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LA GEOPOLÍTICA-CERO DE ARGENTINA EN SU MOMENTO MÁS ALARMANTE

Alberto Hutschenreuter*

Que un país con gran extensión terrestre, aérea y marítima no desarrolle, ni en ideas ni en actos, ninguno de los tres poderes para salvaguardar esos territorios, es una anomalía. Pero que, en paralelo a esta condición, cree, estimule o facilite sus hipótesis de conflicto, lo convierte en un caso único.

En buena medida es lo que sucede con Argentina, un actor que reúne condiciones de país-continente, posee múltiples recursos estratégicos, está ubicado a distancia de placas de tensión geopolítica, no atraviesa discordias intervecinales mayores, pero, por causas hasta hoy inexplicables, se ha ido convirtiendo en un país de geopolítica-cero, algo así como un actor que no solo ignora la importancia del factor político-territorial como oportunidad para construir poder nacional, pero también como peligro para los intereses nacionales, sino que despliega prácticas anti-geopolíticas, es decir, trata o encara hechos geopolíticos desde un lugar en el que acaba siendo «su propio enemigo».

Consideremos, entre otras, tres situaciones actuales: una interna, otra externa y, finalmente, una (más sujeta a eventualidades) que combina lo interno y externo.

En relación con la situación interna, desde hace tiempo la agrupación (autodenominada) Resistencia Ancestral Mapuche ha venido aumentando, tanto en reclamos como en actos de violencia, su proyección territorial en el sur del país, en la Patagonia; es decir, se trata de un pernicioso actor que despliega una ofensiva geopolítica (porque su propósito es étnico-político-territorial) en la que no trepida en avasallar la misma soberanía nacional con la que ni siquiera se identifica pues, más allá de su deliberadamente difusa identificación étnica, los mapuches son, como bien sostiene Carlos Manfroni, araucanos, es decir, de Araucanía, Chile, país donde también cometen violentos atropellos.

Esto último resulta pertinente para remarcar lo que en un reciente artículo advierte y aclara el experto Marcelo Javier de los Reyes, Director Ejecutivo de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales: (…) «“Resistencia Ancestral Mapuche”, organización que reivindica la existencia de un estado racial araucano en una parte de la Patagonia, región geográfica a la que muchas veces, erróneamente, se agrega el adjetivo “argentina”. Hay una sola Patagonia y es la ubicada en la Argentina. La zona lindera ubicada en Chile, debe ser llamada “Araucanía”».

En pocos términos, se trata de una agrupación que utiliza el terror para alcanzar sus propósitos. No obstante esta situación, el gobierno argentino no sólo no los combate como se debe combatir a todo agrupamiento terrorista, sino que despliega un enfoque complaciente y hasta connivente ante (o más apropiadamente con) el mismo, llegando incluso a desproteger a la misma población nacional frente a un peligro que tiene lugar dentro del propio territorio nacional, el que podría llegar a sufrir una fractura por parte del accionar de los sediciosos.

En otros términos, se trata de una amenaza o hipótesis de conflicto que no es considerada como tal por el Estado argentino. Peor todavía, el enfoque y la inacción del gobierno llevan a la más peligrosa situación en la que se puede encontrar un país: la de un gobierno convertido en principal hipótesis de conflicto.

En relación con la situación externa, recientemente la diputada nacional Mariana Zuvic se refirió, en términos de advertencia, a un proyecto de ley que impulsa el gobierno argentino, el que podría terminar beneficiando y afirmando intereses británicos en el Atlántico Sur. Básicamente, se trata de la creación de una zona marítima ictícola protegida situada en un área en disputa con el Reino Unido. Dicho proyecto cuenta con el «respaldo» de una organización no gubernamental, la Wildlife Conservation Society (con sede en Nueva York).

El riesgo radica en que se trata de una iniciativa que proporciona a Londres un justificativo para llevar adelante similares proyectos que, más allá del loable propósito, coadyuvarán a fortalecer su presencia en el Atlántico Sur, un océano aparentemente «quieto», pero en el que suceden numerosas y crecientes dinámicas relativas con la concentración de presencias, ambiciones y proyecciones de estados.

Hay que decir que no se trata de nada nuevo. Los actores preeminentes suelen promover iniciativas justas en relación con la salvaguarda del medio ambiente. Muchas veces lo hacen acompañados por entidades no gubernamentales, hecho que le proporciona más compromiso genuino a dicha acción. Y el Reino Unido ha sido y es uno de los más activos en esta forma sutil de proyección y afirmación de poder a escala global. Nada es más seductor que llevar adelante causas cuyo fin apuntan a crear conciencia en relación con la salvaguarda de «bienes pertenecientes a la humanidad».

Londres lo viene haciendo desde hace muchos años bajo la pátina de lo que denomina «diplomacia de la defensa», un atractivo enfoque y práctica que parece consagrar esfuerzos y capacidades nacionales en pos de un «mundo mejor». Pero dicha diplomacia no es más que una manifestación de poder blando o sutil cuyo fin no es otro que promover y proteger lo regular e inalterable para los actores preeminentes: sus intereses y su proyección de influencia y poder.

