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LAS CONTRADICCIONES DE LA UE EN ÁFRICA Y LAS PROPUESTAS REALISTAS DE LOS BRICS

Giancarlo Elia Valori*

Artículo publicado originalmente en Nuovo Giornale Nazionale*

 

La marginación de la Unión Europea y los países europeos en África tiene causas recientes. En este continente rico en recursos y en rápido crecimiento, las grandes potencias compiten por las oportunidades de cooperación más ventajosas.

Las relaciones entre la UE y algunos países del África mediterránea, y en consecuencia con los países del Magreb y del África subsahariana (región del Sahel), revelan complejos cambios geopolíticos y diplomáticos. ¿Cuáles son las causas fundamentales de la ruptura entre la UE y algunos países africanos? ¿Qué errores ha cometido la UE? ¿Qué impacto han tenido estos errores en sus interacciones? En el mundo actual, en rápida evolución y plagado de crisis, ¿qué ajustes geopolíticos y diplomáticos son necesarios para superar estas divisiones y revitalizar la cooperación?

Según Omar al-Bah, profesor del Centro de Diplomacia y Estudios Estratégicos de París y asesor de las Naciones Unidas y de la Unión Africana, los tres principales errores cometidos por la UE en África y su impacto en las relaciones diplomáticas y estratégicas bilaterales son: la intervención de la OTAN en Libia, apoyada por la UE; la ambigüedad de la UE en la cuestión del Sáhara; los dobles raseros de la UE; y la cuestión de las tradiciones africanas que los occidentales quieren borrar en nombre de una «modernización» de la moral.

El bombardeo de Libia por parte de la OTAN excedió el alcance de la autorización otorgada por la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (17 de marzo de 2011). Esta resolución solo preveía una zona de exclusión aérea y no autorizaba el uso de la fuerza contra Libia. Sin embargo, los países occidentales utilizaron esta autorización para afirmar ante la opinión pública internacional que la OTAN tenía un mandato de la ONU para derrocar al régimen libio, atacar a Gadafi y destruir Libia. Esto parecía apoyar a los rebeldes «prodemocráticos» que abogaban por una Libia «moderna y progresista». Sin embargo, desde 2011, Libia se encuentra sumida en una guerra civil y carece de un gobierno unificado y universalmente aceptado. En 2020, Libia seguía dividida en tres regiones distintas y mutuamente hostiles.

Esta división tripartita indica que hay tres gobiernos: a) el gobierno de unidad nacional en Trípoli, liderado por el primer ministro Abdul Hamid Dbeibah, que controla la capital y la parte occidental del país, apoyado por la comunidad internacional y Turquía; b) el gobierno de Bengasi/Este: liderado por el primer ministro Osama Hammad, apoyado por el parlamento (Cámara de Representantes) con sede en Tobruk, y controlado por el general Khalifa Haftar y su Ejército Nacional Libio; c) el Alto Consejo de Estado: un órgano consultivo con sede en Trípoli que, si bien no es un gobierno ejecutivo independiente, desempeña un papel crucial en las negociaciones políticas y se opone al parlamento en Tobruk. Además, existen zonas grises dominadas por milicias armadas: fuerzas con características terroristas intrínsecas que abogan por un estado teocrático en Libia.

Esta situación socava gravemente el proceso de reconstrucción nacional, perturba un diálogo nacional inclusivo y sostenible, obstaculiza la celebración de elecciones periódicas e impide las reformas estructurales encaminadas a promover una recuperación de alta calidad de la crisis y lograr la revitalización nacional posterior al conflicto.

El error resultante radica en que los países occidentales optaron por una vía intervencionista ideológicamente motivada y aparentemente benigna: el uso de la fuerza contra un Estado soberano en el contexto de la «Primavera Árabe», ignorando las reservas planteadas por la Unión Africana. La UA había abogado claramente por una solución pacífica a la crisis mediante mecanismos de mediación liderados por África.

El fracaso de Occidente y la UE en proponer una solución clara para la posguerra constituyó un error fundamental, que va más allá de la mera violación de los Artículos 2(3) y 4 de la Carta de las Naciones Unidas. La mayoría de las voces a favor de la intervención invocaron la llamada «responsabilidad de proteger», considerándola una herramienta para socavar tanto la soberanía de Libia como el principio de no injerencia en los asuntos internos.

De hecho, tanto a nivel macroeconómico como microeconómico, la situación de Libia bajo el gobierno de Gadafi era mucho mejor que la actual. Por otro lado, el Consejo Nacional de Transición, que asumió el poder después del Líder Supremo, nunca ha logrado aclarar el destino final de los activos financieros libios congelados y confiscados a nivel mundial. Se estima que estos activos, ubicados principalmente en Estados Unidos y la UE, tienen un valor de entre 100.000 y 160.000 millones de dólares.

El colapso de Libia también afectó negativamente al proceso de integración monetaria panafricana promovido por la UA, obstaculizando significativamente el lanzamiento de una moneda única africana (la ECO, Comunidad Económica de Estados de África Occidental), que se pospuso hasta 2027 debido a obstáculos económicos y políticos. Si bien algunas iniciativas vinculan la integración monetaria a largo plazo con la Agenda 2063 de la UA, 2027 sigue siendo el objetivo actual para África Occidental.

