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LA RETÓRICA PESQUERA PARA LA TRIBUNA POLÍTICA

César Augusto Lerena*

Imagen de Milena W en Pixabay

El pasado 30 de agosto un periodista del Diario La Nación tituló “La actividad pesquera es la que más creció en la última década y media…. Es muy probable que los datos suministrados al periodista no se hubiesen evaluado adecuadamente o que se haya hecho una interpretación antojadiza o parcial. Por ejemplo, la información que el Subsecretario de Pesca le suministra al medio citado es errónea: “se pescó más en el primer semestre de este año que en igual período de 2019” ya que durante el primer semestre de 2020, no se pescó más, sino menos que 2019 —a pesar de la temporada excepcional de calamar—, como las propias estadísticas indican al pie de la nota de La Nación, y los dólares exportados en igual período bajaron de 875 a 837 millones (Revista Puerto, 29/7/20). Ello, a pesar de que las exportaciones de igual período en 2019 ya habían bajado el 4,2% en volumen y un 10,2% en valor, respecto al 2018 (Pescare.com.ar, 26/8/19). Al respecto nos indica Nelson Saldivia de la Revista especializada Puerto (29/7/20): «La comercialización de productos pesqueros en el exterior experimentó una retracción del 4,3 por ciento entre enero y junio de este año respecto de igual período del año anterior. En el rubro “pescados y mariscos elaborados” se registró una variación negativa del 27,5 por ciento».

No se deduce del artículo citado que la actividad pesquera sea la que más creció en los últimos 15 años (mucho menos en el análisis integral del sector) salvo, que se le limite ese hipotético crecimiento, al solo hecho que el langostino haya representado en 2018 el 61% de las exportaciones y, en el primer semestre de 2020, el 36%. Esta explotación, al momento, no da ninguna sustentabilidad cierta al sector, ya que se trata de un recurso de disponibilidad biológica impredecible en el corto plazo, altamente dependiente del mercado externo y, es así que, de valer 12 mil dólares en 2005 la tonelada, en la actualidad está por debajo de los 5 mil: “En 2019, las ventas del langostino entero cayeron un 10% en volumen, un 25% en divisas y un 15% en el precio promedio en comparación con el 2018. En los primeros cuatro meses de 2020, los precios siguieron desplomándose. El volumen se redujo 40% y el precio promedio un 23%, (…) las empresas no tienen a quién venderle lo que producen” (R. Garrone, Tradenews, 12/7/20).

Al lector desinformado, debemos decirle que en la captura y posterior exportación no influye solo una buena administración del recurso, las habilidades del capitán de pesca, la demanda del mercado y la capacidad negociadora del empresario, sino también, la disponibilidad biológica de la especie, en especial en recursos como el calamar y el langostino que tienen un ciclo de vida anual y dependen de diversos factores climáticos, biológicos, marítimos, etc. Por ello que centrar la sustentabilidad económica y social de este sector en la captura del langostino es altamente peligroso, por la inestabilidad y variabilidad que puede presentar de un año a otro. Ya ha ocurrido, en años donde la merluza era el sostén del sector y, por lo tanto, la caída brusca de las capturas del langostino no alcanzó a poner en jaque al conjunto de la actividad. Además que no podemos dejar de lado que, en el mundo, el 50% de la producción pesquera tiene origen en la acuicultura y maricultura, donde la Argentina tiene un desarrollo insignificante.

Si analizamos a este sector por las capturas de las principales especies, durante el 2005 se desembarcaron 360.741 toneladas de merluza, 146.184 de calamar y 7.470 de langostino, mientras que en 2018 se desembarcó 266.277 toneladas de merluza, 108.300 de calamar y 253.255 de langostino. Respecto a las exportaciones, en 2018 se exportó por valor de US$ 2.140 millones, mientras que estás exportaciones cayeron en 2019 a US$ 1.860 millones y, pese al notable crecimiento de las capturas de calamar en el primer semestre de 2020, todo hace pensar que las exportaciones de 2020 estarán por debajo de 2019, a pesar del esfuerzo de tripulantes que salieron a pescar pese al COVID-19.

