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USHUAIA EN LA MIRA: LA DISPUTA GEOPOLÍTICA POR EL «PUERTO DEL FIN DEL MUNDO»

Gabriel Francisco Urquidi Roldán*

Foto: https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-presidente-milei-se-reunio-en-ushuaia-con-laura-richardson-jefa-del-comando-sur-de-los

 

«Quien controla los océanos, controla las rutas comerciales; quien controla las rutas comerciales, controla el comercio internacional; y quien controla el comercio internacional, controla el mundo».

Alfred Thayer Mahan (1890)

 

 Marco constitucional y soberanía

La Constitución Nacional Argentina fija como objetivos supremos constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común y resguardar la integridad territorial. En este marco, la reivindicación de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur constituye un principio imprescriptible e irrenunciable para el Estado argentino. Esta premisa cobra especial relevancia al analizar la situación estratégica de la provincia más austral: Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Antecedentes históricos

El proceso de consolidación territorial en el Atlántico Sur se remonta a los primeros viajes de exploración. Las bulas alejandrinas de 1493 y el Tratado de Tordesillas 1494 establecieron los primeros marcos de reparto colonial entre España y Portugal, otorgando a la Corona de Castilla la posesión de las tierras occidentales. Con el tiempo, las expediciones de Magallanes de 1520 y de exploradores europeos como Fitz Roy y Darwin consolidaron el reconocimiento geográfico de la región.

La presencia argentina comenzó a materializarse en el siglo XIX con la Comandancia Político Militar de las Islas Malvinas (1829) y la instalación de apostaderos por Luis Piedrabuena en la isla de los Estados. Posteriormente, la fundación de Ushuaia en 1884 sentó las bases del control político argentino en el extremo sur.

No obstante, la disputa limítrofe con Chile en torno a las islas Picton, Nueva y Lennox se resolvió recién con el Tratado de Paz y Amistad de 1984, mediado por el Vaticano (Ley Nº 23.172). En tanto, la Guerra de Malvinas de 1982 dejó al descubierto la fragilidad diplomática argentina frente a la alianza entre el Reino Unido y Chile durante el conflicto.

Derechos jurídicos y geográficos

La legitimidad argentina sobre Tierra del Fuego y el Atlántico Sur se sustenta en principios del derecho internacional. La teoría de la continuidad y la contigüidad reconocen que la ocupación efectiva de un territorio extiende derechos sobre las áreas circundantes. Asimismo, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar refuerza el derecho de los Estados ribereños a explotar su plataforma continental, la cual, en el caso argentino, alcanza hasta 3 millones de km².

Henry Kissinger alertó sobre la importancia estratégica del extremo sur latinoamericano al describir a la región como «una daga apuntando hacia la Antártida», subrayando que quien controle el Atlántico Sur tendrá influencia sobre la proyección hacia el continente blanco, escenario de interés para recursos energéticos y minerales. Esta metáfora ilustra la presión que las potencias globales ejercen sobre Ushuaia y Tierra del Fuego en términos geopolíticos.

Apetencia de una superpotencia

La visita de la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, general Laura Richardson, a Ushuaia en 2024 volvió a colocar al sur argentino en el centro de la agenda internacional. Aunque la funcionaria evitó referirse a los recursos naturales de la región —como sí lo había hecho con el litio meses atrás—, su paso por Tierra del Fuego tuvo una impronta simbólica: reunirse con el presidente Javier Milei en uno de los enclaves estratégicos más codiciados del planeta[1].

La tensión se incrementó semanas más tarde, con la llegada del nuevo jefe del Comando Sur, almirante Alvin Hosley, quien también visitó Tierra del Fuego. Su presencia reactivó la polémica sobre la injerencia de Estados Unidos en la zona, generando un fuerte rechazo del gobernador Gustavo Melella. El mandatario provincial cuestionó la política del gobierno nacional, al considerar que la apertura irrestricta a la agenda de Washington en Ushuaia pone en riesgo la soberanía argentina en el Atlántico Sur y la Antártida[2].

