PESCA ILEGAL Y SEIS MILLONES DE NIÑOS POBRES EN ARGENTINA

César Augusto Lerena*

Publicado en El Economista, 02/08/2023.

 

La salud y la alimentación son un Derecho Constitucional en la Argentina, no una dádiva. En 1948, en la Declaración Universal de Derechos Humanos se afirmó que «toda persona tiene derecho a la alimentación» y, en 1966, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se sostuvo que «el derecho a la alimentación tiene incluso el carácter derecho fundamental. Es el primer derecho económico de la persona humana».

El alimento es una sustancia que, ingerida, aporta al organismo la energía necesaria para el desarrollo de sus procesos biológicos y la alimentación, como afirmó la FAO y la OMS, debe ser suficiente, inocua y sana. Sin embargo, poco de ello ocurre en la Argentina. Hay pobres e indigentes y si hay indigentes hay hambre, porque estos son quienes no tienen al acceso suficiente a la alimentación que, además, en muchos casos suele ser de baja calidad.

Postergar la alimentación de los sectores más vulnerables, hasta que algún día improbable el presupuesto se encuentre equilibrado, es un delito deleznable que ignora los efectos mórbidos y letales del hambre y la desnutrición. Incorporar como una cláusula de ajuste al hambre, es indigno y ruin.  

La alimentación debiera estar accesible en el hogar de todo el grupo familiar, ya que si bien, la alimentación que se recibe fuera de aquel, contribuye a mejorar la nutrición de los niños y adolescentes en situación de pobreza, marginalidad e indigencia; el alimento en el hogar, amén de satisfacer los requerimientos nutricionales, reúne a todos los integrantes de la familia alrededor de la mesa y, promueve el diálogo y el fortalecimiento del núcleo familiar. La comida en el hogar no se sustituye con comedores, aunque estos sean -en muchos casos- quienes están proveyendo la alimentación de sostén.  

En 2000, en la «Declaración del Milenio» de la Asamblea General de la ONU se expresó, entre otras cosas: «Nosotros, jefes de Estado y de Gobierno, no escatimaremos esfuerzos para liberar a nuestros semejantes, hombres, mujeres y niños, de las condiciones abyectas y deshumanizadoras de la pobreza extrema y decidimos, asimismo, reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de habitantes del planeta que padezcan hambre». Llegó el 2015 y los gobiernos de Argentina no cumplieron y, por el contrario, se aumentó la pobreza. En la década del 70 la pobreza era del 5,7% y a mayo de 2023 es del 46%.

Es falso que la Argentina produzca alimentos para 400 millones de personas. Terminemos con esta errónea afirmación, la mayoría de la producción nacional exportable «no se destina al consumo humano directo, ni la soja ni el maíz, se usan para alimentar animales» (Vilella Fernando; director de Agronegocios, Facultad de Agronomía, UBA, 25/11/2019); no obstante, con la producción nacional, según Cispan y Fragan «queda en la Argentina alimento suficiente para cubrir las necesidades calóricas para alimentar alrededor de 60 millones de habitantes» (Martín Slipczuk, 25/11/2019).

Es decir, los gobernantes no pueden justificar 5.900.000 niños y adolescentes pobres, de los cuales 1.300.000 son indigentes menores de hasta 14 años (Infobae, INDEC, 31/3/2023) que representan el 34,1% de la indigencia total; además, de que las Autoridades no administran adecuadamente otros alimentos que son del Estado Nacional o de las Provincias del litoral marítimo, como es el caso de los recursos pesqueros. Todo ello, pese, a que el 59,3% de los niños y adolescentes reciben alimentos en forma gratuita del Estado, aunque, mayoritariamente harinas y no alimentos proteicos.

Con una información similar al INDEC, el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la UCA, indica que 6 de cada 10 niños y adolescentes menores de 17 años son pobres, es decir que, promediando con los indigentes, el 74,7% de éstos «no acceden total o parcialmente a la alimentación, educación y salud básica y, por su parte, los indigentes, no alcanzan a ingerir la cantidad mínima de alimentos para cubrir los requerimientos energéticos diarios» (Gabriel Matera, Ámbito, 15/05/2023).

