrara en el poder, contenerla (o neocontenerla) en sus propios lindes era la manera de neutralizar a Rusia. En varias oportunidades la Alianza Atlántica se refirió a la inclusión de Ucrania en su seno. En 2008, uno de los años estratégicos en lo que llevamos del siglo, en la cumbre de la OTAN en Rumania se aprobó una declaración sobre la futura ampliación de la OTAN a Ucrania y Georgia.

Pronto vinieron los hechos que derivaron en la anexión o reincorporación de Crimea a Rusia (otro momento estratégico), y a partir de entonces comenzó otra de las causas profundas de la guerra en Ucrania: los enfrentamientos, tras el fracaso de los acuerdos de Minsk, en el este de Ucrania. Esta guerra sigilosa (en territorio europeo) fue casi determinante para que Moscú, cuando finalmente sus demandas relativas con alguna garantía de no ampliación de la Alianza y con la restitución de derechos a la población filo-rusa de Ucrania no fueron respondidas, decidiera poner en marcha lo que denominó «Operación Militar Especial».

Hasta ese momento, la «potencia institucional europea» tuvo la posibilidad de disuadir y persuadir a Ucrania de «bajar» su política de marcha inalterable hacia la OTAN. Pero no solo no lo hizo, sino que ni siquiera propuso algún modelo basado en un congelamiento o moratoria. Mucho menos lo hizo el gobierno demócrata en Estados Unidos (el actor primus inter pares en la OTAN), que en noviembre de 2021 continuó hablando en la misma Kiev sobre la futura ampliación de la OTAN a Ucrania. En este sentido, es muy atendible lo que ha dicho estos días el presidente Trump: «la guerra nunca habría ocurrido si él hubiese estado en la Casa Blanca en 2021».

En suma, la guerra tiene una génesis de cuño geopolítico y su salida necesariamente será en clave geopolítica. Por supuesto que aquí quedan relegados el multilateralismo y los grandes principios del derecho internacional. Pero, en rigor, fueron quedando al margen cuando su lugar fue ocupado por las silenciosos códigos e intereses de una geopolítica occidental que terminó por difuminar la necesaria seguridad indivisible en ese «cinturón de fragmentación» que es Europa del este. Ninguno de los estadistas y especialistas estadounidenses estuvo de acuerdo con la ampliación de la OTAN, desde el propio George Kennan hasta Henry Kissinger, pasando por Brent Scowcroft, Kenneth Waltz, John Mearsheimer, entre otros.

Según la experiencia internacional y la geografía a la que se pertenece, la geopolítica enseña que el mejor modo de ejercer la soberanía es no ponerla a prueba, a menos que el actor dispuesto a hacerlo cuente con la seguridad de que logrará vencer al que dejó más que en claro las consecuencias de ello.

 

* Miembro de la SAEEG. Su último libro, recientemente publicado, se titula La Geopolítica nunca se fue, Editorial Almaluz, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2025.

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EL ACUERDO CON ESTADOS UNIDOS ES UNA RENDICIÓN INCONDICIONAL

César Augusto Lerena*

Artículo publicado en Perfil

 

Los anuncios de la U.S. Mission Argentina el pasado 13 de noviembre no son un Acuerdo de Argentina con Estados Unidos sino una rendición incondicional; propia de una derrota argentina en el campo militar. Este Acuerdo afectará la autonomía, economía, desarrollo y salud argentina, solo equiparable a las condiciones económicas impuestas por el Reino Unido a la Argentina a través del Acuerdo de Madrid (1989/90) y la Ley 24.184 de protección y promoción de las inversiones británicas (1992), residuales de la guerra de Malvinas. De hecho, este Acuerdo ―accesoria o intencionalmente― beneficiará los negocios británicos en Argentina

Algunos comparan este Acuerdo con el infame Tratado Roca-Runciman, firmado en 1933; complementario del pérfido “Tratado de Amistad, Comercio y Navegación” firmado en Buenos Aires en 1825, pese al cual los británicos invadieron Malvinas en 1833; pero éste, aún leonino, se centró en las carnes, granos, carbón y beneficios a las empresas públicas en manos inglesas y, se mantenían relativamente estables las tasas de importación de productos desde el Reino Unido a Argentina y viceversa. Aunque parezca una formalidad, este se firmó en español e inglés, mientras que la actual orden norteamericana solo se hizo en inglés y la representación estadounidense aclaró, que se trata del único documento válido. Más prueba de imposición imposible. No hay opinión ello -ni la habrá por razones obvias- del cuerpo diplomático argentino.

