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PENSAMIENTO POLÍTICO, CAPITAL Y EL CONCEPTO DE TRABAJO SOSTENIBLE

Salam Al Rabadi*

Los cambios políticos, económicos y tecnológicos mundiales plantean muchos interrogantes sobre la problemática relación entre el mundo del trabajo, el desarrollo sostenible y el capital. Por ejemplo, la realidad de la economía agrícola depende de inversiones en vastas tierras e innovaciones tecnológicas que son controladas por empresas transnacionales, es decir, es el proceso de abolición paulatina del sistema de producción agrícola, por el cual el agricultor pierde su identidad social, cultural e identidad económica como productor y como trabajador, para convertirse en un mero consumidor. Este hecho plantea la siguiente pregunta:

¿Conducirá el desarrollo de la economía y de la tecnología a la realización del desarrollo sostenible de la comunidad?

En principio, el concepto amplio de trabajo no se limita al puesto de trabajo, sino que va más allá para profundizar la conexión con el concepto de trabajo sostenible basado en ampliar las políticas de oportunidades laborales y preservar los derechos y el bienestar de los trabajadores. Esto para enfrentar los desafíos asociados a la dialéctica de la brecha entre el capital y los trabajadores, ya que aumentan las dudas sobre la posibilidad de alcanzar la igualdad y la justicia social. En base a esto, ya no es aceptable abordar la realidad de las crisis del mercado laboral desde una perspectiva de rechazo basada únicamente en consideraciones ideológicas, sin tener una visión práctica, donde, hoy en día, está claro que lo que más preocupa a las fuerzas del mercado es tener que definir su posición en un proyecto global socialmente sostenible.

En este contexto, existen movimientos obreros y sociales que inciden y trabajan para enfrentar la dominación del sistema capitalista y crear un estado de relativa independencia de las fuerzas del capital. Por ejemplo, las negociaciones en curso dentro de la Organización Mundial del Comercio con respecto a otorgar a los trabajadores de los países en desarrollo una mayor libertad de movimiento en los mercados de los países desarrollados pueden considerarse un paso positivo en términos de:

    1. Consolidar los derechos de los trabajadores y aumentar sus ingresos.
    2. Reequilibrio entre el capital y el mundo del trabajo.

Aunque hasta el momento no se ha cristalizado ninguna alternativa estratégica que pueda competir con el modelo político y económico de estilo capitalista, podemos decir que el margen de movimiento disponible para la sociedad es siempre mucho más amplio que el disponible para la economía. La influencia económica en la formación y adaptación de la sociedad es lógica y altamente efectiva, pero ciertamente no puede determinarla. Así, las sociedades pueden reconstruirse de acuerdo con una visión política y económica sostenible que, como mínimo, sea capaz de responder preguntas que giran en torno a la dialéctica de:

¿Por qué hay tantas ideas sobre cómo distribuir los ingresos y no sobre cómo generarlos?

En este contexto, aunque decidiéramos pasar por alto la dialéctica de cómo generar ingresos y tratar de adoptar la tesis de la distribución del ingreso, no podemos ignorar la problemática de la desigualdad moderna basada en:

    • Ampliar el tamaño del capital privado y aumentar desproporcionadamente los ingresos de los ricos. La brecha entre ellos y la clase obrera es muy profunda y es difícil salvarla.
    • Desigualdad sistémica «Homoploutia». Donde ahora estamos notando la expansión del segmento de capitalistas adinerados y trabajadores con salarios altos (como directores ejecutivos, analistas financieros, médicos, atletas, celebridades, personas que heredaron muchos activos… etc.). Es una nueva élite capitalista que se encuentra entre los capitalistas más ricos y entre los trabajadores más ricos también.

Lógicamente, no es probable que estas brechas se reduzcan fácilmente como resultado de los desarrollos en inteligencia artificial que conducen a una reducción del trabajo y un aumento en la participación acumulada del capital. Y si la única solución a estos brechas radica en una distribución más equitativa del capital privado mediante el aumento de tasas impositivas altas o comprometiéndose a elevar la tasa de empleo de la fuerza laboral, pero prácticamente no hay un movimiento tangible en esta dirección, ya sea en los países desarrollados o economía emergente. Este hecho plantea signos de interrogación sobre:

¿Cómo es políticamente posible aprovechar al máximo las oportunidades económicas, el progreso y la tecnología de una manera que llame la atención sobre el interés de las comunidades y grupos desfavorecidos?