La capacidad física e intelectual de millones de menores está en grave peligro. Deberían estar avergonzados los funcionarios de un país productor de alimentos, dando una muestra acabada de su incapacidad para administrar la producción de alimentos y distribuirla. Lo que suelen llamar «pobreza estructural» no es otra cosa que falta de ideas y administración adecuada para resolver esta indignidad, que ya superó dos generaciones de argentinos. Es una obligación impostergable del Estado Argentino, y de sus dirigentes con mayores posibilidades, en una acción organizada de solidaridad ejemplar, eliminar definitivamente este flagelo que denigra, desnutre, enferma y mata a una parte importante de su población, Gravísima cuando se trata de niños que no alcanzarán su madurez intelectual. 

¿Qué debería hacer el Estado para terminar con la indigencia de niños y adolescentes?, además de optimizar la producción e industrialización de alimentos; mejorar los planes y dar a las tarjetas alimentarias una acción generadora de empleo y nutrición y, no solo de acceso a los alimentos de baja calidad.

El Estado tiene recursos alimentarios propios, como son los pesqueros. La pesca constituye para la humanidad una fuente importante de proteínas, cuya calidad es solo comparable con la leche materna. Además, es una de las actividades de mayor ocupación de mano de obra intensiva. Una generadora de empleo en regiones inhóspitas del país que, de otro modo, sus poblaciones emigrarían hacia los grandes centros urbanos. Como muy pocas actividades, requiere de gran cantidad de operarias, que realizan tareas de supervisión, fileteado, emprolijado y empaque, donde suelen ser más eficientes que los hombres.

¿Cuántas toneladas de pescado se necesitarían para proveerle una ración diaria de la mejor proteína a seis millones de niños y adolescentes para terminar con la pobreza infantil? 600 mil toneladas de pescado/año, para proveer productos empanados, termoestabilizados, liofilizados, etc.

El Estado argentino puede hacerse de las referidas 600 mil toneladas de pescado si acuerda condiciones equitativas con los Estados de pabellón de los buques españoles, chinos, coreanos y taiwaneses que explotan en alta mar nuestros recursos migratorios originarios de la ZEE Argentina; se otorgan exenciones impositivas al gasoil, a la captura, aduaneros y otros beneficios de explotación a todas las empresas nacionales que pesquen en alta mar; se deja de descartar (Art. 21 m Ley 24.922) al mar el 30% de las capturas, estableciendo un precio sostén y, se lleva progresivamente a la Acuicultura en la Argentina a niveles compatibles con la producción mundial. Accesoriamente a ello, se cuadruplicaría el empleo registrado en la actividad pesquera y la acuicultura.

La soberanía alimentaria permitirá, mediante la administración adecuada del Atlántico Sudoccidental, recuperar la soberanía marítima y política de la Argentina, donde en las últimas décadas entre 350 y 500 buques extranjeros pescan ilegalmente (INDNR) en alta mar todos los años los recursos pesqueros migratorios originarios de la ZEE Argentina y, lo hacen en forma ilegal, porque pese a ser la pesca libre en esa zona, los Estados de pabellón a los que pertenecen esos buques no los controlan; no hacen investigaciones para determinar las capturas máximas sostenibles y, afectando el interés de terceros Estados, no hacen acuerdos pesqueros con los Estados ribereños (Argentina, Brasil y Uruguay).

No puede perderse de vista que la administración del recurso tiene efectos laborales y sociales que superan los daños que cualquier empresa de riesgo pueda asumir; ya que el pesquero se trata de un recurso de propiedad del Estado, que debe cumplir un fin social, sanitario, poblacional, industrial y estratégico, más allá de los efectos económicos que genere. Al respecto de su administración pesquera y su sustentabilidad, José Juste Ruiz considera que el desarrollo persigue tres objetivos esenciales: «a) el objetivo económico que  consiste en buscar la eficiencia en la utilización de los recursos y el crecimiento cuantitativo; b) el objetivo social y cultural que promueve la limitación de la pobreza, el mantenimiento de los diversos sistemas sociales y culturales, y la equidad social; y c) el objetivo ecológico ocupado de la preservación a perpetuidad de los recursos naturales que sirven de soporte a la vida de los seres humanos».

Es necesario entonces un nuevo orden en materia de la administración, captura, distribución, industrialización, protección y control de los recursos vivos marinos, para permitir que este recurso contribuya a eliminar la indigencia de niños y adolescentes del país y aumentar el consumo anual de 4,8 kg (Consejo para el Cambio Estructural del Ministerio Desarrollo Productivo, marzo, 2021) a 10 Kg per cápita por año de todos los argentinos, para equiparar -al menos- el consumo promedio anual de Latinoamérica, el Caribe y África, muy lejos aún de los 20 Kg. que consume el mundo; proveyendo de una mejor dieta, salud y trabajo. Somos un Estado Marítimo y deberíamos comenzar a mirar el mar y aprovecharnos de sus capacidades.

