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VENEZUELA: ELECCIONES CON OLOR A TRANSICIÓN

Roberto Mansilla Blanco*

Los comicios presidenciales del próximo 28 de julio en Venezuela abren la posibilidad de una transición política tras 25 años de «chavismo» en el poder. Por otro lado estas elecciones no escapan al pulso geopolítico hemisférico entre fuerzas de izquierdas y derechas con la mira igualmente puesta en las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre próximo.

 

Se respira un clima de eventual transición política en Venezuela. Independientemente del resultado electoral, las elecciones presidenciales a celebrarse este 28 de julio (28J) estarían abriendo el compás de un «antes y después» tanto para el «chavismo-madurismo» como para la oposición. Tanto los actores políticos venezolanos como la comunidad internacional parecen coincidir, esta vez, en una necesidad imperante: la normalización política e institucional venezolana tras más de dos décadas de incesante polarización y crisis socioeconómica.

Por otro lado, las elecciones no escapan al contexto hemisférico determinado por la renovación del pulso geopolítico que viene registrándose entre derecha e izquierda en los últimos procesos electorales, tal y como vimos recientemente con la continuidad de la izquierda progresista en México y el vuelco hacia la derecha en Panamá.

El contexto venezolano es estratégico tomando en cuenta su posición geopolítica y sus riquezas naturales, en especial petróleo y gas natural, así como ante la posibilidad de observar un cambio político por la vía electoral tras 25 años de «chavismo» en el poder.

Venezuela ha tenido cierto grado de incidencia en la política hemisférica en estas últimas dos décadas. Una vía lo fue por el activismo político del ex presidente Hugo Chávez (1999-2013) vía expansión de alianzas exteriores para expandir su modelo de «socialismo bolivariano» así como la procreación de esquemas propios de integración regional (ALBA, PETROCARIBE).

La otra vertiente de incidencia venezolana es radicalmente contraria y tiene que ver con las secuelas causadas en los países vecinos por la crisis económica y la represión política que desde 2014 derivó en una masiva emigración de más de siete millones de venezolanos. Esta crisis coincidió con la llegada al poder de Nicolás Maduro, el sucesor designado por Chávez, lo cual dio paso a un régimen de sanciones internacionales contra su gobierno desde EEUU y la Unión Europea (UE).

Ambos factores, la geopolítica «chavista» (actualmente con menor influencia) y la crisis humanitaria (un problema cada vez más hemisférico) siguen teniendo eco en las agendas públicas de los gobiernos latinoamericanos. Por tanto, Venezuela es una pieza estratégica a la hora de analizar los posibles cambios en los péndulos políticos derivados de los procesos electorales a nivel hemisférico.

Las candidaturas de una campaña no exenta de tensiones

Las principales candidaturas de las elecciones venezolanas son, en primer lugar, la del actual presidente Nicolás Maduro como líder del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y abanderado de la plataforma oficialista Gran Polo Patriótico «Simón Bolívar» (GPPSB)

Su contrincante es una remodelada coalición opositora (Plataforma Unitaria Democrática, PUD) encabezada electoralmente por el ex diplomático Edmundo González Urrutia pero apuntalada por el liderazgo y la popularidad de María Corina Machado, inhabilitada por las autoridades venezolanas para presentar su candidatura a pesar de haber sido la ganadora de las elecciones primarias de la oposición realizadas en octubre pasado. Algunas encuestas le otorgan a Maduro una baja intención de voto.

Otras candidaturas con menores posibilidades electorales, de acuerdo con las encuestas, son las de Antonio Ecarri Angola (Lápiz); Luis Eduardo Martínez (Acción Democrática, AD); José Brito (Primero Venezuela, PV); Daniel Ceballos (AREPA); Enrique Márquez (Centrados en la Gente); Javier Bertucci (El Cambio); Benjamín Rausseo (CONDE); y Claudio Fermín (Soluciones para Venezuela)

No obstante, la campaña electoral no ha estado exenta de tensiones y confrontaciones dialécticas. Fiel al estilo «chavista», Maduro adopta la táctica del «palo y la zanahoria». En un acto militar con motivo de la conmemoración del 213 aniversario de la Firma de la Declaración de la Independencia (5 de julio de 1811) y Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Maduro aseguró a los altos mandos militares que «no entregará el bastón presidencial a ningún oligarca o títere», en clara referencia al candidato opositor González Urrutia. La FANB es la encargada de poner en marcha el Plan República para garantizar la normalidad del proceso electoral del 28J.

Posteriormente, Maduro advirtió que una derrota electoral daría paso a «un baño de sangre» y una «guerra civil» en Venezuela. Esta amenazante declaración pareciera, por otro lado, ejercer una aleccionadora influencia dentro de su electorado para alentarlo y propiciar una movilización masiva a las urnas con la finalidad de garantizar un nuevo período presidencial «chavista-madurista». Por otro lado se ha observado una leve renovación de la tensión diplomática y militar de Caracas con la vecina República Cooperativa de Guyana por la soberanía en el Esequibo, lo cual indica una estrategia por parte de Maduro para atizar el nacionalismo venezolano en clave electoral y, al mismo tiempo, asegurar el apoyo del estamento militar.

Esta declaración de Maduro fue inmediatamente contestada por uno de sus teóricos aliados, el presidente brasileño Lula da Silva, quien llegó a reconocer que le había «asustado» esta declaración no sin antes reprender al propio Maduro advirtiéndole que «debe aprender a perder y reconocer una derrota electoral». Con la intención de rebajar las tensiones pero sin abandonar el tono desafiante, Maduro contestó a sus críticos que si estaban «asustados» por su declaración los invitaba «a tomar una manzanilla».

