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LA BAJA CALIDAD DE LAS POLÍTICAS NACIONALES DEL GOBIERNO QUE UN SEMINARIO MARÍTIMO DEJÓ AL DESCUBIERTO

César Asgusto Lerena*

Días pasados se desarrolló en Buenos Aires, un Seminario de Intereses Marítimos organizado por la Armada Argentina y las Universidades de Buenos Aires, del Salvador y de la Defensa donde se abordaron diversos temas relativos al Atlántico Sur, su explotación y defensa. Una excelente iniciativa que acerca al ámbito universitario la problemática del mar, un tanto ajena en la comunidad, más bien predispuesta a tratar las cuestiones continentales.

Mi reconocimiento a los organizadores y moderadores que abrieron las exposiciones al debate del auditorio.

Habrá que profundizar los temas abordados y, especialmente, buscar una mayor diversidad de opiniones, en aquellos temas relativos a la explotación de los recursos, su vigilancia, la sustentabilidad y, el resguardo y la reafirmación de la soberanía nacional.

Abrió las exposiciones el director del Instituto del Servicio Exterior de la Cancillería Emb. Fernando Petrella, quién ratificó las políticas de seducción de los isleños ya aplicadas sin éxito por Menem-Di Tella, en cuyo gobierno se desempeñó como Vicecanciller. Trató a los ingleses de “amigos”, dejando de lado, que éstos ocupan 1,6 millones de km2 de mar argentino, extraen 250 mil toneladas anuales de recursos pesqueros nacionales, exploran nuestros recursos hidrocarburíferos y han generado un polo de atracción del Atlántico Sur con más de 350 buques extranjeros ilegales. Fuera del estrado —ya que en la UBA no se habilitaron preguntas luego de las exposiciones— el Embajador consideró adecuados los vuelos a San Pablo y Córdoba desde Malvinas, sin prestar importancia que, de producirse un Brexit, con las consecuencias arancelarias para Malvinas que implicarían, mediante los vuelos, los isleños tendrán acceso a un mercado de treinta millones de personas ABC1 para comercializar sus productos, además de la conectividad con el mundo desde San Pablo.

El Subsecretario de Hidrocarburos y Combustibles Ing. Carlos Casares y el Director de Exploración y Producción Ing. Gonzalo Aguirre de la Secretaría de Energía se refirieron a las recientes adjudicaciones offshore de 100 mil km2 en la primera ronda (una segunda estaría prevista para 2020) y, de sus exposiciones, quedó claro que el área seleccionada no avanzó dentro las 200 millas marinas alrededor de Malvinas ocupadas ilegalmente por el Reino Unido, resignando la soberanía nacional con esta autolimitación geográfica y aumentando la presencia británica en el mar austral a partir de la adjudicación de siete de las 18 áreas licitadas en la Cuenca de Malvinas a las empresas Shell, BP Exploration Operating Company Limited y Tullow Oil, donde esta última, violaría la ley 26.659, ya que habría “operado ilegalmente siete áreas al sur de las islas en el 2007 y, por su parte, la noruega Equinor, también adjudicataria, tiene dentro de su directorio a una ex asesora de la administración isleña, quien trabajó para Tullow Oil en la planificación del plan de desarrollo offshore en Malvinas”. Por cierto, de la exposición surgió que no se tuvo en cuenta las prohibiciones de la Ley 26.659 ni se le dio participación de la Subsecretaría de Pesca a la hora de elaborar los pliegos licitatorios, con el argumento de evitar la intervención de una mayor cantidad de profesionales en los procesos burocráticos, olvidando, que se pone en juego un área donde las exploraciones y explotaciones de hidrocarburos deberán convivir con la explotación de los recursos pesqueros, cuyos ingresos anuales le permiten a la Argentina exportar por valor de 2.100 millones de dólares, además de sostener a gran parte de los pueblos del litoral marítimo y mantener la presencia de buques nacionales en el Atlántico Sur.