Respecto al valor agregado y los volúmenes exportados, eran mayores en 2005 respecto al 2019/20. La Argentina exportaba en 2005 el doble de productos fileteados que hoy y exportaba más filetes que enteros y, ahora, ocurre todo lo contrario. Por otra parte, mantuvo los mismos volúmenes de captura de calamar (2005-2018), cayó en un 26% la producción de vieras al igual que la producción de anchoítas que se redujo en un 70%. Del mismo modo, cayó al 50% la producción de harinas, todo un símbolo de la caída de la mano de obra ya que el residuo de los procesos de elaboración se destina a la fabricación de harina. Los incrementos en valores encuentran su justificativo en las capturas de langostino y merluza negra, de alto precio y bajo valor agregado.

Los desembarques totales se redujeron de 858 mil toneladas en 2005 a 785 mil toneladas en 2018, con el agravante que mientras en 2004 el 55% de las extracciones se realizaban con buques fresqueros y el 45% con buques congeladores, en 2018, estos porcentuales se invirtieron en 49% y 51% respectivamente, motivo por el cual la mayor congelación a bordo fue en desmedro de la producción industrial en plantas en tierra y la consecuente pérdida de empleo.

El bajo valor agregado de las exportaciones argentinas es el modelo que impera desde hace años en la pesca, en especial en estos años, por las mayores capturas de langostino, llevando a transferirle (regalarle) el trabajo argentino a los países reprocesadores y exportadores de Sudamérica y a los importadores europeos y asiáticos. Por ejemplo, a España a quien le exportamos por año unas 50 mil toneladas de langostino entero y 8 mil toneladas de cola de langostino, con una diferencia en la facturación del orden de los 1.500 US$ la tonelada. Y ello, no es un dato menor en materia de pérdida de trabajo argentino, porque el langostino ha pasado de tener una participación del orden del 5% en 2005 al 61% en 2018.

Respecto al consumo interno de pescado se mantiene estacionado en los 6 kg per cápita por año, cuando el promedio mundial anual asciende a los 20 kg. Es decir que los argentinos, consumen menos que los países pobres y los ricos, con efectos muy negativos, no solo por el bajo valor agregado de las materias primas comercializadas, sino también, porque se pierden de consumir un producto que, por su alta calidad proteica y de sus grasas insaturadas, es solo comparable a la leche materna y, por lo tanto, es un alimento insustituible en el desarrollo y mantenimiento de la salud.

Dice el artículo que la pesca no tiene un déficit pesquero (exportación-importación) y ello se debe —como ya he dicho— que tiene un bajísimo consumo interno. Si triplicase el consumo, manteniéndose aún por debajo del promedio mundial, no tendría saldos exportables. Aquello es un defecto y no una virtud. Francia tiene € 1.700 millones de déficit, a pesar de capturar similares números que Argentina y se debe a que los franceses consumen una dieta sana de 34 kg/per cápita/anual de pescados y mariscos, es decir, 28 kilos más que los argentinos. La generación de valor, de empleo y la radicación industrial se duplicarían —al menos— si eso ocurriese.

Por cierto, mientras las empresas argentinas desembarcan —según información oficial— unas 800 mil toneladas anuales capturadas en la Zona Económica Exclusiva Argentina (dentro de las 200 millas de la costa), en la Alta Mar, entre 350 y 500 buques extranjeros con o sin licencia británica se llevan anualmente un millón de toneladas de recursos migratorios argentinos. Para ello sus embarcaciones deben trasladarse más de 12 mil millas y nuestros buques pesqueros deberían recorrer solo 200 millas. ¿Porque no lo hacen?, porque los gobiernos de turno nunca llevaron adelante una política de incentivos que promueva la pesca nacional en la Alta Mar y les permita competir con la extracción ilegal extranjera, provocando la gran revolución pesquera en Argentina. La misma que provocaron los pioneros de la actividad cuando trocaron de los barcos costeros, a los buques de altura.