Esta posición de Lula llevó a que Brasil, al igual que Argentina, suspendieran el envío de observadores electorales a Venezuela. Por otro lado, China, uno de los principales aliados de Maduro, envió su propia misión electoral. Por otro lado, varios países latinoamericanos pidieron a Maduro y la oposición sellar un compromiso institucional en lo relativo a aceptar los resultados electorales.

De acuerdo a fuentes del gobierno de Maduro, más de 700 veedores internacionales ya han sido confirmados como observadores electorales para los comicios presidenciales del 28J provenientes de la ONU, Centro Carter, Consejo de Expertos Electorales Latinoamericanos, la Unión Africana y otros organismos electorales e nivel mundial.

No se debe pasar por alto la negativa del Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano de acoger una misión de observadores electorales de la Unión Europea. Brasil y Colombia, este último también gobernado por un líder izquierda, Gustavo Petro, han intentado persuadir a Maduro de aceptar la misión europea de observadores electorales bajo el argumento de que así se permitiría legitimar la normalidad y transparencia del proceso electoral.

Al margen de las expectativas generadas por las encuestas, la tensión también ha sido palpable durante la campaña electoral. El equipo electoral de Machado ha denunciado detenciones de activistas y hostigamiento por parte de los organismos policiales y de inteligencia del gobierno venezolano con la presunta intención de intimidar a la candidatura opositora.

¿Hacia una transición pactada?

A comienzos de julio, Maduro anunció la reapertura del diálogo con EEUU tras unas conversaciones previas realizadas en Qatar. Países vecinos con influencia en la política venezolana como Brasil y Colombia han auspiciado estas negociaciones.

Este anuncio de Maduro podría interpretarse en clave electoral particularmente con el objetivo de intentar «limar asperezas» con EEUU y la UE, especialmente a la hora de reducir las tensiones diplomáticas y terminar progresivamente con el esquema de sanciones.

Vía diálogo, Maduro podría estar abriendo preventivamente un escenario de mayor apertura política ante la posibilidad de retorno a la Casa Blanca del republicano Donald Trump, uno de sus detractores más inquisitivos así como de aliados regionales de Maduro como Cuba y Nicaragua. Una posibilidad cada vez más real ante el reforzamiento del candidato republicano y la crisis interna dentro del gobernante Partido Demócrata ante el anuncio del presidente Joe Biden de retirar su candidatura, abriendo las posibilidades de su vicepresidenta Kamala Harris.

Otro factor detrás de este anuncio podría táctico: Maduro estaría intentando ganar tiempo y «lavar su imagen» a nivel internacional, en particular ante las sospechas de que presuntamente no aceptaría una eventual derrota electoral. Dicho anuncio de reapertura del diálogo ha generado igualmente expectativas ante la posibilidad de que el propio Maduro esté iniciando sigilosamente un proceso de transición pactada con las principales fuerzas opositoras.

Por otro lado existe también la percepción de que Maduro y la oposición estarían pactando una especie de transición política vía cohabitación. La estructura de poder «madurista» ha venido estableciendo sinergias con las elites económicas (tradicionalmente opositoras) y otros sectores productivos y económicos a nivel nacional que ansían un clima de normalización, alejado de la polarización sociopolítica de las últimas décadas. Esto le ha permitido a Maduro neutralizar muy levemente sus niveles de impopularidad.

De manera táctica, el «madurismo» ha intentado distanciarse de la clásica retórica «anticapitalista» del ex presidente Chávez con la finalidad de generar un clima de mayor confianza para los inversores internacionales. Al mismo tiempo se estaría consolidando una nueva «oligarquía» económica y financiera que, a diferencia de antaño, se muestre aparentemente apolítica pero con capacidad para generar espacios de entendimiento entre gobierno y oposición.

Desde la oposición también se ha ensayado una estrategia de dilatación de las tensiones. El liderazgo de Machado, tradicionalmente una radical «antichavista» que ha ganado popularidad en diversos sectores sociales, se compatibiliza con el perfil más modesto y la imagen más sosegada del candidato González Urrutia, quien reitera en su programa electoral iniciativas como la «reconciliación», la «transición pacífica y democrática», el «gobierno para todos sin exclusiones» y la recuperación de la institucionalidad alejada de intereses personalistas e ideológicos.

Venezuela y el péndulo político hemisférico

El reciente ciclo electoral y la dinámica política a nivel continental muestran una cierta paridad en cuanto a gobiernos de izquierdas y de derechas, con el péndulo más decantado hacia una izquierda que gobierna en doce países: México, Guatemala, Nicaragua, Cuba, República Dominicana, Honduras, Venezuela, Bolivia, Colombia, Brasil, Chile y Bolivia.

Por su parte, la derecha, sea de cariz liberal, centrista o conservadora, está en el poder en ocho países: El Salvador, Argentina, Perú (tras la destitución parlamentaria del izquierdista Pablo Castillo), Uruguay, Ecuador, Panamá, Costa Rica y Paraguay. De este modo, el desenlace electoral venezolano alteraría ese equilibro hemisférico entre izquierdas y derechas.

En este sentido, la victoria de la izquierdista Claudia Sheinbaum en las elecciones presidenciales de México; las elecciones presidenciales de noviembre próximo en EEUU; y el avance regional de nuevas tendencias derechistas como las de Nayib Bukele en El Salvador y Javier Milei en Argentina son factores que gravitan, con diversos grados de intensidad, en torno a las elecciones presidenciales venezolanas.