De hecho, la UA inicialmente dependió en gran medida del sustancial apoyo financiero de Libia para iniciar el proceso de unificación monetaria en el marco de la Zona de Libre Comercio Continental Africana (ZLCAF). La ZLCAF, el mayor acuerdo de libre comercio del mundo por número de países participantes entró en vigor el 1° de enero de 2021. Impulsada por la UA, su objetivo es crear un mercado único para 54 Estados (excluyendo a Eritrea), eliminando el 90% de los aranceles aduaneros para aumentar el comercio intraafricano, industrializar el continente y facilitar la circulación de bienes y servicios. Esto concuerda con la teoría del economista canadiense Robert Mundell sobre las zonas monetarias óptimas y su impacto positivo en la movilidad laboral, así como con la visión general de la XXXVIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la UA, celebrada en Adís Abeba en febrero de 2025.

El segundo error se refiere a la ambigua postura de la UE respecto a la República Árabe Saharaui Democrática. Fue y sigue siendo un juego estratégico basado en el supuesto equilibrio entre el Reino de Marruecos, la mencionada República Árabe Saharaui Democrática y la República Argelina Democrática y Popular.

Los cambios de postura, complejos y sutiles, son habituales en la política exterior de la UE. El 4 de octubre de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó tres sentencias que exigían a los Estados miembros garantizar el respeto de los derechos sobre los bienes y servicios originarios de la RASD al aplicar dos acuerdos comerciales firmados con el Reino de Marruecos. Ese mismo día, el Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores francés emitió una declaración reafirmando los principios fundamentales de la política exterior francesa en la región del Magreb. Francia declaró que nunca comenta las sentencias judiciales, pero reiteró que el presidente y el gobierno franceses siempre priorizan la «colaboración estratégica especial» entre Francia y Marruecos más allá de la UE.

Así pues, esta postura diplomática, paralela a las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha generado una tensión significativa entre el Estado de derecho de la UE y los intereses nacionales franceses a nivel diplomático, económico, financiero e incluso estratégico e histórico (durante la época del colonialismo directo, la actual RASD era el Sáhara español). Esta contradicción no sólo no ha logrado calmar los ánimos de las partes implicadas en la región del Magreb, sino que tampoco ha logrado aclarar sustancialmente la verdadera postura de Bruselas sobre este delicado asunto. Para fortalecer su credibilidad y coordinar sus posiciones diplomáticas y estratégicas, la UE debería haber demostrado una mayor coherencia.

Mientras tanto, la UE se encuentra atrapada entre dos principios sobre la cuestión de la RASD: por un lado, el apoyo de Argelia al derecho de autodeterminación del pueblo de la RASD; por otro, la reivindicación de soberanía de Marruecos sobre ciertos territorios de la RASD (miembro de la antigua Organización de la Unidad Africana desde 1982 y ahora miembro de la UA), basada en el principio de fronteras inviolables. Marruecos propone conceder autonomía a la región dentro de lo que Rabat define como sus «fronteras naturales», enfatizando su prioridad histórica y geográfica. La postura algo sesgada del Consejo de Seguridad de la ONU respecto al enfoque marroquí podría ofrecer a la UE la oportunidad de afinar su postura diplomática.

El tercer error se refiere a la doble moral de la UE en nombre de la democracia, el Estado de derecho, la moral, la buena gobernanza y los derechos humanos. En la mayoría de los países del Magreb y el África subsahariana, la UE, al igual que otros actores occidentales, suele enfatizar estos conceptos ideológicos para justificar su intervención en los asuntos internos de los países africanos, imponiendo sanciones o condiciones. Estos discursos suelen tener un tono condescendiente y «civilizado», con el objetivo de debilitar a los regímenes y élites desobedientes, fomentando así la creación de intermediarios y salvaguardando sus propios intereses estratégicos. Esta práctica ha suscitado críticas generalizadas sobre la doble moral de la UE en África.

A pesar de que la UE ha subrayado reiteradamente su firme compromiso con estos valores, declarando que su objetivo es defender «valores universales» como la paz, la seguridad, la estabilidad, el estado de derecho, la moralidad, el buen gobierno, la lucha contra la corrupción, los derechos humanos, etc., la brecha entre la UE y África persiste.

La división es particularmente pronunciada en la región del Sahel. Las intervenciones de seguridad de la UE y la comunidad internacional, como 1) la Fuerza de Tarea Takuba de la UE desde 2021 (un instrumento concebido por Macron para involucrar a Europa en el Sahel, donde las fuerzas francesas luchan por mantener la estabilidad en la región; cabe mencionar también que, a pesar de haberse declarado inicialmente a favor de la iniciativa francesa, no todos los once países firmantes de la declaración de adhesión han enviado unidades operativas al terreno, mientras que uno de ellos, Alemania, ha rechazado dos veces la solicitud de Francia); 2) el G5 del Sahel (un marco de cooperación intergubernamental establecido en 2014 por Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger para abordar los desafíos comunes de seguridad y desarrollo); y 3) la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí, no han logrado erradicar por completo el terrorismo y la delincuencia transnacional. Incluso con la retirada de las tropas extranjeras, estas amenazas persisten. Si bien los soldados franceses y europeos han logrado detener el avance de las fuerzas yihadistas en algunas zonas, el fracaso en alcanzar un objetivo decisivo ha exacerbado aún más los malentendidos entre Francia, la UE y la Asociación de Estados del Sahel, empujando a esta última hacia Moscú, Beijing y el sistema BRICS. Este cambio geopolítico representa un desafío diplomático extremadamente difícil para la UE y Francia.