Es poco serio referirse a que el sector tuvo mayor crecimiento que el agrícola, ganadero y minero; ello, sería desconocer la política extractiva iniciada en la década del 90 y es imposible que la pesca, que es un recurso renovable, pero agotable, pueda competir con la ganadería que tiene, no solo un alto consumo interno (55kg per cápita/año) al que hay que agregar, que las exportaciones argentinas de carne vacuna acumuladas de abril de 2019 a marzo de 2020 alcanzaron a las 868 mil toneladas por un valor cercano a US$ 3.192 millones (IPCVA, abril 2020); por su parte, el 37,4% del total de las exportaciones argentinas de 2019 se debió al complejo sojero, maicero y triguero, materias primas que se exportaron por un monto de US$ 24.310 millones, obviamente muy superior a los U$S 1.864 millones de la pesca.

Estos números no desvalorizan la importancia del sector pesquero, pero, referirse a que tenga el mayor crecimiento por sobre otros sectores muy importantes no se ajusta a la realidad y desinforma a funcionarios y lectores desprevenidos. La pesca no es inagotable y si bien puede lograrse un crecimiento, no será posible hacerlo a través de incrementar las capturas en la Zona Económica Exclusiva Argentina, sino mediante una mejor administración del recurso; la eliminación de los descartes; el agregado de valor a las materias primas y, sobre todo, acordar e ir a capturar más allá de las 200 millas.

Finalmente habría que agregar, que siendo en sus orígenes una actividad 100% nacional, hoy siete de las diez primeras exportadoras pesqueras son extranjeras; capitales chinos, estadounidenses, españoles, etc. cuyas casas centrales se hacen de las materias primas argentinas que compiten en el mercado internacional con las empresas nacionales.

Todas tienen en común, lo que sí precisa el citado diario, sufren altos impuestos internos, derechos a las exportaciones, falta de financiación a tasas adecuadas para la renovación de la flota en el país, moras en la reposición de reintegros e IVA, altos impuestos al combustible, etc. Y es verdad también que las empresas exportadoras pesqueras están certificadas en su calidad y sanidad por los organismos técnicos competentes más exigentes del mundo (FDA, Comisión Veterinaria UE, etc.) y aplican Planes HACCP de autocontrol de seguridad alimentaria desde hace más de 20 años.

Si no se Sudamericaniza el Atlántico Sur, no se controla el mar con las fuerzas armadas y de seguridad, no se nacionaliza el flete, no se acuerda y desactivan los puertos uruguayos a las flotas pesqueras ajenas al MERCOSUR, no se combate la pesca ilegal de los recursos migratorios, no se cancelan los vuelos de Malvinas a Chile y Brasil, no se eliminan impuestos a los buques nacionales en Alta Mar, no se declara la emergencia pesquera en Malvinas y no se incrementa el consumo nacional, NO ES POSIBLE ESPERAR EL CRECIMIENTO DEL SECTOR PESQUERO Y LA RECUPERACIÓN DE MALVINAS.

Los profundos cambios que se requieren, para desalentar el avance creciente de los buques extranjeros pesqueros a distancia, que vienen por nuestros recursos, no pueden limitarse a colocar multas a los buques piratas (que además no se capturan ni hay medios para hacerlo), sino que debe aplicarse un nuevo modelo que vaya hacia la captura de todos los recursos del Atlántico Sur y efectúe una administración adecuada para lograr un crecimiento sostenible y sustentable económica, ambiental y social. Está todo por hacerse.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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LA ACTIVIDAD PESQUERA ARGENTINA NO TIENE FUTURO SIN LAS AYUDAS DE LA COMPETENCIA INTERNACIONAL

César Augusto Lerena*

Las empresas pesqueras que exportan valor agregado y ocupan mano de obra argentina deben recibir las ayudas con las que son beneficiadas todas las empresas pesqueras del mundo.