Con Sheinbaum se observa una revitalización de las izquierdas progresistas de cariz más moderado a nivel latinoamericano, lo cual implica igualmente un «freno de mano» ante el ascenso de tendencias más derechistas, ultraliberales, e incluso de ultraderecha, radicalmente opuestas a esas agendas progresistas e imbuidos en una perspectiva de «batalla cultural» contra las izquierdas.

Esta radiografía está retomando el nivel de polarización ideológica y política regional encauzada por niveles de malestar ciudadano con la oferta política tradicional. Esta percepción es más palpable ante la aparición de nuevos modelos «derechistas» (los mencionados Milei y Bukele; el «pinochetista» José Antonio Kast en Chile; el «bolsonarismo» en Brasil) y las expectativas de las izquierdas hemisféricas por no perder terreno.

Esa tendencia derechista implica observar una sintonía política entre Milei y Bukele que podría tener incidencia en otros países latinoamericanos como Venezuela, especialmente en temas sensibles como la crisis económica y la seguridad ciudadana. Tanto Milei como VOX en España (con una agenda iberoamericana específica) han elogiado la figura de Machado como alternativa al «chavismo».

El presidente argentino ha tenido recientes tensiones diplomáticas con Maduro, lo que ha alentado igualmente a críticas contra el mandatario venezolano por parte de una especie de «eje conservador», entre los que podríamos incluir a los gobiernos de Patricia Boluarte en Perú y Luis Lacalle Pou en Uruguay, así como los del recientemente electo José Mulino en Panamá y de Daniel Noboa en Ecuador. Estos gobiernos estarán igualmente atentos a lo que ocurra en las elecciones venezolanas tomando en cuenta que estos países albergan una numerosa inmigración y de exiliados políticos venezolanos.

Por su parte, el talante multilateral que se prevé por parte del gobierno de Sheinbaum podría determinar esfuerzos en aras de propiciar la normalización de la vida política venezolana por la vía del diálogo y la apertura. En este apartado, la nueva presidenta mexicana podría entablar sintonía con mandatarios afines como Lula, Petro y el chileno Gabriel Boric, países que como México igualmente cuentan con una numerosa presencia de emigrantes y exiliados políticos venezolanos.

Pero tampoco se deben descartar los intereses de aliados estratégicos regionales de Maduro como son los casos de Cuba, Nicaragua y Bolivia, que viene de experimentar una tentativa golpista de insurrección militar contra el presidente Luis Arce.

Estos tres países, junto con Venezuela miembros del denominado «eje del ALBA», observan con atención las elecciones venezolanas ante la posibilidad de derrota electoral de una pieza clave como es el «chavismo-madurismo», socio energético de importancia. Una derrota de Maduro y la posibilidad de cambio político por la vía electoral dejarían a este eje geopolítico sin su principal fundador, Venezuela.

Otros actores externos también tienen sus intereses

Obviamente con menor importancia estratégica, las elecciones venezolanas también deben examinarse en cuanto a los intereses de actores exteriores aliados de Maduro (China, Rusia, Irán, Turquía, India) y otros detractores (EEUU, UE, Israel) con peso geopolítico en el contexto latinoamericano.

Maduro ha sido una pieza estratégica para apuntalar los intereses económicos, militares, geopolíticos y energéticos de Beijing, Moscú y Teherán en un permanente contexto de tensión con EEUU. Con ello, estos actores han decidido, vía «eje del ALBA», apostar  por jugar sus cartas en la tradicional esfera de influencia hemisférica de Washington y contrarrestar así las presiones y sanciones estadounidenses y europeas. El mantenimiento de Maduro en el poder es la garantía de continuidad de estos intereses geopolíticos principalmente chinos, rusos e iraníes.

Por su parte, la posición de Chávez y Maduro a favor del reconocimiento estatal de Palestina, de apoyos al régimen sirio de Bashar al Asad y al derecho iraní a desarrollar su programa nuclear, entre otros aspectos, ha generado fuertes enfrentamientos con Israel hasta el punto de ruptura de facto de las relaciones diplomáticas. Los movimientos islamistas palestino Hamás y libanés Hizbulá han tenido en Caracas un aliado igualmente estratégico.

Dentro del contexto hemisférico, Israel ha ganado en Milei a un aliado estratégico de elevada importancia, aspecto que pulsará una vertiente de mayores apoyos para los intereses israelíes a nivel iberoamericano vía aliados como VOX, Bolsonaro y muy seguramente Trump en caso de ganar las elecciones estadounidenses. La oposición venezolana también es una expresión de esta tendencia manifestando una posición más claramente pro-israelí, tal y como se ha observado con la reciente guerra de Gaza.

Por todo ello, las elecciones venezolanas son claramente estratégicas para decantar hacia dónde se dirige el péndulo político hemisférico y sus respectivas alianzas exteriores.

 

* Analista de geopolítica y relaciones internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), Magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) Colaborador en think tanks y medios digitales en España, EE UU y América Latina. Analista Senior de la SAEEG.

