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LA PESCA ILEGAL EN EL ATLÁNTICO SUR DE LOS RECURSOS MIGRATORIOS ARGENTINOS

12 marzo, 2021 SAEEG Deja un comentario

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César Augusto Lerena*

Según lo publicado por Clarín (Natasha Niebieskikwiat, 08/03/2021) la organización ambientalista Greenpeace cuenta que «el Atlántico Sur es una zona sitiada y sometida por estas horas a la depredación de los recursos por parte de cientos de barcos extranjeros, la mayoría chinos, pero, también coreanos y españoles que, según un monitoreo efectuado en 2019 ya mostraba signos de agotamiento por la sobreexplotación de los recursos (…) El descontrol pesquero es tal, que a la fecha del monitoreo (…) Greenpeace contabilizó al menos 470 buques extranjeros sobre todo en la zona conocida como Agujero Azul, frente a las costas patagónicas a la altura de Chubut y Santa Cruz (…) mientras que en la Zona Económica Exclusiva Argentina se concentran unos 270 barcos (NdA: suponemos nacionales). Los buques que están el Agujero Azul están extrayendo calamar y otras especies en apenas 5.000 kilómetros cuadrados (…) están acompañados por cuatro buques petroleros —como gigantescas estaciones de servicios— y por ocho buques frigoríficos que, reciben las capturas directamente de los pesqueros para transportarlas al país de destino final, sin pasar por ningún control (…). El Gobierno (…) reforzó las multas para la pesca ilegal (…). El Ministerio de Seguridad y el de Defensa anunciaron mayores controles y, en el caso del segundo, se acaba de crear un Comando Marítimo para combatir los ilícitos. Pero estos, que ya presentaban dificultades por la falta de instrumentos marítimos y aéreos para perseguir infractores, sólo pueden actuar en aguas nacionales (…) Greenpeace busca movilizar a la comunidad internacional para que desde las Naciones Unidas se implemente un Tratado Global por los Océanos que permita la creación de una red de santuarios oceánicos en aguas internacionales y, el «Agujero Azul» sería parte de esta red. Complementario con este tratado, la Argentina ha estado impulsando y liderando un proyecto de ley para la creación de un Área Marina Protegida Bentónica en el Agujero Azul, la cual sería una primera medida para asegurar la protección del Mar Argentino, su rica biodiversidad y sus ecosistemas. La sanción de esta ley está pura y exclusivamente en manos de nuestros legisladores” afirmó Vueso de Greenpeace».

Bueno, empecemos por decir que Greenpeace, logra visibilizar algunas de las cuestiones, como la pesca ilegal, que alguno de nosotros viene denunciando desde hace décadas; en buena hora, pero, para entender esto en toda su dimensión, deberíamos separar la paja del trigo: no importa tanto dónde se produce la pesca ilegal, como decir claramente algo que Greenpeace no denuncia: que esos recursos que se pescan mayoritariamente en forma ilegal, tanto en el área de Malvinas, como en el llamado Agujero Azul y, en general en alta mar más allá de las 200 millas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) Argentina, son recursos migratorios argentinos que migran en su ciclo biológico desde la ZEE hacia alta mar y desde ésta regresan a la ZEE Argentina si en su trayecto no son capturados antes por estos buques extranjeros que pescan en forma ilegal depredando el ecosistema. La comunidad internacional, como la Argentina, no terminan de tipificar claramente el dominio de estas especies y se limitan a decir que la pesca en alta mar es libre; cuestión, que como me he referido en reiteradas oportunidades es falso, porque la libertad que refiere la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) no es una libertad absoluta y sin límites y, mucho menos puede ser depredadora, porque iría precisamente en contra con el objeto principal de la CONVEMAR, de preservar los recursos pesqueros a perpetuidad.

