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A CONFESIÓN DE PARTE. RELEVO DE PRUEBAS. EL SUBSECRETARIO DE PESCA LIBERMAN CONFIESA SU INCAPACIDAD.

César Augusto Lerena*

Carlos Liberman fue director nacional de Coordinación Pesquera (2011/15); miembro del Consejo Federal Pesquero durante el gobierno del presidente Macri (2016-2019); secretario de Pesca de la Provincia de Santa Cruz (2017/19) y pocos meses después de cumplir dos años en ese cargo, asumió como Subsecretario de Pesca el 10/12/2019. Foto: TiempoSur

“A confesión de parte, relevo de pruebas”, es un axioma jurídico que significa que quien confiesa algo nos evita tener que probarlo. De la perspicaz entrevista realizada por Karina Fernández y Guillermo Nahum al subsecretario de pesca Carlos Damián Liberman, para la Revista Puerto y publicada en este medio el 03/08/2021, surge con claridad la incapacidad del subsecretario de pesca Carlos Damián Liberman para administrar los recursos pesqueros del Estado; su falta de sentido común y de oportunidad, dañando al sector empresario, al trabajador y al ecosistema, además de evidenciar la aplicación de un modelo pesquero que provoca la generación de bajo valor agregado, concentración y generación de subsidios por la pérdida del trabajo.

No tocaremos una sola letra de esta excelente entrevista (no solo las preguntas sino también las repreguntas, no siempre frecuentes en los periodistas) que desenmascara lo peor que pasa en la pesca: este buque no tiene capitán o, peor, el capitán carece de toda aptitud y actitud para administrar con equidad un recurso del Estado, poniendo en riesgo no solo importantes inversiones privadas; el trabajo de miles de familias que dependen de este sacrificado empleo; precarizando la ciencia y la técnica y, aún más grave, si se puede más, colocando el recurso en una situación de alto riesgo, admitiendo pescas insostenibles e insustentables. Y esta entrevista que hay que agradecerla a los periodistas, también hay que admitir el sincericidio de Liberman, reconociendo gravísimos errores y cuestiones pendientes sin resolver tras desempeñarse como director nacional de Coordinación Pesquera (2011/15); miembro del Consejo Federal Pesquero durante el gobierno del presidente Macri (2016-2019); secretario de Pesca de la Provincia de Santa Cruz (2017/19) y a pocos meses de cumplir dos años como Subsecretario de Pesca (10/12/2019). No puede Liberman echarle la culpa al gobierno anterior (como es habitual en la política), porque formó parte de la estructura del área con cargos jerárquicos con facultades para sugerir, elaborar y ejecutar la política pesquera desde hace 11 años. Algo debería haber aprendido y conocido.

Aquí la entrevista textual de Revista Puerto, con algunos comentarios míos:

Revista Puerto: «…La entrevista comenzó con una conversación informal sobre la falta de trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores en la gestión de acuerdos comerciales. Siendo un tema que en cierta forma escapa a sus posibilidades de acción, el Subsecretario planteó hasta dónde pudo llegar con la rebaja de aranceles para mejorar las posibilidades de ingreso a los mercados para el sector pesquero».

Es muy llamativo el diálogo y el reconocimiento de los límites comerciales que tiene el subsecretario del área, en especial, porque, más allá de estos límites que el subsecretario tendría en esta materia central, el Canciller Felipe Solá, especialmente, solicitó agregar a su Ministerio de Relaciones Exteriores el “Comercio Exterior”.

Carlos Liberman: «La pesca es observada como una actividad extractivista, pero yo no creo que se pueda comparar con el sector agroganadero en relación con la generación de divisas y cantidad de trabajo que genera. Como equipo que somos, cuando el Estado tenga una menor necesidad de la que tiene hoy de recaudar más divisas por vía de la exportación, seguramente iremos a un esquema de aranceles que será superador del que tenemos. El de hoy es mejor que el que estaba antes, en el que todos pagaban lo mismo, independientemente de cuánto empleo generaban y de cuánto producto transformaban en Argentina. Cuanto más nos alejemos de Las venas abiertas de América Latina, más tenemos que reconocer y acompañar como Estado. A mí no me resulta indiferente que se produzca en Argentina o en Perú, China o algún lugar de Asia o España».

El subsecretario manifiesta que «la pesca es observada como una actividad extractivista» y ello no es solo una mera “observación de terceros, sino una información que surge del análisis de las estadísticas de responsabilidad del subsecretario (Art. 7º inc. i de la Ley 24.922) publicadas por esa dependencia y de la propia intencionalidad y apoyo que Liberman da al modelo extractivo, como se aprecia en los resultados y puede verse en la entrevista del 12/12/2019 de Pescare.com.ar que este medio le efectuó a dos días de asumir el cargo de subsecretario: “¿No crees que esa problemática también es consecuencia de un cambio en el modelo de negocio, de una industria que se vuelca cada vez más hacia el congelado?: «Mira, a partir de la experiencia de la que vengo (Santa Cruz), nos sentamos con los gremios, las empresas y nos dimos una lógica con un Estado presente que permitió que el empleo crezca de una manera significativa». ¿Tu idea es replicar ese modelo a nivel nacional? «Sí…».

En la misma ocasión este funcionario reconocía que la actividad había crecido y el trabajo decrecido: «Si bien reconozco que la actividad hace un período importante de años viene creciendo en términos de exportaciones (…) la generación de empleo cayó en algunos puertos como el de Mar del Plata. Creo que hay problema real (…) Hay que mejor la matriz productiva porque evidentemente existe un problema de empleo real. El procesamiento de pescado en tierra es un tema central»

El relato de Carlos Damian es, como vemos, absolutamente contradictorio y hasta aquí todavía no se ha referido a la devolución de cuotas de merluza que, obviamente, de haberse procesado a través del titular del empresario concesionario o un tercero, con destino a la exportación o el consumo interno el trabajo hubiera crecido, del mismo modo, si las capturas hubiesen estado mayoritariamente en manos de fresqueros en lugar de congeladores. Por cierto, habría que recordar que el consumo de pescado en la Argentina (6,5 kg/per cápita) es más bajo que el promedio mundial en los países emergentes al igual que en los desarrollados (19 Kg/per cápita).

(RPuerto): “En este acompañamiento del Estado entran los planes sociales. Es innegable que muchas personas los necesitan porque el sistema genera excluidos. ¿Pero considera que pueden estar afectando negativamente en sectores como la pesca que requiere empleos temporales?”

(Liberman): «El plan social es una medida que intenta contener a gente que quedó desclasada en diversas épocas de nuestra historia, y el Estado tiene que atenderlo; que después eso tenga incidencia en el empleo, puede tenerla, pero, primero esa gente debe tener posibilidades de acceso a los alimentos y al sostén de su familia. Puede ser que tenga incidencia… Pero si lo asociamos al langostino, yo hago otro acople, lo vi en el sur. Procesar merluza pude ser más rentable en un lugar que en otro, pero lo que lo hacía viable era añadir langostino; sin ser un subsidio el langostino fue el gran oxigenador de la producción de merluza. Si hubo un problema en Mar del Plata, tiene que ver con la falta de regularidad en el aprovisionamiento de una materia prima que pudiera ser rentable y si el langostino comienza a procesarse en esas plantas en los momentos en que la merluza no es rentable, se resolverá gracias a la rentabilidad del langostino».

Liberman intenta demostrar que la provisión de langostino opera como subsidio al procesamiento de la merluza, pero ello está en abierta contradicción con la devolución de cuotas de merluza. En este punto queda claro que la subsecretaría ha sido incapaz de administrar el recurso. La sostenibilidad del recurso y la sustentabilidad de la actividad van de la mano. Sobreexplotar el recurso es tan grave como subexplotarlo. No sirve dar sostenibilidad a las especies sino no damos sustentabilidad a las empresas y el empleo.

(RPuerto): “En Mar del Plata, la falta de aprovisionamiento de materia prima arrancó en 2012 cuando el Consejo Federal Pesquero permitió devolver cuota de merluza sin penalización, como consecuencia del paro del SiMaPe. Allí comenzó el cierre de muchas plantas, la falta de explotación fue justificada, pero luego se siguió permitiendo sin justificación y esos puestos de trabajo no se recuperaron”.

(Liberman): «Ahora lo cambiamos, hasta el año pasado se podía devolver el ciento por ciento de la cuota y eso no implicaba ninguna penalización. La primera persona con la que me junté en este despacho cuando asumí, fue Cristina Ledesma y le pregunté qué pensaba y me dijo que el calamar debiera reprocesarse y la merluza no debería poder devolverse. Le dije que creía que había que llevarlo de forma gradual pero que tenía razón y este año dijimos que solo se puede devolver la mitad, con lo cual todos los buques merluceros arrastreros dejaron de tener esa posibilidad».

Llama la atención que el subsecretario se olvide que desde el 2011 se desempeñó como director nacional de Coordinación de Pesquera y que en el período que refirió en el que el Consejo Federal Pesquero (CFP) admitía la devolución del 100% de la cuota él era consejero y no hay votos contrarios suyos a esta decisión. Es insostenible también aceptar una devolución del 50%. El funcionario deja claro que no conoce el alcance del término “Administración” por la forma que maneja la disponibilidad y uso de los recursos del Estado. Es raro también, que haya tenido “demagógicamente” que consultar a la secretaria del SOIP respecto a la situación laboral de la pesca porque, entiendo, que debería conocer la dramática reducción de afiliados en este gremio en la última década con relación a las décadas 70/80, y ello debería haberle servido para evaluar el modelo extractivo y de congelación a bordo que ha promovido todos estos años, incluso en el período derivado de su participación en el Consejo durante el gobierno de Macri. La gradualidad a la que refiere es un criterio burocrático y no se puede manejar un negocio de dos mil millones de dólares anuales con gradualidad sin causar daños al sector. Grandes problemas requieren grandes soluciones y no se resuelven administrando la crisis. Pero el burócrata es poco probable que lo resuelva, para eso hay que haber pagado alguna quincena y, en la pesca, como dice el dicho: “hay que mojarse el c…”.

(RPuerto): “¿Pero por qué se les sigue permitiendo devolver el 50 por ciento si eso también desvirtúa el Régimen de cuotificación por el que se les otorgó esa cuota?”

(Liberman): «Te doy la razón, tiene ese efecto. Es un error que la administración tiene que asumir y lo hablé con las cámaras, con las que lo devuelven y con las que lo piden. Pero ahora también cambiamos la prioridad en la asignación, porque se les daba prioridad a los fresqueros, pero los dos lo podían pedir al mismo tiempo y terminaba siendo una abstracción. El año pasado hubo un piso de ocho mareas para los fresqueros y si había remanente, podían recibir los congeladores, este año se hace más pesado porque pueden devolver solo la mitad. No tengo un problema con el congelador, pero considero que había una tendencia que ponía en una situación de mayor debilidad a los fresqueros y la falta de aprovisionamiento de materia prima los hacía cada vez más débiles, porque van al mismo mercado; si tienen menos stock, tienen menos margen de rentabilidad. Todo ese ciclo hacía que el fresquero se perjudicara un poco más».

