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MONÓLOGO ARGENTINO Y AVANCE BRITÁNICO

César Augusto Lerena*

Con políticas erróneas, erráticas o ausentes, se ha provocado la más grande pérdida territorial de la Historia Argentina, desde la independencia

 

«Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas» (Res. 1514 ‹XV› ONU, 14/12/1960 inc. 6). No parece entenderlo así el Reino Unido de Gran Bretaña, que ha hecho oídos sordos a todas las resoluciones; mientras que los reclamos diplomáticos argentinos apoyados internacionalmente, como el recibido el pasado 21 de este mes en la ONU, resultan necesarios, pero insuficientes.

Sabemos, que en 1965 la ONU dictó la Res. 2065 (XX) reconociendo la disputa entre Argentina y el Reino Unido respecto a Malvinas y los instó al diálogo; pero, ya pasaron 56 años de monólogo y cooperación unilateral argentina y 45 años de avance territorial y de explotación británica. En este escenario, hay unos pocos argentinos, que contrariando las citadas resoluciones y la Constitución Nacional y, desconociendo las cuestiones geopolíticas, económicas, jurídicas e históricas quieren que los gobiernos tengan en cuenta la opinión de los isleños, a pesar de solo tratarse de habitantes británicos implantados en Malvinas, como ya quedó demostrado en el plebiscito de 2013. En esta línea están Antón; de Ipola; Filippelli; Gargarella; Iglesias; Kovadloff; Lanata; Noriega; Novaro; Onaindia; Palermo; Sábato; Sabsay; Sarlo y Sebreli; a los que se agregan Luis Romero y Sabrina Ajmechet candidata a diputada de “Juntos” que pusieron en duda que las Malvinas sean argentinas; Patricia Bullrich, que sugirió que podrían haber cambiado Malvinas por vacunas y Marcelo Kohan que prometió a los isleños «un plebiscito sobre la soberanía» (Infobae, CARI, 2018), con la particularidad que este último hoy pertenece al Consejo Nacional de Malvinas.

Con las opiniones de estos personajes que tienen una gran exposición pública y la instrumentación de políticas erróneas, erráticas o ausentes y, a pesar de lo previsto en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, se ha provocado la más grande pérdida territorial de la historia argentina, desde la independencia nacional.

El 23 de septiembre de 1973 el FREJULI ganó las elecciones con la fórmula Perón-Perón obteniendo el 61,85% de los votos. Un frente integrado por peronistas, frondizistas, demócratas cristianos, conservadores populares, socialistas y otros apoyos de la izquierda.

Como producto de las gestiones diplomáticas realizadas durante ese gobierno democrático el 1 de diciembre de 1976 las Naciones Unidas aprobaron la Res. 31/49, en base a las Res. 1514 (XV) del 14/12/1960; 2065 (XX) del 16/12/1965; la 3160 (XXVIII) del 14/12/1973 y, teniendo en cuenta, la Declaración Política aprobada por la Conferencia de los Países no Alineados (Lima, 25 al 30/8/1975), donde en especial, se pidió a los gobiernos que “…aceleren las negociaciones relativas a la disputa sobre la soberanía…” y “…se instó las dos partes a que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales mientras las Islas están atravesando por el proceso recomendado en las resoluciones arriba mencionadas”, cuestión que el Reino Unido violó sistemáticamente y que, distintos gobiernos invisibilizaron esta importante resolución bajo el falso pretexto que fue dictada durante el Proceso Militar (escondiendo el valioso trabajo precedente) y, hasta cedieron espacios y recursos e, incluso, cooperaron en favor de los intereses de esta potencia invasora.