La Argentina al ratificar la CONVEMAR por Ley 24.543 observó y dejó claro en el art. 2º inc. c): «…El gobierno argentino, teniendo presente su interés prioritario en la conservación de los recursos que se encuentran en su ZEE y en el área de Alta Mar adyacente a ella, considera que de acuerdo con las disposiciones de la Convención cuando la misma población o poblaciones de especies asociadas se encuentren en la ZEE y en el área de la Alta Mar adyacente a ella, la Argentina, como Estado ribereño, y los Estados que pesquen esas poblaciones en el área adyacente a su ZEE deben acordar las medidas necesarias para la conservación de esas poblaciones o especies asociadas en la alta mar. Independientemente de ello, el gobierno argentino interpreta que, para cumplir con la obligación que establece la Convención sobre preservación de los recursos vivos en su ZEE y en el área adyacente a ella, está facultado para adoptar, de conformidad con el derecho internacional, todas las medidas que considere necesarias a tal fin».

Ningún funcionario argentino responsable (los Secretarios de Pesca y de Malvinas, entre otros) se ha ocupado de dar cumplimiento a estas observaciones en la CONVEMAR (tampoco a la ley 24.922), lo cual, no solo beneficia a los buques extranjeros depredadores sino muy especialmente a los que pescan en Malvinas y consolidan al gobierno británico en las Islas. Hoy el secretario de Malvinas Daniel Filmus y el Subsecretario de Pesca Carlos Liberman han sido incapaces de iniciar acuerdos consensuados con los sectores empresarios y trabajadores llevando adelante los instrumentos necesarios para terminar con la pesca ilegal que nos aleja de la recuperación de Malvinas, daña el ecosistema pesquero, la economía y el desarrollo poblacional, industrial y laboral del litoral marítimo y muy especialmente el patagónico.

Estoy totalmente a favor de dar sostenibilidad a la explotación pesquera y cuidar el ambiente, pero absolutamente en contra de multilateralizar el área. La Administración de los recursos en el Atlántico Sudoccidental debe estar en manos de la Argentina (y Uruguay en su zona) y, en sus respectivos espacios marítimos de todos los Estados ribereños en cuyas ZEE se originen los recursos. Cuando Greenpeace «busca movilizar a la comunidad internacional para que desde las Naciones Unidas se implemente un Tratado Global por los Océanos que permita la creación de una red de santuarios oceánicos en aguas internacionales (y, amplia) el «Agujero Azul» es parte de esta red y, que la Argentina ha estado impulsando (…) un proyecto de ley para la Creación de un Área Marina Protegida Bentónica en el Agujero Azul» está erróneamente promoviendo asegurar un área de protección de recursos que, luego serán explotados por los buques extranjeros licenciados por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en adelante Reino Unido) en el área de Malvinas, como ocurre ya con el Área Marina Protegida de un millón de km² alrededor de las Georgias del Sur y las Sándwich del Sur o el Área Marina Namuncurá, donde las especies migran hacia el área de Malvinas y son explotadas por los buques licenciados por el Reino Unido. ¿Alguien tiene dudas sobre los motivos de la presencia de la patrulla americana y el submarino atómico de Estados Unidos en el Atlántico Sur en estos últimos tiempos? Ocupar un espacio marítimo estratégico y presionar sobre los buques chinos que le dificultan el otorgamiento de licencias británicas (ilegales) pesqueras a los buques españoles, coreanos y taiwaneses en el área de Malvinas.

Que nos quede claro: la cuestión central a abordar es la titularidad de Argentina sobre los recursos migratorios originados en la ZEE. La Argentina tiene suficiente capacidad técnica para administrar los rendimientos máximos sostenibles, instaurar limitaciones y vedas, etc. y no necesita de ningún santuario establecido por organismos multilaterales.

Accesoriamente, pese a lo indicado en Clarín por Natasha Niebieskikwiat, el control en la ZEE es insuficiente y el aumento de multas inocuo; de hecho, desde que el Congreso sancionó el aumento de las multas por la Ley 27.564 del 16/09/2020 la Argentina no aplicó una sola multa a buques extranjeros.