Todo ello se ve «facilitado» por una de las principales características de los países de geopolítica cero o de visión territorial estrecha: su creencia en valores que trascienden a los intereses nacionales, siendo el medio ambiente uno de los temas más sensibles en relación con dicha creencia.

Por último, la tercera situación (más eventual) combina cuestiones internas y externas.

Básicamente, implica a países altamente viables, pero que por diferentes causas tienen problemas estructurales para lograr un nivel aceptable de gobernabilidad, llegando a comprometer seriamente la estabilidad local. Pero desde el enfoque de actores poderosos, estados y organizaciones, el problema no se circunscribe solamente a «lo local» sino que va más allá, comprometiendo lo regional y lo mundial. Y ello implica un escenario que debe ser impedido; por tanto, tales países díscolos son considerados como sujetos que requieren asistencia para evitar la disrupción interna y, consecuentemente, problemas externos.

Tampoco aquí estamos frente a un nuevo tema, pues ya hubo situaciones de «soberanías condicionadas» en diferentes segmentos, particularmente en cuestiones que guardan relación con la protección del medio ambiente. Acaso lo novedoso y amenazador radica en el estado de desorden internacional, el muy bajo nivel del multilateralismo, las rivalidades en ascenso y la creciente primacía de los intereses nacionales. Es decir, un contexto adverso para aquellos estados con menguado o frágil poder nacional. Lo otro relativamente novedoso es la pluralización de las cuestiones pasibles de llegar a condicionar soberanías.

Se trata de una situación que es una encrucijada, pues no nos estamos refiriendo a hechos relativos como consecuencias de la globalización, o realidades como las que acontecen en la Unión Europea donde nadie es completamente soberano, o en el territorio digital, que cada vez más supone compartir soberanías. No nos referimos tampoco a lo que se conoce como «delegación de gobernanza». Nos referimos a situaciones en las que algunos países, como consecuencia de carecer de propósitos y estrategias que aseguren la gobernabilidad, no dispondrán de opciones para manejar su propia situación. En pocos términos, podríamos estar ad portas de una situación sin ambages entre «amos» y «vasallos», siendo estos últimos actores altamente viables y hasta (potencialmente desarrollados), no actores laterales y pequeños que prácticamente no pueden mantenerse per se.

A ello se suma la incertidumbre sobre el curso geoeconómico mundial en los años venideros y, frente a las demandas del nuevo industrialismo, la posibilidad de un posible nuevo ciclo de imperialismo de recursos.

Existen otras realidades en las que la condición de «reluctancia geopolítica» acaba por frustrar emprendimientos asociados a la construcción de poder internacional. Dicha condición implica la primacía de la ideología sobre el pragmatismo, una situación que se puede apreciar en el Mercosur, bloque que, precisamente por ello, ha quedado al mismo borde de la desintegración o, en el «menos peor» de los casos, de la existencia formal.

Es decir, el anti-enfoque geopolítico termina por licuar un emprendimiento geoeconómico necesario para lograr «masa crítica» regional, algo que vamos a necesitar no solo para lograr una inserción internacional, sino para comenzar a levantar la región de la irrelevancia estratégica en la que ha caído tras el vendaval de la COVID 19.

El siglo XXI hace tiempo que no da señales o perspectivas favorables en relación con la construcción de un orden internacional. Pero en cualquier caso, en desorden o en orden, la condición y relación jerárquica entre estados será cada vez más marcada. Para países de alta viabilidad y desarrollo, pero con serios problemas para lograr gobernabilidad, como es el caso de Argentina, la situación podría colocarlo en un lugar muy comprometido, quizá el más comprometido en su historia.

Asimismo, ante determinadas situaciones internas y externas, si el país no modifica su enfoque geopolítico también podría encontrarse en situaciones altamente comprometedoras.

Tarde o temprano, la historia castiga la frivolidad estratégica, advierte Henry Kissinger. Sin duda, pero mucho más y más pronto la historia se encarga de castigar la estulticia geopolítica.

 

* Doctor en Relaciones Internacionales (USAL). Ha sido profesor en la UBA, en la Escuela Superior de Guerra Aérea y en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Miembro e investigador de la SAEEG. Su último libro, publicado por Almaluz en 2021, se titula “Ni guerra ni paz. Una ambigüedad inquietante”.

 

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LA SECRETARÍA DE MALVINAS NO AGARRA UNA SOLA PELOTA ANTE LA ACCIÓN POLÍTICA BRITÁNICA EN LA ARGENTINA

César Augusto Lerena*

Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona.

La posesión de la pelota respecto a la cuestión de Malvinas en el territorio argentino la tiene claramente el Reino Unido y la Secretaría de Malvinas de la Cancillería Argentina lleva adelante un juego defensivo que no alcanza a pasar del área chica local. Sin “la mano de Dios” es difícil ganarles a los ingleses y el partido se está perdiendo por goleada. Como suele ocurrir en estos casos y, sino pregúntenle a Luis Enrique, la culpa la suele tener el director técnico.

Por si acaso, antes de seguir “anulemos la mufa”.