Los resultados están a la vista: en 1965 la disputa se limitaba a Malvinas. En 1989/90 por el Acuerdo de Madrid se incorporaron formalmente las Georgias del Sur (3.850km2) y Sándwich del Sur (310km2) y el Reino Unido consideró con este Acuerdo haber dado fin a la disputa. En 1976 al dictarse la Res. 31/49 el Reino Unido ocupaba Malvinas (11.410 Km2 y tres millas marinas alrededor). Desde esa fecha y a hoy ocupan 1.639.900 km2 del territorio marítimo e insular y, nos disputan 1.430.367 km2 de la plataforma continental y 965.597 km2 de la Antártida Argentina. En 1976 la explotación de los recursos argentinos en el área de Malvinas era poco significativa. A partir de ese año y, especialmente desde los Acuerdos de Madrid, el Reino Unido otorgó licencias pesqueras a empresas extranjeras que capturan 250 mil toneladas por año por un valor de mil millones de dólares. Se formaron sociedades mixtas española-británicas y desde 2021 estas sociedades deberán tener el 51% de las acciones a favor de los isleños. En 45 años las empresas se llevaron 11.250.000 toneladas de productos pesqueros por un valor estimado en los 45.000 millones de dólares. Desde 1976 y especialmente desde 1982 más de 350 buques extranjeros capturan un millón de toneladas de recursos pesqueros migratorios de la Z.E.E.

Durante la década de 1980, la Cancillería rechaza en 1981 la propuesta británica de “congelar por un determinado plazo la cuestión de la soberanía…”; oferta que hacía suya “sin vencimiento” Caputo en 1987, aunque no alcanzaría el Acuerdo debido al prematuro fin del gobierno radical (1989). Sería Cavallo, quien firmaría los Acuerdos de Madrid, bajo la “fórmula del Paraguas”. Arturo Frondizi le decía a Cavallo al respecto: “para los peronistas usted es un traidor a la patria”. Desde 1982 y en especial a partir de 1989 con los citados Acuerdos y el otorgamiento de licencias pesqueras, se acrecienta la pesca por parte de buques extranjeros y, la internacionalización del mar argentino. En 1983 se inicia un proceso de desmalvinización. Se instala un proceso de desculturalización y desinformación, presentando a la guerra de Malvinas como vergonzante que minimiza el sentido de pertenencia del Archipiélago e ignora el rol cumplido por los combatientes argentinos en Malvinas y el Atlántico Sur, facilitando a los británicos el inicio de una serie de procesos ruinosos en perjuicio del país. En 1985 el Reino Unido inaugura un nuevo aeropuerto en Malvinas que facilita las operaciones militares desde las islas. En 1986 el Canciller Caputo concreta el «Acuerdo Marco de Cooperación» con la URSS y Bulgaria con la intensión fallida de que sus buques pesquen en el área de Malvinas. Como respuesta a estos Acuerdos, el Gobernador británico ilegal en Malvinas anuncia la creación de una «Zona Provisional de Conservación y Administración de Pesquerías» (FICZ), estableciendo, por primera vez, un área de 150 millas en torno a Malvinas prohibida a los buques argentinos, además de reivindicar, la Z.E.E. y una Plataforma Continental de 200 millas (438.000 km2) alrededor de Malvinas. El mismo año se crea la «Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur» (ZPCAS) aprobada por la Res. 41/11 del 27/10/1986 la ONU, con la participación de todos los Estados con ZZE en el Atlántico Sur; pese a ello el Reino Unido incrementa su armamento en las islas y la explotación de los recursos.