La pesca ilegal ocurre desde hace más de 50 años por parte de buques chinos, españoles, coreanos, taiwaneses, japoneses, rusos, polacos, portugueses, etc. en el Atlántico Sur. A su vez, desde 1982 en Malvinas y con permisos ilegales británicos, pescan, especialmente británicos, españoles y asociados entre ellos, buques que capturan unas 250 mil toneladas anuales, lo que equivale, a un valor del orden de los mil millones de dólares anuales. A su vez, en alta mar, buques extranjeros capturan unas 750 mil toneladas de recursos migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de dominio del Estado Argentino, lo que, junto a las capturas en Malvinas significan una extracción anual del millón de toneladas de un valor estimado en los cuatro mil millones dólares; es decir, el doble de las exportaciones pesqueras argentinas y, desde 1982, cuando se internacionalizó el Atlántico Sudoccidental, una extracción de productos pesqueros por un valor de 152 mil millones de dólares.

La FAO (2016, p. 5/6) estima que al menos el 30% de las capturas en el mundo son ilegales, generando unos 36 mil millones de dólares anuales, lo que lleva a clasificar la pesca ilegal como un problema de seguridad y, si bien, tradicionalmente, la seguridad sólo incluía a los gobiernos contra los ataques extranjeros (Figueiredo, 2010, p. 273), en la actualidad «nuevos enfoques proponen la idea de la seguridad humana” y alcanzan a la supervivencia y el bienestar de las personas. El Informe de la ONU (1994) sobre Desarrollo Humano examina las amenazas a la seguridad de carácter económico, ambiental y social y en el documento sobre la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima (2005) se asocia la explotación indebida de los recursos marinos con daños al medio ambiente y a la seguridad económica y, afirma, que la competencia por las poblaciones pesqueras puede dar lugar a conflictos violentos e inestabilidad regional, lo que requiere medidas más agresivas» (L. Vaz Ferreira). Ante la presencia china, los intereses británicos y la parálisis argentina, no debería asombrarnos la presencia de una patrulla y un submarino nuclear de Estados Unidos en el Atlántico Sudoccidental, en consonancia con el reciente (febrero 21) anuncio del nuevo presidente Joe Biden de una Task Force contra China.

Nada más evidente que la pesca ilegal que realiza en el área de Malvinas, donde el gobierno ilegal otorga licencias a entre 100 y 200 buques extranjeros, infringiendo todas las leyes nacionales e internacionales y, la propia indicación de no innovar de la Resolución de las Naciones Unidas 31/49. Por fuera de esta área y más de allá de las 200 millas marinas casi 500 buques pescan igualmente en forma ilegal.

Se entiende como pesca ilegal, y con el tecnicismo de INDNR (ilegal, no declarada, no registrada) a aquella pesca que se realiza infringiendo las leyes nacionales, regionales y/o internacionales; donde no se declaran o se declaran en forma inexacta las operaciones; las que no se ajustan a las reglamentaciones de los Estados o, no pueden controlarse las capturas y/o desembarcos porque los transbordos se efectúan en alta mar; las que reciben subvenciones de los Estados facilitando este tipo de pesca; las que sobreexplotan los stocks disponibles de peces, o no hay forma de determinarlo y otras irregularidades afines.

Pescar en forma ilegal; depredar los recursos pesqueros y desequilibrar el ecosistema del mar argentino, no es solo una cuestión de violación de la soberanía; ni solo un tema económico. Tampoco solo una cuestión social si no, que es atentar contra los derechos humanos de tercera generación: derechos al desarrollo sostenido y a la protección natural del ambiente y de los recursos de las próximas generaciones y, por lo tanto, debe ser tratado y penado como tal. Un grave atentado al ecosistema y a la humanidad, donde la Convención del Mar (CONVEMAR), no podría limitar los derechos de los Estados ribereños —los titulares del dominio de las especies migratorias de la ZEE— ya que sería contrario a su espíritu de asegurar la sostenibilidad de las especies y, donde países como Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Estados Unidos, México, Perú, la Unión Europea, Venezuela, etc., habiendo o no aprobado la Convención, consideran a la pesca ilegal un delito penal o sugieren su aplicación para combatirla, ya que han entendido, que no alcanza con la acción civil para desalentar la pesca ilegal.