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GEOPOLITICA DEL TRÁFICO DE COCAÍNA EN SUDAMÉRICA

Jorge Eduardo Lenard Vives*

Imagen: El Orden Mundial.
Geopolítica y crimen organizado

Según una de sus definiciones tradicionales, la geopolítica es la disciplina que estudia los efectos de la geografía física y humana sobre la política y las relaciones internacionales con la finalidad de entender, explicar y predecir el comportamiento político internacional a través de las variables geográficas. Si bien originalmente el análisis tuvo como protagonistas a los estados- nación, adscribe en la actualidad a un concepto ampliado en el que la materia incursiona en un ámbito donde, si bien persiste el Estado como “protagonista descollante del sistema internacional”, también existen “otros actores de naturaleza no estatal que incrementan día a día su importancia”[1].

Estos actores no estatales con influencia transnacional son de distinto tipo. Entre ellos se encuentran los “actores no gubernamentales violentos”, que incluyen las bandas de crimen organizado. Fue así que a fines del siglo XX y principios del XXI, se gestó en algunos ambientes académicos el término “geopolítica del crimen” para referirse a la aplicación de las principios geopolíticos al estudio de la influencia de las organizaciones delictivas supraestatales[2].

En Sudamérica la presencia del crimen transnacional organizado relacionado con el narcotráfico es un factor de peso en las relaciones entre los países de la región y condiciona no sólo su política interna sino incluso su política exterior. El examen del caso particular del comercio ilegal de cocaína, al tratarse de una substancia derivada de una planta que por sus características sólo crece en esta parte del mundo, permite aplicar las premisas de la geopolítica en el marco del concepto de “micro-geopolítica”[3]. Es decir, considerar un objeto de análisis muy acotado y específico a efectos de estudiar en profundidad sus implicancias, sin dejar de reconocer que, a caballo de esta modalidad delictiva, se montan muchas otras criminalidades que aprovechan la “infraestructura” establecida.

Tres factores del estudio geopolítico

La geopolítica tradicional considera en sus investigaciones, entre muchos otros, tres factores del ambiente geográfico de particular importancia: los recursos naturales de un país (que pueden ser objeto de la codicia de otro estado; y, por lo tanto, obliga a defenderlos), las características de las fronteras que separan los países (restringiendo o facilitando el avance de un estado sobre otro) y las líneas de comunicaciones (es decir, las vías por las cuales se canaliza el comercio, pero también, en caso de conflicto, las tropas invasoras).

Ahora bien, asimilando esos tres factores de análisis al caso del crimen transnacional organizado vinculado con el narcotráfico, puede inferirse la siguiente relación: el primer concepto, los sectores donde se ubican los “recursos naturales” de un país, se corresponde con las “zonas de producción” de los estupefacientes; en tanto las “líneas de comunicación” se asemejan a las “rutas del narcotráfico”. Por otro lado, el concepto de fronteras mantiene su contenido; pero lo que en la geopolítica tradicional significa una línea de vigilancia que facilita el control del comercio y del movimiento migratorio, para las organizaciones delictivas implica una barrera a vulnerar. En cierto sentido, parecería que esta extrapolación de conceptos entre ambas visiones de la disciplina se hace cambiando el signo de su consideración y aquello que para la geopolítica tradicional es un aspecto positivo se transforma en negativo cuando se consideran las actividades de los nuevos actores transnacionales.

Aplicar estos términos a la realidad del tráfico de cocaína en Sudamérica permitirá elaborar algunas conclusiones que resaltan la función predictiva de la geopolítica y, por ende, su importante tarea como auxiliar en la adopción de decisiones políticas tendientes a solucionar la actual situación anómala.

Zonas de producción

Según UNODC (la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Crimen) en el Reporte Mundial de Drogas del año 2022[4], las únicas zonas productoras de cocaína del mundo se localizan en Sudamérica y son las siguientes:

En Colombia, el sector norte (departamentos de Choco norte, Córdoba, Antioquía, Bolívar y Norte de Santander) y el sector sur (departamentos de Choco sur, Valle, Cauca Nariño, Caquetá, Meta, Guaviare) y Putumayo). Cabe señalar, aun cuando no sea objeto de esta nota, que en este país existen importantes zonas productoras de marihuana, en especial en su variante “creepy”.

En el Perú, el sector norte (departamentos de Putumayo y Bajo Amazonas); el sector centro (departamentos y sectores de Alto Huallaga, Alto Chicana, Marañón, Aguaytia, Contama, Calleria y Pichis-Palcazu – Pachitea); y el sector sur (el VRAEM —Valle de los Río Apurimac, Ene y Mantaro— y departamentos y sectores de La Convención – Lares, Kosñipata, San Gaban e Inambari Tambopata).

En Bolivia existen dos sectores principales, el ubicado en los Yungas de La Paz (departamento de La Paz) y el ubicado en el Chapare o zona de los Trópicos de Cochabamba (departamento de Cochabamba y parte del departamento de Santa Cruz).

El informe de la UNODC dice a modo de resumen que para el año 2020 las áreas de cultivo mantuvieron una superficie similar a la del año anterior (234.200 hectáreas), dado que si bien decreció la superficie cultivada en Colombia, se incrementaron los cultivos ubicados en Bolivia y Perú. Sin embargo, pese a esa estabilidad en los cultivos, aumentó de un año para otro la producción estimada de cocaína (1.982 toneladas, 11 % más que el año 2021), lo que puede atribuirse a diversos factores como la aplicación de mejores tecnologías agrícolas y fabriles.

Fronteras permeables

En general, salvo algunas excepciones, los países sudamericanos presentan límites extensos. Estas grandes distancias perjudican la vigilancia permanente de las fronteras, lo que ha llevado a varios países a emplear fuerzas militares en su custodia (Brasil, Bolivia; incluso la Argentina con dispositivos como el del “Escudo Norte”).

