PROTECCIONISMO VERDE: EFECTOS COMERCIALES DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES

Mauro Céspedes*

Imagen de Gerd Altmann en Pixabay 

El comercio internacional constituye un eslabón clave en el desarrollo y la prosperidad de una nación. Dada su importancia, es vital la necesidad de constituir los medios necesarios para garantizar su transparencia, fluidez, dinamismo, equidad, reciprocidad, y principalmente, desarrollar un marco de acción libre de impedimentos de terceros que puedan entorpecer su actividad sin una debida justificación.

Durante décadas los postulados de la política comercial conocida como proteccionismo han jugado un papel central en las restricciones del comercio internacional. Las denominadas barreras arancelarias y para-arancelarias han sido los instrumentos utilizados para permitir o no, o incluso limitar las cantidades y volúmenes de productos que ingresan desde el exterior. De esta manera se expresa un fin fundamental y básico de esta doctrina, proteger o privilegiar a los productos nacionales y/o determinados sectores económicos o productivos de la sociedad por encima de la competencia extranjera.

En este tiempo, donde la globalización se ve acelerada y acrecentada por los beneficios de la tecnología, las prácticas comerciales se intensifican año tras año. La injerencia de los organismos internacionales y los tratados celebrados por los Estados o bloques económicos ayudan, en cierta manera, a este incremento en las transacciones comerciales. Pero las prácticas proteccionistas siguen vigentes, quizás no de formas tan obvias como en décadas atrás, pero si a través de nuevos instrumentos que, de alguna u otra manera, facilitan su implementación. El proteccionismo a través del medio ambiente, o como los expertos denominan “proteccionismo verde”, es una nueva variante de esta política comercial que comenzó a tomar mayor fuerza en las últimas décadas, dadas las crecientes preocupaciones por el cuidado ambiental y la lucha contra el cambio climático en las agendas políticas de varios países, ocasionando así la interrupción del comercio internacional.

El proteccionismo en pocas palabras

Para dejar sentadas las bases de ¿Qué es el proteccionismo? me remitiré a la siguiente definición:

“En el terreno comercial corrientemente se aplica el término proteccionismo a la utilización de barreras comerciales arancelarias o para-arancelarias, que impiden o dificultan la importación de bienes, y por lo tanto están orientadas a proteger a los productos nacionales”.[1]

Se suele sostener que el proteccionismo como política economía surge de manera paralela al mercantilismo, entre el siglo XVI y hasta comienzos del siglo XVIII, donde el poderío, la importancia y la prosperidad de un imperio, estaban directamente relacionados a la capacidad de acumular grandes cantidades de metales preciosos en función de las transacciones primitivas y/o tempranas de comercialización de esa época. Para este fin, la intervención de las importaciones de bienes era crucial, al igual que el dominio sobre una red de colonias esparcidas a lo largo del globo, que funcionaban como fin único de abastecimiento de recursos primarios, y en menor medida como un mercado de destino.

Por supuesto como toda política comercial, ésta arrastra en su haber ventajas y desventajas. Entre las primeras podemos nombrar el amparo a nacientes industrias nacionales que comienzan a operar[2] en el mercado, el fomento de la industrialización nacional para paralelamente impulsar el empleo y la mano de obra, y la protección de industrias consideradas estratégicas o de gran importancia para el país. Dentro de las segundas, encontramos alzas en los precios, posibles surgimientos de monopolios u oligopolios, sometimiento de la población a adquirir productos sin posibilidad de un sustituto, inflación, entre otras.

Con la llegada de la corriente liberal, el proteccionismo perdería su auge, pero continuaría siendo una opción de política comercial a la que los Estados siguen recurriendo al momento de afrontar crisis o desajustes económicos. Un ejemplo válido de citar es el de EE.UU. luego de la crisis económica de 1929, donde el país recurrió duramente al proteccionismo, originando a su vez un desajuste en la cadena de suministro a nivel global.

Pero debemos tener en cuenta que, a veces, el proteccionismo suele ser camuflado bajo la máscara del nacionalismo económico. Podría argumentarse que la línea que separa un término del otro es delgada a la hora de referirnos al cuidado del mercado interno. Un Estado puede enarbolar la bandera del nacionalismo con el fin de aplicar políticas proteccionistas que le permitan mantener un control riguroso de la economía interna de su territorio. Así, promociona la compra de productos hechos dentro del país como forma de enaltecer la dignidad de la nación y el valor de lo producido a partir de la mano de obra nacional, frente a las empresas extranjeras, mientras aplica restricciones al ingreso de respectivos productos que puedan competir dentro del mismo segmento de mercado.

Como ya mencioné antes, los instrumentos utilizados como herramientas para la aplicación del proteccionismo son las barreras arancelarias y para-arancelarias. Estas juegan un papel central dentro de las prácticas proteccionistas de un país. Ya sea a través de aranceles o cuestiones propiamente técnicas, administrativas, estructurales u orgánicas de un producto, estas medidas sirven para regular el ingreso de productos extranjeros, y así proteger el mercado interno y a las industrias que se encuentran en etapas iniciales, a la vez que funcionan como un método de recaudación de fondos para las arcas del Estado aplicante.

Las barreras arancelarias implican el pago de un arancel en las aduanas, sea específico[3] o ad-valorem[4]. Mientras que las barreras para-arancelarias funcionan a través de cuotas de mercados, prohibiciones, normas sanitarias y fitosanitarias, normas de etiquetado, certificaciones, entre otras.

Los organismos internacionales como las Naciones Unidas (ONU) o la Organización Mundial del Comercio (OMC), o acuerdos como el caso del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, según siglas en inglés), han desempeñado papeles sin duda importantes para el sistema multilateral de comercio procurando la disminución de dichas barreras con el fin mismo de permitir una mayor facilitación y fluidez en las transacciones comerciales, evitando la imposición de medidas restrictivas o discriminatorias entre sus miembros, y así permitir la existencia del libre mercado.

La considerable disminución en los porcentajes de los aranceles a nivel global a lo largo del tiempo da cuenta de estos esfuerzos. Pero, aun así, los Estados todavía encuentran nuevos métodos para seguir amparando a la producción nacional, lo cual no significa que esté mal, a menos que esa protección perjudique las reglas del libre mercado.

Mientras las barreras arancelarias disminuyeron, las para-arancelarias proliferaron. Estas últimas, resultan más difíciles de controlar dada la diversidad de las mismas y el enfoque desde donde se contemple. De esta manera, elevan las exigencias y estándares necesarios para la introducción de los productos en los territorios a través de las aduanas.