Mark Kent, el entonces embajador británico en la Argentina, llegó al país en junio de 2016 y se fue en el mismo mes, cinco años después. “Se ganó el corazón de todos aquellos que lo conocieron”, diría Soledad Blardone de Infobae (16/06/2021); pero, durante la estada de este diplomático en el Palacio Madero Unzué —la embajada-residencia más lujosa que los británicos tienen en el mundo— este simpático pero disciplinado personaje no tuvo ni un solo gesto relacionado a los derechos argentinos sobre Malvinas. Sin embargo, para algunos argentinos distraídos y otros tantos anglófilos (por ser diplomático) supo ganarse —al igual que algunas señoritas de Buenos Aires de 1806— sus corazones. Habla español, twittea en este mismo idioma; le gusta el mate, el vino argentino, el asado, hacer chistes y viajar en colectivo; también el futbol, pero “siempre hincha por el equipo legal”; invitaba a sus “admiradores” a la embajada a tomar uno o varios “Johnnie Walker Double Black o Blue Label”, cuestión que puede hacer perder la cabeza a más de uno; de hecho, el ex Canciller del Reino Unido Alan Duncan comentó (Eduardo Barcesat. Perfil, 24/04/2022) que el vicecanciller argentino Carlos Foradori habría acordado el martes 13 de septiembre de 2016 en los sótanos de esa Embajada el Pacto que lleva vulgarmente el nombre de ambos, en un estado etílico que el más básico control de alcoholemia le hubiese quitado la licencia de conducir; pero, no le impidió, nada menos, que acordar se adopten “las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos” sin aludir en ese acuerdo a la cuestión central de la soberanía plena de Malvinas, pese a todas las Resoluciones de las Naciones Unidas y la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

“Mi padre era granjero y camionero”, decía Kent, “el maestro es bueno” diría Alberto Olmedo; pero de eso no se trata, ni de como manifestaba en la entrevista de Infobae que “los argentinos son ácidos, sarcásticos, irónicos y, el sentido del humor es muy similar al de los británicos” (sic) porque durante el tiempo que este buen hombre se ganó el corazón de muchos argentinos, el citado Kent dejaba claro que “Sobre Malvinas las posiciones de base política no cambiaron (…) Reconocemos que tenemos posiciones diferentes y que no estamos de acuerdo en ciertas cosas” y los británicos siguieron ocupando nuestros territorios y explotando nuestros recursos hasta nuestros días, ante la más absoluta pasividad de la Secretaría de Malvinas de la Cancillería argentina. Bien a la Argentina: los británicos son buenos, pero no boludos.

Pero llegó Kirsty Hayes a la embajada británica y pese a que el presidente de la Nación, la Cancillería Argentina y el secretario de Malvinas manifestaron que la Argentina no haría negocios con el Reino Unido mientras no se tratase la cuestión de Malvinas, esta señora agarró el porfolio y empezó a comprarles a los gobernadores ávidos salir del cabotaje y vincularse con el mundo. Morales de Jujuy; Sáenz de Salta; Uñac de San Juan; Jalil de Catamarca y Bordet de Entre Ríos (Agenda Malvinas, 05/11/2022), se transformaron en los primeros, tal vez por aquello, de “divide y domina” (Julio César; Napoleón) frente a una Secretaría de Malvinas y una Cancillería sin poder ni rumbo alguno. Días después nos enteramos (Letra P) que militares de Kosovo harán ejercicios militares en Malvinas y recordamos «que en Malvinas se entrenaron tropas británicas que luego intervinieron en Afganistán» (Carlos Biangardi, 06/12/2022) y también que «Malvinas se convierte en un centro de entrenamiento de la OTAN» (Horacio Micucci, 06/12/2022).

Ya sabemos, la Ley 24.184 de “Protección y Promoción de las inversiones británicas en la Argentina” sigue vigente, al igual que los Acuerdos de Madrid y los citados Pactos de Foradori-Duncan, pese a las amenazas del secretario de Malvinas Guillermo Carmona de no «dar marcha atrás, nuestro país se reserva el derecho de revisión de los acuerdos de cooperación en curso entre ambos países» (Letra P); aunque este mismo funcionario ya indicara en diversas oportunidades que estos acuerdos están desactivados de hecho (¿?). Tan desactivados, como que empresas británicas son adjudicatarias de exploraciones petroleras offshore violando la Ley 26.659 (Solanas) que impide que empresas con vínculos en Malvinas tengan actividad en la jurisdicción argentina o, de igual forma, que la Cámara de Mar del Plata levantara la cautelar beneficiando a las empresas Equinor y Shell o los vuelos de LATAM siguen haciendo la logística de los británicos en Malvinas.

La embajadora británica en la Argentina Kirsty Hayes se mueve como pez en el agua en el país y en contrario la Secretaría de Malvinas no hace más que reclamar, declamar y actuar con un voluntarismo que contrasta con la reconocida profesionalidad británica para tratar sus cuestiones internacionales.

Por su parte, el Consejo Nacional de Malvinas, en sintonía con la falta de políticas de la Secretaría de Malvinas, a más de dos años de creado, no ha elaborado una sola estrategia acorde a las obligaciones que los miembros seleccionados por imperio de la Ley 27.558 debieron cumplir. Lo acaba de dejar en claro, quien se define como un estrecho Asesor del secretario Carmona.

