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LA MENTIRA

F. Javier Blasco*

Palabra femenina que proviene del latín y se emplea para denunciar la realidad de cualquier afirmación que hace una persona, cuando es consciente de que lo dice o asegura, no es verdad. Tiene muchos sinónimos, que traigo a colación porque con ellos se define mucho mejor el concepto: trápala, embustería, bola, falsedad, embrollo, engaño, farsa, embeleco y trola.

Por desgracia, esta actitud o desviación humana es muy frecuente y se emplea cada vez mucho más en todos los ámbitos de la vida social, política y económica; debido a su repercusión, generalmente suele ser repudiada y castigada en ambientes y personas serias y formales y hasta está considerada como pecado en muchas de las religiones en vigor.

Es importante en el ámbito judicial, donde mentir ante un tribunal, cuando se es citado en categoría de testigo, es un delito en la mayor parte de los países del mundo e incluso, constituye un hecho muy deleznable y repudiable hacerlo en lo que se conoce como sede parlamentaria; lo que en algunos países puede llevar al traste la carrera política hasta de grandes y asentados próceres.

En España —país dado tradicionalmente a la picaresca el ventajismo, la maniobra corta y el engaño— a pesar de que, aparentemente, sucede lo mismo que en la mayoría de países de nuestro entorno, la mentira, es observada y aplicada por muchos y cuando se descubre y denuncia, suele ser juzgada con mayor o menor saña y empeño, según sea quien caiga en el yerro o a la vehemencia y el espurio interés que ponga el denunciante. Tanto es así, que en muchos casos, mentir y hasta hacerlo reiteradamente y a lo grande a muchos peculiares personajes les sale gratis, son impunes o capaces de convertirlas en verdades como puños y, en muchos casos, no suele repercutir negativamente en su futuro o carrera.

De hecho, hoy contamos con un presidente de gobierno que está doctorado cum laude —en este caso de verdad y con todos los derechos y honores— en el arte, uso y abuso del engaño. Una persona en la que en él, su legado y entorno casi todo es mentira, una exageración o un producto del marketing dirigido a engañar al sufrido, desorientado o previamente convencido y bien amamantado espectador desde que aquel individuo inició sus pasos.

En su juventud no destacó en casi nada por sí mismo; fue un estudiante y un deportista mediocre que obtuvo su máxima titulación en economía debido a una tesis copiada y además corregida o evaluada por un grupo de amiguetes que le encumbraron a la máxima categoría sin merecerlo en absoluto, con lo que a pesar de aquel escarnio, a duras penas pudo obtener un mediano puesto de trabajo en la universidad dónde nadie recuerda sus escasas lecciones y consejos, porque poco o nada pudieron aprender de él.

Aprovechando su popularidad estudiantil, cierto porte chulesco y alguna dote personal, encandiló a la hija de un empresario dedicado al nunca claro negocio de las saunas de variopinto tipo, con la que se casó y gracias a dicho matrimonio, pudo costear un piso donde establecerse para los años venideros, así como un utilitario de poca monta.

Durante varios años, y como la mayoría de ineptos que se dedican a la política, se movió en ese mundillo, como casi todos ellos; o sea, de mamporrero, abraza farolas, lleva o paga Fantas y siempre actuando como un auténtico energúmeno de la cla (lugar que, según el Diccionario Akal de Teatro, es “el conjunto de personas que son contratadas para aplaudir y ovacionar desaforadamente determinadas representaciones, a las que por dicho ‘trabajo’, entran de balde”).

Tras su breve e inútil o poco fructífero paso por la política local y regional madrileña, consiguió, de rebote, un asiento en la Cámara de los diputados y allí se afanaba por seguir a pies juntillas todo lo que le mandaban votar; por cierto, algunas de aquellas cosas aprobadas con su voto, hoy están derogadas por él mismo u olvidadas para siempre, como si nunca hubieran existido.