«Mi pescado grande tiene que estar en alguna parte» (El Viejo y el Mar, Ernest Heminway, 1989).

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (Fundada el 21/10/2002), Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL (Fundada el 02/04/1989).

Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021) y de “Pesca Ilegal y Recursos Pesqueros Migratorios Originarios de los Estados Ribereños de Latinoamérica y El Caribe” (2022).

 

GEOPOLÍTICA: TODOS LOS INGREDIENTES PARA EL DESASTRE

Isabel Stanganelli*

Yevgeny Primakov, a la derecha, conversando con Henry Kissinger durante el Foro Económico celebrado en San Petersburgo el 21 de junio de 2012. Foto AP.

Mientras Occidente permanece en permanente convulsión, la mayoría de los países asiáticos avanzan progresivamente en sus objetivos de pacificación y aproximación.

Uno de los casos más notables es el de la India que, sin perder su fuerte alianza con Rusia y a pesar de los problemas limítrofes que mantiene con China, está estableciendo lazos constructivos con Beijing. Sin descuidar sus relaciones con los Estados Unidos, no se manifiesta contra sus vecinos continentales. Hasta Pakistán, siempre aliada con China y con cuestiones limítrofes con India, se está acercando a Nueva Delhi.

Hubo quien previó este escenario hace algo menos de tres décadas aunque su teoría tardó en difundirse y mucho menos aceptarse en Rusia y parece evidente que a pesar del tiempo transcurrido Occidente no la contempla.

Algo de historia reciente

Cuando Rusia renació de las cenizas de la Unión Soviética y creía que el concierto de las naciones europeas ―por las que había participado en batallas durante siglos y que hasta costó la vida a la totalidad de la familia imperial (si, incluyendo a Anastasia)― le abriría sus puertas y festejaría su retorno de la mano de su «inofensivo» presidente Boris Yeltsin, el mundo parecía girar en otra dirección. Los festejos por el supuesto fin de la Guerra Fría resultaron tan excesivos en su magnitud y duración que hirieron sensibilidades, al punto que hasta la misma Margaret Thatcher mostró su preocupación: «Por favor, tengan cuidado… Con lo que nos costó hacerla caer…» (se refería a la URSS)[1].

La crisis que puso fin a la URSS en 1991 se mantuvo durante una década, la de los «reformistas ultraliberales», representados por Boris Yeltsin. Negocios millonarios se entregaban por monedas, la corrupción se paseaba en automóviles de última gama y los trabajadores rusos de toda una vida pasaban hambre y morían en la miseria: ya no contaban con envejecer sin privaciones, no había atisbos de sistemas previsionales.

En 1997 fue Yevgueni Primakov (1929-2015), ex director de la KGB, veterano experto en Medio Oriente, asesor y luego Primer Ministro de Boris Yeltsin, quien enunció la que se terminó denominando «Doctrina Primakov» atento a la imagen internacional de declive de Rusia.

Primakov favorecía la formación de un triángulo estratégico China – India -Rusia, iniciativa considerada totalmente descabellada y desestimada. Además de las diferencias culturales, étnicas, religiosas, filosóficas, ideológicas, etc., la relación entre Rusia y China desde la década del ’60 del siglo pasado había sido inexistente.

En consecuencia, los líderes de los círculos de poder, defensores del ultra-liberalismo y de la desregulación, consiguieron apartar a Primakov de la jefatura del gobierno. Cuando en 1999 este sector perdió el poder y las iniciativas occidentales fueron más evidentes (etapa de la guerra en Yugoslavia), su propuesta fue reconsiderada.

Primakov observó a lo largo de esa década que Occidente intentaba marginar a Rusia e infiltrarse en su espacio tradicional de influencia. Sostenía que el mayor alejamiento de Rusia del escenario asiático en la última década del siglo XX, la «década atlantista», había incentivado a otros actores a penetrar la región, complicando considerablemente toda su problemática.

En los libros de su autoría El mundo después del 11 de septiembre y La guerra en Iraq, Primakov invitaba a ser prudente con las decisiones adoptadas por Washington, aunque señalaba que Occidente tenía otra cultura pero sostenía que lograr una cooperación limitada y con ventajas mutuas era posible.

Entre 2003 y 2005 su propuesta incluyó modificar en forma más marcada la orientación de la política exterior rusa de Occidente hacia Oriente, los famosos «180 grados», un escenario cada vez más contemplado como el sitio natural de Rusia.