A la hora de la intervención del Subsecretario de Puertos y Vías Navegables Lic. Mariano Saúl, éste efectuó una serie de recomendaciones pero no se refirió a la próxima licitación de un nuevo puerto para la ciudad de Buenos Aires, cuyo proyecto, sin el debido debate ni la participación de todos los sectores involucrados, sigue insistiendo con el emplazamiento de un puerto con los mismos problemas que el actual ya que “el calado proyectado por el gobierno apunta a los 11 metros (36 pies), no previendo la llegada al puerto de Buenos Aires de buques de 14.000 TEUs para el año 2020 y de 18.000 TEUs para el año 2025. Actualmente con 32 pies de calado los buques de 10.000 TEUs solo pueden operar en el puerto de Buenos Aires cargados a menos del 75% de su capacidad, por lo tanto, la profundización del canal propuesta, solo serviría por unos pocos años e implicará el dragado permanentemente por los próximos 20 a 25 años” (Fabian Lugarini, 26/8/19).

La disertación del Asesor Jurídico Dr. Alejo Toranzo reemplazante del Dr. Juan Bosch dejó en evidencia que la Subsecretaría de Pesca no ha dado un solo paso para eliminar la pesca ilegal (INDNR), cuya obligación es una de sus responsabilidades conforme lo establece la Ley 24.922 y lo ratifica la Res. 1/08 del Consejo Federal Pesquero. En las filminas que parecían diseñadas para un auditorio desinformado, se refirió a un sistema integrado de control que, cualquiera que conoce los procesos a bordo y desembarques sabe que son inexistentes. Pero el asombro llegó cuando mencionó “las decisiones adversarias que toma la Subsecretaría respecto a Malvinas y, se refirió a que esta dependencia actuaba con los lineamientos de las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP), pese a que si bien la Argentina aprobó por ley 25.290 el Acuerdo de Nueva York que impone este tipo de organizaciones, no lo ratificó y, por el contrario, habría que esperar que se derogue, porque su aprobación, habrá de significar el control del Atlántico Sur por parte de los Estados de bandera (extranjeros) que son mayoría frente al Estado ribereño y, además, le abriría las puertas a una mayor intervención aún del Reino Unido en Malvinas. La Argentina debe en este sentido definir la preeminencia de los Estados ribereños sobre los Estados de bandera, porque aquellos son los titulares del dominio de los recursos originarios de la Zona Económica Exclusiva que migran a la Alta Mar.

No parece encontrarse dentro de “las decisiones adversarias de la Subsecretaría respecto a Malvinas, la colaboración de Argentina a través de la investigación, para que los británicos conozcan la biología y stock pesquero del Mar Argentino, en especial, de aquellas especies que le permiten al Reino Unido otorgar permisos de pesca a buques extranjeros todos los años. Si esta es la política para los adversarios, no imagino que haríamos si fuésemos amigos como refiere el embajador Petrella.

Los citados disertantes debieran leer el muy buen artículo del Emb. Jorge Arguello “Entender el Mundo, decidir con autonomía” publicado en la edición de octubre 2019 de Le Monde Diplomatique, para entender que los modelos de copiar y pegar, que muchas veces aplicaron las autoridades de nuestro país, a la luz del escenario internacional, requiere que muten a una mayor imaginación, rigor e interés nacional.

Este Seminario puso de manifiesto la baja calidad de las políticas nacionales del gobierno, por lo que será muy importante la continuidad de estos encuentros, para que los funcionarios recuerden, que son servidores públicos que, mediante estas exposiciones, rinden cuentas de su gestión y, el auditorio, compuesto por docentes, profesionales, diplomáticos, empresarios y miembros de las fuerzas armadas y de seguridad discutan ideas y se transforman en difusores calificados de una temática que debe empezar a interesar al conjunto de los argentinos.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

Copyright © *|2019|* *|César Lerena|* All rights reserved.