La CONVEMAR, en su Preámbulo, manifiesta que los Estados Parte están «…conscientes que los problemas de los espacios marinos están estrechamente relacionados entre sí y han de considerarse en su conjunto» y deben tener en cuenta «…en particular, los intereses y necesidades especiales de los países en desarrollo…» y, en este sentido, la pesca ilegal impide el desarrollo económico, laboral y social de la Argentina y, muy especialmente del litoral patagónico y de Tierra del Fuego, un área estratégica frente a la ocupación británica del área meridional del Atlántico Sudoccidental y los archipiélagos australes.

La pesca ilegal no se trata de un hecho aislado, sino de una operación inconsulta y masiva de Estados de Bandera provistos de miles de grandes buques factorías subsidiados que depredan el mar sin control alguno o, en el caso de las licencias ilegales británicas en Malvinas explotan y comercializan productos con base de proteína que se les quita a la Argentina donde la pobreza alcanza al 44%, contrariando por tal razón, uno de los objetos centrales de la CONVEMAR y la FAO.

La CONVEMAR establece una serie de obligaciones a los Estados Ribereños y a los de Bandera que capturan en la ZEE y, ello es absolutamente razonable, porque el ecosistema es único e indivisible y, por lo tanto, la sobrepesca en la ZEE afecta los recursos que migran a alta mar, tanto como la sobrepesca en alta mar afecta los recursos en la ZEE, razón por la cual, los Estados de Bandera en alta mar están obligados a acordar la captura con los Estados ribereños, ya que resulta un absurdo que especies migratorias como el calamar, la merluza y otras especies, que son de dominio de Argentina, por el solo hecho de transponer la línea imaginaria de las 200 millas, transmute, cambie de titularidad y, sea apropiado libremente, por cualquier embarcación extranjera, provocando un grave desequilibrio en el ecosistema argentino.

Por su parte, la libertad de pesca en la Alta Mar a que refiere la CONVEMAR (art. 87º inc. e y el 116º), como he dicho, no es una libertad absoluta, y está acotada a los textos ya citados del Preámbulo de la CONVEMAR y «ejercida por todos los Estados, teniendo debidamente en cuenta los intereses de los otros Estados en su ejercicio de la libertad…» y que entre los deberes del Estado de Bandera (art. 94º) se encuentran «el control de la contaminación marina; el combate a la piratería; la adopción de medidas de cooperación y administración de los recursos vivos (Art. 117/118º); la determinación de las capturas permisibles y la conservación, teniendo en cuenta, la interdependencia o asociaciones de las especies y el esfuerzo de pesca (Art. 119º).

La ZEE y la alta mar deben tratarse como un todo y no es posible que las producciones pesqueras puedan ser sostenidas sin la resiliencia ecológica e integridad del ecosistema. La propia directora de Recursos Naturales de los británicos en Malvinas Andrea Clausen (MercoPress, 07/05/2020), dijo: «generalmente hay unos 400 buques chinos operando en el Atlántico sur (…) todas estas capturas ilegales son muy al norte de la ZEE de Falklands, si bien la captura del calamar Illex pertenece a la misma biomasa…». En palabras británicas una confesión, que ratifica que los recursos de Malvinas migran desde el continente argentino a los archipiélagos argentinos.

La creciente demanda de productos pesqueros incrementó la pesca a distancia en todo el mundo (Pauly; Zeller, 2016), pudiendo, esta expansión provocar enfrentamientos por los recursos en un ámbito tan amplio, donde la soberanía de los Estados ribereños está debilitada. La Argentina es el caso, con la presencia británica, china, española, coreana, etc. El Reino Unido en su Documento de Estrategia de Seguridad Marítima (2014) «expone la necesidad de protección contra las amenazas de su dominio marítimo, incluida la pesca ilegal y, pone a ésta al mismo nivel de otras amenazas, como la delincuencia organizada y el terrorismo, lo que demuestra la gravedad». Ese mismo año, la Unión Europea, incluye a la pesca ilegal, como una amenaza para la seguridad marítima de sus Estados miembros y en 2016 el Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos publicó un informe exclusivo sobre el tema de la pesca ilegal (IUU), y lo definió como una amenaza para la seguridad alimentaria y económica que beneficia al crimen organizado transnacional.