Por el contrario, el denominado “Acuerdo” con Estados Unidos, fundado en “mercados abiertos” y en el marco de una “asociación económica más sólida y equilibrada”, no refiere que la Argentina tiene una balanza negativa con Estados Unidos de unos 2 mil millones de dólares, cifra que se acrecentará con el “acceso preferencial” que Argentina deberá brindar “a las exportaciones estadounidenses, incluyendo ciertos medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnologías de la información, dispositivos médicos, vehículos automotores y una amplia gama de productos agrícolas”, sin especificar límites ni condición alguna, mientras que Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos “sobre ciertos recursos naturales no disponibles” y productos no patentados para aplicaciones farmacéuticas. Es evidente el desequilibrio en materia de obligaciones y derechos.

Asimismo, ambos países se han comprometido a mejorar las condiciones recíprocas de acceso bilateral al mercado para la carne; a sabiendas que el tipo de carne que comercializa Estados Unidos, podría modificar el hábito de consumo de calidad de las carnes argentinas, cuyas consecuencias podrían ser significativas económica y, sanitariamente para los argentinos.

Además, Estados Unidos podría utilizar bajo pretexto de la “seguridad nacional”, incluyendo la protección de la economía nacional de ese país contra amenazas externas, la adopción de medidas comerciales; metodológicas y políticas -ajustes y prohibición de importaciones y/o aumento de aranceles e imposición de cuotas o cualquier otra acción que el Presidente considere apropiada-  en virtud de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, según enmienda (19 U.S.C. 1862); iniciar investigaciones a la importación de cualquier artículo, pudiendo utilizar los procedimientos que estime pertinente para la determinación requerida; por ejemplo, como ya ocurrió en Estados Unidos con la prohibición de importación de las carnes argentinas bajo pretexto de transmisión de la fiebre aftosa, a pesar de que esta enfermedad no es una Zoonosis, es decir, no se transmite a las personas según la WOAH (ex OIE) y la FAO ni por consumo de carne (cruda, cocida o procesada) ni por contacto con animales infectados.

Por el contrario, se le exige a la Argentina “desmantelar barreras no arancelarias que restringen el acceso a su mercado, incluyendo las licencias de importación, garantizando así condiciones más equitativas y el compromiso de no requerir formalidades consulares para las exportaciones estadounidenses hacia Argentina”. Además, se le requiere eliminar gradualmente la tasa de estadística para los productos estadounidenses; permitiendo, a su vez, “el ingreso (a la Argentina) de productos estadounidenses que cumplan con normas aplicables de EEUU o internacionales, reglamentos técnicos estadounidenses o procedimientos de evaluación de conformidad de EEUU o internacionales, sin exigir requisitos adicionales de evaluación”. Esto en materia alimentaria (cárnica, vegetal, aditivos, etc. incluyendo instalaciones) viola las leyes argentinas 3.959 de Sanidad Animal y su Decreto 4238/68 y modificatorios de Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal; además del Código Alimentario Argentino (Ley 18.289) y de todas las normas relativas al control y cuarentenas para evitar el ingreso de enfermedades zoonóticas y/o exóticas, poniendo en riesgo la salud de la población argentina; teniendo en cuenta, que más de 350 enfermedades se transmiten al ser humano a través del consumo de alimentos. Además, que los cambios en los hábitos alimentarios y dietéticos de los argentinos, como consecuencia de esa importación descontrolada, podría causar efectos negativos sanitarios y nutritivos y, muy importante, por el daño económico imponderable para el país y la quiebra del sector productivo e industrial argentino y consecuente desempleo.

Por otra parte, la ejecución de este Acuerdo con Estados Unidos habilitará automáticamente al Reino Unido de Gran Bretaña por aplicación de la Ley 24.184 que la habilita a adherir a las mejores condiciones otorgadas por Argentina a terceros países.

Además de ello, el Acuerdo no se limita a las partes, sino que actúa también en el comercio entre la Argentina y terceros países cuando refiere a que “reforzará la cooperación con Estados Unidos para combatir políticas y prácticas no orientadas al mercado por parte de otros países”, que podrían llegar a incidir sobre el comercio argentino con los países integrantes del BRICS, incluso el MERCOSUR y eventualmente el Acuerdo de éste con la Unión Europea; incluyendo, una mención a “la prohibición de importar bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio”; que, más allá que la Argentina debe evitar el comercio con países que no tienen normas laborales concertadas con los sindicatos del trabajo, claramente, en un problema mundial que también alcanza a Estados Unidos y no se hace referencia alguna al respecto. 

