LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN ARGENTINA Y LA PARODIA DEL TERRORISTA EN NUEVA YORK

Daniel Alberto Symcha*

En la República Argentina, un consenso político que se mantuvo por más de 40 años desde la recuperación de la Democracia como sistema electoral de gobernantes fue la división entre la Seguridad y la Defensa.

Las Leyes de Seguridad Nacional, Defensa Nacional e Inteligencia en Argentina (Ley 24.059, Ley 23.554, y Ley 25.520) establecen los marcos legales para la preparación, ejecución y coordinación de las actividades del Estado para garantizar la seguridad y la defensa del país, así como para la obtención y análisis de información de inteligencia para tal fin.

Esta triada legal durante mucho tiempo colaboró para la construcción y sostenimiento del poder civil sobre las Fuerzas de Seguridad (FFSS) y las Fuerzas Armadas (FFAA) en escenarios políticos y sociales con un alto dinamismo. Nuestro país vivió severas crisis sociales que finalmente se solucionaron por la vía de la institucionalidad democrática.

Los cambios en la hegemonía del poder a nivel mundial, el paso de la bipolaridad a la unipolaridad luego de la caída de la URSS y posteriormente el inicio de la multipolaridad han impactado económica y políticamente, pero la estructura institucional logró mantener su firmeza.

Crisis social y Fuerzas de Seguridad

La crisis social en Argentina detonada en el año 2001 tuvo su correlato en las Fuerzas de Seguridad y las sucesivas purgas en la Policía Bonaerense (la más numerosa del país), la falta de equipamiento, formación y actos de corrupción, sumado a una ausencia de coherencia en la conducción política, llevó a que en el año 2010 se implemente que la Gendarmería, fuerza cuya misión es la protección de fronteras, intervenga en los núcleos urbanos del conurbano bonaerense. Caso similar sucedió con la Prefectura Naval.

El crecimiento de la actividad vinculada al narcotráfico en la ciudad portuaria de Rosario con un notable incremento de la violencia y de la corrupción en las FFSS locales va a llevar a que la Gendarmería y la Prefectura Naval también intervengan en esa región, con mucha actividad pero con pocos resultados estructurales.

Es decir, FFSS militarizadas, preparadas para el control y la defensa de nuestras fronteras fueron destinadas al control y prevención de delitos en el conurbano de las grandes ciudades.

Fuerzas Armadas y lucha contra el narcotráfico

Así como los gobiernos kirchneristas frente a las crisis policiales desplegaron fuerzas de Gendarmería y Prefectura en las urbes, lejos de sus destinos naturales, los gobiernos liberales de Mauricio Macri y de Javier Milei, con Patricia Bullrich como ministra, pugnaron y pugnan por involucrar a las FFAA en la lucha contra el narcotráfico creando marcos legales a tal fin y realizando operaciones psicológicas sobre la población para instalar la necesidad de que, sobre todo el Ejército, intervenga en la lucha contra las drogas.

Las misiones principales de las fuerzas de seguridad son preservar el orden público y la seguridad ciudadana, prevenir y reprimir delitos, garantizar los derechos y bienes de las personas a través de la vigilancia, la investigación, el auxilio a la comunidad y la ejecución de mandatos judiciales[1] y para eso se las entrena a diferencia de las fuerzas militares que tienen por misión repeler ataques externos y son preparadas y entrenadas en la eliminación del enemigo y la destrucción de sus recursos.

La lucha contra el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando, los delitos ambientales, los delitos contra la administración pública, los delitos electorales, la falsificación de moneda, el lavado de activos, la delincuencia organizada, el terrorismo y los delitos de lesa humanidad forman parte del campo de acción de las FFSS Federales y para eso son entrenadas[2]. Además de las capacidades propias para llevar adelante una investigación como pueden ser las áreas de inteligencia criminal de las FFSS, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) tiene potestad para desarrollar actividades en el marco de los delitos enunciados y son áreas de su incumbencia directa dentro del marco legal y normativo imperante.

Ni nuevas amenazas ni nuevas estrategias

El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en su Concepto Operativo Integrado 2025 dado a conocer en el mes de septiembre del año 2020, cuestiona el enfoque tradicional que se estructuraba para la lucha bélica y el empleo del instrumento militar como parte de la disuasión moderna y plantea un cambio sustancial en la formación de las tropas las cuales deben estar dispuestas y entrenadas para una rápida adaptación a escenarios múltiples y con capacidad de distinguir la importancia y la necesidad de combinar acciones de guerra con operaciones de corte político.

La construcción del poder anglosajón, desarrollado por Gran Bretaña primero y EEUU después, se basa en el engaño, la discordia y las operaciones de conflicto político. Remitámonos, a modo de ejemplo, las acciones del diplomático británico John Brabazon Ponsonby en la guerra Cisplatina de 1825 entre el Río de la Plata y el Imperio de Brasil, donde Argentina pierde los territorios ganados en la guerra e inclusive Uruguay; la primera Guerra del Opio que genera una grave crisis de adicciones y que desencadena una guerra donde China pierde Hong Kong[3]; la Segunda Guerra del opio marcando el inicio de lo que en China se conoce como el «siglo de humillación», debilitando al Imperio Qinglas y dando pie al nacimiento de revoluciones que crearan la República China[4]; las acciones de Thomas Edward Lawrence (Lawrence de Arabia) en Oriente Medio o la estrategia del Mariscal Gerald Templer con su planteo de «ganar los corazones y las mentes» de la población en la «emergencia malaya» de los años 50. De más estaría citar el caso de las armas de destrucción masiva en Irak.