El valor geopolítico del «fin del mundo»

Para entender la importancia de Tierra del Fuego, es necesario recurrir a los clásicos de la geopolítica. Alfred Thayer Mahan (1890) planteaba que el poder marítimo es el principal instrumento de dominio global, y que quienes controlen los puntos estratégicos de paso en los océanos dominarán el comercio mundial. Ushuaia, ubicada a pocos kilómetros del estrecho de Magallanes y el pasaje de Drake, constituye precisamente uno de esos corredores esenciales.

Halford Mackinder (1904) advertía que el dominio de regiones clave —los «pivotes geográficos»— podía otorgar poder global. Aunque su enfoque se centraba en Eurasia, su premisa se aplica a Tierra del Fuego: quien controle el acceso al Atlántico Sur y la proyección antártica dispondrá de un bastión estratégico en la nueva competencia entre potencias.

Karl Haushofer (1928), teórico de la geopolítica alemana, sostenía que los Estados sin acceso y control sobre zonas estratégicas quedaban reducidos a la dependencia[3]. En este sentido, Argentina enfrenta una disyuntiva: consolidar Ushuaia como plataforma de soberanía, o permitir que actores externos la transformen en enclave de influencia ajena.

Más recientemente, Zbigniew Brzezinski (1997) destacó que en la era contemporánea los «espacios vacíos» —aquellos con baja densidad poblacional pero alta relevancia estratégica, como el Ártico y la Antártida— se convierten en escenarios de competencia entre las grandes potencias[4]. Tierra del Fuego, con su proyección hacia el continente blanco, se ajusta plenamente a esta lógica.

La apetencia de las grandes potencias

Ushuaia y el Atlántico Sur no son un vacío en el mapa, sino un tablero de alta sensibilidad. Estados Unidos refuerza su presencia a través del Comando Sur, el Reino Unido consolida su poder militar en Malvinas. Estados Unidos persigue intereses que exceden lo comercial: asegurar corredores marítimos, proyectar poder en el hemisferio sur y garantizar acceso a los recursos antárticos.

En geopolítica, dos condiciones determinan la seriedad de un Estado a la hora de establecer alianzas estratégicas: la estabilidad de su moneda y la existencia de un aparato militar robusto y tecnológicamente avanzado. Argentina carece de ambos atributos, lo que incrementa su vulnerabilidad. Atada al endeudamiento externo y con Fuerzas Armadas debilitadas, enfrenta el riesgo de ceder espacios clave a cambio de apoyos coyunturales.

No es casualidad que Tierra del Fuego aparezca en las agendas de las grandes potencias. La Antártida, regulada parcialmente por el Tratado Antártico, es considerada la última frontera de recursos estratégicos del planeta. Como señalan Dodds y Hemmings en el 2013, la presión sobre este continente crecerá a medida que aumente la demanda global de agua, energía y minerales. Ushuaia, en este marco, se convierte en la puerta de entrada inevitable[5].

Una soberanía en disputa

La Constitución Nacional argentina reconoce a la Antártida, a las islas del Atlántico Sur y a la plataforma continental como intereses soberanos irrenunciables. Además, la Ley 27.557 extendió formalmente los límites de la plataforma continental, reafirmando derechos sobre casi 3 millones de km² de espacio marítimo. Sin embargo, tales avances legales contrastan con la debilidad material para defenderlos.

En conclusión, Ushuaia simboliza mucho más que un destino turístico o un puerto antártico: es el epicentro de la nueva competencia global por el Atlántico Sur y la Antártida. En palabras de Mahan, los mares son el escenario donde se define la hegemonía; en palabras de Brzezinski, los espacios vacíos son el nuevo terreno de disputa. La pregunta que se abre es si Argentina podrá gestionar su posición desde la soberanía efectiva, o si quedará atrapada en la voracidad de los intereses externos, pagando el precio de sus debilidades estructurales.