Como buen medrador y para aumentar sus ingresos, previamente consiguió que, dentro del cupo socialista, se le encajara a frote duro en el consejo de administración de la expoliada Caja Madrid donde —a pesar de su formación como ‘economista’— apoyó, sin dudar lo más mínimo, todo lo que le ponían delante. Decisiones que, en gran parte, llevaron a la ruina a dicha caja y como resultado, la deuda de España para rescatar la mayor parte de las Cajas, que no a los Bancos, fue bastante mayor.

No es preciso que me extienda en el proceso de revolución, expulsión y recuperación, tras una fuerte lucha y posterior purga intestina, por su puesto en el PSOE para hacerse con la Secretaría General de un partido al que ha dado la vuelta como un calcetín, ya nadie reconoce e incluso, hoy no hay reparos en denominarlo el ‘partido Sanchista’. Propio modus operandi de un poco moderado ególatra y dictador, que ha llegado a subyugar —a base de auténticas mentiras y promesas todas ellas incumplidas— a su electorado y a los adocenados medios palmeros que le siguen, apoyan y adoran. Promesas, que por supuesto, cuando las lanzaba ya sabía, que nunca las iba a cumplir.

Llegado a este punto, conviene recordar como logró ganar una moción de censura contra un demasiado confiado, cansado y poco hábil Mariano Rajoy; moción que Sánchez tenía perdida de antemano pero que gracias a basarla en grandes y obscenas mentiras propias y de una persona que jamás debió ser juez, por su prevaricadora forma de usar su puesto para inmiscuirse en la aplicación de la justicia y sobre todo, a base de vender su alma y la de España, a los mayores enemigos de ésta y a aquellos otros partidos que solo viven de las miserias de los gobiernos en activo o de las promesas de aquellos otros que tienen visos o posibilidad de lograr el gobierno y, que indudablemente dada su debilidad o precariedad, van a precisar de sus votos, tanto para alcanzar el puesto, como para mantenerse en el poder.

Comenzó prometiendo a diestro y siniestro, no hacer lo que en horas si hizo, lo negó por activa y pasiva como Pedro a Jesús y no se despeinó un pelo, cuando cambió el guión sin ningún tipo de justificación, sólo recurrió a engaños, placebos y dulcificaciones o idealizaciones de execrables hechos para hacer comulgar a sus ya mencionados votantes y seguidores, aunque fuera con enormes y aparentemente intragables, ruedas de molino.

Su capacidad de mentir, engañar, pisotear y deshacerse de los demás, aunque sean sus más íntimos, no tiene límite. No se amedranta ante cualquier medida que deba tomar para salvarse él de la quema, salir airoso de situaciones difíciles o en culpar a los demás de los errores propios o colectivos, aunque sea bajo su mandato o dirección tal y como lo refleja en su famoso libro titulado, “manual de resistencia”; libro, que como es su costumbre, tampoco escribió él, sino una ‘negra’ a la que ha premiado con sucesivos y sustanciosos cargos políticos mientras le hizo falta, a pesar de su transfuguismo y poca valía.

Ha conseguido vencer el dicho de que es imposible engañar a muchos durante mucho tiempo, lo sigue haciendo a propios y extraños tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Su egocentrismo es patente y patético y como buen dictador teme la crítica, aunque sea constructiva. Se esconde en el oscurantismo y el empleo del decretazo con urgencia y nocturnidad para evitar ser puesto en ridículo o dejar patentes sus vulnerabilidades; de hecho, es el presidente que más ha empleado este procedimiento.

Ha dedicado ingentes esfuerzos en controlar todas las instituciones que apoyan o constituyen una parte importante del Estado y, por supuesto, aquellas que por su importancia y trascendencia deberían permanecer fuera de alcance y el procaz manoseo del gobierno. En su afán por lograr patentes y rentables objetivos, en un increíble breve espacio de tiempo, ha conseguido controlar, con demostrados seguidores a su persona, veinticinco entidades públicas, desde el Tribunal Constitucional (TC) o el Consejo de Estado y el CIS; hasta empresas como Correos, Indra o Aena.