Estas nuevas exigencias constituyen un freno, sobre todo para países en vías de desarrollo que buscan entablar relaciones comerciales fructíferas con países desarrollados. Para una PyME promedio establecida en uno de los primeros, implica una serie de dificultades en cuanto a la adaptación de su producto con el fin de cumplir con dichos requerimientos e ingresar a estos nuevos mercados. Además, en muchas ocasiones, no solo encarece su producto la necesidad de cumplir con determinados procesos de producción o certificaciones, afectando directamente a su competitividad y ganancias, sino que implica incluso la continuidad o no de sus prácticas comerciales con determinados mercados externos.

Lo curioso es que son los países más desarrollados los que hacen uso del discurso de libre comercio y de lo perjudicial que resulta el proteccionismo, introduciendo sus productos en los mercados de todo el mundo, mientras mantienen a raya a los países en vías de desarrollo a través de barreras que les imposibilita la libre comercialización con ellos, impuestas incluso a veces en forma imperceptible al momento, por acuerdos celebrados para la facilitación del comercio. Una contradicción.

El medio ambiente como barrera comercial, el nuevo proteccionismo

Hoy en día, los países económicamente más avanzados demuestran mayor interés en las prácticas cuidadosas y amigables con el medio ambiente. La Unión Europea (UE), por ejemplo, ha mostrado tener un ferviente interés en alcanzar altos estándares de cuidado ambiental dotando a sus miembros de herramientas y recursos para aplicación de medidas. El pacto verde europeo busca promover el crecimiento del bloque hacia una economía moderna, sostenible y más eficiente respecto a la utilización de sus recursos, aumentando también la competitividad de sus productos.

La Política Agrícola Común (PAC), conocida política proteccionista del sector agrario europeo y generadora de controversias, fomenta la agricultura ambiental sostenible. La UE destina gran parte de su presupuesto para financiar a sus agricultores, casi 387.000 millones de euros para el período comprendido entre 2021-2027 (Comisión Europea, 2021). Existen diversas justificaciones para este increíble desembolso millonario y una de ellas es que los agricultores enfrentan un doble desafío, producir alimentos mientras que paralelamente se protege la naturaleza y biodiversidad. Por lo tanto, la UE pone el énfasis en el correcto aprovechamiento de los recursos naturales y en la implementación de nuevas tecnologías y prácticas que permitan una agricultura de mayor precisión como también un mayor cuidado en la crianza de ganado, su sanidad y bienestar animal.

Pero estos altos estándares ambientales no son iguales en todos los países del globo, por lo tanto, posibilitar el ingreso de productos que hayan sido producidos bajo menores exigencias, y por lo tanto menores desembolsos económicos, claramente representa un riesgo competitivo para el mercado de un país donde su gobierno, sus productores e industrias se ven sometidos a realizar grandes inversiones para cumplir con lo establecido. Es ahí, donde el medio ambiente se transforma en una barrera comercial, y se origina lo que en la actualidad los autores denominan “proteccionismo verde”:

“Concepto utilizado para referirse a medidas de protección comercial donde se invocan justificativos ambientales. El concepto ha sido utilizado en una perspectiva crítica, cuando se sostiene que esas medidas ambientales no son justificadas y en realidad encubren el propósito de generar una protección comercial, como en un sentido positivo, al defenderse la necesidad de regular el comercio atendiendo a criterios ambientales legítimos. Diversos países agroexportadores de América Latina (particularmente Argentina) han cuestionado diversas medidas en la producción agrícola de los países industrializados, especialmente la UE, como un proteccionismo verde injustificado…”.[5]

Respecto a argumentos que se utilizan para la implementación de este tipo de prácticas proteccionistas, el informe publicado en la Revista Argentina de Economía Internacional en 2013, titulado “El “proteccionismo comercial verde”: un análisis de tres nuevas cuestiones que afectan a los países en desarrollo”[6], realiza una distinción entre los argumentos ambientales y los económicos que justifican este tipo de medidas.

Entre los primeros, sus autores, distinguen tres:

    • El cuidado del medio ambiente del país comprador del producto por los futuros daños que podría ocasionar el consumo de los mismos dentro del territorio importador.
    • El cuidado del ambiente compartido. Ejemplo de esto sería la capa de ozono o el habitad de especies compartidas por más de un Estado.
    • Y la protección del ambiente del país desde donde proceden estos productos. La cual puede verse como una imposición de valores por parte de una nación a otra sobre como operar correctamente respecto a sus recursos naturales dentro de sus fronteras territoriales.

Respecto a los segundos, distinguen dos:

    • La ya mencionada pérdida de competitividad de los productos de países que son elaborados u obtenidos bajo la rigurosidad de políticas ambientales más duras que derivan en mayores costos procedentes de sus cumplimientos.
    • Y la afirmación de que las inversiones podrían migrar hacia países con regulaciones y políticas ambientales menos exigentes (refugios de contaminación). Consecuentemente esta actividad podría jalar los estándares ambientales hacia abajo como bien mencionan. 
Cooperación conjunta para avanzar

Resulta obvio decir, que el avance de las economías en función del desarrollo productivo de cada país ha desencadenado un daño profundo en nuestro medio ambiente colectivo, el cual es vital reparar como factor principal para la continuidad y desarrollo de las futuras generaciones. El papel de las energías renovables y de los avances tecnológicos, acordes a posibilitar nuevas formas de producción, de maneras más sustentables, son necesarios. La cooperación internacional para el cuidado de nuestros recursos a través de compromisos serios y realmente compartidos es fundamental.

Esta necesidad de cooperación conjunta es lo que impulsa a los gobiernos de distintos países y organismos internacionales desde hace décadas a trabajar en acuerdos relativos al cuidado del medio ambiente, el progreso económico, desarrollo social, modelos de inversiones, comercio, entre otros; donde el fin fundamental en sí deriva en la transición hacia un nuevo modelo de economía. Este nuevo modelo es denominado en la actualidad como “economía verde”, y es definida por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) como:

“[…] aquella que da lugar al “mejoramiento del bienestar humano e igualdad social, mientras que se reducen significativamente los riesgos medioambientales y la escases ecológica”.[7]

Ésta es reconocida, además, como un factor importante para la consecución de las metas de desarrollo sostenible[8] y la erradicación de la pobreza, tal como se expresó durante la Conferencia Río+20[9].

En cuanto al término antes mencionado, “desarrollo sostenible”, éste se ha citado y utilizado en varios acuerdos desde su primera implementación en 1987 en el informe “Nuestro futuro común”[10]. En 1992, en Río de Janeiro (Brasil), durante la celebración de la primera Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), se reconoció la importancia del sistema multilateral de comercio para la contribución del mismo.

