¿Qué hacen a nivel nacional estos funcionarios responsables? Nada.
El subsecretario de Pesca Carlos Liberman y el secretario de Malvinas de la Cancillería Guillermo Carmona no entienden que la PESCA ILEGAL por parte de buques extranjeros en Malvinas y en el Atlántico Sudoccidental atenta contra el desarrollo y la generación de empleo en el litoral marítimo argentino y consolida la ocupación británica en Malvinas, y en más de 1,6 millones de km2 del territorio marítimo explotado por el Reino Unido.
Digámoslo con todas las letras: no son 11.410 km2 de Malvinas los ocupados por el Reino Unido. Está invadido el territorio marítimo argentino en un equivalente al 52% del Zona Económica Exclusiva y extranjerizado el Atlántico Sudoccidental que debería estar administrado por la Argentina y Uruguay, en su condición de Estados ribereños (FAO 41 Sub-Áreas 2.3.; 3.1. y 3.2.).
En varias entregas sintetizaremos el trabajo que presentaremos varios expertos de Latinoamérica bajo el título “La demanda de los Estados ribereños de Latinoamérica sobre la Pesca Ilegal y el dominio de los recursos migratorios originarios de la ZEE”, donde se dejan de manifiesto los derechos que le asisten a los Estados ribereños y que han sido desatendidos —en el caso de Argentina— por los citados funcionarios, incumpliendo con sus deberes de funcionarios públicos por falta de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, varias normas de la FAO y las leyes nacionales 24.543, 24.608, 24.922, 26.386 y 27.564.
Se entiende como PESCA ILEGAL y con el tecnicismo de INDNR (ilegal, no declarada, no registrada) a aquella que se realiza voluntaria y/o libremente, sin cumplir total o parcialmente con la regulación internacional o nacional de origen y/o sin control independiente y/o si se capturan en alta mar sin acuerdo previo a aquellas especies que interaccionan o están asociadas o son migratorias originarias de las ZEE o viceversa o, se realiza todo acto, de cualquier naturaleza, que atente contra la sostenibilidad de las especies pesqueras y/o contaminando el medio ambiente (César Lerena, Ob. Cit. 2022). Más de cincuenta irregularidades detalladas en el referido trabajo se tipifican como PESCA ILEGAL y todas ellas ocurren en alta mar del Atlántico Sudoccidental y varias de ellas en la ZEE Argentina.
La denominación PESCA ILEGAL es autosuficiente para definir por sí misma las acciones depredadoras de las actividades pesqueras, por lo que a nuestro entender denominarla pesca “ilegal, no declarada, no registrada” (INDNR) minimiza las acciones y contribuye a la confusión general, ya que podríamos agregar a estas una serie interminable de adjetivos. La ejecución de todas o alguna de las prácticas depredadoras o que coadyuvan éstas no son otra cosa que ejecutar una PESCA ILEGAL, de mayor o menor gravedad respecto a sus efectos negativos en cuanto a la sostenibilidad de las especies, la contaminación del medio marino o al daño económico-social de los Estados en desarrollo.
El Plan de Acción Internacional (PAI) de la FAO (2001) elaborado como un instrumento en el marco del Código de Conducta para la Pesca Responsable, es una norma que, entre otras cosas refiere (3.3.2), que se realiza PESCA INDNR cuando: «en zonas o en relación con poblaciones de peces respecto de las cuales no existen medidas aplicables de conservación u ordenación y en las que dichas actividades pesqueras se llevan a cabo de una manera que no está en consonancia con las responsabilidades relativas a la conservación de los recursos marinos vivos que incumben al Estado en virtud del derecho internacional», es decir, el caso de la pesca que se realiza en el área de Malvinas sin control de Argentina y, en alta mar en el Atlántico Sudoccidental, al pescar sin control alguno por parte del Estado de origen y sin acuerdo con el Estado ribereño (Argentina) sobre los recursos migratorios originarios de la ZEE Argentina, razón por la cual y pese a la “libertad de pesca” indicada en la CONVEMAR, debe tipificarse de PESCA ILEGAL (avanzaremos en ello en futuros artículos).
Todo ello se ratifica en el Programa 21 de la FAO (1992) donde también se hace hincapié en «la ordenación de la pesca de altura» y donde se precisa que es en ese ámbito donde «se plantean los problemas de la pesca incontrolada». En síntesis, en este Programa se deja en claro, que la cuestión se centra en ordenar a los Estados de pabellón que pescan a distancia en alta mar.
En alta mar es muy poco representativa la pesca de los Estados ribereños no desarrollados y el 85% de la pesca a distancia en alta mar la realizan cinco países: China, España, Taiwán, Japón y Corea del Sur, quienes del total de 37 millones de horas de pesca ocupan aproximadamente 25 millones. El problema entonces no lo ocasiona y mantiene toda la actividad pesquera internacional, sino que lo generan solo cinco Estados para lo cual casi todos los países del mundo se reunieron para aprobar una Convención que produjo regulaciones pesqueras imperfectas para todos los Estados —muy especialmente a los Estados ribereños no desarrollados— a lo que se agregó el Acuerdo de Nueva York que se excede irregularmente a lo ya regulado en la CONVEMAR. En realidad, más que promover una Convención, unos 160 países le deberían estar diciendo a estos cinco países y a otros cuatro o cinco (Rusia, el Reino Unido, Noruega, Portugal, etc.) “paren de pescar a distancia” (¡!) y acuerden con los Estados ribereños para hacerse de las proteínas que necesitan.