Pobreza extrema y adicciones, una guerra silenciosa

La pobreza extrema, fruto de políticas económicas falaces, el hambre y las adicciones son un arma de dominio y exterminio, son un método de guerra[5], así como lo es la hambruna creada hoy en Gaza por los bombardeos israelíes sobre población civil[6], o la hambruna de Bengala bajo el dominio británico en 1943 o en Ucrania durante la era soviética en 1931. La pobreza extrema y las adicciones generan una desintegración del corpus básico de una sociedad que la deja expuesta al conflicto permanente, a la destrucción o descomposición de su sistema institucional y por ende queda vulnerable a los intereses extranjeros.

Con la presencia de fuerzas militares estadounidenses formadas en el ideario anglosajón con presencia en Paraguay sobre los puertos del río Pilcomayo y en el Río Paraná con su Cuerpo de Ingenieros, es totalmente entendible la consolidación y el crecimiento exponencial del narcotráfico en Rosario, por ejemplo, ya que los cerca de 30 puertos de la región reciben cargamentos a granel desde el norte donde hay mayor presencia efectiva estadounidense desde 2005[7]. Recordemos que entre 2004 y 2010 comenzaron las primeras disputas a gran escala entre clanes locales por el control de barrios, destacándose la familia Cantero (el clan de «Los Monos»)[8].

Mentime que me gusta, desde lo del Acorazado Maine

Así como instalaron que Ahmed al Sharaa (antes bajo el nombre de Abu Mohammed al Jolani) era un criminal líder terrorista del Frente al Nusra es decir de Al Qaeda en Siria[9] y ahora se reúne en Nueva York con el presidente Francés Macrón y el estadounidense Trump, a quienes sirvió con sus acciones, es una falacia plantear una lucha contra las drogas con fuerzas militares, movilizaciones hacia las fronteras (que sólo ponen en alerta a nuestros vecinos) y una catarata de operaciones psicológicas en redes sociales y medios de comunicación.

El combate al narcotráfico y a la violencia implícita en él, es necesaria combatirla con mejoras en la calidad de vida de nuestra población, educación, férreos controles económicos y financieros y con un Poder Judicial ajustado a Derecho, que responda a los intereses nacionales y no a las presiones de los personajes de turno.

La falta de trabajo y de oportunidades, el bombardeo constante con estímulos y falacias sobre la psiquis de nuestras y nuestros jóvenes desde las unidades políticas sin asiento territorial[10] como son las corporaciones multinacionales, el endeudamiento externo como herramienta generadora de pobreza, de debilitamiento institucional, de alejamiento de los valores institucionales, de ausencia de incitación positiva[11] crean las condiciones para desarrollar acciones tendientes a construir escenarios de vulnerabilidad nacional que sirven para el provecho de intereses vinculados a poderes extranjeros con apetencias sobre nuestro territorio.

 

* Maestrando en Estrategia y Geopolítica por la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino. Maestrando en Inteligencia Estratégica Nacional por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Diploma Superior en Comunicación y Defensa Nacional y Diploma Superior en Tecnología, Subjetividad y Política por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

 

Referencias

[1] «Fuerzas de Seguridad. Determínanse las misiones, funciones y jurisdiciones correspondientes a Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía Federal. Ley N° 18.711». Infoleg, 17/06/1970), https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/45000-49999/47243/texact.htm, [consulta: 15/09/2025].

[2] «Mapa del Estado». Dirección de Mapa del Estado, Dirección Nacional de Diseño Organizacional, https://mapadelestado.jefatura.gob.ar/ministerios/Ministerio-de-Seguridad-Nacional/540/detalle, [consulta: 15/09/2025].

[3] Chavarría, J. A. China y Occidente: de las Guerras del Opio a la Revolución Cultural. Barcelona: Ariel, 2001.

[4] Pérez García, M. «Las guerras del opio y el inicio del siglo de la humillación en China». Revista Universitaria de Historia Militar, Año 2015, vol. 4, número 8, p. 159-178.

[5] Ashour, Y., Abu-Jlambo, A., & Abuzerr, S. « Starvation as a weapon of war in Gaza: violation of international law». The Lancet, 26/05/2025, https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(25)01018-9/fulltext, [consulta: 20/09/2025].

[6] «Gaza: cómo el hambre ha sido usada como arma de guerra en la historia y qué dice el derecho internacional». BBC News Mundo, 22/07/2025, https://www.bbc.com/mundo/articles/c05643p2612o, [consulta: 20/09/2025].

[7] Lemos, Federico. «Paraguay: El Ejército norteamericano se instala en América Latina». Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), 15/08/2005, https://www.uncuyo.edu.ar/prensa/paraguay-el-ejercito-norteamericano-se-instala-en-america-latina, [consulta: 16/09/2025].