En este escenario resulta central que la Argentina promueva la declaración de dominio de los Estados ribereños de los recursos migratorios que se originan en sus ZEE; declare a la pesca ilegal un delito penal y la incorpore al artículo 186º del Código Penal e inicie las acciones para tipificar de contrabando las exportaciones de productos desde Malvinas. Son hechos gravísimos sobre los que la Argentina debería actuar en forma urgente.

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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Argentina, Política

LA DEMOCRACIA ARGENTINA ESTÁ ENFERMA Y LA ALTERNATIVA ES “PEREGRINAR”

25 febrero, 2021 Marcelo Javier de los Reyes 1 comentario

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Marcelo Javier de los Reyes*

Los medios internacionales del mundo —de Estados Unidos, Alemania, Rusia, Francia, España, etc.— se hicieron eco de lo que se ha dado en llamar “el vacunatorio VIP”, un escándalo más protagonizado por la casta política argentina. Los que se llenaron la boca y levantaron los estandartes de los “derechos humanos” (para algunos), los que hablaron de un “genocidio” que no existió —porque no se buscó aniquilar a ningún pueblo dentro de la República Argentina—, los que instauraron la mentira de la “juventud maravillosa” —terroristas responsables de la muerte de miembros de las Fuerzas de Seguridad, de las Fuerzas Armadas, de empresarios, de sindicalistas, de civiles, de mujeres y de niños durante los gobiernos constitucionales de Juan Domingo Perón y de María Estela Martínez —aunque ya actuaban en la década de 1960— y luego durante el gobierno militar, que asumió el poder con el respaldo de la inmensa mayoría de los argentinos, incluso con el del Partido Comunista Argentino—, nuevamente dieron muestras de su mezquindad, de su absoluta hipocresía, y de que ellos sí son capaces de cometer “delitos de lesa humanidad”. Para algunos esto puede parecer exagerado pero ¿por qué hablo de ese tipo de delitos? Porque esto ha sido el summum de las violaciones de los derechos humanos fundamentales en nuestra pseudo democracia. Entre estos derechos podemos mencionar los siguientes:

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Todas las personas somos iguales sea cual sea nuestro origen, etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra condición.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a su seguridad personal.
Todos somos iguales ante la ley y tenemos, sin distinción, derecho a igual protección de la ley.
Todos tenemos igual derecho a protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión.

… y otros veinte derechos humanos fundamentales que no cito por una cuestión de extensión, aunque resalto el siguiente: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado. Sin embargo, nuestra democracia desde 1983 ha pisoteado estos derechos, lo cual no significa, bajo ningún punto de vista, una defensa del gobierno militar que la precedió, el cual incurrió en varios y gruesos errores.

Haber dispuesto arbitrariamente de las vacunas contra el COVID 19 para sus amigos y familiares, dejando de lado a innumerables sectores de riesgo y al resto de la población, dejándola a su suerte, es una violación de los derechos humanos fundamentales. Y esto lo digo por todos aquellos ciudadanos que están esperando la oportunidad de acceder a la vacuna en un contexto en que los medios de comunicación social solo inyectan miedo en la sociedad. No es mi caso porque al presente no confío en ninguna y conozco los intereses de los laboratorios.

Esta batahola por el “vacunatorio VIP” pasará al archivo de la historia argentina como otros tantos, sin castigos más allá de la renuncia de un ministro que ha sabido gozar de los beneficios de pertenecer a un gobierno, pues ha cumplido numerosas funciones bien remuneradas sin ofrecer la contraparte correspondiente, es decir, el servicio a la comunidad que le abona sus honorarios y a la que juró servir.