 

* Licenciado en Seguridad. Especialista en Análisis de Inteligencia y Maestrando en Inteligencia Estratégica Nacional, con experiencia en estrategia, geopolítica, tasalopolítica, producción de información, así como en Seguridad y Protección de Infraestructuras Críticas.

 

Referencias

[1] «El Presidente Milei se reunió en Ushuaia con Laura Richardson, Jefa del Comando Sur de los Estados Unidos». Sitio web oficial de la Argentina, 04/04/2024, https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-presidente-milei-se-reunio-en-ushuaia-con-laura-richardson-jefa-del-comando-sur-de-los.

[2] Benaim Verónica. «El jefe del Comando Sur visitó Tierra del Fuego y reactivó la polémica con la provincia por la injerencia de Estados Unidos». Tiempo Argentino. 30/04/2025, https://www.tiempoar.com.ar/ta_article/el-jefe-del-comando-sur-visito-tierra-del-fuego-y-reactivo-la-polemica-con-la-provincia-por-la-injerencia-de-estados-unidos/.

[3] Haushofer, Karl. Geopolitik. Berlin: Carl Heymanns Verlag, 1928.

[4] Brzezinski, Zbigniew. The grand chessboard: American primacy and its geostrategic imperatives. New York: Basic Books, 1997, 201 p.

[5] Dodds, K., & Hemmings, A. D. The Antarctic: A very short introduction. Oxford University Press, 2013.

 

Bibliografía

Balza, Martín. «Malvinas: cómo funcionó el pacto entre Chile y el Reino Unido durante la guerra». Infobae, 05/05/2020, https://www.infobae.com/opinion/2020/05/05/malvinas-como-funciono-el-pacto-entre-chile-y-el-reino-unido-durante-la-guerra/.

Benaim Verónica. «El jefe del Comando Sur visitó Tierra del Fuego y reactivó la polémica con la provincia por la injerencia de Estados Unidos». Tiempo Argentino. 30/04/2025, https://www.tiempoar.com.ar/ta_article/el-jefe-del-comando-sur-visito-tierra-del-fuego-y-reactivo-la-polemica-con-la-provincia-por-la-injerencia-de-estados-unidos/.

Brzezinski, Zbigniew. The grand chessboard: American primacy and its geostrategic imperatives. New York: Basic Books, 1997, 201 p.

Constitución de la Nación Argentina [Texto actualizado con reformas de 1994].

Dodds, K., & Hemmings, A. D. The Antarctic: A very short introduction. Oxford University Press, 2013.

García Moritán, Roberto. «China y la sobrepesca en el Mar Argentino: un peligroso y real juego del calamar». Clarín, 10/01/2022, https://www.clarin.com/opinion/china-sobrepesca-mar-argentino-peligroso-real-juego-calamar_0_QGtzmaa33.html.

Haushofer, Karl. Geopolitik. Berlin: Carl Heymanns Verlag, 1928.

«Historia de Tierra del Fuego». Gobierno de Tierra del Fuego, (s.f.), https://www.tierradelfuego.gob.ar/historia/.

«Informe económico de la provincia de Tierra del Fuego». Ministerio de Economía de la Nación. (s.f.), http://www2.mecon.gov.ar/hacienda/dinrep/Informes/archivos/tierra_del_fuego.pdf.

«La expansión ultramarina de España y Portugal». Universidad Católica de Chile, (s.f.-a), http://www7.uc.cl/sw_educ/historia/expansion/HTML/p2503.html.

 

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UN DECRETO POR ENCIMA DE LA CONSTITUCIÓN: MILEI AUTORIZA TROPAS EXTRANJERAS SIN AVAL DEL CONGRESO

Gabriel Urquidi Roldán*

Foto link: https://x.com/Ju4nchii_/status/1776245120356016518

 

El Decreto 697/2025: un avance inconstitucional y un grave retroceso institucional

 

Contexto

El pasado 29 de septiembre de 2025, durante la visita presidencial a Ushuaia, se produjeron manifestaciones que reflejaron la creciente fractura social y el malestar ciudadano ante las políticas del Ejecutivo.