Mientras esto ocurre, pese a los resquicios que tiene la legislación internacional y las exigencias que a los funcionarios argentinos le impone la legislación vigente en la Argentina, éstos no han hecho absolutamente nada para revertir la expoliación de los recursos nacionales por parte de buques extranjeros, tanto en Malvinas, como sobre los recursos migratorios de la ZEE Argentina en alta mar. Y ello es grave, no solo por daño biológico, ambiental, económico, laboral y social que le ocasiona al país, sino porque esa presencia extranjera incontrolada favorece la ocupación británica en Malvinas y consolida la economía de los isleños.
¿Qué hacen a nivel nacional estos funcionarios responsables? Nada. Ni siquiera aplican la legislación nacional vigente para sancionar la pesca ilegal en Malvinas. ¿Qué hacen a nivel internacional por defender los intereses nacionales? Nada. El secretario de Malvinas manifiesta que las políticas más relevantes de esa dependencia son «persistir en el reclamo; consolidar los consensos internos y amplificar los apoyos; mostrar seriedad y solidez y aprovechar el contexto internacional» (Proyecto Sur, 08/04/2022) repitiendo el grave error cometido por el embajador Lucio García del Solar el 16/17 de agosto de 1989, prolegómeno de los Acuerdos de Madrid que consolidan la posición británica en Malvinas y, que este secretario entiende que “no es tan sencillo desarticular” (PS, 08/04/2022). El mismo error y los mismos efectos 33 años después. ¿Y el subsecretario de Pesca? En 2008 se presentó un “Plan de Acción Nacional”, que es un enunciado teórico de obligaciones que ya se encuentran en las leyes y los manuales de las reparticiones públicas, sin ningún efecto práctico. Un inservible texto que, a la luz de los hechos, ya ha demostrado su inutilidad para eliminar o reducir la PESCA ILEGAL, ya que no contiene, ni una sola acción concreta destinada a modificar la depredación brutal que realizan los buques extranjeros en el área de Malvinas y en alta mar. Y, lo que es peor, este funcionario entiende, que la pesca de los recursos migratorios originarios de la ZEE Argentina en alta mar no espesca ilegal. Nada bueno hay que esperar: Si se erra en el diagnóstico no se puede prescribir un buen tratamiento y es de imaginar el peor de los pronósticos.
La Argentina y el mundo van perdiendo la lucha contra la PESCA ILEGAL y ello se debe a una legislación que plantea un ordenamiento erróneo (CONVEMAR, Acuerdo de Nueva York y otros), que ya observó parcialmente la Argentina en 1995 y que los principales países y comunidades (China, la Unión Europea, Reino Unido, Corea del Sur, Japón, Taiwán, etc.) que deberían liderar el cuidado del ambiente marino y los recursos pesqueros subsidian la pesca a distancia y no penalizan a quienes no acuerdan con los Estados ribereños para regular la pesca en alta mar en condiciones equitativas y sostenibles. Al respecto, la FAO estima que al menos el 30% de las capturas son ilegales, generándose unos 36 mil millones de dólares anuales (FAO, 2016, p 05-06) en forma irregular y, en una competencia desleal con quienes pescan cumplen las normas nacionales e internacionales.
Cuando en el Atlántico Sudoccidental los buques extranjeros sin control extraen todos los años un volumen estimado en las 750.000 toneladas de productos pesqueros en alta mar originarios de la ZEE Argentina y 250.000 toneladas del área de Malvinas ocupada en forma prepotente por el Reino Unido y violando la Resolución 31/49 de las Naciones Unidas, queda absolutamente evidente que la política de los organismos multilaterales ha fracasado y por cierto, la de los organismos competentes (Cancillería y Malvinas; Agricultura, Ganadería y Pesca; Defensa y Seguridad) de la Argentina también, aunque veamos algunos avances en esta última área, pese a un presupuesto muy por debajo de la media regional.
La Argentina, desde hace 50 años, sufre esta captura por parte de buques extranjeros en el área de Malvinas y de las especies que desde la ZEE migran hasta la alta mar, causándole un perjuicio gravísimo al ecosistema ya que con licencia o no británica se extraen del Atlántico Sudoccidental un millón de toneladas anuales, por un valor estimado entre los 2.600 y 4.000 millones de dólares de materias primas brutas; pero, también, impidiendo el desarrollo económico, laboral y social del país y, muy especialmente de los pueblos del litoral bonaerense y patagónico, constituyéndose —como trataremos en un futuro artículo— en un atentado a la seguridad.
No alcanza que el gobernador de Tierra del Fuego anuncie acciones legales contra la pesca ilegal en Malvinas, donde si no se hace una acción conjunta con la Nación, biológica y territorialmente analizada, se corre un alto riesgo de profundizar el problema.