Entonces, se evidencia la importancia de la cooperación, la apertura, equidad y la no discriminación imparcial en las operaciones comerciales internacionales para alcanzar los objetivos que se expresan a través de los conceptos que he desarrollado, entrelazándose en una cadena de causa efecto continuo en su consecución. Por lo tanto, es importante evitar caer en restricciones mezquinas y unilaterales que no permitan el libre flujo del comercio o, mejor dicho, en prácticas proteccionistas.

Es por eso que, en vista de la posibilidad de la presencia de escenarios comerciales interrumpidos por protecciones recurrentes a temas ambientales, se ha dejado expresada en diversos fragmentos de tratados y acuerdos internacionales, la importancia del sistema de comercio internacional como piedra angular hacia la obtención de los fines perseguidos. Por ejemplo:

El “Principio 12” de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992:

Los Estados deberían cooperar en la promoción de un sistema económico internacional favorable y abierto que llevara al crecimiento económico y el desarrollo sostenible de todos los países, a fin de abordar en mejor forma los problemas de la degradación ambiental. Las medidas de política comercial con fines ambientales no deberían constituir un medio de discriminación arbitraria o injustificable ni una restricción velada del comercio internacional. Se debería evitar tomar medidas unilaterales para solucionar los problemas ambientales que se producen fuera de la jurisdicción del país importador. Las medidas destinadas a tratar los problemas ambientales transfronterizos o mundiales deberían, en la medida de lo posible, basarse en un consenso internacional.

El Programa 21, acompaña los principios establecidos en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y constituye un plan de acción para llevar adelante dichos esfuerzos por alcanzar el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, tanto a nivel mundial como nacional. De él, podemos destacar la Sección I: “dimensiones sociales y económicas”, Capítulo 2 “cooperación internacional para acelerar el desarrollo sostenible de los países en desarrollo y políticas internas conexas”.

El párrafo 5 del artículo 3 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) de 1992:

Las Partes deberían cooperar en la promoción de un sistema económico internacional abierto y propicio que condujera al crecimiento económico y desarrollo sostenibles de todas las Partes, particularmente de las Partes que son países en desarrollo, permitiéndoles de ese modo hacer frente en mejor forma a los problemas del cambio climático. Las medidas adoptadas para combatir el cambio climático, incluidas las unilaterales, no deberían constituir un medio de discriminación arbitraria o injustificable ni una restricción encubierta al comercio internacional.

La OMC, por su parte, ha contribuido también en la elaboración y celebración de distintos acuerdos, con el fin de promover el desarrollo sostenible y la economía verde, mientras que intenta impedir las restricciones injustificadas entre sus Miembros, y facilitar a través de distintos mecanismos e instrumentos de transparencia el comercio internacional. Entre ellos están los acuerdos sobre: Obstáculos Técnicos al Comercio, Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Subvenciones y Medidas Compensatorias, Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual y el Acuerdo Plurilateral sobre Contratación Pública. También, es importante destacar el trabajo del Comité de Comercio y Medio Ambiente (CCMA), que pretende identificar y comprender la relación que existe entre el comercio y el medio ambiente en busca de promover el desarrollo sostenible.

Además, debemos tener en cuenta el Articulo XX del GATT “Excepciones generales”, apartados b) y g)[11], que permite la posibilidad de invocar estas excepciones como medias de protección ambiental relacionadas al comercio internacional, siempre y cuando el Miembro que acusara pueda demostrar la existencia de una relación entre su objetivo de política ambiental y el litigio que denuncia. Para lo cual intervendrá un Órgano de Apelación con el fin de evaluar la situación, sopesando y confrontando una serie de factores para emitir una conclusión final.

El Protocolo de Kioto y, más adelante, el Acuerdo de París tomaron también importancia en las tratativas respecto al cuidado del medio ambiente. El primero sirvió para comprometer a los países a reducir, mitigar o limitar, mediante la adopción de políticas y medidas, los gases de efecto invernadero (GEI), y que eventualmente se realicen evaluaciones e informes. El segundo, reconocido como un gran avance en la lucha contra el calentamiento global de manera multilateral, tiene como objeto reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza. Para dicho fin, se debe mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 2 °C respecto de los niveles preindustriales, de preferencia 1,5 °C, lo que reduciría considerablemente los riesgos y efectos del cambio climático. También busca aumentar las capacidades de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la resiliencia al clima, brindando a su vez, un marco para el apoyo financiero, tecnológico y fomento de la capacidad para los países en desarrollo.

Tratado de Libre Comercio MERCOSUR-UE. Los efectos del proteccionismo verde.

Un ejemplo del proteccionismo verde, y de la utilización de instrumentos como el Acuerdo de París para interrumpir la mecánica del comercio internacional, puede verse en las distintas controversias desatadas con el Tratado de Libre Comercio MERCOSUR-UE. Acuerdo negociado y discutido durante más de dos décadas, pero que desde julio de 2019 parecía que había encontrado la culminación a las negociaciones de manera exitosa para su ratificación, lo cual no fue así.

Varios países sostuvieron lo perjudicial que resultaría la ratificación de este tratado, en el estado actual del mismo, en materia ambiental. Entre los principales acusantes de este hecho, Francia encabezó la lista, junto a otros países como Irlanda, Bélgica, Polonia, Austria, entre otros. El incremento de la deforestación constituyó un punto relevante, sobre todo luego de los incendios acontecidos en 2019 en Brasil. Hecho que repercutió a nivel global y que, además, desató un intercambio poco amistoso entre Jair Bolsonaro y Emmanuel Macron, sosteniendo este último que el país sudamericano incumplía con lo establecido y pactado en el Acuerdo de París. Cuestiones relevantes a los métodos de siembra y cosecha, crianza, cuidado y hacinamiento del ganado, liberación de CO2 al ambiente, también formaron parte de las múltiples acusaciones.

Pero lo que realmente podría impulsar el rechazo, no es precisamente la preocupación por el impacto ambiental. La verdadera causa, podría radicar en el impacto negativo que produciría la entrada de productos del sector agrícola del MERCOSUR dentro de un mercado históricamente protegido por la PAC.

Ya en 2010, mientras se anunciaba el relanzamiento de las conversaciones comerciales entre ambos bloques[12], pudo observarse la preocupación por el ingreso de los productos sudamericanos. En una reunión del Consejo de Agricultura de la UE, el ministro francés de Agricultura en ese entonces, Bruno Le Maire, reiteró la oposición de Francia al acuerdo y advirtió que la eliminación de los aranceles de importación a los productos agrícolas llevaría a un aumento del 70% de las importaciones de carne vacuna y un 25% de las importaciones de aves de corral. Junto con él, el entonces ministro de Agricultura de Italia, Giancarlo Galan, se expresó en cuanto al riesgo que significaba para los agricultores europeos estas negociaciones y como la UE no podía reducir los aranceles de importación al mismo tiempo que se reduce el apoyo a las exportaciones agrícolas en el contexto de la reforma de la PAC de ese entonces. Irlanda fue otro de los que expresó su descontento respecto al impacto negativo sobre su sector de carne vacuna en competencia con países como Argentina y Brasil. En España, los agricultores elaboraron y publicaron una carta advirtiendo el impacto del acuerdo sobre los puestos de empleos en el sector, estimando pérdidas, para ese entonces, por 5.000 millones de euros, sobre todo en la industria cárnica.