Según reportaron medios nacionales, militantes libertarios y opositores se enfrentaron en las inmediaciones del acto, en un clima de tensión que obligó a reforzar el operativo de seguridad y llevó al propio presidente a improvisar un discurso con un megáfono.

El reciente Decreto 697/2025, (Ciudad de Buenos Aires, 29/09/2025), firmado por el presidente Javier Milei con el acuerdo general de ministros, autorizando el ingreso de tropas de los Estados Unidos de América al territorio argentino para participar en el ejercicio militar «TRIDENTE», abre un escenario de alta tensión política, jurídica y social. No solo habilita la instalación de fuerzas extranjeras en bases navales estratégicas como Mar del Plata, Puerto Belgrano y Ushuaia, sino que lo hace sin respetar el procedimiento constitucional y legal vigente, lo que torna la medida nula de nulidad absoluta.

La Constitución y la Ley son claras

El artículo 75, inciso 28, de la Constitución Nacional Argentina establece que corresponde al Congreso:

«Permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación y la salida de las fuerzas nacionales fuera de él» (Constitución Nacional Argentina, 1994/2020, art. 75 inc. 28).

En la misma línea, la Ley 25.880 fijó el procedimiento específico: el Poder Ejecutivo debe solicitar autorización al Congreso mediante un proyecto de ley, salvo excepciones muy limitadas (ceremonial, catástrofes naturales, búsqueda y rescate, instrucción en institutos de formación) (Ley 25.880, 2004, arts. 4-6).

Ninguno de esos supuestos excepcionales habilita el ingreso de tropas extranjeras para un ejercicio combinado de fuerzas especiales en bases navales estratégicas.

El Decreto 697/2025 pretende suplantar la facultad del Congreso con un acto administrativo del Poder Ejecutivo, violentando así el principio de división de poderes.

Ilegalidad en el financiamiento y contexto militar

El decreto asigna más de $60 millones de fondos presupuestarios de la Armada Argentina para cubrir los costos de las tropas extranjeras, en un contexto donde:

    • no existe ley de presupuesto 2025 (se rige por la prórroga de la Ley 27.701/2023, vía decretos 88/2023 y 1131/2024).
    • los haberes del personal subalterno se encuentran por debajo de la línea de pobreza y sin actualización frente a la inflación.
    • la obra social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) está suspendida y los aportes siguen siendo descontados (CONVE-2025-92613534-APN-P#IOSFA).
    • se registra un éxodo masivo de más de 18 mil efectivos desde diciembre de 2023 (La Voz, 2025; La Nación, 2025).

Autorizar un gasto millonario en dólares para el ingreso de tropas extranjeras, mientras las fuerzas nacionales carecen de recursos básicos y los soldados viven en condiciones de pobreza, constituye un acto de mal desempeño en la administración pública.

Impacto en la soberanía y seguridad nacional

La cesión de espacios estratégicos como Puerto Belgrano, Ushuaia y Mar del Plata a tropas extranjeras vulnera directamente la soberanía nacional, más aún en un escenario de creciente presión internacional sobre los recursos marítimos, la Antártida y el Atlántico Sur.

Además, el decreto se inscribe en un contexto donde el Ejecutivo ya ha ampliado por decreto (1112/2024) el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, sin un marco legal claro ni reglas de empeñamiento definidas, lo que aumenta el riesgo de militarización indebida.

Encaje constitucional: abuso de poder y causal de juicio político

El artículo 31 de la Constitución Nacional establece la supremacía de la Carta Magna sobre cualquier norma de inferior jerarquía. Desde la perspectiva kelseniana, una norma inferior que contradice a una superior es nula.

En este caso, el Decreto 697/2025 es manifiestamente inconstitucional, pues invade competencias exclusivas del Congreso y viola la Ley 25.880.

La doctrina parlamentaria del juicio político sostiene que el «mal desempeño» es una causal abierta que comprende actos contrarios a la Constitución (Hidalgo, 2004). La autorización unilateral de tropas extranjeras por decreto es un claro ejemplo de tal conducta.