Seguramente, como un resabio de nuestras épocas de gloria, los argentinos solemos ser más papistas que el papa y, aun así, creyéndonos muy creativos, tomamos al pie de la letra los mandatos de los países desarrollados que, en lo económico, productivo e industrial, tienen aviesos intereses en su favor.

Orgullosos de ser el “granero del mundo” adherimos a las consignas del libre mercado y, dejamos de lado —y hasta miramos como consignas de cabotaje— todo intento de proteger nuestra industria nacional y, así, terminamos vendiéndoles commodities al mundo, regalándoles nuestra mano de obra y comprándoles gatitos de la suerte “Maneki-neko” que, si levantan la pata derecha, traen dinero y fortuna ¡Somos vivísimos los argentinos!

El mundo pregonaba la economía de mercado, aunque la Unión Europea (UE) y Estados Unidos (USA) subsidiasen desde siempre la producción agropecuaria y alimentaria y establecieran políticas proteccionistas a través de la imposición de barreras arancelarías y no arancelarias, preferencias, cupos, salvaguardias, precios de entrada y otras restricciones destinadas a impedir el ingreso de productos con alto valor agregado que compitieran con los de sus productores o industriales.

Inconsistentes argumentos sanitarios, bajo el formato de directivas, sirven de pretexto, para impedir el ingreso a sus mercados, aunque —en el caso de los alimentos y de los productos pesqueros argentinos— en la mayoría de las empresas industriales y exportadoras se elaboran en infraestructuras y con procedimientos de mejor calidad y sanidad que las de la UE y USA y las normativas sanitarias argentinas son absolutamente equiparables a las Directivas de la UE o a las reglas de USA y, de hecho, los productos pequeros ingresan a los mercados más exigentes del mundo, cosa que no ocurre con las carnes.

Paralelamente a ello, los excedentes subsidiados de la producción de la UE y USA se destinan a la exportación, en muchos casos con reembolsos, con los cuales, compiten en otros mercados con los mismos exportadores que se ven impedidos a ingresar a esos países sus productos terminados. Un verdadero cuento de la buena pipa. ¡Así cualquiera adhiere a la economía de mercado! Mientras ello ocurre, toda política en la Argentina que fuese destinada a proteger la industria nacional siempre es tildada de bananera, bajo el argumento de intentar sostener una industria poco competitiva y sin la calidad de lo importado. Es probable, que en algunos casos pueda ser cierto, aunque es necesario separar la paja del trigo y, en especial, poner al Estado, no como socio principal de la empresa por la altísima carga impositiva y burocrática que sufre la producción, sino como palanca de desarrollo, apoyo financiero y tecnológico. Es muy difícil competir en el mundo, cuando la inflación en la UE es del 1,45% y USA 2,44% anual y en la Argentina supera el 44%, además de que las exportaciones cargan con una carga impositiva insostenible.

¿Ahora, nadie refiere a la desglobalización y multilateralismo agonizante y, al avance de los nacionalismos de la mano de Trump? ¿La Subsecretaría de Pesca analiza lo que ocurre en el mundo?

Veamos cómo se maneja el sector pesquero español subsidiado por la Unión Europea y el gobierno español: por un lado, se oponen al Pacto Verde de la Unión Europea, que reduciría en un 30% las áreas de captura en aguas comunitarias y que restringiría en estas mismas aguas, las capturas con redes de arrastre de fondo. Pretenden, al mismo tiempo, seguir pescando en aguas británicas del Atlántico Nordeste y, en el Área de Malvinas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) Argentina, ocupada en forma prepotente por el Reino Unido (RU), y que estas capturas ingresen a la UE sin arancel alguno.

Además de ello, están promoviendo que el gobierno español, induzca al consumidor a adquirir productos españoles, en perjuicio a los exportadores argentinos, descalificando las importaciones, sin evaluar, que por lo menos 2 Kg/per cápita anual del consumo español es de origen argentino, a lo que debiéramos sumar lo que nos roban en el Área de Malvinas y los migratorios argentinos en la Alta Mar.

Pero para las Entidades Europêche y CEPESCA y la Asociación Europea de Organizaciones de Productores Pesqueros (EAPO) todo es poco, y con el argumento del COVID-19, nuestro conocido Javier “Paz y Bien” Garat le solicitó a la Directora General de la DG Mare, Charlina Vitcheva, “que haga la vida más fácil a los pescadores, que ya tienen que cumplir con demasiadas normativas y burocracia, de tal complejidad, que obstaculiza las operaciones diarias de pesca; rebajen el IVA a los productos pesqueros al 4%; les garantice igualdad de condiciones (¿?) para asegurar la competitividad de la flota de la UE; le expresan al mismo tiempo, la satisfacción del sector por las medidas paliativas adoptadas por la Comisión, abogando por un rápido desbloqueo de 500 millones de euros de fondos adicionales para la pesca y, le recordó también, a la citada directora, que solicitaron a la Comisión Europea que sea sensible y lo más flexible posible en la aplicación del plan plurianual recientemente adoptado para el Mediterráneo occidental, de manera que no se agraven las consecuencias socioeconómicas causadas por esta pandemia”. Adonde interviene el favor y las dádivas, se allanan los riscos y se deshacen las dificultades, diría el español Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Y los nuestros? Arréglate como puedas.

Podríamos sintetizar de esta manera el accionar del empresario pesquero español: captura en forma subsidiada e ilegal nuestros recursos pesqueros; importa productos pesqueros de bajo valor agregado y se queda con nuestro empleo; industrializa en forma subsidiada; vende a los empresarios radicados en la Argentina buques financiados y a baja tasa fabricados en España y, se lleva los recursos argentinos de la ZEE Argentina o los migratorios y asociados en Alta Mar al menor costo posible. Recibe subsidios para fomentar el consumo interno. Todo sigue como en el siglo XIX, salvo que no nos traen esclavos de África para abaratar los costos de materia prima.

Ahora, veamos, que se hace en la Argentina y empecemos por los derechos y otros impuestos. ¿Está el subsecretario de Pesca abocado a resolver el problema de competitividad de la actividad?

¿Quién establece los derechos y demás impuestos en la Argentina? ¿El competidor extranjero?

A la captura se le cargan derechos y nuevamente se grava con derechos la exportación. Es decir, una doble imposición, sobre una misma materia prima. Es muy razonable que se cobren derechos a la captura porque el recurso es del Estado, pero, a la exportación, no hace más que desalentarla y quitar competitividad a las exportaciones, agregándole impuestos.

Se otorgan luego reintegros, que más que reembolsos parecen una suerte de devolución parcial de los derechos de exportación. Pero, mientras estos se pagan prácticamente al contado, los reintegros se acreditan más allá de los 180 días. Una fórmula imperfecta que no genera el valor agregado esperado (con el consecuente empleo) y, además, es —en muchos casos— de aplicación virtual, porque no resuelve la falta de competitividad de los productos argentinos para facilitar el ingreso a los mercados, ante el costo interno y la tremenda carga impositiva que acompaña a las exportaciones nacionales.

Por otra parte, en una actividad, donde sus productos se destinan en un 90% a la exportación, es un despropósito, que el combustible utilizado en los buques para las operaciones de extracción del recurso, se graven con impuestos.

Y los costos no terminan. El autocontrol de los establecimientos industriales en el mundo tiene al menos 25 años. En algunas recorridas a plantas industriales que realicé en Europa nunca encontré un inspector; precisamente, porque aplican sistemas de autocontrol; desde 1989 los planes HACCP en Estados Unidos. Aquí se implementaron, pero no eliminaron la burocracia y entonces conviven con controles relativos oficiales que encarecen la industria en forma cada vez más gravosa. Así la actividad sufre las tasas municipales por servicios que no se prestan y de SENASA y servicios aduaneros, a la que se le agregan a los altos costos de energía y agua. También, el costo de administración de la Subsecretaria de Pesca y del Consejo Federal Pesquero, que es notablemente más alto que el aplica Chile, que exporta en dólares 3,5 veces más que Argentina y del Perú que exporta en dólares 1,7 veces más que la Argentina.

A su vez, mientras el mundo tiene un consumo anual de productos pesqueros del orden de 21 kg per cápita, nuestro país, no llega a los 6 kg. Y, no solo es una cuestión económica, sino sanitaria, ya que el pescado junto a leche materna tiene una proteína de altísimo valor biológico. En España, se consumen 25,5kg per cápita y, sus empresarios solicitan la baja del IVA al 4% para favorecer el consumo.

En síntesis, un bajo consumo de pescados y una Argentina que exporta impuestos y, así, no puede esperarse, que compita en el mundo contra empresas subsidiadas, que disponen de crédito para financiar el capital de trabajo, la reinversión en desarrollo tecnológico, la construcción y la reparación de buques. Aun así, en esta situación desfavorable, la Argentina exporta productos pesqueros a la UE por un valor de 790 millones de dólares (37% del total de las exportaciones pesqueras), a China 475 M de dólares; a USA 150 M; a Japón 100 M; a varios países de Suramérica 190 M; a Tailandia 66 M, etc.

Frente a este escenario el gobierno argentino debería:

  1. Encomendar el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) los estudios pertinentes para determinar científicamente el origen en Zona Económica Exclusiva (ZEE) Argentina de las especies de dominio del Estado Nacional que migran al área de Malvinas de la ZEE Argentina y a la Alta Mar.
  2. A través de la Cancillería y todo el cuerpo diplomático especializado tomar las medidas pertinentes para que todas las capturas que se realicen sobre especies de dominio de Argentina, incluyendo a las localizados en la ZEE Argentina, en el área de Malvinas de la ZEE Argentina o aquellas migratorias en la Alta Mar sean tipificadas originarias de Argentina.
  3. Eliminar de las exportaciones los impuestos (entre ellos los cargados al combustible que son centrales en la captura) y otorgar los reembolsos que fueran necesarios a las exportaciones de productos pesqueros, para equilibrar el cobro de aranceles a la importación y desalentar la pesca ilegal en el Atlántico Sur. Estas desgravaciones y reembolsos deberían estar directamente relacionadas al mayor valor agregado y a la mayor ocupación del personal afectado a la industria; regularizar el personal no registrado y, reducir los costos del Estado a través del otorgamiento de subsidios al desempleo o al empleo, como los Programas de Recuperación Productiva (REPRO) y, muy especialmente, debe profundizarse en la captura de los recursos migratorios en la Alta Mar. Todo ello, por cierto, podría interpretarse como una medida de excepción, pero no lo es, ya que, por ejemplo, las empresas petroleras que operan en Argentina en la extracción de petróleo y gas recibieron subsidios del Estado por U$S 24 mil millones entre 2008 y 2019 según el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP).

“En su noche toda mañana estriba: de todo laberinto se sale por arriba” (Leopoldo Marechal).

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

 

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EL PODER CENTRAL PESQUERO ADMINISTRA MAL E IMPIDE EL DESARROLLO DE LAS PROVINCIAS

César Augusto Lerena*

La administración por parte del gobierno nacional se origina con una legislación pesquera nacional inconstitucional, a cuyo amparo el Subsecretario de Pesca y Presidente del Consejo Federal Pesquero regula la actividad en forma central, en lugar de representar los intereses proporcionales de las provincias del litoral marítimo y, distorsionando la aplicación de las normas nacionales y provinciales referidas a la actividad pesquera, la sustentabilidad del recurso y el desarrollo previsible y sostenido de los pueblos y ciudades que debieran vivir de esta actividad.