En el subcontinente existen dos fronteras apoyadas en obstáculos naturales que dificultan su vulneración. Una de ellas es la frontera entre Argentina y Chile, con la presencia de la cordillera de los Andes, y la otra la frontera de Brasil con sus vecinos del oeste, cubierta por el Amazonas. Esa densa selva que complica el establecimiento de líneas de comunicación terrestre de una costa a la otra del subcontinente, contribuye a aislar las zonas productoras de droga, ubicadas en los contrafuertes andinos cercanos al Pacífico, del litoral Atlántico donde se localizan los puertos de salida.

Pero además de la permeabilidad ocasionada por la significativa extensión, una de las principales debilidades de las fronteras sudamericanas es la gran cantidad de trifinios o puntos tripartitos que muestra. Estos lugares, al presentar una jurisdicción política dividida, facilitan la pérdida de control de los movimientos de personas y mercancías. No todos estos puntos tienen igual significancia geopolítica para el crimen, por supuesto. Si bien a lo largo de las distintas fronteras se reconocen trece trifinios, se destaca por su complejidad la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. Aun así, no debe descartarse el resto de estos puntos como sectores a los que se debe prestar especial atención al vigilar los límites fronterizos.

Cabe aclarar que las fronteras consecutivas en sentido norte – sur de los países ubicados en la franja oeste de Sudamérica, desde Venezuela hasta la Argentina, si bien presentan algunos accidentes topo e hidrográficos que otorgan ciertas posibilidades de aislamiento entre las distintas jurisdicciones; en general revelan una uniformidad de ambientes naturales que facilita el tránsito de uno a otro.

Rutas de la droga

La salida de cocaína en forma directa desde las zonas productoras hacia los principales mercados mundiales se hace por mar desde los puertos comerciales, generalmente por medio de cargas ocultas en contenedores (más del 90 % del tráfico de cocaína sudamericana es por este medio[5]); o desde la costa no vigilada, recurriendo a lanchas rápidas e incluso sumergibles rudimentarios. También se emplea el medio aéreo; ya sea mediante aviones privados que pueden partir de pistas clandestinas, como de vuelos comerciales que despegan desde aeropuertos internacionales. Sin embargo, este tráfico canalizado desde los países donde se localizan las zonas de cultivo y producción, en muchos casos es riesgoso para la organización delictiva porque el espacio en cuestión está muy controlado por las diferentes autoridades que tienen injerencia sobre el tema. Por ello, las organizaciones buscan alternativas menos controladas.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que las zonas productoras están recostadas mayormente sobre el océano Pacífico, con puertos próximos ubicados sobre esa zona marítima o, a lo sumo, con puertos localizados sobre la costa del Caribe, puntos más aptos para comunicarse con la América Central y la América del Norte (aun cuando algunas de esas instalaciones también son usadas para canalizar el tráfico hacia Europa). Pero los puertos ubicados sobre la misma costa del océano Atlántico, que facilitan la navegación directa hacia los mercados europeos, están alejados de las zonas productoras y, en gran parte del continente, como se vio, parcialmente aislados de esas zonas por la selva amazónica.

Es por ello que, aprovechando las fronteras porosas, el narcotráfico busca llegar a países que cuenten una geografía abierta, libre de obstáculos naturales, una importante infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria, un extenso litoral marítimo sobre el Atlántico y una significativa actividad industrial y de comercio exterior. De tal manera, terminan en la Argentina y en la zona sur del Brasil. Por ello son dos países elegidos para sacar fuera de la región una parte importante de la producción de cocaína, debiendo señalarse que, según UNODC[6i], los puertos de Brasil son los principalmente empleados para esta actividad.

De tal manera, con el tiempo se plasmó una suerte de autopista panamericana de las drogas, que, siguiendo la dirección norte – sur por el oeste del continente, une Colombia con la Patagonia. Y, desde cada puerto que toca, vincula esta ruta con el mundo. Tiene diversas bifurcaciones que van llevando a los distintos lugares de salida. Paralela a la ruta terrestre, que es complementada también con algunos tramos cubiertos por medios aéreos, en la parte sur del subcontinente la trocha se monta sobre otra facilidad de transporte que es fluvial: la Hidrovía.

Crimen organizado desorganizado

Paradójicamente, la condición inicial que dio lugar al estudio geopolítico de las actividades delictivas, es decir, la existencia de organizaciones criminales con capacidad para dirigir y ejecutar sus actividades en distintos países bajo un mando único, tiene sus particularidades en Sudamérica. Como señala Pablo Uribe Ruan “…la palabra crimen organizado no representa la realidad empírica de la mayoría de las organizaciones criminales en América Latina. En esta región, por el contrario, el crimen está constituido por grupos, casi siempre, desorganizados, fragmentados e inestables, que constituyen difusas redes que van desde México hasta Argentina”[7].

En la primera etapa del proceso, el cultivo de la coca, intervendrían campesinos independientes o a lo sumo nucleados en clanes familiares, que venden la materia prima a las organizaciones productoras de cocaína. Las bandas “fabricantes”, además de elaborar el estupefaciente, tendrían responsabilidad en iniciar la cadena del narcotráfico al ofrecerla a bandas de narcomenudeo locales o al contrabandear su producto hacia países vecinos. Allí sería recibido para su distribución por otra banda local de similar nivel, quien a su vez la vendería a otros narco-minoristas para su distribución local. Esto no implica una unidad de comando en toda la cadena comercial sino que probablemente se formalice en base a una serie de acuerdos entre organizaciones menores mediante los contactos de sus integrantes. Por supuesto, cabe la posibilidad de que la banda de un país desplace integrantes a otro país para que organice o controle una determinada operación ilegal. A veces, este desplazamiento sería asistemático; como podría ser el caso que describe Norberto Emmerich sobre el surgimiento de bandas de narcotráfico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina[8], y en otros casos podría deberse a un plan concebido para que la banda tome un carácter supraestatal.