Cada uno de estos esfuerzos tiene asignado un papel importante en su labor de engaño y convencimiento de la masa aborregada de españoles que viven pensando en las dadivas, las subvenciones, los favores y las desproporcionadas subidas de salarios y pensiones. Entre ellas destacar que el propio TC, máximo organismo para la defensa de la Constitución y los valores democráticos en España, su presidente y principal mozo de espadas de Sánchez, Conde-Pumpido ha cumplido con el plan de este para controlar el Tribunal, y en tan solo tres meses ya van seis leyes ideológicas aprobadas para darle marchamo de verdad sin paliativos. Tribunal que desde su creación se ha caracterizado por su lentitud y reposo para tomar decisiones dado el calado e importancia de las mismas.

Como resumen final y a modo de recordatorio, me gustaría recalcar que Sánchez ha mentido a todos sin dejarse nada ni nadie en el tintero: las víctimas del terrorismo; las familias en sus creencias, usos y costumbres; ha destrozado la enseñanza; engaña constantemente a los trabajadores y las empresas con las sucesivas subidas de impuestos. Ha mantenido a España bajo arresto domiciliario durante los meses de la Pandemia, sin poder hacerlo como lo hizo, olvidándose además de decenas de miles de fallecidos durante la misma.

Ha cambiado la política internacional y el papel de España en el mundo que nos rodea o en nuestra área de influencia con mentiras y añagazas rompiendo lazos, usos y costumbres y hasta poniendo en peligro nuestra economía.

Ha vendido humo constantemente en España y Europa; miente con ese afán de protagonismo a codazos, por llegar el primero, aunque sea con las manos vacías, a conflictos, países o personalidades de relevancia como Ucrania, China o EEUU; miente constantemente a la UE y a la OTAN con sus planes de inversión, dejando la patata caliente para quien le suceda; se arroga éxitos de los demás y un protagonismo que no le corresponde en la mayoría de los ámbitos nacionales e internacionales que pueden ser o no de su incumbencia.

Abusa de los medios del Estado para su uso personal o de partido con burdos engaños u ocultando los costos y realidades; está llevando la deuda, el déficit y el IPC de España a cotas nunca vistas y jamás es culpa suya que esto ocurra.

Engaña al mundo homo y transexual, así como a las víctimas de abuso sexual; libera a los presos de ETA o les hace su vida más fácil porque así consigue apoyos por los herederos de aquellos; ha anulado el delito de sedición y dulcificado la malversación para salvar a amiguetes y sobre todo, por contentar a los independentistas catalanes en busca de sus apoyos mientras al resto, nos aburre con fabulas y cuentos de normalización; no persigue los ataques y ultrajes a las FCSE, al Rey, la lengua española y a la unidad de España o su bandera por mucho que sus ‘compañeros de viaje’ se afanen en escupir sobre ellos.

Tiene al Ejército abandonado en su futuro, capacidades y situación económica y laboral, aunque los usa en todos los fuegos reales o no que él debe apagar; promete ayudas en catástrofes que nunca llegan a convertirse en algo material; inaugura tramos de alta velocidad en la España semi vaciada, cuando son mentira o muy lejos de la realidad y, no contento con todo ello y otras muchas cosas más, nos torpedea con videos que pretenden ser caseros, pero que son grabados para su uso y disfrute personal basados en escenarios y hechos falsos que no tiene nada de verdad.

Un hombre que se pavonea por el mundo, vestido con trajes de colores o prendas de abrigo no siempre muy apropiados o algo inusuales, creyéndose alguien importante; cuando realmente tiene que deambular, como alma en pena para tragar potentes sapos, desdecirse de lo dicho por el mismo e ir apagando fricciones creadas por su imprudencia, como acaba de suceder con su reciente visita a Italia.

Estoy convencido, que su figura, actitud y legado serán estudiados con verdadero interés por su ineptitud y negativa trascendencia en las facultades de medicina y psicología, amén que en las de ciencias políticas, economía y otras varias especialidades. No tiene desperdicio.