Sinceramente, Carlos Damián, por momentos más que un subsecretario pareciera ser el relator de un partido. “La administración tiene que asumir” (¿?) No señor subsecretario, usted es el responsable de que una empresa cierre, que despida operarios o pierda competitividad. ¿No contestaba al periodista minutos antes, que la pesca se “observaba como extractiva”? Es extractiva y, basta ver las estadísticas de exportación y el procesamiento de materias primas argentinas en terceros países intermediarios e importadores que transforman en destino. Pero, hay todavía algo más importante que los periodistas le preguntaron: “…devolver el 50% también desvirtúa el Régimen de cuotificación por el que se les otorgó esa cuota?” que el subsecretario no contestó y ello es central, primero, porque se desvirtúa el otorgamiento de cuotas que fueron otorgadas en función de un proyecto que la empresa no cumplió con la complicidad del responsable de administración (Art. 7º inc. a y f, Art. 27 de la Ley 24.922) y segundo y, fundamentalmente, porque es imposible planificar una administración eficiente (Art. 7º inc. a, Art. 9º inc. a y f de la Ley 24.922). Este solo hecho, demuestra en forma categórica que el subsecretario y presidente del Consejo Federal Pesquero incumple con la Ley 24.922 y lleva una administración ineficiente de los recursos del Estado.

(RPuerto): “Parece un poco naif porque dejaron de explotar la merluza porque les convenía explotar el langostino. Ese fue el motivo por el que devolvieron la merluza”.

(Liberman): «Los que iban al langostino sí».

Liberman confirma que los que iban a la pesca de langostino dejaron de pescar merluza y lo dice con una ligereza casi rayana a la inimputabilidad. Él, primero, como consejero, autorizó a los empresarios a devolver el 100% y ahora autoriza a devolver el 50%. Entiendo que la contestación es suficiente para iniciarle una acción por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Le recuerdo al subsecretario que él no es un relator de lo que ocurre en la pesca, él es responsable de lo que pasa en la pesca. La función del empresario que ha recibido la cuota de captura es cumplir con las condiciones pactadas a la hora de otorgársela y, la del Subsecretario monitorear que ello ocurra. El daño patrimonial para el Estado de la devolución de cuotas, sean 100%, 50% o 10% es gravísimo respecto al desarrollo poblacional e industrial y de generación de recursos económicos, pero los efectos sociales y laborales son más graves aún, en un país con un 45% de pobreza y un 13,1 de desocupación. Sin evaluar los efectos negativos estratégicos, que esta administración paupérrima, ocasionan.

(RPuerto): “Es la mayoría de los que devuelven la cuota de merluza”.

(Liberman): «Pero los arrastreros de más de 40 metros que solo van a merluza pasaban por ese ciclo negativo».

La cuestión no tiene relación con la pandemia; es producto de una mala administración, que lo tiene como responsable desde hace once años, en los que ocupó funciones jerárquicas relativas a la pesca.

(RPuerto): “Los fresqueros siempre tuvieron muy buena prensa y siempre han ido ganando terreno, eso se vio en la cuotificación de la merluza y más claramente en el langostino. El aumento de buques en esta pesquería ya fue señalado por el INIDEP como una señal de preocupación. Sin embargo, continúan aprobando reformulaciones. ¿Por qué siguen aumentando el número de barcos?”

(Liberman): «El primer motivo es que jurídicamente si un administrado se presenta y pide que la administración le resuelva algo a lo que tiene derecho, hay que resolverlo. La segunda cuestión es cómo sigue, la verdad es que no sigue igual que como veníamos. Las tres reformulaciones que se aprobaron primero son menos y segundo se ponderó de forma diferente el cupo de captura. La cantidad de cupo que se les otorgó es notablemente menor al que se les otorgaba antes, porque el variado costero se ponderaba al 90% y se transformaba en una autorización para todas las especies y eso no existe más».

No hay reformulación de fresquero a congelador o de aumento del esfuerzo pesquero u otro que modifique las condiciones que fueron aprobadas que se encuentre autorizada por la Ley 24.922 y por el contrario se encuentran absolutamente prohibidas, se trate de una o cien. Además, muchas veces eso sólo significa la modificación de la política de distribución equitativa de cuotas y autorizaciones. Por otro lado, sería interesante recordarle al subsecretario que en su calidad de miembro del Consejo Federal Pesquero que presidía el macrista Juan Bosch no se opuso al DNU 145/19 (Luego Ley Pinedo) que permitió poner como garantía ante las entidades bancarias o de crédito las cuotas o autorizaciones de captura, recursos que son patrimonio del Estado Nacional o Provincial en su caso y, otorgar un aumento de la cuota a la construcción local. Estas dos cuestiones —y otras que el DNU incluyó— son suficientes para que en lugar de ser el CFP y el Subsecretario quién administra el recurso sea un astillero privado quién modifique el esfuerzo pesquero o una entidad bancaria pueda quedarse con recursos que es de propiedad del Estado y quien debe administrarlo.

(RPuerto): “En la última reformulación, según los números que constan en el Acta, se otorgó más del 80 por ciento y por otra parte se tomó como captura histórica promedio de una lancha amarilla 600 toneladas. Los registros de esa lancha son de aproximadamente 100 toneladas por año”.

(Liberman): «Yo no recuerdo si la historia daba 100, 200 o 300 toneladas, lo que sí sé es que sale de las bases oficiales de la Subsecretaría de Pesca. Es una lancha que dejó de operar hace mucho tiempo y antes operaban a mayor volumen que ahora».

En este punto Carlos Damián más que apelar a la memoria debería acercarse al legajo y demostrar categóricamente que no hubo una reformulación fraudulenta. Y además entre 100 a 600 hay 500 toneladas de diferencia. El Estado debe hacer públicas estas informaciones y a la sola pregunta debe aportar las pruebas correspondientes para evitar actos de corrupción o de mala praxis.

(RPuerto): “Puede ser que capturaran más pelágicas, pero si llevaba muchos años inactiva se entiende menos. Volviendo al número de buques. ¿Hasta cuándo piensan seguir admitiendo el ingreso de barcos?”.

(Liberman): «El número de barcos es grande e importante para una pesquería que es grande e importante, la pesquería era mucho más chica hace doce años y había menos barcos, la administración tuvo en ese momento una disyuntiva, si queríamos generar la mejor administración del recurso con más barcos, mayores capturas, mayores niveles de actividad productiva en las plantas en tierra y mayores ingresos de divisas, íbamos a necesitar más barcos. Lo que sin dudas se puede seguir mejorando es la administración del recurso y las formas en que se pesca. Podemos tener pocos barcos y pescar peor, si no tenés un control sobre si se pesca de noche, con cien buques pescás como si fueran doscientos. El incremento del esfuerzo pesquero puede tener que ver con la práctica pesquera y no tanto con el número de buques, podemos tener muchos buques y hacerlos pescar menos. En el norte se pescaba libremente».

Si bien es “esfuerzo” es fundamental, la subsecretaría de pesca no tiene capacidad de control alguno (ver más adelante la cuestión de control por monitoreo). No solo no se controlan las capturas, los descartes, etc., sino que hay informes de la AGN y del propio INIDEP que los partes no coinciden con los desembarques y es vox populi la sustitución de especies, al margen de que la Subsecretaría de Pesca no tiene capacidad, ni hace control de stock ni ha precisado los rendimientos en los procesos a bordo y en las plantas industriales. Su respuesta es obvia, pero la subsecretaría carece de la suficiente información para llegar a un diagnóstico certero. En las condiciones actuales de falta de información y control, más barcos significan teóricamente más esfuerzo. Una respuesta evasiva.

(RPuerto): “Iban muy pocos barcos al norte hasta hace un par de años”.

(Liberman): «Pero llegaron a pescar 20 mil toneladas y si están mejor manejadas y con ayuda del ambiente quizás nos permitan dar el salto que dimos al sur, no digo de 200 mil toneladas, pero muchas toneladas más. Antes, todos tenían el despacho habilitado en el norte y se pescaba un 60 por ciento de hembras impregnadas. El año pasado le expliqué al sector que tenemos que hacer una apuesta, porque si pescamos mejor en el norte, si pescamos cuando los niveles de hembras maduras se reduzcan al 30 por ciento, salvaguardamos a un conjunto de hembras que van a seguir migrando hacia el norte y van a desovar. Si responde como pasó en el sur podemos mejorar las capturas, por eso le pedí al INIDEP que la primera campaña del buque Mar Argentino sea en busca de langostino en la zona de El Rincón o en litoral bonaerense para saber si la medida es conducente».

El subsecretario debería recordar que su obligación es cumplir con el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo. Y en la Zona Común la pesca argentino-uruguaya debe mantener la proporcionalidad en las capturas, cuestión que no ocurre, con un grave perjuicio para la industria nacional.

(RPuerto): “Es sabido que se preocupa por estudiar y se pueden reconocer las buenas intenciones de pescar más y mejor. Pero precisamente con ese razonamiento, no se entiende por qué se sigue trabajando sin datos de observadores en la flota fresquera durante la temporada, cuando los investigadores han indicado públicamente que la forma de trabajar de este sector le hace daño al langostino.

(Liberman): «Hay empresas que son más diligentes que otras tengan fresqueros o congeladores, creo que hay muchos preconceptos y hay mucho por mejorar. La realidad se presenta con todo ese degradé de cosas buenas o malas. Para saber si se pesca de noche le pedí a la Dirección Nacional que prepare un informe con diversos niveles de análisis: cuánto tarda un buque en llenar la bodega y llegar a puerto y cuánto tardan en la misma zona buques de similares características; y que lo contraponga con los datos de captura por unidad de esfuerzo para esa área y días determinados que me da el INIDEP. Así podremos empezar a tener un entrecruzamiento para ver si efectivamente pescan de noche. El SOMU me dice que son el mejor reaseguro porque si pescan de noche les paran los buques, yo no tengo que quedarme con esa tranquilidad, yo tengo la obligación de controlar que no pesquen de noche. Pareciera que puede haber algún incidente aislado, pero en términos generales no pescan de noche, pareciera… lo vamos a ver y si lo detectamos lo vamos a infraccionar».

¿De noche no controlan a los buques extranjeros? La falta de Observadores capacitados, confiables y bien pagos, es central. ¿Quién evitaría la depredación, el descarte y les proveerá la información?

(RPuerto): “El INIDEP habla de toda una forma de trabajar, no puntualmente de pescar o no de noche. El fresquero no tiene el cuello de botella de un congelador en la producción, lo que permite tener una captura menos voraz y más ordenada”.

(Liberman): «Claro, ese cuello de botella no existe. Yo no quiero hacer una defensa de cómo pescan los fresqueros, pero no es tan fácil establecer un límite a su capacidad de pesca diaria porque tiene que ver con su curva de rentabilidad, si está mucho tiempo en el agua va a empezar a desperdiciar el langostino que capturó, lo que sería peor; y sobran ejemplos de langostinos que llegan negros y a veces podridos. A toda la pesca del langostino hay que seguir mejorándola y controlándola. La discusión está abierta, la caja, cajón o cajita también fue una discusión, hay quienes creen que la cajita permite un mejor aprovechamiento del recurso».

A esta altura, cabría hacer las siguientes preguntas: ¿después de 11 años interviniendo en la administración la seguirá manejando a prueba y error? ¿No fue Carlos Damián secretario de Pesca en Santa Cruz? Más que discutir el “qué debería estar resolviendo el “cómo”. Porque ya se le pasaron casi dos años mientras resuelve como administrar más adecuadamente los recursos el sector. ¿Toda la pesca del langostino hay que seguir mejorándola y controlándola? Pues bueno, no conozco subsecretario que lo haya hecho, el sector pesquero está vivo por la voluntad de los actores: empresas y trabajadores. No estaría mal que se resuelva hacerlo.

(RPuerto): “Por otro lado, permite aumentar la capacidad de la bodega”.

(Liberman): «Te permite estibar más porque se aprovecha mejor. Tenemos la dicotomía de cómo aprovechamos mejor lo que pescamos, si pesco menos y aprovecho menos o si pesco más y aprovecho más. En definitiva, pescamos para producir y exportar más».

