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IRIS SPERONI NOVENTA Y OCHO COMA OCHO

Iris Speroni*

Fuente: INDEC.

Es obligación de los ciudadanos recordarles a las autoridades el castigo que les aguarda cuando violan la Constitución y las leyes.

 

La inflación de los últimos doce meses llegó a 98,8% según los peinados guarismos del INDEC.

Traducido: el dinero —siempre según cifras oficiales— perdió la mitad de su valor. Con la cantidad de dinero que hace un año se podía comprar un kilo de un bien (¿pan?), ahora se pueden comprar 500 g.

Varias consideraciones. Una, que no todos los precios de la economía se mueven igual cuando hay inflación. Esto es, cada uno se acomoda de acuerdo con su poder de negociación. En algunos casos se pueden subir los precios a medida que el BCRA emite y en otros, no. Ejemplo: las jubilaciones. No existe poder por parte de los jubilados y pensionados para exigirle al Estado que actualice mensualmente los pagos según el ritmo de emisión del estado. En otros casos, porque son mercados concentrados o porque tienen una demanda específica que lo convalida, aumentan más que el promedio general. Ejemplo: automóviles, cubiertas.

El INDEC provee información sobre la evolución de los diferentes rubros (alimentos, entretenimiento, ropa, calzado, etc.). Eso puede ser interesante para seguir la evolución de los precios relativos ¿subió la carne más o menos que la Coca-Cola de 2,15 litros?

Sin embargo, es perderse en meandros pantanosos si uno se mete en las particularidades de cuánto aumentó el precio de la entrada del cine versus el precio de las zapatillas para los niños. Son desacomodamientos temporarios. Tarde o temprano todo el mundo va a parar al tacho.

Lo cierto es que la inundación de pesos que hace el BCRA todos los meses es como el agua: busca su nivel. El dinero emitido sin ton ni son por el Estado busca a donde ir [1]. Puede ser a un bien o al otro, según el momento o la necesidad.

Al final de cuentas, la inflación es igual a la emisión monetaria del BCRA.

La explicación de nuestros pesares la da el BCRA. Acá Informe Monetario Mensual

Enero de 2023, punto 4:

“Aumento nominal promedio mensual de 10,7%”. Ésta y no otra es la locomotora de la inflación [2]. 

En una nota previa mía, “INFLACIÓN, de mayo de 2021, cito el discurso del Presidente Alberto Fernández “La inflación es la principal evidencia de nuestras deficiencias”.

Tiene razón el presidente. No de las deficiencias del pueblo de la Nación, que trabaja, estudia y soporta malos gobernantes. Es evidencia de la deficiencia de nuestras autoridades.

No puedo abstraerme de los dichos de la vicepresidente de la Nación del 10 de marzo de 2023, en su ponencia en la Universidad de Río Negro. La señora Fernández afirma que el país no tiene moneda. Concuerdo. Una moneda que vale la mitad un año después, es algo a lo que no se puede llamar “moneda”, ya que perdió uno de los atributos fundamentales que la convierten en tal: la reserva de valor. Tampoco sirve como unidad de cuenta. Sólo para transacciones y únicamente para las pequeñas y pagaderas en el corto plazo. No existe moneda, según la definición clásica [3].

La responsabilidad  de las autoridades

Ahora bien, tanto Alberto Fernández, que le echa la culpa a la luna “la inflación es un problema multicausal” [4], la vicepresidente Fernández, que habla como testigo en el área cuando es la segunda autoridad de la República, o si vamos más atrás, al presidente anterior, cuando el Ing. Macri sostuvo “pasaron cosas”, vemos una conducta permanente por parte de las máximas autoridades de la Nación de no hacerse cargo —al menos públicamente» de sus actos. Podría ir más atrás pero con la última década está bien.

Caballeros, dama, hay inflación porque ustedes emiten. Son los únicos responsables de la existencia de este cáncer que carcome la calidad de vida del pueblo que dicen representar, y que, claramente, no lo hacen.

¿Quién es verdaderamente responsable?

Bueno, una vez más, leamos la Constitución Nacional. También se lo podemos recomendar a la señora vicepresidente, para que conozca. Artículos 75 y 76.

CAPÍTULO CUARTO

Atribuciones del Congreso

Artículo 75.- Corresponde al Congreso:

      1. Establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda, así como otros bancos nacionales.

11. Hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras; y adoptar un sistema uniforme de pesos y medidas para toda la Nación.

      1. Proveer lo conducente … a la defensa del valor de la moneda, …

Artículo 76.- Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca.

La negrita me pertenece.

Queda claro, de leer estas líneas, que la responsabilidad de que el dinero no valga la mitad luego de un año, es del Congreso de la Nación. Si en algún momento hubiera delegado formalmente tal atribución al poder ejecutivo, lo que no ha hecho —formalmente—, no lo abstrae de la obligación de supervisar al poder delegado. Lo que tampoco hace.

Si no hay moneda, señora vicepresidente, usted y los senadores y diputados que tan caros nos salen, son los verdaderos y últimos responsables.

Acá hay varias imputaciones que podemos hacerles a los miembros del Congreso. La primera, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, ya que no han defendido “el valor de la moneda”, tal como se comprometieron el día que juraron en funciones. La segunda, delegar —aunque sea de facto— sus atribuciones en el poder ejecutivo.

Por parte de los miembros del poder ejecutivo, hay un abuso de autoridad, ya que no pueden decidir no defender el valor de la moneda en forma contraria a lo que precepta la Constitución. El Ejecutivo argentino, desde hace décadas, y no es una particularidad del actual presidente, vive abusando de su autoridad, sin que nadie le pare el carro. Pero deben tener en claro, y es obligación de los ciudadanos recordarles, que violan la Constitución y las leyes. Si no los metemos presos a todos es simplemente porque no tenemos el poder —el poder político y fáctico— para hacerlo, no por falta de voluntad. Si pudiéramos, les comeríamos el hígado. Mientras están vivos. Colgados de un farol de la Plaza de Mayo. Sólo porque tienen a su favor a todos los jueces y a todas las fuerzas de seguridad y porque todos los partidos políticos forman una masa compacta de autodefensa es que no lo hacemos.

Presento las leyes que tenemos a nuestro favor para meterlos presos de por vida el día que tengamos el poder para hacerlo:

Art. 29 de la Constitución Nacional

Artículo 29.- El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria.

La bastardilla en “facultades extraordinarias”, “suma del poder público”, “sumisiones” y “supremacías” corresponde al original.

¿Qué prevé la ley para estos infames traidores a la patria? Veamos.