 

* Coronel de Ejército de Tierra (Retirado) de España. Diplomado de Estado Mayor, con experiencia de más de 40 años en las FAS. Ha participado en Operaciones de Paz en Bosnia Herzegovina y Kosovo y en Estados Mayores de la OTAN (AFSOUTH-J9). Agregado de Defensa en la República Checa y en Eslovaquia. Piloto de helicópteros, Vuelo Instrumental y piloto de pruebas. Miembro de la SAEEG.

 

GUAYANA ESEQUIBA: ¿QUÉ POSEEMOS Y CONTRA QUÉ VAMOS?

Abraham Gómez R.*

Acabamos de presenciar —luego de varios meses de espera— el desarrollo de los acontecimientos llevados a cabo en la Corte internacional de Justicia; órgano que sentenció la desestimación de la Excepción Preliminar que introdujo nuestro país, como acto procesal legítimo, en cuya esencia de su contenido pedíamos que no se admitiera la demanda presentada por Guyana contra Venezuela. La mencionada Sala Juzgadora resolvió que debe seguirse el juicio.

No obstante, a lo arriba descrito —de manera somera—  en el fallo quedó abierta la posibilidad de cuestionar y desmontar severamente, en las fases subsiguientes — una vez trabada la litis, en cuanto tal— el único elemento que sirve de sostén a la delegación guyanesa: la decisión arbitral ominosa de París del 3 de octubre de 1899.

Vista así la situación y circunstancias en que ha devenido este pleito; expresamos con contundencia que no les quepa la menor duda a los representantes de la excolonia británica que vamos con todo, sin contemplaciones; asistidos en la justeza de saber que estamos reclamando para nuestra nación la restitución de la séptima parte de la extensión territorial, que nos desgajaron en una tratativa perversa; y que, además, no estamos cometiendo ningún acto de deshonestidad o pillaje contra nadie.

Tenemos más de cien años pidiendo, en justo derecho, la reivindicación de lo que siempre ha sido nuestro.

El documento que la contraparte enarbola como bandera y solicita a la Corte que le dé autoridad de cosa juzgada, nació viciado de nulidad absoluta. Ha resultado vergonzoso e infeliz en la doctrina e historia del Derecho Internacional Público. Por donde usted lo examine se encuentra desprovisto de los mínimos elementos esenciales para que pueda ser considerado jurídicamente válido.

Hemos dicho y sostenido permanentemente, en todas partes, que ese “laudo” que ellos tienen como causa de pedir es nulo de nulidad absoluta; porque, en el texto suscrito y admitido del Acuerdo de Ginebra el 17 de febrero de 1966 (Artículo I), con pleno vigor jurídico, se contempla la condición de rechazado y forcluído del adefesio que la contraparte esgrime.

Cabe aquí desempolvar una antiquísima máxima del Derecho Romano, que cobra validez y vigencia en esta controversia: “Lo que ha resultado nulo desde su inicio, no puede ser convalidado por el transcurso del tiempo”.

Cada vez que profundizamos, una y otra vez, en examinaciones al “Laudo Arbitral” conseguimos fundadas razones para desecharlo.

Nos atrevemos a pensar y preguntarnos —en purísima realidad— sobre qué elementos objetivos se atreverá a preparar la Motivación y Fundamentación la Corte para una posible sentencia.

Resulta inimaginable en estricto derecho, que ese Laudo —como pide la contraparte guyanesa— pueda producir efectos válidos y vinculantes; o que su fuerza sea oponible a Venezuela, en el juicio que está por formalizarse, y al cual llevaremos nuestro denso e irrebatible memorial de contestación de la demanda.

Nosotros, que sabemos que ese manejo tramposo es perfectamente desmontable y develable su perversión, nos permitimos exponer, en síntesis, lo que en ese escrito quedó urdido.