Además, cabe destacar que el mecanismo de patrullaje antinmigrantes Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, con sede en Varsovia) de la UE y su presión diplomática y estratégica sobre los países de tránsito del Magreb y los países africanos de origen han exacerbado aún más las tensiones entre la UE y África. Las rutas marítimas del Mediterráneo y el Atlántico se han convertido en vías de entrada para la inmigración ilegal, causando miles de muertes cada año. Esto no sólo genera fricciones entre los países costeros del sur de la UE y los países de destino del norte, sino que también exacerba los conflictos con el Magreb y África en su conjunto.

Muchos africanos creen que la UE está explotando los recursos naturales de África al negarse a proporcionar canales legales para la migración africana. Al mismo tiempo, la UE se enfrenta a la presión del auge del nacionalismo de extrema derecha y antiinmigrante, que explota los cambios demográficos, los abusos de la asistencia social y la «teoría del reemplazo demográfico» para sembrar el pánico y presentar la migración como una amenaza. Esta retórica suele exagerarse en el contexto de una realidad compleja e interdependiente.

Otra falla es el discurso occidental sobre el género y sus diversas formas, que ha encontrado una fuerte resistencia por parte de los valores tradicionales, religiosos y culturales en África y el Sur Global. Esto subraya la importancia de respetar la identidad y las costumbres en las relaciones internacionales para preservar la diversidad de los países y los Estados-nación.

La UE es reconocida como un socio estratégico importante para África y viceversa. Sin embargo, las frecuentes fracturas en sus relaciones reflejan la incapacidad de la UE para adaptar su política exterior a los cambios en las élites africanas, la opinión pública y el sistema internacional multipolar. Estas fracturas geopolíticas deberían impulsar a ambas partes a replantear sus modelos de interacción multidimensional basados en el respeto mutuo.

África defiende los principios de igualdad entre los Estados, respeto a la soberanía y no injerencia en los asuntos internos, evitando la sustitución de una hegemonía por otra, manteniendo así una auténtica autonomía estratégica. De hecho, sólo preservando la no alineación, la resiliencia y la iniciativa puede África promover con mayor eficacia las agendas globales, como la reorganización del sistema económico y financiero mundial y la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU). Esto se basa en el Consenso de Ezulwini, la posición común de la UA adoptada en 2005 para la reforma del CSNU, cuyo objetivo era corregir la injusticia histórica de la falta de representación de África. Exige al menos dos puestos permanentes (con derecho a veto) y cinco no permanentes para África, dejando el resto sin cambios.

En este proceso, la UE sigue siendo un socio indispensable para África. El Magreb, el África subsahariana, la UE y otras grandes potencias tienen la responsabilidad de construir un nuevo sistema de relaciones internacionales más pacífico, ordenado, justo y mutuamente beneficioso mediante el diálogo y la confianza mutua, y de promover el establecimiento de un nuevo orden mundial no excluyente, basado no en la palabrería políticamente correcta, sino en el respeto mutuo, los intereses comunes y el derecho internacional como garantía duradera de la paz, la seguridad y la estabilidad mundiales.

Sin embargo, más allá de las bellas palabras de la UE, que representa a los países que siempre han explotado a África, son los BRICS los que están ganando credibilidad ante los ojos de los países de ese continente.

La cooperación entre los países BRICS y África se está fortaleciendo rápidamente. Egipto y Etiopía también se han convertido en miembros de pleno derecho, mientras que Nigeria y Uganda son estados asociados, y Argelia y Senegal son estados candidatos. Esto representa el auge del «Sur Global», que busca promover la multipolaridad geopolítica, la desdolarización del comercio y el desarrollo de infraestructuras, fortaleciendo así significativamente la influencia de África en el panorama político y económico internacional.

Por lo tanto, los países BRICS y la UA están conformando un modelo interconectado, centrado en plataformas de negociación multilateral para promover la descolonización económica, la cooperación energética y los acuerdos sobre monedas locales. Su objetivo común es centrarse en la reforma de las instituciones de gobernanza global y promover la representación de los países en desarrollo en los asuntos internacionales.

En materia de infraestructura y desarrollo, los países BRICS se han comprometido a apoyar al continente africano en el desarrollo de recursos y el fortalecimiento de la infraestructura. Mediante su alianza con África, los países BRICS fortalecen la solidaridad en el Sur Global y trabajan para construir un orden internacional más equitativo.

Desde la ampliación de 2024, África cuenta ahora con dos nuevos Estados miembros de pleno derecho (los ya mencionados Egipto y Etiopía): la adhesión de estos países refuerza la influencia estratégica de los BRICS en el noreste de África.

En materia de moneda digital y desdolarización, India ha propuesto discutir la integración de las monedas digitales de los bancos centrales en la cumbre BRICS de 2026 para agilizar los acuerdos comerciales entre África y otros estados miembros y reducir la dependencia del dólar estadounidense.

En términos de ejercicios militares conjuntos, el primer ejercicio Peace Will 2026, liderado por la República Popular China, se celebró en aguas frente a las costas de Sudáfrica en enero de 2026, lo que marcó un paso adelante en la cooperación en materia de seguridad.