ARTÍCULO 227. – Serán reprimidos con las penas establecidas en el artículo 215 para los traidores a la patria, los miembros del Congreso que concedieren al Poder Ejecutivo Nacional y los miembros de las legislaturas provinciales que concedieren a los Gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, la suma del poder público o sumisiones o supremacías, por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de algún gobierno o de alguna persona (artículo 29 de la Constitución Nacional).

¿Qué dice el artículo 215?

ARTÍCULO 215. – Será reprimido con reclusión o prisión perpetua, el que cometiere el delito previsto en el artículo precedente, en los casos siguientes:

Prisión o reclusión perpetua. Clarísimo.

Último punto. ¿Se encuadra la delegación de facultades en el poder ejecutivo que conlleva a tener una inflación de 98,8% anual la violación al artículo 29 de la Constitución Nacional?

En efecto, el poder ejecutivo, conjuntamente con las autoridades monetarias del BCRA hacen y deshacen con la emisión monetaria lo que les place. Con sus actos ponen la fortuna de los argentinos, en realidad, de todos los habitantes de la República, a merced del gobierno. Mi gobierno decide que una pensión valga la mitad. Mi gobierno decide que mi sueldo se degrade a razón del 6% mensual. Mi gobierno decide que la factura que tengo que cobrar, valga mucho menos el día de efectivo pago. Así que cumple con los requisitos planteados por el artículo 29 de poner mi fortuna a merced del gobierno. Acá, cae de maduro, pero nunca está de más recalcarlo, fortuna no es la que sale en Forbes. Fortuna es todo lo que uno tiene. Puede ser un carro para el cartonero, o los $ 15.000 que le quedan a un jubilado hasta el día de cobro. Es todo lo que una familia tiene. No es un tema de ricos y pobres. Y sobre esta definición —todo lo que uno tiene— hay fallos de Cámara de Apelaciones que respaldan mi acepción.

1994 – BCRA

El BCRA pasó a ser responsabilidad del Congreso a partir de la modificación de la Constitución en 1994. En los hechos, el poder ejecutivo siempre hizo y deshizo a su gusto. 

Es hora de que los diputados —representantes del Pueblo de la Nación— y los senadores —representantes de las Provincias— se pongan los pantalones largos, dejen de pavear con leyes de nombre de mujer que no sirven para nada, y se ocupen de lo importante y urgente: la inflación.

Propuesta
  1. El Congreso debe darle la orden al BCRA de no emitir. 

(Así de simple, nada más. Eso traerá otros problemas. Los cuales deberán resolverse sin emitir ni dinero ni deuda).

  1. Los ciudadanos somos libres de pedir a un juez que suspenda el pago de dietas hasta tanto los miembros del Congreso asuman la atribución indelegable de “defender la moneda” tal cual precepta el artículo 75.

 

* Licenciada de Economía (UBA), Master en Finanzas (UCEMA), Posgrado Agronegocios, Agronomía (UBA).

 

Notas

[1] A dónde va el dinero emitido lo expliqué en LA OTRA IFE.

[2] Los números actuales de marzo 2023, ven una reducción de estos índices porque han tratado de contraer la base monetaria en los meses de verano.

[3] Después las mismas autoridades se preguntan/lamentan por qué la gente usa el dólar como reserva de valor, unidad de cuenta o moneda transaccional para las grandes operaciones.

[4] No, no es multicausal. Decir que lo es, es tirar la pelota a la tribuna.

 

Fuentes

INDEC. Informe Inflación IPC Enero 2023

https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_02_232C00A3DADD.pdf

BCRA. Informe Monetario Mensual, enero 2023

https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/IMM0123.asp 

 

Lecturas relacionadas

Inflación http://restaurarg.blogspot.com/2021/05/inflacion.html

La otra IFE, http://restaurarg.blogspot.com/2021/01/la-otra-ife.html

 

Artículo publicado originalmente el 11/03/2023 en Restaurar, http://restaurarg.blogspot.com/2023/03/noventa-y-ocho-coma-ocho.html

EL MISTERIO DE LA ADUANA

Iris Speroni*

¿Por qué se recauda más de aranceles de exportación que de importación?

¿No debería ser al revés?

El cuadro de recaudación de la AFIP presenta tres grandes fuentes de ingresos:

  1. Impuestos (ganancias, IVA, combustibles, bienes personales, al cheque, etc.).
  2. Seguridad Social (previsional, obras sociales, etc.).
  3. Aduana

Personalmente considero como ingresos al tesoro el 1 y el 3 (aquí) , ya que (supuestamente) los ingresos de la seguridad social constituyen una cobranza por cuenta y orden de terceros (ANSES, OOSSSS, etc.), con usos específicos, la cual está en manos de la AFIP por razones instrumentales únicamente. 

Vamos a los ingresos del Tesoro.

  • En el caso 1 (Impuestos), algunos de ellos son coparticipables (IVA, Ganancias) y otros no (combustibles, al cheque, PAIS, a las gaseosas).
  • En el caso 3 (Aduana), no son coparticipables; así lo determina la Constitución Nacional.

De hecho, según la Constitución, tal como lo explica Alberdi en “Bases…”, la Aduana debería ser la fuente de ingresos del gobierno nacional. En realidad, la única. Los impuestos directos (como ganancias, bienes personales, transferencias de inmuebles y automotores) corresponden a las provincias. 

Todo el diseño tributario que sufrimos en la actualidad es profundamente abusivo e inconstitucional. No tiene redención posible. Habría que eliminar todos los impuestos y empezar de nuevo.

Ahora bien, en el 2022, si tomamos únicamente los impuestos y los ingresos aduaneros (1 y 3), la Aduana aportó únicamente el 15% de los ingresos del Tesoro. En lugar del 100% que proponía Alberdi. 

Existe una enorme disparidad entre el daño que los derechos de exportación producen en el tejido productivo del país y la importancia de los mismos en el total de la recaudación.

Los últimos años

Desde 2010 a enero 2023, los ingresos aduaneros oscilaron entre un mínimo de 9% a un máximo de 19%. 

Esto demuestra que estamos a años luz del objetivo planteado por Alberdi, el cual llevó a décadas de guerras civiles. ¿Tanto lío para esto? 

La recaudación impositiva (del 81% al 91% del total), recae sobre los hombros de las familias más humildes (aquí).

¿La Aduana? Bien, gracias.