Es bastante lógico que no exista a hoy un plan en el Consejo (aunque sus dictámenes no sean vinculantes), ya que este engendro —que daría la sensación de haber sido creado al solo efecto de acompañar la propuesta de salto al vacío de un elucubrado y arribista “académico”— no habría tenido como objeto elaborar una estrategia, sino solamente servir de apoyo “con consenso” (Art. 4º de la Ley 27.558 y 8º del Reglamento) a la Autoridad de Aplicación por parte de los políticos, académicos, juristas y veteranos seleccionados, a la iniciativa suicida de requerir una opinión consultiva, sin ningún fundamento nuevo y sin mejorar en nada el contenido ni los apoyos ya logrados en las Resoluciones 1514/60, 2065/65 y la 31/49, entre otras de las Naciones Unidas.

Nada mejor para entender la ineficacia de las acciones de la Secretaría y el Consejo de Malvinas que las esclarecidas opiniones emitidas el pasado 5 de diciembre de 2022 por el auxiliar docente de la UBA, amanuense (copia escritos y pasa en limpio) de Marcelo Kohen y asesor de la Secretaría de Malvinas el abogado Facundo Rodriguez, en oportunidad del reconocimiento a la Facultad Regional de La Plata de la Universidad Tecnológica Nacional, donde participó en representación del secretario Guillermo Carmona; se trataba del principal orador convocado.

Allí dijo el referido representante: «Ustedes deben saber mejor que nosotros las dificultades internas para hacer llegar esa moneda o condecoración a sus destinatarios o por lo menos a sus familiares. Si hay algo que Carmona siempre ha mencionado y, lo digo porque lo he escuchado, no porque estoy defendiendo alguna postura o algo, yo soy académico, que su posición es de una Cancillería abierta o al menos de una Secretaría abierta. La Cancillería ha sido siempre vista y con justa razón, un lugar de elite o de personajes que no comulgan con lo popular o generalmente es un lugar de ámbito de difícil acceso…» (sic). A confesión de parte relevo de pruebas.

Preguntado en esa ocasión por Luciano Moreno de Pal’Sur respecto «a la presencia de una persona que pide dividir la Provincia de Tierra del Fuego, generar un referéndum en Malvinas para que los isleños determinen si son británicos o argentinos después de darle la posibilidad de que estos tengan un sistema migratorio por 30 años y esa persona se encuentra en el Consejo Nacional de Malvinas. se llama Marcelo Kohen y, propuso todo esto en el CARI diciendo además que la Disposición Transitoria Primera de la CN atentaba contra las negociaciones y a la solución de la disputa para que el Reino Unido se siente para descolonizar y, si estaba previsto que esa persona se le pida que se retracte…». El representante Carmona contestó: «El Consejo Nacional de Malvinas fue creado como un ámbito plural en donde se escuchan todas o por lo menos la mayor cantidad de voces posibles del espectro Malvinas, tenemos veteranos; académicos; juristas de distintas visiones; miembros de los distintos partidos políticos con visiones totalmente opuestas respecto a la estratégica para recuperar el ejercicio efectivo de la soberanía sobre Malvinas y, me parece, que más allá de lo que cada uno pueda decir en su ámbito personal y a título personal, porque esto es algo que el profesor Kohen ha manifestado que lo ha dicho (el plan a los isleños y en el CERA) a título personal y así lo ha declarado, yo no voy a explicar la propuesta, ya que no es mi propuesta, es la propuesta de él y tendrá que explicarla cuando se lo pidan…» (sic).

Y continuó Rodriguez: «Entonces lo que haya dicho el profesor Kohen o haya dejado de decir en base a su propuesta, quizás, la propuesta en sí no sea…¿cómo se llama? pregunta y tartamudea el representante del Secretario de Malvinas, a lo que agrega Moreno “no sea constitucional”, precisando Rodriguez: para que sea constitucional o no, el debería ser parte de un poder del Estado y al no ser y simplemente exponer en un ámbito académico, quizás, deberíamos ver el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío». Aquí interviene nuevamente Moreno para acotarle: “la propuesta la presentó primero en Malvinas a los Kelpers y éstos le pagaron un lugar donde exponer, fue expuso y luego hizo lo mismo en el CARI”; acotando el asesor: «lo interesante quizás sería ver el vaso medio lleno, el debate que dispara esa propuesta, no la propuesta en sí, porque la propuesta de él (la de Kohen) puede ser una propuesta cualquiera, mientras no venga del Poder Ejecutivo no es vinculante para la Argentina; pero la propuesta quizás, y es lo que logró, porque estamos hablando de esto, estamos hablando quizás de reforzar algún punto que esté flojo en nuestro discurso o proposición (…) Uno de los déficits más grandes que tiene la Argentina es la falta de una propuesta concreta para llevarle al Reino Unido porque nosotros pedimos sentarnos a negociar, pero si nosotros le llevamos una propuesta al Reino Unido se va a ver obligado a negar (…)» (Estos comentarios son idénticos, copia textual de los ya formulados en 2018 por Kohen en su exposición en el CARI). Continúa Rodriguez: «Creo que viendo el vaso medio lleno, esta propuesta del profesor Kohen, quizás, nos depara la necesidad de elaborar en conjunto de la sociedad, los académicos, los veteranos, o quizás dentro del Consejo Malvinas, una propuesta con las voces y las visiones plurales que se encuentran en ese Consejo, como en la actualidad tenemos visiones totalmente opuestas como la del profesor Armando Abruza por un lado; del profesor Marcelo Kohen; la profesora o doctora Susana Ruiz Cerutti, con senadores y diputados del PRO, de Juntos por el Cambio, del Frente de Todos, radicales y cada uno de ellos ha llevado una política totalmente distinta…» (sic).