Las principales áreas de cooperación son: financiamiento de infraestructura: el Nuevo Banco de Desarrollo continúa otorgando préstamos a los países africanos, habiendo aprobado más de 30 mil millones de dólares para proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible a partir de 2023.

En materia de agricultura y seguridad alimentaria, el objetivo de la cooperación es compartir tecnologías agrícolas para mejorar la productividad y erradicar la pobreza en el continente africano.

En materia de cooperación energética, China y Rusia están impulsando varios proyectos de gran envergadura en África, como la central nuclear de El-Dabaa en Egipto y la construcción de varias redes de energía solar.

Los países BRICS han ofrecido a África una alternativa a los sistemas dominados por Occidente, como el FMI o el Banco Mundial. Los países africanos utilizan la plataforma BRICS para promover el desarrollo del Área de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA) y buscar una mayor representación y autonomía en la gobernanza global. Esto a pesar de los clichés de la UE y las potencias occidentales, quienes, en cuanto África intenta resolver sus problemas por sí sola, intervienen para establecer zonas de influencia, explotación y división. El caso de Libia, con el que iniciamos este artículo, es un claro ejemplo.

 

* Honorable de la Academia de Ciencias del Instituto de Francia Profesor honorario de la Universidad de Beijing.

 

Artículo publicado en italiano el 27/01/2026 en Nuovo Giornale Nazionale, https://www.nuovogiornalenazionale.com/index.php/articoli-recenti/geopolitica/27420-le-contraddizioni-dellunione-europea-in-africa-e-le-proposte-fattive-e-realistiche-dei-brics.html

ARGENTINA ANTE UN ESTADO DE EXCEPCIÓN PERMANENTE: EL ANDAMIAJE LEGAL PARA UN ICE CRIOLLO

Gabriel Francisco Urquidi Roldán

Desde una perspectiva crítica (Agamben / Ferrajoli), ambos emblemas normalizan el estado de excepción [1] [2].

 

La normalización del estado de excepción ocurre cuando el poder ejecutivo ejerce facultades extraordinarias de manera continua, sin declaración formal de excepción, debilitando los controles constitucionales y transformando la excepción en regla.

 

La reciente creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) mediante el Decreto 383/2025 [3] no puede analizarse como un hecho aislado ni meramente administrativo. Por el contrario, se inscribe en una reconfiguración estructural del sistema de defensa, seguridad e inteligencia de la República Argentina, que —en su conjunto— revela la consolidación de un estado de sitio de facto, sostenido por normas de excepción, concentración de poder y una lógica tecnocrática de control social.

Un entramado normativo que desdibuja límites constitucionales

La Constitución Nacional (arts. 18 y 75 inc. 22) [4] establece límites claros al ejercicio del poder punitivo del Estado: legalidad, debido proceso, juez natural y prohibición de persecución política. Sin embargo, el entramado normativo reciente tensiona esos principios.

Los Decretos 615/2024 [5] y 1112/2024 [6] reorganizan e integran funciones históricamente separadas por la legislación democrática post-1983: defensa nacional, seguridad interior e inteligencia, contrariando el espíritu —si no la letra— de las Leyes 23.554 [7], 24.059 [8] y 25.520 [9], diseñadas precisamente para evitar la militarización del orden interno y el espionaje político.

El DNU 941/2025 [10], al modificar sustancialmente la Ley de Inteligencia Nacional, profundiza esta tendencia al ampliar facultades de recolección de información, debilitar controles parlamentarios y judiciales, y habilitar un uso expansivo de categorías como “amenaza”, “riesgo” o “seguridad nacional”, conceptos jurídicamente indeterminados que históricamente han sido funcionales a la persecución de la disidencia. 

La formalización del ciberpatrullaje sin control judicial

Un punto crítico —y deliberadamente subestimado en el debate público— es la normalización del ciberpatrullaje sin autorización judicial previa. La Resolución 428/2024 [11] del Ministerio de Seguridad otorgó un marco formal-administrativo a prácticas de monitoreo digital, observación en entornos virtuales y análisis de información en redes y plataformas abiertas, sin establecer estándares robustos de control judicial, rendición de cuentas ni límites materiales claros.

Lejos de tratarse de una regulación restrictiva, dicha resolución legitimó ex post prácticas de vigilancia preventiva, asentándolas en una lógica de seguridad ampliada y discrecional. El Decreto 383/2025 [3] da un paso cualitativo adicional: incorpora estas actividades como facultades explícitas de la Policía Federal Argentina, institucionalizando el ciberpatrullaje como función permanente y desvinculada de la exigencia de orden judicial.

Este desplazamiento —de una práctica administrativa a una potestad expresa— erosiona el principio de legalidad estricta y vacía de contenido el control jurisdiccional previo, reemplazándolo por controles internos o ex post, históricamente ineficaces frente a la expansión del poder de vigilancia estatal.

El modelo ICE: seguridad fronteriza o policía política

El espejo en el que parece mirarse esta reforma es el Immigration and Customs Enforcement (ICE) [12] de los Estados Unidos, particularmente su rama Homeland Security Investigations (HSI). Bajo el discurso de la lucha contra el crimen transnacional, el terrorismo y el lavado de activos, ICE ha sido denunciado por organismos internacionales, medios y académicos como una herramienta de control social, deportación masiva y criminalización del migrante, especialmente durante la administración Trump.