La Aduana oficial recauda poco. No se puede decir lo mismo de la aduana paralela. El BCRA se queda con la mitad del valor de todas las exportaciones. Actúa así como a) una aduana paralela, b) una agencia de recaudación paraoficial, sin mandato del Congreso, sin presupuesto de gastos, c) no coparticipa. Constituye un abuso del poder ejecutivo a la población y del gobierno federal a las provincias [1].

Volvamos a la aduana (oficial).

La idea de nacionalizar la Aduana (1853) era que con ese dinero se sostuviera el gobierno federal. Sus principales objetivos —como queda claro en el Preámbulo de la Constitución— es la Defensa Nacional [2] y luego la paz interior, administración de justicia y dejarnos a todos ser felices lo mejor que podamos.

Todos los constituyentes, cuando pensaban en los ingresos aduaneros, hablaban de los aranceles por importación, no por exportación.

Porque, seamos serios, ¿a quién se le ocurre gravar una exportación? Todos los países estimulan las exportaciones; no las combaten, como en nuestro caso. Otros países, no el nuestro, tienen un tipo de cambio competitivo, eximen de impuestos, subsidian, dan créditos, tienen un sistema diplomático que funciona, etc.

Exportaciones e Importaciones

Del período 2010-2022, sólo un año (2017) tuvo mayores ingresos por aranceles de importación que de exportación (51%/49%). Todo el resto los aranceles por EXPO superaron y con largueza los de importación, con un pico de 20% (impo) – 80% (expo) en el 2010 y un promedio de 30% (impo) – 70% (expo).

En castellano, de los ingresos aduaneros, dos tercios provienen de las exportaciones y un tercio de las importaciones.

¿Por qué? ¿Por qué son tan poco importantes? 

Según todos los libros de economía, las exportaciones deberían, peso más, peso menos, igualar las importaciones. Obviamente hay excepciones [3]. 

En la mayoría de los países, lo que se exporta y lo que se importa, se equilibra, ya que se usa el dinero de lo primero para financiar lo segundo.

Argentina, como argumenté (aquí) , tuvo un superávit comercial consolidado de 183 mil millones de dólares desde el 2001 a hoy. Ese dinero debería estar depositado en el BCRA (como es el caso de Bolivia, Uruguay, Brasil). Ese dinero desapareció.

Aun así, no se explica la disparidad de recaudación entre aranceles EXPO y aranceles IMPO. 

Si bien la soja en esta década ha pagado entre un 30% y 35% según el año, muchos productos tienen aranceles más bajos (0%, 6%, 12%).

Por otro lado, los aranceles de importación son generalmente altos (hasta 35%). ¿Por qué no hay mayor recaudación de aranceles de importación?

Una explicación es Brasil. Si yo importo un Volkswagen desde Alemania, pago arancel; si lo traigo de Brasil, no. Un auto de U$D 10.000 alemán, con un arancel de 30% (supongamos) acá estaría en U$D 13.000. Volkswagen lo trae a U$D 12.000 desde Brasil y se apodera total o parcialmente del arancel aduanero. El Mercosur permite que empresas particulares se apropien del diferencial arancelario respecto de los países por fuera del mercado común. El Tesoro Nacional pierde ingresos y nosotros no mejoramos nuestro nivel de vida (ya que pagamos todo igualmente caro). Podríamos preguntarnos: ¿quién se beneficia? Bueno, las multinacionales que se instalaron en Brasil (VW, Unilever, P&G, etc.), por ejemplo.

Una segunda explicación son las exenciones. Si es maquinaria, no paga arancel. Todo el equipamiento petrolero y minero no paga [4]. Los mismos privilegios reclama la industria petrolera. 

En tercer lugar está el gran complejo de terminales automotrices (todas extranjeras) que se mueven por la aduana sin control, sin abonar aranceles (salvo raros casos).

Propuestas
  • El mayor ingreso del Tesoro debería ser aduanero y sólo marginalmente el IVA. De la recaudación de la aduana, un 90% debería provenir de importaciones. Un país con grandes volúmenes de comercio exterior puede recaudar, y mucho, con un arancel general pequeño. Alícuota baja, volúmenes grandes.
  • El IVA debería ser del 10% (0% para alimentos, combustibles y servicios públicos). No coparticipable.
  • Ganancias debería tener una alícuota de 10% para familias y 15% para empresas e ir íntegramente a las arcas provinciales.
  • El impuesto a los bienes personales debería ser recaudado por las provincias en la forma de impuesto inmobiliario.
  • Todo el resto se elimina.
  • Cortarle las alas al BCRA, el cual no es (no debería ser) una agencia de recaudación.

Algo huele mal y no es en Dinamarca.

 

Notas

[1] La provincia más perjudicada es la de Buenos Aires. Un 35% de la recaudación ilegal del BCRA es quitada a PBA. Eso explica por qué para el orden político actual (FdT y JxC) es imprescindible tener la provincia intervenida (Scioli, Vidal, Kicillof), todos porteños instalados en La Plata por el poder central.

[2] Lo más importante del gasto federal debe ser la Defensa. Para eso existe un gobierno nacional. Todo el resto, todo el resto, es secundario. Basta analizar el presupuesto para ver las mil y una estupideces, oquedades, y chiringuitos que lo integran.

[3] China y Alemana tienen grandes saldos exportadores. Los excedentes o bien los acumulan en reservas o financian a sus compradores para sostener la demanda de sus fábricas. Ése fue el secreto del crecimiento industrial alemán desde el 2000 a hoy.

EEUU tiene un déficit de cuenta corriente fenomenal. El dinero que no obtiene mediante exportaciones, las cuales son insuficiente para sostener el volumen importado, lo cubre con emisión de efectivo y de deuda pública.

[4] La minería no sólo no paga impuestos en general (ganancias) ni aranceles de exportación ni debe liquidar divisas (a diferencia de un productor de maíz), sino que importa su maquinaria sin aranceles aduaneros.

 

Referencias

Recaudación AFIP https://www.afip.gob.ar/institucional/estudios/serie-anual/ 

 

Lecturas relacionadas

Decime cuánto me querés http://restaurarg.blogspot.com/2023/01/decime-cuanto-me-queres.html). 

2022: el año que no estuvimos en peligro

http://restaurarg.blogspot.com/2023/02/2022-el-ano-que-no-estuvimos-en-peligro.html 

 

Artículo publicado originalmente el 25/02/2023 por Restaurar, http://restaurarg.blogspot.com/2023/02/el-misterio-de-la-aduana.html  

CUATRO ASPECTOS DE LA POLÍTICA EXTERIOR

Julio C. Ferrari Freyre*

El objeto de este artículo es introducir algunas cuestiones elementales para los que no se han iniciado en el estudio de las Relaciones Internacionales o cuya formación y trayectoria profesional no les ha dado la oportunidad de acercarse a los asuntos de otros países. Espero que las ideas vertidas no sean aburridas en demasía y contribuyan a esclarecer los hechos y ayudar a interpretar las informaciones que nos llegan del exterior.

Para escribirlo me he apoyado tanto en mi formación académica en Ciencias Políticas en la Universidad de Sophia en Tokio, en Relaciones Internacionales en la Universidad del Salvador y en Economía Europea en la Universidad de Deusto en Bilbao, como así también en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación cuanto, en mi actividad profesional, ahora finalizada, como Diplomático de carrera.

Desde el siglo XVIII se ha estudiado la Política Exterior de los países, aunque recién con el final de la Segunda Guerra Mundial se la ha investigado sistemáticamente, formándose varias escuelas de pensamiento que agrupan a los distintos teóricos de las Relaciones Internacionales, entre los cuales podemos mencionar el realismo, el liberalismo, el estructuralismo, el constructivismo, funcionalismo, el feminismo, el institucionalismo y otras que no mencionaremos aquí por su menor relevancia. En cada caso es posible encontrar como representantes a autores que, siendo ciudadanos y basados en sus experiencias nacionales prefieren o apoyan las escuelas que mejor explican las políticas exteriores o las situaciones en que se encuentran sus países. Al mismo tiempo, encontramos autores que se interesan en la materia desde otras ópticas, ellos son los especialistas y teóricos del Derecho Internacional, de la Geopolítica, de los Estudios Estratégicos y los economistas en todas sus especialidades que también suman sus opiniones sobre las cuestiones internacionales y, en muchos casos, aportan distintas visiones y novedosos elementos al estudio en cuestión.

Más allá del valor, importancia o interés que le asignemos a las distintas teorías de las Relaciones Internacionales, es necesario considerar que los Estados deben tener en cuenta cuatro aspectos fundamentales en su Política Exterior: la Integridad Nacional, la Defensa Nacional, la Prosperidad Económica y la Proyección hacía el Exterior[1].

Antes de comenzar con los cuatro aspectos, es conveniente recordar que el sistema internacional está compuesto primordialmente por Estados independientes. Le siguen los organismos internacionales tal como las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, y muchos otros. También debemos añadir las empresas multinacionales como Siemens, Mitsubishi, Ford, Unilever y una amplia población de firmas de muy variados tipos, tamaños e intereses. Finalmente, ha de incluirse a las Organizaciones No Gubernamentales que, naturalmente, en muchísimos casos son los brazos «civiles» o encubiertos de gobiernos, de servicios secretos y de múltiples organizaciones, instituciones y empresas poderosas, y a personalidades influyentes por su trayectoria académica, por ser celebridades o por tener amplias fortunas heredadas o producto de su capacidad tecnológica o empresarial.

El Estado tiene cuatro componentes sin los cuales no es reconocido como tal y no puede existir:

Población:

La población es sin duda el capital más valioso y primordial del Estado. Es el factor humano e incluye a los ciudadanos del Estado (el pueblo) y a los extranjeros residentes en el mismo. La población o pueblo forma parte esencial y necesaria del Estado ya que sin ella no puede existir. Es importante que ella tenga el acuerdo, propósito o sentimiento de regirse por las mismas instituciones, comulgue con los mismos intereses vitales y tenga identificados sus objetivos nacionales y destino político.

Se podría pensar que es normal que la población de un Estado sea de etnias y de creencias religiosas similares. Estas condiciones ideales se dan en pocos países y en la mayoría de los casos son territorios aislados como por ejemplo Japón, Tíbet, Nepal, Finlandia, los países escandinavos, etc., donde se puede hablar de una población de características iguales.

El caso contrario son los países de América, especialmente de la América hispana, donde es normal la mezcla de razas, etnias y otros factores y donde se ha dado un importante mestizaje de pueblos originarios («indios» en el léxico tradicional), españoles, e inmigrantes de los más variados orígenes, africanos (en su momento llegados como esclavos) y más recientemente asiáticos. Estos habitantes viven bajo un régimen de igualdad gracias a las tradiciones legales hispanas y a las enseñanzas de la Iglesia Católica. No es extraño ver históricamente altas autoridades con ascendencia indígena o africana. Solamente en el caso de la Argentina podemos mencionar a Bernardino Rivadavia, Justo José de Urquiza y Juan Domingo Perón como ejemplos. También se dan casos de hijos de inmigrantes que han alcanzado las máximas jefaturas de gobierno como Carlos Pellegrini, Alberto Fujimori y Carlos Saúl Menem, situaciones que no se dan en muchos países aún con importantes corrientes migratorias[2].

Territorio:

Por territorio se debe entender la superficie terrestre ocupada por el Estado, el espacio aéreo sobre el mismo y sobre las zonas marítimas contiguas, lo que significa una franja de 12 millas náuticas de aguas territoriales y hasta 200 millas náuticas de zona económica exclusiva.

Gobierno:

El gobierno se encarga de dirigir, controlar y administrar las instituciones que conforman al Estado y normalmente, en su concepción moderna, está compuesto por el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, aunque en algunos sistemas políticos esta división no siempre se da con mucha claridad, notablemente los países marxistas y en algunas monarquías. Es normal que los tres poderes del gobierno se controlen y complementen mutuamente, siguiendo la visión de Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y Barón de Montesquieu, en el Libro XI de su «Espíritu de las leyes» (1748). El tipo de gobierno, su estructura y los mecanismos para integrarlo normalmente están incorporados en la constitución del Estado, que habitualmente es un documento escrito. Ésta debe reflejar las pautas culturales, históricas y jurídicas del país.

Más allá de la estructura que pueda tener el Estado, el gobierno tiene la responsabilidad de ejercer y defender sus intereses vitales definiendo los objetivos nacionales permanentes e inalterables contenidos en la constitución incluyendo las normas de conducta y pautas aceptables y respetuosas de los otros Estados y actores de la comunidad internacional.