Llevamos más de treinta y siete años de mentiras, desde aquella que nos decía que “con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura”. La frase que usó el presidente Raúl Alfonsín es, teóricamente, absolutamente verdadera pero en la práctica ha ocurrido todo lo contrario y ya desde su propio gobierno. No es aquí el espacio para analizar si hubo un “golpe económico” que lo llevó a entregar la presidencia antes de que se cumpliera su período de gobierno. Claro que los años que siguieron a su alejamiento del gobierno fueron empeorando la calidad de la democracia argentina y en ello el presidente Alfonsín ha tenido su responsabilidad al igual que el resto de la casta política. En este caso vale recordar el Pacto de Olivos y la consiguiente reforma constitucional.

Cabe aquí aclarar el término de “casta”, que el Diccionario de la Real Academia Española (RAE) —a la que siempre debemos recurrir para hablar con propiedad— define de la siguiente manera: “Cada uno de los grupos o estamentos sociales, impermeables entre sí, en que resulta dividida una población de modo tal que la pertenencia a una u otra casta es determinante del haz de derechos y deberes de cada individuo”.

En principio cabe señalar que la reconocida “movilidad social” que caracterizaba a la sociedad argentina ha sido herida de muerte durante la democracia. La clase media se ha reducido a una “clase cultural”, y en decadencia, que ya no reúne los requisitos por los que así era considerada. El deterioro económico, la reprimarización de la economía argentina han llevado a una “inmovilidad” más que a una movilidad social.

En segundo lugar, los políticos de todo pelaje actúan ante el pueblo como si estuvieran enfrentados pero, en verdad, todos demuestran un gran “espíritu de cuerpo”. Han logrado polarizar a la sociedad, generar odio entre sus miembros, pero ellos se cuidan de condenar a uno de sus pares aunque sea de otro “espacio político” —dado que no estamos en una democracia de partidos sino de espacios en los que se pueden cruzar a voluntad sin ningún tipo de reproches— y cuando asumen el gobierno implementan las mismas medidas que responden a la “agenda internacional”, se preocupan por sus intereses terrenales y personales en lugar de los intereses nacionales. Estos no son señalados por ellos y es absolutamente lógico, pues serían incapaces de mencionarlos.

Se comportan como casta porque no cualquiera llega a ese “estamento impermeabilizado” que goza de amplios beneficios mientras les impone sacrificios y penurias al resto de la sociedad, siempre dada la crítica situación que vive el país y que no tiene a otros responsables más que a ellos mismos.

Cuando asume un nuevo gobierno se limita a hablar de la “herencia recibida”… Se le ha atribuido a la canciller Angela Merkel una frase que parece que no ha sido acuñada por ella sino por un tuitero, la cual sentencia: “Los presidentes no heredan problemas. Se suponen que los conocen de antemano, por eso se hacen elegir para gobernar con el propósito de corregirlos. Culpar a los predecesores es una salida fácil y mediocre”. En realidad la frase sería de la autoría del usuario @andrefelgiraldo, quien publicó el mensaje originalmente el 27 de junio de 2019, el cual cierra con un agregado muy importante: “Si no pueden, no se postulen”. Esto no aparece en la supuesta cita de Merkel porque, obviamente, va en contra de los políticos. Entonces todos se postulan y se refieren a “la herencia recibida” pero dejan una herencia infinitamente peor. Claramente me refiero a los presidentes argentinos: Carlos Menem le echó la culpa a la “herencia recibida”, pero dejó un enorme artefacto explosivo que le estalló en las manos a Fernando De la Rúa, quien debió dejar el gobierno en diciembre de 2001. Durante una semana los sucesores en la línea presidencial no quisieron hacerse cargo del aquelarre hasta que llegó el “gran salvador” que hoy está tramitando la ciudadanía uruguaya “por ser nieto de uruguayos”, aquel al cual el entonces presidente de Uruguay, Jorge Batlle (2000-2005), debió pedir disculpas por haber expresado que “los argentinos son una manga de ladrones, del primero hasta el último”. Cual vasallo a su señor, Batlle se presentó en Buenos Aires días después de sus dichos para pedir disculpas públicamente al presidente argentino. Batlle no dijo nada que algún argentino de bien desconociera pero claro, fue un imprudente —lo afirmó sin saber que los micrófonos estaban abiertos— y nos metió a todos los argentinos en la misma bolsa, algo que en verdad era injusto. No obstante, sin generalizar, su razón tenía. Batlle, fallecido en 2016, hoy se sentiría resarcido al saber que quien le recibió su disculpa actualmente está queriendo ser uruguayo.