La experiencia estadounidense demuestra que la fusión de inteligencia, policía, migraciones y comercio exterior, sin controles efectivos, deriva en estructuras opacas, con amplísima discrecionalidad, donde la noción de “enemigo” se expande desde el crimen organizado hacia el activista, el periodista, el opositor o el ciudadano crítico. 

Tecnocracia, datos y vigilancia: el rol de Palantir

En este contexto, la posible implementación de plataformas de análisis masivo de datos como Palantir [13] no es un detalle técnico, sino un cambio de paradigma. Estas tecnologías permiten integrar bases de datos policiales, financieras, migratorias, sanitarias y de redes sociales, construyendo perfiles predictivos de comportamiento.

Sin una ley de protección de datos robusta, control judicial previo y transparencia algorítmica, este modelo convierte al Estado en un actor de vigilancia permanente, capaz de anticipar, etiquetar y neutralizar conductas consideradas “disfuncionales” al régimen político de turno. No se trata ya de perseguir delitos, sino de administrar poblaciones.

Salud mental, peligrosidad y control social

La tensión con la Ley 26.657 de Salud Mental [14] resulta particularmente grave. El uso de categorías de “peligrosidad”, “riesgo” o “desestabilización” —sin criterios clínicos ni garantías— puede derivar en internaciones forzadas, estigmatización y criminalización de la protesta, replicando lógicas propias de regímenes autoritarios.

¿Combate al crimen transnacional o neutralización del disenso?

Los proyectos de reforma del Código Penal [15] y de la legislación complementaria, bajo el lema de “combate al crimen transnacional”, consolidan un derecho penal de autor, donde lo que se sanciona no es el hecho, sino la identidad, la ideología o la pertenencia.

La historia argentina demuestra que cuando el Estado redefine al enemigo interno, el paso siguiente es la erosión de derechos, la judicialización selectiva y el disciplinamiento social.

Conclusión: legalidad formal, ilegitimidad democrática

La suma de decretos, DNU y resoluciones configura un andamiaje legal de excepción permanente, donde la legalidad formal oculta una ruptura material del Estado de Derecho. No hay tanques en la calle ni suspensión explícita de garantías, pero sí una normalización del control, la vigilancia digital y la persecución preventiva, ahora formalmente habilitadas.

Importar el modelo ICE a la Argentina, en este contexto, no significa más seguridad: significa menos democracia.

 

* Licenciado en Seguridad. Especialista en Análisis de Inteligencia y Maestrando en Inteligencia Estratégica Nacional, con experiencia en estrategia, geopolítica, tasalopolítica, producción de información, así como en Seguridad y Protección de Infraestructuras Críticas.

 

Referencias:

[1].- Agamben, G. (2005). Estado de excepción (A. Gimeno Cuspinera, Trad.). Pre-Textos.

[2].-Ferrajoli, L. (2011). Poderes salvajes: La crisis de la democracia constitucional. Trotta.

[3].- Decreto 383/2025 Policía Federal Argentina https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/410000-414999/414065/norma.htm

[4].- Ley 24430. Constitución de la Nación Argentina. (1994). https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm

[5].- Decretos 615/2024 Reorganización del Sistema de Inteligencia Nacional. República Argentina. https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/400000-404999/401513/norma.htm

[6].- Decreto 1112/2024 . Integración de funciones de defensa y seguridad interior. República Argentina. https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/405000-409999/407456/norma.htm

[7].- Ley 23.554 Defensa Nacional. República Argentina. https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/20988/texact.htm

[8].- Ley 24.059 Seguridad Interior. República Argentina. https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/458/norma.htm

[9].- Ley 25.520 Inteligencia Nacional. República Argentina. https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/70496/norma.htm

[10].- DNU 941/2025 Modificación de la Ley de Inteligencia Nacional de la República Argentina. https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/420000-424999/422011/norma.htm

[11].- Resolución 428/2024 Ministerio de Seguridad https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/395000-399999/399894/norma.htm

[12].- https://www.ice.gov/

[13].- https://www.palantir.com/

[14].- Ley 26.657 de Salud Mental https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/175977/norma.htm

[15].- Proyecto de reforma del Código Penal de la Nación Argentina. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2024/PDF2024/TP2024/0638-D-2024.pdf.

CONFLICTO DE INTERESES, SOBREPRECIOS Y CORRUPCIÓN EN LA PESCA (Nota 3/4)

César Augusto Lerena*

De la información relevada se podría presumir ―sujeto a la investigación judicial― que las licitaciones de los buques de investigación “Víctor Angelescu” y “Mar Argentino” habrían estado dirigidas para que el proveedor Armón Vigo de España fuese el adjudicado, con un evidente perjuicio al erario nacional, la industria naval argentina, el desarrollo tecnológico y la generación de empleo.

Si bien en el ambiente portuario se conocía que el INIDEP licitaría la construcción de dos buques de Investigación Pesquera, ningún Astillero nacional habría sido notificado formalmente. La Federación de la Industria Naval Argentina (FINA); la Asociación Bonaerense de la Industria Naval (ABIN) y los Astilleros argentinos nunca fueron informados ni invitados a cotizar. No se otorgó a ningún Astillero nacional el acceso a los pliegos en tiempo y forma (Decreto 1023/2001) para poder presentarse a la apertura de los sobres el 02/09/2015.