Los desafíos básicos están en cómo tamizar a los ricos y enfrentar las brechas que caracterizan a las economías, y aquí es necesario reconocer que la pobreza no se erradicará sin la presencia del pensamiento político, ya que la naturaleza del mercado se ve fuertemente afectada por las estrategias políticas, que puede cambiar radicalmente la estructura de los mercados de una manera que podría permitir llenar esos vacíos y lograr la igualdad, sin mencionar que permitiría que todas las clases se beneficien del crecimiento económico sostenible.

A la luz de lo anterior, es claro que el trato de los economistas y tecnócratas con los temas del desarrollo sostenible sobre la base de que no tienen nada que ver con las ideas políticas y la filosofía de la gobernabilidad, como si estos temas no fueran más que ejercicios de economía aplicada y econométrica, es un asunto muy peligroso. Es hora de cambiar esta lógica y avanzar hacia la combinación y vinculación del pensamiento político y la filosofía política con el pensamiento económico y financiero. Es para que los países se vuelvan más productivos en términos de la calidad de las sociedades humanas sostenibles más que del desarrollo de las cosas, números y datos.

En suma, y con base en el principio de interacción crítica con el liberalismo económico y el desarrollo tecnológico, se debe plantear la problemática política básica, la cual se fundamenta en la siguiente pregunta:

¿Cómo se puede combatir la existencia real de la pobreza y la desigualdad en lugar de esconderse detrás de secos datos financieros y estadísticas que apuntan a los supuestos beneficios del crecimiento económico y el desarrollo tecnológico?

 

* Doctor en Filosofía en Ciencia Política y en Relaciones Internacionales. Actualmente preparando una segunda tesis doctoral: The Future of Europe and the Challenges of Demography and Migration, Universidad de Santiago de Compostela, España.

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ELIMINAR LA COPARTICIPACIÓN FEDERAL

Iris Speroni*

Las provincias producen riquezas, el gobierno federal se las quita y luego deben mendigar. 

Es hora que las provincias no le den nada a nadie.

 

El peso del Estado debe volver al 25% del PBI por todo concepto [1].

Todos los parásitos (FdT, JxC y satélites) dirán que es imposible y se rasgarán las vestiduras.

Sin embargo, es totalmente posible.

Cuando el Estado costaba el 25% del PBI teníamos FFAA pertrechadas (no es barato), un sistema educativo que funcionaba, construimos El Chocón, Zárate Brazo Largo, Salto Grande, Yacyretá, Atucha, manteníamos el Balseiro, orquesta filarmónica, la Fábrica Militar de Aviones, desarrollamos el misil Cóndor, etc.. Se hicieron rutas, se mantuvo una flota mercante, se construyeron escuelas y hospitales, teníamos administración de justicia y perseguíamos a los delincuentes. En resumen, el país andaba, crecía e invertíamos. Todo con el 25% del PBI.

Hoy el Estado nos cuesta el doble y no tenemos nada (o casi nada) de todo eso.

Hay personas que se quejan del déficit fiscal y lo ven con la madre de todos los males. Difiero.

El déficit es un problema, ya que se cubre con emisión (de moneda o de deuda). Pero no es el origen de todos los males sino un medio.

El problema, a mi entender, es el tamaño del gasto público en relación con el PBI per se. El Estado no nos debería costar tan caro.

Porque, seamos realistas, dejemos de lado el déficit. Supongamos que lo puedo solventar con impuestos, entonces ¿está bien que el Estado nos cueste 45% ó 50%?

La respuesta es: no. Porque entonces tenemos una carga impositiva del 50% del PBI. Es todo dinero que los privados le damos al Estado.

El Estado debe volver a costar 25% y debe cubrir todas las obligaciones que enumera el preámbulo de la constitución: Defensa, Administración de Justicia, Paz Interior, Garantizar los Beneficios de la Libertad.

El negocio de estos interventores que tenemos por gobernantes es crear déficit. No importa cuánto recauden de impuestos, siempre inventan nuevas formas de gastar más que lo que recaudan. ¿Por qué? Porque, repito, el negocio es vivir con déficit. Obliga a endeudar a los fiscos, renegociar deuda, etc. Cada toma de deuda significa pingües comisiones (sobornos) para los funcionarios involucrados.

Sólo así se explican los gastos delirantes [2].

Nunca van a bajar los gastos. Nunca van a reducir el presupuesto. Por eso creo que la aproximación debe ser muy distinta: Bajar los impuestos. Con ese dinero decidir cuáles serán los gastos a solventar.