En este marco, el Congreso no solo está facultado, sino obligado a iniciar un proceso de juicio político contra el presidente y los ministros firmantes, por violación al art. 75 inc. 28 y mal desempeño de sus funciones (Constitución Nacional Argentina, arts. 53, 59 y 60).

 Conclusión

El Decreto 697/2025 no es un simple acto administrativo: es un avance inconstitucional que pone en jaque la soberanía argentina y el equilibrio republicano.

La habilitación del ingreso de tropas extranjeras por decreto, sin autorización del Congreso, no solo viola la Constitución y la Ley 25.880, sino que refleja un modelo de gobierno basado en decretos de necesidad y urgencia, precarizando el rol del Parlamento y debilitando las instituciones.

Si el Congreso no ejerce el control político que la Constitución le confiere, la República corre el riesgo de una grave regresión democrática, donde el Ejecutivo sustituya la voluntad popular expresada en el Parlamento por decisiones unilaterales.

 

Referencias

 

* Licenciado en Seguridad. Especialista en Análisis de Inteligencia y Maestrando en Inteligencia Estratégica Nacional, con experiencia en estrategia, geopolítica, tasalopolítica, producción de información, así como en Seguridad y Protección de Infraestructuras Críticas.

 

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EL GRITO DEL TERO DE URUGUAY RESPECTO A LA SOBERANÍA ARGENTINA DE MALVINAS

César Augusto Lerena*

Imagen: Sputnik / Sergio Pintado

 Uruguay coopera con los isleños británicos invasores de Malvinas

La Argentina se independizó de España y de toda potencia extranjera el 9 de julio de 1816. El Reino de España en los Tratados de Reconocimiento, Paz y Amistad del 9 de julio de 1859 y del 21 de septiembre de 1863 reconoció la independencia de la Federación Argentina y, con ello, la soberanía de todos sus territorios continentales, insulares y marítimos. Entre ellos las Malvinas.

A su vez a instancias del Reino Unido de Gran Bretaña (¿cuándo no?), el Imperio del Brasil y las Provincias Unidas del Río de la Plata terminaron sus hostilidades respecto a los territorios estratégicos de la Banda Oriental dando lugar ―el 25 de agosto de 1825― a la independencia de Uruguay; hecho que se consolidó en el Tratado de Montevideo del 27 de agosto de 1828 donde se reconoció a la República Oriental del Uruguay. Si bien en esos años la Banda Oriental (o Cisplatina) estaba en poder del Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarves, las Provincias Unidas del Río de la Plata consideraban a la Banda Oriental como parte de su territorio heredado del Virreinato del Río de la Plata. Ya entonces, a través del capitán David Jewett ―en representación de las Provincias Unidas― el 6 de noviembre de 1820 había tomado posesión de Malvinas, izando la Bandera y, por su parte, el 10 de junio de 1829 el gobernador de Buenos Aires designó a Luis Vernet como Comandante Político y Militar de Malvinas, con el objeto de consolidar la soberanía argentina del archipiélago; aunque éste, había fundado en 1828 una colonia permanente en Puerto Soledad, por lo que al momento de su designación ya estaba instalado en las islas.

Pese a la opinión en 2013 de un par de uruguayos trasnochados y de “la Senadora Constanza Moreira, entre otros del Frente Amplio, quienes plantearon la necesidad de conformar una Comisión para el estudio de la soberanía uruguaya sobre las Islas Malvinas” (El País; El Diario, TdF, 18/09/2025), la República del Uruguay nunca reclamó la soberanía sobre las islas Malvinas; por el contrario, ha apoyado reiteradamente el reclamo argentino en todos los Foros Internacionales.