Cuando se trata de cuestiones que afectan la soberanía nacional y el bienestar del conjunto de los argentinos, no interesan las cuestiones partidarias o sectoriales: “a los amigos se los acompaña hasta el cementerio, no se entierra uno con ellos”. En frente, están las grandes potencias que vienen por nuestras proteínas y nuestros espacios marinos e insulares desatendidos.
* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Ex Secretario de Bienestar Social (Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA, Ex Asesor en la H. Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación- Autor de 28 libros, el último “Malvinas. 1982-2022. Una Gesta Histórica y 40 años de Entrega. Pesca la moneda de cambio”.
Cuando en un acto protocolario y máxime si es de especial relevancia, se iza una bandera de manera diferente a la ordinaria, se debe tener en cuenta que, con dicho hecho, que parece nimio, pero no lo es, se puede faltar al respeto al país en cuestión o a los representados en aquel por dicha bandera.
De ahí la importancia de los encargados del protocolo en cuidar al máximo los detalles en la decoración, situación, así como del adecuado empleo y distribución de los ornamentos que complementan el escenario elegido.
Al izar la bandera boca abajo, claramente se transgrede el significado original de la enseña para dar paso al entendimiento o señalización de otro de suma importancia. Hecho con el que claramente, a nivel internacional, se corre el riesgo de llegar a interpretarse como una falta grave.
En tiempos de paz, izar una bandera al revés por personal ajeno al país representado, puede ser considerado como un insulto, aunque, por otro lado, en sentido contrario, se interpreta, que cuando este hecho se realiza por los propios, puede ser debido a una forma de enviar un mensaje de petición de ayuda internacional por estar gravemente amenazados por fuerzas o personas indeseables.
En caso de conflicto bélico, se considera también como una llamada de auxilio, ya que pueden ser víctimas de una invasión o estar bajo el gobierno de agentes que no les representan y les gobiernan por la fuerza.
A este respecto, son muchos los ejemplos pretéritos de actos de izado de banderas al revés en fortalezas o buques para mandar señales de auxilio por amotinamiento, secuestro o terrorismo. Al hacerlo de ese modo, se trata de evitar, que las fuerzas que acudan en su auxilio, caigan en emboscadas si es que lo hacen de forma precipitada.
En cualquier caso, cuando una bandera es izada al revés el mensaje que transmite no es casual ya que siempre está relacionado con el desastre o la petición de amparo: declaración de rendición ante el enemigo, solicitud de auxilio o, incluso, algunos autores lo identifican con cierto tipo de protesta.
Considero preciso insistir en que los servicios diplomáticos deben cuidar mucho los actos de protocolo y las simbologías del ambiente que acompaña, sostiene y encierra una cumbre, un encuentro bilateral o un acto protocolario de una comida o cena que acompaña dichos eventos.
Nada puede quedar al azar o al albur de los simples empleados, generalmente poco conocedores de los usos y costumbres diplomáticos ni de las de los países representados en la reuniones o actos protocolarios que se llevan a cabo. Razón por la que el escenario debe ser previamente revisado por expertos en ello e, incluso, hasta es admitido que parte asistente o invitada al acto repase conjuntamente con los encargados del país anfitrión todos los detalles, hasta los más mínimos, para no dar lugar a malos entendidos u ofensas que puedan llevar al traste los fines pretendidos alcanzar con dicho acto.
No es la primera vez que Marruecos manda mensajes claros o de tipo subliminal a España cuando invita a líderes socialistas, sean o no presidentes del gobierno. Zapatero se comió un marrón bien gordo que ahora y no por casualidad culmina con el reconocimiento del viejo plan de Marruecos con respecto al futuro del Sahara.
Aquel mapa que tuvo enfrente Zapatero sin rechistar, no solo hablaba de esto sino, además las Canarias, Ceuta y Melilla estaban incluidas en territorio marroquí. No se protestó oficialmente por aquello y de tales polvos empiezan a aparecer parte de sus lodos.
Sánchez, de forma personalísima dentro de España, extraña o espuriamente, influido o no por EEUU y parte de los aliados de la UE, ha tomado una grave decisión que el mismo día que lo materializó con su visita al Rey de Marruecos, las cortes españolas con su Parlamento en pleno le rechazaron de forma inequívoca; pero a pesar de ello, ha seguido adelante, sin importarle, como suele ocurrir en él, lo que digan los demás.
Es una persona totalmente impermeable a las críticas constructivas o no, que generalmente no acepta sugerencias o consejos de nadie; alguien que se encuentra sumido y convencido de una sublime creencia en su acierto personal, sea cual sea el tema en cuestión.
Tras tan arriesgada maniobra todos esperábamos que volviera con un acuerdo entre las manos que explicara su hazaña, con el tácito compromiso de que la integridad territorial y marítima de las islas Canarias, Ceuta y Melilla serían respetadas por Marruecos.
Sin embargo, tras tanto aparatoso movimiento, fuego de artificio y humo de pólvora en una batalla en el mismo seno de su gobierno, solo nos trae un compromiso de que las fronteras comunes se irán abriendo paulatinamente y que igualmente se restablecerá el paso de marroquíes por el Estrecho.