Sin embargo, para sacar la droga del subcontinente por medio marítimo (o aéreo), es probable que intervengan bandas trasnacionales de distinta importancia que, luego de adquirir el estupefaciente a las bandas productoras, se hagan cargo de llevarlo hacia los puertos de salida, su acondicionamiento para el transporte, el transporte marítimo y su recepción en los puertos de destino (o una similar secuencia en el modo aéreo).

Otras organizaciones implicadas en el comercio ilegal de drogas son las que dan seguridad a las zonas productoras y a las “instalaciones fabriles”, con mayor o menor participación en el posterior tráfico del estupefaciente. Las más importantes de estas organizaciones provienen de los elementos remanentes de las guerrillas que operaban, u operan, en las zonas productoras.

La información periodística respecto a todas estas organizaciones es difusa y debe ser analizada con detalle. Existe en general una tentación a transformar en mega-bandas organizaciones que a lo mejor sólo tienen el papel de narco-minoristas; o de encontrar relaciones orgánicas permanentes en situaciones que son sólo contactos esporádicos o puntuales. Por ello, apenas a modo informativo, se mencionarán las distintas bandas que han tenido más difusión periodística.

En Colombia se cita al “Cartel del Golfo” como principal actor local; el que incluso ha sido mencionado con cierta presencia en países vecinos. Se refiere además la existencia de elementos remanentes de las FARC y el ELN relacionados con la producción y el tráfico del estupefaciente. En Perú no se destaca una organización específica, ya que en general la producción y comercialización primaria sería realizada por “clanes familiares”. También se menciona en este país la presencia de elementos remanentes de Sendero Luminoso. En Bolivia tampoco se mencionan bandas locales de importancia pero se refiere la presencia de representantes de algunas organizaciones transnacionales que intervienen en el mercado local.

Al considerar aquellos países en los que no hay zonas productoras pero sí rutas de tránsito, se detecta la presencia de bandas delictivas locales, como podría ser el “Tren de Aragua” en Venezuela, a la que se le adjudica cierta influencia internacional, y bandas menores al estilo de “Los choneros” o “Los lagartos” en Ecuador. Tampoco se refiere la presencia de bandas locales importantes en Argentina y Uruguay; en tanto en Brasil se señala la presencia del Primer Comando de la Capital y del Comando “Vermelho”, a los que se le otorga posibilidades de cierto alcance internacional. Por otro lado, en Paraguay, si bien no se identifican bandas locales de significación, es conveniente señalar la existencia de zonas de cultivo de marihuana en los departamentos de Amambay y Concepción (la principal zona de cultivo en Sudamérica). Aunque tal estupefaciente no es objeto de este trabajo, las asociaciones criminales relacionadas con su comercio ilegal pueden intervenir en el tráfico de cocaína, empleando las mismas rutas.

Con respecto a organizaciones de verdadera significación transnacional y sustantivos recursos, existen indicios de que la Ndrangheta y otras organizaciones mafiosas del viejo continente, podrían estar a cargo del tráfico hacia Europa. Asimismo, se habla de la presencia de organizaciones mexicanas en la región; y es lógico arriesgar que los carteles mexicanos más importantes (Cartel de Sinaloa y Cartel del Noreste) controlen las rutas de tráfico hacia América Central y del Norte, lo que no haría impensable la presencia de representantes de tales organizaciones en los países que tienen los puntos de salida hacia esos destinos extra-continentales. También grupos con experiencia en el comercio ilícito de estupefacientes provenientes de Colombia, Perú y Bolivia podrían encontrarse en otros países de la región; relacionadas con operaciones mayormente dedicadas a la exportación fuera del subcontinente o a la distribución interna.

Otras organizaciones que tendrían presencia en al menos tres países (Brasil, Paraguay y Bolivia) controlando las rutas del narcotráfico serían los “comandos” brasileños. Sin embargo, como vuelve a decir Uribe Ruan, “Hay grandes nombres como el Cártel de Sinaloa en México o el Comando Vermelho en Brasil, pero no son tan claras las conexiones entre estos grupos con los distintos nodos en la cadena de producción, transporte, comercialización y venta de estupefacientes u otros bienes ilícitos”[9] De todas maneras, como ya se manifestó anteriormente, puede considerarse habitual la presencia de referentes del narcotráfico de un país para organizar una operación en otro; sin que ello implique en todos los casos un asentamiento permanente de la organización a la que pertenece.

Parecería que el esquema adoptado por el narcotráfico se aproxima más al de organizaciones tipo “unión transitoria de empresas” entre las distintas bandas afectadas a los diferentes momentos específicos del narcotráfico. Esta característica, más que una debilidad de las organizaciones criminales, es una fortaleza, ya que les permite una flexibilidad y una segmentación que dificulta el seguimiento de la red completa. A su vez, demuestra una importante vulnerabilidad por parte de las autoridades locales, ya que implicaría que la permeabilidad de las fronteras es tal que permite a bandas locales, de un peso relativo, superarlas en forma clandestina con relativa facilidad.