El director del INIDEP Otto Christian Whöler, ante la presentación de una sola oferta, debió anular la licitación; pero «confió que la invitación a participar de la licitación se hizo a unos 20 astilleros de todas partes del mundo y una Cámara de Astilleros de España» (sic). El aparente justificativo para no convocar a los astilleros nacionales sería que no tenían antecedentes suficientes para la construcción de barcos de similares características. Cuestión absolutamente objetable y en todo caso, evaluable a través de expertos -ya que Whöler no lo es- con posterioridad a la presentación de las ofertas. Como he dicho en la Nota anterior; incluso, los Astilleros nacionales podrían hacerse presentado con otros astilleros nacionales o del extranjero a la competencia; por lo cual, la decisión de no invitarlos a la licitación fue irregular.

Por otra parte, el director del INIDEP Whöler reunido con la Asociación Argentina de Ingeniería Naval (AAIN) habría reconocido que «el Instituto contrató a un experto español para la confección de los pliegos y que éste habría determinado la exclusión de los astilleros locales por una supuesta falta de experiencia para hacer cumplir las normas de insonorización». El experto convocado -como veremos- tenía una estrecha relación con el Astillero Armón. Ello habría sido denunciado a la Subsecretaría de Industria de la Nación.

La adjudicación finalmente fue en favor del Astillero Armón de Vigo. No fue necesario “carterizar” la oferta ya que se trató de un único ofertante que cotizó ―a prima facie― la sobrevaluada suma de 27,72 millones de dólares. Cotización que estaría fuera de mercado para un barco de investigación de 52 metros, teniendo en cuenta, que el buque de Formación Náutica Pesquera “Intermares” de 79 metros de eslora, construido también en Armón costó de 22,3 millones de euros y los buques “Ramón Margalef” y “Angeles Alvariño” también construidos en Armón ―tomados como base por el INIDEP para la licitación― tuvieron un costo inferior a los 20 millones de euros; lo que haría pensar que en la cotización del “Víctor Angelescu” de 27,72 millones de U$S habría un sobre-precio de unos 5/7 millones de U$S.

Pese a las denuncias, el 24/11/2015 se adjudicó a Armón la construcción; pese a las exigencias del “Compre argentino”; demás legislación y las ventajas de Armon de no tenerse que inscribirse en el Registro de Proveedores del Estado Argentino (SIPRO/COMPR.AR), lo que genera desventajas competitivas para las empresas radicadas en Argentina, por razones burocráticas; costos adicionales; mayores riesgos formales y, consecuente menor agilidad para participar y, “la preferencia nacional” no alcanza a compensar la diferencia burocrática y, la competencia desleal y la asimetría con subsidios etc. de las propuestas extranjeras, lo que se traduce en una menor tasa de adjudicación a empresas nacionales en los grandes proyectos internacionales.

La apertura de los sobres para licitación del segundo barco “Mar Argentino” se haría 30/10/2025. Aquí los astilleros argentinos fueron convocados el 17/09/2015, fecha insuficiente para la presentación de una frondosa documentación requerida. Se cumplía escasamente con el Decreto 1023/2001 ya que se otorgaba solo 43 días corridos; aunque, el Banco Mundial establece un mínimo de 45 días; en la Unión Europea se fijan como mínimo 52 días y, los Bancos de Desarrollo, dan plazos de entre 45 y 90 días para ampliar la competencia.

Además, los astilleros argentinos estaban obligados a cotizar en pesos ―al menos un 30% del valor del buque― lo cual constituía una desventaja muy importante relación a los extranjeros, en especial con un dólar en suba. Aun así, una oferta habría resultado menor a la de Armón y, con la gravedad, que posteriormente se habría autorizado un aumento de casi un 20% del costo, lo que evidencia una oferta inicial falsa a la hora de la licitación 2/15 del buque costero “Mar Argentino”. Todas estas cuestiones merecerían una pericia judicial.

Por otra parte, se habría negado a los ofertantes argentinos (08/03/2016) conocer las ofertas bajo pretexto que el BID no autoriza hacerlo (¿?). Negativa que no transparenta el proceso de adjudicación e impide impugnar las ofertas y verificar el cumplimiento del pliego. El 30/06/2016 el director del INIDEP Otto Christian Whöler notificó que se adjudicó la construcción al Astillero Armón y el 02/08/2016, el mismo funcionario indicó que la normativa no preveía la vista del expediente (¿?), lo que nuevamente muestra un trámite no transparente.

Este ocultamiento deja de manifiesto que las Autoridades del INIDEP no tenían en sus planes adjudicar la construcción a un Astillero nacional y, en lo relativo a la licitación fallida del buque de investigación Ice-Class, llama la atención que el 06/09/2023 el medio “Faro de Vigo” ya anunciaba que sería adjudicado al Astillero Armón y, el anteproyecto habría sido elaborado en base al buque “Odeón de Buen” que coincidentemente se construía en este Astillero para el Instituto de Oceanografía español.