El candidato a ser uruguayo recibió también su “herencia” y además de su célebre frase de “que quien depositó dólares recibiría dólares”, nos dejó como delfín al jefe del clan de Santa Cruz, quien también habló de la “herencia recibida” y mucho más lo hizo su sucesora, quien para no perder la tradición presidencial, dejó una herencia peor. Finalmente llegaron los muchachos del Cardenal Newman con el apoyo de los radicales, de peronistas que no podían crecer dentro del Partido Justicialista, de los inmaculados de la Coalición Cívica y de otros advenedizos que suelen tener todas las camisetas en sus roperos, pues no saben cuándo llegará el momento de ponerse la adecuada.

El país transitaba sobre rieles con la nueva conducción hasta que un día, de esos inexplicables, debieron salir corriendo al Fondo Monetario Internacional (FMI) para pedir un crédito por una suma sideral. Claro, era otro gobierno de amigos y entre amigos no se puede andar retaceando honorarios, concesiones y otros tipos de prebendas. El pueblo comprendería la situación y sabría que debía hacer sacrificios para poder superar esa coyuntura. Si, el pueblo, ellos no. De ese modo, tras liberarnos del FMI durante la administración del jefe del clan del sur, volvimos a quedar nuevamente atados a un préstamo del que desconocemos cuál fue su destino. El clan del sur fue utilizado con fines electorales por los jóvenes cincuentones del Newman —aunque no todos provenían de ese colegio—, con lo cual se los mantuvo vigentes y mientras la hinchada decía “no vuelven más”, los muchachos se prepararon y gracias a los desaguisados, la propia corrupción y la inoperancia típica de los soberbios, volvieron y acá están, tan preocupados por lo terrenal y su propia salud que se reparten las vacunas entre ellos.

La declaración universal que contribuyó a la aceptación global de los valores y principios democráticos reza así: “La voluntad del pueblo será la base de la autoridad del gobierno”. Bonita frase que no es más que una entelequia. La realidad es que todos los gobiernos se pasan la voluntad del pueblo por el arco del triunfo.

La sociedad tiene sus responsabilidades en esto, porque cree que con solo votar cada dos años ya cumplió con sus obligaciones ciudadanas, algo que suele dar una gran comodidad y tiempo para seguir, en otra escala, con los “intereses terrenales”, distantes de aquellos que por los que se preocupa la casta política que, obviamente, ocupan un escalón superior.

Entonces mientras ellos hacen que nos gobiernan y que se preocupan por el bienestar del pueblo, los gobernados consideramos que nada podemos hacer y que solo debemos esperar a que lleguen las próximas elecciones para imponerles el castigo que se merecen y así votar a los que sacamos para remplazar a estos que ahora queremos sacar. El absurdo llevado a su máxima expresión.

La realidad es que no tenemos intención de salir de nuestra comodidad para dar batalla. Es más importante Netflix que participar en un partido político o crearlo. Pero hay explicaciones para esto. Por un lado, la masa nos permite pasar desapercibidos y no sea que seamos políticamente incorrectos, algo que se ha impuesto como una norma del ceremonial.

De este modo, el pueblo argentino ha sido sometido a una “reingeniería social”, a un “cambio cultural”, de la mano de quienes enaltecieron a la “juventud maravillosa”, quienes nos impusieron nuevos términos, como “genocidio”, “memoria”, “verdad”, “justicia”, “terrorismo de Estado”, omitiendo al terrorismo marxista; quienes indemnizaron a los terroristas a costas del Estado. También se les permitió borrar su pasado y asumir cargos públicos. Como si ello fuera poco, se levantó un monumento a las víctimas del terrorismo de Estado, al cual el gobierno del clan del sur, los jóvenes cincuentones del PRO, incluido el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, llevaron a los dignatarios extranjeros que visitaban el país para rendir homenaje a los terroristas. Entonces, ¿Cuál era la diferencia entre un gobierno y otro si procedían igual? Sin embargo, parece que buena parte de la sociedad percibe claras diferencias y se inclinan por unos u otros.

