ARGENTINA

LA ENAJENACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y PORTUARIA

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César Augusto Lerena*

Ya nos referimos tiempo atrás al emplazamiento de un puerto en Río Grande que podría servir —según la ministra de Producción de Tierra del Fuego— de apoyo a la flota china que pesca ilegalmente los recursos pesqueros argentinos César Lerena, “Ministra de Tierra del Fuego facilitaría la pesca ilegal…”, 26/11/2022). Ahora nos enteramos de un Memorando de Entendimiento para la construcción de un puerto multipropósito en Rio Grande por parte de la estatal china Shaanxi Chemical Group que retoma un viejo proyecto que transitó por los gobiernos de Fabiana Ríos (PSP, ex ARI, 2007-2015) y Rosana Bertone (PJ, 2015-2019) y también que China estaría presionando al gobierno nacional para abrir nuevamente la licitación para “controlar” la vía fluvial Paraná-Paraguay, el canal de navegación y comercio más importante de la Argentina, conocido erróneamente como “Hidrovía”.

Ya hemos dicho que la Argentina podría buscar financiamiento extranjero (de cualquier Estado, organización de crédito o empresa) para construir puertos, remodelarlos o llevar adelante instalaciones logísticas, depósitos o cámaras de conservación; instalar astilleros o mercados concentradores y de distribución, etc., pero el Estado argentino no puede delegar en terceros la administración ni el poder de policía y defensa y, en ningún caso, habilitar el uso de los espacios marinos y/o fluviales y sus puertos, a quienes no se ajusten a la legislación nacional, realicen pesca ilegal (incluso lleven adelante trabajo esclavo, tráfico de drogas o contrabando) y/o pongan en riesgo la soberanía nacional. Ello alcanza por igual a la Administración del Atlántico Suroccidental, como a la regulación de la navegación y el comercio a través del Río Paraná-Paraguay y el Río de la Plata.

Es muy entendible que el Estado pueda conceder espacios u otros beneficios a quienes se deciden invertir y realizar actividades en áreas vinculadas a los puertos para facilitar sus operaciones, sus procesos comerciales e incluso industriales y de servicios. Son comunes, por ejemplo, las concesiones destinadas a la utilización de tierras para el emplazamiento de astilleros, oficinas de control de SENASA, Aduana o despachantes, incluso las de Prefectura; silos o depósitos de todo tipo y la mayoría de la actividad industrial pesquera (incluso extranjera) se instaló originalmente en el ámbito portuario. Y, por cierto, otorgar permisos, autorizaciones y/o cuotas a empresas nacionales para la explotación de los recursos naturales.

Reitero. Todo lo que sea necesario para facilitar la producción, industria, almacenamiento, tránsito, comercio y servicios de la actividad privada es posible y hasta necesario; pero, la administración general y la política de los puertos y de los espacios marinos y fluviales deben estar en manos de Estado. La Argentina no puede admitir el aprovechamiento de sus mares y ríos y por supuesto sus puertos y otras instalaciones para debilitar la soberanía nacional.

Según el portal Argentina.gob.ar (13/06/23) «a excepción de Buenos Aires, todos los puertos estatales fueron transferidos, a partir del año 1992, a las respectivas provincias, que asumieron así el nuevo rol de propietarias de las puertas que, por vía fluvial o marítima, las une con el resto del mundo. En varios de los puertos provinciales se constituyeron organizaciones y en algunos se conformaron Consorcios de Gestión Portuaria, constituidos con la participación de los usuarios del puerto, así como de la provincia y municipios donde esté ubicado». Pero aún, en el espíritu privatizador del gobierno de Menem que llevó al dictado de la Ley 24.093, ésta dejó en claro (Art. 4º) que “requieren habilitación del Estado nacional todos los puertos comerciales o industriales que involucren al comercio internacional o interprovincial”; (Art. 5º) “La habilitación de todos los puertos debe ser otorgada por el Poder Ejecutivo, según lo establecido en esta ley, comunicando dicha decisión al Congreso dentro del plazo de diez días hábiles, contados a partir de la fecha del decreto respectivo” y, tener en cuenta (Art. 6º) entre otras, la ubicación del puerto; los aspectos vinculados con la defensa y seguridad nacional; la incidencia en el medio ambiente y afectación del puerto al comercio interprovincial y/o internacional; el control aduanero y de migraciones y, la policía de la navegación y seguridad portuaria. Es decir, en la situación de disputa e invasión territorial argentino de un total de 5.497.178 km2 por parte del Reino Unido de Gran Bretaña del territorio continental antártico, la plataforma continental extendida, archipiélagos (Malvinas, etc.) y las aguas correspondientes a la ZEE e insular, sería un despropósito otorgar “la administración” de cualquier puerto del litoral marítimo —no solo de Tierra del Fuego— al Estado chino o de cualquier otra nacional, o a sociedades del Estado (como es el caso chino) o con capitales extranjeros e incluso nacionales. Esto alcanzaría, por supuesto a España y a todos los países cuyos buques operan en Malvinas.