El Ing. Naval Raúl Podetti (Ser Industria, 2023), califica las licitaciones de «groseros fraudes» diseñados para beneficiar a Armón. Acusa al director del INIDEP Wöhler de encargar el diseño a un ingeniero naval español -consultor habitual del astillero ganador- excluyendo a los expertos argentinos. Indica que se usó un sistema de calificación de ofertas perjudicando las propuestas nacionales. Extendió esta denuncia a la 3ra. licitación proyectada en 2023. Podetti estimó que las dos primeras licitaciones generaron sobrecostos significativos: «En el caso del buque “Victor Angelescu” de 8/10 M de U$S; en el Mar Argentino de 2/3 M de U$S y en el tercer buque no construido hubiese sido de unos 45 M de U$S. Es decir, un total de entre 55 y 58 millones de U$S de sobreprecios (…) Los pliegos fueron armados para Armón agregando requisitos innecesarios (por ej. Ice-Class) (…) las acusaciones se centran en fraude licitatorio, corrupción y favoritismo a la industria extranjera (…) el INIDEP actuó como agente de Armón (…) hubo ocultamiento de la información (…) pérdida de soberanía naval (…) y desconocimiento de la legislación argentina».

Según este Ingeniero Naval, los hechos denunciados se separan en dos períodos:

  1. a) Entre 2015-2019 el INIDEP realizó dos licitaciones con financiamiento BID para adquirir los buques de investigación pesquera. Las licitaciones/contrataciones dan lugar a fundadas sospechas de fraude, colusión y corrupción que involucra a empresas e instituciones mencionadas y eventualmente, a funcionarios del Todo indica que entre funcionarios del INIDEP; asesores contratados «ad hoc»; un astillero español; una consultora española y posiblemente funcionarios del BID, se habría formado una asociación para delinquir favoreciendo indebidamente a una empresa privada española y causando grave perjuicio a la Argentina-BID.

Estas sospechas se enumeran por Podetti y «considera responsable al director del INIDEP Otto Christian Wöhler. Para el diseño de los barcos y de la licitación, el INIDEP no contrató a un equipo de ingenieros navales argentinos, sino que el INIDEP armó un equipo técnico incapaz de realizar las tareas, incluyendo biólogos, técnicos de sonido y bachilleres que contaron con el asesoramiento del profesional naval español. Para ello el INIDEP eligió ―entre miles de ingenieros navales del mundo― a Juan Luis Sánchez Pastrana relacionado y vecino del Astillero Armón».

«La razón de la elección de Sánchez Pastrana por parte del INIDEP y el BID se consideró que había asesorado a un proyecto naval en México que “casualmente” concluyó con la contratación del Astillero Armón de España. Años atrás, Sánchez Pastrana había fundado la consultora “Astur Marine” en cuya página web figuran como propios los diseños de los buques de investigación del INIDEP construidos en Armón (NdA: demostrando la parcialidad de este asesor del INIDEP). Esta consultora del experto elegido por el INIDEP está “casualmente” ubicada a sólo siete minutos del astillero Armón y, gran parte de su trabajo de asesoramiento lo ha realizado para este astillero. El INIDEP se basó en un informe de Sánchez Pastrana para elegir un diseño «a medida de Armón» y, el Astillero le otorgó a la Consultora “Astur Marine” un contrato millonario de DT de la obra del barco para el INIDEP. Además de ello, el INIDEP usó un informe de Sánchez Pastrana para descalificar y sacar de la licitación a la industria naval argentina por considerarla incapaz de hacer ese barco a pesar de que ha construido cientos de buques más complejos. Varios años atrás, un astillero argentino ya había construido un buque de investigación pesquera que hasta hace poco era el más moderno de la región. Esta obra se hizo con financiamiento BID tras una transparente licitación internacional y la participación de varios oferentes del mundo».

«De los cientos de astilleros extranjeros capaces -98 habituales constructores de estos buques- de construir los barcos para el INIDEP, solo se presentó el astillero español Armón (¿?). Es que sólo éste era capaz de cumplir las exageradas exigencias técnicas y exigidos en cortísimos plazos, ya que en realidad era un pliego hecho “a medida». Para asegurar que no compitieran los astilleros argentinos, el INIDEP incluyó exigencias técnicas y administrativas orientadas a descalificarlos y para que resultasen más caras que la de Armón se diseñó un tratamiento impositivo y un tipo de cambio desventajoso para los argentinos. Exactamente al revés que lo que debería hacer un gobierno que promueva la industria nacional».

Para la inspección de la obra en España -continua Podetti- «de entre cientos de ingenieros navales argentinos, el INIDEP eligió al Ing. Luis Javier Picco, que es un comisionista comercial del astillero español Armón al que supuestamente debía controlar. Como representante técnico e inspector del INIDEP Picco autorizó una sospechosa ampliación de contrato (aprox. 25%) a favor del Astilleros Armón. Este Asesor, además de gestor comercial de Armón en la región actuaba comercialmente en el ámbito privado con empresas pesqueras. Raramente, los directivos del INIDEP mantuvieron una sospechosa preferencia por Armón desoyendo los escándalos de corrupción de Armón en Panamá (156 MMusd y 10% de sobornos) en situaciones similares a la generada en las licitaciones de Argentina».

  1. b) Entre hechos posteriores al 2021 el Ing. Podetti manifiesta que, «en el año 2022, y en medio de la crisis y las denuncias, el entonces director del INIDEP el Lic. Oscar Horacio Padín tuvo tres actitudes:

La primera, en junio de 2022 el INIDEP gastó un gran presupuesto para llevar “a mostrar” en Montevideo el barco construido en España por Armón. Esta inaudita gestión comercial del INIDEP en favor del astillero español ocurrió en un momento muy oportuno. Casualmente Uruguay estaba considerando reemplazar su buque de investigación pesquera “Aldebarán” y el Astillero Armón negociaba su construcción. Por una rara paradoja, el buque Aldebarán a reemplazar fue construido varios años atrás en la Argentina, en una verdadera y transparente licitación internacional financiada por el BID; pero, a pesar de ello, nadie de la industria naval argentina fue invitado por el INIDEP en ese viaje promocional que hizo la Argentina para favorecer a la industria española y perjudicar a todos los argentinos que costeamos el viaje. Llevar a un país extranjero a mostrar un barco a un potencial comprador es la acción comercial naval más osada y onerosa; pero ocurrió con la voluntad del INIDEP respecto al Astillero Armón.

La segunda, hace pocos meses el Astillero Armón había iniciado la construcción de un nuevo diseño de buque de investigación pesquera apto para uso en regiones polares. “Casualmente” el INIDEP indicó que necesitaba un tercer barco de las características técnicas “coincidentes” con las del nuevo diseño del Astillero Armón y el presupuesto cercano a los 100 M de U$S, es decir el doble que los barcos anteriores.

La tercera, en septiembre 2022 el INIDEP inició gestiones ante la Subsecretaría de Industria de la Nación solicitando importar este tercer barco evitando así cumplir con la exigencia de construcción local impuesta en la legislación argentina, con el argumento que el financiamiento del BID le permitiría importar sin restricciones». ¿Y los funcionarios responsables?

El Ing. Podetti no se limitó a ser un opinante calificado, sino que efectuó las correspondientes denuncias en la Oficina de Integridad Institucional (OII) del BID en cabeza del citado Otto Christian Whöler.  

Por su parte, Domingo Contessi, responsable del Astillero Federico Contessi, «cuestionó las adjudicaciones a Armón de los buques de investigación, centrándose sus críticas en la falta de transparencia en los procesos licitatorios; las especificaciones que favorecían a los astilleros extranjeros (como las similitudes con diseños de Armón para España) y el impacto negativo en la industria naval argentina. Sus declaraciones forman parte de las de la Federación de la Industria Naval Argentina, por priorizar los intereses extranjeros. Refirió en el caso del “Mar Argentino” «a un proceso oscuro, por las condiciones desfavorables para la industria local y criticó las especificaciones técnicas del buque, similares a otro ya provisto por Armón en España. Consideró que la importación -aportando el Estado Nacional- violó el artículo 15° de la Ley 27.418, al no dar prioridad a la construcción nacional y teniendo capacidad técnica suficiente los Astilleros del país. Efectuó muchas más observaciones a las autoridades salientes y entrantes».

El Ing. Naval Horacio Tettamanti del Astillero SPI y ex Subsecretario de Puertos, por su parte, criticó la construcción en España. En Radio Brisas (16/07/20); Carta Abierta y otros foros, manifestó, que «Fue un error estratégico, ya que la industria local tiene la capacidad técnica y laboral para ejecutarla; fomentando empleo y soberanía tecnológica. La licitación de ese buque excluyó deliberadamente a los astilleros argentinos; por ej. requisitos Ice-Class innecesarios para el Atlántico Sur. Alegó un sesgo en favor de proveedores europeos y enfatizó que el costo podría haberse reducido en un 20/30% en Argentina con transferencia tecnológica gratuita vía BID y la mano de obra aplicada. Se ignoró la preferencia nacional; siendo una dependencia crónica ya que ningún país entrega sus recursos. La Industria Naval Argentina genera unos 5.000 empleos directos y en estas importaciones se perdieron unos 300 empleos. Refleja una visión absolutamente financiera que ignoró el valor agregado de la construcción local. La Argentina está en condiciones de construir cualquier tipo de buque, incluyendo oceanográficos complejos. Debió construirse en Mar del Plata. Hacerlo en España generó una pérdida neta de 70-90 millones de dólares en 5 años para la economía argentina, principalmente por fuga de capitales, empleo perdido y, proveedores (acero de Techint, electrónica local, etc.)». Según la Cámara Naval Argentina y Tettamanti, cada dólar invertido en astilleros locales multiplica por tres/cuatro en la economía vs. por uno en las importaciones.

Otros ingenieros navales (en carta de 2015) cuestionaron la exclusión de astilleros locales.

El SiMaPe; SOMU y ATE de los Astilleros Río Santiago alegaron “pliegos a medida” en favor de Armón.

La Asociación Argentina de Ingeniería Naval (2015) realizó una denuncia similar a la de los ingenieros Podetti y Tettamanti, resaltando la falta de transparencia en el proceso.

Medios especializados como Pescare y Revista Puerto reportaron el error en el diseño; por ejemplo, la ausencia de tangones para pescar langostino, a pesar de ser la principal especie exportadora argentina; lo que implica un sobrecosto operativo. Por su parte Punto Noticias vinculó “la corrupción a la preferencia en las importaciones, con la consecuente pérdida de mano de obra local y sobrecostos millonarios”.

Licitar la construcción de un buque no solo debe generar un bien sino el desarrollo Nacional y el bienestar de su gente. En la próxima Nota (4/4) se muestra la ineficiencia de los buques del INIDEP.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana. cesarlerena.com.ar