Recaudar el 25% del PBI (sumados los tres niveles de gobierno). El segundo paso, es decidir cómo se gasta ese dinero, con las siguientes prioridades:

    1. defensa,
    2. relaciones exteriores,
    3. softpower/cultura de exportación,
    4. rescatar deuda pública,
    5. administrar justicia,
    6. seguridad,
    7. salud,
    8. educación,
    9. infraestructura.

Tal vez me olvidé de alguna, pero así estamos.

¿Por qué es importante que el costo del estado sea 25%? Porque significa que el 75% restante quedará en manos de las familias y empresas.

Eso es lo que permitirá:

    • invertir (crear más riqueza),
    • mejorar el nivel de vida, 
    • hogares con un único miembro que trabaje si así lo desean,
    • comprarse una casa,
    • irse una semana de vacaciones,
    • poner un local comercial o taller, etc.

Así como estamos, todo lo que ganamos lo lleva el Estado y los privados subsistimos. Por lo que reitero: lo importante es que la recaudación impositiva no supere el 25% del PBI y que los gastos (incluido el rescate de la deuda pública) no supere el 25% del PBI. Es un objetivo contrario a los socialdemócratas al servicio de la banca.

Impuestos

Así que, hablemos de los impuestos a recaudar, quién los debería pagar, cuándo, cómo y a quién.

Como ya propuse en 168 HORAS [3], la salud y la educación deberían volver a la órbita nacional y así liberar a las provincias de su costo. A cambio se exigirá a las provincias que eliminen los impuestos de sellos e ingresos brutos [4].

Las provincias deberán, entonces, vivir de:

    • impuesto inmobiliario,
    • patentes a vehículos automotores,
    • impuesto a las ganancias (ya volveré sobre esto).

Los municipios deberán vivir de:

    • ABL.
    • Las tasas que cobren deben ser proporcionales al servicio brindado. De ninguna manera podrán cobrar un porcentaje de las ventas.

Los municipios y provincias deberán facturar y cobrar sus impuestos. Se prohibirá todo recargo sobre los servicios públicos.

De igual forma todos los impuestos (nacionales y provinciales) y las tasas municipales se cobrarán luego de realizado el hecho económico. Quedarán eliminados adelantos, percepciones y retenciones.

Impuestos nacionales

Existen decenas de impuestos con recaudaciones ínfimas. Ejemplo [5]: el impuesto a las transferencias inmobiliarias (1,5% del valor de la propiedad) recauda 0,1% del total. Le complican a una familia el acceso a la vivienda, no contribuye al fisco, equivale a dinero que los políticos derrochan en banalidades en un día.

Según Juan Bautista Alberdi, el Estado federal debía vivir de las rentas de la Aduana con el fin de solventar dos obligaciones delegadas por las provincias:

    • Relaciones Exteriores.
    • Defensa.

Llama la atención que en las últimas décadas los impuestos sobre las exportaciones tripliquen y/o cuadrupliquen los correspondientes a las importaciones. Eso debe revertirse.

¿Cómo establecer los nuevos impuestos federales?

Hay dos formas de eliminar la coparticipación provincial: la primera es cambiar la ley de coparticipación. La segunda, que es la que propongo, es reducir a cero el porcentaje coparticipable de los impuestos hoy coparticipados.

Propuesta impuestos federales

Eliminar casi todos los impuestos federales que existen hoy, a saber:

    • impuesto al cheque, 8,5% de la recaudación 2022, no coparticipado,
    • impuesto a los combustibles, 4% de la recaudación 2022, no coparticipado,
    • impuesto a los bienes personales, 3,2% de la recaudación 2022, coparticipado, permitirá recalibrar el impuesto inmobiliario provincial,
    • PAIS, impuesto solidario, 1,3% de la recaudación 2022, no coparticipado,
    • impuestos internos (al alcohol, transferencias, gaseosas, tabaco, mil y un impuestos que cada uno suma el 0,1%), 1,4% de la recaudación 2022, no coparticipado,
    • impuesto a las ganancias, 26,6% de la recaudación, coparticipado.

Por lo tanto, para el gobierno federal quedaría solamente el IVA (más las rentas de Aduana).

El IVA tendría una alícuota máxima de 10%, con las siguientes excepciones:

    • alimentos 0%,
    • forraje 0%,
    • combustible 0%,
    • servicios de luz, gas y aguas 0%.