[8] «Droga y crímenes mafiosos: La historia de “Los Monos”, la banda que aterroriza a Rosario». Clarín, 23/02/2014, https://www.clarin.com/policiales/historia-monos-banda-aterroriza-rosario_0_B1N4DJow7l.html, [consulta: 20/09/2025].

[9] De la Varga, Pablo. «De Al Qaeda a intervenir en la ONU: la historia del presidente de Siria, por el que EE.UU. ofrecía 10 millones hace menos de un año». ABC Internacional, 25/09/2025, https://www.abc.es/internacional/qaeda-intervenir-onu-historia-presidente-siria-eeuu-20250925193745-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Finternacional%2Fqaeda-intervenir-onu-historia-presidente-siria-eeuu-20250925193745-nt.html, [consulta: 25/09/2025].

[10] Gullo Omodeo, M. Relaciones Internacionales. Una teoría crítica desde la periferia sudamericana. Buenos Aires: Biblos, 2018.

[11] Beaufre, A. La apuesta del desorden. Buenos Aires: Américalee, 1971.

 

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EL ASESINATO DE CHARLIE KIRK EN TIEMPOS DE «TRUMP II»: ¿SE DESLIZA EEUU HACIA UNA DICTADURA «2.0» O HACIA UNA «GUERRA CIVIL» DE BAJA INTENSIDAD?

Roberto Mansilla Blanco*

El asesinato del activista conservador Charlie Kirk el pasado 10 de septiembre en un campus universitario en Utah ha desatado todo tipo de escenarios prospectivos sobre la posibilidad de que EEUU estaría políticamente entrando en una fase de radicalización sociopolítica y de autoritarismo que eventualmente conlleve un espiral de violencia política.

El crimen ocurre en un momento en que la administración de Donald Trump ha entrado en una fase de «securitización» de la política estadounidense, colocando a la seguridad nacional y el control de los organismos de seguridad estatales como una prioridad de su gestión. El despliegue de la Guardia Nacional (GN) y efectivos militares en Los Ángeles y Washington DC, alegando una supuesta ‘crisis delictiva’, ha sido el primer paso de un plan más amplio de militarización que amenaza con extenderse a Chicago, Baltimore, Nueva York y otras ciudades y estados gobernados por el Partido Demócrata.

Pero no es sólo el contexto interno sino también regional el que podría estar aprovechando Trump para afianzar su agenda «securitista». En este sentido también se puede incluir la operación antinarcóticos que Washington lleva a cabo en aguas caribeñas, que ha propiciado una mayor presión hacia el gobierno venezolano incluso con expectativas de derrocamiento y transición del poder en Caracas.

Tomando en cuenta otros precedentes, este episodio de violencia política contra Kirk no es aislado y acontece igualmente en un contexto determinado por la segunda presidencia de Trump, cuyas expectativas se focalizan en consolidar al «trumpismo» como un eje hegemónico del sistema político estadounidense. En esta coyuntura, el debate político en EEUU se ha trasladado claramente a las redes sociales bajo un clima de intensa polarización y radicalización, condicionando en algunos casos la labor que asumen las instituciones estatales en materia de conciliación y de resolución de conflictos.

Las reacciones al asesinato de Kirk por parte de altos cargos del gobierno estadounidense, especialmente del vicepresidente D.J. Vance, intensifican los temores en cuanto a la radicalización política. Vance no dudó en acusar a sectores de extrema izquierda como los presuntos perpetradores de este atentado.

Poco después, las autoridades detuvieron a Tyler Robinson (22 años) acusado de ser el presunto asesino de Kirk. La Fiscalía estadounidense pidió la «pena de muerte» contra Robinson, en clara concordancia con las expectativas del presidente Trump.

La violencia política como espectáculo: Kirk, un mártir para el «trumpismo»

Kirk, de 31 años y cristiano devoto, fue el fundador en 2012 del movimiento activista Turning Point USA, un foro de militancia política a favor del «trumpismo» y del movimiento MAGA (Make America Great Again) Esta iniciativa tiene especial atención en propiciar la militancia hacia las nuevas generaciones. Tras el asesinato, su viuda Erika Kirk (36 años) asumió este rol como CEO de este movimiento social y político estrechamente ligado al «trumpismo».

El movimiento tiene presencia en aproximadamente 3.500 campus de bachillerato y universidades en EEUU, expandiendo una ideología de liberalismo económico, reducción del papel del gobierno y del sector público y una retórica anti-musulmana y sexista, congeniando plenamente con las ideas conservadores que ha monopolizado el «trumpismo». Una encuesta de la Universidad de Harvard asegura que la franja etaria entre 18 y 24 años ha girado sus preferencias políticas hacia la derecha. Por tanto, Charlie Kirk parecía encaminado a dirigir a una nueva generación de jóvenes «trumpistas». Y sus ideas comenzaban a tener impacto en el exterior.

El funeral de Kirk celebrado en Arizona este 21 de septiembre se convirtió en una puesta en escena estratégica en clave política para movilizar socialmente al «trumpismo» en un momento donde se está registrando descontento con la gestión presidencial. Enardeciendo la emotividad como móvil político, el propio Trump catalogó a Kirk como un «mártir» toda vez clamaba que «sin Dios no hay EEUU». El objetivo era claramente «sacralizar» su lucha política en aras de preservar el patriotismo y los valores tradicionales como ejes fundamentales de la sociedad estadounidense.