El Acuerdo también refiere a obligaciones de Argentina sobre las cuestiones relativas al “medio ambiente” sin efectuar ninguna mención a Estados Unidos, pese a que según datos de organismos específicos, este país encabeza con 25% el total de emisiones acumuladas históricas (1850-2021) de gases de efecto invernadero (GEI), especialmente CO2 y, según la Agencia Internacional de Energía (IEA) y EDGAR (UE) es 2da. luego de China con el 14%. Mientras que la Argentina ocupa el puesto 28/35 mundial y 2do. en Latinoamérica por la producción ganadera. La Argentina no tiene subvenciones a la Pesca y por el contrario Estados Unidos ocupa con 3.900 Millones de dólares el 3° lugar mundial en subsidios a la pesca detrás de China (1ra.) y la Unión Europea (2da.) y, en subsidios considerados perjudiciales, se ubica 6ta. detrás de China, Japón, UE, Corea del Sur y Rusia. Parece insólito que el contaminador le ponga condiciones al contaminado.

Finalmente, y para no avanzar sobre los múltiples productos que tendrían un acceso preferencial a la Argentina; las inversiones en minerales estratégicos; el reconocimiento de Estados Unidos como jurisdicción adecuada para la transferencia transfronteriza de datos, incluso personales y, las múltiples exigencias que se formula a nuestro país respecto a patentes; subsidios industriales; acciones distorsivas de empresas estatales (léase privatizaciones); bienes diversos; denominaciones de origen, etc.; más que un Acuerdo este documento preliminar parece un mandato que le otorga el gobierno nacional a Estados Unidos para administrar el comercio nacional y éste regla mediante un Decreto normativo, que la Argentina debe cumplir.

Una delegación inadmisible de las facultades de un país independiente y soberano.

 

* Experto en Atlántico Sur, Alimentación y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana.  www.cesarlerena.com.ar

CUANDO UN PERMISO DE PESCA PUEDE DAR LUGAR AL DELITO

César Augusto Lerena*

Artículo publicado en Perfil, 11 de noviembre de 2025.

 

La pesca en Chubut no es un tema menor y no debería tratarse como tal, ya que genera para la Provincia unos 600 millones de dólares anuales. Ello representa el 30% del total de las exportaciones pesqueras nacionales.

La reciente presentación por parte del gobierno provincial del Chubut en la Legislatura provincial del Proyecto de Ley 131/25 para otorgarle dos permisos de pesca a la empresa estadounidense Red Chamber es un hecho de extrema gravedad por los efectos de depredación biológica que habría de provocar; el daño económico que ocasionará al resto de los actores del sector; las denuncias existentes de corrupción; la violación de la legislación vigente y una sospechosa subordinación a los designios del norte.

La intención del gobernador Ignacio “Nacho” Torres, uno de los gobernadores integrantes de la fallida  “Provincias Unidas”;  de arranque, viola los tres primeros artículos de la Ley Provincial de Pesca IX N° 157 que prescribe: «La Provincia del Chubut fomentará una política de desarrollo pesquero sustentable, que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades (…) se declara que el derecho a pescar lleva ínsita la obligación de hacerlo de forma responsable, a fin de asegurar la conservación (…) se aplicarán políticas provinciales orientadas a la conservación de los recursos pesqueros y a la ordenación y desarrollo de la pesca de forma responsable (…) se promoverá la protección de los recursos marinos vivos (…) se promoverá la investigación pesquera…» ya que para disponer de los recursos pesqueros previamente (Art. 14° Ley IX-157) el organismo técnico competente deberá determinar el “Rendimiento Máximo Sostenible” y realizar los estudios de impacto ambiental que precisen que no habrá depredación y que ésta, no afectara la disponibilidad de los recursos ya otorgados a otras empresas pesqueras y las necesidades de las generaciones venideras.

Por si faltaba poco, en su artículo 6º la Provincia del Chubut adhirió a la Ley Federal de Pesca y con ello agrava su actuar irresponsable, al llevar adelante malas prácticas pesqueras, a la par de resignar importantes recursos migratorios de la Provincia; sobre los que nos referiremos en próximos escritos.

Además, cuando se otorgan autorizaciones de pesca sin determinar previamente la existencia de recursos suficientes no solo se afecta la sostenibilidad de las especies, también se afecta la disponibilidad a todas las empresas que se encuentran autorizadas a pescar; con ello se disminuye la rentabilidad y se destruye el empleo. El recurso pesquero forma parte del ecosistema y ello supone una explotación integral, mediante un enfoque eco-sistémico. No se puede aceptar graciosamente, el otorgamiento ni un solo permiso más.   