En julio de 2006, en ocasión de la Cumbre del G8 ─en San Petersburgo y presidida por Rusia─, Putin señaló que: «…Occidente tendrá finalmente que aceptar el hecho de que Moscú ha vuelto al escenario mundial…». Pero para entonces la injerencia de Occidente en cuestiones internas de Rusia ya era muy variada en medios y objetivos.

La «doctrina Primakov» continuó evolucionando rectificando su orientación geoestratégica y a partir de 2007 contó con los aportes complementarios del Ministro de Defensa Sergei Ivanov. Fue la etapa en que Putin comenzó a denunciar el «doble discurso» o «doble rasero» occidental. En 2008 anunció el retorno de Rusia como protagonista del contexto internacional y el estreno de su doctrina de orientación multipolar, en la que exhortaba a la construcción de un orden internacional justo, equitativo y respetuoso de las diferencias, al tiempo que hacía votos por la defensa de los valores democráticos. La evolución de la doctrina eurasianista ya fue visible en la Estrategia de Seguridad Nacional de Rusia para el período 2009-2020.

El hecho de que el presidente Putin viajara entonces a China e India dio pie a que se especulara sobre la organización de ese «triángulo estratégico» para balancear la influencia de Estados Unidos en Asia. Pero luego del asombro inicial, pronto el gesto quedó en el olvido[2].

Hemos visto que esta idea eurasianista y de prudencia ante los Estados Unidos había sido pergeñada por el Primer Ministro Yevgeny Primakov en 1997 ─y considerada irrelevante─. Su pensamiento probó continuar vigente, a pesar de que tanto Rusia como China e India continuaron manifestándose amigas de Estados Unidos y hasta aceptaron tácitamente el avance de la OTAN hacia el este en Afganistán, donde permaneció mas de 18 años…. Consideraban ─por experiencia─ que la presencia de Washington no alcanzaría para eliminar el flagelo del terrorismo en la región y que se requerirían estrategias de seguridad multilaterales que también incluyeran a Rusia, China, India y Pakistán.

La estrategia de seguridad nacional de Moscú, ya expuesta por el Ministro de Defensa Sergei Ivanov en un artículo en el Wall Street Journal en enero 2006 («Rusia must be strong» – «Rusia debe ser fuerte»), estuvo directamente relacionada con los intereses estratégicos y económicos rusos en el amplio escenario que abarca el Cáucaso Meridional, el mar Caspio y las Repúblicas Centrales Asiáticas.

El artículo de Ivanov evidenciaba las prioridades estratégicas de Rusia marcadas pragmáticamente de acuerdo con las necesidades de seguridad de Moscú. «Rusia debe ser fuerte» era un título y al mismo tiempo un programa: la seguridad nacional siempre fue crucial para Rusia y en consecuencia su estrategia militar se focalizaba, y lo sigue haciendo, en responder a los desafíos externos, internos y fronterizos. En otras palabras: Rusia intentó ser desde entonces un poder global relevante y estable, vital para la seguridad mundial y dejar atrás la década perdida de los 90.

Es de particular interés el foco que ponía ya desde entonces Ivanov (y también el Kremlin) en estar «preparados para la posibilidad de un asalto violento al orden constitucional de algunos Estados post-soviéticos y la inestabilidad fronteriza que podrían ocasionar». En consecuencia Moscú debía considerar las implicaciones del «factor de incertidumbre» y el alto nivel de amenazas existentes. Ivanov aclaraba que la incertidumbre incluía los conflictos o procesos políticos o político-militares que pudieran devenir en una amenaza directa a la seguridad de Rusia o afectar la realidad geopolítica de una región de interés estratégico para Rusia. «Nuestra máxima preocupación es la situación interna de algunos miembros de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) y las regiones que la rodean». Este es un clásico ejemplo de cómo los grandes poderes ―todos ellos― perciben las amenazas potenciales a sus «esferas de influencia». La posibilidad de interferir en la situación interna de pequeños Estados se justifica ―como en el caso de cualquier potencia― en nombre de la seguridad. La doctrina Primakov-Ivanov sostenía que la promoción del dominio militar-estratégico regional también tiene fines políticos y hasta puede modificar el medio político interno de poderes menores para atender los intereses de los grandes poderes.

La doctrina Primakov-Ivanov sugería que cualquier cambio social o político pro-Occidental de inspiración liberal en países de la CEI, como las revoluciones de colores experimentadas por Ucrania, Georgia o Kirguistán en 2004 y 2005 respectivamente, podría ser considerado inaceptable para los intereses de seguridad regional de Rusia.

