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MÁS “INNOVACIONES” EN MATERIA DE INTELIGENCIA

Marcelo Javier de los Reyes*

El pasado 24 de enero de 2021, el diario Página 12, publicó una noticia acerca de los “los principales lineamientos de la nueva ley de Inteligencia”[1].

Según la nota, “la reforma plantea un perfil que apunta más a la inteligencia estratégica y abandona la dedicada a la criminal” y agrega que la transparencia y la reducción al mínimo de los fondos reservados se encuentran entre los puntos del texto normativo que debe analizar el presidente.

En principio no parece serio cambiar nuevamente la Ley de Inteligencia, cuya última ley, la 27.126, fue llevada a cabo cuando la actual vicepresidente, en ese momento en ejercicio de la Presidencia de la Nación, resolvió disolver la Secretaría de Inteligencia (SI) y crear la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la que a pesar de los pocos años de existencia parecería que no dio los frutos esperados. Claro está que el actual gobierno podrá argumentar que el gobierno de Mauricio Macri, desvirtuó los objetivos del organismo a cuyo frente puso al escribano Gustavo Arribas —vendedor de jugadores de fútbol— y a la ex funcionaria menemista, devenida en dirigente del PRO, y ex miembro de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación, Silvia Majdalani, dos inexpertos en materia de Inteligencia. En este sentido el gobierno tendría parte de razón, pero tanto su gestión anterior, que llevó a la disolución del organismo predecesor de la AFI, la de Arribas-Majdalani como la actual del organismo, llevan a recordar aquello de que “el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones”. En este sentido también vale mencionar el proyecto presentado por la entonces diputada Elisa Carrió, cuyo desconocimiento sobre Inteligencia salta a la vista cuando entre las “fuentes abiertas” incluye la información “brindada por agencias extranjeras, en cumplimiento de los tratados, acuerdos y convenios oportunamente realizados” (artículo 11º, 4, del mencionado proyecto)[2]. Un disparate. La información que proviene de un servicio colateral, es decir de una agencia extranjera, es enviada con las recomendaciones necesarias para mantener la confidencialidad. Cabe aquí recordar un ítem del Decálogo del Personal de Inteligencia: “Basar en la buena fe recíproca la coordinación que deba establecer con otros organismos de inteligencia”. Y otro que dice: “Proteger las fuentes por deber de lealtad y para mantener canales de información obtenidos laboriosamente”.

Proyecto de ley presentado por la diputada Elisa Carrió en 2016 (Expediente 5577-D-2016).

Renglones más abajo, el proyecto de la ex diputada Carrió, dice: “El Sistema Nacional de Inteligencia no dispondrá de medios de reunión propios, sus organizaciones se basan en los recursos necesarios para la dirección, el análisis, interpretación, la integración y la difusión”. Es decir que la Argentina debe estar “ciega” o solo tomar lo que otros organismos de inteligencia extranjeros, ONGs, etc., le hagan llegar. Otro dislate entre tantos de ese proyecto.

Proyecto de ley presentado por la diputada Elisa Carrió en 2016 (Expediente 5577-D-2016).

No hace tanto, la Coalición Cívica pidió eliminar la AFI y propuso “crear, en su lugar, un organismo que sólo coordine a las fuerzas de seguridad en la prevención y el combate del crimen organizado y el terrorismo” y recordó el mencionado proyecto presentado por Carrió en 2016[1]. Nada de Inteligencia Estratégica que es lo que más precisa apuntalar el Estado Argentino.

La nota de Página 12 dice que el proyecto para reformar la ley de inteligencia tiene como objetivo “ponerle fin al fantasma del espionaje político —que se acrecentó durante la gestión macrista— y a insertar a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en una lógica de producción de inteligencia estratégica, enfocada en preservar los recursos del país”. Bien… también esta intención estuvo presente cuando se disolvió la Secretaría de Inteligencia y se creó la AFI pero se trata de una quimera en tanto los políticos sigan, directa o indirectamente, dirigiendo el organismo. A todas luces, a través de los medios, sabemos que la Inteligencia ejerció influencia sobre el Poder Judicial, lo cual tuvo lugar no solo con el gobierno de Macri sino con todos los anteriores. Lo que resulta paradójico es que para cambiar este estado de cosas se recurra a poner como cabeza de la AFI a una dirigencia que proviene del Poder Judicial.

La mencionada nota agrega que el presidente le encomendó a la interventora “la redacción de un proyecto para reformular el Sistema de Inteligencia Nacional —que incluye también áreas del Ministerio de Defensa y de Seguridad— para producir información de calidad y ponerle límites a los servicios. Luego aclara: “De lo que se trata es de cambiar la matriz de los órganos de inteligencia que estuvieron siempre más interesados en meter sus narices en cuestiones políticas que en los temas que son estratégicos para el país a largo plazo”.

Cabe aquí citar la Ley 25.520 —sancionada el 27 de noviembre de 2001 y promulgada el 3 de diciembre de 2001— que dice textualmente:

ARTICULO 10. — Créase la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar dependiente del Ministro de Defensa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 15 de la Ley 23.554.