Imagen: El Orden Mundial.

Resumiendo

Las características geográficas de América del Sur son las únicas del mundo que permiten el cultivo de la planta de coca, base de la producción de cocaína. Favoreciendo el comercio ilegal del estupefaciente, a esa circunstancia se unen las rigurosas condiciones físicas, orográficas, hidrográficas y de vegetación que dificultan el acceso a las zonas de producción y su consecuente control.

Por su posición geográfica, por las características de su territorio, por su infraestructura de transporte y por su extenso litoral atlántico, la Argentina es para las bandas transnacionales de crimen organizado un punto conveniente de salida de la droga hacia los mercados internacionales. Este tema plantea un serio dilema para la política de seguridad interior de la República.

La relación entre zonas productoras y los puntos de salida extra-continentales obliga a consolidar una firme relación de los estados afectados, a fin de promover una acción conjunta para atacar el problema. Por eso es importante una visión geopolítica del problema y no perderse en la maraña de organizaciones que circunstancialmente operan los distintos momentos del proceso. Mientras subsista el cultivo y la necesidad de exportarla fuera del subcontinente, seguirá planteado el problema. Los protagonistas sólo cambiarán de nombre y, como la legendaria hidra, cortada una cabeza en su lugar crecerán dos.

Por supuesto, resulta fundamental la persecución de las organizaciones de narcotráfico, ya que es el principal medio en la actualidad para enfrenar este terrible flagelo. Pero también se debería apuntar a los dos extremos de la cadena. Por un lado, a reducir el consumo. UNODC aprecia que la cantidad de consumidores en el mundo es de 21.000.000 de personas. Según esta oficina, esa cifra representa el 0,4 % de la población mundial entre 15 / 64 años; pero ese guarismo sería inferior si se compara con la población global, estimada en 7.837.000.000 de habitantes: 0,26 %. Por otro lado, a restringir la producción y aislarla físicamente de los lugares de tránsito y salida. Encarar el problema como un tema geopolítico de alcance internacional y no considerarlo sólo como un problema doméstico de cada país, permitiría imaginar soluciones más eficaces.

Imagen: El Orden Mundial.

* Licenciado en estrategia y organización. Autor de varios artículos sobre geopolítica y estrategia.

 

Referencias

[1] Bartolomé, Mariano. La seguridad internacional post 11-S. Buenos Aires: Instituto de Publicaciones Navales, 2006, p. 61.

[2] Ejemplo de ello son los libros de Gayraud, Jean-François, El G9 de las mafias en el mundo – Geopolítica del crimen organizado (Barcelona: Tendencias Editores, 2007); Glenny, Misha, Mc Mafia – El crimen sin fronteras (Buenos Aires: Ediciones Destino, B 2008); Emmerich Norberto, Geopolítica del narcotráfico en América Latina (Toluca: Instituto de Administración Pública del Estado de México, 2015).

[3] Carbajal Glass, Fausto. “Spaces of Influence, Power and Violence: The Micro-Geopolitics of Organised Crime”. Strategic Hub for Organised Crime Research (SHOC), Royal United Services Institute (RUSI), https://shoc.rusi.org/blog/spaces-of-influence-power-and-violence-the-micro-geopolitics-of-organised-crime/.

[4] UNODC, World DrugReport 2022 (United Nations publication, 2022).

[5] Ídem.

[6] Ídem.

[7] Uribe Ruan, Pablo. “El crimen en América Latina: desorden, fragmentación y transnacionalidad”. Real Instituto Elcano, https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/el-crimen-en-america-latina-desorden-fragmentacion-y-transnacionalidad/.

[8] Emmerich, Norberto. Op. cit., p 94.

[9] Uribe Ruan, Pablo. Op. cit.

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CUBA: VIEJOS Y NUEVOS CONTEXTOS

Alberto Hutschenreuter*

El domingo 11 de julio de 2021 quedará en los registros como una jornada histórica en Cuba. Como ocurriera en 1994, cuando hubo manifestaciones en La Habana, la ola actual de protestas, mucho más extendida que entonces, colocó a la isla del Caribe en el centro de las noticias internacionales.

Si tenemos que plantear un análisis sobre las razones que explican la agitación popular en Cuba, necesariamente hay que considerar la dimensión externa y, obviamente, la interna. Comenzando desde afuera hacia dentro, hay un actor primario en relación con los sucesos: Estados Unidos.

La geopolítica nunca se ha ido, y menos si se trata del actor más grande, rico y estratégico del globo. Para Washington, las plazas de interés territorial o selectivo en el continente suponen tres escalones: primero, Centroamérica y el Caribe; segundo, Venezuela y Colombia; y tercero, el resto del subcontinente, donde se mantiene la apreciación sobre la condición de Brasil como “pivote” regional.

Desde estos términos, más allá del contexto internacional imperante, todo lo que ocurre en ese primer anillo geopolítico forma parte de los intereses vitales estadounidenses; del mismo modo que lo son todas las zonas alógenas para otros actores preeminentes: Europa del este para Rusia, Mar de la China Meridional para China, el Indico cercano para India el Cáucaso del sur para Turquía, etc.

Estados Unidos ha ganado la Guerra Fría; sin embargo, ello no implicó ganancias en relación con Cuba, que continuó bajo un férreo régimen comunista antiestadounidense. Por tanto, la administración demócrata considera que es tiempo de completar aquella victoria, decisión que implica “reactivar” los viejos propósitos estratégicos de los “Documentos de Santa Fe” (de principios de los años ochenta), en los que la potencia mayor se proponía debilitar a la Unión Soviética en todos los puntos del mundo donde este actor mantenía “extensiones” de poder, influencia, recursos, etc.