¿Cuál es la calidad de nuestra democracia con amplios sectores que se odian y brindan apoyos a unos y otros? Porque ambos son corruptos, perpetran los mismos delitos, quizás unos de manera más burda e ideologizada que los otros, pero que sumergen al pueblo argentino a las mismas desgracias y que han llevado a la República Argentina a un estado de indefensión y de entrega de la Soberanía Nacional.

Es cierto que la calidad democrática está decayendo en todo el mundo, más aun en este contexto de pandemia, pero esta pseudo democracia puede derivar en una nueva forma de gobierno de una calidad bastante inferior.

Antes me había referido a la comodidad de la sociedad pero ahora consideraré otra razón. Aquí cabe recordar aquel cuento que narra que la crisis llegó al infierno, por lo que el diablo no tuvo más opción que poner a la venta todas sus herramientas destinadas a arruinar la vida de los hombres. Así fue que las puso sobre una mesa larga y todas llamaban la atención: en la subasta podía encontrarse a la venta el odio, la malicia, los celos, la tristeza, la venganza, la violencia… Pero a un comprador le llamó la atención el excesivo precio de una herramienta y le preguntó: “¿Por qué diablo esta herramienta es tan cara?” Y el diablo contestó: “Ah, porque el ‘desaliento’ es la herramienta es la más importante”. Y uno puede preguntarse por qué. Porque el desaliento está en el alma de las demás, afecta al malo y al que trata de ser bueno, al que procura cambiar, y el desaliento afecta también al que trata de corregirse. El desaliento afecta lo más profundo del corazón, es la falta de aliento, de aire, es como ahogarse. Recordemos que en el Génesis, Dios hace al hombre con cosas de la tierra y que para darle vida sopló sobre el hombre (en hebreo el ruaj, el “Espíritu de Dios”). Desalentarse es perder esa vida. El desaliento se ha desparramado como la pandemia sobre la sociedad argentina y se ha enquistado de tal modo que la sociedad está prácticamente convencida de que esta realidad es irreversible, de que no se puede luchar contra ella.

La sociedad argentina debe detenerse a respirar, a recuperar el aliento para poder enfrentar esta situación angustiante pero reversible y darse cuenta que estar a un lado o al otro de la grieta es padecer el “síndrome de Estocolmo”. Hay que olvidarse de los “salvadores”, del “culto a la personalidad”, de los hombres que llevan décadas viviendo de los cargos públicos para saciar sus ambiciones de poder y de dinero. La democracia argentina está enferma y debe vacunarse contra la casta política.

Por tanto hay que buscar nuevos caminos, nuevas opciones, conformar nuevos grupos, participar en nuevos espacios que deben ser creados por quienes tienen conocimiento y capacidad para convertir este presente en un futuro que la Argentina, bien gobernada, es capaz de darnos, porque apelando al pensamiento estratégico podemos considerar los recursos actuales y los recursos potenciales de los que el país puede echar mano para recuperarse. Para ello debe fijarse una plataforma real de gobierno, deben considerarse las ideas fuerza y deben delinearse nuevamente los grandes Objetivos Nacionales.

La sociedad debe ponerse “en camino”, como en una peregrinación hacia la Tierra Prometida, que no es otra que la Patria misma. Peregrinar es alejarse —tomar distancia del punto en el que estamos—, es caminar, ponerse en marcha, en silencio —es decir, dejando de lado la confrontación sin sentido para pasar al intercambio de ideas— y de esa peregrinación participan hombres de diferentes estratos sociales, de diferentes culturas, de diferentes confesiones pero que tienen un objetivo en común: llegar a la Patria que tanto amamos.

* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019.

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