Lo recaudado por IVA no se participa. Coeficiente de coparticipación: 0%.

Al gobierno federal le quedarían, a valores de 2022 y con el nivel actual de actividad unos 3 billones de pesos (millones de millones). Si le sumamos los aranceles por importación, por 0,5 billones de pesos, la recaudación federal (a valores 2022) alcanza 3,5 billones de pesos, la cual no se coparticiparía.

La apuesta fundamental es que la caída de los impuestos aumentará el poder de compra de los trabajadores y de tal forma estimulará la economía. Todo coadyuva a que el trabajador pueda mantener mejor a su familia. Invertir en ladrillos. Comprarse un autito. Ahorrar. La gigantesca apuesta es que, después de un año, se recaude más de IVA con un 10% de alícuota sobre algunos artículos, que hoy con 21% sobre todo.

En cuanto a la Aduana:

    • DEX, sólo una tasa única (tasa estadística) de un valor que en un principio puede ser 3%, para reducirlo a 2% y a 1% [6].
    • Aranceles sobre las importaciones. Una tasa plana (tasa estadística, 3%) más aranceles con el siguiente criterio: 0% minerales y alimentos a granel, 15% insumos químicos, metalmecánicos, plásticos, 30% productos terminados (tractores, maquinaria pesada, indumentaria, calzado, alimentos elaborados, aviones privados, automóviles de lujo, etc.). Simple. Sin trescientas mil calificaciones.

La verdadera barrera a las importaciones no deben ser los aranceles sino el tipo de cambio. Un tipo de cambio alto fomenta las exportaciones, industriales o no, y pone en un pie de igualdad a las importaciones con la producción local. Un tipo de cambio atrasado es un subsidio a las importaciones; una competencia desleal a la industria nacional; a la vez que un desestímulo a las exportaciones. El tipo de cambio funciona como barrera no sólo de las importaciones legales sino también del contrabando.

Los ingresos aduaneros deben tener dos únicos destinos:

    • Rescatar la deuda nominada en divisa (dólares, euros, etc.)
    • Pertrechar las FFAA (ya que gran parte del armamento deberá ser importado).

La recaudación por IVA deberá destinarse a las restantes funciones del gobierno federal. Mucha motosierra.

Provincias

Dejarán de solventar la salud y la educación.

Al sacarles este peso de encima, las necesidades de fondos serán mucho menores.

Le quedan dos responsabilidades que hoy son primordiales para el bienestar de la población: la seguridad interna, en particular la lucha contra el crimen común y la administración de justicia [6]. Hoy no satisfacen a la población. De hecho está todo el mundo muy enojado. Ambas, a partir del nuevo régimen, deberían ser la principal preocupación de los gobernadores y las legislaturas.

En segundo plano todas las autoridades deberán generar las condiciones para el crecimiento económico de las provincias (“garantizar los beneficios de la libertad»). No mediante subsidios o créditos blandos, los cuales deberían ser erradicados del vocabulario nacional. Sino contar con los medios necesarios: FFCC, flete fluvial, escuelas de capacitación, que nada esté trabado en la Aduana, energía eléctrica de calidad en potencia y tensión. Que todo fluya y se pueda invertir y dar trabajo.

Recordar que los objetivos nacionales del nuevo régimen serán: 1. pleno empleo, 2. 100% formal, 3. salario de 1.400 dólares mensuales, 4. exportaciones 500 mil millones de dólares anuales. Todo esto requiere inversión, trabajo y capacitación.

Las provincias serán financiadas por:

    • impuesto inmobiliario,
    • patentes,
    • impuesto a las ganancias, que pasará a ser 100% provincial.

Propongo que la alícuota del nuevo impuesto sea 10% para las personas físicas [7] y 15% para las empresas, 5% para los ingresos en el exterior de las personas físicas (consultoría, programación de sistemas, premios deportivos, publicidad, cachet de artistas). Notoria rebaja respecto al actual 35%.

Deberá haber una única ley para todo el territorio, para evitar competencias jurisdiccionales. Cada persona (física o jurídica) tributará según el lugar donde se genera la riqueza, excepto los servicios al exterior que lo tributa la persona en su lugar de residencia. Ejemplo: si un artista vive en Corrientes, está empadronado en Corrientes, y es contratado para actuar en Costa Rica, debe pagar 5% a Corrientes; ídem desarrolladores de sistemas, etc. Las empresas con establecimientos en distintas provincias deberán presentar balances fiscales en cada una de ellas.