La Comunidad de Estados Independientes (CEI) siempre ha sido crucial para la seguridad militar de Moscú y para el control sobre los recursos fósiles y al mismo tiempo se encuentran cada vez más marcadas por cuatro conductores fundamentales. Los dos primeros son las orientaciones geopolíticas básicas de las ex repúblicas soviéticas que pueden ser fuerzas opuestas. Una de ellas relaciona a las repúblicas con el «heartland», geoestratégicamente liderado por Rusia y el otro, originado por los objetivos estratégicos de Estados Unidos y los temores nacionales a la hegemonía rusa que los conecta con el imperio marítimo euroatlántico, liderado por Estados Unidos. Esta oposición hacía que la influencia política y el poderío militar fueran el premio geopolítico en la renovada competencia entre Rusia y Estados Unidos en la gran región.

Los otros dos conductores fueron novedosos. Uno fue la aspiración de los países de la CEI a determinar sus propias agendas de política exterior y de gestión energética y el otro fue la creciente influencia de Beijing.

Primakov no estaba errado.

Más de un observador denominó entonces a este contexto como un «Nuevo gran juego». Desde el punto de vista ruso, la inestabilidad política en la región podía constituir tanto una amenaza ―si podía ser instrumentada por los adversarios de Rusia― como una fuente de oportunidades, como en el caso del separatismo abjasio en Georgia, para debilitar a un Estado pro-occidental.

Las relaciones con China en la región también eran complejas. Moscú y Beijing parecían cooperar para asegurarse de que la presencia militar de Washington no fuera permanente (como ocurrió en Uzbekistán en 2005 con la base Karshi-Khanabad, K-2). Ambos poderes incrementaron su colaboración en el contexto de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS), ―desde 1996 como Grupo de los Cinco de Shanghai―, con más de 25 años de colaboración. La creación de un marco más integrado de seguridad y económico podía asegurar el ascenso de un partenariato estratégico chino-ruso en Eurasia. Y lo está logrando.

La doctrina de Moscú, ilustrada por Ivanov, nos indicaba que la confrontación entre Rusia y Estados Unidos en Eurasia sería áspera ―a menos que se alcanzara una gran negociación―. A pesar de etapas de gran colaboración, jamás se logró la aproximación a la que estaba dispuesta Moscú.

Mucho se ha escrito en las décadas postsoviéticas sobre ductos de exportación de hidrocarburos y la misma exportación de hidrocarburos, sobre construcción de infraestructura de defensa rusa en Europa, intercambio de programas de investigación y hasta colaboración en la aventura espacial. En todos los casos subyacía mucha suspicacia en términos políticos, que los medios de comunicación se ocupaban de hacer pública a una Rusia «peligrosa». Hubo apoyo occidental a golpes de Estado contra gobiernos democráticos (Ucrania, 2014), presiones, sanciones… Muchas recayeron sobre países asiáticos. Finalmente en 2022 el tercio europeo de Rusia fue rechazado por Europa con la amenazante OTAN en sus fronteras y en cambio bien recibido por gran parte de Asia. ¡Primakov!

A la percepción de la gran mayoría de los países asiáticos que se han visto invadidos, sancionados, ocupados, condicionados, «Ejes del mal», poseedores de armas de destrucción masiva dispuestos a utilizarlas… en el mejor de los casos países utilizados, se suma un elemento geopolítico largamente descuidado por los especialistas: la cantidad de población. En realidad se la tiene en cuenta en relación con la demanda de bienes y servicios, pero no se considera a la población per se.

En abril de 2023 India superó en cantidad de habitantes a China. Tanto una como la otra tienen el mismo porcentaje de población que todo el continente africano: 18%.

La población mundial asciende a unos 8.050 millones de habitantes de los cuales Asia cuenta con el 59% y si le sumamos el 1,4% de rusos europeos resulta que de cada 10 habitantes del planeta más de 6 son asiáticos-rusos. Europa con 747 millones tiene 9,3% de la población. América 1.046 millones, 13% del total de los cuales ―el 4,2% del total― son estadounidenses.

Una guerra que repentinamente costara la vida al 10% de la población de los Estados Unidos o Europa, sin importar que tan rotunda pueda ser la represalia, crearía tal caos social que se verían obligadas a abandonar la batalla. Si ese mismo porcentaje afectara a la población de China, el impacto relativo sería menor y seguiría combatiendo… Sin contar con que ambos tienen aliados, el resultado final no requiere muchos cálculos matemáticos.