Dicho esto, hay que concluir que el Puerto de Río Grande como el de Ushuaia son estratégicos, por lo tanto, el gobierno nacional que se ha desentendido de los puertos al sancionar la referida Ley 24.093, debería, dentro de su Plan de Desarrollo y Soberanía Nacional (¿?) destinar los fondos adecuados para su construcción y modernización y, en todo caso, el gobierno provincial, en lugar de autorizar la explotación de los puertos a extranjeros (cualquiera sea su origen, figura jurídica o participación) podría mejorarlos con el aporte privado, en tanto y en cuanto ello no signifique delegar su administración, el control y la seguridad.

Entonces, tres cuestiones básicas deben definirse. La primera, cuáles son los fundamentos de China o cualquier otro país, para pretender administrar directa o a través de empresas vinculadas, los puertos o espacios marinos o fluviales, ya que el Estado argentino puede y tiene capacidad técnica y humana suficiente para garantizar que todas las empresas radicadas en su territorio, tengan el soporte y el debido control para que las importaciones o exportaciones se realicen en forma eficiente y eficaz y, dentro del marco de la legislación vigente. La Administración no puede ser negociable, cuando están en juego intereses superiores de la nación. La segunda, es que el Estado debe facilitar el esfuerzo económico de quien se trate y acordar claramente las condiciones de inversión o financiación y, no con la generalidad que se indican en el citado Memorando. Es decir, precisar en forma concreta la inversión y los plazos para hacerla efectiva y los beneficios directos o indirectos que recibirá la Provincia, teniendo muy en cuenta, que las condiciones que puedan establecerse entre los inversores y el gobierno, no afecten la soberanía nacional o los intereses del conjunto de los actores de la comunidad. La tercera, es que se entiende como inadmisible y es -tal cual se ventila- que terceros países u organismos puedan fijar la política del Estado Nacional en materia de inversiones, adjudicación de licitaciones o concesiones y/o administración de los negocios en Argentina. Los argumentos que se utilizan en el Memorando que la cesión podría aumentar las exportaciones nacionales, es extorsivo y, si bien, cualquier negocio suele ir acompañado de presiones, es gobierno argentino, quien debe establecer el límite, teniendo la balanza comercial, pero, sobre todo, la soberanía política nacional.

Por ejemplo, en el caso de la administración del Río Paraná, es un argumento poco serio que se requiera contar con el control de esa vía para asegurar que “el dragado sea lo suficientemente amplio para los buques”. Eso lo debe garantizar el Estado argentino y, por cierto, si no lo hiciese, estaría dificultando el comercio; pero, más allá de asegurar la navegación y el tránsito de mercaderías, la vía debe administrarse para favorecer el desarrollo regional. Una cosa es adjudicar a terceros el dragado, donde en lugar de resolver una supuesta falencia del Estado se regalan recursos económicos a empresas extranjeras y, otra cosa, es ceder la administración general de la vía; el poder de policía y la política de desarrollo de las provincias del litoral.    