EL GOBIERNO BUSCA ADELANTAR LA RENOVACIÓN DE CUOTAS DE PESCA PARA ENTORPECER LA POLÍTICA PESQUERA DE ALBERTO FERNÁNDEZ

César Augusto Lerena*

La reciente reunión realizada en el Ministerio de Producción y Trabajo —a tres meses de la finalización del mandato de gobierno— por parte de funcionarios de Pesca e Industria, entre ellos el Subsecretario de Pesca Juan Bosch, con empresarios de la pesca, con la intención de adelantar la renovación de las cuotas de captura que recién vencen en el año 2024, es un abierto intento de entorpecer las reformas sustanciales que habrán de realizarse a partir del próximo 10 de diciembre, en el caso de confirmarse los resultados de las PASO.

Esta pretensión de postergar por quince años más las Cuotas Individuales de Captura, pretende atar de manos al próximo gobierno que tiene previsto efectuar profundas reformas en la Administración de los recursos pesqueros, entre ellas, el proceso de otorgamiento de Cuotas y Autorizaciones de Captura, para garantizar el incremento del valor agregado, la mayor generación de empleo y la radicación industrial.

Los argumentos utilizados por los empresarios y el gobierno para buscar esta postergación de los plazos aún vigentes, intentan encontrar justificativo en la ejecución del DNU 145/19, pero, estos fundamentos carecen de toda seriedad a la luz de los plazos que el referido Decreto de Necesidad y Urgencia (Proyecto, Art. 2º de la Ley Pinedo) otorga para renovar la flota pesquera: “Los límites de antigüedad establecidos en el artículo 1° de la presente ley regirán a partir del 1° de enero de 2040” (sic), por lo cual, carece de toda razonabilidad técnica no esperar los tres meses que median para la asunción de las nuevas autoridades y los términos establecidos por ley.

Por otra parte, en el Congreso Nacional, se están tratando sendos proyectos de ley de Solanas-Luenzo que dejarían sin efecto el referido Decreto 145/19, revisando el aval de Cuotas y Autorizaciones de Captura para la construcción y, propiciando otros medios y plazos, para la renovación de la flota pesquera.

Se entenderá que, tratándose estas Cuotas y Autorizaciones, de las principales herramientas que tiene el Estado para administrar, explotar, conservar y distribuir adecuadamente el recurso, seguramente se habrá de revisar esta decisión si, como a prima facie lo indican las PASO, el próximo gobierno estuviese en manos del Dr. Alberto Fernández. Aunque, es de suponer que semejante aprobación no pase el Consejo Federal Pesquero, donde los representantes de las provincias son todos originarios de Estados, donde el gobierno de Cambiemos ha perdido las recientes elecciones.

Lo mismo ocurre en lo relativo a los aranceles de importación de buques, donde los equipos técnicos del peronismo ya han estudiado los caminos necesarios para ello, de asumir el próximo 10 de diciembre.

Vísteme despacio que estoy apurado (Napoleón Bonaparte).

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad. 

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LA INVESTIGACIÓN ARGENTINA. ¿AL SERVICIO DE LA NACIÓN O DEL REINO UNIDO?

César Augusto Lerena*

El moderno buque de investigación pesquera «Víctor Angelescu» del INIDEP

El 28 de noviembre de 1990 se firmó el Acuerdo de Conservación Conjunta argentino-británica de los recursos marítimos argentinos al este de Malvinas para evitar la pesca clandestina de buques extranjeros. En 1995 se acuerda la investigación conjunta argentino-británica de pesca en el Atlántico Sur, más allá del área de exclusión de Malvinas y ésta se realiza, con los medios y la capacidad técnica y operativa de Argentina y los británicos se hacen de una información vital para prever la disponibilidad de los recursos pesqueros. Ambos acuerdos tienen el objetivo británico de otorgar licencias a los buques extranjeros y propios.