En la década del 1990, se firman los Acuerdos de Madrid I y II en 1989/90 que confirman la «fórmula del paraguas»; la entrega de la pesca al Reino Unido y las restricciones militares británicas que consolidan su ocupación militar y económica del Atlántico Sur. En 1990 Cavallo firma el “Acuerdo del Gallinero”, de conservación conjunta de los recursos pesqueros al éste de Malvinas, un área con forma de medialuna en territorio argentino, que facilita al Reino Unido el otorgamiento de licencias pesqueras. Con el descarte de 4.000 km2 al sudeste de Malvinas, el Reino Unido se ajusta a las previsiones de la CONVEMAR (Art. 74º) respecto a la delimitación de espacios entre países ribereños vecinos, estatus que el Reino Unido pretende. En 1991 Cavallo promueve la determinación de las Líneas de Base del territorio continental argentino que le allana al Reino Unido la posterior demarcación de una Z.E.E. de Malvinas. En 1993 el Reino Unido amplía su ocupación hasta 200 millas alrededor de las Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur. Esta determinación implicó una mayor ocupación marítima y el control meridional del Atlántico Sur y su vinculación con la Antártida. En 1994 el Reino Unido se apropia de 1.400 Km2 al noroeste de Malvinas, por fuera de la exclusión británica (FICZ), que denomina “GAP”, para proteger sus capturas de calamar. En 1995 la Argentina y el Reino Unido acuerdan una investigación pesquera conjunta en un sector más amplio que el de la exclusión británica, obteniendo una información vital para otorgar licencias ilegales a buques extranjeros. En 1996 en Londres, el secretario de Relaciones Exteriores Andrés Cisneros explica, como exitoso el Acuerdo donde se normalizan las relaciones con Inglaterra, sin que la Argentina limite ocupación territorial de esta o, la libre explotación de nuestros recursos. En 1998 la Argentina firma un “Convenio de Cooperación Militar” con el Reino Unido y, en lugar de reducirse la presencia militar británica en el mar argentino, ésta traslada el Comando Sur desde la Isla Ascensión a Malvinas, instalando la mayor base de la OTAN en el Atlántico Sur y, se mantiene la obligación de informar los movimientos militares argentinos. En 1999, Cisneros acuerda combatir los “buques sin licencias británicas”, una de las mayores cooperaciones unilaterales argentinas en favor de la economía isleña.

Durante la década del 2000. En el 2000 se aprueba por Ley 25.290 el llamado Acuerdo de Nueva York (adoptado el 4 de diciembre de 1995) sobre la conservación de las especies transzonales y altamente migratorias, que -de ratificarse- pondría en manos de los Estados de Bandera con mayoría de votos en las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP) el control de las especies migratorias argentinas, abriéndole las puertas al Reino Unido para intervenir en la administración del Atlántico Sur bajo pretexto de considerar a Malvinas un estado ribereño. Es un Acuerdo que violentaría la Constitución Nacional (DTP). En 2005 la Unión Europea vota su Constitución, e incluye, a Malvinas, Georgias, Sándwich y la Antártida como Territorios Británicos de Ultramar y, los británicos otorgan licencias de pesca por 25 años en Malvinas, en una clara demostración depredadora de los recursos argentinos.

En la década del 2010. En 2011 el Reino Unido inicia las exploraciones petroleras en Malvinas y, en 2015 anuncian el hallazgo de petróleo a unos 200 km del archipiélago. El Reino Unido crea en 2011 la «reserva Blue Belt más grande del mundo» con 1.070.000 km2 (tres veces más grande que el Reino Unido) en jurisdicción argentina, alrededor de Georgias y Sándwich del Sur, para asegurarse la llegada de peces a Malvinas, incluidos 20 mil Km2 de dentro del área de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos. En 2012 el director ilegal de Pesca de Malvinas, John Barton declaraba: «sin la Pesca los Malvinenses no podrían haber subsistido» (sic). En 2016 se ratifica de hecho el Acuerdo de Madrid, con el denominado Pacto Foradori-Duncan que declara: «adoptar las medidas para remover los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas». Este pacto reactivó las investigaciones pesqueras conjuntas suspendidas en 2015 y, habilitó vuelos de Malvinas a San Pablo, facilitando el comercio con este importante centro económico y de acceso al mundo. En el 2016/17 la Comisión de Límites (CLPC) de la Plataforma Continental aprueba el informe argentino, por el cual, recomienda que, sobre el total de 1.782.000 km2 presentados, queden firmes solo 351.633 km2, dejando sin tratar 1.430.367 km2 por entender que son espacios en disputa con el Reino Unido. En 2018 la Cancillería requiere al Congreso de la Nación la aprobación del Convenio para la Conservación del Atún en el Atlántico Sur con “el ingenuo interés” de preservar una especie que no está presente en la Z.E.E. Argentina, que le permitiría una mayor injerencia al Reino Unido. En 2019 se otorgan a empresas británicas áreas offshore de explotación petrolera, entre Malvinas y el continente argentino, consolidando la presencia británica en esa región austral.