Las organizaciones sindicales también alzaron la voz, La Federación Nacional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas (FNSEA) de Francia, estimó, en 2018, que la ratificación de este acuerdo, ponía en peligro entre 20 mil y 25 mil explotaciones agrícolas francesas, señalando, además, que no se respetan las reglas sanitarias, medioambientales y sociales de Europa. Para el FNSEA, el MERCOSUR ingresaría sus carnes al mercado por valores muy inferiores que las de Francia debido a los métodos utilizados para la crianza de los animales. En 2019, el COPA[13] COGECA[14] criticó la política comercial de la UE y como ésta aumentaba la brecha entre lo que se les exige a los agricultores europeos y lo que se les toleraba a los productores de MERCOSUR dada la distintas normas sanitarias y medioambientales.

En octubre de 2020 el Parlamento Europeo rechazó la ratificación del acuerdo por mayoría de votos[15]. El informe sobre la aplicación de la política comercial común sobre el que se discutió, deja claro en su enmienda 36 las razones:

“36.  Subraya la importancia de la reciente modernización del Acuerdo de Asociación UE-México y de la celebración del Acuerdo de Asociación Mercosur, que tienen el potencial de profundizar nuestra asociación estratégica con América Latina, de crear oportunidades adicionales en nuestras relaciones comerciales con estos países y de ayudar a diversificar las cadenas de suministro para la economía europea; considera que el acuerdo de asociación entre la UE y el Mercosur representa el mayor acuerdo de «bloque a bloque» de este tipo y tiene el potencial de crear un mercado abierto beneficioso para ambas partes que abarque aproximadamente a 800 millones de ciudadanos; señala que este acuerdo, al igual que todos los acuerdos comerciales de la Unión, debe garantizar unas condiciones de competencia leal y el respeto de las normativas y los modos de producción europeos; recuerda asimismo que el acuerdo contiene un capítulo vinculante sobre desarrollo sostenible que debe aplicarse, ponerse en práctica y evaluarse plenamente, así como compromisos específicos relativos a los derechos en materia laboral y a la protección del medio ambiente, incluida la ejecución del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y las normas de desarrollo conexas; subraya que no se puede ratificar el acuerdo entre la UE y el Mercosur en su estado actual”.[16]

En febrero de 2021, durante la presidencia Pro Tempore del MERCOSUR por parte de Argentina, el Secretario de Relaciones Económicas Internacionales y Jefe Negociador de la Argentina, Jorge Neme, estuvo en videoconferencia con la Representante en el país de la Unión Europea, Aude Maio-Coliche, y los Embajadores de sus Estados miembros para analizar los desafíos vinculados al Acuerdo MERCOSUR-UE. Entre los temas que se tocaron, la cuestión ambiental fue parte de ellos, donde se destacó la importancia de asumir el papel de socios en la protección del medio ambiente, abordándolo desde un compromiso vinculado, y no de manera aislada[17].

Mientras tanto, el pasado 3 de septiembre de 2021, Emmanuel Macron reafirmó nuevamente la oposición de Francia al acuerdo, adelantando también que su país mantendrá su decisión cuando asuma la presidencia rotatoria de la UE en 2022. Expresó también: “Debemos reinventar nuestras políticas comerciales para que sean coherentes con nuestras políticas climáticas, con nuestras políticas de biodiversidad, es una necesidad”[18]. Respecto a lo anterior, es importante destacar que Francia posee casi medio millón de agricultores y se posiciona como uno de los primeros, y más importantes, países agrícolas de la UE, y cuyo sector agrario ha sido de los mayores opositores a este acuerdo desde el principio.

Los productores agrarios europeos, en diversas ocasiones, han expresado su descontento con la posibilidad de competir con los productos del MERCOSUR. Ellos no están dispuestos a perder su cuota de mercado ni a enfrentar caídas de precios como resultado de su política agraria proteccionista. Y a ellos se les suma la injerencia de las asociaciones ambientales que luchan para frenar el mismo.

Es entonces cuando, si se analiza desde el tema central de este trabajo, quizás lo primordial no es proteger al medio ambiente, sino mantener los beneficios que la política proteccionista de sus mercados les ha proporcionado, utilizando al Acuerdo de París, y las diferencias en cuanto a políticas y tratativas de las cuestiones ambientales como escudo para estos mercados. Esto constituiría un claro ejemplo de proteccionismo verde.

Conclusión

Como ya mencioné, el comercio internacional constituye un eslabón clave en la prosperidad de cualquier nación. El desarrollo económico y social pueden impulsarse a través del correcto funcionamiento de los engranajes de las políticas comerciales adecuadas. Los organismos internacionales, conscientes de esto, han demostrado a lo largo del tiempo su compromiso por facilitar los intercambios de bienes y servicios, impulsando a los actores globales a cooperar para la liberalización del mercado a lo largo y ancho del globo. El Acuerdo de París promueve a la colaboración entre las partes para una lucha conjunta contra el cambio climático. Este acuerdo y sus beneficios podrían acelerar la carrera en la implementación de una economía verde, de una mejora en la calidad de vida de las comunidades y en una evolución hacia nuevas formas de producir, a través de los avances y esfuerzos compartidos. La transparencia, fluidez, dinamismo, equidad y reciprocidad en las transacciones comerciales internacionales, no pueden darse bajo consignas proteccionistas, que utilizan al medio ambiente como forma de escudar sus mercados.

No hay duda en la existencia de una relación estrecha entre el crecimiento económico y productivo de los Estados, el incremento de los flujos de productos a nivel internacional y la contaminación ambiental. Es una cadena de causa-consecuencia derivada directamente del avance incesante de las economías mundiales y las naciones. Cuanto más aumentan el consumo y las ventas, más se produce, por lo tanto, se utiliza mayores cantidades de recursos, de energía, el transporte de dicha producción del punto A al B requiere de vehículos que emiten altos volúmenes de CO2 a la atmosfera, y una vez efectuado el consumo se originan desechos que difícilmente sean reciclados en su totalidad.