Observando con detenimiento estas palabras, esta simbiosis entre religión y política así como las constantes referencias a Dios determinan igualmente la voluntad de la Administración Trump por focalizar en la educación para moldear una nueva cultura política entre la opinión pública que contrarreste la ideología progresista y de la denominada «izquierda woke» en las aulas y movimientos sociales. Con ello pretende movilizar al ascendente nacionalismo cristiano afiliado a su idea de MAGA, vital para su apoyo político y electoral, probablemente marcando la agenda de cara a las elecciones legislativas del «mid-term» previstas para noviembre de 2026.

Con ello, el «trumpismo» da el pistoletazo de salida para iniciar lo que las nuevas fuerzas conservadoras, reaccionarias y liberales han denominado como «la batalla cultural» contra las corrientes progresistas, concordando igualmente con los apoyos de grupos religiosos que apoyan a Trump.

Dos datos para tomar en cuenta que explican el porqué de la movilización de las fuerzas «trumpistas» y sus implicaciones dentro del contexto de polarización y radicalización política en EEUU. El primero, el rechazo a la inmigración ilegal, aspecto que fortalece las políticas antiinmigración que impulsa Trump bajo el argumento de que afectan la seguridad y la identidad nacional estadounidenses.

El segundo, la proliferación de armas entre la población civil. Según la organización independiente Small Arms Survey, actualmente existen en EEUU unas 400 millones de armas en manos civiles. La ratio indica que es un arma por cada habitante, lo cual hace de EEUU el país con más armas de fuego per cápita del mundo, con más de 120 armas por cada 100 habitantes. 

Trump resucita el «macartismo» para el asalto al poder total

Si bien estamos aún lejos de observar en EEUU una situación de crisis y disolución que lleve a la quiebra institucional y a la conformación de bandos armados con control territorial que propicien una eventual guerra civil, esta perspectiva no deja de ser mediáticamente atractiva tomando en cuenta el escenario de constante convulsión a nivel mundial que, súbitamente, estaría llegando precisamente hacia la principal potencia del planeta.

Por tanto, el clima derivado en EEUU del asesinato de Kirk merece una reflexión más profunda sin perder de vista si este horizonte de confrontación política radical y eventual guerra civil es posible o no.

La perspectiva de que EEUU podría estar transitando hacia una guerra civil comienza a tener repercusión en el mundo intelectual y editorial. En 2019 los politólogos Steven Levitsky y Daniel Ziblatt explicaron los peligros del populismo «trumpista» y sus tendencias autoritarias en tiempos de crisis política en su clásico How Democracies Die. What History Reveals about Our Future.

Tras este estudio destaca el libro de la académica Bárbara Walter, How Civil War Starts and How to Stop It (2025) Catedrática de Asuntos Internacionales en la Universidad de California, Walter es una de las principales expertas mundiales en guerras civiles, violencia política y terrorismo. Siendo una voz autorizada conviene por tanto reproducir algunas ideas que Walter expone en su libro y que puede ayudar a comprender la dinámica de polarización y radicalización que vive EEUU desde aproximadamente la década de 1990 pero que se ha exacerbado con la llegada de Trump a la presidencia en 2017.

Apoyándose en un informe de la CIA, Walter identifica «la evolución del extremismo en EEUU» cuya fase previa se encamina a la «insurgencia manifiesta». Según Walter, esos pasos «son el señalamiento, por parte de un grupo, de agravios comunes y la construcción de una identidad colectiva, el reclutamiento de miembros, algunos de los cuales reciben entrenamiento militar, el acopio de armas y provisiones, las acciones violentas de baja intensidad». Actualmente, «el país es una anocracia dividida en facciones que se aproxima rápidamente a la fase de insurgencia manifiesta, lo cual significa que está más cerca de la guerra civil de lo que ninguno de sus ciudadanos creería. El asalto al Capitolio ha impedido al Gobierno restar importancia a la amenaza que las organizaciones de ultraderecha suponen para EEUU y su democracia. […] De hecho, el asalto al Capitolio podría ser perfectamente el primero de una serie de atentados organizados en una fase de insurgencia manifiesta: se dirigió contra infraestructuras, había planes de asesinar a ciertos políticos e intentos de coordinar las acciones, y, además, implicó a un gran número de milicianos, algunos de ellos con experiencia en combate».

Por otro lado, un medio de tendencia progresista, Spanish Revolution, identifica una serie de claves que definen la concreción de un régimen autoritario y dictatorial en los EEUU de Trump. Señala aquí la concentración de poder; la ausencia y separación de poderes; las restricciones a derechos y libertades; manipulación electoral; control de medios de comunicación; uso sistemático de la violencia y del miedo; culto a la personalidad («trumpismo»); ausencia de garantías jurídicas; supresión de la sociedad civil; y narrativa única e imposición ideológica. Según esta publicación, de estos diez parámetros, EEUU ya cumple con siete.