Al no cobrar derechos de exportación (excepto la tasa aduanera), el Estado federal dejará en manos de personas y empresas gran cantidad de riquezas. Ese impuesto que se dejará de pagar significará más ingreso para empresas y personas. Ingreso que pagará impuestos a las ganancias.

En el año 2022 los productores de bienes de exportación pagaron U$D 11.762 millones de DEX. Eso pasará a ser ganancias. Si tributan 10%, las provincias recaudarán en conjunto U$D 1.176 millones adicionales.

Lo mismo con la reducción de otros impuestos [ ]: aumentará los márgenes de ganancias y el nivel de actividad, lo que a su vez redundará en mayor recaudación de impuesto a las ganancias por las provincias.

En cuanto a las personas físicas, tanto los trabajadores en relación de dependencia como los que trabajan por su cuenta, comenzarán a pagar ganancias sólo después de superar los ingresos del juez mejor pago de todo el país (igualdad ante la ley). Esto corre para un camionero, un maquinista agrícola, un profesional (odontólogo, contador, kinesiólogo) o para quien tenga una explotación familiar (comercial, industrial, agropecuaria). Si una persona alquila cinco departamentos, comenzará a pagar luego de que la suma de ingresos (pensión/jubilación más alquileres cobrados) supere el ingreso del juez mejor pago. Ese mínimo no imponible no correrá para personas físicas. Todo se pagará luego de cerrado el año fiscal. Nunca por adelantado.

Cláusulas transitorias

Todo presidente que asuma el 10 de diciembre deberá decretar que los trabajadores no deban pagar si ganan menos que un juez y se les deberá devolver todo lo abonado durante el año 2023.

Se eliminarán todos los adelantos de impuestos, al igual que toda percepción o retención.

Durante el 2024 las provincias no cobrarán impuesto a las ganancias (que empezarán a percibir en el 2025 sobre las ganancias realizadas en el 2024). Esto requerirá un auxilio transitorio durante el año 2024. Por otro lado, las provincias no pagarán sueldos ni en educación ni en salud a partir de diciembre 2023. 2024 será un año de acomodamientos.

Las provincias serán fiscalmente autosuficientes. Empezaremos a ser un país federal.

Todo sea en busca de la salud fiscal, la grandeza de la patria y la felicidad del Pueblo.

 

Nota de la autora:

La idea de que cada provincia argentina cobre su propio impuesto a las ganancias (como ordena la Constitución Nacional, la cual precepta que los impuestos directos deben ser recaudados por las provincias y no por el estado federal) no es mía. No soy tan inteligente.

La escuché por primera vez al Dr. Jorge Ávila en una conferencia donde presentó su libro «Propuesta de Federalismo Fiscal» (Consejo Empresario Argentino, 2000), el cual recomiendo enfáticamente. Les paso el pdf del primer borrador:

http://cdi.mecon.gov.ar/bases/docelec/cea/fede.pdf

Todo error es de mi autoría y en nada responsabilidad del Profesor Dr. Ávila. Dicho esto, debemos pelear por un país federal.

Lean el libro si lo consiguen. En su momento, la Sociedad Rural Argentina lo entregaba libremente.

El federalismo es un viaje de ida. Fantástico. No le tengan miedo.

 

* Licenciada de Economía (UBA), Master en Finanzas (UCEMA), Posgrado Agronegocios, Agronomía (UBA).

 

Notas

[1] Exposición en el INFIP (http://iris-speroni.blogspot.com/2021/10/enfermedades-y-cura-de-la-economia.html), año 2019.

[2] Ej: betún para rectos por parte del ministro de salud de la provincia de Buenos Aires.

[3] 168 horas, http://restaurarg.blogspot.com/2023/04/168-horas.html.

[4] Ambos son sumamente nocivos para el crecimiento económico porque se acumulan en cada paso del proceso productivo. Cuantos más pasos hay – imprescindible en un proceso industrial – más carga impositiva se acumula. Si alguien vende latas de arvejas: paga ingresos brutos sobre la lata, las etiquetas, las cajas, el flete que trae los insumos, sobre la electricidad, etc. Sus proveedores a su vez, también pagaron ingresos brutos. El proveedor de etiquetas lo pagó sobre el papel, la tinta, las impresoras, la electricidad, el flete, el alquiler. Es un impuesto que se acumula en cada paso del proceso de industrialización. Cuanto más se industrializa, más ingresos brutos paga. Más competitividad se pierde. Recuerden: los países no exportan impuestos. Los impuestos a los sellos y a los ingresos brutos son anti-industrialización. Los mismos que generan este esquema impositivo son los que se preguntan por qué la Argentina no exporta bienes industriales.