No hay tal dicotomía señor subsecretario de Pesca Carlos Damián Libertad. Ninguna de las dos opciones es la adecuada. Hay que pescar menos y aprovechar más. Esto se llama sostenibilidad. Es agregar valor y llegar a las góndolas. Con los mismos recursos generar más empleo y más divisas para el país y recursos económicos para las empresas y sus comunidades. Esto se llama “Responsabilidad Social”.

(RPuerto): “¿Cómo van a solucionar el tema de los observadores?”

(Liberman): «El fresquero puede realizar prospecciones, pero está claro que los congeladores tienen mejores posibilidades para realizarlas por las características del buque. No se trata de ver quién es más voluntarioso sino quién tiene una mejor herramienta».

(RPuerto): El INIDEP reclama presencia de observadores durante la temporada, no en las prospecciones.

(Liberman): «Tenemos una enorme limitación con la pandemia que nos redujo una planta de observadores, que ya era reducida, a menos de la mitad. No tenemos suficientes observadores, estamos trabajando en el embarque, pero lo tenemos que hacer con la gradualidad que permite el personal con el que contamos. También estamos formando nuevos observadores en la Nación y en la Provincia, porque la mayoría de los observadores están en Mar del Plata y al langostino lo tenemos en el sur, necesitamos un INIDEP más federal».

Y qué tal Liberman si contesta cuando se va a resolver el tema de los observadores. El Estado tiene que cumplir el rol de policía que le asigna la ley y para eso cobra tasas e impuestas. Al margen de ello hay otras dependencias que en igual situación de dificultad de recursos económicos ha resuelto el problema. Se necesitan observadores, como dije, capacitados, honestos y bien pagos.

(RPuerto): “Uno durante muchos años ha visto que había cosas que no se podían hacer desde lo legal, como pasar cuota de fresquero a congelador, permiso de fresquero a congelador y era inimaginable que una lanchita que nunca vio un langostino se convirtiera en un barco con autorización para pescar miles de toneladas de langostino. Pero todo esto con los años se fue permitiendo y ahora si tuviéramos un año de 100 mil toneladas de langostino, el desaguisado administrativo que se generó sería un verdadero problema. ¿Cómo piensan resolverlo?”

(Liberman): «Si tuviéramos 100 mil toneladas de langostino tendríamos un problema grave, tanto en el langostino como en la merluza por la falta de rentabilidad, tendríamos un lío enorme con los miles de trabajadores que están esperando el langostino y los miles de trabajadores que pueden hacer merluza gracias a que las empresas también hacen langostino. Mi mirada más sincera sobre el tema es que el variado costero estaba en una situación peor que la que está hoy, la merluza estaba en una situación peor que la que está hoy y el langostino estaba en una situación peor que la que está hoy. La traslación del esfuerzo pesquero del variado costero y la merluza al langostino tuvo varias características que hay que resaltar para bien, primero permitió frenar la curva de caída en el variado costero, ayudó a la recuperación de la merluza porque dejamos el ambiente tranquilo, y en tercer lugar al langostino lo pescás o se va a morir en dos o tres años. Permitir descomprimir la presión en otras especies fue un acierto. En el 2004 cuando llegué a la pesca, se exportaban 800 millones de dólares, trayendo recursos que estaban más comprometidos que hoy, en 2015 ya exportábamos 1.600 millones de dólares y al mismo tiempo se trasladó el esfuerzo sobre recursos que estaban comprometidos hacia un recurso que se ofrecía en expansión».

Lo que refiere Liberman no es cierto ni inocuo. ¿Cómo explicaría el subsecretario el crecimiento de los desembarques y de las exportaciones y el simultáneo decrecimiento del empleo? Se profundizó la concentración empresas y el modelo extractivo y, como dije, este funcionario no es ajeno porque desde hace 11 años se ocupa de formular la política, coordinar y conducir la administración pesquera. El término “hicimos” no es el adecuado. Se hizo a costa de la quiebra de las pequeñas embarcaciones; de las medianas y pequeñas empresas industriales integradas o no; de los trabajadores que perdieron el empleo y la precarización laboral. La pesca bajo su responsabilidad no tiene plan que contenga a la actividad con equidad y le dé un marco un margen mínimo de seguridad a la producción.

(RPuerto): “Pero la pregunta apuntaba a los temas legales de acceso al recurso langostino y los derechos adquiridos que se intentarán hacer valer al momento de una menor abundancia o, por qué no, a una hipotética cuotificación como prevé la ley. Esto ya pasó con la merluza: hubo decenas de barcos que pescaron años sin permiso para esa especie a los que, sin embargo, hubo que reconocerles esas capturas y darles un cupo en igualdad de condiciones con quienes la pescaron legalmente. Hay barcos que hoy pescan varias veces su cupo de langostino y muchos de ellos accedieron a esa pesquería con permisos de barcos que nunca en su historia habían capturado ese crustáceo”.

(Liberman): «Todo siempre se pone en jaque si no tenés una buena zafra. Va a ser cada vez más difícil para quienes integren el Consejo Federal Pesquero, porque todo depende de seguir teniendo buenas zafras. Quien el día de mañana sea subsecretario, también va a tener más problemas que yo por la manera en que administramos las aperturas y los cierres en la zona de pesca para el langostino. Antes se habilitaban bandas longitudinales y ahora es por cuadrante, son 9 cuadrantes de un grado por un grado. El sector se quejó porque generaba canchas chicas, pero es la mejor manera de controlar que no levanten L4 y L5 o merluza. Esas medidas junto con la del norte son las que tenemos que seguir perfilando para poder sostener una pesquería de 200 mil toneladas, también jugará un rol importante el ambiente».

(RPuerto): “Concretamente, ante un escenario de 90 mil toneladas, ¿quiénes van a poder pescar?, ¿los que tienen permiso de langostino o se incluirá también a todos aquellos que tienen autorizaciones para especies no cuotificadas?”

(Liberman): «Tenemos, conviviendo en el registro de la pesca, distintas categorías de permisos que fueron otorgados en momentos distintos. Tenemos muchos barcos que fueron generando historia de un permiso que no era para langostino, pero sí para todas las especies, las especies no cuotificadas implican langostino en la medida en que el langostino no se cuotifique. Si el langostino se cuotificase, con ese permiso que no habilita cuoficadas no se podría pescar cuotificadas».

(RPuerto): “Ese es un paso posterior. ¿No se va a contemplar como un derecho adquirido el haber capturado langostino?”

(Liberman): «La ley prevé un período de captura histórica legal que obedece a un momento y esa es la historia que se debe contemplar como ocurrió con la merluza».

(RPuerto): “¿Se piensa en cuotificar el langostino?”

(Liberman): «En merluza se puede estimar la biomasa total, en el langostino es más difícil, el INIDEP no tiene una estimación de biomasa total de langostino que es el requisito sine qua non y a partir del cual se puede definir un proceso de cuotificación. El INIDEP hasta ahora no pudo dar una solución a la tarea titánica que tiene de determinar la biomasa total y quizás no pueda darla. Veo difícil la cuotificación del langostino».

Trataré de no repetir esto; pero, el subsecretario Liberman por momento parece contarnos lo que todos sabemos y, en todo caso, más que relatar que mal que la van a pasar los funcionarios (como si esto fuera importante para alguien) y las empresas, nos debería indicar el “cómo” y hacia “dónde” vamos. El subsecretario es el administrador (por delegación del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, ya que por obra de Felipe Solá en 1998 al aprobarse la Ley 24.922 Menem vetó la secretaría de Pesca) y, por lo tanto, tiene como función investigar, conservar, distribuir, explotar el recurso; ¿le suena Liberman? Para que nos diga que sí se cae la captura de langostino se caería todo no lo necesitamos. Son Uds. “los subsecretarios” y otros tantos representantes del Poder Ejecutivo, los funcionarios del CFP y los diplomáticos asignados a este Cuerpo, quienes han llevado la Pesca a la mono-explotación y a que el langostino subsidie a la merluza; pero resulta, que permite este funcionario la devolución del 50% de las cuotas (¡!). ¿Sabe el subsecretario que la producción pesquera en el mundo, en un 45%, proviene de la acuicultura y la Argentina no llega al 1%? Por supuesto que yo en cuatro hojas no podría ni debería decirle que puede hacer, pero deje de hacer diagnósticos y empiece a aplicar el tratamiento. Respecto a la pregunta al subsecretario en su doble condición de funcionario y abogado se va Carlos Damián por la tangente. Ustedes (los subsecretarios y afines), desde la cuotificación y, ahora con las autorizaciones a la pesca de langostino, etc. Sí dejarán una bomba de tiempo y alguna vez habrá que hacerles un juicio de residencia a los funcionarios, que se van a sus casas, como si nada pasara, lamentándose que mal que la van a pasar los que vienen. Así no va, lamentándose que mal que les va a ir a las empresas cerradas millones de argentinos sin trabajo.

(RPuerto): “Los investigadores del INIDEP hacen un trabajo excelente. ¿Cómo puede ser que no se encuentre una solución para mejorar su situación salarial? Estamos hablando de una industria que genera dos mil millones de dólares y los jefes de Programa en su mayoría ganan menos de 70 mil pesos”.

(Liberman): «Desde el año 2016 tuvimos pérdida del poder adquisitivo, recién este año afortunadamente las paritarias y el nivel inflacionario han empezado a emparejarse y se dejó de caer. A mí la defensa que han hecho ustedes de los trabajadores del INIDEP me parece perfecta, porque efectivamente antes de hacer una mejora ganaban poco y ahora también ganan poco. Lo mismo pasa con todos los trabajadores de la administración pública nacional».

(RPuerto): “¿No se puede encontrar un mecanismo como el utilizado en el CONICET a través del FONAPE para mejorar la situación?”

(Liberman): «Nosotros mejoramos bastante la situación, no resolvimos todas las demandas… Pero hubo recategorizaciones, asignaciones de horas extras, alrededor de cien trabajadores tuvieron mejoras en este sentido».

(RPuerto): “Son cuestiones administrativas que estaban retrasadas y, recibieron solo un bono por única vez”.

(Liberman): «Es todo lo que podíamos hacer, nosotros recibimos un Estado que no es el que dejamos, sueldos del INIDEP que no son los que dejamos, lo mismo en la Subsecretaría, yo mismo gano menos como subsecretario de lo que ganaba como director de Pesca en 2015».

¿No es este un gobierno de científicos? Los argumentos son patéticos. Un país sin ciencia y técnica está condenado a la dependencia y la colonización. Se entiende que hoy por no tener los avances adecuados de la ciencia gastamos ingentes recursos para la adquisición de vacunas. Los científicos argentinos tienen probada experiencia en la fabricación de vacunas, lo que no tienen es política ni reconocimiento y por eso muchos de ellos están prestando sus servicios para países desarrollados, al igual que el INIDEP. Este Instituto de Investigación, en épocas donde las exportaciones de la pesca eran mucho menores (no olvidemos que hoy las exportaciones dependen en un 50% del langostino; digo, Carlos Damián, para que no corra presuroso a decir, “somos el único sector que creció exportaciones” y, se olvide del pequeño detalle que no es obra de la administración, sino del milagro de la naturaleza) se autofinanciaba con aportes empresarios.