La tendencia a propiciar escenarios de espectacularidad política vía puesta en escena como el funeral de Kirk se ha convertido en una estrategia para Trump y un «trumpismo» que está reconstituyéndose en cuanto a piezas políticas e ideológicas. Más allá de la gravedad de la situación determinada por el asesinato de Kirk, este hecho no deja de implicar una situación de oportunismo político para un Trump cada vez más enfocado en otorgarle prioridad a la seguridad pública, con vestigios de dar curso a un escenario de «securitización» e incluso militarización del debate político. Un aspecto importante que se pudo observar en este funeral fue la escenificación de la eventual «reconciliación» entre Trump y el magnate Elon Musk tras meses de desencuentros.

Ya en julio de 2024, con el atentado en su contra en Pennsylvania durante un mitin político, Trump logró vertebrar a su favor este suceso en momentos previos a las elecciones presidenciales de noviembre pasado. No se debe olvidar el asalto al Capitolio en enero de 2021 por parte de simpatizantes trumpistas atendiendo al llamado de su líder días antes de la toma de posesión de Joseph Biden. Toda vez ha enfrentado casos judiciales en este sentido, Trump sigue argumentando sin pruebas concluyentes que las elecciones de 2020 fueron un robo. Mientras tanto, en Brasil, su aliado político Jair Bolsonaro acaba de ser sentenciado a 27 años de prisión por una situación similar ocurrida en enero de 2023. Fiel a su estilo intimidatorio que revela sus intenciones políticas, Trump ha amenazado con sanciones comerciales a Brasil por este juicio contra Bolsonaro.

En el foco de atención está observar cómo Trump rentabilizará políticamente el crimen de Kirk. Recientemente hemos observado su decisión de imponer un mayor control sobre la policía, la Guardia Nacional y otros mecanismos de seguridad. Se especula con que el asesinato de Kirk sirva de excusa para desatar una sutil represión política y de ideas disidentes.

Para ello precisa reconvertir como eje del debate político la tesis de la lucha entre los «patriotas MAGA» contra los «globalistas» y el supuesto «Estado Profundo» apoyado por la «ideología woke» y los «liberal-globalistas» presentes en el establishment de lo que se ha denominado como «el Estado Profundo». Uno de los blancos preferidos de Trump y sus simpatizantes es apuntar contra el magnate George Soros como supuesto mecenas de estas ideologías «antipatriotas». El propio Kirk llegó a acusar a judíos-estadounidenses de presuntamente financiar la izquierda woke y el denominado «marxismo cultural».

Si bien Kirk defendía públicamente a Israel, días previos a su asesinato comenzó también a criticar el genocidio en Gaza. No obstante, fuentes israelíes se concentraron en enfocar su asesinato argumentando una especie de conspiración por parte de la izquierda woke e incluso de elementos yihadistas. No obstante, el propio gobierno de Netanyahu ha intentado disminuir esos argumentos con la intención de evitar cualquier implicación israelí detrás del suceso, alejando las expectativas conspirativas ante el hecho de que Kirk tomara distancia sobre los planes israelíes en Gaza.

Viendo en perspectiva histórica, los EEUU de Trump podrían retrotraer los mecanismos de la cacería macartista de la década de 1950 contra los comunistas, ahora reconvertidos en los «progresistas, globalistas y woke». Las reacciones de Trump tras el asesinato de Kirk podrían arrojar algunas claves sobre esta posible cacería ideológica, especialmente en los medios de comunicación y en un poder judicial donde el «trumpismo» y los sectores ultraconservadores tienen una fuerte presencia.

Trump ha amenazado con retirar las licencias a medios y grandes cadenas informativas que consideran críticos con su gestión. También ha señalado a periodistas y reporteros de ser eco de voces izquierdistas que influyen en la opinión pública. La suspensión por parte de la cadena ABC del programa del comentarista Jimmy Kimmel por un comentario sobre el asesino de Kirk implica observar cómo la polarización en los medios ya acoge medidas punitivas. Son cada vez mayores las denuncias de las intenciones de Trump de amordazar la libertad de expresión y de información silenciando voces críticas.

En un gesto claramente reaccionario e incluso provisto de teatralidad, Trump ordenó vía redes sociales a su fiscal general Pam Bondi que persiga «ya» a «los enemigos del presidente de EE.UU», lo cual confirma un inédito acto de injerencia en las labores del Departamento de Justicia. El 22 de septiembre, Trump declaró como «organización terrorista» al movimiento Antifa, progresista, antifascista y antirracista que tuvo una presencia importante durante las protestas tras el asesinato de Floyd en 2020 y la creación de la protesta «BlackLiveMatters».

Las redes sociales: el campo de batalla de la «guerra civil 2.0»

Volviendo al caso Kirk, en redes sociales, e incluso algunos miembros de la clase política, hubo reacciones de todo tipo. Un comentarista político influyente como el conservador Tucker Carlson (conocido por su mediática entrevista al presidente ruso Vladimir Putin en febrero de 2024) fustigaba contra el odio y reclamaba por la necesidad de «orden en el país», destacando el «carácter cristiano y moralista de Kirk».