[5] Decime cuánto me querés, http://restaurarg.blogspot.com/2023/01/decime-cuanto-me-queres.html.

[6] El objetivo será exportar por 500 mil MM U$D. Cada 1% es 5 mil MM U$D.

La recaudación DEX de 2022 (máximo histórico de exportaciones) fue 11,8 mil MM U$D.

Se recupera terreno rápidamente.

[7] Se necesitan policías con integrantes bien pagos, bien seleccionados, bien entrenados, bien provistos (uniformes, municiones, chalecos, etc.) y bien dirigidos. Pero lo más importante es que se sientan apoyados y no, como ahora, donde el poder judicial, legislativo y ejecutivo juegan para los delincuentes, los cuales son apañados, de una y mil maneras, por el poder político.

De igual manera las legislaturas provinciales deben cubrir su principal responsabilidad: monitorear a la justicia. Si el juez trabaja o deja morir los expedientes, si el fiscal sigue los casos o cobra bajo la mesa para “perder” evidencia, si liberan gente que no deben liberar, si no meten presos a quien sí deberían hacerlo, si piden que busquen a los prófugos o no, etc. Para dar un ejemplo: en la provincia de Buenos Aires hay más de 100.000 prófugos que nadie busca. Es tarea de las legislaturas auditar la eficiente persecución de delitos y dar énfasis a algunos por sobre otros, como el abigeato o los piratas del asfalto, o la tranquilidad en los barrios donde vive la gente que trabaja. Muchachos, tienen bastante de qué ocuparse.

[8] La alícuota elegida busca ser competitiva respecto a Paraguay.

[9] Unas aclaraciones sobre la base imponible. Se descontará de las ventas como costo fiscal únicamente los insumos tangibles, salarios y cargas sociales e impuestos. Ejemplo: se descontarán las cajas para embalar productos, no así consultorías, auditorías, honorarios de profesionales, honorarios de directores, publicidad, servicios de seguridad, otros servicios, incluidos alquileres y fletes.

 

Artículo publicado el 06/05/2023 en Restaurar, http://restaurarg.blogspot.com/2023/05/eliminar-la-coparticipacion-federal.html.

APROXIMACIÓN SIRIA-TURQUÍA, MEDIACIÓN DE RUSIA Y REACCIONES DE ESTADOS UNIDOS

Isabel Stanganelli*

Luego de décadas de tensión entre Turquía y Siria, durante 2022 y con la mediación de Rusia, ambos Estados iniciaron un proceso de aproximación que no fue bien recibido por los Estados Unidos.

Las relaciones entre Siria y los Estados Unidos también han sido tensas las últimas décadas y marcadas por las sanciones impuestas sobre Damasco en relación con los derechos humanos y acusaciones de apoyo a grupos terroristas. Y en cuanto a Turquía, primera aliada estratégica de Washington en la OTAN, las relaciones siempre han requerido extrema cautela.

Antecedentes

Durante al menos el último medio siglo, Siria se ha encontrado en el ojo del huracán internacional. Considerada partícipe de la guerra civil en El Líbano, desde 1979 ya estuvo sujeta a sanciones económicas internacionales.

Con posterioridad se incorporó la etapa de dificultades con Turquía. La población de Siria contaba con un grupo minoritario kurdo al que se asociaba con los intentos separatistas de sus pares en Turquía. Esta situación se agravó cuando Damasco ofreció asilo al fundador y líder del principal grupo disidente, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán —PKK—, Abdullah Öcalan. Éste permaneció en Siria desde 1979 hasta 1998 en una base de operaciones en la región montañosa de Qandil, cerca de la frontera entre Turquía, Irak y Siria. Cuando Siria expulsó a Öcalan y al PKK de su territorio, el líder se trasladó a Italia y en 1999 se dirigió a Kenia donde fue capturado por los servicios de inteligencia turcos —también se mencionó la participación del Mossad— y ha estado encarcelado en Turquía desde entonces. De todos modos el PKK aún se mantiene en el norte de Siria en alianza con grupos kurdos locales donde ha establecido la «Administración Autónoma del Norte y Este de Siria» o «Rojava» que no es reconocida como legítima y conserva el status de terrorista.