El accionar de los Estados debe apuntar al crecimiento económico de todos los actores del comercio, desde las PyMEs hasta aquellas que cuentan con el potencial de llegar a convertirse en grandes multinacionales, y las que ya lo son, pero sin recurrir a la monopolización de los mercados o la protección excesiva de estos. Las políticas ambientales deben ser tratadas urgentemente, pero lejos de las posibilidades de ser utilizadas como arma de doble filo para resguardar beneficios propios, por el contrario, deben ser abordadas con el fin único de propiciar avances benévolos para la humanidad y su bienestar, para encontrar maneras menos contaminantes de producir, ayudando a las naciones menos desarrolladas a alcanzarlas también.

Quiérase o no, vivimos en un mundo interconectado, aislarse no es una opción viable. Y en esa interconexión de nuestras relaciones sociales y comerciales, es parte fundamental el medio ambiente que nos rodea. Las agendas políticas no deben contemplar una u otra opción, el comercio internacional debe seguir creciendo, debe seguir abriendo fronteras y mercados, pero dentro del marco de nuevas situaciones que beneficien al medio ambiente.

* Licenciado en Comercio Internacional, graduado en la Universidad Abierta Interamericana (UAI), Sede Regional Rosario.

 

Bibliografía

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Referencias

[1] Gudynas, E., & Buonomo, M. (Nobiembre de 2007). Integración y comercio – Diccionario latinoamericano de términos y conceptos. Montevideo, Uruguay: Coscoroba. doi:978-9974-7893-4-0.

[2] La lógica de esta protección seria hasta que la industria alcance la madurez competitiva.

[3] El monto a pagar está determinado por la cantidad de unidades importadas o exportadas. También puede determinarse por cuestiones como el peso o volumen del producto.

[4] El monto a pagar corresponde a un porcentaje del valor del producto que se comercialice.

[5] Gudynas & Buonomo. Op. cit.

[6] Lottici, M., Galperín, C., & Hoppstock, J. “El proteccionismo comercial verde: un análisis de tres nuevas cuestiones que afectan a los países en desarrollo”. Revista Argentina de Economía Internacional, 01/02/2013, p. 39-62, http://www.cei.gov.ar/userfiles/nota4.pdf.

[7] Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible y Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. (2014). Manual de comercio y economía verde (Tercera ed.). Ginebra, Suiza: Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible.

[8] Capacidad de satisfacer las necesidades humanas en el presente, sin comprometer la satisfacción de las necesidades futuras.

[9] Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de 2012.

[10] Informe elaborado por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

[11] b) necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar los vegetales;

  1. g) relativas a la conservación de los recursos naturales agotables, a condición de que tales medidas se apliquen conjuntamente con restricciones a la producción o al consumo nacionales;

[12] Las negociaciones para este acuerdo tomaron más de 20 años, pasando por varios momentos de interrupción en las mismas.

[13] Comité de Organizaciones Profesionales Agrícolas.

[14] Confederación General de Cooperativas Agrícolas.

[15] “La Eurocámara rechazó ratificar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur por la política ambiental de Jair Bolsonaro”. Infobae, 07/10/2020, https://www.infobae.com/america/mundo/2020/10/07/la-eurocamara-rechazo-ratificar-el-acuerdo-entre-la-union-europea-y-el-mercosur-por-la-politica-ambiental-de-jair-bolsonaro/, [consulta: 05/09/2021].

[16] Parlamento Europeo. (2020). “Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de octubre de 2020, sobre la aplicación de la política comercial común: informe anual de 2018 (2019/2197(INI))”. Bruselas, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0252_ES.html, [consulta: 04/09/2021].

[17] Ministerio de Relaciones Exteriores, C. I. (2021). Mercosur-UE: Argentina y la UE junto a sus Estados miembros analizaron los pasos a seguir para la firma del acuerdo entre ambos bloques. Información para la Prensa N°: 028/21. Recuperado el Septiembre de 2021, de https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/mercosur-ue-argentina-y-la-ue-junto-sus-estados-miembros-analizaron-los-pasos

[18] “Emmanuel Macron reafirmó que Francia se opone a un acuerdo Unión Europea-Mercosur”. La Nación, 03/09/2021, https://www.lanacion.com.ar/politica/emmanuel-macron-reafirmo-que-francia-se-opone-a-acuerdo-union-europea-mercosur-nid03092021/, [consulta: 04/09/2021].

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EL ODIO INDUCIDO

F. Javier Blasco*

Para saber qué es lo que significa realmente este vocablo, es necesario consultar el diccionario de la RAE en el que aparece una sola definición “Antipatía y aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea”. Definición que quizá sea demasiado tajante y hasta limitativa u orientada al campo que se encuadra en el mal deseado.

Sin embargo, si acudimos al diccionario de “Oxford languages” vemos que la definición de la misma palabra masculina no es única y tiene o presenta dos acepciones distintas, “Sentimiento profundo e intenso de repulsa hacia alguien que provoca el deseo de producirle un daño o de que le ocurra alguna desgracia” y “Aversión o repugnancia violenta hacia una cosa que provoca su rechazo” y cita como sinónimos “antipatía, aversión, repulsión, inquina, aborrecimiento y malquerencia”.

Por una vez y sin que sirva de precedente, prefiero quedarme con la información del diccionario de Oxford porque, aparentemente es más completa, amplia y convincente y creo que aglutina entre sus definiciones y el listado de sinónimos lo que hace más comprensible el significado del vocablo.

Analizar etimológicamente el origen, las causas, derivaciones y ramificaciones del odio, nos llevaría mucho tiempo y no me creo capacitado para ello y además tampoco es la principal razón que me llevó a escribir este pequeño trabajo.

El odio, sensación y actitud tan antigua como la propia humanidad, es uno de nuestros viejos conocidos y compañeros de viaje o un miembro muy allegado de la familia; siempre está a nuestro lado y dispuesto a aparecer a la menor circunstancia; con la particularidad de que sus resortes de contención son tan frágiles que, funcionan a duras penas y no tantas veces como deberían hacerlo.

El hombre en su proceso evolutivo y creador, dentro de su afán de intentar cambiar las cosas, al menos de cara a la galería y fundamentalmente a hora de la compra de votos o seguidores, ha encontrado en esta fea y despreciable actitud un filón de incalculable valor. Cómo de entrada nadie en su sano juicio se puede negar a rechazarlo, hemos hecho de su “aparente lucha para erradicarlo” algo para ser explotado políticamente con mucho éxito, y como casi siempre ocurre con los movimientos o tendencias para la agitación y la propaganda, la izquierda lo ha convertido en su bandera para llenar de basura a las “terribles derechonas que lo pisotean y desprecian todo”.

Así, en muchas partes del mundo en general y en España en particular, hemos creado los denominados “delitos de odio” que son aquellos que consisten en una infracción o acto penal motivado por prejuicios contra una o varias personas por el hecho de pertenecer a un determinado grupo social y que nuestro Ministerio del Interior define en su página web como:

“(A) Cualquier infracción penal, incluyendo infracciones contra las personas o las propiedades, donde la víctima, el local o el objetivo de la infracción se elija por su, real o percibida, conexión, simpatía, filiación, apoyo o pertenencia a un grupo como los definidos en la parte B”;

“(B) Un grupo debe estar basado en una característica común de sus miembros, como su raza real o perceptiva, el origen nacional o étnico, el lenguaje, el color, la religión, el sexo, la  edad, la discapacidad intelectual o física, la orientación sexual u otro factor similar. (OSCE, 2003)”.

En España, su gobierno y muchos de los partidos que le sustentan y apoyan sobreviven principalmente de y con la carroña, las noticias falsas y la sucia propaganda; por lo que este fenómeno de “oficial lucha para su erradicación” no solo debe quedar reflejado en su Código Penal, sino que es constantemente usado, manoseado y prostituido por el propio gobierno, su presidente, varios ministros del gabinete y diversos partidos o movimientos populistas y progresistas de variopinto pelaje y nada sanas intenciones.

Por si fuera poco, para darle un mayor empaque y oficialidad al tema, el gobierno ha creado una “Comisión contra los delitos de odio” que está presidida por el mismísimo presidente Sánchez; comisión que, a pesar de la norma no escrita pero tantas veces manida de no legislar en caliente, ha sido reunida estos días con carácter de urgencia para adoptar medidas al amparo o motivada por una noticia falsa sobre un inventado delito de odio.

El odio a secas y la amplia panoplia de los delitos de odio constituyen una esplendida arma arrojadiza que la izquierda suele sacar a colación siempre que haya cercano o por en medio un proceso electoral, le van mal las cosas al gobierno —para lo que no duda hasta en inventarse actos o amenazas que tengan toda la apariencia, aunque en breve quede demostrado ser mentira o un invento y las graves declaraciones y acusaciones queden aparcadas tras miles de litros de tinta y horas de publicidad— o cuando la derecha presenta claras indicaciones de que sube en las encuestas y puede poner en peligro la continuidad de un gobierno de izquierdas, basado en la mentira, las falsas promesas y la mezquindad.

Muchas de las múltiples denuncias de delitos de odio, quedan demostradas ser falsas o son exageraciones o desviaciones y constituyen una simple manera de buscar notoriedad o una forma zafia de atacar, sin fundamento, los principios y bases de la derecha sin más.

Para que el fenómeno tenga repercusión y notoriedad, hace falta la impagable colaboración de unos medios y redes vendidos al mejor postor que subsisten de las cuantiosas dádivas o subvenciones de un gobierno que no duda en comprar los deseos y la profesionalidad de cualquier persona o entidad por muy seria y digna que pueda o deba ser en función de su trabajo o por su aportación a la sociedad.

Medios y redes que, sin embargo, enmudecen cuando pasa el tiempo sin que hayan aparecido los execrables autores de cualquier tamaña indignidad por mucho que la policía y la sociedad se empeñen en desenmascararles o cuando a pesar de los esfuerzos para ocultarlo, se descubre el pastel de la ignominia y la falsedad de un hecho inventado, exagerado y publicitado hasta la saciedad.

El odio y sus delitos no son un fenómeno exclusivo de los ambientes o situaciones creadas entorno al género, las desviaciones o personales usos sexuales, la raza, el lugar o país de procedencia o la religión que se profesa. Es aún más grave cuando nace, crece y se desarrolla por culpa o a raíz de movimientos políticos de corte separatista o independentista.

Insisto en este punto, porque suele crear graves y despreciables situaciones que fácilmente derivan en sangrientos encontronazos, escisiones territoriales más o menos cruentas o incluso en auténticas guerras civiles; guerras estas, quizá aún más sucias si cabe entre aquellas, porque implican a hermanos contra hermanos o a compatriotas envueltos en unos falsos e inventados ideales que poco o nada tiene que ver con la realidad.

El concepto es un arma de doble filo; ampara o da pie a un gran abanico de posibles delitos bajo el epígrafe general de delitos de odio y, con ello, se abre el grifo para “oficialmente” tratar de combatirlos por todos los medios, incluso aún antes de que estos realmente se produzcan. El uso y abuso de esta posibilidad lleva fácilmente a la imposición de una subjetiva tabla rasa que puede derivar en coartar un derecho inalienable a las personas en todo país democrático como lo es el derecho a la libertad de expresión.

Es muy fácil disfrazar o caer en dicha confusión, incluso de manera no buscada. De ahí el peligro en permitir a los gobiernos usar en demasía o abusar amparándose en este concepto; es un hecho más que probado, que muchos gobiernos lo utilizan a modo de guadaña para impedir la crítica o protesta libre y sana ante situaciones de uso o abuso de actuaciones o decisiones muy dudosas por parte de la autoridad.

Es muy fácil dejarse influir para hacer un uso muy discriminatorio de este concepto; la tendencia a ver la paja en el ojo ajeno, cuando se desprecia o ignora la viga en el propio, hace que muchos piensen que sus cercanos, allegados o de la misma tendencia política están libres de toda carga al respecto. Casualmente, son siempre los del bando contrario los que practican el odio, lo ensalzan y, por el contrario, nunca ven actuaciones execrables e indignas en el propio. Es un hecho característico de las izquierdas, quienes suelen anunciar o incluso creen sinceramente que son los partidos de derechas los que constantemente y viven instalados en el odio a los demás.

Sucias artimañas que aunque parezca mentira, aún en nuestros días funcionan porque, en la sociedad actual el grado de desinterés, la incultura generalizada y la falta de aplicación o desconocimiento del pensamiento crítico para el análisis de lo que nos llega, es muy grande o total. Tanto, que en pocos años será imposible encontrar alguien con la mínima capacidad de discernimiento.

No debo terminar esta breve reflexión sin condenar con todas mis fuerzas a los insensatos que por motivos políticos mangonean los delitos de odio, en cualquiera de sus versiones, sin darse cuenta —o lo hacen a sabiendas— que el aireamiento, falsa presentación y la exageración de ellos aún en su fase de presunción supone, en la mayoría de los casos, una mayor y muy grave agitación de las personas —que fácilmente se contagia a las masas—, lo que rápidamente se traduce en crear mucho más odio individual y colectivo entre los que “oficialmente” pretenden manifestarse o actuar como repulsa para combatirlo.

Como conclusiones  a esta reflexión, se puede afirmar que el odio es algo malo, tenebroso, que consiste en una vehemente aversión de una persona hacia otra, o hacia algo más o menos identificado con esa otra o su grupo por razones diversas de género, región o país de procedencia, diversos usos y costumbres o convicción. Es algo tan ruin que son muchos los afamados autores que le han dedicado mucho tiempo a su estudio y definición.

Ya Aristóteles se esforzó en distinguir entre la ira y el odio. Nietzsche llegó a firmar que “El hombre de conocimiento debe ser capaz no solo de amar a sus enemigos, sino también de odiar a sus amigos”. El mismo Papa Francisco asegura que “El odio, la envidia y la soberbia ensucian la vida”. “Ensucian el alma, la vida del que odia y de cuantos permanecen en derredor suyo”. En opinión de Nelson Mandela no es una tendencia o defecto innato ni surge de la nada, se adquiere con el tiempo o por el uso o abuso de las costumbres de donde uno se desarrolla “Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su origen o su religión”.

Por lo tanto, el odio como algo inculcado es una mala cualidad autogenerada, adquirida o inducida y que generalmente se nos inocula, más o menos disfrazada, en la educación recibida. Contra el odio debemos luchar siempre, pero sin dejarnos arrastrar que por un exceso de celo, la propaganda perversamente dirigida o por falta de precaución, su honrada lucha nos llegue a cegar y confundamos torpemente dónde deberían encontrarse los auténticos principios y la verdad.

Precisamente el 11-S se cumplió el vigésimo aniversario de uno de los ejemplos más claros de odio que ha presenciado y conmovido a la humanidad. Esperemos que este fenómeno no se vuelva a repetir, ni siquiera en su mínima intensidad.

 

* Coronel de Ejército de Tierra (Retirado) de España. Diplomado de Estado Mayor, con experiencia de más de 40 años en las FAS. Ha participado en Operaciones de Paz en Bosnia Herzegovina y Kosovo y en Estados Mayores de la OTAN (AFSOUTH-J9). Agregado de Defensa en la República Checa y en Eslovaquia. Piloto de helicópteros, Vuelo Instrumental y piloto de pruebas. Miembro de la SAEEG.

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SUPERVIVENCIA

 Iris Speroni (gab: https://gab.com/Iris_Speroni)

Los trabajadores argentinos pagan impuesto a las ganancias aunque tengan ingresos inferiores a los mil dólares mensuales.

En enero 2020, la Revista de la Bolsa de Comercio de Rosario publicó una nota donde sugerí a los productores agropecuarios que ingresen en la lucha política. En defensa de sus intereses personalísimos, pero también otros más generales. El trabajo; el propio y el de todos los que dependen de las cadenas de valor que los involucran. De la tradición y las costumbres (ejemplo: la prohibición de ir en procesión a caballo a Luján). De un sistema de transporte eficiente y propio: FFCC que funcionen, flota mercante propia, astilleros. De los intereses generales del país (fuerzas armadas fuertes, presencia internacional, exportaciones que generen riqueza, recuperación de la calidad educativa, etc.).

No me limité a los productores agropecuarios, ni entonces, ni ahora. Los receptores deseados son todos aquellos perjudicados por este orden socialdemócrata que sufrimos.

Enumeración Jorge Luis Borges style:

  • Los jubilados y pensionados.
  • Los trabajadores formales.
  • Los comerciantes.
  • Los industriales pymes.
  • Los desarrolladores informáticos y exportadores de servicios en general (docencia, consultoría, auditoría, artes, turismo).
  • Todos los trabajadores asociados con la exportación, en particular astilleros, marina mercante, puertos, ferroviarios, frigoríficos.
  • Los trabajadores de la salud.
  • Los miembros de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas.
  • Las familias que tienen hijos en edad educativa (pública o privada).
  • Quienes no consiguen trabajo, o si lo consiguen no está bien pago o es informal.
  • Los monotributistas.
  • Los productores agropecuarios.

El domingo 12 de septiembre se inicia el proceso electoral 2021. Pocos productores agropecuarios, dueños de pymes o sindicalistas se postularon.

Tal vez para el 2023 levantemos la puntería.

Entrar en la política es costoso en dinero, tiempo, energía y mala sangre. Pero, ¿qué camino queda? ¿aceptar que hagan con nuestras vidas lo que se les ocurra?, ¿que decidan si podemos trabajar o no, abrir nuestro comercio o no, comprar nuestra casa o no?

Los trabajadores argentinos pagan impuesto a las ganancias aunque tengan ingresos inferiores a los mil dólares mensuales. La clase política desmanteló el sistema de transporte de cargas argentinos y en el proceso dañó a decenas de miles de familias y generó perjuicios económicos para la nación. Los impuestos son abusivos. La inflación les carcome los ingresos a los asalariados a razón de 3% mensual, sin que nadie abra la boca en el Congreso en su favor. Particulares usurpan terrenos y tierras públicas ante la complicidad de los gobiernos provinciales y el gobierno federal. El país está indefenso frente a amenazas externas que son muchas. Se gastan fortunas en idioteces. Asaltan impunemente a la gente en la parada del colectivo a las cinco de la mañana, sin que haya políticas de seguridad serias. Los locos están en su casa y matan a miembros de su familia. Miles de personas (en particular varones) se suicidan por año sin que haya política de salud mental. Esa es nuestra realidad.

Mientras, los políticos están en otra.

El ministro de Economía sostuvo que la inflación era conveniente. Merece ser cubierto con brea y plumas y exhibirlo para su escarnio. El país hace diez años que no crece y quienes gobiernan no tienen solución para salir de este pozo. Podría seguir enumerando.

No saben encontrar soluciones: que se vayan.

Nosotros veremos cómo nos arreglamos. Quienes gobiernan actualmente no encuentran solución, más allá de frases grandilocuentes y repetir las mismas recetas que no sirvieron ni sirven.

Ahora bien, desplazar al régimen es costoso. Lo explica bien Curtis Yarvin en este texto (aquí).

Los errores sistemáticos de los gobernantes no tienen costo para ellos (siguen en su lugar, se alternan, etc.). Los únicos que pagamos los costos somos nosotros.

Somos los que ganamos menos de mil dólares por mes, los que pagamos impuestos, los que no podemos comprarnos una casa. En el caso de los empresarios, son los que tienen una carga impositiva del 80% mientras otros la “levantan en pala” para usar palabras de Cristina Fernández.

Por lo tanto, post Yarvin, entiendo las prevenciones para ingresar en política. Es costoso y con resultado incierto. Pero, ¿cuál es el costo de no participar?

El costo para los trabajadores es pagar impuesto a las ganancias por un magro salario, dejar en concepto de impuestos a la venta el 50% de lo que queda cada vez que se va al almacén o a la estación de servicio; viajar una hora y media en transporte público de ida y otro tanto de vuelta para ir a trabajar.

Si nuestra restricción para participar en política es nuestra energía/dinero, entonces es lo que debemos administrar con inteligencia.

Siempre con la convicción de que a esta gente hay que echarla. Así de simple. Porque su proyecto de supervivencia implica la infelicidad de todos nosotros.

Esta semana tanto el gobernador Kiciloff (verdadero interventor) como la vicepresidente Fernández apoyaron la medida de cerrar las exportaciones de carne vacuna. Quiero rebatir sus argumentos.

El gobernador sostuvo que las exportaciones a China se deben a un acuerdo que se firmó en el 2014 cuando él era ministro y Fernández presidente (verdad), que la demanda de alimentos de China es enorme (el nombre técnico que usó correctamente es “infinita”) y que puede absorber todo lo que produzcamos (verdad) y que para defender el consumo doméstico hay que poner límites a la exportación (falso) y que la solución es aumentar la producción (verdad).

Ahora bien, esta gente que se la da de estadista (la vicepresidente en su discurso afirmó saber gobernar; desconozco por qué lo dice cuando gobernar es programar, planificar, prever, prepararse; nada de eso hacen). Los políticos tuvieron 7 años para generar las condiciones para aumentar la oferta o poner reglas claras de qué se puede exportar o no. Nada de eso hicieron.

La vicepresidente sostuvo que los productores quieren exportar para tener más ganancias, que su afán de lucro atenta contra los habitantes del país y que no lo iba a permitir. Acá quiero hacer varias aclaraciones. Todo el mundo trabaja para ganar plata. Ella, por ejemplo, quiere ganar plata cuando reclama su pensión de presidente, la de su esposo y además cobra como vicepresidente y cobró como senadora 2017-2019; lo hace cuando administra sus propiedades; lo hizo cuando tramitó la sucesión de su esposo. Todos queremos ganar dinero y estar en poder de nuestras posesiones. Ella también. ¿Por qué lo reprocha en otros? Segundo, si dice que ella y su coalición política saben gobernar ¿cómo es que no saben qué medidas hay que tomar para aumentar el rodeo vacuno? Si la cadena de la carne no gana dinero, en particular la cría, no hay carne. Así de simple. Ella no es vicepresidente gratis. ¿Por qué el que se ocupa de que haya terneros, ayuda a parir a las cuatro de la mañana y da la mamadera a las crías huachas debería hacerlo?

Pero además, con esa frase, reafirmó que no le importa que no se aumente el rodeo. Lo sabíamos porque durante sus ocho años de presidencia el mismo cayó en millones de cabezas. Recuerdo a los lectores que el presidente Perón pidió que lo subiéramos a 200 millones (*).

Al país siempre lo salvan los privados

De lo que la casta política no se ocupó en su infinita ineptitud, esto es, de preparar el país para el acuerdo con China que la propia casta firmó, sí se ocuparon los privados. 

Se aumentó la producción de carne porcina, al punto de substituir las importaciones de Brasil, de carne aviar y hubo un significativo aumento del rodeo ovino para carne en las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos (los ovinos patagónicos son para lana). 

Los privados, a diferencia de la casta política, siguieron las recomendaciones del presidente Perón en 1973 quien propuso el aumento de la producción y consumo doméstico de carnes alternativas para generar excedentes de exportación.

Plan Trienal, Tomo 1, página 32, política agropecuaria.
En la web MECON

Daños de las medidas

La medida de prohibir la exportación de carne vacuna baja artificialmente su precio porque genera una sobreoferta momentánea (los cortes destinados a la exportación quedan acá). Esto perjudica a las otras carnes, ya que a igual o menor precio el consumidor prefiere comer novillo y no cerdo. Por lo cual manda a jugar a la B a todas las personas que invirtieron desde 2014 a hoy en ovinos, porcinos y aves. 

No es cierto que los argentinos no coman carne. Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario sostiene que en el 2020 (plena pandemia) los argentinos comimos más de 100 kilos de carne por habitante, uno de los máximos mundiales. El consumo de carne vacuna “bajó” a “sólo” 50 kg/cápita, que es más o lo mismo que el consumo per cápita norteamericano y uno de los más altos del mundo.

Las medidas de los funcionarios nacionales defendidas por la dupla Kicilloff-Fernández esconden una pelea entre rufianes para dirimir quién se queda con la cuota exportadora a China. En el medio estamos todos.

La vicepresidente dijo que no se puede dejar sin comer a los argentinos para exportar. Sin embargo eso es exactamente lo que su esposo, ella, Macri y Fernández hicieron con el pescado. Los argentinos dejamos de comer pescado para poder exportar toda la producción local. Llegamos a exportar más pescado que carne vacuna.

El gobierno estimula la exportación del 100% de lo pescado. Toda pesca destinada al mercado doméstico debe pagar impuesto a los IIBB, impuesto al cheque y trasladarlo a enormes costos de flete a las urbes (el 50% del valor del combustible es impuestos). Mientras que si la empresa exporta por puertos patagónicos recibe un subsidio sobre la facturación. Sobre el pescado y la mesa de los argentinos no hay discursos grandilocuentes de cierre de campaña.

¿Por qué los funcionarios prolongaron el cierre de exportaciones de carne vacuna? Porque no les pasó nada. Porque no hubo consecuencia alguna a su política criminal. No tuvieron amparos ante el fuero contencioso administrativo federal, no sufrieron denuncias penales en el fuero federal. Ni siquiera se difundió por radio y televisión que era todo una pantomima para favorecer a los frigoríficos X, Y y Z. Les salió gratis penal y reputacionalmente. A pesar de que ponen en riesgo miles de puestos de trabajo en frigoríficos y dañan patrimonialmente a otros miles de personas.

¿Por qué lo hicieron? Por la misma razón que les da la cara para cobrar impuesto a las ganancias a alguien que cobra mil dólares de sueldo: porque no les pasa nada.

Me imagino que los damnificados pensaron “es por tres meses y luego vuelve a la normalidad”, “no nos vamos a enfrentar si en poco tiempo se arregla solo”. Eso es no querer entender cómo funciona la menta de estas personas. Quienes dirigen el país van contra los intereses del pueblo argentino y van hasta el hueso. Por eso hace más de una década que le cobran impuesto a las ganancias a los trabajadores. Por eso la mitad del costo de la comida es impuesto. Por eso los trabajadores deben mandar a sus hijos a escuelas que viven en huelga permanente (pre pandemia). Porque al no encontrar resistencia, avanzan.

Retroceder, aceptar, declinar no los apacigua: los envalentona. Discursos de esta semana pre-electoral como pruebas al canto.

Hay que guerrear. Hasta que se vayan.

 

* Licenciada de Economía (UBA), Master en Finanzas (UCEMA), Posgrado Agronegocios, Agronomía (UBA).

 

Nota:

Discurso General Perón 25 de octubre 1973.

Artículo publicado originalmente en Restaurar, http://restaurarg.blogspot.com/2021/09/supervivencia.html

Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales

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