Soberanía:

La Soberanía es la capacidad del Estado de imponer leyes que aseguren el bien común —el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección[3]— de la comunidad y tiene efecto dentro del mismo Estado. Es la autonomía que requiere el Estado para imponer esas leyes y las condiciones necesarias para resguardar ese bien común de la población. Es, asimismo, la fuerza que requiere para ejercer y defender sus decisiones, su territorio y su población. Holsti resume la idea de la siguiente manera:

El principio de soberanía {implica} que los gobiernos son los legisladores supremos en sus propios territorios. Los Estados son libres, en virtud de su soberanía, para gobernar como deseen dentro de su propio territorio y para formular sus propias políticas exteriores. Los estados difieren en tamaño, población, ubicación o capacidades militares, todos los estados son iguales con respecto a los derechos y deberes legales. [4]

Jean Bodin, en «Los seis libros de la República» (1576), nos enseña que es el poder absoluto y perpetuo del Estado. En las monarquías, la soberanía reside en el rey mientras que en las repúblicas el soberano es el pueblo. Claro está que, en nuestra época de monarquías constitucionales, repúblicas de distinta especie y aún en alguna que otra dictadura personalista, la soberanía reside, al menos según la mayoría de las constituciones, en el pueblo.

La idea de la Soberanía del Estado está plasmada en la Paz de Westfalia (1648) y es una de las bases de las Relaciones Internacionales. El reconocimiento de la Soberanía por otros Estados implica la independencia del país y su capacidad para actuar en el ámbito internacional. La Soberanía supone que ningún Estado podrá o deberá interferir en los asuntos internos de otro Estado. Los organismos regionales e internacionales de todo tipo están conformados por Estados Soberanos.

Sin contar con este cuarto elemento, un territorio o una población no sería un Estado aun teniendo un «gobierno», pero teniendo algunos de estos tres elementos: población, territorio o gobierno, no será un Estado si no está reconocido como tal por otros miembros de la comunidad internacional. En pocas palabras, sin Soberanía, el Estado no existe.

Por consiguiente, el Estado debe resguardar el Territorio, proteger a la Población, administrarse por medio de un Gobierno y ejercer la Soberanía para lograr y asegurar la gobernabilidad y el bien común.

Teniendo en cuenta los cuatro componentes del Estado que hemos descrito podemos comenzar a exponer los cuatro aspectos fundamentales de la Política Exterior.

Integridad Territorial

La Integridad Territorial se funda en la inviolabilidad de la independencia política y de las fronteras de un Estado se asienta en la igualdad Soberana de los Estados. Este es un principio fundamental del Derecho Internacional y está plasmado en la carta de las Naciones Unidas y de los otros organismos internacionales y regionales.

La Integridad Nacional se puede «medir» por los conflictos fronterizos con otras naciones y por territorios propios ocupados por fuerzas extranjeras o grupos rebeldes, secesionistas o regímenes contrarios al gobierno propio.

La existencia de problemas fronterizos implica una disputa o conflicto con otra nación sobre los límites entre ambos. Sus causas pueden ser el resultado de mediciones o demarcaciones equivocadas, sectores mal definidos o áreas que fueron «olvidadas» por negligencia burocrática y que fueron ocupadas por otro. Estos problemas pueden convertirse en conflictos de mayor envergadura y eventualmente en una guerra como ha ocurrido en muchas instancias. Felizmente, existen métodos más pacíficos como el arbitraje, la mediación o la actuación de la Corte Internacional de Justicia en La Haya para resolver los diferendos sin el derramamiento de sangre. En otros casos, las disputas continúan largo tiempo sin que lleguen a la violencia, aunque la posibilidad siempre queda latente y una situación de este tipo puede convertirse en un conflicto violento.

La Integridad Territorial también se puede ver afectada por las actividades de otros actores dentro del Estado. Así vemos que colonias agrícolas, barrios urbanos, sociedades e instituciones conformadas por extranjeros o grupos religiosos, étnicos, raciales, etc., específicos y excluyentes de la población propia pueden convertirse en causa de conflicto tanto con la población local (por envidia, resentimiento o prejuicio), o por los reclamos de los países de origen de esa población extranjera. Viene a la mente como ejemplo el conflicto desatado por los alemanes de la región del Sudeten en la década de 1930 que resultó, tras la Conferencia de Múnich, en la incorporación de los territorios de población alemana de Checoslovaquia que pasaron a formar parte del Tercer Reich.

Similarmente, grupos con características religiosas, étnicas o raciales que se perciben diferentes del resto de la población aun siendo considerados de la misma nacionalidad y gozando de las mismas libertades y obligaciones que el resto de la población, pueden crear un conflicto por concebir sus «derechos», costumbres o tradiciones como especiales y diferentes a las del resto de la población. Estos «movimientos» son en ocasiones promovidos por otros países u organizaciones para obtener ventajas o directamente poder controlar territorio por sus recursos naturales o situación estratégica. Un ejemplo de este tipo de conflicto es la Crisis del Congo de 1960-64 donde los intereses mineros de empresas extranjeras promovieron la secesión de la provincia de Katanga del resto del país.

De la misma manera las adquisiciones de tierras por personas adineradas, empresas, ONG’s (organismos no gubernamentales) e instituciones con el objeto de crear «áreas ecológicas» o «naturales», zonas de esparcimiento, cotos de caza u otras figuras de posesión, pueden resultar en causas de un contencioso con otros países que podrían reclamar la protección de sus ciudadanos, intereses o propiedades ante cualquier inconveniente. Un buen ejemplo fueron las actividades del empresario Douglas Tomkin en el sur de Chile (junto a Hansjörg Wyss), y en los Esteros del Iberá en la Argentina que suscitaron amplios debates y sospechas, aunque se debe aclarar que el señor Tomkin nunca sugirió la secesión de los territorios de su propiedad para formar su propio «país».

La cesión exclusiva de terrenos a otro país o institución oficial extranjera es aún más grave ya que significa una pérdida de soberanía (y por ende de los derechos propios y del control) sobre el territorio nacional. Los usos que se le den a estas tierras enajenadas pueden ser pacíficos, pero siempre estará presente la posibilidad de un uso militar o para operaciones de inteligencia contra el propio país o contra otro Estado, creando un conflicto con un tercer Estado. En todo caso, debe incorporarse una cláusula de inspección, control y coparticipación en cualquier acuerdo de este tipo, definiendo con exactitud las actividades que pueden ser desarrolladas en los mismos, los derechos y obligaciones de las partes y los alcances prácticos de la cesión. Serviría como ejemplo las bases que los Estados Unidos mantiene en Alemania, en el Reino Unido y en otros países.

El respeto a la Integridad Territorial también depende de la consideración que el gobierno, las autoridades y las instituciones tengan de su propio territorio. La idea de que el territorio nacional se pueda entregar a agentes extranjeros sin una mayor atención a los posibles efectos ulteriores es un despropósito que atenta contra la misma integridad del Estado y bien podría calificarse como una traición.

Más aceptable son los emprendimientos y las instalaciones científicas, técnicas, ecológicos y de otro tipo establecidos y mantenidos por terceros países, instituciones u ONG’s conjuntamente con el Estado Nacional para fines específicos. Estos normalmente involucran personal calificado local junto a extranjeros que desarrollan actividades transparentes y eventualmente informadas a la población y a la comunidad científica.

Naturalmente debemos excluir de este acápite las instalaciones de las Embajadas y Consulados extranjeros y sedes u oficinas de organismos internacionales y regionales dentro del país que son regidas por las pertinentes Convenciones y acuerdos, y cuya «sesión» de territorio y soberanía es parcial y temporaria.

Defensa Nacional

La Defensa Nacional es un aspecto de la Soberanía y responsabilidad primordial del Estado. La Defensa Nacional implica proteger el territorio, su población, el Gobierno y la Soberanía contra las posibles aspiraciones exacerbadas de otros Estados, organismos diversos, grupos de presión o de interés internacionales, del terrorismo internacional, del crimen organizado y de otras entidades, movimientos y agrupaciones. También involucra la protección contra bandas armadas internas, intentos secesionistas, grupos abocaos a derribar un gobierno legalmente constituido, etc.

La Defensa Nacional es ejercida por el gobierno mediante las Fuerzas Armadas, de Seguridad (policía de frontera y marítima) y Policiales, con los aportes del organismo nacional de inteligencia y, en su caso, de la información proporcionada por la red de Embajadas y Consulados propios en el exterior. La Defensa Nacional es una competencia que el Estado ejerce con exclusividad.

Hay Estados que consideran que su Defensa puede ser atendida por un cuerpo policial o una guardia nacional. Esta es una solución para países compuestos por islas o de tamaño y condición tal que la existencia de una fuerza defensiva más extensa no se justificaría por razones económicas y fiscales. El número de Estados que no cuentan con Fuerzas Armadas es muy escaso siendo estos de reducido tamaño, islas aisladas o rodeados de montañas y otros obstáculos defensivos formidables.

Las Fuerzas Armadas no sólo aportan una garantía a la existencia del país, sino que conforman un cuerpo disciplinado que presta auxilio en ocasiones de desastres naturales de todo tipo, participa en la formación de los jóvenes, ya sean voluntarios o conscriptos, en muchos casos han posibilitado la educación y capacitación técnica de sus integrantes, y en ocasiones han provisto el respaldo de las autoridades nacionales y locales frente a desordenes internos.

Es obvio que la Defensa significa resguardar y salvaguardar al Estado de los intereses de otros países y entidades extranjeras con pretensiones sobre el territorio, la población, los recursos naturales, y otros factores económicos, pero implica también la protección contra la penetración de formas de pensar o actuar contrarias a la cultura y tradiciones de la población.

No debe ser considerada la Defensa simplemente como una cuestión militar o de seguridad, sino que su influencia alcanza aspectos tan importantes como el desarrollo de determinadas áreas del país, el resguardo de sus recursos naturales, la salud pública, la educación, la cultura y otros aspectos de la nación. La pretensión de otro país sobre un territorio nacional ajeno despoblado o físicamente marginado o separado del resto puede tentar a su ocupación por parte de aquél o a ser explotado por agentes económicos inescrupulosos sin el efectivo control de la autoridad competente nacional. Se extiende además a la protección de ciudadanos amenazados por residentes extranjeros dentro de las fronteras del Estado y al resguardo contra las acciones de bandas armadas o criminales (narcotraficantes, contrabandistas, traficantes de personas, etc.), que corroen la dignidad y el bienestar de la población, su modo de vida y su desenvolvimiento económico.

Aun cuando algunas personas idealistas piensen lo contrario, ningún país serio puede descuidar su Defensa, la protección de sus fronteras y dejar de contar con información precisa para contrarrestar cualquier intento de actividad agresiva. Descuidar la Defensa Nacional es un ingenuo infantil de quienes confían en un idealismo absurdo como bien demostró la Gran Guerra de 1914-1918 y los muchos otros conflictos desde esa época. Pensar que «entidades supranacionales», como los organismos internacionales o regionales, correrán en su auxilio es equivalente a las maquinaciones de un demente. Cuando deciden actuar estos organismos rara vez han intervenido en forma inmediata y sí siempre después de la pérdida de centenares de vidas y de la destrucción de propiedades.

Otros consideran que al participar el Estado en organizaciones multilaterales y regionales, no existen razones para formular hipótesis de guerra. Esta es otra ilusión que no evita los conflictos y contribuye a la potencial destrucción del propio país. Las hipótesis de guerra no significan necesariamente que se busque un conflicto, sino que se esté preparado para enfrentarlo. Las hipótesis también pueden incluir los planes de cooperación de las fuerzas armadas de un país en auxilio de un vecino cuando azotan los desastres naturales o un vecino aliado que haya sido atacado por otro Estado. Un buen ejemplo fue la nutrida cooperación brindada por varios países cuando se hundió el submarino A.R.A. San Juan. Los ejemplos de este tipo de cooperación —hipótesis de cooperación podríamos llamarlos— son muy numerosos, especialmente en nuestra región.

Un buen estado de Defensa Nacional siempre dará seguridad a la Política Exterior del país y ayudará a disuadir a un potencial enemigo de entrar en conflicto.

Prosperidad Económica

La prosperidad económica de un Estado frente pasa necesariamente por el comercio y las inversiones.

En términos de la política exterior de un Estado, el comercio exterior se puede definir como el intercambio de bienes y servicios con otro país. Esto significa la salida de productos agropecuarios, manufacturas o servicios de nuestro país —las exportaciones— y la entrada de productos de otros países en el mercado propio —las importaciones—. En este sentido, la tasa de cambio entre la moneda nacional y las monedas más comunes del comercio internacional, esencialmente el dólar estadounidense y el euro, deben idealmente favorecer las exportaciones del país.

Desde la antigüedad hasta nuestros días, el comercio exterior ha sido de capital importancia en la economía permitiendo la venta del exceso de producción en otros mercados, el suministro de bienes escasos en la economía propia eliminando distorsiones del mercado por faltantes, ampliando la oferta de productos e introduciendo nuevos alimentos, manufacturas o servicios.

El comercio exterior puede acelerar el crecimiento de la economía ya sea por medio de las ventas como por la introducción de nuevos productos que eventualmente podrían ser cultivados o producidos en el país, reduciendo la dependencia de las importaciones y promoviendo nuevos productos para la exportación.

Las ventajas comparativas de un país facilitarán las exportaciones, la especialización en la producción y la formación de los trabajadores y el posicionamiento del Estado en el comercio internacional.