En estos días, la Cancillería y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca han querido mostrar como un éxito la investigación de nuestros recursos dentro de la “Zona Provisional de Conservación y Administración de Pesquerías” (FICZ) establecida en 1986, en forma arbitraria, por el gobierno ilegal inglés en Malvinas.

Entiende la Cancillería, que esta es “una muestra más, de la necesidad de avanzar en un diálogo maduro con Gran Bretaña” ratificando los “Acuerdos de Madrid” de 1989 con la firma en 2016 del Pacto Foradori-Duncan, donde ambos países declararon: “…adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas…” y mantuvieron viva la “fórmula del paraguas”. ¿Qué otra prueba más amor debe dar la Argentina, mientras los británicos avanzan en forma sostenida sobre nuestros territorios marítimos y la explotación de nuestros recursos?

Aduce la Cancillería que por primera vez después de más de 20 años, la Argentina y Gran Bretaña realizarán un operativo científico conjunto en aguas en disputa alrededor de las islas Malvinas” (Infobae, Martín Dinatale, 10/8/19) pero, en realidad ¿qué mérito tiene poner todos los recursos del conocimiento, tecnológicos y operativos argentinos, para investigar dentro de la FICZ, si ésta es un área limitada exclusivamente a la captura de buques extranjeros que pescan con licencia ilegal británica y, prohibida a los argentinos? Es obvio, que el único beneficiario será el Reino Unido y la Argentina contribuirá con éste, a mejorar su información biológica y consolidar la economía de las islas y, con ello, dar fiel cumplimiento al pacto que nos hemos referido de remover todos los obstáculos de los británicos en Malvinas. Y, es verdad, no conocer la ecología y el stock del recurso, que representa el 75% de sus ingresos económicos, limita el desarrollo a las Islas, pero, resulta bastante absurdo que la Argentina, en lugar de hacerles un sitio mediante un “boicot biológico” a los ocupantes de nuestros territorios, le transfiera el conocimiento y los medios, que nos han costado años y grandes recursos económicos, siempre escasos en el país. Una política equivalente, a la que ya ocurre con los cientos de miles de profesionales que, formados en la Universidad Pública, emigran a los países desarrollados a quienes les prestan sus servicios. Es decir, los países emergentes, como el nuestro, invierten en capacitación para beneficio de los desarrollados y, aquí se agrava, cuando ese país desarrollado ocupa parte de nuestro territorio nacional.

¿El Reino Unido le paga el combustible al buque de investigación argentino Victor Angelescu para efectuar estas tareas o por la prestación de este servicio? Si es así, sería muy bajo el precio para que alguien pudiese justificar la entrega de la soberanía nacional. La comercialización final de los productos capturados con licencia ilegal británica desde 1976 a la fecha le han significado al país una pérdida del orden de los US$ 140 mil millones y, con el millón de toneladas que los buques extraen de la Zona Económica Exclusiva, dentro, o fuera, sobre los recursos migratorios, se podría haber duplicado los ingresos nacionales y el empleo del sector.

Cooperar con el invasor no parece la mejor idea y habría que esperar que la cooperación tuviese un aporte equivalente en favor de la Argentina. En los procesos de cooperación hay que evaluar los aportes que cada parte realiza, pero, también y fundamentalmente hay que saber qué se espera de esa cooperación. En 1982 el Reino Unido ocupaba 11.410 km2 (El Archipiélago de Malvinas) y en la actualidad ocupa 1.639.900 de km2., ello, pese a la conocida fórmula del Paraguas, promovida por el gobierno británico durante la Cancillería de Caputo y aprobada bajo el Acuerdo de Madrid en la Cancillería de Cavallo y, los ingentes esfuerzos de la Cancillería de todos estos años y hoy, por cooperar y cooperar, sin resultado alguno favorable a la Argentina. No puede calificarse esto de «diálogo maduro» y en tal caso, la madurez debería ser de las dos partes.