Como un émulo del discurso «trumpista», las palabras de Carlson exponen la perspectiva de «necesidad de regeneración espiritual» de los EEUU instigando a dar curso a una agenda ultraconservadora.

Por otro lado, el analista Daniel Estulín, quien ya advirtió hace años sobre la aparente «inevitabilidad de una guerra civil en EEUU», realizó una comparativa del asesinato de Kirk con el realizado contra Daria Dugina, hija del ideólogo eurasianista ruso Aleksander Dugin, en agosto de 2022. Dugin, considerado quizás de manera exagerada como el «ideólogo de Putin», es un conocido simpatizante de Trump, cuyas ideas de «regeneración espiritual» y de «recuperación del papel civilizatorio de Rusia» coinciden con las visiones patrióticas y antiglobalistas de MAGA, teniendo un notable impacto mediático dentro y fuera del país.

Estulín, de origen lituano nacido en la URSS y a quien se le ha tildado de propiciar «teorías conspiratorias», consideró que Kirk fue víctima del denominado «Estado Profundo» y las «fuerzas invisibles» (un objetivo preferido para el «trumpismo» y MAGA) Indicó que Kirk que criticaba constantemente al presidente ucraniano Volodymir Zelenski mientras defendía una política de distensión por parte de EEUU con Rusia. Esto provocó, según Estulín, que diversos ucranianos en redes sociales festejaran el asesinato de Kirk.

Vistas las reacciones en diversos medios, el asesinato de Kirk podría así estar creando un caldo de cultivo para una radicalización política en EEUU. En este apartado se menciona también el papel de la denominada «Generación Z», los nacidos en la década de 1990 imbuidos en la cultura digital cuya capacidad política se ha visto confirmada con los recientes acontecimientos en Nepal, echando violentamente del poder al establishment.

De este modo, el «trumpismo» y sus detractores han convertido las redes sociales en el campo principal del debate político en EEUU, alterando así los canales tradicionales de discusión mientras marca una tendencia cada vez mayor hacia la radicalización como una especie de solución política.

Un análisis del LISA Analysis Unit augura un clima de «guerra política de baja intensidad» en EEUU argumentando que «si bien la probabilidad de una guerra civil clásica es muy baja, el escenario de una ‘guerra política de baja intensidad’ (con violencia localizada, atentados selectivos, crisis de gobernabilidad y periodos de confrontación social intensa) es cada vez más plausible. Este riesgo no es teórico: los datos recientes sobre asesinatos de figuras públicas, amenazas a jueces y funcionarios, protestas masivas y picos de desinformación confirman que la tensión ya se está manifestando».

En un mensaje póstumo, Erika Kirk, viuda de Kirk, se dirigió a «los malhechores» detrás del asesinato de su esposo que «no saben lo que han hecho ni lo que han desatado en todo este país. Mataron a Charlie porque predicaba un mensaje de patriotismo, fe y amor por un Dios misericordioso». Habló de la familia y del «amor de Kirk por Trump». Con un tono calculadamente emotivo enfatizó en el carácter «heroico» de quienes asistieron a su esposo en sus últimos minutos de vida. Insistió en el mensaje de su esposo por «crear familias y tener fe en Dios. Es lo más importante de todo».

Lo que puede ser considerado como una puesta en escena en clave política sobre el futuro no sólo de EEUU sino de sus intereses a nivel mundial puede tener otros mensajes que no se deben pasar por alto. Erika Kirk podría estar lanzando un llamado a la lucha en un momento de crisis, en clave existencial y espiritual. Y Trump, maestro de la escenografía, del show y del espectáculo, lo ha recogido oportunamente en un momento clave, en un «Turning Point» de una presidencia que parece estar convencida de que éste es el momento propicio para instaurar la visión «trumpista» definida en el «ideario MAGA», con todas sus consecuencias.

 

* Analista de Geopolítica y Relaciones Internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) y colaborador en think tanks y medios digitales en España, EEUU e América Latina. Analista Senior de la SAEEG.

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CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA: LA POLÍTICA PÚBLICA DE INSEGURIDAD CIUDADANA COMO INSTRUMENTO DE GOBERNABILIDAD

Gabriel Urquidi Roldan* y Daniel Symcha**

Empleados municipales de la Patrulla Local de Vicente López confundieron a un joven en estado de crisis con un ladrón y lo mataron mientras intentaban arrestarlo dejando en evidencia un serio problema en el abordaje de la seguridad en el conurbano bonaerense

 

La seguridad pública en la Provincia de Buenos Aires transita una senda ambigua: mientras el clamor social reclama patrullaje y resultados, las estructuras legales y la pirámide normativa que rige el Estado exigen una separación clara de funciones. El resultado es una tensión constante entre lo que la ley manda y lo que las prácticas locales —a menudo incentivadas por la política— terminan imponiendo. Esa contradicción no solo erosiona la legalidad, también produce un caldo de cultivo para errores operativos, violaciones de derechos y la instrumentalización de la inseguridad como herramienta de gobernabilidad.