Las exportaciones permiten la entrada de divisas que pueden ser utilizadas para la adquisición de las importaciones o para acumular (reservas) para su uso en caso de necesitar cubrir la importación de alimentos, materias primas o manufacturas. Similarmente las divisas obtenidas pueden incrementar el respaldo de la moneda local.

El comercio internacional hace más prósperas las condiciones para el consumidor promoviendo la mejora de la calidad y la eficiencia de las empresas y ayuda a reducir los costos. Esta situación le permite al consumidor mayor libertad para elegir según sus preferencias de calidad y precio.

La competencia entre las empresas del país y las de otro resultará en una mayor competitividad promoviendo que las firmas nacionales desarrollen más adecuada tecnología, más ajustados procesos y eleven la calidad de la producción.

El comercio exterior también puede promover el crecimiento de los sectores agropecuario, industrial y comercial creando de esta forma mayores posibilidades de empleo, formación y especialización resultando en una mejora en el nivel de vida de la población.

El Estado debe promover el comercio exterior por las razones mencionadas, pero también debe procurar que no se cree una dependencia en uno o en pocos mercados lo que resultaría una seria desventaja para la economía y política exterior. También se debe procurar que el valor de las exportaciones de bienes y servicios supere el valor de las importaciones.

La situación ideal sería que el comercio exterior tenga mercados en distintos países y bloques económicos (Unión Europea, Mercosur, NAFTA, ASEAN, etc.), sin que ninguno o sea predominante. Esta relación permitiría poder mantener cierta independencia evitando presiones y la amenaza de pérdida de un mercado crítico para la economía del país, ya sea en términos de exportaciones cuanto de importaciones.

Muchas naciones mantienen estructuras dentro del gobierno para promocionar el comercio exterior, especialmente las exportaciones y establecen oficinas en el exterior que investigan la apertura de nuevos mercados, buscando compradores, tomando parte en ferias, exposiciones y competencias, y participando en licitaciones. Estas oficinas bien pueden formar parte de la estructura del Estado o ser mixtas contando con la colaboración de cámaras, asociaciones y empresas privadas que buscan mayores ventas para sus productos en un mercado más amplio que el propio. Este segundo esquema permitiría un menor costo de mantenimiento de la estructura, incluyendo las oficinas que se abrieran en el exterior, y evitaría que el Gobierno se involucre directamente en los asuntos comerciales de personas o empresas mientras que acompaña el comercio exterior para que se lleve a cabo dentro de los parámetros de los objetivos e intereses nacionales.

Esta oficina también debería realizar el seguimiento de las empresas involucradas en el comercio exterior promoviendo su participación o investigando casos de fraude y estafa tanto de exportadores como de las empresas extranjeras que suministran las importaciones a nuestro mercado, manteniendo un registro de las medidas paraarancelarias, sanitarias, legales, impositivas, etc., de los mercados adonde se dirigen las exportaciones, los medios de transporte disponibles, etc.

Otro aspecto de la Prosperidad Económica son las inversiones extranjeras en el país. De especial interés son las Inversiones Extranjeras Directas (IED), por las cuales empresas extranjeras establecen firmas subsidiarias en el exterior para promover la producción agropecuaria o industrial en un nuevo territorio. La IED también puede ser destinada al comercio interno.

Para lograr la Prosperidad Económica se debe asegurar que las inversiones extranjeras sean productivas y que resulten en la construcción o mejoramiento de fábricas, campos agrícolas, redes de distribución, etc. Preferentemente las inversiones buscarían solventar la demanda local y exportar el excedente que bien podría ser la principal razón de ser de la inversión. Las inversiones puramente dirigidas a satisfacer la demanda local, que por su puesto exportan las ganancias, siempre llegarán a agotar esa demanda sin generar una expansión por medio de las exportaciones. Las inversiones además deben asegurar el respeto por el medio ambiente produciendo una mínima contaminación según las normas locales, del país de origen y las recomendaciones internacionales.

Debe advertirse que en muchos casos las inversiones extranjeras consisten en la adquisición de una firma nacional afectada por problemas financieros, de tecnología o de «coyuntura». En este caso, aportando capital y tecnología, la firma extranjera vuelve a poner en marcha a la fábrica otrora nacional, logrando conquistar el espacio correspondiente en el mercado para llevarse las ganancias a la casa matriz[5].

Si el país que recibe las inversiones extranjeras se encuentra en vías de desarrollo, deberían incorporarse cláusulas sobre formación y capacitación del personal, como así también sobre el bienestar y la salud, en los acuerdos, promoviendo un mejor nivel de vida para los trabajadores. Con el tiempo esto resultará en una ventaja para la firma inversora al contar con personal entrenado por ellos mismos.

Para que las inversiones extranjeras sean un motor para el crecimiento, el Estado debe procurar que sean implantadas en zonas de menor desarrollo relativo, posibilitando mejoras en esas regiones del país y favoreciendo la creación de riqueza en áreas que no sean las desarrolladas o las más ricas del país. Como criterio general, las mismas deben estar situadas cerca de donde se obtienen las materias primas a ser transformadas, ya sean agropecuarias o minerales, posibilitando una mejor distribución de la riqueza y de la población. Esta distribución de las inversiones también tendría implicancias para el mejor desarrollo de las instituciones políticas del país ya que colaboraría para una mejor la distribución de la población y por ende de los representantes en el congreso o parlamento y reduciría la concentración de la población en unas pocas aglomeraciones urbanas.

Por otra parte, los Estados deberían procurar el establecimiento de «Empresas Conjuntas», también llamadas «Joint Ventures». Estas contarían con la participación de agentes económicos locales o inclusive del Estado Nacional o de los gobiernos municipales, departamentales o provinciales, asegurando la concreción de la inversión a nivel local y eventualmente de la distribución de las ganancias de las mismas a nivel local. Por otra parte, este mecanismo sería útil para mantener una presencia del Estado en el proyecto de inversión con el objeto de controlar y facilitar el accionar respecto de los objetivos e intereses nacionales, fomentar la educación y formación técnico-industrial, etc.

Debe procurarse que las inversiones no sean puramente especulativas buscando ventajas bancarias para irse al poco tiempo llevándose el capital invertido y los intereses devengados, resultando en una pérdida neta para el país y el sistema financiero. Esta forma de «inversión» ha sido muy aprovechada por los interesados en las ganancias propias, a saber, como ladrones o usureros quienes deben ser tratados como tales.