Las facultades y derechos de estas provincias quedaron conculcados a partir de 1998 cuando se sancionó la mal llamada Ley Federal de Pesca (Nº 24.922), a través de la cual, la Nación mal administra los recursos pesqueros, se apropia de aranceles y derechos económicos derivados de la explotación de los recursos provinciales, ocasionándoles un daño gravísimo al impedirles un desarrollo planificado y, la aplicación de políticas industriales que den sustentabilidad económica y social a sus comunidades.

Resulta inadmisible, en especial para las provincias patagónicas —donde la pesca, debiera ser un recurso sustancial en sus economías— que estas se vean limitadas en sus desarrollos y sufriendo dificultades económicas por las políticas centrales que, gastando ingentes sumas de dinero para sostener la burocracia nacional, no solo se apropian de las autonomías regionales —además de encarecer la actividad productiva— sino que las dejan a merced de una voluntad autocrática carente de imaginación y de un proyecto federal.

Como ejemplo, podemos decir que la Provincia de Chubut, por estas políticas, desde 1998 a la fecha ha tenido un perjuicio económico del orden de los $ 21 mil millones, suma derivada de la imposibilidad de percibir derechos, de pérdidas industriales por depredación, menor producción y falta de radicación industrial y su consecuente falta de percepción de ingresos brutos, a la par de una pérdida de unos 9,2 millones de horas de mano de obra local, es decir unas 462 mil horas anuales. Todo ello, sin discutir una posible coparticipación (caso soja) de los derechos de las exportaciones de los productos originarios de la Provincia que podrían ascender a unos $ 687 millones anuales.

Nada puede esperarse de este modelo pesquero de administración central que lleva ya 50 años, profundizado con la sanción de la Ley 24.922 que concentró la decisión y los recursos en pocas manos e impiden una mayor distribución y un crecimiento exponencial de la actividad.

Accesoriamente a ello, el Subsecretario de Pesca de la Nación y sus antecesores, han sido pésimos administradores, a la par de utilizar nuevas formas de concentrar la pesca y reducir el valor agregado, a contramano de las necesidades de empleo de Argentina.

Mientras que la ilegal Dirección de Pesca de Malvinas administra la captura de unas 200/250.000 toneladas anuales desde dos contenedores, nuestro Subsecretario recauda un promedio de 200 millones de pesos anuales provenientes del aporte de las empresas y, en el período 2016-2019 recaudó $ 868.901.268, es decir, que desde la sanción de la Ley 24.922 en 1998 a los valores actuales se recaudaron $ 6,2 mil millones que, obviamente, la Nación se los quitó a la industria pesquera, sin aportarle un beneficio proporcional a sus contribuyentes ni a las provincias donde se originan los recursos.

La Ley 24.922, en su artículo 44º indica, en qué proporción debe distribuirse el Fondo Nacional Pesquero que se conforma con el cobro de derechos, permisos, multas, etc. y, si bien la misma ley faculta al Consejo Federal Pesquero a modificar esa distribución, es evidente, que más allá de que habría que devolverle a las provincias sus recursos, los parámetros indicados respecto a la investigación y el control marítimo, no debieran ser disminuidos, sino por el contrario, aumentados, si es que queremos asegurar una sustentabilidad biológica e impedir la pesca ilegal por parte de buques extranjeros en el Atlántico Sudoccidental.