Teniendo en cuenta estos cálculos muy básicos, resulta difícil comprender el motivo por el cual la soga se sigue tensando…

* Profesora y Doctora en Geografía/Geopolítica, Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Magíster en Relaciones Internacionales, UNLP. Secretaria Académica de la SAEEG.

Referencias

[1] Ni tanto ni tan poco. Hace un siglo, para la flamante Sociedad de las Naciones, Turquía estaba en el grupo de las naciones «salvajes» en tanto la URSS era considerada una nación «bárbara».

[2] Véase Stanganelli, Isabel. “China y Rusia: dos colosos en busca de nuevos equilibrios”. En Diplomacia. Año 1999, No. 81, ISSN: 0716-193X. Escuela de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. https://academiadiplomatica.cl/centro-de-publicaciones/ V Congreso Nacional de Ciencia Política. Academia Diplomática Andrés Bello. Santiago de Chile, noviembre 1999. Expositora con los temas: «Las nuevas relaciones Rusia-China» y «Sistemas de poder Internacional en la posguerra Fría y la política exterior de la Federación de Rusia».

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EL ACUERDO MERCOSUR-UNIÓN EUROPEA NO DEBERÍA APROBARSE

César Augusto Lerena*

Artículo publicado por el “El Economista”, 25/07/2023

 

El 1° de julio de 2019 se cerró el preacuerdo comercial entre la Unión Europea y el MERCOSUR y si bien ya nos hemos referido a este Acuerdo (César Lerena “Claroscuros del acuerdo del MERCOSUR con la Unión Europea en materia pesquera e industrial naval”, 30/06/2019; “El Acuerdo EUROSUR y el Brexit…”, 19/07/2019), habiéndose instalado la discusión nuevamente, nos parece importante fundamentar las razones por las que la Argentina y el resto de los países del MERCOSUR, no deberían firmar, en las condiciones pre acordadas- este Acuerdo.

La actividad pesquera ya tiene experiencias en materia de acuerdos con la Unión Europea y, muy especialmente con la lamentable instrumentación que le dieron las entonces autoridades al «Acuerdo sobre las Relaciones en materia de Pesca Marítima con la C.E.E.» sancionado el 20/04/1994 por Ley 24.315 y ello debería servirnos para que, de una vez, acordemos condiciones equilibradas para nuestro país.

Trataremos de ser optimistas, evitando caer en el triunfalismo retozón ―hasta el llanto― del ex Canciller Jorge Faurie o en la crítica sin aportes. Nos referiremos, a algunos requerimientos que el Estado argentino debería formular al MERCOSUR y éste a la Unión Europea.

Para que se trate de un «Asociación Estratégica» como se ha calificado este Acuerdo, pese a que se trata de un mero intercambio de bienes y no una asociación entre el sector productivo nacional y el mercado europeo, deberían reunirse una serie de medidas instrumentales y, por tal motivo, para que Argentina firme este Acuerdo, en materia pesquera deberían tenerse en cuenta los siguientes puntos:

1) A la firma del Acuerdo, los productos pesqueros destinados a las góndolas en la Unión Europea deberían estar libres de todo arancel de importación y limitaciones de volumen u otra barrera paraarancelaria.

La política arancelaria incidirá de distinta forma en la actividad pesquera. Para ubicarnos en la relación del sector pesquero con la Unión Europea hay que tener presente que la Argentina exporta unos 2 mil millones de dólares por año y solo el 36% de ese monto se destinada a los países de Europa y, el 60% de estas exportaciones son commodities, con reducido o nulo valor agregado; de tal modo que si no se promueve la industrialización en Argentina, exportando valor agregado y productos destinados directamente a las góndolas, la quita será irrelevante. Y en este sentido, ¡pequeño problema!, el gobierno argentino debe resolver definitivamente el problema de la inflación y del costo interno del país, ya que los productos argentinos compiten en desventaja con el I.P.C. de España (5,7%), Italia (11,2%) o Francia (4,5%), sus primeros compradores europeos. A todo ello, hay que agregar que los productos pesqueros de los países europeos están directa o indirectamente subsidiados ya que tienen líneas de crédito de bajo interés y no sufren la carga impositiva y burocrática de nuestro país.

2) Las materias primas capturadas en Malvinas, cualquiera fuese el pabellón del buque, debería ser gravada la importación en la Unión Europea, dando por terminado el período de excepción a la pesca en el Acuerdo del Brexit.