Claro está que el Estado no debe realizar acciones que ahuyenten las inversiones extranjeras por el vacío que pueden llegar a infligir a la economía nacional. La desaparición de empresas extranjeras puede resultar, especialmente si es repentina, en un mayor desempleo, la creación de un vacío de tecnología, la fuga de técnicos y científicos calificados, tanto propios como extranjeros, el retiro de importantes sumas de dinero, especialmente de divisas extranjeras, etc. Un clásico ejemplo fue la finalización de la cooperación económica y técnica entre la Unión Soviética y la República Popular China en 1958-60, al iniciarse la ruptura ideológica entre ambos países.

Una economía pujante con una amplia balanza comercial a favor, inversiones productivas, suficientes reservas sosteniendo la moneda nacional y un nivel de inflación manejable dan independencia a la política exterior de un Estado.

Proyección Global

La Proyección hacia el Exterior o Global de un Estado es el perfil que pretende mostrar hacia la comunidad internacional, teniendo en cuenta la constitución, valores, leyes, costumbres, tradiciones y “sentimientos” del pueblo. Es esencialmente la Política Exterior del Estado la que debe encarnar y hacer visibles, tanto a la ciudadanía como a los actores internacionales, el Interés Nacional y los Objetivos Nacionales[6].

Amadeo considera que el Interés Nacional no es un objetivo en sí, sino que corresponde a un supuesto esencial: «Cualquiera sea el objetivo que el Estado se trace debe estar basado en el interés nacional y todo lo que lo contradiga debe quedar terminantemente excluido»[7].

Los objetivos de la Política Exterior son «aquellas metas estables que los Estados se proponen alcanzar en el plano internacional y para cuyo logro emplean los procedimientos y se valen de los métodos propios de esa política». Su «elaboración es el fruto de la consciencia nacional a través de la historia, y en esa elaboración participan varias generaciones»[8].

A mayor complejidad, tamaño y riqueza del Estado, mayor será la necesidad de su integración en la comunidad internacional y el mantenimiento de una presencia activa en ese ámbito en distintas áreas que bien podrían resumirse en los siguientes niveles:

Político. Mantener buenas relaciones con los países vecinos y las potencias regionales y mundiales; buscar y mantener un espacio en los organismos regionales e internacionales para proyectarse y defender sus intereses nacionales

Económico-Comercial. Mantener relaciones con los organismos internacionales económicos, organizaciones del comercio y del desarrollo económico; asegurar el comercio exterior, especialmente las exportaciones «tradicionales” del país así como los productos novedosos abriendo nuevos mercados; promover las inversiones extranjeras al país y buscar oportunidades para las inversiones en el exterior de mutuo provecho.

Social. Lazos entre los inmigrantes y sus parientes en sus países de origen; intercambio turístico entre los países; relaciones creadas por el intercambio de académicos, estudiantes y funcionarios/oficiales militares; turismo cultural; aprendizaje de idiomas; intercambio de profesionales de distintos rubros.

Cultural. Diseminación de la Cultura Nacional, especialmente de la literatura, las expresiones plásticas y la música, sea esta popular o clásica; fomentar los teatros, museos y centros de exposiciones del país; promocionar las creaciones artísticas y a los intérpretes; promover el intercambio de académicos y estudiantes universitarios,

Científico-Tecnológico. Buscar el intercambio en las investigaciones científicas y técnicas; procurar los intercambios de estudiosos; protección de las investigaciones propias y de las patentes; promocionar las investigaciones científicas en el exterior.

Militar-Estratégico. La participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de la paz de los organismos internacionales y regionales; intercambio de oficiales con otros países, especialmente dentro de la misma región; participación en maniobras, estudios y simulacros con países amigos.

La Proyección Global presenta otra dimensión que es la visión que tienen los otros actores internacionales del país. Políticas cortoplacistas, interesadas, cambiantes o inestables no ayudan a presentar una imagen coherente y seria del Estado. Lo mismo puede decirse de las políticas seguidas internamente para con los foráneos e inmigrantes, el respeto por los derechos humanos, económicos y políticos, las inversiones extranjeras y otros factores que preocupan a la comunidad internacional. Se supone que el Estado es un actor racional que busca el interés nacional y las buenas relaciones con otros países[9].

Esta Proyección hacia el exterior requiere de una política de Estado que tenga en cuenta las cuatro dimensiones que hemos descripto y mire hacia el exterior para lo cual necesita de una Administración Pública y un Cuerpo Diplomático capacitados, profesionales y motivados con visión de conjunto hacia el futuro en un mundo cada vez más complejo. La claridad de esa Proyección Internacional se retroalimenta con las Políticas Internas impulsadas por el Interés Nacional

 

* Estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Sophia (Tokio, Japón), Relaciones Internacionales en la Universidad del Salvador y Economía en la Universidad de Deusto (Bilbao, España). Egresó del Instituto del Servicio Exterior de la Nación, ISEN (1984) y como Diplomático ha cumplido funciones como Cónsul en Bilbao, en la Embajada Argentina en la República Popular China y como Cónsul General en Guangzhou (R. P. China). En Cancillería fue Director de Documentación de Viaje dentro de la Dirección General de Asuntos Consulares y estuvo a cargo de la Representación Especial para Asuntos de Terrorismo. Se retiró del Servicio Exterior de la Nación como Ministro Plenipotenciario de Primera Clase en 2018.

 

Referencias

[1] Gerald Segal. “Chinese Foreign Policy”. En: Goodman, David y Segal, Gerald, China at Forty, Oxford: Oxford University Press, 1990.

[2] Amadeo, p.81.

[3] Gaudium et Spes -Constitución Pastoral-, 26

[4] Holsti, p. 84

[5] Speroni, Iris: El Cascabel al Gato

[6] Dougherty y Pfaltzgraff p 95

[7] Amadeo, p.147

[8] Amadeo, p.145-6

[9] Dougherty y Pfaltzgraff p 32

 

Bibliografía

Amadeo, Mario: Manual de Política Internacional. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1978.

Dougherty, James A. y Pfaltzgraff, Robert L. Contending Theories of International Relations. Nueva York: Longman, 2001.

Giménez Morera, Antonio. Organización y Gestión del Comercio Internacional. Universidad Politécnica de Valencia, 2019.

Goodman, David y Segal, Gerald. China at Forty, Oxford: Oxford University Press, 1990.

Holsti, Kalevi J. International Politics: A framework for Analysis, Prentice-Hall, Englewoods, Nueva Jearsey, 1972.

Speroni, Iris. «El Cascabel al Gato». Restaurar, 18/01/2022, https://restaurarg.blogspot.com/2020/01/aumentar-la-inversion-quien-le-pone-el.html

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