Como podemos ver, lo que el funcionario de Cancillería califica de avanzar, parece más bien retroceder, algo que la Argentina ha hecho sin solución de continuidad, con algunas excepciones, desde 1982 en adelante y, no se ha tratado este importante tema como una política de Estado, pese a lo prescripto en la Constitución Nacional.

Ahora, llama la atención que, pese a la importancia biológica, económica y política de esta investigación conjunta de los recursos argentinos en el área de Malvinas, el Consejo Federal Pesquero no trató este tema en ninguna de las 21 reuniones realizadas por este cuerpo en 2019, quebrantándose los artículos 4º, 5º y otros de la Ley 24.922.

A no ser que el Consejo Federal Pesquero y la Cancillería entiendan, que el área de Malvinas no está sujeta a la jurisdicción nacional, o Provincial, tratándose de una parte de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

El Artículo 7º y 14º de la Ley 24.922 indica que la Autoridad de Aplicación debe “conducir y ejecutar la política pesquera nacional, regulando la investigación; conducir y ejecutar los objetivos y requerimientos relativos a las investigaciones científicas y técnicas; intervenir en negociaciones bilaterales o multilaterales internacionales relacionadas con la actividad pesquera; emitir las autorizaciones para pesca experimental, previa aprobación del Consejo Federal Pesquero (CFP)» y, el artículo 9º, 11º y 14º indican que el CFP debe «establecer la política pesquera nacional; la política de investigación pesquera; aprobar los permisos de pesca experimental; dictaminar sobre pesca experimental y establecer los objetivos y políticas de las investigaciones científicas y técnicas referidas a los recursos vivos marinos”.

Por su parte, el artículo 12º de la misma ley precisa que “corresponde al INIDEP la planificación y ejecución de sus actividades científicas y técnicas y la administración y la disposición de sus buques de investigación conforme las políticas que oportunamente establezca el CFP”.

Ante esta responsabilidad abrumadora, ¿por qué la Autoridad de Aplicación y el CFP no han tratado, fundado y aprobado o no la ejecución de esta investigación conjunta? Más aún, teniendo en cuenta, que entre los miembros que conforman el CFP hay un diplomático de la Cancillería.

Ahora, cómo puede ser, que científicos argentinos y británicos, usando todos los recursos del país investiguen graciosamente los recursos nacionales, cuando el CFP, quien, como hemos visto, es el responsable de establecer las políticas de investigación no trata el tema; aunque sí, aprueba en este mismo año dos investigaciones alemanas y una de Estados Unidos en el mar argentino, dicho sea de paso, sin fundamento alguno para hacerlo, como se desprende de las respectivas Actas.

Independientemente de Acuerdos preexistentes, el CFP debe aprobar cada investigación que se realice en el mar argentino y, más aún, cuando intervienen investigadores extranjeros. ¿Por qué? Porque así lo establece la ley y, muy especialmente su artículo 13º que indica que “los resultados de todo trabajo de investigación sobre los recursos pesqueros deben ser puestos a disposición de la Autoridad de Aplicación antes de cualquier utilización o divulgación de los mismos”. Cuestión de aplicación imposible, cuando en la investigación intervienen a bordo científicos ingleses, que tienen acceso directo a la información y, que la ponen a disposición de los súbditos británicos antes que los propios argentinos puedan conocerla.

Es más, por el tipo de investigación y, tratándose de espacios marítimos ocupados, entendemos que no debiera alcanzar con una Resolución del CFP, sino que debería aprobarse en el Congreso Nacional.

¿Por qué el CFP no aprueba o desaprueba esta investigación y viola la Ley de Pesca Nacional? Tal vez, porque el Reino Unido no quiere sentar el precedente de ser autorizado expresamente por el Consejo Federal Pesquero para realizar investigaciones en el territorio que ocupa. Lo cierto, que por las razones que fuese, este trascendente tema no fue tratado durante 2019 por este Consejo y uno debiera preguntarse ¿por qué?

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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