Tendrá como función la producción de Inteligencia Estratégica Militar.

Los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas tendrán a su cargo la producción de la inteligencia estratégica operacional y la inteligencia táctica necesarias para el planeamiento y conducción de operaciones militares y de la inteligencia técnica específica.

La mencionada Ley, en su Título IV, Política de Inteligencia Nacional, en su artículo 12º, expresa que “El Presidente de la Nación fijará los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional”. En el artículo 13º dice que “conforme los lineamientos y objetivos establecidos por el Presidente de la Nación, la Secretaría de Inteligencia tendrá las siguientes funciones específicas”, y a continuación se hace necesario citar incisos puntuales:

5. Coordinar las actividades dentro del marco de las leyes 23.554 de Defensa Nacional y 24.059 de Seguridad Interior con los funcionarios designados por los ministros de las áreas respectivas, cuyo rango no podrá ser inferior al de Subsecretario de Estado.

11. Proporcionar al Ministerio de Defensa la información e inteligencia que fuere menester para contribuir en la producción de la Inteligencia Estratégica Militar, de conformidad a lo estipulado sobre la materia en el artículo 15 de la ley 23.554.

12. Proporcionar al Consejo de Seguridad Interior la información e inteligencia que fuere menester para contribuir en la producción de la inteligencia criminal de conformidad a lo estipulado sobre la materia en el Artículo 10 inciso e) de la ley 24.059.

A estos efectos cabe también citar el artículo 14:

El Presidente de la Nación podrá convocar a un consejo interministerial para el asesoramiento sobre los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional, determinando en cada caso los miembros participantes en el mismo.

Asimismo, el Presidente de la Nación podrá convocar a participar de dicho Consejo, con carácter consultivo, a representantes de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad o de la Policía Federal Argentina, cuando lo considere pertinente.

Por su parte, la Ley 27.126 —sancionada el 25 de febrero de 2015 y promulgada el 3 de marzo de 2015—, que modifica la 25.526, también tiene en su espíritu las cuestiones vinculadas a la Defensa Nacional y a la Seguridad Interior. En su artículo 6° expresa que debe sustituirse el artículo 8º de la ley 25.520 por el siguiente texto:

Artículo 8°: Las funciones de la Agencia Federal de Inteligencia serán las siguientes:

    1. La producción de inteligencia nacional mediante la obtención, reunión y análisis de la información referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten la defensa nacional y la seguridad interior, a través de los organismos que forman parte del sistema de inteligencia nacional.
    2. La producción de inteligencia criminal referida a los delitos federales complejos relativos a terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, ciberdelitos, y atentatorios contra el orden económico y financiero, así como los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, con medios propios de obtención y reunión de información.

La misma ley hizo un sutil cambio de la definición de “Inteligencia Nacional” que fue modificada a través de su artículo 2º:

Inteligencia Nacional a la actividad consistente en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten la Defensa Nacional y la seguridad interior de la Nación.

Entonces, tanto la Ley 25.520 y la modificación introducida por la Ley 27.126 ya contemplan la participación de los Ministerios de Defensa y de Seguridad en las actividades de Inteligencia cuya cabeza del sistema, actualmente, es la AFI, como oportunamente lo fueron la Secretaría de Inteligencia y la SIDE (Secretaría de Inteligencia de Estado).

Aún más, la Ley 25.520, en su artículo 9° expresa “Créase la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, dependiente de la Secretaría de Seguridad Interior” y, en su artículo 10º, establece la creación de la “Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar dependiente del Ministro de Defensa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 15 de la Ley 23.554”.

La nota periodística dice que “quizá 2021 vuelva a ser el año de la reforma para dejar atrás los ‘sótanos de la democracia’, como los llamó el Presidente al asumir”.

Al respecto debe quedar claro que los agentes de Inteligencia no obran de por sí y que lo que hacen los miembros del servicio es lo que las autoridades políticas de turno, presidente, secretarios o directores de Inteligencia, según las épocas, les solicitan. En otras palabras, los políticos deben hacerse cargo de lo que han hecho con la Inteligencia en la República Argentina.

Precisamente fueron los políticos quienes torcieron los objetivos de la Secretaría de Inteligencia y de la AFI orientándolos hacia la Inteligencia Criminal, duplicando innecesariamente lo que le compete a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y atrofiando las capacidades del principal organismo nacional. Aún más grave, el general César Milani (2013-2015) llegó a contar con más recursos para Inteligencia en la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar que los que tenía la propia Secretaría de Inteligencia.

Por otro lado, la información periodística menciona que la interventora terminó de redactar un borrador tras “meses de discusiones con el consejo consultivo de la intervención, designado ad honorem, para pensar los cambios en la ley de inteligencia”. Ese consejo consultivo “está integrado entre otros por Alberto Binder, Juan Gabriel Tokatlian, Rafael Bielsa, Paula Litvachky, Margarita Trovato, Beatriz Busaniche, Ernesto Chaparro, Sidonie Porterie, Lisandro Pellegrini y Máximo Sozzo”. Según reza la nota, estos serían “expertos” en Inteligencia pero la realidad es que no se conoce que ellos hayan caminado por los pasillos del servicio ni por las aulas de la Escuela Nacional de Inteligencia en calidad de agentes para poder conocer sobre la materia. Es que la Inteligencia es una disciplina que solo se aprende en el ejercicio de la actividad. Como alguien escribió por ahí con respecto a esta nueva ley, “es difícil crear o intentar reformar algo, de lo que se desconocen, su arquitectura, misión y objetivos”.

Por otro lado, en este punto, es quizás apropiado reflexionar si ese “consejo consultivo” no entra en colisión con la Ley 25.520 que en su artículo 11º expresa:

Queda prohibida la creación conformación y funcionamiento de asociaciones, instituciones, redes y grupos de personas físicas o jurídicas que planifiquen y/o ejecuten funciones y actividades de inteligencia en cualquiera de sus etapas asignadas por la presente ley a los organismos integrantes del Sistema de Inteligencia Nacional.

La redacción de las leyes compete al Congreso Nacional, cuyos miembros también confeccionan leyes sobre temas que desconocen y que ni siquiera se asesoran con el personal que lleva a cabo determinadas actividades que, como en el caso de la Inteligencia, son muy específicas.

Según Página 12, la nueva ley pondrá “énfasis en la inteligencia estratégica, no en la inteligencia criminal como dominó en las últimas décadas a la exSecretaría de Inteligencia”. Precisamente esta era la función de la SIDE, la que fue desvirtuada principalmente durante las dos últimas décadas gracias a la intervención de los políticos y a las “purgas” que cada tanto fueron llevando a cabo los gobiernos democráticos, siendo la más importante la que llevó a cabo el gobierno de la Alianza el 7 de febrero de 2000. No es nada nuevo que la Inteligencia Estratégica “es necesaria para el desarrollo integral del país”, algo que parece descubrir la nueva conducción gracias a “una de las charlas públicas que uno de los integrantes del consejo consultivo dio para la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI)”.

La gestión de Macri también hizo uso de la “propaganda” en contra de la Inteligencia argentina. Las notas periodísticas que hablaban de que Macri tenía por objetivo “sanear y profesionalizar la agencia” se repetían en los diarios allegados a ese gobierno así como hoy Página 12 nos habla de esta nueva ley. Se echa personal de carrera para hacer lugar a los “nuevos profesionales de Inteligencia” que cada gestión recoge en la calle para “profesionalizar el organismo”. En los últimos años, cada gestión echa a esos “expertos en Inteligencia” que la gestión precedente hizo ingresar para “profesionalizar el servicio”. Amigos, parientes y militantes de todos los colores encuentran empleo en la AFI, una constante que ha vaciado a la Inteligencia Nacional de sus verdaderos profesionales, los que deberían haber transmitido sus conocimientos a las nuevas generaciones.

Finalmente, la nota dice que existe una propuesta de que “el director general de la Agencia sería un agente de carrera” aunque aclara que “ese punto no figura en el borrador”. En realidad, no quedan funcionarios de carrera tras diecisiete años en que los gobiernos kirchneristas y macrista se encargaron de destruir el servicio y de “eliminar”, mediante “ofrecimientos jubilatorios” y “retiros voluntarios”, a todo el personal de carrera que tuviera muchos años dentro del organismo.

En verdad, se hace necesario rearmar el Sistema de Inteligencia Nacional pero, en ningún caso sería una tarea que deban hacer quienes se encargaron de destruirlo. Quizás en la reforma sea conveniente que el organismo nuevamente se llame SIDE (Secretaría de Inteligencia de Estado), para recordarles a los políticos que la Inteligencia no es de un gobierno sino que está al servicio del Estado Nacional.

 

* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019.

 

Referencias

[1] Luciana Bertoia. “La interventora de AFI, Cristina Caamaño trabaja en su redacción. Los principales lineamientos de la nueva ley de Inteligencia. Página 12, 24/01/21, https://www.pagina12.com.ar/319273-los-principales-lineamientos-de-la-nueva-ley-de-inteligencia.

[2] Proyecto de ley. Expediente 5577-D-2016. Sumario: REFORMA DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA NACIONAL Y CREACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA. DEROGACION DE LAS LEYES 25520 Y 27126. Fecha: 26/08/2016, https://www.diputados.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=5577-D-2016.

[3] “La Coalición Cívica pide eliminar la AFI”. Agencia Legislativa, http://agencialegislativa.com/la-coalicion-civica-pide-eliminar-la-afi/

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EL “DEFAULT” DE ARGENTINA

Giancarlo Elia Valori*

Hoy Argentina, que cayó en su noveno impago de la deuda, está entrando en la peor contracción de su historia. Su economía se había reducido incluso antes del estallido de la pandemia de Covid-19 y la tasa de inflación en junio de 2020 era del 42,8%.

El último 4 de agosto, el Ministerio de Economía de Argentina emitió un anuncio en el que afirmaba que el gobierno había llegado a un acuerdo de reestructuración de la deuda con los tres principales acreedores por un total de casi US$ 70.000 millones. El acuerdo ajustó la fecha de pago de la deuda parcialmente reestructurada, pero no aumentó el monto total de capital e intereses que la Argentina tiene que soportar.

Medios locales informaron que alrededor del 60% de los acreedores expresaron su aceptación del último plan de reestructuración de la deuda y en el mismo mes iniciaron la reestructuración de la deuda en la emisión de obligaciones argentinas estadounidenses por primera vez.

En abril pasado, el gobierno argentino inició oficialmente las negociaciones sobre la reestructuración de la deuda. Mientras tanto, el gobierno había anunciado que no podía pagar un total de unos US$ 500 millones en intereses de bonos.

Después de un período de suspensión de 30 días, se generó un “default técnico”, debido a desacuerdos significativos con los acreedores sobre cuestiones clave como las tasas de descuento de los bonos y la extensión del período de amortización, y las negociaciones se pospusieron repetidamente. A principios de julio, el gobierno argentino anunció la sexta prórroga del período de negociación hasta el citado 4 de agosto.

La conclusión del acuerdo de reestructuración reduciría en gran medida la presión sobre la deuda del gobierno argentino. El 4 de abril, el presidente Fernández declaró que llegar a un acuerdo ayudaría a Argentina a salir lo antes posible de la crisis económica exacerbada por la pandemia Covid-9.

Esto reduciría la deuda pública en unos US$33 mil millones en los próximos 10 años, dando al gobierno más recursos financieros para llevar a cabo proyectos en diversos campos. Brindar oportunidades para el desarrollo sostenible a mediano y largo plazo de la economía y la sociedad del país.

El mercado financiero respondió rápida y positivamente a la conclusión del acuerdo de deuda. La bolsa de valores nacional de divisas de Argentina y el índice bursátil emitido por las principales empresas estadounidenses continuaron creciendo. El peso argentino detuvo el abismo; y el tipo de cambio frente al dólar estadounidense aumentó levemente. Ha aumentado la confianza del mercado internacional en Argentina.

Según el informe del índice de riesgo del país publicado por JPMorgan Chase Bank, cayó a 4, el valor más bajo para 2020.

El economista argentino Gustavo Neffa cree que el acuerdo de reestructuración de la deuda ofrece a Argentina las condiciones para salir del dilema del “default técnico”, con el fin de facilitar 1) la eliminación de la incertidumbre en el mercado financiero a corto plazo, 2) la mejora de la estabilidad macroeconómica y 3) la promoción de las reservas de divisas argentinas. La paulatina recuperación de los niveles hace que el mercado crediticio internacional aún esté abierto a Argentina.

El gobierno ha mantenido la sostenibilidad de la deuda al cambiar las condiciones de pago por otros medios y ha impedido que Argentina caiga en un círculo vicioso de asumir nuevas deudas para pagar las antiguas.

La economista argentina Natalia Motyl dijo que la presión sobre la deuda argentina se ha aliviado, mientras que la confianza de los mercados financieros internacionales en la economía de ese país se ha renovado. Confianza que ayudará a deshacerse del problema de la disminución de la inversión privada y la fuga gradual de capitales y permitirá al país integrarse en el mercado internacional de capitales a un nivel más profundo.

La conclusión del acuerdo puede frenar efectivamente la inflación y la depreciación de la moneda local, estabilizar los precios de los bienes y servicios y desempeñar un papel importante para garantizar el desarrollo sostenible de la economía nacional del país. La economista Motyl dijo que el gobierno había ganado más margen para el control de la política macroeconómica y estaba a favor de implementar una nueva ronda de reformas económicas pero la economía argentina necesita implementar reformas estructurales para volver a entrar en carrera.

La mayoría de los expertos económicos argentinos creen que el sistema financiero actual de Argentina sigue siendo muy frágil y que el impacto de la pandemia ha superado las expectativas. Alcanzar un acuerdo de reestructuración de la deuda con un país extranjero es sólo el primer paso.

Argentina todavía tendrá que hacer frente a las deudas que expiran del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el futuro y continuar negociando cuestiones relacionadas con el FMI. Restaurar la confianza en el mercado de inversiones no es un desafío pequeño que debe abordarse rápidamente.

Argentina espera alcanzar un nuevo acuerdo financiero con el FMI para marzo de este año. Se cree que Buenos Aires y sus acreedores alcanzaron un acuerdo de reestructuración de la deuda de US$ 65.000 millones, que aumentará los recursos del país para negociar sobre la situación financiera del país, según el FMI.

El plazo para las negociaciones en marzo del próximo año se ha fijado, ya que Argentina debe devolver dos mil millones de dólares antes de mayo de 2021 a los miembros acreedores del Club de París, que reúne a los países más ricos del mundo: Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, República de Corea (sur), Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Japón, Irlanda, Israel, Italia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Rusia, España, Estados Unidos de América, Suecia y Suiza.

Por lo tanto, Argentina espera renegociar acuerdos de pago de deuda con el Club de París tras negociaciones del FMI.

Mark Sobel, presidente por Estados Unidos del Foro Oficial de Instituciones Monetarias y Financieras y ex funcionario de larga data en el departamento del Tesoro de los Estados Unidos, además de presidente de la mesa redonda que desarrolló los CAC mejorados (cláusulas de acción colectiva que permiten a la mayoría de los tenedores de bonos acordar una reestructuración de la deuda jurídicamente vinculante para todos los tenedores de bonos, incluidos los que votaban en contra de la reestructuración) dijo que Argentina había estado en comunicación con el FMI y que se había establecido el próximo mes de marzo. Si las dos partes son leales, las negociaciones pueden completarse antes de la fecha límite.

Al mismo tiempo, un portavoz del Ministerio de Economía de Argentina declinó hacer comentarios sobre las noticias anteriores. Mientras, un portavoz del FMI dijo que está dispuesto a discutir el plan de reorganización con Argentina en cualquier momento.

Sin embargo, el Wall Street Journal informó que los inversores se están preparando para nuevas insolvencias y caos en los mercados emergentes. Los acuerdos anteriores entre Argentina y los acreedores han puesto de relieve la presión que covid-19 está ejerciendo sobre muchas economías en desarrollo.

Según los informes, el bloqueo antiepidémico y el desplome de los precios de las materias primas han tenido un impacto en las economías en desarrollo: en este contexto, Ecuador y Líbano también han pedido concesiones a los acreedores este año. Sin embargo, el Covid-19 aún se está extendiendo y el impacto económico podría durar más de lo que esperaban los analistas.

Consideran que luego de que Argentina y sus acreedores hayan llegado al mencionado acuerdo, las negociaciones del país con el FMI podrían desencadenar una mayor imprevisibilidad en los mercados emergentes.

 

* Copresidente del Consejo Asesor Honoris Causa. El Profesor Giancarlo Elia Valori es un eminente economista y empresario italiano. Posee prestigiosas distinciones académicas y órdenes nacionales. El Señor Valori ha dado conferencias sobre asuntos internacionales y economía en las principales universidades del mundo, como la Universidad de Pekín, la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad Yeshiva de Nueva York. Actualmente preside el «International World Group», es también presidente honorario de Huawei Italia, asesor económico del gigante chino HNA Group y miembro de la Junta de Ayan-Holding. En 1992 fue nombrado Oficial de la Legión de Honor de la República Francesa, con esta motivación: “Un hombre que puede ver a través de las fronteras para entender el mundo” y en 2002 recibió el título de “Honorable” de la Academia de Ciencias del Instituto de Francia.

 

Artículo traducido al español por el Equipo de la SAEEG con expresa autorización del autor. Prohibida su reproducción.

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PODER AÉREO Y PODER NAVAL. LA DEUDA DE LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS CON LA SOBERANÍA NACIONAL.

Reinaldo Cesco*

Trucker de la Armada Argentina durante un adiestramiento de vuelo en la Base Aeronaval Comandante Espora (BACE), diciembre de 2020. Imagen: Gaceta Marinera.

Un país de la extensión de Argentina, que tomando la definición del General Juan Enrique Guglialmelli es un país peninsular, es decir es continental, bioceánico y antártico[1], que además es el octavo en el mundo por superficie, y con un extenso litoral marítimo que se prolonga por 4.725 kms, con una plataforma continental de 1.783.278 km², no puede permitirse no tener Fuerzas Armadas y muy particularmente no tener una Fuerza Aérea en condiciones de controlar todo el espacio aéreo nacional, ni una Armada en condiciones de defender el territorio argentino y sus intereses económicos en las aguas territoriales, la cual además debe abastecer a las bases de la Antártida, misión que comparte con la Fuerza Aérea. Del mismo modo, ambas fuerzas deben sostener sus compromisos en operaciones Búsqueda y Rescate (SAR, en inglés) en el Atlántico Sur. Por ley Nº 22.445 el Estado argentino, como miembro de la Organización Marítima Internacional (OMI), aprobó el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo —adoptado en Hamburgo (República Federal de Alemania), el 27 de abril de 1979— (Artículo 1º) y designó al Comando en Jefe de la Armada, a través de sus organismos competentes, autoridad de aplicación del instrumento citado (Artículo 2º). Vale recordar aquí la relevante misión que, en noviembre de 1903, llevó a cabo la Corbeta ARA “Uruguay” al rescatar la expedición del científico sueco Otto Nordenskjöld en la Antártida, una página de gloria no sólo para la Armada Argentina sino también para la República Argentina, hecho que también significó nuestra aproximación al continente antártico.

Es oportuno mencionar que a fines de febrero de 2020, ante el pedido de asistencia del buque pesquero de bandera rusa “Atlántida”, ubicado a 400 km al sur de las islas Malvinas, por tener un tripulante enfermo con problemas cardíacos, se destacó al aviso ARA “Islas Malvinas” —que cuenta con médico a bordo—, para su encuentro en momentos en que la meteorología en la zona era desfavorable, con vientos del oeste de más de 70 km por hora y olas superiores a los 5 metros[2].

Aparte de lo anteriormente señalado, es increíble que gran parte de la dirigencia política aún sostenga que no hay hipótesis de conflicto. Parece ser que muchos han olvidado que una parte considerable de la plataforma continental está ocupada por una potencia invasora, con su base de operaciones en las islas Malvinas. ¿O es que hemos ya decidido entregarlas definitivamente al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte? En la práctica no solo las islas están ocupadas de facto por la potencia invasora, sino también nuestro mar, pues ha establecido una zona de exclusión de 200 millas náuticas en derredor de las islas Malvinas en forma unilateral y nuestro país lo ha aceptado sin mayores protestas. O al menos sin protestas de peso. También debe mencionarse el reciente reclamo del gobierno de Chile ante la presentación del nuevo mapa de la República Argentina y su objeción a la extensión de la plataforma continental submarina. En este sentido, es necesario aclarar que “hipótesis de conflicto” no es sinónimo de “conflicto armado”.

Del mismo modo, existen otros conflictos potenciales que están relacionados con la problemática del Atlántico Sur pero incluyen a actores diferentes: estos son China y España, que con sus flotas pesqueras depredan los mares australes sin control alguno, así como los pesqueros de otras banderas.

De esta manera, debe considerarse que se hace muy difícil garantizar la integridad territorial, es decir, velar por la Soberanía Nacional, cuando se está completamente indefenso y sin poder duro.

Como se puede apreciar, las Fuerzas Armadas no son solo un instrumento para mostrar en los desfiles patrios. Ni tampoco son un ente perverso que lleva al país a la ruina. Ya ha pasado mucho tiempo desde el último “gobierno militar”). Sus actuales miembros, salvo alguna excepción, no prestaban servicio en esa época; en la mayoría de los casos eran niños, adolescentes o aún no habían nacido. Es hora de dar vuelta de página y avanzar hacia la reconstrucción de la grandeza nacional, de hacer respetar la Soberanía Nacional y trabajar para que la Argentina ocupe el lugar que le corresponde en la comunidad de naciones. Pero esto, sin Fuerzas Armadas apropiadamente equipadas, instruidas y con la dimensión adecuada no es posible.

En cuanto a la Armada, más allá de la presencia o no de hipótesis de conflicto, es imprescindible equiparla con unidades de superficie modernas y rápidas, de diversos tonelajes, y además hacen falta unidades submarinas, arma estratégica para la guerra pero también para poder detectar en forma sigilosa y eventualmente interceptar los pesqueros que depredan los mares del sur sin control alguno y que huyen cuando los navíos nacionales se acercan, o guiar a estos últimos para lograr la intercepción y captura. Siguiendo esta lógica, se hace imprescindible equipar a la aviación naval con aeronaves de gran autonomía para la exploración y reconocimiento. A la vez, estas aeronaves sirven como plataformas para guiar a las unidades de la flota en su patrullaje. Sin embargo, cabe recordar que el actual gobierno argentino, a principios de 2020, dejó sin efecto una gran oportunidad que consistía en la adquisición de cuatro aviones Lockheed P-3C Orion de patrulla marítima y de patrulla antisubmarina. La venta de esas aeronaves usadas había sido autorizada por el gobierno de los Estados Unidos a fines de 2019. Un mero ejemplo de que la retórica de la Soberanía Nacional no se plasma en hechos. Podrían mencionarse más ejemplos si tomáramos el gobierno anterior del kirchnerismo.

Por otro lado, la recuperación del arma submarina es vital para la defensa de nuestra soberanía. Es un arma de naturaleza ofensiva, pero que además permite la recolección de inteligencia, proporciona reconocimiento avanzado para una flota de superficie, brinda libertad de acción para la misma, sirve además para la infiltración de tropas de operaciones especiales en territorio enemigo, (vale recordar para esto la “Operación Rosario” en la reconquista de las islas Malvinas). Y de ser necesario puede operar en forma aislada.

No debe descuidarse la necesidad que existe de, al menos, dos buques de desembarco. Es lo que permite proyectar una fuerza de ocupación y el efectivo control del terreno en caso de conflicto. Con este propósito, también debe equiparse y aumentar las capacidades de la Infantería de Marina.

De manera tal que para que las Fuerzas Armadas puedan cumplir con su misión específica es necesario suministrarles las capacidades primordiales para la defensa. No se trata de adquirir camiones IVECO militarizados en Brasil, que bien podrían adquirirse a IVECO Argentina o a Mercedes Benz Argentina, lo que a su vez significaría brindar trabajo a operarios argentinos, sino de buques, aviones y material militar, que estén diseñados para el combate. Respecto de la intención de comprar unidades del vehículo 6×6 VBTP-Guaraní —para lo cual el Ministro de Defensa argentino, Agustín Rossi, visitó la planta de IVECO en Sete Lagoas (Minas Gerais)—, cabe destacar que partes de ese vehículo son construidas en la planta de esa empresa en Córdoba: el motor y el chasis[3].

De tal modo que la Argentina necesita, de manera urgente, contar con una Armada óptimamente equipada y entrenada, con los recursos suficientes para no solo controlar, patrullar y proteger nuestros recurso, y además con un poder disuasivo creíble que prevenga que estos actores —y otros que sacan provecho de la actual realidad— coercionen a nuestro país a seguir aceptando esta situación por medio de la fuerza.

Por eso, además de lo antes mencionado, y en función de la extensión del territorio a proteger, y para poder proyectar el poder naval aún más lejos, nuestro país debería considerar seriamente la incorporación de uno, idealmente dos portaviones de mediano tamaño. No inmediatamente, pero si en el mediano a largo plazo, a medida que las finanzas del país lo vayan permitiendo. Inicialmente, y en función de la disponibilidad presupuestaria, se propone incorporar al segundo. Esto permitiría tener a uno patrullando, mientras el otro realiza tareas de mantenimiento y alistamiento. Los recientes ejercicios llevados a cabo por los pilotos de la Escuadrilla Aeronaval Antisubmarina de la Armada, en la Base Aeronaval Comandante Espora, con maniobras que simulaban un aterrizaje en portaaviones con un avión Grumman S-2T Turbo Tracker, pone en evidencia que esa fuerza no ha perdido la esperanza de contar nuevamente con un portaaviones.

Los críticos dirán que son onerosos, y es cierto. Difícilmente puedan incorporarse en el corto plazo, pero tengamos en cuenta los miles de millones de dólares que se pierden anualmente por los recursos pesqueros depredados. Según CEPA (Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas) se exporta en promedio US$ 1.600 millones anuales. Mientras tanto en Malvinas de acuerdo con lo que denuncia el sitio Reporte Austral, en su nota del 6 de febrero de 2020, el Reino Unido percibió en el periodo de 1983 a 2015 regalías por US$ 147 mil millones[4]. En promedio significan US$ 4.500 millones por año. Esto solamente tomando en cuenta los recursos pesqueros. Podemos agregar a la ecuación los recursos petroleros perdidos o no percibidos, y entonces veremos que es más oneroso no tener los medios para proteger nuestros recursos naturales. La incorporación de estos a mediano plazo permitiría a la aviación naval aumentar la proyección de su efecto disuasorio. Además de dotarla de aeronaves de exploración se debe reequipar y modernizar a la aviación de ataque y de lucha antisubmarina, tanto sus elementos de ala fija como rotatorias. Ambos son necesarios para tener una adecuada capacidad de lucha antisubmarina.

En cuanto a lo antes expresado sobre la fuerza de submarinos, debería contarse con no menos de quince unidades operativas, al menos en el mediano a largo plazo. Esto es impensable en el corto plazo, por obvias razones, pero debería apuntarse inicialmente a tener al menos seis unidades inicialmente. Pudiendo optarse inicialmente por una versión moderna de los ya conocidos clase TR-1700 o similares. Luego si debería tratarse de llegar a los quince propuestos, siendo idealmente al menos tres de propulsión nuclear. Para estos últimos, podría retomarse el proyecto nacional contemplado en la década de 1970 o, al que alguna vez se consideró para fabricar conjuntamente con Brasil teniendo en cuenta el desarrollo de un reactor argentino. Esto le permitiría a nuestro país sin mayores esfuerzos proyectar su capacidad y presencia en nuestro extenso mar o protegiendo los intereses nacionales a gran distancia, enviando un inconfundible mensaje de que estamos dispuestos a defender el patrimonio nacional.

El razonamiento expuesto anteriormente y los mismos principios pueden aplicarse al conflicto con el Reino Unido. Con esto se logra la economía de medios y se aprovecha el planeamiento por capacidades, de acuerdo con la doctrina vigente.

En cuanto al poder aéreo, debido a la gran extensión territorial y al espacio aéreo a controlar, nuestra Fuerza Aérea debe estar equipada y entrenada para no solo patrullar y proteger al mismo, sino también para detectar e interceptar a cualquier intruso.

Se debe ampliar y redistribuir a la misma para lograr una efectiva cobertura del territorio nacional, incluido el Mar Argentino, las islas del Atlántico Sur y la Antártida.

Debe procederse a la completa radarización del país para controlar el espacio aéreo y proteger el territorio del contrabando y del narcotráfico. Para ello debe equiparse a la fuerza con unidades de interdicción, que estén en condiciones de interceptar a aeronaves de bajas prestaciones.

Asimismo la Fuerza Aérea, y tendiendo a la economía de medios debería estar equipada con cazas multi-rol. Estos tienen la versatilidad suficiente para desempeñar gran parte de las misiones de la fuerza, lo que implica una superioridad aérea, con capacidad de ataque y bombardeo, exploración, etc., contando con un solo vector o plataforma. Quizás la etapa del empleo específico ha sido superada. Debe equipársela en cantidad y calidad suficiente para lograr además la superioridad aérea en caso de ser esto necesario, y que tenga la capacidad de proyectar su poder de fuego más allá del territorio nacional, teniendo en cuenta las hipótesis de conflicto antes descriptas.

La Fuerza Aérea debe tener los medios para el reabastecimiento en vuelo de sus unidades ofensivas —como lo tuvo en oportunidad del Conflicto del Atlántico Sur— y, a la vez, debería ampliar su capacidad logística, gravemente disminuida desde hace casi treinta años.

Entre otros elementos debería modernizarse su capacidad de guerra electrónica y también debería equipársela con, al menos, una docena de bombarderos de alcance medio. Esto pueden realizar misiones de mayor alcance, o que no puedan asignarse a cazas multi-rol, ya sea por la carga ofensiva requerida o por los tiempos de permanencia en el aire o las distancias a recorrer.

Además debería buscarse la complementariedad de medios aéreos con la Aviación Naval. Esto reduce tanto gastos de mantenimiento, como de instrucción y adiestramiento.

Por último, y no siendo la intención de este artículo ahondar en las capacidades del mismo, nos referiremos al Ejército Argentino. No podemos abordar el poder aéreo y naval sin referirnos al poder terrestre, pues éste es el que custodia las instalaciones y el territorio desde donde se proyectan los otros dos.

Este debe estar equipado y adiestrado para defender y ejercer un completo dominio sobre el territorio continental, al menos como misión principal, pero a la vez debe estar equipado para poder proyectar su poder donde la Nación lo requiera y debe estar en condiciones operativas, cuando la situación así lo amerite, de interactuar con la Infantería de Marina, habida cuenta de que nuestro país es un Estado con un extenso litoral marítimo.

También el Ejército debería equipar a su aviación con gran cantidad de helicópteros medianos y livianos y al menos con una docena de helicópteros pesados. Los helicópteros son unas máquinas esenciales para el desarrollo de misiones de despliegue rápido en situaciones de combate pero también para ejecutar operativos de asistencia ante catástrofes naturales. Es imperativo además que el Ejército modernice y expanda su flota de aviones de transporte, tanto ligeros como de mediano porte.

Asimismo es urgente la renovación del parque de vehículos blindados y de transporte, su poder de fuego y capacidades antiaéreas, así como del equipamiento del mismo en general.

Para todo proyecto de modernización y reequipamiento de las Fuerzas Armadas, debería favorecerse las propuestas que logren la efectiva transferencia de tecnología, en especial a lo que armamentos se refiere, logrando una industria bélica moderna y eficiente propia. Ya fue suficiente con la experiencia durante el Conflicto del Atlántico Sur, cuyas limitaciones de equipamiento aún siguen vigentes. Los embargos de armamentos han contribuido al constante deterioro militar argentino, con lo cual no hay que repetir el error. Hay que buscar inicialmente y hasta lograr la independencia tecnológica militar entre los pocos proveedores que estén dispuestos a proveernos y a la vez transferir tecnología.

Actualmente la Federación de Rusia ha realizado una interesante oferta de material con transferencia de tecnología que el gobierno nacional debería considerar seriamente como una gran oportunidad para reconstruir nuestra industria de la Defensa y para abastecer militarmente a otros países de la región.

BTR-80, Transporte blindado de personal. Foto: Rosoboronexport
Rusia ofreció helicópteros Mi-171Sh para el Ejército Argentino.
MiG-29, imagen del avión de guerra con los colores albicelestes. Foto: Russia Beyond.

En conclusión, nuestro país no logrará ser libre y poder decidir su propio destino en tanto y en cuanto no sea capaz de controlar eficientemente su territorio y su espacio marítimo en forma absoluta. Por otro lado, debe alcanzar su independencia no solo en el plano económico, también en el cultural y tecnológico. Para esto debe contar con Fuerzas Armadas que efectivamente proyecten un efecto disuasorio y que estén en capacidad de intervenir satisfactoriamente para salvaguardar los intereses del país cuando la situación así lo amerite.

 

* Desde el año 2006 hasta el 2014 se desempeñó como Oficial Subalterno del Ejército Argentino, ocupando funciones varias, entre ellas las de Instructor de Vuelo y profesor de varias materias en el ámbito de la Escuela de Aviación del Ejército.

Licenciado en Relaciones Internacionales (2017), graduado en la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF) y egresado del Curso superior de Defensa Nacional (2007), también  dictado por la UNDEF.

Actualmente se desempeña como piloto de una aerolínea comercial en Estados Unidos.

 

 Referencias

[1] Juan Enrique Guglialmelli. Geopolítica del cono sur. Buenos Aires: El Cid Editor, p. 78.

[2]“Caso SAR buquepesquero ‘Atlántida’”.Gaceta Marinera, 28/02/2020, < https://gacetamarinera.com.ar/caso-sar-buque-pesquero-atlantida/>.

[3]Diego Marconetti. “El Ejércitoanalizacomprar un blindado con componentescordobeses”. La Voz (Córdoba), 27/10/2020, <https://www.lavoz.com.ar/politica/ejercito-analiza-comprar-un-blindado-con-componentes-cordobeses>.

[4] “Por la pesca en Malvinas, Gran Bretaña percibió 147 mil millones de dólares en concepto de regalia”. Reporte Austral, 06/02/2020, <https://www.reporteaustral.com.ar/noticias/2020/02/06/79719-por-la-pesca-en-malvinas-gran-bretana-percibio-147-mil-millones-de-dolares-en-concepto-de-regalias>.

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