Entonces Washington apoyó a Turquía en su lucha contra el PKK proporcionándole asistencia militar y de inteligencia e incluyendo a dicho grupo en la lista de organizaciones terroristas extranjeras del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Las relaciones entre ambos países parecieron mejorar en 1998 cuando firmaron un principio de entendimiento: el Acuerdo de Adana del 20 de octubre, entre los presidentes Süleyman Demirel y Hafez al-Assad, padre del actual presidente sirio. Por el mismo Siria no permitiría que el PKK utilizara su territorio como base de operaciones y admitiría la creación de una zona de seguridad de cinco kilómetros de ancho en la frontera turco-siria, donde se prohibía la presencia del PKK y se permitía a Turquía llevar a cabo operaciones militares contra dicha organización. Este acuerdo no logró resolver el conflicto kurdo en Turquía ni poner fin a las actividades del PKK en la región. Con el paso del tiempo las relaciones entre Turquía y Siria fueron empeorando, el conflicto kurdo se mantuvo en la región y el Acuerdo fue perdiendo vigencia. Sin embargo veremos en qué radica su importancia actual.

Desde el año 2000 el presidente de Siria es Bashar al-Assad, quien sucedió a su padre Hafez al-Assad, presidente del país por más de tres décadas.

En marzo 2011 y como parte de la ola de «Primaveras Árabes», el conflicto tuvo lugar en el norte de África y en el Medio Oriente, incluyendo a Siria. A esta «primavera» se la conoció también como «la revolución secuestrada»… Originada como una manifestación de campesinos reclamando ayuda tras una sequía que asoló al país durante los cinco años previos, pronto fueron desplazados por todos los grupos políticos opositores a al-Assad, incluyendo grupos kurdos y hasta el Estado Islámico. La manifestación se transformó en guerra civil y en ella Washington y sus aliados occidentales tomaron partido contra el gobierno de al-Assad, llegando a favorecer a los kurdos y facciones islamistas para debilitar a al-Assad, decisión que preocupó a Turquía.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, presionaba a Turquía para que sostuviera un cambio de régimen en Siria a favor de un islamismo moderado. Ankara se mostraba prudente. El presidente Recep Tayyip Erdogan, buscaba evitar problemas regionales: permaneció en silencio cuando se iniciaron las revueltas en Túnez, solo apoyó la salida de Hosni Mubarak cuando percibió que los Estados Unidos estaban alejándose de Egipto. Pero Siria resultó un verdadero desafío. El director de la CIA, David Petraeus, visitó Turquía en dos ocasiones en 2012 para lograr colaboración y poner fin al gobierno de al-Assad. Pero Erdogan no deseaba ser parte de esta decisión. Posiblemente el juego de fuerzas librado en Siria resultaba más claro para el presidente turco que para Washington.

Desde entonces el gobierno de Bashar al-Assad ha sido acusado por gobiernos occidentales de violaciones a los derechos humanos y se le impusieron nuevas sanciones económicas a partir de 2011. A pesar de esto, el gobierno sirio sigue contando con el apoyo de países como Rusia, China e Irán y ha argumentado que sus acciones son necesarias para combatir el terrorismo y preservar la estabilidad del país en medio de la guerra civil, argumento bastante utilizado a escala planetaria.

En 2013 se produjo un cruento ataque con armas químicas en la ciudad de Ghouta, un suburbio de Damasco. Hubo diferentes versiones sobre el origen de los ataques: que fue represión gubernamental; que había sido un ataque de la oposición o de una facción liderada por el medio hermano de Bashad, Maher al-Assad. Y aunque el gobierno sirio culpó a los grupos rebeldes, la comunidad internacional, encabezada por los Estados Unidos, Reino Unido y Francia, responsabilizó al gobierno. Obama había declarado un año antes que si Siria cruzaba la «delgada línea roja» y utilizaba armas químicas habría «consecuencias graves». En consecuencia el ataque con dichas armas en 2013 elevó el riesgo de una intervención armada. Finalmente Obama optó por no atacar y aceptó que Rusia negociara un acuerdo con Siria para eliminar las armas químicas bajo supervisión internacional. Los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia apoyaron esta decisión, que evitó el accionar de fuerzas militares internacionales. La colaboración entre los Estados Unidos y Rusia en el proceso negociador fue vista como un ejemplo de cómo dos Estados podían trabajar juntos para resolver problemas globales complejos.