El gobierno provincial utiliza el financiamiento de la Ley de Seguridad Pública 12.254 como un mecanismo de gobernabilidad, desviando fondos genuinos del PBI asignados a la policía para consolidar redes de control político a nivel municipal y garantizar lealtades de los intendentes. Este esquema, lejos de fortalecer políticas de seguridad ciudadana, incentiva prácticas represivas, falta de control civil y episodios de violencia institucional

Antecedentes históricos de los Centro de Operaciones Municipales

El antecedente del municipio de Tigre y su Programa de Protección Ciudadana (PPC) de 2008 ilustra la problemática: bajo la apariencia de prevención y modernización —cámaras, patrullaje municipal, centros de monitoreo— se produjo una usurpación funcional sobre materias que la Ley 12.154 (Art. 2) reserva a la policía provincial (Provincia de Buenos Aires, s. f.). Esa deriva no es un detalle técnico: contraviene el principio de jerarquía normativa (pirámide de Kelsen) que impone la prevalencia de la norma superior frente a actos inferiores[1]. Cuando un municipio asume actos propios del Estado policial se vulnera la cohesión legal y se abren grietas por donde se filtran arbitrariedades y riesgos institucionales.

El principio de supremacía normativa de Kelsen indica que ninguna norma o acto administrativo local puede contradecir normas provinciales o nacionales, asegurando coherencia en la jerarquía jurídica[2]. Sin embargo, esta arquitectura legal ha sido vulnerada mediante resoluciones y ordenanzas que intentan «blanquear» prácticas manifiestamente ilegales.

Crónica de una muerte anunciada

El caso más reciente y dramático es el de Octavio Buccafusco (34), ocurrido el 3 de septiembre de 2025 en Avenida Maipú y Güemes, Vicente López. Octavio, en medio de un episodio de pánico, llamó al 911 solicitando ayuda. Cinco efectivos de la Patrulla Municipal de Vicente López lo persiguieron, lo redujeron y lo mantuvieron aplastado contra el suelo durante más de diez minutos, provocándole la muerte por asfixia. La secuencia quedó registrada en cámaras municipales. Los implicados son el sargento municipal Maximiliano Maguayar, los agentes Gustavo Acosta, Yamila Flores y Natalia Quiroz, y el oficial bonaerense Santiago Nicolás Correa. 

División de competencias y legalidad en Seguridad Pública: riesgos de la politización y del ejercicio irregular de funciones municipales

La división de tareas debe ser nítida: la policía provincial tiene la misión indelegable de patrullaje, monitoreo operativo y detención; los municipios deben concentrarse en infraestructura urbana —bacheo, iluminación, poda, mantenimiento— y en políticas sociales y de prevención situacional (Decreto-Ley 6769/58). Esta separación no sólo atiende a la legalidad, sino a la eficacia: la evidencia muestra que la prevención situacional (mejor iluminación, control de acceso, diseño ambiental) reduce oportunidades delictivas; el mapeo y la inversión tecnológica sirven, pero requieren coordinación con las fuerzas competentes para no generar efectos contraproducentes[3] [4].

El problema se agrava cuando la financiación del sistema se fragmenta o politiza. La ausencia de una ley de presupuesto anual estable y la prórroga por decretos, junto con reasignaciones discrecionales de partidas —como las consignadas en los decretos recientes (Decreto 3681/2024; Decreto 371/2025)—, han desfinanciado áreas esenciales de la fuerza pública y han incentivado la transferencia de recursos a municipios bajo criterios políticos. Esa práctica, además de contrariar la ley presupuestaria y la distribución competencial, erosiona la capacidad operativa de la policía y la continuidad de políticas públicas (Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 2024; 2025).

En este contexto, varios municipios crearon cuerpos de Patrullas y/o Guardias comunales con el objetivo de fortalecer la prevención y la seguridad ciudadana. En términos operativos, los cuerpos de patrullas o guardias comunales oficiarían como unidades de avanzada y reconocimiento para alerta temprana. Pero estos cuerpos, integrados por personal municipal no tienen formación en situaciones de crisis y no es su función ni deben actuar cumpliendo tareas de policía ya que los agentes, suboficiales y oficiales de las fuerzas de seguridad fueron preparados específicamente para la prevención y represión de delitos, la preservación de la vida y de los bienes de las y los ciudadanos, por lo cual son profesionales en la materia actuando en base a un marco y una doctrina legal, con responsabilidad, con conciencia en el necesario uso racional y proporcional de la fuerza, actuando dentro del marco de la ley, los derechos humanos, los procedimientos establecidos y los protocolos específicos para garantizar la seguridad ciudadana y hacer cumplir la ley.

Más preocupante aún es el uso de centros de monitoreo municipales como si fueran agencias de inteligencia. La captura, almacenamiento, procesamiento y producción de imágenes de vigilancia implica tratamiento de datos personales y, en muchos casos, elaboración de «productos» de seguridad que constituyen tareas de inteligencia —actividad regulada y restringida por la Ley Nacional de Inteligencia y la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 25.520; Ley 25.326). Los municipios que procesan y analizan imágenes, construyen bases de datos y diseñan planes operativos se exponen a violaciones legales y a un serio riesgo de abuso de la información[5] [6].