Durante la década del 2020. En 2020 se crea por ley 27.558 una Comisión integrada con legisladores, académicos y veteranos de guerra, entre cuyos miembros, hay quién tiene una posición alejada a la establecida en la Constitución Nacional. Sancionada la ley 27.564 para aumentar las multas a la pesca ilegal, hasta la fecha no se han aplicado a los buques que operan en Malvinas o a la captura de las especies migratorias argentinas. En 2021 se produce el Brexit y la salida de Malvinas de la Unión Europea, sin embargo, a instancias de España, se acuerda que los productos de este origen sigan ingresando a Europa sin aranceles, consolidando la economía de los isleños. Los británicos construyen un puerto en Georgias del Sur y anuncian la construcción de un puerto en Malvinas que se constituirá en el epicentro de las operaciones del sur de Atlántico Sur y la Antártida. Uruguay y Chile, mientras tanto, dan apoyo logístico y portuario a Malvinas.

La información precedente demuestra la grave violación del Reino Unido de la Res. 31/49 de las Naciones Unidas y la necesidad de nuevas estrategias de Argentina.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca, ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Ctes) ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Ex Asesor en la H. Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación, autor de 28 libros. Entre ellos: “Malvinas. 1982-2022. Una Gesta Histórica y 40 años de Entrega. Pesca la moneda de cambio” (2021) y “Argentina. La Casa Común. La Encíclica Laudato Si’ El Cuidado de la Casa Común. Comentada” (2021).

 

Nota publicada en El Economista, 02/11/2021, https://eleconomista.com.ar/debates/monologo-argentino-avance-britanico-n47499

POBREZA Y DESCARTE DE PESCADOS AL MAR

César Augusto Lerena*

La pesca constituye para la humanidad una fuente importantísima de proteínas, de generación de empleo y beneficios económicos (unos 100 millones de personas viven de esta actividad); pero, su explotación, debería administrarse adecuadamente si se quiere que su contribución al bienestar económico y social sea sostenible, disuadiendo las actividades de los buques que depredan el recurso. Optimizar la explotación, no solo es una cuestión económica, sino una “Responsabilidad Social”, más aún, cuando se trata de un recurso natural del Estado, donde éste da en concesión transitoria su explotación a las empresas no, para que éstas hagan lo que quieran con él, sino, para generar divisas; llevar adelante un plan de ocupación estratégico del mar argentino; poblar las ciudades y pueblos portuarios del litoral marítimo; crear plantas de transformación industrial de las especies capturadas; generar el máximo valor agregado a partir de las materias primas básicas; crear empleo estable; fomentar la cultura del trabajo; promover hábitos alimentarios saludables para mejorar la dieta, la salud de la población y el bienestar general de la comunidad. Todo ello, cumpliendo determinadas obligaciones biológicas para asegurar una explotación sostenible.

Se estima que la explotación pesquera extranjera se lleva del Atlántico Sur un millón de toneladas anuales y las estadísticas oficiales indican que la Argentina desembarca unas 800.000 toneladas/año. A ello, debemos agregar que los buques extranjeros realizan importantes descartes al mar y los nacionales unas 300 mil toneladas anuales de pescados, considerados sin interés comercial o como producto de la pesca incidental (bycatch) cuando se captura langostino. Se suman en esta depredación las capturas de individuos juveniles (del 35% al 70%) o adultos en proceso de reproducción. El Estado está ausente para asegurar una administración adecuada de los recursos que debieran disponer las generaciones venideras.

Hoy, el aprovechamiento racional de estos recursos permitiría alimentar —con proteínas de alto valor biológico— a tres millones de niños y adolescentes durante todos los días del año, a la par de generar unos 15 mil empleos en un país con 54% de niños pobres menores de 14 años pobres (5.400.000 de niños) y con un 11,3% de desocupación. Es indigno no instrumentar un plan de administración total del recurso.

No es un tema nuevo. Lleva muchísimos años, pero el descarte y la pesca incidental se han incrementado con el aumento de las capturas de langostino que tienen un alto valor de exportación (US$ 6.400 la tonelada) con relación a la merluza que es una especie acompañante con un precio sensiblemente inferior (US$ 1.410), lo que lleva a descartar estos pescados, en lugar de desembarcarlos para su industrialización.

No buscar una solución a esto —que es posible— es irracional e ilegal, pero, como refiere Karina Fernández en la Revista Puerto (29/9/2021) son «Escandalosos (los) porcentajes de captura incidental de merluza» ya que, de las históricas y ya inaceptables pescas incidentales del 30% «en las últimas semanas de la temporada alcanzó niveles de hasta el 161% y promedios del 56%, datos que el INIDEP suministra semanalmente a las autoridades (mientras) los tripulantes dicen: estamos haciendo una matanza de merluza nunca vista» y, en su gran mayoría son individuos juveniles, es decir que por encima del volumen que se captura se atenta contra la sostenibilidad de la especie y, a ello debe agregarse que «en la pesquería de merluza faltan los datos de la flota fresquera, donde se desconoce cuál fue el nivel de captura incidental que tuvo». A todo ello ya se refería en 2018 el Informe Nº 137 (Villarino-Tringali-Louge, INIDEP) donde la captura incidental de merluza de la flota langostinera, ascendía hasta un 43%, con un 40% de juveniles de menos de 35cm, talla, que ni siquiera procesan los fileteros, con datos que no incluían la flota congeladora y la fresquera de altura de merluza y otras especies y, sin analizarse todos los buques y sin observadores a bordo en la mayoría de las embarcaciones, los porcentuales pueden ser sensiblemente mayores.

Una administración eficiente no consiste solo en otorgar permisos o cuotas de captura, se debería iniciar con la asignación de recursos, que son escasos, a quienes pescan sustentablemente y agregan el máximo valor. No es una tarea sencilla, el administrador y, el concesionario, tienen la obligación de explotar todo el recurso posible y sostenible, sin alterar el equilibrio biológico, el ecosistema y, ambiente marino. Ni más, porque el ecosistema se alteraría y se agotaría el recurso; ni menos o aún menos descartando, porque se dejarían de extraer y utilizar recursos generadores de riqueza y empleo y, porque se perderían ingentes cantidades de proteína del más valioso valor biológico.

Según la FAO, un 47% de las reservas pesqueras están explotadas en su totalidad; un 15% sobreexplotadas; un 10% agotadas y un 25% subexplotadas y, el volumen de pescado desperdiciado alcanza a un volumen no menor de 7.290.000 toneladas al año en todo el mundo y a las 300 mil toneladas —como dije— en la Argentina.

En este escenario, ya en 2013 el BID en su “Proyecto de Desarrollo Pesquero Sustentable” informaba que en la Argentina había un 20% de descarte y subdeclaración. Ello nos estaría indicando que los buques argentinos tirarían al mar o no declararían unas 160 mil toneladas de pescados aptos para el consumo humano. Por su parte, la Auditoría General de la Nación en varios informes manifestaba que «no hay sanciones y el Instituto de Investigación (INIDEP) precisa que los buques no usan mecanismos de selectividad adecuados y tiran unas 32 mil toneladas de merluza/año». En igual sentido, el Informe Técnico Oficial 32/15 (Santos-Villarino, INIDEP) decía que «se descartan entre 52.000 y 108.000 toneladas de merluza hubssi por año» a lo que hay agregar todas las especies consideradas “no comerciales” que igualmente se descartan una vez que son capturadas. Y el mismo informe indicaba: «Persiste una mayor presión pesquera sobre el grupo de 2 años (juveniles)», es decir, que además de depredar —porque el inicio de la madurez ocurre a los 2,6 años— se impide el crecimiento de estos ejemplares, que no alcanzan todo su desarrollo y peso, con la consiguiente disminución del stock y volumen pescable. Este informe, ya en 2017 indicaba, que el grupo de edad era de 2,2 años, continuando la depredación y, en la pesca incidental del langostino fue de un promedio de 1 año, es decir que desde hace unos diez años la captura es sobre los juveniles, en transgresión a la Ley de Pesca 24.922 (Art. 21º inc. o).

De estos informes se puede inferir el descarte al mar de unas 300 mil toneladas de pescados anuales, de la mejor calidad y aptitud para el consumo humano y, a todo este brutal descarte al mar de proteínas, habría que agregar los residuos que se descartan al mar sin fabricar harinas en los buques congeladores, otra importantísima fuente de proteína.