Ahora, respecto a su sueldo. ¿Usted Liberman se imagina Gerente de una Empresa, diciéndole al dueño que puede que todo vaya peor mañana y a la par solicitarle un aumento de sueldo? Sospecho que su tiempo sería de descuento. Las empresas no funcionan con una tarjeta de débito de cuenta sueldo. Además, van a tener que revisar sus gastos administrativos y los del Consejo, los que aportan los empresarios al FONAPE. ¿Sabe una cosa? son mucho más altos que los gastos administrativos de Chile y Perú, ambos países que exportan más que la Argentina; y ¿sabe otra?, los gastos del personal administrativo de una empresa para que sea eficiente no deben superar el 7,5%. Creo que habría que ajustar los números porque para que las empresas sean competitivas hay que bajar derechos, reducir el tiempo de devolución del IVA, eliminar los impuestos al combustible, etc. y esa es una función del subsecretario ejecutar o gestionar. En particular cuando buques chinos, españoles, coreanos, taiwaneses, británicos, etc. que operan subsidiados y con trabajo esclavo, compiten en los mismos mercados que Argentina.

(RPuerto): “En 23 años que llevamos haciendo REVISTA PUERTO, hemos conocido subsecretarios de Pesca que no distinguían una merluza de un pato, conocimos en varios períodos una Subsecretaría tercerizada y también una Subsecretaría de Pesca tarifada hasta para hacer lo que correspondía por ley. Sabemos que eso hoy no es así y sinceramente no hemos conocido a nadie que nos diga que ha coimeado por tal o cual tema. Por eso, sinceramente, nos llama la atención y queremos saber por qué se le sigue permitiendo pescar langostino a los nuevos barcos de Moscuzza, sobre todo al José Américo, que es un barco indiscutidamente ilegal para acceder a esta pesquería. Y usted, que entonces era director de Pesca, conoce cómo se gestó ese permiso desde 2015: cuando se aprobó un permiso para un barco de 39,90 metros y no de 47, como finalmente tiene el barco ingresado”.

(Liberman): «Hoy la medida de administración vigente es de 40 metros de eslora de arqueo».

(RPuerto): Al momento de aprobarse estaba vigente la 1113 y la eslora permitida era de 40 metros de eslora total. De todas maneras, el José Américo tiene 44,21 metros de arqueo y 47 metros de eslora total.

(Liberman): «En el registro de la pesca no figura eso, dice que es de 40 metros. Es muy difícil a la hora de acusar a alguien hacerlo sin elementos, porque para decir que están fuera de la ley yo tengo que tener elementos, y yo tengo que prever que lo que certifica la Prefectura es legítimo. Antes de acusar a Moscuzza, debiera acusar a la Prefectura Naval Argentina».

(RPuerto): “Si el certificado que tiene dice 40 metros de arqueo, entonces es falso. El barco que se aprobó es otro barco, no es el que entró. Se aprobó un barco de 40 metros e ingresaron uno de 47 que puede pescar lo que su permiso le habilite, pero no puede entrar a la pesquería de langostino”.

(Liberman): «El CFP le aprobó una reformulación por un barco distinto y luego vino la medida de administración que cambió el límite y se estableció para computar la eslora de arqueo. En el registro de la pesca figura que tiene una eslora de arqueo por debajo de los 40 metros».

(RPuerto): “Le aseguro que eso es falso, una falsificación de documento público. Como funcionario público, si yo presento una nota y documentación que demuestre que el barco tiene más de 40 metros de eslora de arqueo y que estamos frente a un hecho irregular, ¿está obligado a iniciar una investigación para saber si se le está permitiendo a este barco pescar ilegalmente?”

(Liberman): «Lo que tengo que hacer es cotejar los datos que me entreguen con el Registro de la Pesca y consultar a la Prefectura Naval Argentina. Ningún Subsecretario se encargó de la determinación de las esloras, para la Subsecretaría de Pesca lo que otro organismo del Estado determina es vinculante. Si me presentan esa nota la remitiré a la PNA para que lo confronte».

(RPuerto): “Entonces nos comprometemos a reunir documentación y lo haremos. Por otra parte, todo lo que venimos hablando, la determinación de una eslora, la cobertura de la flota, el número de barcos y la forma de trabajar sobre el recurso, ¿no deberían estar ya determinadas en el Plan de Manejo que sigue sin materializarse?”

(Liberman): «Efectivamente nosotros tenemos medidas de administración, de hecho, no es la totalidad si confrontamos las medidas de administración que se sancionaron en 2018 con las que se han tomado luego para determinar los mecanismos de prospecciones, la administración del langostino que está fuera de la zona de veda, los resortes de apertura y cierre fuera de la veda, todo eso no se discutió. Yo vivencio la administración del langostino a partir de la dinámica a la que el recurso obliga. El langostino rompió los libros todos los años y hoy lo sigue haciendo. Tengo mucha incertidumbre porque el langostino no te deja tranquilo, pero tengo un buen nivel de tranquilidad también. El año pasado fue disruptivo y generó muchísimas discusiones con el sector, pero tanto la administración del norte como la de las áreas internas hicieron que podamos esquivar muy bien el langostino chico que es lo que vamos a pescar el año que viene. Esa es una tarea que bien podría formalizarse en una norma, un cuerpo jurídico que obligaría al siguiente funcionario a seguir aplicando la misma lógica, la verdad es que hay otras cosas sobre las que todavía estamos trabajando, como con la Comisión de bycatch, porque para poder determinar el cierre de la pesquería a fines o principio de octubre necesito que me ayuden, porque cuando haya más de 20 por ciento de merluza se cierra».

Yo creo que el señor Subsecretario no necesita que le presenten ninguna nota, está obligado como funcionario a responder con la documentación pertinente a esta eventual irregularidad administrativa a través de los medios técnicos competentes. Está obligado en su condición de subsecretario de Pesca y presidente del Consejo Federal Pesquero, por aplicación de los artículos 7º incisos a), c), d), f), q) y artículo 9º incisos a); d) y ss. y, la ley de información pública, para demostrar un proceso cristalino y estaría suficientemente habilitado para convocar a expertos independientes que verifiquen la validez del permiso pertinente para pescar una especie que como dijo el subsecretario y yo ratifico sostiene al conjunto de la actividad pesquera. Yo no dejaría ninguna duda a estos periodistas ni a los lectores de este medio especializado, teniendo la forma de terminar con esta cuestión que se viene ventilando desde hace tiempo y el silencio de este funcionario podría entenderse con una complicidad.

Sería necesario también que el subsecretario revise las estadísticas (su función) para verificar los desembarques de merluza con relación al langostino y, por otro lado, se ha referido en esta entrevista en forma reiterada a lo que deberían hacer los funcionarios que vengan. Por lo pronto, ocupe su tiempo, le quedan al menos dos años.

(RPuerto): “También está pendiente el sistema de monitoreo por cámaras”.

(Liberman): «Necesitamos un sistema de cámaras complementado con un sistema de inteligencia artificial que haga lo que el inspector no puede hacer, el INVAP tiene que subirse al barco, pero la pandemia nos complicó para concretarlo. El tema está pendiente y el ministro Basterra tiene a la firma un convenio marco con la presidencia del INVAP para poder hacerlo».

Este tema tiene una antigüedad que daría la sensación de que no hay vocación de resolverlo. Y como me refería en forma precedente, demuestra la incapacidad de la subsecretaría en materia de control. La pesca hay que contrala y a los observadores (Una vez que los tengan). “El hombre es bueno, mejor si se lo controla” decía el General.

(RPuerto): “¿Por qué apoya la designación del Área Marina Protegida Agujero Azul?”

(Liberman): «El CONICET tiene información sobre el impacto que tiene en la cadena trófica por ejemplo de la merluza, nosotros tenemos la enorme mayoría de nuestra ZEE vedada para proteger la merluza, nuestro sector hace el esfuerzo que tiene que hacer adentro, afuera no podemos proteger la columna de agua porque no nos pertenece, efectivamente no podemos administrar la pesca ahí pero para resguardo, para mayor protección y tutela, complementado un esfuerzo que hacemos adentro, funcionaría como un complemento para resguardar la cadena trófica que es muy importante».

(RPuerto): “Aunque se ha presentado como una herramienta contra la pesca ilegal o extranjera en la milla 201, esta AMP no tendrá efecto alguno. ¿Cómo se soluciona el problema de la pesca ilegal o no reglamentada y no declarada en el Atlántico Sur que tanto nos afecta?”

(Liberman): «El problema de la pesca ilegal se resuelve con una cantidad de decisiones de varios lugares, el 5 enero de 2020 redacté el proyecto de la actualización de las multas, para los nuestros y para los que pescan de forma ilegal. Segundo, teniendo presencia efectiva, ya se incorporaron dos buques y se van a incorporar dos más, los aviones y los sistemas de radarización, más las imágenes satelitales. Los barcos nuevos a cien millas pueden detectar el ingreso y con tecnología que les permite no emitir señal o emitir señales distractivas. La manera que se está planificando en la mesa interministerial el control de la milla 200 está un paso más adelante, este conjunto de medidas fue una señal fuerte. El sistema puede ser perfectible, pero la milla 201 no es nuestra ni de nadie. Si hubiera un acuerdo solo sería aplicable a nuestros buques y los del pabellón que firmen el acuerdo».

Seré lo más suave posible. El subsecretario sanatea y es absolutamente inconsistente. Da la sensación de no haber leído la ley y solo apoya porque así se lo indica Cancillería. Sugiero que lea el artículo de mi autoría: “El proyecto AMP Bentónico “Agujero Azul” y las demás AMP favorecen al Reino Unido en Malvinas y atentan contra la Administración del Recurso Pesquero Argentino” (02/08/2021). No hay ningún estudio actual que justifique con rigor científico la instalación de una AMP (y así lo exige la ley) y prueba de ello es que en el proyecto de Ley no se menciona en los fundamentos ningún estudio actual que avale la instauración de una AMP. Tiene gruesos errores técnicos como indicar “sobre” el suelo y lecho, lo que habilitaría a la prohibición de pesca en los cursos de agua, además de no estar especificado en la ley el alcance de la restricción, de acuerdo con lo previsto en la ley de Ambiente. Su instalación tendrá solo efectos sobre los buques nacionales y podría replicar a la instalación de iguales reservas por parte del Reino Unido. Además de no corresponder un AMP para proteger el Submarino ARA San Juan, sino una Ley independiente que declare Monumento Marino, etc.

Es un verdadero absurdo que quién tiene la responsabilidad de administrar el recurso y por ende su conservación y sostenibilidad y las herramientas legales y operativas (Art. 7, 21 y 51 de la Ley 24.922) delegue en la Administración de Parques Nacionales del Ministerio de Ambiente (que ni siquiera tiene buques para el control y el viejo Oca Balda cedido por el INIDEP está en reparación) esta función inherente a las obligaciones básicas de la Subsecretaría (y del INIDEP) de preservar el recurso con herramientas como vedas, reservas, limitaciones, etc. muy superiores a la mera declaración de un AMP.

Buque Oceanográfico “Capitán Oca Balda”. Foto: INIDEP.

Respecto a la ley de aumento de sanciones a la pesca ilegal. Desde que fuera Liberman director de coordinación pesquera, pasando por miembro del CFP y ahora subsecretario no ha colocado una sola multa a los buques extranjeros que pescan en las aguas argentinas en Malvinas (¿no son argentinas?). Y durante este mandato no ha aplicado en forma efectiva ninguna multa con la ley 27.564; es decir que cae en abstracto el aumento de multas, más aún cuando en los últimos 40 años las fuerzas navales y de seguridad han capturado un promedio de 2 buques por año pese a la presencia de más de 300 buques extranjeros en el Atlántico Sudoccidental. Tampoco ha tenido ninguna iniciativa respecto al control de los recursos migratorios, según indican los art. 4º, 5ºd, 21e, 22 y 23b de la ley 24.922 y el artículo 2º inc. c de la ley 24.543 y los derivados de la aplicación de la ley 26.386.

(RPuerto): “¿Se está trabajando en algún tipo de acuerdo?”

(Liberman): «Cancillería tiene una postura contraria a la firma de acuerdos en esas zonas. Yo lo he planteado, pero por posición geopolítica se considera que no sería favorable».

¿Posición geopolítica? ¿Superiores intereses de la nación? Lo escuchamos desde la aprobación de los Acuerdos URSS-Bulgaria. La Cancillería siempre condujo desde afuera las decisiones más relevantes para la actividad pesquera. No creo que un funcionario con rango de subsecretario y, sobre todo, quien no se hace fuerte en su territorio, pueda modificar esta posición que históricamente ha llevado a que la pesca sea una mera moneda de cambio para cuestiones relativas a la estrategia o más bien a la cesión de Derechos en Malvinas. Así ocurrió, además de los Acuerdos con la URSS-Bulgaría; el Acuerdo con la CEE (hoy U.E.); el Acuerdo de Madrid I y II; el Acuerdo de Foradori-Duncan que implicó la investigación conjunta de los recursos pesqueros; el Acuerdo de Nueva York; el Convenio del Atún; el Acuerdo Rector del Puerto y otros, donde jamás el hoy subsecretario Carlos Damián Liberman emitió opinión alguna y por lo tanto convalidó en los hechos todos estos acuerdos que afectaron seriamente la actividad pesquera y, por cierto, convalidaron el sostén y la ocupación británica en Malvinas. Por acción u omisión Liberman y otros tantos funcionarios fueron funcionales a los intereses británicos.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Ex asesor en la Honorable Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, escritor, autor de 26 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de la Entrega”, 2009) y articulista de la especialidad. En prensa: “Argentina. La Casa Común. La Encíclica Laudato Si’ El Cuidado de la Casa Común. Comentada”, 2021. Miembro de la SAEEG. 

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LA SUBSECRETARÍA DE PESCA. UN MODELO DEL FRACASO NACIONAL.

César Augusto Lerena*

Subsecretario de Pesca Carlos Liberman

Hacia fines de 2019 se realizaban en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) unas Jornadas sobre «selectividad y reducción de pesca incidental», donde se escuchó decir que era «un escándalo que tiremos comida al agua que nos deja mal parados ante el mundo». No era un representante de una organización social o medioambiental o un militante opositor al gobierno, era nada menos que el propio Subsecretario de Pesca Juan Bosch quien expresaba este horror, como si no fuera el principal responsable de la depredación pesquera que ocurría en el mar argentino después de varios años de una lamentable y deficiente tarea y, en un repudiable sincericidio nos expresaba, que era un escándalo que se descarten cientos de miles de toneladas de proteínas al mar, que podrían alimentar a tres millones de niños y adolescentes diarios y que, desvergonzadamente, admitía, en su doble condición de subsecretario del área y presidente del Consejo Federal Pesquero. Pues bien, de ese Consejo del gobierno saliente participaba —y levantaba la mano en signo de aprobación— el actual subsecretario de Pesca Carlos Liberman y, a poco menos de dos años de gestión todo se ha agravado; porque no solo se siguen descartando proteínas al mar, vital elemento para la formación y desarrollo intelectual de nuestros niños y jóvenes, sino que la pobreza y la indigencia siguen aumentando en la Argentina.

Estos dos funcionarios de distintas corrientes políticas expresaron y expresan una sola política: la de la ineptitud y la irresponsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones públicas y, mientras los trabajadores, empresarios, profesionales e investigadores del sector se esfuerzan, con virtudes y defectos en producir más y mejor desarrollando los pueblos donde se radican, estos burócratas son el ejemplo que aprovechan los prebendarios para denostar al Estado, calificándolo de ineficiente, incapaz y, hasta corrupto, para hacerse, vía concesión o privatización de los recursos, privándole a éste de los medios para sostener los servicios básicos a la población.

El ex representante de Santa Cruz y hoy subsecretario Carlos Damián Liberman, quien como consejero votó reiteradamente decisiones que perjudicaron el interés pesquero en general y muy especialmente a los de su Provincia, como surge de las Actas del CFP y, responsable del escaso desarrollo pesquero de esa Provincia en los últimos quince años, sino no fuese por la presencia del imprevisible langostino —cuyos derechos originarios ni siquiera supo defender— mantiene el modelo (¿?) de gestión iniciado en el proceso militar y reafirmado durante el gobierno de Menem. El de la concentración pesquera; la exportación sin valor agregado y la importación de buques; la ausencia de consumo interno y el desempleo y trabajo precarizado. Si este funcionario fuese peronista, diría Evita: «los peronistas tibios, me dan asco». Y habrá otra cantidad importante de argentinos que no son peronistas, y puede no importarles este calificativo, pero no están en el gobierno.

Ya es bastante absurdo que éste y los anteriores gobiernos mantengan con rango de subsecretaría un área que tiene bajo su responsabilidad administrar (investigar, conservar y distribuir) los recursos pesqueros; ser palanca del desarrollo poblacional e industrial del estratégico litoral marino; estar relacionada con la industria naval y la ocupación marítima; su control y defensa y, en un espacio, que está ocupado en un 52% por una potencia extranjera que se sostiene con la sustracción de 250.000 toneladas anuales de recursos migratorios argentinos, además de las capturas igualmente ilegales que realizan buques españoles, chinos, coreanos y taiwaneses con subsidios que facilitan la pesca a distancia. Un Estado ribereño (Argentina) que tiene un PBI marítimo desaprovechado; un sector que exporta el 50% de los recursos que le roban; que pese a tener una Zona Común de Pesca con Uruguay en los puertos de este país hacen su logística los buques extranjeros que pescan ilegalmente en el Atlántico Sur y Malvinas. Pero, si algo falta, ¿qué hace la subsecretaría de pesca en el Ministerio de los granos y la carne? En lugar del de la Producción o Industria o en un Ministerio del Mar, como Francia, que con el 10% de Zona Económica Exclusiva Continental Argentina entiende la importancia del mar y sus recursos. La Pesca no solo es una cuestión productiva, de desarrollo, alimentario y sanitario, es geopolítica y de soberanía nacional. Claro, con funcionarios mediocres, con escritorios y la bandera a sus espaldas, es poco probable que se entienda.

Transcribo dos mensajes inaugurales de dos presidentes en el Congreso de la Nación, que podríamos tener en cuenta a la hora de valorar las capacidades puestas por los citados subsecretarios Bosh y Liberman por igual:

«Para que haya en realidad pobreza cero necesitamos generar trabajo, ampliar la economía, aprovechar los enormes recursos naturales y humanos que tiene la Argentina. Vamos a cuidar los trabajos que hoy existen, pero sobre todo a producir una transformación para que se multipliquen las fuentes de trabajo porque esa es la única forma de que haya prosperidad donde hoy hay una pobreza inaceptable. Los bienes públicos pertenecen al conjunto de los ciudadanos y es inaceptable que un funcionario se apropie de ellos en beneficio propio».

«Adoptar las medidas más urgentes que nos permiten hoy compartir con ustedes la agenda de futuro que tenemos que desarrollar, como comunidad fraterna y solidaria que somos, para construir la transformación que nos proponemos (…) Al mismo tiempo, estamos dejando atrás una política económica centrada en la especulación para volver a poner el foco en el trabajo y la producción. Estamos generando condiciones macroeconómicas sostenibles y acompañamos a los productores en sus proyectos y esfuerzos. La política productiva debe tener una fuerte orientación a impulsar las exportaciones. Tenemos que salir del extractivismo y generar una industrialización de base nacional, PyME y tecnológica, que permita desarrollar una cadena de proveedores en torno a los recursos naturales y otras actividades».

El primero, el 1º de marzo de 2016, fue pronunciado por Mauricio Macri y, el segundo, el 1º de marzo de 2020, por Alberto Fernández. Aunque opositores, el mensaje parece similar. Me inclino a pensar que los ineptos (véase significado) de Bosch y Liberman por igual, no han cumplido con el mandato presidencial ante los representantes del pueblo argentino.

A nuestro entender, ambos funcionarios, han sido igualmente incapaces de:

Asuntos Nacionales

1) No se eliminó o redujo el descarte y la pesca incidental impidiendo la generación de nuevas fuentes de trabajo y contribuir a reducir el hambre cubriendo las necesidades proteicas diarias de tres millones de niños y adolescentes diarios todo el año, con motivo del desembarco, proceso industrial y aprovechamiento de las 300 mil toneladas que se descartan por año, ajustándose a las exigencias de descarte cero que la Unión Europea aplica desde 2014 y la Ley 24.922 exige desde 1998. Se suspendió la utilización de artes de pesca selectivas para facilitar el escape de juveniles, etc.

2) No se evitó la sustitución de las especies desembarcadas, favoreciendo la distorsión de las cuotas asignadas a las empresas y provocando depredación e inequidad en la distribución de las cuotas.

3) Como consecuencia de los descartes, depredación y sustitución no se garantizó la sostenibilidad y sustentabilidad del mar argentino para las actividades actuales y las generaciones venideras.

4) No se eliminó el trabajo en negro en la actividad industrial por la falta de utilización de sistemas que obliguen a la registración del trabajo.

5) No se aplicó un modelo de administración industrial del recurso para asegurar el trabajo, con motivo -entre otros- del modelo extractivo y la transferencia del esfuerzo pesquero a la captura del langostino y su transformación en terceros países, muchos de ellos consumidores directos.

6) No se aumentó el valor agregado de las exportaciones, ni se evitó la cesión del empleo de mano de obra argentina en el procesamiento del langostino, derivando estos a terceros países consumidores finales o a los que transforman los recursos para éstos. El 65% de las exportaciones son commodities o de bajísimo valor agregado. Se mantiene el mismo modelo extractivo probadamente generador de menor mano de obra e industrialización nacional y de transferencia del trabajo a los importadores.

7) No se efectuó un control adecuado de las cuotas y se admitió la venta entre privados de las habilitaciones concesionadas por el Estado, quién se limitó al mero registro. Se aumentó del esfuerzo pesquero con motivo de las reformulaciones de permisos de pesca desde embarcaciones de baja capacidad y bodega a buques de mayor eslora y capacidad pesquera.

8) No se aumentó el consumo nacional de pescado y por tanto no se mejoró la dieta de los argentinos, la que está entre los más bajos del mundo (6,5 kg per cápita/año) cuando el promedio mundial es del orden de los 20kg. Es decir que los argentinos, consumen menos que los países pobres y que los ricos, con efectos muy negativos, no solo por el bajo valor agregado de las materias primas comercializadas, sino también, porque se pierden de consumir un producto que, por su alta calidad proteica y de sus grasas insaturadas, es solo comparable a la leche materna y, por lo tanto, es un alimento insustituible en el desarrollo y mantenimiento de la salud.

9) Se mantuvo la concentración y extranjerización pesquera, concentrando las exportaciones en unos diez grupos empresarios, que colocan en una situación de desarmonía al conjunto del sector pesquero.

10) No se aseguró la diversidad de la explotación, el que depende en gran medida de las exportaciones de langostino, un recurso biológicamente imprevisible, que ante una eventual caída de precio o de la captura llevaría al sector a una crisis sin precedentes.

11) No se implementó una política que asegure a las pequeñas y medianas embarcaciones e industrias pesqueras una Unidad Económica Pesquera que pueda garantizar su sustentabilidad económica y social.

12) Cayeron las exportaciones y no se facilitó la exportación y el comercio interno de las pequeñas y medianas empresas para mejorar su sustentabilidad económica y generar mayor valor agregado y empleo y, el valor promedio de las exportaciones en 2020 del complejo pesquero alcanzaron 1.730 millones de dólares (3,2% de las exportaciones totales) y decrecieron 7,1% con respecto a 2019. Del total exportado, crustáceos y moluscos participó con 74,5% (se destacaron los calamares congelados y los camarones y langostinos, enteros y congelados); pescados frescos y congelados participó con 24,0% (mayoritariamente merluza en filetes, merluza negra congelada y merluza congelada); y harinas y conservas participó con 1,6%. Y esto muestra la endeblez del sector dependiente en gran medida del imprevisible recurso langostino.

13) Se mantiene una política sin federalizar la explotación de los recursos originarios desindustrializando a las provincias del litoral marítimo.

14) Se mantuvo la política de importación de buques pesqueros, de investigación y transporte y se privatizó un recurso del Estado Nacional o Provincial en su caso en evidente perjuicio de la industria pública y privada argentina, con la consecuente pérdida de mano de obra y sin la rápida y adecuada renovación de la flota obsoleta, cuyas consecuencias trágicas son conocidas. Los españoles importan buques y llevan materias primas ilegalmente del mar argentino. El mantenimiento del DNU 145 del gobierno de Macri, permitió poner en garantía para la construcción de buques los permisos y/o cuotas de pesca, cuyo titular es el Estado, y meras concesiones para habilitar a la pesca. No se ha promovido la acción de la justicia penal.

15) No se actuó sobre las empresas que abandonaron los buques pesqueros en los puertos dificultando la operatividad en los mismos, tal es el grave caso del puerto de Mar del Plata.

16) No se intervino en la promoción de la construcción y/o ampliación y/o mejora de los puertos para facilitar la operación de los buques pesqueros.

17) Se mantuvo con escasa actividad los buques de investigación del INIDEP a pesar de realizarse la construcción en el extranjero de buques destinados a esta tarea. No se realizan investigaciones en alta mar destinadas a demostrar la depredación que están realizando al ecosistema los buques extranjeros que pescan ilegalmente ni a determinar el origen de las especies migratorias que realizan su ciclo vital principal en la Zona Económica Exclusiva Argentina.

18) No se intervino en la integración Paraná-Río de la Plata-Atlántico Sur para mejorar la eficiencia e integración territorial marina.

19) No se efectuó un seguimiento en forma continua de todos los proyectos de inversión, radicación industrial, agregado de valor y ocupación de mano de obra etc. a las empresas concesionarias de cuotas y autorizaciones de captura.

20) Nada se ha hecho en materia de acuicultura a pesar de que en el mundo de la producción total de pescados, moluscos y crustáceos alcanza a unos 167 millones de toneladas y que de éstas un 44% son de origen en acuicultura (73,8 millones). En la Argentina la producción total anual llegó en 2019 a las 2.592 toneladas, es decir un 0,0039% a nivel mundial y un 0,0843% en Latinoamérica. Si relacionamos los desembarques totales de capturas marítimas en 2019 (781.327 toneladas) con la acuicultura, en la Argentina ésta representa el 0,33% cuando debería representar el 44% mundial, es decir un volumen del orden de las 343.784 toneladas, que permitirían duplicar el empleo pesquero, el consumo y la exportación nacional.

21) No se tomaron las medidas adecuadas —entre otras considerar esenciales a los trabajadores de la pesca— para evitar la contaminación por COVID-19, la enfermedad y muerte. Amén de las graves dificultades operativas que la enfermedad y ausentismo provoca en la actividad.

Asuntos Internacionales

22) No se llevó adelante ninguna política de erradicación de la Pesca ilegal (INDNR), implementada por la Unión Europea (Reglamento (CE) Nº 1005/2008 del Consejo del 29/09/2008) por el que se estableció un sistema prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (PESCA INDNR). No se impidió la captura ni se efectuaron los correspondientes acuerdos para evitar la pesca de más de 350 buques extranjeros ilegales en el mar argentino y adyacente que priva a la Argentina de un millón de toneladas anuales de pescados y calamares por un valor estimado de 4 mil millones de dólares anuales que duplican las exportaciones de Argentina. No hubo sanciones a la pesca en Malvinas.

23) No se llevó adelante una política de explotación nacional subsidiada de los recursos en la alta mar por parte de los buques argentinos destinada a facilitar la pesca argentina en esa área para contrarrestar la presencia de buques extranjeros en el mar argentino de Malvinas y la alta mar y, facilitar, accesoriamente Acuerdos entre empresas o de Estado-Estado. Esto permitiría duplicar la producción nacional y el empleo y ejercer mayor soberanía territorial y biológica.

24) No se canceló la Comisión Conjunta de Pesca con el Reino Unido y sólo se suspendieron las investigaciones conjuntas.

25) No se hizo valer en el concierto internacional el ejercicio de los derechos soberanos de Argentina en su carácter de carácter de país ribereño, ni se sancionó a todos los buques extranjeros que con o sin licencia ilegal inglesa pescan los recursos argentinos en el Atlántico Sur y Malvinas, violando las Leyes 24.922, la 26.386 y la 27.564, en un evidente incumplimiento de deberes de funcionario público y un daño gravísimo al patrimonio nacional.

26) No se concretaron nuevos Acuerdos con Uruguay que dificulten las operaciones ilegales de buques extranjeros en el Atlántico Sur y posibiliten una integración rioplatense para defensa del Atlántico Sur y, por el contrario, se ignoró la utilización de los puertos uruguayos por parte de buques extranjeros ilegales.

27) No se promovió la derogación del Acuerdo de Madrid I y II; el Pacto de Foradori-Duncan; los Acuerdos de Nueva York, del Atún y Rector de Puertos que le han permitido al Reino Unido extraer de Malvinas desde 1989 a la fecha 32 mil millones de dólares de productos pesqueros de origen argentino debilitando la posición argentina en el Atlántico Sur, Malvinas e impedir el desarrollo estratégico de la Patagonia y especialmente la provincia de Tierra del Fuego, a cuya jurisdicción pertenecen los archipiélagos, la Antártida y los mares correspondientes. A la par, de facilitar la intervención de Estados de bandera (extranjeros) en la administración de los recursos argentinos en el Atlántico Sur y facilitar al Reino Unido el pretendido e ilegal rol de Estado ribereño, absolutamente violario de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

28) No se intervino ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) ni ante los países que subsidian la pesca a distancia (China, España, Japón, Corea del Sur, Rusia, Estados Unidos, Taiwán, Tailandia, Noruega) y, que en el caso específico de la pesca en Malvinas reciben 100 millones de dólares anuales de subsidios.

29) No se opone a la iniciativa de declarar Área Marina Protegida al denominado Agujero Azul, que debería limitarse a declarar monumento por ley aparte la reducida área donde descansan los restos de los tripulantes del ARA San Juan y no restringir la pesca nacional en esa área, mientras que los buques extranjeros no habrán de acatar dicha declaración, creando el gravísimo precedente que seguramente habrá de darle pie al Reino Unido a iguales acciones en perjuicio de la Soberanía Nacional Argentina.

30) Se mantienen las Áreas Marinas Protegidas de Yaganes y Namuncurá en lugar de aplicar los previstos de vedas, reservas, limitaciones, etc. de la Ley 24.922 en un evidente perjuicio a la pesca nacional y por el contrario no ha promovido la instalación de Áreas Marinas Protegidas en los 1,6 millones de km2 en los territorios marino alrededor de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur mantiene ocupado el Reino Unido.

31) No se generó la necesaria confianza internacional en los organismos nacionales de control y certificación para asegurar la colocación certificada de los productos pesqueros argentinos en el mundo y equilibrar las barreras para-arancelarias que organismos internacionales certificadores ejercen sobre los productos nacionales y los sistemas de explotación. A punto tal que estas empresas extranjeras certifiquen procesos y productos extraídos en forma ilegal en las áreas bajo ocupación del Reino Unido.

En la numerología el 31, que son el número de observaciones que aquí se realizan, simboliza la expresión creativa, sinceridad, confiabilidad, pragmatismo, seguridad, etc. el problema es que a estos funcionarios les faltan y no están presentes.

Los funcionarios públicos van a tener que empezar a rendir cuentas. No sea que tomemos como cierto los cuentos del pescador mentiroso o apelemos a la multiplicación de los peces para ser, como tantas veces, campeones morales del subdesarrollo.

La inacción muestra la incapacidad de la Subsecretaría de Pesca y del Consejo Federal Pesquero y el grave desorden de la administración de la pesquería que deja de manifiesto este gobierno nacional, el anterior y el anterior, per sécula seculorum.

Algunos funcionarios del sector pesquero, al solo efecto de posicionarse en las propias internas de los partidos gobernantes de turno, suelen referirse a que el sector tuvo un volumen mayor crecimiento que el agrícola, ganadero, minero, etc. Ello sería desconocer la política extractiva iniciada en la década del 90 y es imposible que la pesca, que es un recurso renovable, pero agotable, pueda competir con la ganadería que tiene, no solo un alto consumo interno (55kg per cápita/año) al que hay que agregar, que las exportaciones argentinas de carne vacuna acumuladas de abril de 2019 a marzo de 2020 alcanzaron a las 868 mil toneladas por un valor cercano a 3.192 millones de dólares (IPCVA, abril 2020); por su parte, el 37,4% del total de las exportaciones argentinas de 2019 se debió al complejo sojero, maicero y triguero, materias primas que se exportaron por un monto de 24.310 millones de dólares, obviamente muy superior a los U$S 1.730 millones de dólares de la pesca.

Estos números no desvalorizan la importancia del sector pesquero, pero referirse a que tenga el mayor crecimiento por sobre otros sectores muy importantes no se ajusta a la realidad y desinforma a funcionarios y lectores desprevenidos. La pesca no es inagotable y si bien puede lograrse un crecimiento, no será posible hacerlo a través de incrementar las capturas en la Zona Económica Exclusiva Argentina, sino mediante una mejor administración del recurso, la eliminación de los descartes, el agregado de valor a las materias primas y, sobre todo, acordar e ir a capturar más allá de las 200 millas.

Finalmente habría que agregar que, siendo en sus orígenes una actividad 100% nacional, hoy siete de las diez primeras exportadoras pesqueras son extranjeras; capitales chinos, americanos, españoles, etc. cuyas casas centrales se hacen de las materias primas argentinas que compiten en el mercado internacional con las empresas nacionales.

Todas tienen en común que sufren altos impuestos internos, derechos a las exportaciones, falta de financiación a tasas adecuadas para la renovación de la flota en el país, moras en la reposición de reintegros e IVA, altos impuestos al combustible, etc. Y es verdad también, que las empresas exportadoras pesqueras están certificadas en su calidad y sanidad por los organismos técnicos competentes más exigentes del mundo (FDA, Comisión Veterinaria UE, etc.) y aplican Planes HACCP de autocontrol de seguridad alimentaria desde hace más de 20 años.

Accesoriamente y como muy importante es que la Pesca es una herramienta estratégica para encaminarnos a la recuperación de Malvinas y esto no parecen entenderlo ni el Subsecretario de Pesca Carlos Liberman ni el secretario de Malvinas Daniel Filmus. Ellos también siguen consumiendo no más de 6,5 kg per cápita de pescado por año y con este simple dato es muy poco probable revalorizar el mar y los espacios insulares argentinos.

Este país, que al parecer no reflexiona ni tiene conocimientos económicos, será sin comercio un país desgraciado, esterilizada su feracidad y holgando su industria (Manuel Belgrano).

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Ex asesor en la Honorable Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, escritor, autor de 26 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de la Entrega”, 2009) y articulista de la especialidad. En prensa: “Argentina. La Casa Común. La Encíclica Laudato Si’ El Cuidado de la Casa Común. Comentada”, 2021. Miembro de la SAEEG.

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LA POLÍTICA DE COOPERACIÓN ARGENTINA SOBRE MALVINAS

César Augusto Lerena*

Cuando las políticas se diseñan en los intramuros

 

Hay un importante número de funcionarios argentinos, transversales a todos los gobiernos y, también, algunos respetables académicos o profesionales que entienden que el diálogo y la cooperación son las herramientas adecuadas para resolver la ya casi bicentenaria invasión y ocupación británica de Malvinas y sus implicancias sobre las Georgias del Sur, Sándwich del Sur, el Atlántico Sur y la Antártida Argentina. Me referiré a ello, aunque, claro está, «juzgo imposible describir las cosas contemporáneas sin ofender a muchos» (Maquiavelo). No tengo una innata vocación de confrontar, aunque los hechos y no las palabras, me permitan afirmar —casi con rigor científico— que ni el diálogo, la reclamación del diálogo y la reiterada e incondicional cooperación de los gobiernos argentinos con los británicos ocupantes de Malvinas, hayan permitido avanzar en un centímetro la posición argentina respecto a la recuperación de los archipiélagos, los espacios marítimos correspondientes y la disputa sobre la plataforma continental y la Antártida.

Sugiero en primer lugar a los funcionarios que empiecen por hablar claro; para lo cual, dejen de difundir en la sociedad argentina un reclamo falso y parcial. No son solo las Malvinas con sus 11.410 km2 las que están ocupadas por el Reino Unido. El invasor británico tiene ocupado el 52% (1.639.900 km2) del territorio marítimo argentino; las Malvinas; Georgias y Sándwich del Sur; pretende disputar a la Argentina 1.430.367 km2 de su plataforma continental y 965.597 km2 —más las aguas correspondientes— de la Antártida. Es decir, es como si estuviese ocupado o en disputa todo el territorio continental argentino.

Esto no se puede seguir ocultando. Primero, por respeto a los argentinos y, después, porque es imposible llevar adelante una estrategia adecuada sino se tiene un estado real de situación. Tenemos un país ocupado y, en lugar de ver cómo desalojamos a los okupas, les ofrecemos todo tipo de beneficios para su supervivencia en las islas: desde infraestructura, cesión de recursos, vuelos, sanidad y educación, pasando por la entrega de ositos Winnie Pooh, fotos con la Reina y hasta cartitas de aliento.

El martes 13 de septiembre del 2016 el Secretario de Relaciones Exteriores Carlos Foradori declaró junto al Ministro para Europa y las Américas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Commonwealth británica, Sir Alan Duncan y, en lo relativo al Capítulo del Atlántico Sur acordaron lo siguiente: «…adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos» manteniendo vigente la “fórmula del paraguas”.

En síntesis, pretendía esta Declaración Conjunta, que nunca fue aprobada por el Congreso de la Nación, remover por ejemplo la Disposición Transitoria Primera de la Constitución («La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino»); dejar sin efecto las leyes 17.319 (Art. 1º Los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio de la República Argentina y en su plataforma continental, pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado Nacional); las leyes que refieren a la provincialización de los archipiélagos, la Antártida y los mares correspondientes (no avanzaré aquí con este tema) y las leyes 26.659 (Solanas) y 26.386 que impiden operar en Malvinas a las empresas petroleras o pesqueras radicadas en el continente sin autorización argentina, etc. Además, a partir de este Pacto se pusieron nuevamente en vigor las investigaciones pesqueras conjuntas británico-argentinas, otorgándole al Reino una información científica sensible y estratégica, a la luz de la dependencia económica que tienen las islas respecto a la captura del calamar. Amén de ello, se otorgó el acceso a las islas a los mercados más importantes del mundo al autorizar los vuelos a San Pablo que, junto a la construcción de puertos en Georgias del Sur y Malvinas, transformarán a ésta en el centro logístico pesquero más importante del cono sur, en relación directa a la Antártida y el estrecho bioceánico de Magallanes, dejando de lado a Ushuaia. Hechos, que dejan de manifiesto, la incoherencia de la diplomacia argentina, que había promovido el quite de colaboración a Malvinas en todos los fueros y países y, que contraría, incluso, la Res. 31/49 de las Naciones Unidas que establece no innovar en materia de ocupación territorial y aprovechamiento de los recursos naturales de los territorios ocupados. Un verdadero disparate este “Acuerdo de Cooperación”, donde cooperar es solo conceder por parte de la Argentina.

Con relación al referido Pacto el Prof. Armando Abruza, referenciando el Prof. Ariel Mansi observa la cuestión vinculada, un aspecto muy grave y poco hablado del Comunicado (“El Comunicado Conjunto argentino-británico del 13/09/2016: su naturaleza jurídica…”, 89:116, 2016): «…la cooperación con el Reino Unido en materia de investigación científica en aguas subantárticas circundantes a las Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur, en lugar de hacerlo en el marco multilateral de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) que constituye el único régimen jurídico válidamente aplicable en esa región (…) como se ha expresado, deja traslucir la autoría británica del documento (…) Curiosamente, la temática aquí abordada no se incluyó en el capítulo del “Atlántico Sur”, sino en el de “Ciencia y Tecnología, Derechos Humanos y Cuestiones de Género(NdA: con el evidente propósito que se le preste menor atención). La situación así descripta sugiere la intención británica de dividir el objeto jurídico de la controversia, separando a las Georgias del Sur y de las Sándwich del Sur (…) de las Islas Malvinas, que se encuentran fuera del área de dicha CCRVMA. Los dos aspectos precedentemente examinados parecen confirmar la recepción en el texto del Comunicado Conjunto de desarrollos jurídicos favorables al Reino Unido, necesariamente contrarios a la posición sostenida por nuestro país en la controversia de soberanía sobre los tres archipiélagos australes».

Entiendo que en cualquier acuerdo de cooperación debe haber dos partes que en forma equivalente aporten al fin común. El Atlántico Sur es argentino, las Malvinas son argentinas, los recursos pesqueros y petroleros son argentinos, no se entiende que aportarían los ingleses, cuando en el denominado Pacto Foradori-Duncan se refieren a «…la complementariedad entre ambas naciones…» y lo que es más grave aún, no hay ninguna referencia en el documento a la existencia de una disputa o a iniciar un diálogo sobre ésta.

Aquellas declaraciones fueron revitalizadas el 15 de marzo de 2018 por el entonces Canciller Jorge Faurie y Mark Kent, el “simpático embajador británico” que se fue ayer del país después de “cinco años inolvidables” (sic), cansado de intercambiar twitter con miles de cholulos argentinos, dejando todo como está. Es decir, mucho peor para la Argentina, que cuando éste llegó a la Embajada en 2016. Con un embajador tampoco se puede cumplir con sus deseos sino discutir amablemente sobre nuestros intereses.

Esta política de cooperación unilateral por parte de la Argentina no se inicia en el 2016. Las ha habido de “relaciones carnales” de “Winnie Pooh o de seducción” y, de “conservación entre las partes”, que no han sido otra cosa que herramientas de dilación que favorecieron la consolidación inglesa en el área. La “fórmula del paraguas” congeló a la Argentina durante todos estos años mientras el Reino Unido ha avanzado territorial y económicamente, quebrando todas las normas reconocidas internacionalmente e ignorando las Res. 31/49 y 2065 (XX) y subsiguientes.

En 1987 en Nueva York el Canciller Dante Caputo y el Embajador Lucio García del Solar iniciaron las negociaciones orientadas a la aprobación de la “fórmula del paraguas” (y posteriores Acuerdos de Madrid I y II de 1989/90); y en 1988 en Ginebra el referido embajador acordó con el Embajador inglés ante la ONU Crispín Tickell, omitir toda referencia a los temas de pesca, minimizando la importancia de ésta en las negociaciones. Este tema les pareció una cuestión menor a los gobiernos radicales como a los peronistas; pero, como ya manifestáramos en 1989 y 2009 (César Lerena “Malvinas. Biografía de la Entrega. Pesca la moneda de cambio”) fue, y es un tema central, aunque, como nadie suele ser profeta en su tierra cito al entonces director de Pesca británico en Malvinas John Barton quien el 14 de marzo de 2012 manifestó: «sin la Pesca los Malvinenses no podrían haber subsistido» (sic).

En 1990 Domingo Cavallo firmó el “Acuerdo del Gallinero”, donde convino con el Reino Unido, el cuidado de los recursos marítimos argentinos y la prohibición de pesca en un área al este de Malvinas —con forma de medialuna (unos 400 mil km2)— que les aseguró a los ingleses, que terceros países no podrían pescar los recursos que migran a Malvinas, facilitándoles con ello, el otorgamiento de licencias a buques asiáticos, españoles, polacos, etc. y, la consolidación económica de los isleños.

Igual camino siguió el ex secretario de Relaciones Exteriores Andres Cisneros, quien periódicamente nos da consejos de cómo recuperar Malvinas. En 1996 en Londres, explicó como un éxito, el rotundo fracaso de su política exterior: «se normalizaron las relaciones con Inglaterra» (léase: los británicos siguen explotando nuestros recursos) y «se coordinan en forma conjunta medidas de conservación para evitar la sobreexplotación de recursos pesqueros en beneficio de las partes involucradas» (léase: Argentina cuida los recursos a los malvinenses, a los que considera “partes involucradas”). El remate llegaría en Madrid cuando en 1999, este secretario acordaría con el director para las Américas británico, Peter Westmacott, siete medidas para combatir a los “buques sin licencias pesqueras inglesas”, en el Atlántico Sudoccidental. Es decir, contribuyó con el zorro a cuidar nuestro gallinero, mientras éste explotaba libremente el recurso, otorgándoles licencias a los buques extranjeros (chinos, españoles, coreanos, taiwaneses y británicos) en lugar de promover un “boicot biológico” con nuestros recursos, para dificultar la permanencia del Reino Unido en la región.

El uso de la palabra: “las partes” confunde a la sociedad cuando tan importante funcionario de la Cancillería se refiere al conflicto de Malvinas. Las partes, podrán estar referidas al conflicto, pero nunca a los derechos territoriales y sus recursos naturales, donde la única “parte” es la Argentina, y en todo caso, el Reino Unido es un “okupa” que usufructúa, ilegal y en forma prepotente, nuestros espacios y los recursos del patrimonio nacional.

Ya en este gobierno, el secretario de Malvinas Daniel Filmus le ofreció ayuda sanitaria con motivo del COVID-19 (¿?) y educación universitaria a los isleños que, con cierto desprecio rechazaron.

Se puede y debe “Cooperar” entre dos naciones amigas, que podrían aportan recursos económicos, tecnológicos, humanos y hasta territoriales equivalentes (como es el caso del Tratado del Río de la Plata y la Zona Común de 1973 con Uruguay); pero no es posible convenir ninguna cooperación, cuando la Argentina pone su territorio y sus recursos científicos, pesqueros, marítimos, petroleros, minerales y ambientales, y el Reino Unido ocupa los espacios y explota el patrimonio argentino, inclusive depredándolo como lo ha indicado una Consultora británica (MacAlister Elliott & partners Limited) recientemente. ¿Cooperar con un país que nos ocupa territorio insular y marítimo, que se lleva todos los años 250 mil toneladas de recursos pesqueros capturados con un subsidio de 100 millones de dólares, que luego compiten en los mismos mercados de los productos capturados por las empresas argentinas? ¿Quién sería el estúpido? No me imagino alcanzándole la escalera al ladrón para que se robe los frutos de mi árbol.

Es una ingenuidad diplomática (por calificarla suavemente) cuyos resultados —en estos últimos 56 años— están a la vista. Y no es responsabilidad de ningún partido político ni de un gobierno en particular, es de todos los que han sido partidarios de esa cooperación con este país hostil; calificación, que puede sonar un poco fuerte, pero, no parece que podamos aplicar otra al Reino Unido que mató 649 argentinos; ocupa y establece en Malvinas la más importante base militar del Atlántico Sur pese a existir la “Zona de Cooperación y Paz” firmada por todos los países con ZEE en el Atlántico Sur y convalidada por la ONU; avanza en forma creciente ocupando millones de km2 de territorios marítimos; reivindica derechos sobre nuestra Antártida Argentina y nuestra Plataforma Continental; se queda, explota y depreda nuestros recursos naturales y se niega sistemáticamente a discutir la soberanía de Malvinas.

Ahora bien, creíamos haber escuchado y visto casi todo, hasta que el pasado 29 de junio, leímos en Perfil como Marcelo Kohen y Facundo Rodriguez conmemoran y ponderan el “Acuerdo de Comunicaciones con el Reino Unido” que cumplió 50 años y que llevó adelante la dictadura autodenominada Revolución Argentina, cuyo presidente de facto fue el militar Alejandro Agustín Lanusse… Hay veces que los teóricos se olvidan de las prácticas y que no todo es ciencia jurídica.

Los autores confiesan que “el Acuerdo contribuyó significativamente a la prosperidad de los isleños” y, reconocen, que los isleños “se auto-bloquean y rechazan todo ofrecimiento” y ello es solo una muestra más que la cooperación unilateral carece de todo sentido. Y me surge la primera reflexión: casi idéntico a lo que se buscaba con el Pacto de Foradori-Duncan. ¿Estas son las recomendaciones de Kohen en el Consejo Nacional de Malvinas?

Podría ser un acto fallido, aunque ciertamente execrable poner como ejemplo el Acuerdo de una dictadura. En realidad este artículo esconde la renovada intención de Marcelo Kohen, que ya en 2018 (Infobae, 22/03/2018) había propuesto promover la escisión de Malvinas del Territorio de Tierra del Fuego, condición necesaria para luego habilitar a los isleños —y así lo proponía— un referéndum a los 30 años para que opten por su soberanía plena (es decir la libre determinación) y, donde habría que esperar que, siendo las autoridades locales (según su propuesta) quienes aceptarían o no la radicación de argentinos continentales en la isla, que la mayoría de británicos radicados en Malvinas opten por su soberanía plena (César Lerena La Estrategia del Consejo Nacional de Malvinas – Parte 1”, 09/02/2021). Aquí mismo Kohen agrega «nadie desea desconocerlos ni privarlos de sus nacionalidades (a los isleños)» y pareciera querer —como punta de lanza— llevar la cuestión Malvinas a la Asamblea General y para ello aduce que «el gobierno del General Perón decidió llevar la cuestión Malvinas a la Asamblea General por segunda vez (Resolución 3160 (XXVIII), de 14 de diciembre de 1973) a efectos de reencauzar las negociaciones sobre soberanía» y, ciertamente llama la atención la cita (tenemos un Kohen que veinte años en Ginebra lo han transformado en peronista o alguien que quiere hacer los deberes) y el desconocimiento de éste respecto al liderazgo internacional del Presidente Juan Domingo Perón; el marco político actual respecto a los diferentes intereses mundiales; el fortalecimiento de los intereses marítimos, insulares y en el British Commonwealth of Nations del Reino Unido post-Brexit y la asociación estratégica con Estados Unidos, además de los altísimos riesgos de esta aventura, propia de un ejercicio docente y no de quien desde su designación como miembro del Consejo Nacional de Malvinas, ni siquiera podría estar habilitado a exponer sus ideas a otros docentes (Facundo Rodriguez) o en medios de difusión, sin que previamente sean tratadas y aprobadas por todos los miembros del Consejo que integra, donde asesora —nada menos— que al Presidente de la Nación en la formulación de una Política de Estado relativa a Malvinas que es confidencial en función de los intereses internacionales en juego, lo previsto en la legislación vigente y en especial la Ley 27.558, el Decreto 822/20 y reglamentos.

No se entiende la presencia de Facundo Rodriguez en el artículo que firman ambos, ya que no encontramos en este autor que haya compartido la posibilidad de escindir Malvinas o habilitar a los isleños en un referéndum; pero, son llamativas algunas de sus afirmaciones (“Malvinas: aclaraciones que oscurecen” Infobae, 06/10/2016) respecto al Pacto Foradori-Duncan: «Como viene de reafirmar el presidente Mauricio Macri, la manera de poner fin a esta disputa es la negociación (…) Es auspiciosa la presencia de la señora canciller ante el Congreso de la Nación a efectos de aclarar todos los puntos controvertidos. Máxime teniendo en cuenta que podría llegar al cargo de secretaria general de la ONU, que es, además, presidente provisional del C24 y titular de un mandato de buenos oficios en la cuestión Malvinas. Nada menos. (…) Como bien lo expresó el senador Federico Pinedo: Con Malvinas, hay que ser muy prudentes». Un mensaje que resulta bastante tolerante para la política que sobre Malvinas llevó adelante del gobierno de Cambiemos. Sabemos a qué intereses responde Kohen, no sabíamos a cuáles respondía Rodríguez; pero por los frutos se conoce el árbol (San Mateo 7,16 y San Lucas 6,44).

Nos refieren los autores que conforme a lo prescripto en la Constitución hay que respetar «el modo de vida de sus habitantes» pero, ello no puede implicar —de ningún modo— impedir los derechos del resto de los argentinos a transitar, radicarse, invertir, etc., en Malvinas, de otro modo se trataría de una soberanía quimérica. Kohen (Infobae, 2018), apoyando la idea que las autoridades de la Provincia sean quienes autoricen o no a residir en las islas, manifiesta que “es una manera de preservar el modo de vida de sus habitantes”; pero, no se trata de “preservar” (conservar su estado) sino de “respetar” las prácticas y costumbres habituales, es lógico suponer que con el correr de los años esos modos de vida se transfiguren, aunque conservando ciertos hábitos culturales, alimenticios, etc., como ha ocurrido con las distintas colectividades (galeses, irlandeses, ingleses, alemanes, italianos, españoles, etc.) radicadas en el continente argentino. Hay muchas formas de “respetar” el modo de vida, entre otras manteniendo el idioma inglés (aunque junto al castellano, ambos deberían ser obligatorios en la educación). Nadie duda que Suiza es un país que mantiene sus costumbres, aunque los idiomas oficiales sean el alemán, el francés, el italiano y el retorrománico. También, otra forma de “respetar” el modo de vida, es mantener vigente toda la legislación respecto a la convivencia en los ámbitos urbanos y rurales, sin que ello implique no actualizarla conforme la evolución de la sociedad.

Por otro lado, los autores dicen que «algunos (argentinos) prefieren seguir la política de adaptarse a vivir con el conflicto, vociferando altamente la reivindicación, pero sin que se haga nada en el plano multilateral que moleste al Reino Unido. Otro camino es posible». Bueno, entiendo, que se estarán refiriendo algún miembro del gobierno, ya que esta tarea es propia y exclusiva de la Cancillería. Debo suponer que efectivamente la intensión de los autores sería la de llevar la cuestión a la Asamblea General de las Naciones Unidas, lo cual sería una verdadera ruleta rusa y un gravísimo error que la Argentina sea quien descarte el diálogo y le baje el valor a la Res. 2065 (XX), coincidiendo —precisamente— esta decisión con la actitud que todos estos años lleva adelante el Reino Unido y, tal vez, uno de los puntos diplomáticos más fuertes que tiene la Argentina.

Al respecto, no hay ningún fundamento para cambiar en una Asamblea General la Res. 2065 (XX) que permanece vigente y, con un alcance absolutamente suficiente que -incluso- se ajusta a la posición argentina relativa a la integridad territorial y donde se limita a los intereses y no a los deseos de los isleños (con lo que se limita la posibilidad de la libre determinación); que, contrario a otras disputas internacionales ha sido ya reconocida por la ONU, donde está definido con precisión a las partes intervinientes (no los isleños) y sería de difícil repetición y muy difícil mejora, con el gravísimo riesgo de que pudiese infiltrarse la remanida bandera británica de la “libre determinación”. Habría que salir de “los intramuros universitarios” para analizar seriamente, si la Argentina pudiese estar en condiciones ¿y para qué? de conseguir los votos obtenidos al momento de aprobarse la Res. 2065 (XX) y, preguntarse quién se haría cargo de una Resolución desfavorable o de una resolución tomada con una menor cantidad de votos. ¿El Canciller, el secretario de Malvinas o cada uno de los miembros del Consejo de Malvinas? Esta es una decisión que ni siquiera el Poder Ejecutivo puede tomar ya que pondría en duda el propio texto de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

A quienes refieren que el Brexit acercaría votos europeos a la Argentina que compensarían los votos perdidos de los países no alineados y otros, les recuerdo: la reciente resolución donde los productos pesqueros no pagarán aranceles al ingreso a Europa; la integración del Consejo de Seguridad, la OTAN; el rol de Estados Unidos y la propia conducción de las Naciones Unidas o, simplemente, la cuestión geopolítica instalada a partir de la pandemia que podría condicionar gran cantidad de votos. Y qué hablar, de los nuevos condicionamientos que habría de adquirir el país para obtener algunos votos, agregando más colonización a la ya existente.

Existen suficientes antecedentes para calificar este camino como una aventura que, como las guerras, no se pueden poner en manos de unos pocos —supuestamente teóricos iluminados— que carecen de experiencia fuera de la jurídica o la docencia. No se ha hecho nada todavía o de suficiente entidad para llegar al objeto esperado con mayor certeza y, desde una posición de fortaleza que la Argentina carece en la actualidad y probablemente por muchos años.

A mi juicio una decisión de Argentina en este sentido sería funcional a los intereses británicos y no pondría en sano juicio en manos de tres, cuatro, cinco personas, por más hábiles que fuesen, el destino de un territorio legítimo, inalienable, imprescriptible e irrenunciable de todos los argentinos.

La política argentina, debiera, en esta etapa, ser la de “poner la escoba detrás de la puerta” para hacer más difícil la ocupación de Malvinas, llevando adelante acciones directas que en su gran mayoría ya he explicitado en anteriores artículos (César LerenaEl ejercicio de la soberanía pacifica en el Atlántico Sur y Malvinas”, 06/06/2021; La política transversal de la colonización argentina. De Thomas Bridge a Daniel Filmus, (27/06/2021); buscar acuerdos con nuestros socios del MERCOSUR y fortalecernos en el Atlántico Sur y, muy especialmente, recomponer nuestra imagen como Nación predecible, independiente y soberana en el mundo.

La vida de intramuros en los entes internacionales puede hacer perder la realidad en quienes descansan en la tranquilidad de los salarios mensuales y carecen de pasión en las cuestiones relativas a la soberanía nacional.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Ex asesor en la Honorable Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, escritor, autor de 26 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de la Entrega”, 2009) y articulista de la especialidad. En prensa: “Argentina. La Casa Común. La Encíclica Laudato Si’ El Cuidado de la Casa Común. Comentada”, 2021. Miembro de la SAEEG.

 

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