Es imperativo recordar: los empleados municipales no son agentes de policía. No poseen investidura para detener, requisar, privar de la libertad, portar armas de fuego con autoridad pública ni realizar operativos de vigilancia que equivalgan a actuaciones policiales. Las prácticas observadas en algunas jurisdicciones —patrullaje con móviles municipales, presencia física para “controlar” la vía pública, portación de armas personales o de origen dudoso, y operaciones de inteligencia desde centros de monitoreo locales— violan normas esenciales y colocan a funcionarios municipales y a comunidades en situaciones de riesgo jurídico y de seguridad (Decreto-Ley 6769/58; Ley 12.154).

¿Qué debe hacerse?

En primer lugar, restaurar la legalidad: reafirmar que la policía provincial es la autoridad de primer orden en patrullaje y monitoreo operativo, y que los municipios se dedican a gestión urbana y prevención situacional y comunitaria[7]. En segundo lugar, diseñar mecanismos de financiamiento transparentes y estables: una ley de presupuesto clara y la prohibición de reasignaciones discrecionales que desvirtúen la función policial. En tercer lugar, establecer foros de seguridad locales donde ciudadanos, municipios y policía articulen planes complementarios —iluminación, poda, mantenimiento, y programas sociales— sin invadir competencias ni simular funciones policiales[8].

Finalmente, adoptar un enfoque integral de prevención: combinar medidas situacionales (diseño urbano, cámaras gestionadas por la autoridad competente), comunitarias (foros, vecindario, participación ciudadana) y sociales (políticas de inclusión, educación y empleo) para reducir la demanda del delito y la violencia estructural[9] [10]. Solo desde la plena observancia de la pirámide normativa, con financiamiento responsable y roles institucionales respetados, podrá la Provincia articular una política de seguridad legítima y eficaz. De lo contrario, la inseguridad seguirá siendo —como en la crónica de una muerte anunciada— el instrumento proclive a perpetuar poderes y a degradar el Estado de derecho.

 

* Licenciado en Seguridad. Especialista en Análisis de Inteligencia y Maestrando en Inteligencia Estratégica Nacional, con experiencia en estrategia, geopolítica, tasalopolítica, producción de información, así como en Seguridad y Protección de Infraestructuras Críticas.

 

** Maestrando en Estrategia y Geopolítica por la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino. Maestrando en Inteligencia Estratégica Nacional por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Diploma Superior en Comunicación y Defensa Nacional y Diploma Superior en Tecnología, Subjetividad y Política por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

 

Referencias

[1] Kelsen, H. Pure Theory of Law. University of California Press, 1960.

[2] Ídem.

[3] Boba Santos, R. Crime Analysis with Crime Mapping (4.ª ed.). SAGE Publications, 2016.

[4] Chainey, S., & Ratcliffe, J.  GIS and Crime Mapping. Wiley, 2005.

[5] Pepper, J. V., & Petrie, C. V. (Eds.). Measurement Problems in Criminal Justice Research: Workshop Summary. National Research Council, The National Academies Press, 2003.

[6] Olaeta, H. Luces y sombras sobre la creación de oficinas de producción de conocimiento en materia criminal. Revista Pensamiento Penal, 2015.

[7] Kelsen, H. Op. cit.

[8] Alles, M. Desarrollo del talento humano basado en competencias (Cap. 1). Ediciones Granica, 2015.

[9] Boba Santos, R. Op. cit.

[10] Pepper, J. V., & Petrie, C. V. Op. cit.

 

Bibliografía

Alles, M. (2005). Desarrollo del talento humano basado en competencias (Cap. 1). Ediciones Granica.

Boba Santos, R. (2016). Crime Analysis with Crime Mapping (4.ª ed.). SAGE Publications.

Chainey, S., & Ratcliffe, J. (2005). GIS and Crime Mapping. Wiley.

Decreto No. 3681/2024 (Gobierno de la Provincia de Buenos Aires). (2024).

Decreto No. 371/2025 (Gobierno de la Provincia de Buenos Aires). (2025).

Decreto-Ley 6769/58 (Organica de los Municipios, Provincia de Buenos Aires). (1958).

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Ley No. 12.154, Art. 2 (Seguridad Pública). (s. f.).

Kelsen, H. (1960). Pure Theory of Law. University of California Press.

Ley 25.326, Protección de Datos Personales. (2000).

Ley 25.520, Régimen de Inteligencia Criminal. (2001).

Ley 12.154, Seguridad Publica de la Provincia de Buenos Aires

Ley 13482, Unificación de las normas de organización de las Policias de la Provincia de Buenos Aires

Olaeta, (2015). Luces y sombras sobre la creación de oficinas de producción de conocimiento en materia criminal. Revista Pensamiento Penal.

Pepper, J. V., & Petrie, C. V. (Eds.). (2003). Measurement Problems in Criminal Justice Research: Workshop Summary. National Research Council, The National Academies Press.

Erazo, J. M. (18 de septiembre de 2025). Vicente López: denuncian que la policía municipal confundió a un joven con un ladrón y lo mataron mientras intentaban arrestarlo. Tiempo Argentino. https://www.tiempoar.com.ar/ta_article/vicente-lopez-denuncian-que-la-policia-municipal-confundio-a-un-joven-con-un-ladron-y-lo-mataron-mientras-intentaban-arrestarlo/

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