La Unión Europea ya declaró el “descarte cero” desde enero de 2014 y, en la Argentina se prohíbe el descarte desde 1998 (Art. 21º Ley 24.922), con cuya materia prima se resolvería el hambre de tres millones diarios a los niños y adolescentes argentinos. Dar solución a esta cuestión dramática, reduciría el hambre y la pobreza y, cumpliría con el derecho básico a la alimentación reconocido en nuestra Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y, consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Ex asesor en la Honorable Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, escritor, autor de 26 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de la Entrega”, 2009) y articulista de la especialidad. En prensa: “Argentina. La Casa Común. La Encíclica Laudato Si’ El Cuidado de la Casa Común. Comentada”, 2021. Miembro de la SAEEG.

 

Nota publicada en El Economista, 06/10/2021, https://eleconomista.com.ar/debates/pobreza-descarte-pescados-mar-n46651

 

¿EXISTE LA DEFENSA NACIONAL?

Comandante Espuela (Revista Tiempo GNA*)

Cuando vivía el Grl Charles de Gaulle, una periodista queriendo tenderle una trampa le preguntó: ¿Para qué sirven las FFAA?: Él no se dejó atrapar y respondió: “No sirven para nada excepto para cuando se las necesita.”

 

La aparición de Chile reclamando territorio soberano argentino históricamente no es nuevo. Desde el siglo pasado Chile mira con apetito la Patagonia y no fuimos a la guerra porque el Gral. Pablo Riccheri, sabiamente en 1901 dispuso la creación del servicio militar obligatorio y equipó al Ejército con armamento adecuado y algunos cañones comprados por él, aún se ven en la entrada de algunos edificios militares. Por esa decisión reinó la paz. Hace décadas que autorizadas voces hablan de los peligros de la destrucción de las Fuerzas Armadas, iniciada a partir de 1983. A ningún político le agrada referirse a la Defensa Nacional, pero en el mundo que vivimos no tener FFAA que cumplan con lo establecido por la CNA es como dormir con la puerta abierta en un barrio peligroso. El mundo avanza irremediablemente a una aguda crisis de alimentos, las flotas pesqueras asiáticas que depredan los mares es una de las pruebas. Hoy no tenemos poder militar ni para enfrentar a Sierra Leona. Algunos vecinos nuestros saben que políticamente no somos capaces de oponernos militarmente y aprovechan nuestras debilidades. Lo más insólito es que “Argentina invierte en defensa menos de lo que EEUU le impuso a Japón como ‘castigo’ (el 1% del PBI) luego de vencerlo en la Segunda Guerra Mundial. Aquí el castigo no viene de ningún otro país, es interno, es autoinfligido y está “naturalizado”. Único caso mundial.

Añoranzas

Para el año 1896 Argentina poseía de 44 batallones de Infantería, 42 escuadrones de Caballería y 32 baterías de Artillería, luego en 1902 sus fuerzas se completaron con una Armada poderosa. En 1928, Argentina era la sexta potencia en el mundo. Más tarde en la década de 1940 casi no tenía analfabetos y la población universitaria era de las más altas del mundo. Para los años ‘50 las FFAA argentinas estaban en el número dos de América, atrás de los EEUU y del Brasil.

Esa prudente previsión le significó al país disuadir a cualquier vecino de apropiarse de tierras nuestras y vivir en paz. Eran épocas que la Defensa Nacional era política de Estado.

¿La indefensión es política de Estado?

Ya vimos que gracias al Gral. Pablo Riccheri, desde 1901 reinó la paz en el Sur Argentino, pero luego todo cambió a partir de 1982. El cierre en 1996 de la planta Fábrica Militar de Armas Portátiles “Domingo Matheu” en la ciudad de Rosario, marcó el inicio de una destrucción imparable en la fabricación de armamentos. Después de 38 años sin inversiones aceptables en las FFAA, se considera que la “indefensión es Política de Estado”. Hay varios ejemplos lamentables pero basta uno sólo, el submarino ARA San Juan, desapareció en el mar el 17 de noviembre de 2017, pero se dice “comenzó a hundirse” el 30 de octubre de 1983 con la llegada otras políticas.

Desde entonces los argentinos no sabemos qué hacer con las fuerzas armadas.

Insólitamente Chile ahora pretende proyectar su plataforma continental al Este del meridiano 67º 16´ 0, contradiciendo el Tratado de Paz y Amistad firmado con Argentina en 1984, como solución al conflicto territorial por el Canal de Beagle. Chile en el Pacífico, Argentina en el Atlántico, es el lógico acuerdo que mantuvo el equilibrio en Suramérica por 37 años y podría esfumarse. Ello es debido que las FFAA de Argentina languidecen por falta de presupuesto adecuado, tan grave es esto que en caso de algún conflicto bélico es probable que se pierda territorio. Ningún organismo internacional puede garantizar nuestra integridad territorial, la capacidad de autodeterminación y la libertad de nuestra Nación. Es una función indelegable del Estado.

Sin hipótesis de guerra Argentina podría suicidarse

La defensa nacional, sea terrestre, naval o aérea y sus distintas variantes no es un problema ideológico, sino del cuidado de intereses vitales en lo geopolítico y estratégico de una nación. Sin embargo algunos “expertos” en temas de Defensa, suelen opinar acerca de la inutilidad de instituciones armadas paquidérmicas, sosteniendo que son arcaicas, onerosas, poco ágiles, nada efectivas y con macrocefalia burocrática y que sería preferible tener unidades dinámicas ligeras.

Es decir tener un león joven en vez de un elefante viejo. Todo bien, salvo que si el león está mal alimentado, viejo, sin dientes y sin garras tampoco sirve. La Defensa Nacional es como una póliza de seguro; hay que contratarla aunque sea cara, porque más costoso puede ser no tenerla. Los conflictos internacionales existen y en un par de semanas podrían volverse incontrolables. Es un grave error decir que un país de las dimensiones de Argentina no existen hipótesis de conflicto. Éstas debidamente estudiadas, permiten planificar acciones tendientes a prevenir o superar eventuales agresiones. La historia militar indica que cuanto más preparados estemos para enfrentar un conflicto violento, menos probabilidad existe que ocurra. La debilidad de un país tienta invariablemente a la agresión; mantener esta situación es abdicar a la defensa y renunciar a la posibilidad de decir ¡No! en el marco de las relaciones internacionales. Tener FFAA en proporción al territorio facilita a la diplomacia el logro de sus objetivos evitando una guerra.

Henry John Temple, Lord Palmerston, fue dos veces primer ministro de Gran Bretaña a mediados del siglo XIX. Decía que “Inglaterra no tiene amigos permanentes ni enemigos permanentes. Inglaterra sólo tiene intereses permanentes”. Así funciona la política internacional. 

No tener Código de Justicia Militar es otro absurdo

Las FFAA Argentinas desde el 2008, es en el único país del mundo que no están bajo jurisdicción de un código de justicia militar.

Los efectivos militares ahora son juzgados por la Justicia Federal sobre la base de los códigos Penal y Procesal Penal. La disciplina es la columna vertebral de todo ejército, sin ella fuerzas enemigas podrían obtener la victoria sin disparar un solo tiro. Decía Domingo Faustino Sarmiento: “El Ejército es un león que hay que tener enjaulado para soltarlo el día de la batalla”, a lo que agregaba Carlos Pellegrini: “Esa jaula es la disciplina y sus barrotes son las ordenanzas y los tribunales militares, y sus fieles guardianes son el honor y el deber”. Para la reconstrucción de la capacidad defensiva de nuestro país será imprescindible contar con un código de justicia militar del que hoy se carece. ¿El lector se imagina que un jefe de regimiento se niegue rechazar una invasión enemiga porque vulnera los DDHH y que espere a ser juzgado por un Juez Federal meses después…? Un verdadero disparate que debería figurar en el libro “Guinness World Records”.

“Si vis Pacem Para Bellum”

Nunca como en estas épocas tiene aplicación esa añeja máxima latina. Las emergencias bélicas se producen en semanas, alguna vez podría ocurrir y los responsables de la vulnerabilidad militar Argentina tienen nombre apellido y DNI. La historia los juzgará, y ellos como sus descendientes serán repudiados.

* Revista independiente para el personal de la GNA, Tiempo GNA, Nº 60, septiembre de 2021.