Sobre el Memorando de Entendimiento firmado el 16/8/22, ratificado el 7/12/2022 por el gobierno de Tierra del Fuego con la Provincia Shaanxi de China recientemente ingresado (5/6/23) a la legislatura provincial, el secretario de Asuntos Internacionales de la Provincia Andrés Dachary manifestó (Youtube, 2/6/23, 2.07m): «China propuso la construcción de un puerto, pero esto no se aceptó. Nosotros entendemos que todo lo que tenga que ver con los puertos y la infraestructura estratégica, primero deben asignarse al sector público y en el caso del sector privado a empresas nacionales»; sin embargo, de la lectura del Memorando surgiría «la construcción de un puerto multipropósito, junto a una planta química y una central eléctrica», una inversión estimada en 1.250 millones de dólares por parte de empresa de la citada china. Un proyecto de “cooperación” para la producción de un millón de toneladas de químicos en la Provincia y, la construcción en el área de Río Grande de una central eléctrica de 100 MW; una planta de producción de 900 toneladas de urea; 100 mil toneladas de glifosato y 600 mil toneladas de amoníaco sintético y una “terminal portuaria multipropósito con recinto interno con una capacidad para atender buques de unas 20 mil toneladas”, lo que estaría demostrando, la importancia de la obra.

Este puerto, al igual que cualquier iniciativa de este tipo en Ushuaia, debería ser rechazada sin más, ya que dejaría al acceso de China la Antártida y el control de los pasos al Pacífico y el Indico. Las propias declaraciones del propio gobernador Gustavo Melella, al rubricar un convenio estratégico junto al representante legal de Powerchina, Tu Shuipin, para el desarrollo de proyectos energéticos en Tierra del Fuego, lo ratifican: «Tenemos varios desafíos, y se debe a nuestro posicionamiento estratégico, porque somos la puerta de entrada a la Antártida» (Ushuaia24.com, 19/9/2022). El espejo de lo que piensa China que; además, tiene interés en esta región marítima, no solo porque el control de Canal de Panamá se encuentra en manos de Estados Unidos, sino también por la importante presencia de buques chinos que realizan pesca ilegal en el Atlántico Suroccidental y requieren de apoyo logístico.

En el Memorando, se observan una serie de promesas imprecisas: «impulsar activamente a las empresas chinas a invertir en Tierra del Fuego, sumar a la fortaleza en materia científica y tecnológica, esforzase por aumentar el valor agregado a los recursos energéticos locales, contribuir al desarrollo económico de Tierra del Fuego (…) generar tantos puestos de trabajo como sean posibles (…) intercambios tangibles entre ambas provincias (…) implementar la nueva filosofía corporativa de protección ambiental». Chan-chan. Expresiones de voluntad que no precisan absolutamente nada. Habría que comenzar por decirles a los chinos que sus empresas pesqueras radicadas en la Argentina agreguen valor y mano de obra argentina a los productos pesqueros que exportan y dejen de pescar los recursos migratorios argentinos en el Atlántico Sur, con ello solo la Argentina dispondría de varios miles de millones de dólares por año para producir el más importante desarrollo de Tierra del Fuego.

En el Capítulo 3 del Memorando, las partes se comprometen a “resolver adecuadamente los problemas remanentes de la Inversión original, con el fin de desarrollar nuevos proyectos” y en este tema, que no se detalla, deberían dar precisiones, además del Gobernador Melella, las ex gobernadoras Ríos y Bertone y, la propia legislatura provincial, porque -según se ventila- estarían en danza 30 millones de dólares que ya habrían sido adelantados por la empresa estatal china al gobierno fueguino en concepto de pago de regalías de gas (Ley 774, 23/12/2008. “Acuerdo de gas entre la provincia de Tierra del Fuego y la Empresa Tierra del Fuego Energía y Química”). El gobierno además se comprometería a actuar de “gestor del proyecto”, el que estaría alcanzado por los beneficios fiscales de la Provincia y, ambas partes se comprometen a “seguir” colaborando en la “cooperación pragmática” (¿?).

La revista británica “The Economist” publicó que «China invirtió en los últimos 20 años más de 20 mil millones de dólares en comprar o ampliar más de 100 puertos en 50 países». Que lo digan los ingleses, es una confesión de parte, ya que los británicos a través de la “Comunidad de las Naciones” tienen puertos estratégicos en todo el mundo, entre ellos en Malvinas y Georgias del Sur y, van por más, ya que bajo el pretexto de cuidar los mares y sus recursos, extendieron “el cinturón azul” a 50 Áreas de Conservación Marinas bajo su control (FIS, SeafoodMediaGroup, 9/1/2016) con lo que alcanzaron un control de millones de km2 y recursos muy superiores a los de la pequeña isla del Reino Unido de escasos 243.610 Km2.

No se conoce, si una eventual construcción de un puerto en Río Grande por parte de empresa estatal china dejaría sin efecto el otro que en la misma región promovía la ministra de Producción Castiglioni, quién refirió (RevistaPuerto, 24/11/2022) que sería «una inversión de 210 millones de dólares de la firma argentina Mirgor SACIFIA, cuyo principal accionista es el empresario Nicolás Caputo…» quien a pesar de manifestar que no había capitales reconoció que «una de las empresas inversoras es de Hong Kong, además del ANSES y que, la citada Mirgor cuenta con algunos socios estratégicos internacionales (…) el puerto multipropósito, está planteado así porque la cantidad de servicios que pueda dar un puerto en estas latitudes a todo el Atlántico Sur es importante. Respecto de la milla 201 yo lo veo como una oportunidad de trabajo en los territorios: hoy Malvinas, Punta Arenas y Uruguay ofrecen servicios y nosotros la vemos pasar» y, remató, me parece que es una oportunidad que estamos perdiendo…». Léase, si se portan bien en el puerto, lo que hagan en el mar es cosa de ellos, porque Tierra del Fuego carece de capacidad cierta de control en el mar.  

Muchas veces la falta de una política nacional clara y la desesperación por hacer una Provincia sustentable, menos dependiente de los beneficios fiscales, no es la mejor consejera. Entregar la administración del puerto de Río Grande a extranjeros atentará contra la soberanía política, económica, ambiental, alimentaria y social de la Nación y de Tierra del Fuego. El Río Paraná, por su parte, debe transformarse en un instrumento de desarrollo del litoral, cuya estrategia debe estar en manos de los argentinos.   

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (Fundada el 21/10/2002), Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL (Fundada el 02/04/1989).

Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021) y de “Pesca Ilegal y Recursos Pesqueros Migratorios Originarios de los Estados Ribereños de Latinoamérica y El Caribe” (2022).

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ANÁLISIS INTERNACIONAL

EL VIEJO REALISMO COMO HOJA DE RUTA DEL «NUEVO» MUNDO

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Alberto Hutschenreuter*

Imagen geralt en Pixabay

 

Cuando echamos una mirada a los acontecimientos que tienen lugar en el mundo actual, difícilmente podríamos sostener que los mismos respaldan la predominancia de enfoques centrados en el multilateralismo, los valores colectivos y la cooperación desinteresada.

Desde hace tiempo que el denominado modelo relacional, es decir, el que se funda en el poder, la jerarquía, las capacidades, el interés nacional y la incertidumbre de las intenciones entre Estados, predomina en el mundo, llegando incluso a establecerse hoy un inquietante estado de beligerancia latente o de no guerra entre los principales actores preeminentes, esto es, los centros que deberían dar forma a una estructura o configuración internacional.

El estado de disrupción internacional es tal que hasta se podría dudar si hay posibilidades de llegar alguna vez a un orden, pues incluso entre aquellos poderes mayores que tienden hacia una alianza, como China y Rusia, las concepciones relativas con un orden internacional son diferentes. En estos términos, sólo quedaría como garantía relativa de un orden el comercio entre Estados, un sustituto de un orden, pero que no llega a serlo.

¿Estamos, por tanto, en un estado de retroceso en las relaciones internacionales? La pregunta resulta pertinente, pues desde 2014, cuando se produjo la anexión o recuperación de Crimea por parte de Rusia y la desconfianza y fragmentación internacional se profundizó, se habló, primero, del retorno de la geopolítica y luego, del regreso de la guerra; dos cuestiones vinculadas a la obtención de ganancias de poder por parte de los Estados, es decir, «sustancias» de la concepción realista en política internacional, que deprime la cooperación desinteresada entre los Estados mientras que afirma la competencia y la rivalidad entre los mismos. Pero ello no supone ninguna novedad. De modo que, más que retroceso, tal vez sería más apropiado referirnos a una regularidad.

El final de la contienda bipolar, la desaparición de la URSS, la reacción internacional contra la invasión iraquí a Kuwait y el fenómeno de la globalización fueron cuatro hechos que fundaron un clima favorable en relación con el curso de las relaciones internacionales y ello se constató en las hipótesis esperanzadoras que se desplegaron por entonces. Además, la contundencia de las tres victorias estadounidenses (Guerra Fría, guerra del Golfo y modelo económico) afirmó la percepción sobre el triunfo de cierta idea de benevolencia frente a los dogmas casi totalitarios que capitulaban o se encontraban en fase terminal.

La globalización fue, acaso, el epítome, del nuevo clima: una idea cuya práctica aseguraba velozmente el ascenso hacia el desarrollo. Nunca hubo por entonces posiciones que concibieran la globalización como un proceso de oportunidades, que era algo cierto, pero también como un fenómeno no neutro, es decir, como un régimen de poder, algo que era más cierto todavía. Sin duda, si se hubiera considerado la experiencia, seguramente se habría concluido que eran necesarios más reparos por parte de los países frente a las expectativas desmedidas.

En este contexto, las corrientes de pensamiento que consideraban que las relaciones internacionales cambiaban hacia formas menos descentralizadas y más regimentadas, sintieron que sus esperanzas en la afirmación de una sociedad internacional eran prácticamente irreversibles. Si hasta hacía poco el mundo mantenía características hobbesianas, es decir, de ineluctable pugna por el poder, el nuevo escenario tendría rasgos más lockeanos y kantianos, es decir, de creciente comercio y cooperación, y allí todos (poderosos, intermedios y débiles) lograrían márgenes de ganancias. Consecuentemente, se afirmaría «la paz», es decir, el orden.

A pesar de numerosas situaciones, que examinadas con rigor estratégico resultaban categóricas en relación con aquellos fundamentals del realismo, por caso, expansión de la OTAN, proyección regional y global de poderes mayores, movimientos internos en países ubicados en zonas selectivas, etc., tuvieron que suceder los hechos en Siria y en Ucrania-Crimea para que se reconsideraran premisas y se admitiera que la geopolítica estaba de regreso, lo cual era un desacierto, pues nunca podía estar de vuelta aquello que nunca se había marchado.

Desde entonces, aquellas pocas, pero convincentes explicaciones que proporcionaba el realismo, para exponerlo casi en las mismas palabras de Kenneth Waltz, se hicieron frecuentes cuando se hablaba del estado o panorama estratégico del mundo. Los documentos e informes de foros internacionales, organizaciones intergubernamentales y de actores preeminentes describían contextos cada vez más inquietantes (por ejemplo, los Global Risks Report del World Economic Forum, o las Global Trends de las agencias de inteligencia de Estados Unidos).

Finalmente, la pandemia, el nacionalismo de las vacunas, la rivalidad chino-estadounidense y la guerra en Ucrania terminaron por recentrar al realismo en la política internacional y mundial, quedando apenas, como se dijo antes, el comercio internacional, afectado por las tensiones provocadas por tales acontecimientos, como un frágil esquema de relativo orden.

En cuanto a los nuevos tópicos, esto es, conectividad, robótica, biogenética y, particularmente, inteligencia artificial, sin duda que se trata de tecnologías mayores que aportan oportunidades para muchas situaciones, por caso, una diplomacia (quizá) menos equívoca y más precisa para resolver crisis. Pero también existe aquí un ancho margen de posible conflictividad (en buena medida, con desenlaces desconocidos).

La experta australiana Kate Crawford ha venido advirtiendo lo aterrador que sería que un programa de IA adopte decisiones en materia de empleos a partir del reconocimiento emocional de las personas en función de su rostro. Estaríamos ante nuevas y tal vez incontrolables formas o pautas de desigualdad social. Y esto es solo una hipótesis, por no referirnos a otras que nos harían considerar los riesgos que corren las mismas democracias.

Pero desde nuestro lugar (las relaciones entre Estados), la posesión de tecnología mayor profundizaría la desconfianza, la competencia y la rivalidad entre Estados, al punto que se reafirmaría una de las principales marcas del realismo: la anarquía internacional; precisamente, una de las cuestiones que más ha sido criticada por las corrientes que consideran que se trata de una obsesión del realismo, pues ante la vitalidad de nuevos movimientos sociales conscientizantes de nuevas cuestiones colectivas, cuya incesante actividad va erosionando la autoridad del Estado y creando una nueva arena no internacional sino global, la anarquía se habría vuelto una realidad cada vez más anacrónica; un hecho que ha sido útil para explicar el mundo de ayer, pero que no se ha modernizado.

Considerando las nuevas tecnologías en relación con el terreno militar, ¿qué garantiza que las mismas no dejarán al mundo más cerca de una catástrofe como consecuencia de decisiones equivocadas?

En un reciente artículo publicado en la revista Foreign Affairs, la investigadora del Consejo de Relaciones Exteriores, Lauren Khan, se refiere al incidente que tuvo lugar en marzo pasado sobre el Mar Negro, cuando un dron estadounidense MQ-9 Reaper fue seguido y acosado por dos aviones de combate rusos. El Reaper arrojó combustible sobre las alas y sensores de uno de ellos, el caza cortó la hélice del dron dejándolo inoperante y obligando a sus controladores a precipitar el dron sobre el mar.

Todos los movimientos del dron, incluida su destrucción, fueron supervisados y dirigidos por fuerzas norteamericanas desde una muy lejana sala de control. La experta se pregunta qué hubiera sucedido si el dron no fuera piloteado por humanos, sino por un software independiente con inteligencia artificial. «¿Y si ese software hubiera percibido el “toque” del caza ruso como un ataque?». La pregunta planteada es aterradora.

Como vemos, no parece que quedara demasiado lugar para abordar estos temas desde categorías que no partan y se analicen desde aquellas que nos proporciona el realismo, es decir, desde aquello que muy bien Stanley Hoffmann ha denominado «políticas como de costumbre», es decir, planteos y respuestas que nunca se alejan del poder, las capacidades, el interés nacional, el multipolarismo, el temor, la ambición, la geopolítica, la jerarquía y las vacilaciones sobre las intenciones.

Al menos en lo que queda de la tercera década del siglo XXI, pensar el mundo fuera de esas categorías es pensar un mundo que no es. En otros términos, se corre el alto riego de realizar diagnósticos fallidos.

 

* Alberto Hutschenreuter es miembro de la SAEEG. Su último libro, recientemente publicado, se titula El descenso de la política mundial en el siglo XXI. Cápsulas estratégicas y geopolíticas para sobrellevar la incertidumbre, Almaluz, CABA, 2023.

 

Artículo publicado el 12/06/2023 en Abordajes, http://abordajes.blogspot.com/

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VENEZUELA

GUAYANA ESEQUIBA: NUESTRA COMPLEJA CONTESTACIÓN FRENTE A UNA CAUSA INEFICAZ

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Abraham Gómez R.*

Hemos estado reclamando con ímpetu para nuestra Nación la restitución de toda esa inmensa extensión territorial, que vilmente nos despojaron. Ha habido desde hace muchos años y gobiernos —lo reconocemos— algunos deslices e impropiedades; no obstante, la fuerza contencional ha sido indetenible e implacable.

Las peticiones reivindicativas que hemos intentado por vías diplomáticas, políticas y jurídicas no están sustentadas en caprichos, malcriadeces diplomáticas, reacciones intemperantes, desproporcionadas o injustas.

Se conoce suficientemente que cuando se negoció, suscribió y ratificó —por las delegaciones estatales— el Acuerdo de Ginebra el 17 de febrero de 1966, por la representación del Reino Unido (Sr. Michael Stewart); así también admitido por el Sr. Forbes Burnham (para entonces, primer ministro de la colonia llamada Guayana Británica) y por nuestro país el excelso canciller Ignacio Iribarren Borges; en ese acto e instante quedó sepultado —per saecula saeculorum— el ominoso laudo, gestado mediante una tratativa perversa en contra de los legítimos derechos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba.

Ya hay algunas opiniones, a lo interno de la Corte Internacional de Justicia, que señalan el desacierto procesal de Guyana, por insistir con el tramposo “laudo”, como causa de pedir; asimismo, dicen los honorables magistrados que con tales recursos argumentativos la delegación de la excolonia británica jamás ganaría este juicio.

No tienen la menor posibilidad jurídica para salir airosos; por eso la desesperación de los representantes de la cancillería guyanesa al ejercer presión a todos los niveles; incluso solicitar —como ya lo hemos denunciado— a las plataformas Facebook, Instagram y Twitter que se abstengan de publicar la Guayana Esequiba en la cartografía referida a Venezuela.

Vistos y analizados así los acontecimientos, calificamos de muy mala fe y de temeridad procesal de Guyana al insistir en sostener su Pretensión, en este juicio, en el reposicionamiento de un Laudo que quedó desterrado —ipso jure—: sin validez, sin eficacia jurídica y sin ser oponible a nada.

¿Cómo se les ocurre afirmar en la interposición de acciones contra Venezuela —en procura de acreditación de la Sala Juzgadora— que el inefable “Laudo” es cosa juzgada y debe configurarse (y aceptarse) como válido y vinculante para nosotros?

Han dicho, sin escrúpulos, que la cuestionada “sentencia” arbitral, ha sido ejecutoriada por nuestro Estado, a partir de la demarcación hecha en 1905; y que —por lo tanto— conlleva implícita los elementos impeditivos de impugnaciones.

Desde que se conoció la vil tropelía perpetrada contra Venezuela no escatimamos circunstancias ni tiempos para calificar razonada y enfáticamente, que la citada tratativa política-diplomática fue un ardid urdido entre ingleses, estadounidenses y el ruso De Martens. Por lo tanto, dicha sentencia nace viciada de forma y fondo y sin eficacia jurídica. Por tal carácter nunca ha sido admitida como Res Judicata.

Con esa patraña no nos ganarán jamás, en justo derecho.

Hemos insistido en advertir que no es poca cosa la Pretensión Procesal de Guyana; y detrás de ello, incontables empresas transnacionales en una lúdica de intereses de múltiples aristas.

Al tiempo que mencionamos —reiteradamente— la obligatoriedad nuestra de concitar una verdadera Unidad Nacional. Aquí si cabe, vale y es propicia la expresión Unidad Nacional.

Este caso trasciende a los gobiernos y a las oposiciones; va mucho más allá de las confesiones religiosas y los intereses sociales o económicos.

Debe haber una voz y posición única reclamando a través de una vertebración estratégica diseñada por la Cancillería venezolana, bajo las directrices del jefe de Estado, para seguir enfrentando, con suficientes elementos —en las fases postulatoria (abril 2024) y probatoria— la demanda del gobierno guyanés en la Sala Jurisdicente, donde ahora se dirime el caso.

Siendo un asunto de Estado —volvemos a mencionar— hay que evitar las incongruencias y opacidades.

Entendemos que no todo deba debatirse a luz pública; sin embargo, admitida la “Diplomacia Abierta”, según las bases teóricas de Woodrow Wilson, afloran ciertas informaciones que la población debe conocer con anticipación, para sensibilizar un despertar de conciencias y solidaridades. Y con eso no se le están mostrando nuestras cartas de juego al adversario.

Por ejemplo, decirle a la opinión pública nacional que estamos concentrados en la elaboración del memorial de contestación de la demanda que debemos consignar el próximo año.

Que, para tales efectos, se requiere la cooperación y participación de todos los sectores —de nuestro país— especializados en la materia: las Academias, las Universidades, las Instituciones que han trabajado la controversia objetivamente, las Fundaciones, las organizaciones no gubernamentales, las personalidades estudiosas permanentes del litigio.

Celebramos la iniciativa de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) de incorporarse a dar su aporte en las indagaciones y redacción de la contestación y donde sea menester. Así también, pronto otras universidades harán lo propio.

Tales hechos constituyen gestos hermosos que engrandecen nuestra patria.

Estamos obligados a realizar todas las investigaciones documentales que refuercen la cadena titulativa histórica y jurídica, en nuestro acervo de probanza; con la finalidad de hacerlo irrebatible, cuando llegue el momento.

Toda Venezuela se encuentra a la expectativa de lo que se ha adelantado para contestar la acción interpuesta contra nosotros.

Debemos disponernos —sin demoras— y declararnos a trabajar tiempo completo, mediante la estructuración de una comisión multidisciplinaria, para la discusión, análisis, las investigaciones documentales (aludidas), armar la narrativa de los hechos fundamentales y verdaderos, compendiar las alegaciones de derecho; hacer las precisas  consultas públicas y privadas; en fin, todo cuanto haya que diligenciar para densificar el Memorial de Contestación; es decir, tener nuestra carta de remate, suficientemente compacta e inatacable.

Para alcanzar tales objetivos con satisfacción y que arrojen resultados concretos, nos obligamos a trabajar duro e incansable; sin distraernos en otros objetivos que distorsionen o nos hagan perder un tiempo valiosísimo.

Inventar otras salidas sería cometer errores. Nuestro deber absoluto —en los próximos meses— estriba y se apoya firmemente en la elaboración de la compleja contestación, que de manera responsable presentará Venezuela en el Ente Juzgador de la ONU.

En la acción interpuesta por Guyana contra Venezuela no hay —hasta esta fecha— en sus anexos documentos históricos que demuestren o prueben nada. Ni los presentarán porque no los tienen.

Permítanme esta aparente digresión: Guyana ha querido impresionar, en sus tres comparecencias ante la Corte, con unos mapas raros y sospechosos.

¿Por qué no le tememos a esa develada estrategia de la excolonia británica? Porque, justamente, un factor interesante que coopera para nuestro favorecimiento viene relacionado con que las fronteras han tenido una vinculación estrecha con la cartografía.

En este aspecto también salimos airosos.

La Corte sentó la jurisprudencia de que la cartografía alegada por un Estado-Parte, en un proceso de litigación, constituye —ciertamente— una expresión física de la voluntad del Estado concernido; pero no es suficiente como elemento de probanza definitiva.

Prestemos mucha atención a lo siguiente: la propia Sala sentenciadora de la ONU ha dictaminado siempre que las cartografías constituyen —apenas— elementos auxiliares en una controversia interestatal.

Todo lo anterior lo decimos porque en el caso litigioso que nos ocupa frente a la pretensión guyanesa, nos atrevemos a exponer el carácter irrebatible de nuestros justos títulos —juris et de jure— que acompañan a la densa cartografía que nos respalda.

Los Justos Títulos y los mapas nos han dado siempre la razón.

Nuestro equipo tiene que abocarse a demostrar (absoluta voluntad a toda prueba) —en su debida ocasión y lugar— por qué calificamos (declaratoria) ese Laudo de írrito, nulo; y además sin eficacia jurídica. Al tiempo que, nos obligamos a concordar los discursos en idéntico sentido con la voluntad de lo que perseguimos. Evitemos las incoherencias o contradicciones.

Ahí, justamente, es donde debemos mantener nuestra expectativa y foco de atención.

Lo que nos corresponde hacer (preparar la contestación) sin perder tiempo ni perspectiva. Ir afinando nuestras estrategias para desplegarlas en el momento exacto cuando nos presentemos al acto de consignación, para hacernos parte del juicio con nuestra manifestación de consentimiento y posición inequívoca de obligarnos.

En tal Memorial de contestación ratificaremos el contenido parcial (artículo primero) del Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966 (que tiene pleno vigor jurídico) que ellos suscribieron (sin intimidación ni coerción): aceptaron que el Laudo es nulo e írrito; por tanto, sobre ese adefesio no hay nada que discutir, no es oponible a nada. Es una causa ineficaz; porque ha resultado insubsanable, históricamente.

El laudo tramposo es inválido, no surte ningún efecto. Así lo dejaremos sentado en nuestra contestación.

La nulidad absoluta —ipso jure— en la citada sentencia arbitral se generó desde el mismo momento cuando se omitieron los requisitos necesarios para lograr su objetivo y se burlaron los procedimientos. También ocurrió cuando se nos colocó, en tanto parte interesada y concernida en una situación de indefensión, inclusive a partir del Tratado de Washington de 1897.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Asesor de la Comisión por el Esequibo y la Soberanía Territorial. Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV). Asesor de la ONG Mi Mapa.

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Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales

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