Por otra parte, Roberto Garrone (Punto Noticias, 9/11/2025) escribió: «El Gobernador busca entregarle (a la empresa de capitales estadounidenses Red Chamber) dos permisos de pesca. Sospechan que sería a cambio de que la empresa estadounidense desactive una denuncia que involucra al Andrés Meiszner, que habría pedido 6,5 millones de dólares para mantener el contrato por los bienes de la ex Alpesca que alquilaba a la Provincia», lo que -de confirmarse- agregaría el condimento de corrupción; práctica que no podría desconocer Torres, tratándose Meiszner de su Fiscal de Estado, ex Ministro de Economía, ex Director Gral. de Rentas y ex Presidente del Banco de Chubut. Un hombre de extrema confianza del gobernador.

Hay una serie de hechos concatenados que bien describe Garrone que podrían generar una presunción que este delito de cohecho podría haber ocurrido. Veamos.

Los bienes de la exAlpesca, fueron desafectados por la Provincia de Chubut a la subsidiaria estadounidense Red Chamber, aduciendo reiterados incumplimientos y se entregaron a la empresa Profand.

Relata Garrone que «el gobernador Torres acompañado de su secretario de Pesca, Andrés Arbeletche, estuvo en la Embajada de Estados Unidos explicando durante más de cinco horas todos los incumplimientos de la empresa Red Chamber». Sinceramente suena raro (¿o no?) que un gobernador deba explicarle a la representación norteamericana cómo administra los recursos naturales de la Provincia y cómo aplica la Ley en su condición de Autoridad de Aplicación. Suena a procederes del virreinato, cuando la Provincia no existía.   

En los pormenorizados detalles que efectúa Garrone, éste indica que se menciona al Fiscal de Estado Meiszner (¿?) en la denuncia que Red Chamber efectúa en los Tribunales de California contra Profand por «violación de la ley de defensa de secretos comerciales (…) violación de la ley de organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen extrajudicial, etc. » y que «Marcelo Mou, CEO de la empresa Red Chamber, da cuenta de una reunión celebrada el 3 de abril en el Alvear Palace Hotel, donde el entonces Ministro de Economía de Chubut le dice que “Necesitaría pagar 6,5 millones de dólares en “dinero B” si quería seguir operando los activos expropiados a Alpesca y adquirir esos activos una vez finalizado el proceso de expropiación judicial». Aclaremos, no se trata de un vetusto edificio lo que está en juego, sino los permisos de pesca que cuenta, con los que podrían construirse varias plantas; precisamente los permisos que ahora el gobernador solicita a la legislatura se le entreguen a la incumplidora empresa, anunciando que Red Chamber construiría una nueva planta, seguramente “modelo”.   

Es llamativo, que, habiéndosele quitado la planta industrial, las cuotas y autorizaciones de la exAlpesca a la Red Chamber por incumplimientos reiterados desde 2015 (falta de pago de canon; falta de inversiones pactadas, subcontrataciones ilegales), el gobierno de Torres y la empresa cuestionada celebren un nuevo contrato de inversiones. Es poco serio y aunque pueda no serlo, suena a extorsión o a cohecho o ambos.

Por último, qué hace un Fiscal General viajando a Estados Unidos junto al gobernador en búsqueda de nuevas inversiones. Obviamente no está en la misión y funciones de un Fiscal General.

El dicho popular dice: si ladra, mueve la cola y es el más fiel amigo del hombre: es un perro. La Legislatura y la Justicia dirán de que se trata.  

No dejaré de recordar que el gobernador Torres es un pésimo administrador de sus recursos pesqueros originarios y, su provincia, está perdiendo millones de dólares por ello; que la ley de pesca de su Provincia recurre a la remanida delegación de facultades en la Ley 24.922 y con ello se comporta como si se tratase de un mero territorio nacional sujeto a la voluntad del poder central y, que, como ya escribimos, estaría dispuesto a facilitar la logística de los buques chinos que pescan ilegalmente los recursos migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva Argentina provocándole graves daños soberanos, económicos y sociales a la Argentina y Chubut  (César Lerena “china no viene a solucionar el problema argentino viene por nuestros recursos” 22/1/2023; “La pesca ilegal china. la idiotez no tiene fronteras”, 2/11/2023).

Finalmente, habría que decir, que es lamentablemente triste, que una Provincia deba rendir cuentas sobre la administración de sus recursos naturales a un país extranjero. La Constitución Nacional en su artículo 124 reza: “…Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”, y corresponde a los gobiernos hacerlo eficientemente para el bienestar de su gente y el desarrollo de sus pueblos.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. cesarlerena.com.ar