El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda (RUGB) ya no pertenece a la Unión Europea, de modo que es inadmisible que ingresen sin aranceles a esa Comunidad productos pesqueros extraídos en el área de Malvinas, aún para ser transformadas en Europa. Es inadmisible, por tratarse de una discriminación y porque se trata de un territorio argentino usurpado por el RUGB. Soberanía argentina que ha sido inclusive reconocida por España, pese a lo cual sus buques se encuentran asociados con isleños de Malvinas.

3) Todas las materias primas y productos que ingresen a la Unión Europea provenientes del Atlántico Suroccidental deberían estar certificadas en su origen y trazabilidad por el MERCOSUR, de modo de evitar la pesca ilegal en la región.

El Acuerdo, debería contemplar que las autoridades competentes del MERCOSUR, certifiquen el origen y trazabilidad de todas las capturas que buques europeos realicen en el Atlántico Suroccidental.

4) Dar por finalizada la pesca por parte de buques pertenecientes a la Unión Europea en el área de Malvinas en cumplimiento de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional; la Ley Federal de Pesca 24.922 y la Res. 41/11 de la O.N.U. del 27/10/1986 que declaró «Zona de paz y cooperación del Atlántico Sur».

El 25% de las descargas en el Puerto de Vigo (España), uno de los más importantes puertos pesqueros de Europa, tienen origen en Malvinas. Ello demuestra, la dependencia que con Europa tiene el comercio de Malvinas.

En materia de Asociación Estratégica, esté Acuerdo debe terminar con la pesca clandestina de buques europeos que se asocian en esta materia con el RUGB en Malvinas para hacerse de los recursos pesqueros de Argentina.

La Res. 41/11 de la ONU del 27/10/1986 declaró «Zona de paz y cooperación del Atlántico Sur» y resaltó «la determinación de los pueblos de los Estados de la región del Atlántico Sur de preservar su independencia, soberanía e integridad territorial y de desarrollar sus relaciones en condiciones de paz y libertad».

5) El Acuerdo no debería alcanzar la captura de buques de la Unión Europea en la ZEE del MERCOSUR y viceversa.

La apertura de las Licitaciones Públicas en materia pesquera y a la luz de las próximas renovaciones de las Cuotas y Autorizaciones de Captura, podrían dar lugar a la competencia de las empresas europeas en un plano de igualdad con las empresas argentinas, situación que, en atención a que el recurso pesquero se trata de un bien agotable, el ingreso de nuevos actores se haría en base al cierre de las empresas existentes. Empresas europeas que podrían estar recibiendo subsidios (como ocurrió en los Acuerdos con la C.E.E. en 1994) y competir en una desigualdad de condiciones con las pequeñas y medianas y, aún grandes, empresas nacionales.

6) Otorgar créditos a tasa europea a la construcción de buques en astilleros del MERCOSUR, que construyan buques para empresas que exporten a la Unión Europea.

A partir de este Acuerdo, la importación de buques, por ejemplo, de España, podría estar libre de todo gravamen de importación en la Argentina y ello habrá de significar el cierre de toda la industria naval del país, que compite en inferioridad de condiciones con las actividades que en esta materia se encuentran subsidiadas en Europa. Por tal motivo la Unión debe promover el otorgamiento de créditos a tasa europea para la construcción de buques en el ámbito del MERCOSUR e inclusive para la adquisición de aquellos insumos destinados a la construcción que no puedan fabricarse en el país.

7) La equiparación de las normas de seguridad sanitaria, regulaciones y estándares técnicos.

En la Pesca este ítem es neutro por cuanto nuestro país tiene altos estándares de sanidad y calidad, utilizando sistemas de autocontrol desde 1998 con la aplicación de los planes HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control). La Argentina, en la pesca, desde hace más de 40 años está habilitada para exportar a los mercados más exigentes, como la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, etc. y sus establecimientos procesadores exportadores, en muchos casos, tienen mejores estructuras y utilizan procedimientos acordes a los de Europa y Estados Unidos.

8) La equiparación del transporte marítima y fluvial.

El gobierno argentino ha dado muestras de desinterés respecto a ocupar con buques argentinos la vía de navegación Paraná-Paraguay y, las embarcaciones que transportan bienes por esta vía lo hacen con bandera paraguaya, boliviana, uruguaya y otras nacionalidades, motivo por el cual, el libre acceso de buques europeos, podría profundizar la ausencia de ocupación argentina en el transporte fluvial y el desarrollo regional. Por razones de diverso orden la flota con pabellón nacional no es competitiva con respecto a la de sus vecinos. Por otra parte, la Argentina ha desatendido la construcción y el mantenimiento de la flota mercante marina, lo que le lleva a transferir ingentes recursos económicos en materia de flete; perder competitividad y, sostener una contaminación ambiental derivada del transporte terrestre. El Acuerdo debe contemplar un desarrollo y uso equitativo del transporte naval de las mercaderías.

9) La sostenibilidad de las especies y el cuidado del medio marino.

La Argentina es firmante del Acuerdo de París y se ha obligado a la lucha contra el calentamiento global, pero el Acuerdo también establece la obligatoriedad de cumplir con la Convención del Comercio Internacional de Especies Protegidas de Fauna y Flora Salvaje, la Convención de la Diversidad Biológica y los Códigos de Conducta de la FAO. Si bien la Argentina no ha hecho nada para eliminar la pesca ilegal (INDNR) de los recursos migratorios originarios de la ZEE, está en perfectas condiciones de hacerlo, cumpliendo todas las exigencias relativas al cuidado de los recursos y, tiene en el INIDEP, el organismo técnico competente para establecer las capturas máximas sostenibles y las vedas necesarias para asegurar a perpetuidad el recurso. No obstante, deben limitarse perfectamente las cuestiones ambientales para evitar eventuales barreras paraarancelarias.

10) La equiparación del régimen laboral.

La actividad pesquera en general cumple con las obligaciones de la Organización Internacional del Trabajo, pero, tiene deudas muy importantes relativas al trabajo no registrado y, a la seguridad del personal embarcado debido a la vetustez de los buques que, en promedio, superan los 40 años de antigüedad, generando un alto riesgo para los trabajadores. Ello está ligado a lo ya dicho, respecto a la construcción de buques en la Argentina y, la erradicación del trabajo no registrado; una tarea que a poco de verificar las toneladas producidas por las distintas empresas sería fácil detectar y regularizar.

Todos los puntos precedentes resultan centrales, en atención a la particular situación que vive la Argentina y los países orientales de América del sur con la apropiación de recursos pesqueros migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) por parte de buques extranjeros que pescan en alta mar y, embarcaciones extranjeras que extraen nuestros recursos pesqueros en el área de Malvinas con licencias ilegales del RUGB.

Las asimetrías entre ambos bloques; la escasa integración y desarrollo del MERCOSUR y, la política de desindustrialización promovido desde el gobierno, al menos en el área de la actividad pesquera, donde se ha propiciado la mera extracción por sobre el procesamiento industrial, la radicación poblacional e industrial y la ocupación de mano de obra argentina en las áreas más despobladas de la nación, requiriéndose por lo tanto, un profundo cambio para agregar valor a los productos argentinos, que hoy se ve limitada por la política proteccionista de Europa.

Un Acuerdo de esta naturaleza no puede llevarse adelante sin un plan participativo de cada uno de los sectores productivos y exportadores.

Por cierto, la burocracia del Gobierno debería promover y facilitar urgente las bases para promover el comercio, la industria nacional y la exportación de las pequeñas y medianas empresas mediante la reforma federal y social de la actividad pesquera; la eliminación de los impuestos al gasoil destinados a la captura; el incremento de los controles; la eficiencia y transparencia de los servicios portuarios y aduaneros; los trámites administrativos simplificados; la desgravación del IVA; la asistencia técnica y financiera; la responsabilidad social, laboral y su capacitación continua y, la revalorización del producto argentino, estandarizarlo en el MERCOSUR si se quiere poner en marcha a las cientos de empresas pesqueras distribuidas en todo el litoral marítimo, que podrían exportar productos con gran valor agregado a la Unión Europea.

El Acuerdo no puede reiterar lo que eran las consignas al virreinato en 1796, donde «América debía entregar a España las materias primas, y esta devolvérselas prontas manufacturadas» (Rosa, José María. “Los tiempos españoles. El Virreinato”. Ed. Granda, p: 412, 1965).

Los países desarrollados vienen por los recursos y las proteínas, está en los gobiernos argentinos, buscar el mayor rédito económico y social, a partir de un Acuerdo equitativo.

  

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (Fundada el 21/10/2002), Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL (Fundada el 02/04/1989).

Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021) y de “Pesca Ilegal y Recursos Pesqueros Migratorios Originarios de los Estados Ribereños de Latinoamérica y El Caribe” (2022).

 

Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales

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