No hubo participación directa de Venezuela (nos asistieron dos abogados estadounidenses) en las escasas discusiones; por cuanto el arrogante Reino Unido cuestionó la presencia de nuestra delegación.

Aparte de que no hubo Motivación para la sentencia, la misma además excedió los límites trazados en el compromiso arbitral, previamente suscrito en el Tratado de Washington el 02 de febrero de 1897.

Hubo ultra petita y ultra vires: fueron mucho más allá de lo que se les estaba pidiendo y supra abarcaron con su determinación lo que no les estaba permitido, según acuerdo contraído.

No hubo Investigación de los estudios y orígenes cartográficos ni de los Títulos Traslaticios que nuestros abogados consignaron; y entendemos que ese jurado arbitral —en comprobada colusión— nunca procedió a los análisis respectivos, porque en una confrontación (compulsa) de justos títulos el Reino Unido no hubiera salido en nada favorecido.

Exactamente, así se encuentra Guyana, en estos momentos ante la Corte, no tiene el más mínimo documento —de cesión histórica de derechos de nadie— que puedan oponer. En lo único que asientan su Acción contra Venezuela es en el inválido e ineficaz “Laudo de París”.

Añádase que el jurado arbitral, de ingrata recordación, en ningún momento mostró interés en discernir la esencia jurídica del Principio del Utis Possidetis Juris, que asienta y estructura la legítima posesión de Venezuela; ni la Real Cedula de Carlos III, del 08 de septiembre de 1777 que crea la Capitanía General de Venezuela, teniendo por frontera este la mitad del río Esequibo. Tampoco tomaron en cuenta el “Tratado de Paz y Amistad entre España y Venezuela”, suscrito el 30 de marzo de 1845, donde se nos reconoce la independencia y la configuración geográfica que poseíamos para 1810. Con ese legajo de justos títulos, que no admiten prueba en contrario, vamos ante la Corte a pedir restitución de lo que nos han venido usurpando.

Desestimaron, a todo evento, tan irrebatibles argumentos.

El jurado arbitral eludió la aplicabilidad, de los 50 años, del Principio de Prescripción Adquisitiva; no obstante, habiéndose establecido, con antelación, el compromiso para considerarlo en las deliberaciones (que no fueron muchas, por cierto, ni de gran trascendencia; por cuanto, allí prelaron más los arreglos políticos y diplomáticos de rusos e ingleses con bastantes subterfugios).

Se supo, por las memorias de Mallet-Prevost, que el presidente del jurado arbitral, F. DeMartens, ya tenía el escrito sentencial preelaborado, el cual alcanzó hacerlo unánime mediante extorsión, presión y amenaza al resto de los jueces; para terminar travestido —con todo y su fama— en un vulgar prevaricador.

La expresión que hemos venido divulgando “no hay nada de que temer”, no comporta un exagerado optimismo o una palabra de aliento con efecto placebo.

Lo que decimos, lo divulgamos con sobrada justificación; porque poseemos los Justos Títulos que respaldan lo que pronto mostraremos y demostraremos —aportación de Parte— ante el Alto Tribunal de La Haya.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Asesor de la Comisión de Defensa del Esequibo y la Soberanía Territorial. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela. Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba. Asesor de la ONG Mi Mapa de Venezuela.

 

GUAYANA ESEQUIBA: COMPELIDO REINO UNIDO A COMPARECER SIN AMBIGÜEDADES

Abraham Gómez R.

Hemos sostenido tal contención —y dispuestos a alegar en pro de la justicia en La Haya, si así lo determina el Jefe de Estado— porque tenemos suficientes elementos probatorios: históricos, jurídicos, cartográficos, sociales, políticos y morales que nos asisten. No son elucidaciones trasnochadas o caprichos antojadizos.

La contraparte en el litigio —amparada en prebendas dinerarias e intereses de las empresas transnacionales— sabe que poseemos bastantes documentos de pleno derecho, que no admiten prueba en contrario.