A esta altura, es interesante hacer notar algunas afirmaciones de este Asesor de la Secretaría de Malvinas, que en la ocasión representa al secretario Carmona (es decir habla por este): por lo que manifiesta, no parece que en el ámbito de la Secretaría o del Consejo se le hayan pedido explicaciones a Marcelo Kohen por su Plan, que coincidió con la vigencia del Pacto de Foradori-Duncan y, en particular, no se le habría preguntado con qué mandato, quién financió y en nombre de qué institución presentó la propuesta en 2018 ante los isleños en el territorio argentino de Malvinas, ubicadas a 12.558 km en línea recta de su residencia en Ginebra.
Contrario a lo que manifiesta este asesor, el citado Marcelo Kohen es parte del Estado, lo fue cuando representó los intereses del Estado argentino en los casos de las papeleras de Uruguay y la Fragata Libertad y también al integrar el Consejo de Malvinas que se encuentra en el ámbito de la Presidencia de la Nación (Art. 1º de la Ley 27.558) y asesora al presidente (Art. 4º de la Ley). Sus opiniones no han sido formuladas en un “ámbito personal” como refiere Rodriguez, sino en forma política y pública (Perfil, 22/03/2018) y a los propios isleños (además de su exposición en el CARI) violentando la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional y las Resoluciones de las Naciones Unidas, por cuanto estos no son parte en la disputa. Al indicar que no siendo formulada la propuesta por el Poder Ejecutivo no es vinculante, demuestra una supina incapacidad política, que le podría llevar a afirmar que dichos del Canciller o del secretario de Malvinas, que no son el presidente de la Nación y, por lo tanto, no son el Poder Ejecutivo, contrarios a la posición argentina expresada en la Constitución Nacional, no dañarían la postura argentina en la cuestión Malvinas (¡!).

En su calidad de Asesor de la Secretaría e interviniendo incluso en el Consejo Nacional de Malvinas: Rodriguez afirma: «estamos hablando quizás de reforzar algún punto que esté flojo en nuestro discurso o proposición (…) Uno de los déficits más grandes que tiene la Argentina es la falta de una propuesta concreta para llevarle al Reino Unido porque nosotros pedimos sentarnos a negociar, pero si nosotros le llevamos una propuesta al Reino Unido se va a ver obligado a negar, a decir no la quiero; no voy a negociar y eso nosotros la podemos usar para que la opinión pública británica (…) quizás, nos depara la necesidad de elaborar (…) dentro del Consejo Malvinas, una propuesta con las voces y las visiones plurales que se encuentran en ese Consejo…» en primer lugar, habría que decir que este representante de Carmona podría quedar incurso en la violación de la confidencialidad prevista en el Artículo 16º del Reglamento del Consejo y, ello derivaría de la ventilación de que ese Cuerpo debiera hacer propuestas que no estaría haciendo e incluso anuncia públicamente los efectos que estas propuestas —que el Consejo no realiza— podrían tener sobre la opinión pública británica. Una acción irresponsable de un funcionario de la Cancillería y una apreciación de increíble ingenuidad de quien se presenta como especialista en derecho internacional.

Respecto a las afirmaciones de Rodriguez que «en la actualidad (en el Consejo) tenemos visiones totalmente opuestas (…) y cada uno de ellos ha llevado una política totalmente distinta…» (sic), lo que constituye una nueva violación de la confidencialidad necesaria en materia de las estrategias que debe llevar el Consejo (“…Quienes ejerzan o hayan ejercido funciones en el Consejo no deberán dar a conocer, en momento alguno, las deliberaciones que tengan allí lugar ni la opinión de otro miembro…”. Art. 16º del Reglamento). Consultado al respecto un acreditado diplomático, con una amplia experiencia en cuestiones de Malvinas, manifestó duramente: «claro que hay visiones totalmente opuestas: la del interés nacional y la de los traidores, ignorantes y oportunistas».

A lo ya dicho respecto a la ocupación extranjera del Atlántico Suroccidental (César Lerena El extranjero ocupa y explota el Atlántico Suroccidental”, 14/11/2022) se agregan las recientes declaraciones del presidente de la Nación: “Argentina tiene que destinar sus recursos a cosas más importantes que la compra de aviones militares. Estamos en un continente muy desigual, pero no hay problemas de guerra y se busca la unidad entre los países” (The Global Boardroom de @FT), lo que parece estar demostrando el desconocimiento del Poder Ejecutivo sobre cuáles son las amenazas que enfrenta la Nación, ya que nadie se imagina una confrontación con países de Suramérica; pero, no podemos olvidar que el Reino Unido de Gran Bretaña tiene ocupado o en disputa con la República Argentina 5.497.178 Km2 de su territorio continental, insular, marítimo y de la plataforma continental extendida. Todo ello, en medio del injustificable viaje de jueces y fiscales a Lago Escondido del británico Joe Lewis, quien sería, el mismo propietario de la pista de aterrizaje de 1.800 metros inaugurada en 2008 para aviones de gran porte, ubicada en Sierra Grande (Río Negro), lindero a Chubut y a 1.200 km de Malvinas.

Me repito: La incapacidad se pone de manifiesto poniendo a las personas en la máxima posibilidad de sus capacidades y, en muchas ocasiones, este umbral es muy bajo.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (Fundada el 21/10/2002), Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL (Fundada el 02/04/1989).

Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021) y de “Pesca Ilegal y Recursos Pesqueros Migratorios Originarios de los Estados Ribereños de Latinoamérica y El Caribe” (2022).

MINISTRA DE TIERRA DEL FUEGO FACILITARÍA LA PESCA ILEGAL EN EL ATLÁNTICO SUROCCIDENTAL

César Augusto Lerena*

La construcción de un puerto en Río Grande que podría servir para el desarrollo de Tierra del Fuego le abriría las puertas a los buques extranjeros que pescan ilegalmente en el Atlántico Suroccidental.

La excelente entrevista (24/11/2022) de la periodista de la Revista Puerto Karina Fernández a la Ministra de Producción y Ambiente de Tierra del Fuego Sonia Elizabeth Castiglioni es suficientemente elocuente y habla por sí misma de las incapacidades que tienen algunos funcionarios cuando, tanto a nivel nacional como en las provincias argentinas, ocupan posiciones relevantes sin disponer de la aptitud suficiente para diseñar una estrategia integral y, mucho más, cuando sus decisiones domésticas podrían afectar la soberanía nacional y la sostenibilidad del ecosistema marino, perjudicando la sustentabilidad de la producción nacional y la perpetuidad de las especies pesqueras de tercera generación.

Tal es el caso de la citada Castiglioni, que no registra un solo antecedente privado en la producción de bienes ni título habilitante alguno en materia de desarrollo ambiental y sostenibilidad, sino que ha limitado su actividad a realizar algunas tareas privadas relativas a sistemas informáticos y administrativos y vive del Estado municipal de Río Grande y de la provincia fueguina desde abril de 1994 a la fecha; siendo desde este mes, además de ministra, directora titular de YPF S.A. (¿?). Alguna virtud ha de tener esta señora para acceder a semejantes cargos sin tener antecedentes relevantes y de sus respuestas dadas a la sagaz periodista, tampoco parece exhibir claridad política y estratégica ni conocimiento de la legislación vigente, frente a la responsabilidad que le compete, teniendo en cuenta de que se trata de una secretaria del gobernador en materia de producción y cuidado del ambiente de la provincia más austral, que tiene bajo su jurisdicción nada menos que las Malvinas, el resto de los territorios insulares, la Antártida y las aguas correspondientes; motivo por el cual, sus acciones y declaraciones, pueden atentar contra el interés nacional o dificultar la trabajosas relaciones diplomáticas argentinas con el Reino Unido, además de perjudicar gravemente a la producción y el trabajo nacional que explota los recursos pesqueros de Argentina.

La posición que exhibe la ministra en sus contestaciones va en contra de las opiniones de todos los foros de los organismos multilaterales y de los expertos internacionales y nacionales respecto a los efectos devastadores de la Pesca Ilegal y de la captura de los recursos migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), por parte de buques extranjeros que, forma subsidiada, pescan en el Atlántico Suroccidental argentino. Y en la Pesca Ilegal no solo hay perjuicios económicos, biológicos, ambientales y sociales, sino que estas prácticas provocan violaciones en materia de trabajo esclavo y narcotráfico, además de menoscabar la soberanía de los Estados ribereños. Por lo tanto, esta funcionaria, no puede poner en la balanza todo ello y contrastarlo con la intención infundada de generar algunos recursos económicos para la provincia provistos por pesqueros depredadores que, además, no tendrán envergadura alguna en relación al 1.080.000 toneladas de especies migratorias originarias de la ZEE Argentina que anualmente extraen chinos, españoles, británicos, coreanos, taiwaneses, etc. por un valor FOB de US$ 4.320 millones y de US$ 24.000 millones en el mercado final (Mercado Central de Valencia, 11/22), a lo que se agregan 325.000 toneladas de recursos pesqueros que se extraen anualmente en el área de Malvinas con licencias ilegales británicas, por un valor de US$ 1,5 mil millones FOB que, en el comercio final, se transforman en unos 9 mil millones por año. Una irresponsabilidad política y económica.

Dice Karina Fernández: «Sonia Castiglione, habló con este medio sobre la construcción del puerto multipropósito en Río Grande y, la intención de abastecer a la flota que opera en el Atlántico Sur y su interés de que aumente el número de barcos poteros en el mar argentino» y, refiere la periodista, que sería «una inversión de 210 millones de dólares de la firma argentina Mirgor SACIFIA, cuyo principal accionista es el empresario Nicolás Caputo…». Preguntada la ministra si existía «intervención del gobierno chino en la construcción del puerto de Río Grande» la ministra manifestó que no había capitales chinos; pero, reconoció que una de las empresas inversoras es de Hong Kong (¿?), además del ANSES (¿?) y la citada Mirgor cuenta con algunos socios estratégicos internacionales.

Del mismo modo, si en conocimiento de «la buena relación del gobernador con el gobierno chino… ¿Esto podría sustentar la idea de que uno de los destinos del puerto sería abastecer a la flota (china) que opera en la milla 201?» la sonsacada responde sin sonrojarse que el «puerto multipropósito, está planteado así porque la cantidad de servicios que pueda dar un puerto en estas latitudes a todo el Atlántico Sur es importante y posicionará a la Argentina. Respecto de la milla 201 yo lo veo como una oportunidad de trabajo en los territorios: hoy Malvinas, Punta Arenas y Uruguay ofrecen servicios y nosotros la vemos pasar. Que uno pretenda ofrecer servicios a chinos o a quien sea que esté en la milla 201 tiene que ver con la generación de empleo y economía dentro de los territorios, pero eso no es a cualquier costo, se establecerán las condiciones necesarias y si hay alguna limitación por equis razón para algún tipo de flota o de bandera, se establecerán las limitaciones que correspondan llegado el momento. Lo digo en forma conceptual, me parece que es una oportunidad que estamos perdiendo…». Léase, si se portan bien en el puerto, lo que hagan en el mar es cosa de ellos.

Si la opinante se tratara de un desinformado poblador del impenetrable chaqueño podríamos aceptar semejante insulto a la inteligencia; pero no, se trata de una ministra de Ambiente que parece ignorar el daño ecológico que ocasiona la explotación ilegal en Malvinas y en el Atlántico Suroccidental y el apoyo logístico que se le presta a la flota española-británica, coreana y taiwanesa tanto en las islas, como en Uruguay y Chile (más la china que pesca en la región) y, no tiene mejor idea que multiplicar el daño dándole también apoyo logístico en Rio Grande. Accesoriamente, creemos que los pobladores de esta ciudad deberían estar muy preocupados por los efectos colaterales negativos, que la presencia de estos depredadores habrá de ocasionar.

Dice la susodicha que «ve pasar los servicios» a buques que operan ilegalmente. Bueno, en lugar de verlos pasar, debería actuar, porque Malvinas, las aguas correspondientes y sus recursos forman parte de la Provincia de Tierra del Fuego. Además que su iniciativa violaría la Disposición Transitoria de la Constitución Nacional, habría que preguntarse, si la ministra no estaría incumpliendo con sus deberes de funcionario público cuando no sanciona ni denuncia ante el Poder Ejecutivo Nacional y el Consejo Federal Pesquero -donde tiene un representante provincial- la falta de sanciones a las embarcaciones que pescan en el área marina del territorio fueguino y argentino de Malvinas por aplicación de las Leyes 24.922, 26.386 y 27.564 y los artículos 2º; 25º; 31º inc. 4; 49º; 53 inc. 5; 54º; 58º inc. 7 y 11; 63º; 68º y 79º de la Constitución de Tierra del Fuego y muy especialmente el Artículo 81° (Recursos naturales) que indica: «Son del dominio exclusivo, inalienable e imprescriptible de la Provincia el espacio aéreo, los recursos naturales, superficiales y subyacentes, renovables y no renovables y los contenidos en el mar adyacente y su lecho, extendiendo su jurisdicción en materia de explotación económica hasta donde la República ejerce su jurisdicción, inclusive los que hasta la fecha fueren administrados y regulados por el Estado Nacional…» y el artículo 87º (Pesca) «Dentro de las áreas marítimas de jurisdicción provincial y de los cursos o espejos de agua, el Estado Provincial preserva, regula y promueve sus recursos hidrobiológicos (…) Los cardúmenes de especies marinas migratorias son de propiedad de la Provincia, y estarán sujetos a un régimen de protección especial» y, también, por aplicación de la Ley 244 Provincial de Pesca (17/8/1995) que en su artículo 1º indica: «Las prescripciones de la presente Ley tendrán vigencia sobre los recursos hidrobiológicos existentes en las aguas interiores y marítimas considerados de dominio y jurisdicción provincial tal como lo define el artículo 124 de la Constitución Nacional y el artículo 81º de la Constitución de la Provincia (…) con las previsiones del artículo 87º de la misma, en relación con los recursos de carácter migratorio» y las previsiones de los artículo 6º, 12º a 18º y 41º a 50º de la referida ley. Del mismo no se denuncia el contrabando por falta de pago de derechos aduaneros (Ley 22.415) a las extracciones y posteriores importaciones, mayoritariamente en España, de las capturas en el área de Malvinas.

Por cierto, una iniciativa de esta naturaleza requeriría un Acuerdo previo ratificado por el Congreso de la Nación por imperio de los artículos 4º; 5d; 21ºe, 22º y 37º de la Ley 24.922 y la prohibición derivada del Artículo 27º bis de esta ley.

Los recursos naturales de la Provincia y los de la Nación están siendo expoliadas por embarcaciones extranjeras y, la señora ministra, desea darles facilidades logísticas a esos buques, al tiempo que manifiesta: «Hay cosas que desde Buenos Aires no ven» y ello —aunque un tanto demagógico— es muy probable, pero, en este caso, la ceguera está en el ámbito de sus responsabilidades.

«Una oportunidad de trabajo» indica; pero lo que va a ocasionar esta absurda propuesta de dar apoyo logístico a la flota que pesca a distancia en “la milla 201” será un aumento del número de buques extranjeros en el Atlántico Suroccidental y el esfuerzo pesquero, provocando un daño gravísimo en el ecosistema, la caída de las capturas de las empresas que se encuentran radicadas en la Argentina y la consecuente pérdida del trabajo nacional y, en el caso, de facilitar las operaciones de los buques que pescan en Malvinas (la ministra refiere a los servicios que se prestan en Malvinas y Chile), habrá de dar mayor sustentabilidad a estas empresas, consolidando la presencia británica en las islas.

Es muy probable que la ministra no sepa cómo generar trabajo en el ámbito marítimo, portuario y pesquero. Los desembarcos pesqueros en Tierra del Fuego cayeron en un 50% desde el 2005 (90.472 toneladas) y 2021 (49.645 toneladas); además, que la Provincia carece de industrias de procesamiento en tierra y agregado de valor lo que reduce notablemente la ocupación de mano de obra. La ministra ha sido incapaz de generar empleo en esta materia durante el tiempo de su gestión en Río Grande y la Provincia.

Es notable el desconocimiento que tiene Sonia Elizabeth sobre los aspectos productivos de la actividad y, muy especialmente, sobre la legislación provincial que refiere a los recursos migratorios, recursos que son los que pesca gran parte de la flota pesquera extranjera en alta mar y, refiere a que «en la milla 201 se pesca lo que nosotros no pescamos», lo cual es absolutamente inexacto, porque las especies son las mismas, migratorias y/o asociadas y, olvida decir que la flota de los Estados de pabellón que pesca a distancia opera subsidiada; sin el pago de derechos y/o aranceles de captura y/o importación y/o exportación con total desprecio a las leyes laborales y de seguridad que gravan el empleo argentino.

Indica también que «Si es pesca legal o ilegal serán parámetros que claramente deberemos establecer» y, debemos recordarle que no hay nada que establecer; toda la flota extranjera que opera en el Atlántico Suroccidental lo hace en forma ilegal debido al incumplimiento de dos parámetros básicos: no tiene control del Estado de pabellón y no ha firmado acuerdo con el Estado ribereño y, 40 razones más que derivan de ello y que omito para no aburrir. En el caso de Malvinas se agrega la violación de la Res. 31/49 de las Naciones Unidas.

Finalmente, sus argumentaciones respecto al puerto de elección por parte de la flota extranjera son de tal ingenuidad e incompetencia en la materia y de las incapacidades argentinas en materia de control, e ignora también, lo que podría significar la presencia de china en la región, facilitándole el tránsito al Pacífico y la pesca ilegal en ambos océanos y, las operaciones en el ámbito de la Antártida.

Y en el imaginario que estas grandes superpotencias depredadoras pesqueras con sus 500 o más buques anuales se decidieran a llevar sus capturas a Río Grande u otro puerto cercano, quién se supone que va a controlar las capturas y el tránsito de la flota desde alta mar al puerto y quién habría de controlar el origen, los descartes, las materias primas en cámaras, las condiciones laborales del personal embarcado, etc. Semejante iniciativa requiere un esfuerzo mucho mayor que conseguir una inversión para construir un puerto que con este modelo consolidará definitivamente la extranjerización del Atlántico Suroccidental.

«¿Charteo de poteros?» Para hablar de ello Sonia Elizabeth debería saber previamente algo de la historia pesquera; después, conocer la composición accionaria de la flota actual habilitada para pescar en la jurisdicción nacional y, en tercer lugar, trabajar en conjunto con la CAPA que está cuestionando las acciones que propicia.

Debido a las inconsistencias políticas y a la falta de idoneidad de los funcionarios, la Argentina sufre la peor colonización continental y marítima de toda su historia, sería bueno que la Sra. ministra tenga en cuenta los artículos 139º y 188º de la Constitución Provincial antes de llevar adelante semejante proyecto que habrá de atentar contra la soberanía política, económica, ambiental, alimentaria y social de la Nación y de Tierra del Fuego.

La incapacidad se pone de manifiesto poniendo a las personas en la máxima posibilidad de sus capacidades y, en muchas ocasiones, este umbral es muy bajo.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (Fundada el 21/10/2002), Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL (Fundada el 02/04/1989).

Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021) y de “Pesca Ilegal y Recursos Pesqueros Migratorios Originarios de los Estados Ribereños de Latinoamérica y El Caribe” (2022)