No entiendo por qué motivo la Nación debe coparticipar con las provincias el 50% de la recaudación, cuando ya tiene asignado fondos destinados al funcionamiento de la Subsecretaría y el Consejo Federal Pesquero. Y, habría que preguntarse por qué se derivan fondos del FONAPE a la Fundación Argentina, con motivo de Cartas de Acuerdo, cuando todos los fondos del Estado deben estar sujetos al control previsto en la Ley de Contabilidad Pública y, sufrir los procesos licitatorios pertinentes a la hora de adjudicar importantísimos fondos para la prestación de servicios, etc. No quiere decir que esta deba ser una metodología destinada a evadir controles o licitaciones, pero parece muy similar a las conocidas y judicializadas entregas de fondos del entonces Ministerio de Planificación a las Universidades. Sería interesante conocer al respecto la opinión de los organismos de control del Estado.

El gobierno de la Nación, en la figura del subsecretario y presidente del CFP, en el período del año 2016 a julio de 2019, más allá de las reiteradas demoras en transferir los fondos pertinentes, afectó para sostener a la burocracia nacional la friolera de $ 270 millones, es decir, que en lugar del 3% previsto en los incisos c) y d) del Artículo 44º de la Ley 24.922 la Nación se quedó con un 31% de la recaudación total. Es decir, un monto equivalente al 16% del promedio del total de las exportaciones pesqueras de los últimos cuatro años. Esto bien podríamos denominarlo: “como hacer lo posible desde la burocracia nacional para quitarle competitividad al sector productivo nacional”. Por supuesto, no nos olvidamos los costos derivados de tasas, ganancias, IVA, rentas, seguridad social, etc. que son parte de los costos impositivos que sufre toda la empresa nacional.

Puede observarse rápidamente esta desproporcionada recaudación cuando observamos que, mientras la burocracia nacional se lleva el 31% de lo recaudado, cinco provincias solo acceden al 43%, cuando es sabido que los recursos más valiosos tienen origen en sus jurisdicciones.

A valores actuales desde la sanción de la Ley 24.922 a la fecha la Nación se ha llevado una suma del orden de los $ 2 mil millones.

Poco hay que esperar de esta gestión para recuperar el millón de toneladas anuales que los buques extranjeros se llevan del Atlántico Sur, en la ZEE Argentina, en el área de Malvinas y los migratorios en la Alta Mar ya que no hay aplicadas al efecto —todo lo contrario— y, entre otras cosas, no se afectan la cantidad suficiente de fondos para sostener el funcionamiento de los buques de la Armada y la Prefectura Naval. En ese sentido la Ley en su artículo 44º inc. b) preveía afectar el 20% de los recursos a las tareas de patrullaje y en estos cuatro últimos años solo se les aportó un 11% con una cifra ligeramente superior a los $ 98 millones. De ello resulta, que las empresas argentinas estén limitadas en sus extracciones y que, a su vez, el escaso apresamiento de buques extranjeros derive en las bajas multas aplicadas, cuyos ingresos podrían ayudar, al menos, a sostener la actividad de control.

También, la misma ley en el artículo 44º inciso a) preveía la afectación del 25% del Fondo Nacional Pesquero para la investigación, sin embargo, habiéndole aportado en estos cuatro años poco más de 103 millones de pesos, por lo que el INIDEP habría accedido a una coparticipación de solo el 11,8%, siendo fácil entender, las dificultades que, en materia de investigación, relevamiento y control biológico en las capturas, ello puede implicar.

Finalmente, los fondos destinados a la capacitación previstos en la ley del orden del 2% de lo recaudado, en este período alcanzaron a los $ 21 millones resultando insuficientes a la luz de una actividad compleja y diversa que requiere de mano de obra calificada, no solo en las tareas de extracción e industrialización, sino también en los oficios que giran alrededor de la actividad.

Podemos optar entre un modelo centralizado y concentrado que beneficia a unos pocos funcionarios y empresarios, o proyectar un modelo participativo y distributivo que promueva en forma sinérgica las potencialidades de las provincias, las empresas y la fuerza del trabajo; preservando las autonomías y nuestra soberanía marítima y alimentaria.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

 

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