Posteriormente se difundió que Rusia no había sido capaz de garantizar la eliminación de todas las armas químicas de Siria. Lo cierto es que como parte de las sanciones a las que fue sometida Rusia por los hechos en Ucrania, se la excluyó del grupo de potencias negociado por Putin, que debía supervisar el retiro de dichas armas.

Para entonces Erdogan ya había percibido que los Estados Unidos preferían actuar encubiertos en Siria y dejar expuesta a Turquía. Un año más tarde anunció que sus relaciones con Obama se habían reducido por la falta de resultados en el conflicto sirio. El Pentágono comenzó a armar a las fuerzas kurdas en Siria y en noviembre de 2015, las fuerzas especiales estadounidenses se desplegaron en ese país. Las relaciones entre Siria y Estados Unidos empeoraron y las sanciones contra Damasco se incrementaron. La intervención de Rusia en este conflicto coincidió con el ingreso de efectivos estadounidenses en Siria.

En 2016 Turquía participó de la operación «Escudo del Éufrates» destinada a expulsar al Estado Islámico y a los kurdos de su frontera. La operación «Ramo de Olivo» de 2018 contra las fuerzas kurdas en el norte de Siria incrementó los conflictos, ahora con los grupos kurdos apoyados por el gobierno de Washington. La situación permaneció volátil y cada vez más compleja. En 2019 las fuerzas estadounidenses se retiraron y fueron sustituidas por fuerzas turcas y Siria denunció esta violación de su soberanía territorial.

Esta situación se mantuvo tensa hasta que se iniciaron reuniones entre Erdogan y Vladimir Putin para comunicarse con al-Assad, llegándose al encuentro del 28 de diciembre de 2022 entre los ministros de defensa y los jefes de inteligencia de Turquía, Siria y Rusia. El presidente turco señaló que su único objetivo era la lucha contra el terrorismo y el respeto a la integridad territorial y la soberanía de todos los vecinos.

La propuesta de Moscú, como el mejor marco conciliador, fue remitirse justamente a lo pactado en el Acuerdo de Adana de 1998. Ankara, Moscú y Damasco comenzaran a trabajar para llevar a cabo misiones conjuntas en Siria. Pero la actividad del ministro de Defensa ruso, Sergey Shoigu, encaminada a lograr la reconciliación de Turquía con Siria profundiza también los lazos estratégicos entre Moscú y Ankara.

Para Erdogan, Siria es también parte de su política para mejorar las relaciones regionales y lograr una mejor posición en vistas del nuevo mandato en las elecciones de mayo 2023. Para Siria, la normalización con Turquía es muy importante: la ocupación del territorio sirio y los refugiados sirios en Turquía (que suman 3,6 millones) afectan a su seguridad. Erdogan busca un acuerdo con Damasco que permita devolver a Siria a los refugiados llegados al país en busca de asilo: sería una carta ganadora ante su empobrecido electorado. Al-Assad anunció que postergará cualquier reunión hasta que Turquía se retire completamente del territorio sirio. Por el momento el ejército turco controla varias provincias sirias en el norte del país.

Mientras, en la mencionada reunión tripartita en Moscú de diciembre 2022, Ankara se comprometió a retirar todas sus fuerzas del territorio sirio, algo que conduciría al debilitamiento de las «Unidades de Protección del Pueblo» (YPG), versión siria del PKK, y también a la presencia militar estadounidense.

Conclusiones

El rol de Moscú muestra que la posición de Rusia en Asia occidental no depende del conflicto de Ucrania: ésta influencia en Siria consolida su propia presencia a largo plazo en el Mediterráneo oriental.

Aunque aún no se han citado los presidentes al-Assad y Erdogan, a principios de abril de 2023 se reunieron en Moscú delegaciones de ambos países —encabezadas por sus respectivos viceministros de Relaciones Exteriores— ante los representantes de Rusia e Irán, dos países aliados de al-Assad.

Esta nueva relación Erdogan-al-Assad con la ayuda de Rusia preocupa a los Estados Unidos que podrían renovar su presencia militar o su alianza con grupos kurdos en Siria, como el mencionado YPG.

El Departamento de Estado de Estados Unidos declaró recientemente que no mejorará sus relaciones diplomáticas con el régimen de al-Assad y tampoco apoyará a los países que mejoren sus relaciones con el mismo.

 

* Profesora y Doctora en Geografía/Geopolítica, Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Magíster en Relaciones Internacionales, UNLP. Secretaria Académica de la SAEEG.

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