El presidente Joseph Biden, que combina “genes” ideológicos y geopolíticos de Wilson y Reagan en su proyección exterior, estima que hay que cerrar el ciclo victorioso. De ese modo, no solo acabaría con el ascendente de La Habana sobre los denominados “piratas del Caribe” (Venezuela, Nicaragua y más allá también), sino que restringirá las políticas de “reparación estratégica” que lleva adelante Rusia en la región (se habla de reabrir una base de espionaje en la isla), podrá asimismo “regresar” a Latinoamérica y, finalmente, se encontrará en “igualdad” frente a socios que no se han sumado al bloqueo a la isla y que se encuentran presentes en la economía cubana (Canadá es el principal socio comercial de Cuba).

Sin duda, la eventual profundización de las protestas incrementará las advertencias de Moscú en relación con el principio de no injerencia; y seguramente se tensionará más todavía la relación Estados Unidos-Rusia, pero resulta difícil que este último se comprometa militarmente más allá, sobre todo cuando Siria, Crimea, armamentos, etc. han sobrecargado sus compromisos externos para una economía que se halla en dificultades.

Es importante tener presente que si bien las relaciones La Habana-Moscú se reactivaron durante el período 2014-2020, según el detallado estudio del analista cubano Victor M. Rodríguez Etcheverry, han crecido las reservas de las autoridades rusas sobre la excesiva ideologización del régimen cubano (en diciembre de 2020 se llegaron incluso a cancelar acuerdos entre los dos países, aunque se mantiene el concepto de “alianza estratégica”, la que supone múltiples compromisos rusos en Cuba, desde energéticos hasta turísticos, pasando por transporte, defensa, posicionamiento global, etc.).

Asimismo, un eventual “cambio” en Cuba también permitirá a Estados Unidos contender con China, el nuevo actor preeminente en la región (es el segundo socio comercial de la isla). Sin duda que América Latina ha perdido relevancia estratégica, sobre todo con el vendaval de la pandemia. Pero, como se sostuvo antes, se trata de un área de interés estadounidense con diferentes gradaciones geopolíticas; por tanto, no se puede aceptar que sufra una “colonización” geoeconómica por parte del principal rival del Estado-continental americano.

Más allá del viejo contexto, al que hay que sumar cuestiones como el mal desempeño de la economía cubana (el país atraviesa la peor situación desde la gran crisis de los años noventa), la suba de deudas externas, las sanciones estadounidenses, el deterioro sensible de la “calidad de vida” en la isla (en buena medida debido a la escasez de bienes), las secuelas que viene ocasionando la pandemia, el empuje de las nuevas generaciones y la emergencia de agrupaciones y el mismo fin del liderazgo (el actual presidente ni otro jamás podrán ostentar el ascendente que tuvo Fidel Castro), se agregan hoy el seísmo que implica la conectividad, cuyo principal daño en los regímenes totalitarios es la ruptura de la atomización social, la principal herramienta de control bio-político por parte de tales regímenes.

Más allá de lo que pueda suceder en Cuba, este último dato es clave: han pasado más de 50 años desde la brutal represión de la denominada “Primavera de Praga”; pero el presidente Diaz-Canel cree, como sucedió en la entonces Checoslovaquia, que puede ahogar a sangre y fuego cualquier levantamiento o reclamos de reformas en Cuba. En aquel tiempo el mundo era de bloques o esferas de influencias, existía la “Doctrina Brézhnev” (o de soberanía limitada) y no existían las redes. Todos sucedía “muros adentro” y sin posibilidades de ayudas externas. Pero fue la última vez que se recurrió a la fuerza dentro del bloque para aplastar intentos de reformas.

Pero aun suponiendo que se puede atrasar el tiempo, Cuba no tiene un “pacificador externo” contiguo, como lo era la URSS en relación con los países del Pacto de Varsovia, ni tampoco es China. Aquí, donde podrían ocurrir disturbios de escala si se llegaran a plasmar “escenarios de fracaso” por parte del régimen de Pekín (un tema que no siempre se considera), el notable crecimiento económico durante cuatro décadas le ha permitido al régimen disponer de un elemento de “legitimación”, y la pandemia fungió como un acontecimiento que le permitió al régimen “ajustar” el control de la comunicación en un país donde la “modernización”, es decir, el mantenimiento de la igualdad social, ha fracasado.

En breve, en Cuba se darán viejas y nuevas realidades. Será muy difícil para el régimen afrontar la situación con métodos que (salvo en China –que combina leninismo, es decir, represión, y mercado- y en la singular Corea del Norte –que combina aislacionismo, armas nucleares y vecino valedor) no dan resultados. La desaparición de la vieja dirigencia cubana ha sido reemplazada por una nueva capa que continúa aferrada a patrones de disciplina social del siglo XX y que considera que la confrontación granítica sigue siendo entre comunismo y capitalismo.

 

* Doctor en Relaciones Internacionales (USAL) y profesor en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) y en la Universidad Abierta Interamericana (UAI). Es autor de numerosos libros sobre geopolítica y sobre Rusia, entre los que se destacan “El roble y la estepa. Alemania y Rusia desde el siglo XIX hasta hoy”, “La gran perturbación. Política entre Estados en el siglo XXI” y “Ni guerra ni paz. Una ambigüedad inquietante”. Miembro de la SAEEG.

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