Sinceramente, no tengo muy claro si para tamaño viaje fueran precisas tantas y pesadas alforjas, tuviera que cambiar tan bruscamente su ideario y programa internacional, dilapidar el papel de España en este tema, pasar una grave vergüenza más y volver de esa situación de ignominia, casi con el rabo entre las piernas.
Espero que algún día, alguien explique que es lo que realmente se maneja y hasta parecen ocultar entre Marruecos y el PSOE, si es que hay algo que merezca la pena. Pero si eso llega y se demuestran ciertas graves sospechas, estoy convencido que de sobra explicará estos actos de genuflexión y casi vasallaje de España cuando ellos gobiernan, con un vecino que además de sus muchas reivindicaciones y trastadas en las fronteras nos lleva a una ruina personal al enfadarnos con Argelia.
Por si la economía y los precios de la energía no fueran graves para los españoles en los momentos que atravesamos, ahora, con esta valentonada, por nada a cambio, preparen la cartera para pagar la subida del gas que se avecina por la borda. Gas que por cierto no viene de Rusia ni de Putin, sino de Argelia; un país al que Sánchez y su decisión personal ha ofendido gravemente y nos la van a hacer pagar a todos, mientras aquí los españoles, como de costumbre, chitón y a tragar.
* Coronel de Ejército de Tierra (Retirado) de España. Diplomado de Estado Mayor, con experiencia de más de 40 años en las FAS. Ha participado en Operaciones de Paz en Bosnia Herzegovina y Kosovo y en Estados Mayores de la OTAN (AFSOUTH-J9).Agregado de Defensa en la República Checa y en Eslovaquia. Piloto de helicópteros, Vuelo Instrumental y piloto de pruebas. Miembro de la SAEEG.
El USS United States derrota al HMS Macedonian, octubre de 1812. Dominio público.
Hasta muy avanzado el siglo XIX, Estados Unidos otorgó una particular atención al desarrollo del poder naval. Ello se debió a situaciones internas como por ejemplo las guerras de independencia contra el Reino Unido que incluyeron batallas navales. Pero la poca población y la falta de experiencia del gobierno estadounidense priorizaron a la expansión continental sobre la marítima. Bajo el control británico persistía la economía mercantilista y Estados Unidos no controlaba las líneas marítimas para el transporte de abastecimientos. Ello se debió tanto a decisiones gubernamentales como a la debilidad financiera del momento. El contexto internacional se mantenía convulsionado por la Revolución Francesa y las posteriores coaliciones contra Napoleón.
Evolución
Con el arribo de la independencia, lo que quedaba de la Marina Continental del nuevo Estado fue desguazado o vendido. Bajo los artículos de la Confederación, el Gobierno Federal carecía de fondos para adquirir armas de combate. En 1789, la Constitución de los Estados Unidos creó un nuevo gobierno federal con mayores poderes, que incluyeron la posibilidad de crear y mantener una fuerza naval nacional, otorgándole la responsabilidad de mantener dicha marina a su presidente bajo el cargo de Comandante en Jefe del Ejército y Marina nacionales. De todos modos el país continuaba sin medios económicos para crear una Marina.
Desde que lograron la independencia, los buques mercantes estadounidenses —ya sin la protección de la marina británica—, eran atacados por corsarios en África del Norte, región controlada por jefes militares localizados en Marruecos, Argelia, Túnez y Trípoli que extraían tributo de las naciones acordando no asaltar sus buques. Al respecto Thomas Jefferson en 1786 señalaba a John Adams que si había que comprar la paz era preferible hacerlo sin dilaciones pero que prefería lograrla por medio de la guerra. Justificaba su opinión en razones de justicia y de honor, además de la necesidad de ganar el respeto de Europa —para Thomas Jefferson el pago por protección era un signo de debilidad que causaría más problemas con otras naciones— y proveer al gobierno federal del más seguro de los instrumentos de coerción contra sus propios miembros y alejarlos del uso de lo que pudiera resultar menos seguro….”[1]. Sostenía que el pago de tributo podía ser invertido en la construcción de una flota.
A pesar de sus alegatos, el Congreso no tomó decisiones sobre la creación de una marina hasta 1790-91, cuando la situación en el Mediterráneo escaló y se comenzó a evaluar el costo de crear una fuerza para enfrentar este problema. En ese tiempo el Congreso apoyó la construcción de buques para las flotas mercantes y pesqueras, que pudieran ser usados en caso de guerra y así ahorrar el dinero necesario para construir una fuerza naval. Sin embargo, la influencia federalista se impuso y logró aprobar la construcción de una gran flota, dotada con naves de guerra. Entre 1792 y 1801 Estados Unidos creó una fuerza naval y la burocracia para gobernarla.