La mayoría de los jueces de la Corte conocen, además, que nos encontramos apertrechados y munidos con los Justos Títulos (iuris et de iure) que avalan la histórica propiedad incuestionable de Venezuela sobre la Guayana Esequiba.

Ha habido innumerables jurisprudencias —a partir de anteriores resoluciones sentenciales de la Corte Internacional de Justicia— que refuerzan nuestro histórico reclamo para mantener con firmeza los límites heredados por Venezuela. “Lo que se hereda no se hurta”.

La Cesión de Derechos que recibimos —fundamentalmente a partir de la Real Cédula de 1777, con la creación de la Capitanía general de Venezuela y el reconocimiento de nuestra Independencia en 1845— se impone a cualquier dictamen de fuerza; por lo que nuestro caso no será una excepción; siempre y cuando la posible sentencia de la CIJ se circunscriba a estricto derecho.

A propósito, me permito rescatar un interesante párrafo del escrito del magistrado eslovaco, juez en la Corte Internacional de Justicia, Peter Tomka, presentado el 20 de diciembre de 2020; exactamente, el mismo día cuando ese Alto Tribunal se atribuía competencia para conocer forma y fondo en el centenario litigio:

“Es importante que las Partes entiendan que, en caso de que la Corte declare nulo el Laudo Arbitral de 1899, como argumenta Venezuela, la Corte necesitará nuevas comunicaciones, en forma de pruebas y argumentos, sobre el curso de la frontera terrestre, a fin de que resuelva plenamente la «controversia». Sin estas comunicaciones, la Corte Internacional de Justicia no estará en condiciones de determinar el curso de la frontera disputada entre los dos países. En tal caso, el Secretario General de las Naciones Unidas podrá ser llamado una vez más a ejercer su autoridad en virtud del artículo IV, párrafo 2, del Acuerdo de Ginebra para elegir otro de los medios de solución previstos en el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas”.

Hago la debida advertencia en los siguientes términos: aunque el juez arriba citado votó en contra de la actitud y posición original de Venezuela; es decir, no reconocerle competencia a ese Ente Juzgador para conocer este pleito; no obstante, el magistrado Tomka centró su ponencia en la amplia y legítima posibilidad para que las Partes concernidas argumenten y diriman la controversia.

Debemos citar también la tesis contraria a la supuesta competencia de la Sala, conforme al criterio del juez K. Gevorgian; quien reafirmó, entonces en tal sentencia, su desacuerdo; por cuanto, la constatación de la Corte de que ese Ente Juzgador es competente, no se interpreta a partir de nada; porque, Venezuela no había conferido consentimiento inequívoco a la jurisdicción de la Corte.

Leamos parte del escrito justificatorio de este jurista y diplomático ruso:

En mi opinión, la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el presente asunto menoscaba el principio fundamental de consentimiento de las Partes en su competencia y es incompatible tanto con el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia como con su jurisprudencia. En sus sentencias anteriores, la Corte ha establecido no sólo que el consentimiento de las Partes está obligado a ejercer su competencia, tal como se establece en su Estatuto, sino también que dicho consentimiento debe ser «cierto», «inequívoco» e «indiscutible». La Corte, en su sentencia, ignora este fundamento inicial para declarar el consentimiento, llegando a la decisión sin precedentes de ejercer competencia sobre la base de un tratado que ni siquiera menciona a la Corte Internacional de Justicia, y mucho menos contiene una cláusula de competencia”.

El consentimiento —en tanto en cuanto acto procesal— se expresa, concretamente, como una manifestación de dos o más voluntades respecto de un punto en específico de interés jurídico. Digamos en abundancia, que hace referencia a la exteriorización de la permisividad entre dos o más sujetos jurídicos para aceptar derechos y obligaciones.

Se sabe, suficientemente, que nuestro país no confirió consentimiento a Guyana para el procedimiento de incoación unilateral, en nuestra contra, por ante la Corte Internacional de Justicia. Primero, entre muchos hechos de vulneración del Estatuto de la propia Corte.