Previo a la guerra de Malvinas, Uruguay ya había reconocido la soberanía argentina sobre las islas y respaldó el dictado de la Resolución 1514, la 2065 y otras de las Naciones Unidades y, durante Guerra en 1982, apoyó a la Argentina en la búsqueda de una solución diplomática. Esta posición coincide con las declaraciones de la CELAC de 2011 y 2014, la Resolución de UNASUR dada en Asunción el 17/03/2012, por lo tanto, todo apoyo al Reino Unido de Gran Bretaña en Malvinas es violatorio de la Resolución 31/49 de la ONU; la Resolución 41/11 de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, entre otras. Uruguay no podría retrotraerse al siglo XIX donde los barcos contrabandistas y negreros hacían pie en Montevideo.

Por el contrario, Uruguay entiende a la causa como regional y considera la invasión británica como una forma de colonialismo y el propio presidente uruguayo actual Yamandú Orsi en la IX Cumbre de 2025, calificó el reclamo argentino de «demanda histórica para América Latina»; ello, pese al destrato reiterado del presidente argentino Javier Milei, quién tilda de comunista a quien se oponga a su plan de sumisión.

Sin embargo, la relación con el Reino Unido parece hacerle llevar una política ambivalente respecto a Malvinas. Tal vez por sus orígenes fundacionales, por la histórica relación de su puerto y el apostadero naval, que por razones de calado estaba en Montevideo y no en Buenos Aires y que, desde el siglo XVI servía de logística a los buques que navegaban en el Atlántico Sur y Malvinas y, posiblemente, porque el Reino Unido realizó inversiones significativas en Uruguay, como los ferrocarriles, la banca y el comercio (aún menores que en Argentina) y adquirió hasta la segunda guerra mundial productos agropecuarios. Casualmente, las relaciones diplomáticas entre ambos países se formalizaron el 21 de febrero de 1833, a pocos días de la invasión de Malvinas. Además de ello, las relaciones han sido muy estrechas y en la actualidad el Uruguay tiene un Acuerdo bilateral de Inversión con el Reino Unido, siendo éste un importante socio y, el British Council instalado en Uruguay promueve intercambios culturales y educativos.

No descartamos y, por el contrario, resaltamos, la pésima política diplomática del gobierno argentino respecto al Uruguay. En síntesis, en términos prácticos Uruguay sigue la política del tero: “pone los huevos en un lado y grita en otro”, ya que, pese a las declamaciones en favor de Argentina, sigue prestándole apoyo a los isleños británicos en Malvinas.

Por cierto, la dependencia británica en Argentina es importantísima, agobiante y de dependencia; a punto tal que siguen vigentes (aún vencida) la ley 24.184 de Protección y Promoción de Inversiones Británicas y los Acuerdos de Madrid de 1989/90, además de una política de cesión de territorios y recursos nacionales.

Mencionaré algunas cuestiones respecto al comportamiento del gobierno uruguayo (no de los uruguayos) y no se podrá decir que tengo alguna animosidad en contra del Uruguay; por el contrario, tengo raíces orientales y siento un gran afecto por los uruguayos, muchos de los cuales son familiares y amigos. Mis ancestros se radicaron en la Banda Oriental en 1776 y algunos uruguayos destacados son mis ascendientes, como es el caso del militar y segundo presidente de Uruguay el Brigadier Gral. Manuel Oribe; el Brigadier Pedro Hilario Valerio Lenguas que participó en la guerra de la Independencia y peleó en la batalla de Ituzaingó, en el asedio de la Colonia y en Camacuá; Don Cristóbal Salvañach, héroe de la Reconquista de Buenos Aires de 1806 al frente de la Cía. de Miñones Catalanes; la destacada escritora, periodista y figura clave en la literatura uruguaya Josefina Catalina Lerena Acevedo y el jurista y destacado educador del Uruguay Alfredo Vásquez Acevedo y otros tantos orientales destacados. Soy, por otra parte, profundamente admirador del Brigadier General José Gervasio Artigas, considerado el “Padre de la Patria” de Uruguay, uno de los principales patriotas de Latinoamérica, distinto hubiera sido el destino de la Argentina de haberle prestado más atención a la federalización que propiciaba.

Aun así, entiendo que los últimos gobiernos uruguayos, en términos prácticos borran con el codo lo que escriben con la mano, en lo relativo a Malvinas. Ya el 20 de febrero de 2023 en nuestro artículo Uruguay colabora con la ocupación británica en Malvinas me refería al respecto y, podría decir, que todo continúa como entonces.

En esa nota observábamos que cuatro diputados de la coalición de gobierno se reunieron en las Islas Malvinas, donde trataron cuestiones relativas a la autodeterminación de los isleños, pesca y acuerdos comerciales fuera del MERCOSUR, inmiscuyéndose, por lo tanto, en cuestiones claramente contrarias a la posición de Argentina. En esa oportunidad la entonces diputada Silvana Pérez Bonavita manifestó que “Uruguay tiene una larga tradición de respetar las decisiones y el derecho a la autodeterminación”, aún a sabiendas que no es de aplicación esa fórmula en el caso Malvinas y, “soñaba con tener un vuelo directo entre Uruguay y las Falklands” (sic). Por su parte, el diputado Pedro Jisdonian se refirió a que ambos países trabajan, en el tema de pesca y las carnes y, al apoyo que se le da en el puerto de Montevideo a los buques pesqueros que operan en Malvinas y que, por las manifestaciones del presidente Lacalle Pou de concretar acuerdos por fuera del MERCOSUR, según el diputado Felipe Schipani ello daría lugar a “incrementar el intercambio comercial con las Falklands” (sic). Del mismo modo que, según el diputado Luis González, Uruguay podría satisfacer algunas de las necesidades de las islas. Todas cuestiones que la embajadora británica en Uruguay hasta 2024 Faye O’Connor refrendó diciendo que “habiendo estado en conversaciones con representantes de Uruguay, el siguiente paso es pensar cómo esas conversaciones podrían traducirse en colaboraciones concretas” (Agenda Malvinas, MercoPress, Penguin News, 10/02/2023).

El entonces Canciller argentino Felipe Solá manifestó que «Pesqueros y aviones de Malvinas usan Montevideo cotidianamente», cuestión que nosotros hemos reiterado en diversos artículos ya que los buques que pescan ilegalmente en Malvinas hacen operaciones de logística, reparación, armado de buques, transbordos y cambio de tripulaciones en el puerto de Montevideo. Lo mismo ocurre con buques que pescan ilegalmente en alta mar los recursos migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina y uruguaya, violando la Convención del Mar (CONVEMAR), las normas de la FAO y todas las relativas a la pesca ilegal y, por lo tanto, las declaraciones en favor de la soberanía argentina, se convierten en una retórica sin ningún efecto práctico.

No deja de llamar la atención que por el Tratado de Río de la Plata y su Frente Marítimo se efectuaran mutuas resignaciones y se determinaran acciones comunes; se transformó la isla Martín García en una reserva natural y se estableció una Zona Común de Pesca en la ZEE de Uruguay y Argentina, para que los gobernantes de ambos países no tengan políticas acordadas en el Atlántico Sur en el siglo XXI.

Con anterioridad el carguero MV Scout transportaba mercaderías entre Montevideo, Punta Arenas (Chile) y Puerto Argentino en Malvinas y, en la actualidad, ha sido reemplazado por el portacontenedores MV Unispirit, un buque que navega bajo la bandera de Antigua y Barbuda operado por Consolidated Fisheries Ltd (CFL), una empresa que adquirió este buque en Montevideo.

El medio periodístico especializado Agenda Malvinas y otros han denunciado reiteradamente vuelos entre Uruguay y las Islas Malvinas, señalando que estos vuelos representan una violación a los acuerdos regionales y al espacio aéreo argentino. Entre las violaciones denunciadas está el vuelo militar de la RAF matrícula ZM418 (esta denuncia tuvo 106.238 vistas reales) que realizó vuelos entre Malvinas, Montevideo y Santiago de Chile entre el 14 y 15 de septiembre de 2025. Otro ejemplo, que cita este medio es el vuelo comercial de Amaszonas de agosto de 2025 que pretendía conectar Montevideo con Malvinas, que no fue autorizado por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Argentina ya que, bajo pretexto de efectuar actividades humanitarias intentó trasladar a casi 30 pescadores ―mayoritariamente españoles― que realizan pesca ilegal en las aguas argentinas de Malvinas invadidas por el Reino Unido. Estos vuelos han sido denunciados en forma reiterada por los distintos gobiernos argentinos pasados, porque entendían que se trataba de una colaboración del gobierno de Uruguay a la invasión británica de las islas, facilitando una serie de estrategias diseñadas por el Reino Unido para debilitar la soberanía argentina, como es el caso recientemente denunciado de la empresa chilena LATAM que omite la denominación “Malvinas Argentinas” del aeropuerto de Ushuaia para sus vuelos desde y hacia Malvinas.

Al respecto de las exigencias para los transportes navales establecidas en el Decreto 256/10, además de perfeccionarlas, la Argentina debería ampliarlas a los vuelos a Malvinas.

Pese al MERCOSUR, los isleños de Malvinas promocionan desde 2017 sus productos en Montevideo, en especial en la Exposición Agroindustrial y Comercial “Expo Prado”, denominando a su Stand “Falkland Islands”, nombre que el Uruguay no reconoce para referirse a las islas argentinas; sin embargo, ha tolerado reiteradamente su uso en la referida Exposición, facilitando con su presencia la promoción de sus productos, el turismo e inversiones en Malvinas, a la par de mantener relaciones con Uruguay importando productos como arroz, carne, cítricos, lácteos, vino e intercambiar conocimientos en materia de producción ganadera.

El uso del Puerto de Montevideo y otros para estos fines, le ha llevado al Uruguay a enfrentar denuncias por la falta de control y se han verificado prácticas de violación a los derechos humanos en materia de trabajo forzado o esclavo, maltrato físico, abusos laborales y falta de remuneración, alimentación y/o agua contaminada, etc., por parte de los buques pesqueros extranjeros que usan ese puerto para su logística, además de no determinarse el origen de las capturas y penalizarse la sobrepesca. Entre 2013 y 2021 este puerto desembarcó casi 60 tripulantes fallecidos según la Prefectura Nacional Naval. Todo ello, pese a que Uruguay ha aprobado las medidas del Estado Rector del Puerto.

Esta ambivalencia debería terminarse. Uruguay y Argentina, siguiendo el ejemplo de la creación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) en Montevideo de 1960 debería avanzar en la integración rioplatense, de fortalecimiento económico y desarrollo sinérgico en favor de ambos pueblos. El Tratado del Río de la Plata asentó «las bases de la más amplia cooperación entre los dos Países y estrechó los arraigados vínculos de tradicional amistad y hondo afecto que unen a sus Pueblos» y, como refirió el Presidente Juan Domingo Perón el 19 de noviembre de 1973: «…el instrumento más eficaz en la defensa de intereses comunes a los dos pueblos, una acción ejemplar en el orden internacional. Suscribir el protocolo de la fraternidad uruguaya y argentina; como decía Sáenz Peña, no es crear una política distinta de la que nos viene impuesta por nuestra tradición, es consagrar, para siempre, la fraternidad uruguaya y argentina. Un mismo cielo cubre nuestras aguas, su azul se refleja en él y en nuestras banderas. Aceptemos ese simbólico abrazo de la naturaleza como un signo de fraternidad que nos convoca a la paz, al trabajo en común, a la prosperidad y a la felicidad de nuestros dos pueblos».

Ya lo hemos dicho: ¡No son ni los hombres y mujeres uruguayos ni los argentinos, son los gobiernos! Es necesario trabajar para consolidar el espíritu de la Federación que quiso Artigas, sabiendo, que, como dijera San Martín, “para los hombres de coraje se han hecho las empresas”.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). Autor de “La expoliación de los recursos pesqueros migratorios de Suramérica y el Caribe” (2022). cesarlerena.com.ar