Mediante el Acta Naval de 1794 se instituyó la Marina de Estados Unidos con fondos suficientes para la creación de una fuerza naval destinada específicamente a proteger el comercio de la depredación de los corsarios argelinos —es decir la marina como una institución temporaria—. Se decidió la construcción en roble de las fragatas Constitution, United States, Constellation, Congress, President y Chesapeake. Durante su construcción el Dey de Argelia firmó un tratado de paz con Estados Unidos en septiembre 1795. Desaparecido el peligro corsario —cláusula del Acta Naval de 1794— se debió suspender la construcción de los buques excepto los tres primeros debido a la creciente hostilidad en el mar que enfrentaban las naciones neutrales en las guerras napoleónicas, que se extendieron a la actividad comercial. Francia y el Reino Unido intentaron interrumpirse el comercio y los Estados neutrales resultaron afectados. La firma de un tratado Estados Unidos – Reino Unido en 1794 fue considerado por Francia como una violación a los que había firmado previamente con ella. En marzo de 1797 Francia estableció su derecho a abordar buques de Estados Unidos y controlar la lista oficial de su tripulación. La falta de esta lista —hecho frecuente— autorizaba la captura de la nave. Todos los buques fuera de sus puertos estaban en riesgo —bloqueo marítimo—. En mayo de 1798, el presidente Adams ordenó la recuperación de sus buques en poder de Francia y la captura de los de esa bandera involucrados en depredación o con la intención de hacerlo. Esta decisión implicó efectuar maniobras alejadas de las aguas americanas, en las que actuaron las flamantes fragatas.
Estas instrucciones instigaron formalmente el enfrentamiento entre Estados Unidos y Francia. La marina estadounidense creció logrando 54 buques de diversos tamaños. Se retomó la construcción de las fragatas interrumpidas por el Acta de 1794 y se inició la construcción de otras siete, además de numerosos buques menores y el alquiler de otras que fueron adaptadas como buques de guerra. En febrero de 1801 un tratado con Francia cesó las hostilidades, los gastos navales dejaron de verse como prioritarios y la flota resultó reducida de 33 embarcaciones a 13.
A su arribo a la presidencia, Jefferson solo permitió la existencia de una pequeña flota destinada al Mediterráneo y buques armados con hasta dos cañones para protección de sus propios puertos con fortificaciones donde la población sería parte de su defensa. Su política era estrictamente defensiva. Posiblemente Jefferson adoptó su posición de los franceses, más frugales en contraste con el Reino Unido. Hoy se considera que este aspecto de su gestión fue erróneo y la demostración sería la tensión Estados Unidos – Reino Unido durante su administración.
Los mayores problemas surgieron a partir de 1805. La mayor virulencia de las coaliciones contra Napoleón hizo que el Reino Unido necesitara de Estados Unidos En 1807, el Secretario de la Marina, Robert Smith, estimó que serían necesarios 257 patrulleros para proteger los puertos de Estados Unidos en el Atlántico y Nueva Orleans, de los cuales solo se construyeron 176 que demostraron ser de costoso mantenimiento y —debido a la madera verde utilizada— se destruyeron rápidamente.
Jefferson veía a la Guerra como una extensión de la política pública, como una herramienta. El flamante Estado solo se limitaría a responder a las hostilidades que se le dirigieran. De esta manera justificaba la resistencia armada para preservar los derechos, es decir defensiva y no agresiva. De todos modos si el objetivo es la preservación del Estado o la destrucción del enemigo, entonces el combate debe absorber a todos los miembros de la sociedad. La presentación de argumentos para los dos estilos de guerra vendría luego con Clausewitz, cuya doctrina superó la de Jefferson[2]. Estados Unidos no podía proyectar fuerza militar o política sobre otras naciones.
Por otra parte el objetivo del presidente era no generar deudas que pesaran sobre las generaciones futuras. Jefferson argumentaba que si el país no podía proteger las flotas comerciales, éstas debían resguardarse en los puertos en tiempo de guerra. Las naciones que necesitaran mercaderías estadounidenses serían las encargadas de ir a buscarlas y aceptar la responsabilidad de transportarlas en sus propios buques. Este uso estratégico del control comercial también fracasó. La estrategia marítima ofensiva de esa hora era la regulación de la fuerza comercial estadounidense, implementada en la forma de embargos temporarios a las exportaciones nacionales —el objetivo era proteger a los barcos, marinos y propiedades mercantiles— y de embargos totales a las exportaciones e importaciones británicas como arma ofensiva de persuasión económica[3]. En 1808 falló el embargo.
Con la asunción del presidente James Madison en marzo 1809, poco cambió respecto de la marina. La guerra económica con el Reino Unido se había iniciado con el incidente Chesapeake/Leopard en junio de 1807 y a pesar de que se aproximaba la guerra de 1812 el programa de ampliación comenzó a perder momentum. Hacia 1811 los únicos barcos en construcción habían sido ordenados antes; los existentes —de madera— estaban en su mayoría en descomposición y muchos en uso requerían reparaciones. En 1812 Estados Unidos tenía 17 embarcaciones capaces de aventurarse en el mar, nueve eran fragatas y el resto embarcaciones menores, en tanto la Marina Real contaba con 1048, 117 de ellos fragatas. De todos modos la guerra se planeó por tierra y contra Canadá, abastecedora del Reino Unido. La preparación de estos efectivos dio tiempo a la marina para preparar algunos barcos. El primer año de la guerra arrojó indiscutibles victorias estadounidenses en el mar, en parte debido a que la marina británica también debía controlar la defensa contra Napoleón o proteger su flota comercial. El segundo año el Reino Unido fortaleció el bloqueo de los puertos y el comercio de Estados Unidos, paralizando la economía. La confianza en una estrategia marítima defensiva resultó inadecuada para proteger los intereses estadounidenses.
Continuó luego, como parte del “Destino Manifiesto”, la predominancia de expansión territorial hacia el oeste.
En el siglo XX se consideró que la guerra era tan dañina para los intereses comerciales norteamericanos como una Europa bajo una potencia única que controlara el acceso al comercio continental en detrimento de los Estados Unidos. Ahí surgieron las dos tendencias que se mantienen actualmente:
la adquisición de bases ubicadas en lugares estratégicos o el derecho de permanencia o visitas a otros puertos por buques de guerra norteamericanos (y ahora también la permanencia de aviones y fuerzas terrestres);
rechazo de cualquier intento hegemónico desde el continente euroasiático, etapa que coincidió con las teorías de Sir Halford Mackinder.
La cuestión del continuo acceso a los mercados europeos ayudó a los Estados Unidos a enfrentar la Alemania imperial.
El capítulo Mahan en la Historia de Estados Unidos
Acorde con el momento histórico estadounidense —y en parte construyéndolo— la doctrina de Mahan indicaba que una nación debe tomar medidas en el mar para asegurar su dominio político y militar
Alfred Thayer Mahan, (1840-1914), autor de “La Influencia del Poder Marítimo en la Historia, 1660-1783”, escrito en 1890, destacó la importancia estratégica de una efectiva fuerza naval en las naciones victoriosas a lo largo de la Historia argumentando que el poder naval resulta de la posición geográfica, de los abundantes recursos, del carácter nacional y de un gobierno que lo sostenga. Poseedores de todas estas características, los Estados Unidos, “lo deseen o no (…) deben comenzar a mirar hacia afuera”.
Según Mahan dos razones pueden llevar a desear una fuerza naval:
para su uso pacífico, su primera función es proteger el comercio marítimo de la nación[4];
en el caso de una nación con tendencias agresivas constituye una rama del establecimiento militar y un arma de conquista.
Muchas naciones con este propósito también tienen flotas comerciales que desean ver protegidas. Los buques son la proyección táctica directa del poder naval. Son el elemento de la estrategia naval diseñado para proyectarse desde bases protegidas e infligir daños en sus oponentes. Son armas ofensivas en tanto hacen la guerra a gran distancia de su territorio y defensivas al proteger sus flotas comerciales, líneas de comunicación y puertos. Los puertos y fortificaciones, usualmente considerados con propósitos defensivos son por el contrario ofensivos. Sin ellos las marinas no pueden funcionar y las indispensables líneas de transporte y comunicación interior quedan interrumpidas, frustrando el objetivo ofensivo de mantener el comercio y comunicación. Es responsabilidad del gobierno asegurar que en caso de guerra, las provisiones, hombres y armamentos resulten suficientes para proteger la flota mercante.
Las ideas de Mahan tuvieron otras implicaciones. Su política expansiva requería presidentes poderosos. Convencido de que el mundo estaba dividido en poderes navales (Estados Unidos, Reino Unido, Japón) y poderes continentales (como Rusia), animaba a los primeros a unirse y desafiar a los segundos, especialmente en Asia. Su tesis de que una marina eficaz era el basamento de las mayores potencias del mundo fue recibida con gran interés y ejerció enorme ascendiente en funcionarios clave de Estados Unidos, especialmente en los presidentes William McKinley y Theodore Roosevelt, quienes siguieron sus diseños expansionistas: Hawai; construcción de un canal ístmico (Panamá) para que su flota pudiera rápidamente moverse de un océano a otro; la Guerra Hispano-Americana (marzo-agosto 1898), que permitió a Estados Unidos apoderarse de Puerto Rico y Guam e instalar la base norteamericana en el territorio cubano de la bahía de Guantánamo, así como el control total y directo de Cuba hasta 1902 y de Filipinas —hasta 1946— y la obtención de otros territorios en el Pacifico para bases necesarias destinadas a proteger el comercio.
También influyó Mahan en la construcción de una gran marina. En este caso formada por gigantescos buques de guerra que permitieran victorias decisivas. La marina que en 1882 tenía 90 pequeños buques (38 de ellos de madera), se transformó en la siguiente década en la Gran Flota Blanca que ganó la guerra de 1898 y participó en la Primera Guerra Mundial. Mahan fue una de las causas de la Primera Guerra Mundial: sus ideas justificaron la carrera armamentista naval del Reino Unido -Alemania (y también la de Japón), si bien estaba convencido que no ocurriría una gran guerra. Su trabajo colaboró en la modificación del tradicional sentimiento anti-naval en la mentalidad estadounidense.
Avances territoriales de Estados Unidos entre 1867 y 1947.
El Informe Stratton
Julius A. Stratton encabezó la Comisión sobre Ciencias, Ingeniería y Recursos del Mar y completó en 1969 —a pedido del presidente Ronald Reagan— el informe “Nuestra Nación y el Mar”[5], que sirvió de base conceptual para la formulación de las estrategias oceánicas aplicadas desde entonces por los Estados Unidos Fue una fuente de inspiración para otros países y contribuyó al notable desarrollo del Derecho del Mar en las décadas siguientes (la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas comenzó a sesionar en 1973). Uno de sus resultados más destacados fue la creación de la Administración Nacional Oceánica y de la Atmósfera (NOAA), en 1970, y la adopción de nueva legislación sobre la zona costera, en 1972.
Es interesante destacar algunos conceptos vertidos en el capítulo 1 de este Informe: “debido a que las inestabilidades en la situación mundial no pueden resolverse rápidamente, el poder militar seguirá siendo un factor central en las cuestiones mundiales. Los avances actuales en la tecnología militar submarina otorgan a Estados Unidos un importante rol en las capacidades de defensa y prevención en el océano global. En la medida que los usos del mar se multiplican, la misión de defensa de la marina se complica por la presencia de estructuras, vehículos y hombres. Los problemas resultantes solo pueden ser resueltos mediante una cooperación muy próxima entre los usos civiles y militares del mar”. La Comisión destacó que la participación de la Nación en el uso del mar requiere “una marina capaz de llevar a cabo sus misiones de defensa en cualquier lugar de los océanos, a cualquier profundidad y en cualquier momento”.
De la misma manera que el Informe Stratton encontró dificultades, la III Convención del Derecho del Mar —UNCLOS— también fue testigo de un arduo debate —que había hecho fracasar las dos convenciones previas— entre los países con importantes flotas —como Estados Unidos — que no deseaban la extensión del Mar Territorial a 200 millas. Con elementos para defender sus espacios marítimos, no veían interés en limitar su ingreso en los sectores de otros países que las sustentaban con argumentos económicos. Finalmente esta Conferencia estableció el Mar Territorial en 12 millas y también la Zona Económica Exclusiva (ZEE) con soberanía para los Estados costeros sobre los recursos hasta 200 millas. La Convención entró en vigor en septiembre 1994, sin la ratificación de Estados Unidos.
La última década
El Informe Watkins
Para actualizar el análisis de su relación con el mar, el Congreso de Estados Unidos y el presidente George H. W. Bush encomendaron en 2001 a expertos de alto nivel que conformaran una comisión para identificar mejores estrategias para conservar y utilizar los océanos y sus recursos, formándose la Comisión Estadounidense de Política Oceánica. Presidida por el almirante de marina retirado, James D. Watkins, la comisión inició sus tareas en septiembre de 2001[6]. Como parte de los objetivos, Watkins expresó que “los problemas que enfrentan nuestros océanos y costas son reales, pero también le brindan a esta nación nuevas e interesantes oportunidades para ser buenos gestores de los recursos naturales de este planeta. Debemos aprovechar este momento para hacer cambios significativos y fundamentales no sólo hoy, sino para generaciones futuras”. Las recomendaciones sobre una serie de cuestiones sobre los océanos, incluirán estrategias para una política nacional de los océanos que “mantenga el liderazgo de Estados Unidos en las actividades relacionadas con océanos y costas”.
La Comisión afirma que para influir en la gestión de los océanos en el ámbito mundial, Estados Unidos debe comenzar por promulgar y aplicar políticas ejemplares en el ámbito nacional sin descuidar la acción internacional coordinada. Para ello debe trabajar con otros países y organizaciones internacionales en la elaboración de políticas y mecanismos para mejorar todos los aspectos del manejo de los océanos de otros países.
En particular, se señala que es imperativo que Estados Unidos ratifique la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), marco jurídico preeminente para tratar las cuestiones internacionales de los océanos[7]. Mientras no lo haga, Estados Unidos no podrá participar directamente en los órganos establecidos al amparo de la Convención, que toman decisiones sobre cuestiones de importancia para todos los países costeros y marinos. Las conclusiones y recomendaciones de la comisión en el sector internacional abarcan mucho más que el Derecho del Mar.
Entre los principios rectores se encuentra que Estados Unidos “actúe en cooperación con otros países en elaborar y poner en práctica una política internacional de los océanos, que refleje las profundas conexiones entre los intereses de Estados Unidos y el océano mundial”.
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), que el presidente Reagan se negó a firmar fue rubricada por el presidente Bush para no dejar en manos de la ONU las riquezas del mar: la Autoridad Internacional del Fondo del Mar (ISA) puede regular 7/10 de la superficie del planeta, establecer impuestos internacionales —atributo de soberanía—[8], tiene el poder para regular la investigación y exploración oceánica así como imponer cuotas de producción de petróleo y minerales en el lecho y subsuelo oceánicos. La ISA tendrá poder para crear una corte internacional y emitir fallos con una jurisdicción mayor que la de la Corte Criminal Internacional —a la que Estados Unidos no pertenece— o la OMC —que le ha creado no pocos problemas—. A varios de los opositores les resulta irritante la cláusula de “un país, un voto”.
Por otra parte se considera peligrosa la firma de un tratado que obligue a compartir información y transferir costosa tecnología con otros Estados. El argumento contrario era ¿por qué es necesario firmar por esos beneficios en un territorio oceánico que ya poseemos y controlamos[9]?
Presencia actual en el “Océano Global”
Durante las últimas décadas Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en el mundo, tanto en tiempos de paz como de guerra. En consecuencia, Washington ha debido realizar cambios y adaptaciones como en marzo 2004 la retirada de la base naval de Roosevelt Roads, en Puerto Rico, luego de una presencia de 60 años que sirvió para apoyar los ejercicios navales en las cercanías de la isla de Vieques o el soporte a las Repúblicas Bálticas para su incorporación en la OTAN. Estos son sólo algunos de los cambios en la Reorganización Global que lleva a cabo el Pentágono[10]. El cierre de bases en el país —consideradas innecesarias— guarda relación con nuevas estrategias de emplazamientos en el exterior y con permitir realizar mayores inversiones en armamento de avanzada[11].
El “Informe sobre las Bases” del Departamento de Defensa del año 2003 contiene una lista de 730 bases en más de 50 países que son propiedad del Pentágono o han sido arrendadas por éste y aproximadamente otras 6.000 instalaciones que se encuentran en territorio estadounidense o en sus posesiones.
En la actualidad, una Comisión de Bases de Ultramar trabaja para recomendar al Pentágono operaciones más eficientes en el exterior. El informe final servirá de complemento al trabajo realizado por el panel de Reubicación y Cierre de Bases (BRAC) que está sesionando para analizar las instalaciones militares y recomendar cierres, reubicaciones y permanencias.
Comando Europeo: para misiones operacionales en el área en forma coordinada con otras fuerzas aliadas.
Flota del Pacífico: cubre más del 50% de la superficie planetaria, en los océanos Pacífico, Índico y Ártico. Debe sostener al Comando del Pacífico y proveer fuerzas navales interoperativas, entrenadas y alistadas a esta Flota y a los comandos unificados de Estados Unidos.
Flota de Guam: sostiene a la 7ª Flota y a los numerosos comandos marinos de Guam y Micronesia.
Estación Aeronaval Keflavik, Islandia: base del Comando de la OTAN en esta república. Proveer servicios a las actividades aeronáuticas y de la marina.
Base naval de soporte Nápoles, Italia: Para la región del Mediterráneo que incluye a la 6ª Flota. El Comando está en Capodichino y es asistido desde Nápoles con cuarteles en Bagnoli.
Base Naval Rota, España: entre Gibraltar y el límite con Portugal. Sostiene a la 6ª Flota en misiones de mantenimiento de paz, estabilidad y aprovisionamiento.
Flota Sasebo, Japón: Sostiene a los seis buques estacionados en el lugar, a la Flota del Pacífico. Se ocupa de mantenimiento y aprovisionamiento. El Comando también es sede el Grupo 1 de Anfibios y el Escuadrón 11 de Anfibios, el único permanente de la Marina.
7a Flota: La mayor con 50-60 buques, 350 aviones y 60.000 efectivos. Establecida en 1943, opera en el Pacífico Occidental, Índico y golfo de Arabia.
Estación Naval Sigonella, Italia: Juega un rol vital en sostén de actividades navales en el Mediterráneo.
La nómina de portaviones completa la estructura del poder militar de Estados Unidos. Su función es proyectar poder.
Por último se mencionará que Estados Unidos es parte —importante— de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Con ella —a través de ella o por su intermedio— interactúa en numerosos espacios que ya han excedido el espacio oceánico original de la Organización y es parte de escenarios en el Cáucaso y Asia Central.
La existencia de bases de diferente índole distribuidas en todo el mundo, la posibilidad de despliegue rápido aportada por sus numerosos portaviones, el valor y peso de sus aliados, hacen del país una potencia arrolladora cuyo poderío hace difícil un diálogo en igualdad de condiciones.
* Profesora y Doctora en Geografía (UNLP). Magíster en Relaciones Internacionales (UNLP). Secretaria Académica del CEID y de la SAEEG. Es experta en cuestiones de Geopolítica, Política Internacional y en Fuentes de energía, cambio climático y su impacto en poblaciones carenciadas.
Referencias
[1] Thomas Jefferson to John Adams, 11 July 1786. Letters. 855.
[3] Spivak, Burton. Jefferson’s English Crisis: Commerce Embargo and the Republican Revolution. Charlottesville: University Press of Virginia, 1979, p. 105.
[4] Brodie, Bernard. A Layman’s Guide to Naval Strategy. Princeton: Princeton University Press, 1943, p. 16.
[7] El 23 de marzo de 2004, la administración Bush anunció su apoyo a la ratificación de la UNCLOS. El Senado todavía debe someter a voto la ratificación.
[9] Grigg, William Norman. “Sink the Law of the Sea Treaty!” The New American. Marzo 7, 2005 http://www.getusout.org/un/articles/lost.htm [consulta: 29/05/2005]. Es abrumadora la información en Internet sobre la campaña “por el NO”.
[10] Smith, Daniel. “Contar con tropas en el lugar de operaciones. Despliegue militar estadounidense en el mundo”. Red Voltaire, www.reseauvoltaire.net, [consulta: 31/05/2005].