Otro elemento importante en el cual Venezuela basó su Excepción Preliminar, de petición de inadmisibilidad de la demanda (de lo cual estamos esperando sentencia previa, como cuestión incidental), apunta a la injustificada ausencia del Reino Unido en el Proceso; lo señalamos, expresamente, dado que para las discusiones y conclusiones del Consenso de Washington 1897, Guyana no existía.

Tampoco aparecía Guyana, como República, cuando el Imperio inglés nos perpetró el vil arrebato de los 159.500 km2, nuestra Guayana Esequiba, con el adefesio arbitral de París de 1899.

Sumemos este dato más trascendente aún: cuando se suscribe el Acuerdo de Ginebra, el 17 de febrero de 1966, documento con pleno vigor jurídico, donde el Reino Unido reconoce —determinantemente ante Venezuela—  el carácter de írrito y nulo de la ominosa decisión arbitral, Guyana era entonces apenas una colonia inglesa, con la denominación de Guayana Británica; por lo que el Reino Unido se encarga de tal acto compromisorio; así también, firma y asume completamente la condición de garante de las consecuencias jurídicas sucesivas.

Vistos y analizados los tres referentes jurídicos e históricos anteriores, cabe preguntarse: ¿Por qué el Reino Unido se ha desentendido del litigio que causó, siendo parte principal y perpetradora de las vilezas y usurpaciones de los hechos cometidos contra Venezuela?

Entendemos que Guyana constituye un “causahabiente” o subrogante en esta controversia; pero, el Reino Unido está obligado internacionalmente a comparecer ante la Corte para exponer la verdadera realidad de los acaecimientos, inducidos por ellos, que nos provocaron daños.

El Reino Unido debe confesar —en juicio— la añagaza urdida para arrebatarnos una séptima parte de nuestra geografía nacional.

El Acuerdo de Ginebra constituye el documento base para dirimir este asunto litigioso.

En dicho Tratado internacional, que causó estado en la ONU, aparece ocho veces el protagonismo del Reino Unido.

 Cito su párrafo introductorio:

“…Convencidos de que cualquiera controversia pendiente entre Venezuela por una parte, y el Reino Unido y Guayana Británica por la otra, perjudicaría tal colaboración y debe, por consiguiente, ser amistosamente resuelta en forma que resulte aceptable para ambas partes; de conformidad con la Agenda que fue convenida para las conversaciones gubernamentales relativas a la controversia entre Venezuela y el Reino Unido sobre la frontera con Guayana Británica, según el Comunicado Conjunto del 7 de noviembre de1963…”

El subrayado es mío para aportar claridad y certeza de que la controversia siempre ha sido (y sigue, inexorablemente) entre Venezuela y el Reino Unido, que ha venido eludiendo su responsabilidad y obligación reparadora en este asunto; y aunque Guyana haya alcanzado su independencia el 26 de mayo de 1966; no excluye de ninguna manera la obligación del Reino Unido de participar en todos los procedimientos pertinentes hasta alcanzar una solución satisfactoria. Así quedó contemplado en el texto suscrito y aceptado del Acuerdo de Ginebra, en su Artículo VIII:

Al obtener Guayana Británica su Independencia, el Gobierno de Guyana será en adelante parte del presente Acuerdo además del Gobierno de Venezuela y del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte”.

El Reino Unido se ha vuelto displicente e indiferente de su compromiso y obligación. Y las veces que se le ha compelido a “dar la cara” jurídicamente, apela a figuras retóricas anfibológicas, de doble sentido e incomprensibles.

El Reino Unido debe hacerse parte del juicio —sin raras interpretaciones o ambigüedades— y sus delegaciones diplomáticas actuales deben reconocer, con honestidad, las tropelías que sus antepasados cometieron contra Venezuela, para que haya plena restitución de lo nuestro.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Asesor de la Comisión de Defensa del Esequibo y la Soberanía Territorial. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV). Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba.