Los 11 años de retraso cambiario llevaron a la desindustrialización y pauperización.
En estos últimos días funcionarios de diferentes carteras desfilaron por los canales de televisión para informarle a la población que sufríamos una “restricción externa”. ¿Qué es eso?
Lo explicó la flamante ministra de economía, la Sra. Batakis, en su presentación oficial en TN TV del Grupo Clarín. Sostuvo que no se podían dilapidar divisas en turismo en el exterior porque el país las necesitaba para crecer.
¿Es verdad? ¿Es como la ministra dice? La Sra. Todesca Bocco, cuando oficiaba como vicejefe de Gabinete —actualmente vicecanciller— declamó: “Nosotros necesitamos que los dólares que obtenemos de la exportación, los tengamos disponibles para la producción de nuevos bienes”.
¿Qué es restricción externa? ¿De dónde sale? ¿Es vigente en la actualidad?
Traté el punto en numerosos artículos con diferentes ópticas. Los listo al pie.
La “RE” es un caballito de batalla del actual régimen. Se expidió sobre el punto la vicepresidente el 20 de junio. Lo trata la ministra de economía al asumir. Es la excusa que usó el gobierno de Macri para endeudarnos. Cito al pie un informe del BCRA en el mismo tenor.
Amerita que veamos de qué se trata; qué hay de verdad y cuánto de mito. Y, como en cualquier novela criminal norteamericana, averiguar quién se beneficia.
Se denomina “restricción externa” a la falta de divisas para poder pagar las importaciones o hacer frente a las obligaciones de deuda en moneda extranjera.
¿Cuándo un país no tiene divisas?
Cuando importa más que lo que exporta. Se denomina balanza comercial negativa. Las soluciones son: a) importar menos (por cualquier criterio que se elija), b) tomar deuda en moneda extranjera y usarla para pagar esas importaciones (una variante de esto es comprar importaciones en cuotas; ejemplo: los cuatro submarinos que compró Argentina a Alemania durante la dictadura militar).
Cuando el servicio a la deuda (capital y/o intereses) es superior al saldo de balanza comercial. Si los excedentes de las exportaciones sobre las importaciones son menores que los vencimientos a pagar, las divisas no alcanzan para hacerles frente. En ese caso las opciones son: a) usar dinero de las reservas para pagar (si hay), b) tomar deuda nueva para cancelar la vieja (novación), c) dejar de pagar, d) reducir las importaciones o aumentar las exportaciones para incrementar el saldo comercial y así tener las divisas necesarias.
Personalmente creo que hay una solución mucho más simple que las aplicadas por los gobiernos desde 1955 a la fecha: dejar que quienes quieran importar compren los dólares a quienes exportan. Si se quiere importar mucho, sube el precio de la divisa y van a comprar menos cosas (por ejemplo: carne de cerdo brasileña), si se exporta mucho y se importa poco, bajará el peso de la divisa y se podrán importar más cosas. Fácil. En cuanto a los vencimientos de la deuda, el estado debe comprar dólares con el superávit fiscal. De esa manera no imprime pesos para comprar dólares y no genera inflación. La compra de dólares por parte del estado aumenta la demanda y por lo tanto sube el precio de la divisa, lo que hará caer importaciones, hasta que se importe lo que dé el cuero. En cuanto al turismo, es una importación, como comprar carne de cerdo o shampoo a Brasil. Si sube mucho el dólar, viajan menos personas a Miami y viceversa. Fácil. La pregunta es por qué una regla tan sencilla no se aplica. Regla número dos: nunca endeudar al estado nacional, provincial o municipal en moneda extranjera.
“Necesitamos los dólares para crecer”
Es un “relato” repetido por todos los funcionarios públicos.
No es algo nuevo. Es la enseñanza básica y dura en todas las facultades de economía de la Argentina, tanto las públicas como algunas privadas (UTDT). Adhieren a esta religión el 90% de los economistas argentinos. Es la ideología hegemónica de todos los partidos políticos: UCR, FdT, PRO, FIT, partidos pequeños, Instituto Patria, el que elijan.
Es un discurso que inventó Prebisch, la CEPAL (y otros). Está vigente desde 1955 a la fecha, a pesar de que actualmente sea un marco conceptual que no sirve para explicar la realidad. (Ya explicaré por qué).
Raúl Prebisch (héroe e ídolo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA) fue Secretario de Hacienda del gobierno de facto de 1930, GG del BCRA en 1935, diseñó el plan económico del gobierno de facto de 1955. Fue secretario general de la CEPAL 1950-1963 y Secretario General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo a partir de 1963 hasta su retiro.
Raúl Prebisch
Lo más curioso es que las recomendaciones de la CEPAL —siempre fallidas— son tomadas por todos los economistas que se consideran “deizquierda” o “nacionalistas”. La CEPAL es un satélite de las numerosas organizaciones internacionales piloteadas por los EEUU. Pero son zurdos fashion.
¿De qué hablan?
A mediados de la década del ‘50 Europa Occidental comienza su plan de autoprovisionarse de alimentos y dejar de comprarle a los países que le habían dado de comer durante la guerra y la posguerra, con implicancias varias. Una de ellas es que la segunda mitad del siglo XX se caracterizó por la caída de los precios de las materias primas. Alimentos, pero también cobre, petróleo, zinc, etc. La CEPAL denominó a este fenómeno deterioro de los términos de intercambio, lo que hacía que los países del tercer mundo pagaran caro lo que debían comprar y cobraran poco lo que exportaban.
Todos los gobiernos de los países del tercer mundo, nosotros incluidos, hicimos lo que pudimos para salir de esa trampa. Una de las soluciones fue replicar en forma especular las restricciones europeas; esto es autoabastecernos de productos industriales.
¿Qué quiso decir la ministra Batakis?
¿Qué quiso decir la ministra con que el turismo de argentinos en el exterior impedía el crecimiento del país? Lo que dice es que si gasto los pocos dólares que tengo en viajar no los puedo usar para comprar insumos industriales y la falta de los mismos frena el crecimiento de la Argentina. Y que cuanto más crezco, más insumos necesito.
¿Hay algo de verdad en su afirmación?
No.
En primer lugar desde el 2003 Argentina es beneficiaria de una mejora de los términos de intercambio. Esto quiere decir que lo que nuestro país vende y puede vender tiene mejores precios que las cosas que tenemos que comprar. Intente explicar algo tan sencillo a cualquier diputado. Esa supuesta “maldición” (retraso de los precios de lo que Argentina vende) terminó con el siglo XX. No es más así. Somos buenos en producir lo que el mundo demanda. Nuestros políticos atrasan el almanaque al menos 25 años.
En segundo lugar Argentina en los últimos 29 meses tuvo un superávit comercial de US$ 30.400 millones. Les dejo los cuadros para que vean la situación mes a mes.
Saldo comercial (exportaciones menos importaciones)
Enero-diciembre 2020: US$ 12.528 millones
Enero-diciembre 2021: US$ 14.751 millones
Enero-mayo 2022: US$ 3.196 millones
Saldo últimos 29 meses: U S$ 30.485 millones
¿Entonces cómo pueden aseverar que faltan dólares?
Ni siquiera la necesidad de importar combustibles rompe nuestra condición de superavitarios. Deberíamos estar apilando reservas en el Banco Central día tras día. Como hace Brasil. No lo hacemos porque se la roban. Así de simple.
Que se exporte mucho menos que lo que se podría exportar (porque hace no redituables determinadas producciones industriales, de servicios y agropecuarias)
Da oportunidades de fraude tanto en sobrefacturación de importaciones como en subfacturación de exportaciones. Ejemplo: actores, programadores de sistemas o periodistas corresponsales facturan desde el exterior para evitar que el estado se apropie del 50% de su trabajo al comprar sus euros o dólares a mitad de precio.
Invita a ahorrar en dólares, porque el artículo más barato resulta ser el dólar.
Los 11 años de retraso cambiario sumados a decisiones de política exterior (integrar el Mercosur) llevan a la desindustrialización y pauperización.
Contrariamente a lo que sostienen las autoridades, esta política de manejo del mercado de cambios, que repito, ha sido sostenida desde el 2011 a la fecha, con gobiernos de distinto signo, desindustrializa y no industrializa. No hace crecer. Se comprueba fácilmente por la caída sostenida del PBI y de la industrialización del país por más de una década.
Por último, si usaran los dólares para crecer, como alegan, ¿Por qué no crecimos? En los últimos 29 meses tuvimos un amplio superávit comercial. ¿Usaron esos US$ 30.400 millones para que la Argentina crezca? No.
¿Por qué lo hacen?
Todo esto, ¿no lo saben? Algunos, que no tienen pensamiento independiente, puede ser que no. Pero la mayoría de mis colegas lo sabe a la perfección. Ciertamente todos los funcionarios públicos que han manejado los ministerios de Economía, Finanzas, Producción y el BCRA.
El régimen sigue porque muchos se benefician. Desde hace décadas. El proyecto actual del gobierno (y del anterior, y del anterior, …, y del anterior) se denomina “vivamos todos del campo”. Las únicas discusiones son por el quantum. Cuánto para vos, cuánto para mí.
Este botín se divide entre funcionarios públicos (canuto, prebendas, departamentos en Miami), la UIA (sólo algunos), ADEFA, ADEBA, receptores de subsidios a la energía y al transporte, proveedores del Estado varios, algunos sindicalistas, algunos líderes de beneficiarios de planes sociales, algunas monedas para asociaciones civiles y fundaciones (ej.: las que se dedican a los DDHH o ecología). Ver EQUILIBRIO INESTABLE.
Por ejemplo: ahora la vicepresidente se pelea con el Movimiento Evita. Es por el quantum. La vicepresidente se quejó de la liberalidad para autorizar importaciones por parte del ministro de producción (20/06/2022). ¿Se enoja porque no llegó la parte?
El proyecto del actual gobierno es claro, lo dijo el presidente el día que asumió: dinero para obra pública (contratistas del estado y funcionarios), farmacéuticas, subsidios a las petroleras, subsidios a la terminales extranjeras automotrices, exenciones impositivas a las mineras, la economía social (eufemismo por tener a la mitad de los trabajadores en negro). ¿Quién paga eso? Los productores agropecuarios. Lo dijo bien clarito. Agrego yo, los trabajadores formales y los jubilados, ambos grupos ignorados en el discurso.
Ningún político: Manes, Patricia Bullrich, Wado de Pedro, Aníbal Fernández, Lousteau, Ocaña, Massa, Máximo Kirchner, Macri, Larreta, Agustín Rossi, Taiana, el que quieran, pone en duda el proyecto, que se denomina “vivamos todos del campo”.
¿Por qué? Porque a ellos les va bien. Los muy ricos han sacado a sus hijos de la Argentina. El sistema se autoalimenta con el botín. Todos esos grupos beneficiarios enumerados aportan mucho dinero en financiar carreras de políticos y carreras académicas en facultades y en “centros de estudios”, “institutos”, etc., en la prensa, tanto para defender sus intereses como para promover actuales o futuros políticos. EQUILIBRIO INESTABLE. A todos ellos les va bien mientras al país (ese contrato intergeneracional que se denomina Argentina) le roban el presente y el futuro.
Con esto logran que tengan a “su” gente en los lugares claves cuando la necesitan. Otro ejemplo más: esta semana están discutiendo en la cámara baja otro proyecto más para privilegiar a la industria automotriz. Con el relato de siempre: cantidad de gente empleada, movimiento de la economía, etc. Cuando todos sabemos que es un cáncer, que ese dinero es mejor aplicado en desarrollar los FFCC y que el déficit comercial automotriz con Brasil es nefasto. Pero no van a escuchar un solo periodista ni un solo político hablar mal de ADEFA o alguno de sus miembros. ¿Por qué? Porque ponen plata cuando tienen que ponerla. Lo mismo se puede decir de los bancos, cuando hoy el mayor gasto estatal son los intereses de las LELIQs.
Estas personas y estos grupos son nuestra restricción interna.
Quienes estamos indefensos, ya sabemos qué tenemos que hacer.
Hoy la República Argentina es inestable no por los que pierden, sino, paradójicamente, por quienes ganan.
* Licenciada de Economía (UBA), Master en Finanzas (UCEMA), Posgrado Agronegocios, Agronomía (UBA).
El superávit 2003-2019 del balance comercial de bienes fue de U$D 233,5 mil millones. En ese lapso la industria automotriz nos consumió un déficit de más de U$D 75 mil millones. ¿Dónde nace el amor?
Las autoridades argentinas sostienen que en Argentina faltan dólares. A esa supuesta situación la llaman pomposamente “restricción externa”.
La usan para justificar por qué el país cada día está peor, los sueldos son cada vez más miserables y todo se cae a pedazos. La justificación sería más o menos así: “si tuviéramos dólares – que no tenemos por la ‘restricción externa’ – invertiríamos en infraestructura, fábricas, obras públicas y privadas, seríamos prósperos y felices; lamentablemente, como no tenemos dólares, somos pobres o mejor dicho, ustedes los comunes son pobres”. (*)
El actual régimen no va a generar las condiciones para que haya una economía en crecimiento, con trabajo formal, buenos salarios y seguridad social. Por varias razones: 1) no está dentro de sus objetivos sino todo lo contrario, […]; 2) porque la reducción de la economía y en particular de la economía formal es una restricción externa que nuestros interventores prolijamente instrumentan, 3) es un gran negocio, 4) la precarización laboral, la desocupación y la red de seguridad social son un caballito de batalla de los organismos internacionales para con los países con pasado industrial y con cultura sindical.
Cristina Fernández explica cómo entiende que funciona el tipo de cambio. Sus ideas son relevantes porque reflejan la ideología predominante en la mayoría de legisladores, políticos, funcionarios y economistas.
Ejemplo: informe BCRA “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019”, página 4 [3.3.]:
“En una economía que históricamente encuentra en la restricción externa (esto es, la insuficiencia crónica de divisas) uno de los principales límites al desarrollo, los más de USD 86 mil millones que se fugaron en concepto de formación de activos externos tienen su equivalencia en términos de menor crecimiento e inversión, mayor desempleo y deterioro en la distribución del ingreso”. [La negrita me pertenece].
Según las autoridades (de este gobierno y del anterior, del anterior del anterior y los previos) necesitamos dólares “para crecer”, por lo cual el gobierno o se apoderan de los dólares de los particulares o bien endeudan al país para que “haya dólares”. En realidad, quieren tener dólares en el BCRA para poder manipular el tipo de cambio a la baja (poner al dólar artificialmente bajo). Esto se logra si la oferta es mayor que la demanda. Los gobiernos del SXXI lo han intentado con todos los mecanismos posibles. Ej: restringir la compra de dólares (para que caiga la demanda), obligar a vender dólares, o endeudarnos con el exterior para “quemar” los dólares en el mercado (lo hizo Cristina Fernández al final de su segundo mandato y Mauricio Macri). De hecho la política cambiaria es una sola desde el segundo gobierno de C. Fernández a hoy. No por coincidencia sino por causalidad, la economía argentina no crece desde que se ha convertido en política de estado mantener el dólar artificialmente bajo.
El discurso oficial de las autoridades monetarias y económicas es que hay que tener dólares “baratos” para controlar el precio de los productos domésticos, en particular de alimentos y así “controlar” la inflación. Es mentira. ¿Por qué mienten? ¿Por qué quieren un dólar barato si no es para controlar el precio del pan y del kilo de pollo? Fácil: para comprar ellos dólares baratos. El costo de la canasta familiar es sólo una pantalla. ¿Quiénes son ellos? Los gobernantes, porque el canuto lo tienen en dólares o euros, y los amigos del poder, para comprar dólares baratos y sacarlos de la circulación de la economía argentina. Comprar dólares a mitad de precio es el mejor negocio que hay hoy en Argentina, que hace irrelevante cualquier otra actividad económica. Mejor que traficar drogas, personas o armas.
En su personaje de Saúl Menahem, en la recientemente estrenada serie «Iosi, el espía arrepentido», el actor Alejandro Awada expresa:
Hablar de servicios de inteligencia en Argentina es una contradicción. En un 80% se espían y se cagan entre ellos; un 10% trabaja para algún político así justifica su sueldo y el otro 10% hace guita. No sirven para nada. Ni para encontrar las manos de Perón. Manipulan a su gente con estos cuentos. Necesitan creyentes y un enemigo. […] Reclutan idiotas útiles y cuando llega el momento los descartan.
Bien, no es tan así, o mejor dicho no era tan así. La Inteligencia argentina, más precisamente cuando era la SIDE, supo tener mejores momentos y su Escuela Nacional de Inteligencia (ENI)[1] es recordada aún por algunos agentes europeos y de la región que cursaron en ella por aquellos años.
Mucho ha cambiado desde esos años en que la ENI era un instituto serio de formación. Las purgas ocasionadas por el gobierno de la Alianza —uno de los tantos engendros políticos creados con fines electorales— y por los sucesivos gobiernos, han ocasionado la partida voluntaria y también forzosa de muchos agentes de carrera. La serie que nos recuerda a Maxwell Smart parece convertirse en realidad, más aún cuando hoy se escucha al nuevo interventor —aquel al que le robaron numerosas armas y hasta un misil cuando era ministro de Defensa— ofrecer elucubraciones personales en una entrevista con respecto al mediático caso del avión venezolano con tripulación iraní y venezolana; expresó que era una «presunción» de él, a la que llegó porque «le da la cuenta porque 5 iraníes y 14 venezolanos» estaban instruyendo a dos tripulaciones… Dejemos de lado lo del avión. Lo que no puede hacer el máximo responsable de la Inteligencia argentina es ir a una entrevista con «presunciones» sino con información de inteligencia, la cual podrá o no compartir públicamente en función del secreto de la investigación. Quizás sea más apropiado que quien ejerza esa función no se exponga mediáticamente.
En un artículo publicado el 26/01/2021 ya me referí a una noticia en la que se informaba de un nuevo proyecto de ley de inteligencia y me permití criticar al que fuera presentado en 2016 por la entonces diputada Elisa Carrió[2]. Actualmente está en el Congreso ese proyecto pergeñado por la «fiscal-interventora» que compite con el de Carrió en términos de dislates.
Luego de que se disolviera la Secretaría de Inteligencia y se creara la AFI en 2015, el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) ha acelerado su caída en picada. El funcionario ideólogo de la estructura del organismo y del complejo y retorcido Decreto 1.311 sobre la nueva Doctrina de Inteligencia Nacional, Marcelo Saín[3], quien creó una agencia caracterizada por su macrocefalia que la tornó inoperante, sobre todo al tener más de cincuenta directores sin jefaturas intermedias. Por otra parte, no se contempló la incorporación de un área de «Análisis» en el organigrama de Inteligencia Exterior, cuando el análisis es la actividad esencial de la inteligencia. La administración de Gustavo Arribas y de Silvia Majdalani no modificó esa situación sino que la empeoró al incrementar el número de contratados con sueldos equivalentes a los de directores. Aquí ya se puede apreciar la sangría de los recursos del Estado.
Como si fuera poco el daño hecho al SIN durante los gobiernos kirchneristas, de Macri y del de Alberto Fernández[4], los legisladores pueden empeorar aún más la situación de la Inteligencia Nacional sancionando esta ley presentada por el «equipo» de la «fiscal-interventora». Entre los miembros de ese equipo[5] se encuentra Rafael Bielsa y Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS.
Permítanme hacer una digresión para destacar que Rafael Bielsa fue quien, como embajador en Chile, propuso a la justicia de ese país que el dirigente de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), el muy aborigen Jones Huala (actualmente prófugo), podía cumplir su libertad condicional en la Argentina. Por su parte el CELS —ONG vinculada a Horacio Verbitsky— cuenta con la prerrogativa de impugnar el ascenso de los militares de las Fuerzas Armadas de la República Argentina y recibe financiamiento de la Embajada Británica en Buenos Aires, de la Embajada de la República Federal de Alemania en Buenos Aires, de la International Planned Parenthood Federation (ONG que actúa en defensa del acceso al aborto inducido y del libre acceso a los métodos anticonceptivos como medios de planificación familiar), de la Fundación Ford, de la socialdemócrata Fundación Friedrich Ebert Argentina (socialdemocracia alemana), de la Fundación Heinrich Böll (vinculada a Die Grünen, el partido de Los Verdes de Alemania), de la Open Society Foundations (George Soros), entre tantas otras organizaciones e instituciones que «se interesan» por la Argentina. También recibe fondos de ministerios de la Argentina como los de Educación y Salud de la Nación.
Algunas fundaciones, embajadas y organismos que financian la actividad del CELS.
Entre la exposición de motivos que se expresan en el proyecto de ley de Inteligencia presentado por el equipo de la «fiscal interventora» se expresa que «ya no se trata solamente de dejar atrás un funcionamiento anómalo, ineficiente, obsoleto y muchas veces, ilegal, sino de dotar al país de una herramienta indispensable para mejorar la calidad de las decisiones…»
Si observamos la notoriedad mediática que ha tenido la gestión de la «fiscal interventora», es precisamente todo eso lo que ha caracterizado su pésimo desempeño al frente del SIN. Demás está decir que la interventora durante su gestión ha procedido a violar en más de una oportunidad la ley vigente, como por ejemplo en el caso de la revelación de las actas del organismo.
En función de lo expresado en la exposición de motivos, cabe aclarar que la Inteligencia no es una herramienta «para mejorar la calidad de las decisiones» sino un instrumento esencial «para la toma de decisiones». Si el decisor carece de criterio, de calidad intelectual y de otras virtudes o, simplemente, ignora la información que le proporciona su servicio de Inteligencia (algo habitual en Argentina), éste nada puede hacer, porque solo se limita a poner los informes a disposición del decisor. Como reza el proverbio, Quod natura non dat, Salmantica non præstat.
Para ser más claro, la AFI es el organismo encargado de producir conocimientos acerca de las problemáticas, riesgos y conflictos inscritos dentro de la Defensa Nacional y de la Seguridad Interior en función de la protección de los intereses nacionales. Conducida por el Poder Ejecutivo (más precisamente el Presidente), la AFI formula el Plan de Inteligencia Nacional (PIN) que delinea las actividades del SIN que encabeza la propia AFI. El producto que emana de esta actividad, el análisis de inteligencia, es la producción de conocimiento que sirve de soporte a la toma de decisiones de manera oportuna.
En la exposición de motivos del proyecto de ley, los autores reconocen que la Ley 25.520 tiene muchas virtudes y que «los intentos de reformas parciales, como los realizados en 2015» no tuvieron «la fuerza suficiente como para cambiar el rumbo”, la intervención aconsejó un cambio profundo de las bases institucionales, que no tire por la borda muchos de los esfuerzos de la legislación anterior». En verdad, si se compara este proyecto de ley con la Ley 25.520, han tirado todo por la popa, para continuar utilizando la terminología marina.
Del mismo modo, expresan que «la idea de comunidad de inteligencia no ha servido para construir una articulación institucional sino para romper barreras y crear relaciones informales, donde policías eran agentes de inteligencia y agentes de la AFI eran policías en un intercambio sin control y sin finalidades claras». Agregan que la idea de comunidad de inteligencia «ha servido más para la expansión de la ilegalidad que para fortalecer una coordinación virtuosa». Toda esta afirmación ameritaría una extensa e histórica explicación. Trataré de sintetizarla.
Hasta la sanción de la Ley 25.520, el SIN contó con la Central Nacional de Inteligencia (CNI), órgano que articulaba la inteligencia con las Fuerzas de Seguridad y con las Fuerzas Armadas[6]. Ese órgano fue oportunamente desmantelado. Tras los atentados del 11-S, en los Estados Unidos se percataron de que sus agencias de inteligencia no contaban con ningún organismo que los articulara y entonces, a esos efectos, se creó el Department of Homeland Security (DHS), el Departamento de Seguridad Nacional. Luego fueron creados lo que denominaron «centros de fusión», con el objetivo de promover el intercambio de inteligencia entre las autoridades locales, estatales y federales y coordinar sus actividades.
Este descubrimiento llevado a cabo tras los atentados del 11-S pareció una innovación interesante y digna de recomendación para los países periféricos como la Argentina. Así fue como, durante la gestión de la Arribas – Majdalani al frente de la AFI, vinieron del norte a traer esta modalidad de trabajo. En realidad era lo que hacía la CNI en Argentina hasta su disolución.
Por otro lado, los que nunca entendieron como articular a la Comunidad de Inteligencia fueron los políticos de turno que, en realidad, ni siquiera saben qué es la Inteligencia. O quizás no quieren que se articulen los órganos que conforman el SIN y esto queda claro con este proyecto de ley que propone que la actual AFI no sea más el organismo rector del SIN. Es decir que hace más de veinte años que se eliminó la CNI y ahora se deja a su suerte a cada órgano al eliminar la AFI como cabeza del sistema.
Por otra parte, ese cambio de roles entre policías y agentes de inteligencia al que alude, se remonta a la gestión del gobierno de Néstor Kirchner. Es un grave error confundir la Inteligencia con la Seguridad, algo que se profundizó durante el gobierno de Mauricio Macri. El acento se puso en incrementar el personal de seguridad, con una deficiente formación salvo los pocos casos de jóvenes que habrían pertenecido a alguna fuerza. En paralelo se incentivaba el retiro de los analistas y de los agentes operativos de carrera. La propia ENI estaba bajo la conducción de directivos que con anterioridad habían ejercido cargos en Seguridad. Sin embargo, por la Ley Nº 24.059 de Seguridad Interior, lo referente a las cuestiones de Seguridad y a la actividad delictiva le compete a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la que a su vez es parte integrante del SIN.
Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner el organismo ahondó su agonía debido a que se le dieron mayores recursos y mayor presupuesto a la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM) a cargo del militar predilecto de la presidente, con el cual se sacaban fotos las Madres de Plaza de Mayo. Quizás el único militar que pudo salir indemne de un juicio de lesa humanidad, mientras que otros murieron en prisión o siguen detenidos y procesados inconstitucionalmente por una legislación aplicada con retroactividad y en contradicción con toda la política de derechos humanos de la que se han apropiado retóricamente los gobiernos kirchneristas y de la que participaron asimismo Macri y Horacio Rodríguez Larreta. En este sentido vale recordar que ambos llevaban a dignatarios extranjeros a rendir homenaje ante un «monumento a la memoria sesgada», en el que había nombres de terroristas muertos en enfrentamientos con miembros de las Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Armadas. Además, en su conjunto, ese monumento no es más que un homenaje a terroristas que se alzaron contra la democracia y las instituciones de la República.
Obama y Macri rinden homenaje a las víctimas de la dictadura en el Parque de la Memoria. Foto: Reuters. Fuente: La Nación[7].
En abril de 2015, coherente con esta ideología, un trasnochado ordenó demoler el monumento erigido en conmemoración del Combate de Manchalá, ocurrido «el 28 de mayo de 1975, en pleno ejercicio de un gobierno constitucional, cuando un grupo de suboficiales y soldados conscriptos de la Compañía de Ingenieros de Montaña 5, que realizaban tareas de apoyo en una escuela, fueron atacados y defendieron con coraje su posición»[8].
Quizás pareciera que estas menciones no tengan que ver con las políticas respecto a los organismos de Inteligencia pero, contrariamente a ello, la falsa política de derechos humanos pasó a ser una «política de Estado» aplicada por los diferentes gobiernos, así como la destrucción de las Fuerzas Armadas, el desmantelamiento de la Policía Federal Argentina —una consecuencia de la creación de la ineficiente Policía de la Ciudad llevada a cabo por el dúo Larreta-Macri, destruyendo incluso su propia creación, la Policía Metropolitana— y la demolición del SIN.
El mencionado proyecto de ley, precisamente, en su artículo 1º alude «a la Constitución Nacional, los Tratados de Derechos Humanos suscriptos y los que se suscriban con posterioridad a su sanción, y a toda otra norma que establezca derechos y garantías».
«El Presidente de la Nación podrá convocar a un Consejo Interministerial para el asesoramiento sobre los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional» (artículo 3º), “formado por expertos o personas reconocidas por su experiencia en la materia”… ¿Quizás los mismos que redactaron este proyecto?
A pesar de que a veces se han referido a la existencia de un «doble comando», como lo ha manifestado el nuevo interventor al decir «No creo en el Señor 8, no hay doble comando en la AFI»[9], el proyecto de ley contempla un «doble comando» al crear la figura del «Asesor Nacional de Inteligencia» con rango de ministro (artículo 4º) el que puede ser nombrado y removido directamente por el presidente. Cabe destacar que, según el proyecto, el director de la AFI también será propuesto por el presidente pero con la aprobación del Senado. Es decir que director y Asesor Nacional de Inteligencia son designados por el presidente y ambos con rango de ministro. Su función será «asesorar al presidente en la formulación del Plan Nacional de Inteligencia». Cumpliría el rol de «coordinador» si se crea «alguno de los Consejos Asesores previstos en el artículo 3».
Según el artículo 6º, una de las funciones específicas de la AFI será «Formular el Plan de Inteligencia Nacional, sobre la base de los lineamientos fijados». Es decir que el organismo formulará el PIN pero el Asesor Nacional de Inteligencia asesorará en la formulación del PIN. Parecería haber una duplicación de funciones y si la diferencia está en que uno asesora y el otro escribe bien se podría ahorrar dinero del Estado estableciendo que quien asesore también escriba.
Para determinadas cuestiones, como la celebración de «convenios con organismos de inteligencia o investigación de otros países, o regionales e internacionales, deberá [la AFI] contar con la aprobación del Asesor Nacional de Inteligencia del Poder Ejecutivo» (artículo 6º, inc. 13). Es decir, un «doble comando» con dos funcionarios designados por el Presidente (el Director Nacional con aprobación del Senado) con rangos de ministro en el que uno queda supeditado al otro.
Según informan medios de comunicación, «el gran objetivo que tiene Rossi al frente de la AFI es el de promover la nueva Ley de Inteligencia», que incluye ese «doble comando»[10]. Lo paradójico es que en la exposición de motivos se expresa que «En cuanto a sus autoridades, se debe superar la idea de doble comando de la misma institución» (la cursiva está en el mismo proyecto).
Por otro lado, al referirse a los convenios, el inc. 13 del artículo 6º menciona entre las funciones de la AFI que puede «celebrar convenios con personas físicas o jurídicas, de carácter público o privado», lo que ya estaba en la Ley 25.520. ¿Sería correcto que la agencia de Inteligencia celebre convenios con «personas físicas» o «de carácter privado»? ¿Qué contemplan los redactores del proyecto?
Una vez más, en una ley o proyecto de ley de Inteligencia, se insiste en que en ningún caso la AFI podrá «obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza…» (artículo 8º, inc. 2). Ya hace años que los científicos han coincidido y expresado en que no existen «razas humanas» sino «diversidad genética en la especie humana». Es decir que un color de piel no indica que pertenezca a una determinada «raza». Ciencia aparte, sigamos con el proyecto de ley.
La gran preocupación, el núcleo de este proyecto, gira en la «protección de los Derechos y Garantías de los habitantes de la Nación» (Título II), lo cual es positivo pero no puede ser que la ley prácticamente se limite a esto y casi nada a la Inteligencia. La Ley 25.520 ya contemplaba este punto pero este proyecto solo establece una serie de contralores (Asesor Nacional; Comisión Bicameral de siete miembros, tres senadores, tres diputados y un presidente; un control judicial ejercido por un colegio de al menos diez jueces federales con jurisdicción en la Capital Federal designados por sorteo público anualmente por el Consejo de la Magistratura; un «Director Nacional de Protección de Datos Personales previsto en la 25.326») que a lo único que apunta es a que la agencia de Inteligencia cuente con numerosos controles externos para que, con certeza, no pueda hacer inteligencia. Queda en evidencia que quienes redactaron el proyecto son personas con formación en Sociología y en Derecho en el mejor de los casos, con una fuerte vocación partidaria pero con un amplio desconocimiento de lo que es la actividad de Inteligencia.
El artículo 26º (Título V) se refiere al Personal y a la capacitación, y aclara que «Los extranjeros podrán ser contratados por decisión directa y fundada del Director Nacional, en el marco de directivas operacionales específicas». Aquí queda abierta una peligrosa “ventana” para la contratación de personas que bien pueden ingresar al organismo para llevar a cabo tareas de infiltración. Aún peor, ciertas fuentes reservadas informan que durante la intervención ya se ha procedido a la incorporación de extranjeros al organismo.
El nuevo interventor ha manifestado «como ejes de la continuidad de la gestión de Caamaño “la profesionalización y la transparencia” de la AFI»[11]. Agregó: «Vamos a trabajar sobre todo lo que son los objetivos estratégicos de la inteligencia, ciberdelitos, lo que le corresponda a la Agencia sobre crimen organizado y la profesionalización de los analistas en los distintos ámbitos desde energía hasta las cuestiones internacionales. Hay que continuar con la línea que siguió Caamaño de vincularla a las agencias más profesionalizadas del mundo». Precisamente, la intervención lo que menos ha hecho es formar profesionales idóneos a través de la ENI sino más bien a adoctrinar a los cursantes.
Para abreviar el espíritu de este proyecto, en la exposición de motivos se expresa claramente: «Como vemos se trata de establecer una Agencia acotada en cuanto a sus tareas…» Ni más ni menos.
¿Qué podemos esperar de una nueva gestión de gobierno en materia de Inteligencia?
Un artículo publicado el 29/06/2022 por La Nación aborda el tema[12]. El propio artículo expresa que no se trata de una tarea sencilla “para quienes formaron parte del gobierno de Mauricio Macri, cuya gestión en materia de inteligencia es duramente cuestionada por acciones de espionaje ilegal que son investigadas por la Justicia. No hay un dirigente de la oposición que se atreva a reivindicar la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani al frente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Ambos están procesados en al menos dos expedientes judiciales y su gestión se volvió una mancha venenosa por las acciones concretas de seguimiento contra dirigentes opositores e incluso de su mismo signo político”. Una “mancha venenosa” que también se presentó durante la gestión de Mauricio Macri como jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estimo que no es necesario recordar el caso pero sí las denuncias que la entonces diputada Elisa Carrió formuló contra Daniel Angelici —al que consideró un operador judicial—, padrino del cuestionado por numerosos medios ex director de legales de la AFI, Sebastián De Stéfano, actualmente funcionario de SBASE (Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado) en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.
La utilización de la SIDE, la SI y la AFI como una herramienta para alinear al Poder Judicial —o al menos a algunos jueces— con el gobierno de turno demuestra que por más que se cambie de nombre al organismo todos los gobiernos democráticos cayeron en el mismo vicio. Ahí están los “sótanos de la democracia” a los que se refieren el «presidente delegado» Alberto Fernández y la «fiscal interventora», la que fue denunciada por filtración de datos sensibles del Sistema de Inteligencia Nacional, entre los cuales había nombres de agentes pertenecientes a la AFI y ex funcionarios del organismo, pero que fue sobreseída por la jueza María Servini de Cubría. Siempre es bueno que exista un juez oficialista para estos casos.
El artículo de La Nación menciona a Carrió —de cuyo proyecto ya hablé, como manifesté al comienzo—, partidaria de eliminar la AFI y de crear un organismo que solo coordine a las Fuerzas de Seguridad frente al narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado. Con respecto a Larreta los periodistas afirman que sus colaboradores lo oyeron decir «yo la desharía». Algunos de sus colaboradores serían partidarios de «profesionalizar» —verbo transitivo utilizado por las diversas gestiones para empeorar la situación de la Inteligencia Nacional— al organismo «para que sea capaz de combatir el crimen organizado y los delitos complejos, como la trata». El artículo de La Nación menciona que otros funcionarios de Larreta pensarían en continuar con el slogan de “la transformación no para” con el objeto de introducir una gran innovación a las que nos tiene acostumbrados a los ciudadanos de Buenos Aires…
Más centrada parece la propuesta del equipo de Patricia Bullrich, el cual tiene en cuenta que la AFI “debe estar abocada a la producción de inteligencia estratégica”. ¡Brillante!!! Al menos entiende cuál debe ser el objetivo del organismo. Además tendría en claro que el SIN debe tener un espacio para que participen las direcciones de las diversas fuerzas. Un paso quizás para recrear la CNI. Sería algo positivo. Del mismo modo, se menciona que la propuesta apuntaría a “cambiar la Ley [la Ley 25.520] y volver a una ley de inteligencia que saque de la AFI a la investigación criminal y la deje como inteligencia estratégica”. Aquí vemos cómo la Inteligencia terminó convirtiéndose en un “organismo policial”. Se hizo por ley. ¿Quiénes hacen las leyes? Los mismos que después hablan de los “sótanos de la democracia”. Esos son los que pervirtieron al SIN para luego echarle la culpa a los agentes de inteligencia y acusarlos de manejarse independientemente. A propósito, el proyecto de la “fiscal interventora”, en su artículo 10º, dice que “La obediencia debida no podrá ser alegada como eximente de responsabilidad”. Pregúntenle a un ex agente de inteligencia de esta democracia acerca de los padecimientos sufridos si no acataba lo que le ordenaban o sencillamente por considerarlos “conflictivos”[13]. Fin de la digresión.
Perfil, 09/10/2005.
Un punto muy relevante al que se refiere el artículo de La Nación es al reclutamiento de los agentes que tienen pensado en el equipo de Patricia Bullrich, el cual considera que todos los agentes deben pasar por la ENI antes de ingresar al organismo. Esto está en la misma sintonía de lo que he propuesto más de una vez, en que no pueden ingresar agentes que no hayan tenido un largo curso de formación. En este sentido, he propuesto en más de una oportunidad en que la ENI se convierta en una especie de ISEN (Instituto del Servicio Exterior de la Nación) para el servicio de Inteligencia.
Por su parte, dentro de la UCR, Gerardo Morales se opone a eliminar el organismo pero sí proceder a una “cirugía mayor”, mientras que Facundo Manes no se manifestó al respecto.
Miguel Ángel Pichetto le ha dado un lugar de importancia al tema al armar “un área de inteligencia, defensa y seguridad para diseñar planes” coordinada por Miguel Ángel Toma, quien se desempeñó como Secretario de Inteligencia y quizás el único recordado positivamente por los agentes de carrera.
Algunas reflexiones finales
Como se ha manifestado, la SIDE y sus sucesoras, la SI y la AFI, han sido utilizadas para manipular a ciertos jueces pero durante la SIDE y buena parte de la existencia de la SI el organismo se abocó en primer lugar a producir Inteligencia Estratégica. Las purgas, tanto de la Alianza —que echó en un solo día, el 07/02/2000, a más de 1.000 agentes para dar lugar a las «consultoras»— como de los gobiernos kirchneristas y las invitaciones al retiro realizadas por la gestión Arribas – Majdalani —tentando al personal con interesantes sumas para que se jubilaran— fueron vaciando a la Inteligencia de su personal de carrera, varios de ellos excelentes profesionales que podrían haber formado a las nuevas camadas.
Con respecto a la «intervención», el organismo ha estado «intervenido» desde mucho antes con la intención de cumplir esos vicios de los gobiernos de turno.
La gestión de la «fiscal interventora» terminó de vaciar al organismo y, contrariamente a lo que sucedía hasta su llegada, la dirección de la «intervención» se invirtió: ahora el poder judicial (nada menos que el de «Justicia Legítima») ingresaba al organismo para manipularlo y vaciarlo. La gestión fue claramente ideológica y se dedicó a seguir con las funciones de una fiscalía. No se hizo inteligencia sino que se siguió ideológicamente para buscar toda la documentación que contribuyera a la cuestión de los derechos humanos e, incluso, miembros de movimientos sociales concurrieron para ver las «carpetas» que el organismo podría haber armado sobre ellos.
En verdad, este proyecto de ley realizado por la intervención anterior y que cuenta con el total respaldo del actual interventor no es más que un mamarracho. Solo apunta, como lo dice textualmente la exposición de motivos, a acotar las tareas de la Inteligencia, en verdad, a reducirlas a la nada. En este sentido, podrían coincidir con Carrió o con lo que dicen que dijo Larreta y eliminar la agencia ya que bajo esos parámetros solo servirá para darle empleo a algunos parientes, amigos o afiliados a sus respectivos espacios políticos, o sea, un gasto para el Estado. Más de lo mismo.
Que una ONG como el CELS, financiada por fundaciones extranjeras, por embajadas como las de Estados Unidos, Alemania y nada menos que el Reino Unido, se aboque a organizar nuestra Inteligencia es poner al lobo a cuidar el gallinero. A los efectos de mostrar su papel en los graves problemas internos que afectan a nuestros ciudadanos argentinos de la Patagonia, los siguientes tuits ilustran su postura anti patria.
Tuit del CELS del 13/01/2017, en el que se aprecia al director de Litigio y Defensa del CELS, junto a organizaciones de izquierda, en una reunión en la que no se ve la Bandera Argentina sino la que se atribuyen los autodenominados “mapuches”. En el tuit de abajo se aprecia un total apoyo a este grupo que tiene su sede central en Bristol, el Reino Unido, usurpador de nuestro territorio y de nuestro Atlántico Sur y financiador del CELS.
Por otro lado, estas ONGs, fundaciones, etc., se preocupan por la inteligencia que pueda realizar un servicio del Estado con el objetivo de preservar el estilo de vida de sus ciudadanos, la seguridad de los mismos y la defensa de su integridad territorial pero nada dicen de la recolección de datos personales que hacen los bancos, las tarjetas de crédito y los buscadores como Google —y con modalidades y fines mucho más cuestionables—, que saben mucho más de cada uno de nosotros que un organismo de inteligencia.
Con respecto al reclutamiento, una agencia de Inteligencia no es una agencia de empleo a la que deban entrar por el mero hecho de ser familiares, amigos, afiliados a los movimientos o partidos de los dirigentes políticos de turno. Un servicio de Inteligencia serio «sale a buscar» a los que considere mejores a las universidades, a instituciones académicas u otros ámbitos que podrían considerarse apropiados.
Una reconstrucción del servicio de Inteligencia requiere, primordialmente, poner el acento en el personal, en una verdadera profesionalización del mismo para lo cual habrá que recontratar a ex agentes para formar a los ingresantes y a quienes pueda considerarse que tendrían posibilidad de sobrevivir en el mismo. Esta es una tarea que debe comenzar desde la propia ENI, la que debe ser el filtro previo al ingreso al servicio. Para ello deberá contar con expertos y trabajar en la formación de formadores, así como recurrir a algunos servicios extranjeros en la capacitación, algo que se acostumbra a hacer.
Para un mejor funcionamiento, la ENI debería nuevamente volver a su organigrama con un solo director —no con tres como impuso el organigrama de la AFI— y unos dos jefes de departamento, como supo tener hasta la disolución de la SI en 2015. La orgánica tiene que estar alineada a la misión del organismo y no inventarse direcciones para acomodar a parientes, amigos, pagar favores o incorporar a militantes. Por tanto, esa misma reducción de direcciones debe ser implementada en todo el organismo pero dado que la Inteligencia no puede esperar a la redacción y aprobación de una nueva ley, es menester derogar el decreto 1.311, la Ley 27.126, y modificar la 25.520 para despojarla de todo aquello que implique una actividad en el área de delitos complejos o cuestiones de incumbencia policial.
Quienes ponen la mira en hacer de este organismo un coordinador para las actividades de narcotráfico, terrorismo, crimen organizado, trata, etc., desconocen lo más mínimo de las leyes de Seguridad Interior (que debería pasar a ser nuevamente una ley de Seguridad Nacional) y de Defensa. Dentro del SIN existe la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, que es la responsable de llevar esos temas, por lo que haberle endosado los mismos a la SI y su sucesora la AFI es parte del desconocimiento de nuestro SIN. La SIDE, como la SI o actualmente la AFI debe dedicarse a la Inteligencia Estratégica, la cual precisa de la inteligencia proveniente de la Inteligencia Criminal pero tratándola como “fenómeno” para la elaboración de la Inteligencia Estratégica. Con este mismo objetivo es que debe contar con la inteligencia proporcionada por la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), dependiente del Ministerio de Defensa.
La AFI, o como se considere en llamarla más adelante, debe continuar siendo el organismo rector del SIN para, de esa manera, poder confeccionar la Inteligencia Estratégica, fundamental para la Seguridad, la Defensa y la Política Exterior de la República Argentina.
Es apropiado recordar que los funcionarios públicos son servidores públicos que deben trabajar para el pueblo que los eligió y que delegó en ellos su poder. En este sentido, les cabe a los funcionarios de mayor jerarquía nombrar a sus subordinados en función de sus méritos y no motivados por vínculos afectivos, familiares o de otro tipo.
No cabe duda que la tarea será titánica dada la degradación y la inoperancia a que han sometido a nuestro SIN. Para ello deberá contarse con verdaderos expertos tanto en inteligencia como en otras temáticas que deberán abordarse al reconstruir el sistema.
Finalmente, luego de los dislates de las últimas gestiones, debe trabajarse sobre otro aspecto sumamente importante: la idoneidad. A partir de ella podrá generarse la credibilidad. Como suelo decirles a mis alumnos, recordando al columnista estadounidense Charley Reese (1937-2013), «La credibilidad, como la virginidad, solo se puede perder una vez y nunca se puede recuperar». Para ello el organismo deberá producir una inteligencia de excelente calidad, volver al secreto —que no al secretismo— para no ventilar cuestiones que puedan afectar la relación con servicios colaterales y jerarquizar la ENI para que se erija nuevamente en un instituto de referencia dentro de la Comunidad de Inteligencia.
* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Profesor de Inteligencia de la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata.
Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019.
Embajador Académico de la Fundación Internacionalista de Bolivia (FIB).
Investigador Senior del Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, Pontevedra, España.
Referencias
[1] La Escuela Nacional de Inteligencia (ENI) es el instituto superior de formación, capacitación y perfeccionamiento destinado a todas y todos los integrantes del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN). Tiempo atrás dictaba cursos de alcance internacional. Muchos de los servicios de la región, así como de países africanos y europeos se han beneficiado de sus aptitudes formando a su personal para capacitarse y realizar posgrados en un espacio de verdadera excelencia.
[2] Proyecto de ley presentado por la diputada Elisa Carrió en 2016 (Expediente 5577-D-2016).
[3] Marcelo Saín fue destituido por la Provincia de Santa Fe en 2021 como ministro de Seguridad.
[4] El presidente Alberto Fernández es quien decretó la intervención que debía sanear la AFI y eliminar los “sótanos de la democracia”, saneamiento que implicaría que los políticos dejen de usar los organismos de Inteligencia del Estado en beneficio de los gobiernos de turno. A propósito, es saludable para la República que la ciudadanía diferencie “gobierno” de “Estado”.
“El cuerpo está integrado por representantes de la sociedad civil y expertos con reconocida trayectoria en la materia, quienes se desempeñan de forma “ad honorem”:
Juan Gabriel Tokatlian (vicerrector de la Universidad Torcuato Di Tella).
Rafael Bielsa (jurista y ex ministro de Relaciones Exteriores de la Nación).
Alberto Binder (presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, INECIP).
María Sidonie Porterie (directora ejecutiva del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, ILSED).
Paula Litvachky (directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS).
Beatriz Busaniche (presidenta de la Fundación Vía Libre).
Máximo Sozzo (profesor de Sociología y Criminología de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral).
Lisandro Pellegrini (subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y DDHH de Provincia de Buenos Aires).
Margarita Trovato (abogada del área Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS).
Ernesto Chaparro (miembro fundador de la Fundación Vía Libre).
[6] Según el Artículo 25 de la LEY N° 16.970, “Bases jurídicas, orgánicas y funcionales para la preparación y ejecución de la defensa nacional”, del 6 de octubre de 1966,
“Compete a la Central Nacional de Inteligencia en lo concerniente a seguridad nacional:
a) Realizar y centralizar las actividades de inteligencia necesarias al planeamiento de la política y estrategia nacional inherentes a la seguridad nacional;
b) Proporcionar inteligencia estratégica centralizada y evaluada al Consejo Nacional de Seguridad;
c) Formular la doctrina nacional de inteligencia;
d) Correlacionar y evaluar la información concerniente a la seguridad nacional y proveer a su adecuada difusión a los ministerios, comandos en jefe, secretarías de Estado y gobiernos de provincia;
e) Mantener enlace técnico funcional con los organismos de inteligencia e información de los ministerios, comandos en jefe, Secretarías de Estado y gobiernos de provincia”.
¿Cómo podemos enfrentar una delincuencia que se le ha escapado de la mano al Estado? Bueno, es sencillo, tan solo deberíamos buscar como otros países enfrentaron este problema y tomar sus modelos para implantarlos.
Lleno de rascacielos, jet privados y Rolls-Royce, Singapur es el cuarto país más rico del mundo, apenas superado por Qatar, Luxemburgo y Macao, según el poder adquisitivo de sus habitantes.
Conocida como «La perla de Asia», esta diminuta ciudad estado con apenas 5,6 millones de habitantes, es actualmente uno de los mayores centros financieros del mundo; el lugar que produce más millonarios y el más costoso para vivir, de acuerdo a un estudio de la Economist Intelligence Unit.
Pero hace medio siglo era una isla pobre, con muy pocos recursos naturales, que no prometía un gran futuro.
Lee Kuan Yew estuvo al mando del país por tres décadas y es considerado el artífice del «milagro» económico. Lee diseñó un amplio programa de reformas para sacar a Singapur de lo que él describió como el «pozo negro de la miseria y la degradación» y convertirlo en un país industrializado y moderno, bajo un modelo capitalista con férreo control estatal.
Desde finales de la década de 1960, el gobierno impulsó grandes programas de empleo y la construcción de viviendas sociales, una política social que fue de la mano de un estricto control de la vida privada y la supresión de libertades individuales.
Con el paso del tiempo, el país impresionó al mundo con sus altos niveles de educación, sanidad y competitividad económica, al tiempo que atacó la corrupción, considerado como un mal endémico en la antigua colonia.
Además de la ubicación geográfica, Singapur tiene una serie de ventajas comparativas, dicen los expertos. Entre ellas, «una población capaz de hablar chino e inglés, instituciones sólidas que funcionan y ausencia de corrupción».
A eso suma una fuerte inversión social en vivienda, salud y educación, que fue puesta en práctica desde el inicio del programa de transformación económica.
En paralelo, «Singapur entregó generosos incentivos a los inversionistas extranjeros» para instalarse en el país, permitió el libre flujo de capital y firmó importantes acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, China, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y la Unión Europea.
Singapur tiene uno de los sistemas educativos más admirados del mundo. Encabeza la lista de resultados de la influyente prueba PISA, aplicada por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) en 75 países para evaluar el desempeño de los estudiantes en ciencias, matemática y lectura.
El buen desempeño del país se debe a varios factores, como el tener una burocracia gubernamental formada en las mejores universidades del mundo, con una misión bien definida: transformar Singapur, excolonia británica, en uno de los países más ricos, desarrollados y educados del mundo.
Los salarios en el sector educativo de Singapur equivalentes a los de los rubros industrial y bancario atraen a los mejores alumnos recién graduados en las universidades.
El sueldo promedio inicial varía entre US$ 1.600 dólares de Singapur y 3.000 (US$ 1.800 – US$ 3.300). Además, los maestros reciben bonos por desempeño en el aula y pagos por trabajar horas extra. Cada profesor debe participar en al menos 100 horas de actividades adicionales de formación.
Alrededor del 20% del presupuesto total del estado se destina a la educación.
Pero antes de ser una potencia económica y educativa, Singapur estaba entre los países más pobres de Asia. Ahora tiene un gobierno autoritario que limita las libertades individuales y de prensa, y un sistema en el que la obediencia es una garantía de seguridad social y bienestar, y un elemento central en el engranaje de la educación del país.
El objetivo no era solo hacer la ciudad más agradable. Una ciudad más limpia, pensaba Kuan, crearía una economía más fuerte.
«Estos estándares mantendrán la moral alta, la tasa de enfermedad baja y, por lo tanto, crearán las condiciones sociales necesarias para un mayor crecimiento económico en la industria y en el turismo. Esto contribuirá al bien público y al beneficio personal de todos «, dijo.
Y efectivamente, en todos estos aspectos Singapur ha tenido éxito. La esperanza de vida ha aumentado de 66 a 83 (que es la tercera mejor a nivel mundial).
En 1967, las llegadas de turistas fueron un poco más de 200.000 en comparación con unos 10 millones en los tres primeros trimestres de 2018.
Singapur tiene la costumbre de prohibir el comportamiento indeseable de sus ciudadanos y hacer cumplir cada prohibición con sanciones económicas.
La campaña de 1968 «Mantengamos a Singapur Limpia» fue la primera en intentar moderar el comportamiento de los ciudadanos mediante multas. Desde entonces, el país ha adoptado multas con gusto.
Normalmente, las autoridades emiten decenas de miles al año por tirar basura. La multa mínima es de US$ 217. Hay multas por escupir en la calle o usar el wifi de otra persona sin permiso.
Singapur erradicó la inseguridad y la delincuencia con la pena de muerte. La pena capital se instauró como norma en el año 2013.
Para quienes no viven en Singapur y algunos organismos de Derechos Humanos, el modelo que se implementa en el país oriental es muy restrictivo, e incluso no son pocos los que afirman que tiene características autoritarias desde lo jurídico. Sin embargo, de este modo lograron un radical cambio de conducta de la gente, y crearon valores para darle seguridad a sus habitantes. De hecho, tiene uno de los índices más bajos en criminalidad y violencia entre los países asiáticos y del mundo.
Sobre los delitos de abuso sexual y abuso a menores, en Singapur se publica actualmente el nombre de los violadores y se televisan los juicios. Incluso implementan otra curiosa medida como lo es la de habilitar a personas que en parques o espacios públicos, van vestidos de basureros, pero que tienen como finalidad la de detener delincuentes para ponerlos a trabajar.
Los diarios locales publican diariamente las fotografías de los delincuentes y además hablan sobre los delitos que han cometido, condenándolos socialmente para luego llevarlos ante la Justicia, de modo tal que sepan que no pueden hacer lo que quieren y que su accionar tiene consecuencias.
Así las cosas, de ser una de las zonas más conflictiva del mundo, donde las drogas circulaban como si nada, pero hoy Singapur es una nación segura.
Claro que organismos como Amnistía Internacional cuestionaron en reiteradas oportunidades los métodos para lograr tanta seguridad y reducción del delito. En Singapur encontraron la solución a la delincuencia ejecutando a los delincuentes en la horca. Sin embargo, a los familiares de los condenados se les permite recoger el cadáver del ejecutado varias horas después del ahorcamiento, una vez emitido el correspondiente certificado de defunción.
Pero para dar cuenta de lo efectivo del sistema antidelincuancia de Singapur y los éxitos del presente, bien vale recordar que antes de 1960 Singapur era una de los países más violentos del mundo. Estaba entre los lugares con el más alto índices de criminalidad, por su cercanía con Malasia y China, siendo uno de los lugares de mayor tráfico de drogas, lo cual era el pan de todos los días. Había impunidad y malos manejos del gobierno. Las mujeres no podían salir de su casa por miedo a ser abusadas sexualmente y después asesinadas. Era una ciudad sin orden y con un gran índice de tráfico de influencias, eso sin contar que era denominada una de las ciudades más sucias de Asia, y con un tremendo desorden vial.
En la década de 2000 el terrorismo surgió rápidamente y los homicidios eran uno de los mayores problemas de inseguridad; sin embargo al llegar al poder en el año 2004, Lee Hsien Loong, hijo mayor de Lee Kuan Yew, se dieron grandes cambios que se pueden catalogar como represivos y radicales, debido a que atacó las drogas, la corrupción y las violaciones de mujeres, lo que produjo una reducción increíble de la inseguridad, siendo actualmente uno de los países más seguros del Asia.
Hace 12 años en las cárceles había más de 500.000 presos, pero seis meses después, sólo quedaban 50. Se adoptó la pena de muerte y el trabajo forzado para los criminales confesos, narcotraficantes y violadores probados siendo los más repetitivos condenados a muerte. Pero el gobierno fue más lejos todavía, se decretó que toda figura pública corrupta (políticos, policías, militares, etc.) fueran condenados a muerte (eso sí, siempre y cuando se cuenten con pruebas sólidas que los involucren).
La depuración de la policía, sistema judicial y político, más una nueva legislación, le permiten al país gozar de una sólida estabilidad, en donde el contrabando y la posesión de drogas puede originar cadena perpetua o pena de muerte.
Con esa dramática historia a cuestas, con rigor, orden y efectividad en las calles, Singapur se ha convertido en el emblema de los países que lograron erradicar la delincuencia con su pena de muerte.
Por otra parte, la lucha contra la corrupción fue uno de los principales puntos de la campaña que llevó a Bukele a la Presidencia de El Salvador en 2019. Durante su gestión, principalmente con la llegada de la pandemia, diversas investigaciones periodísticas han señalado el supuesto manejo irregular de recursos estatales.
«Si usted es o fue corrupto, ya no dormirá tranquilo. Si usted es un salvadoreño honrado, estará feliz por esta nueva etapa en nuestro país”, advirtió Bukele. También dejó por sentado que el que nada debe, nada teme y que los honrados no tienen nada de qué preocuparse y que los corruptos pagarán por sus delitos y devolverán lo robado.
Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil en el país (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, tienen más de 70.000 miembros y han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro administraciones, la violencia y las estructuras de pandillas deben ser combatidas, evidentemente, a través de una política integral de seguridad pero ningún gobierno ha querido adoptar una práctica como ésa hasta el día de hoy.
El Salvador logró disminuir el índice de muertes diarias de entre 16 y 29 a 3.5 en un período de seis meses, mediante la implementación de una estrategia que implica disciplina, pero también acciones económico-sociales.
Cuando Nayib Bukele asumió, estableció que tenían que poner a la fuerza armada y a la PNC [Policía Nacional Civil] en el territorio de manera contundente, que tenía que complementarlo también con un trabajo de reconstrucción de tejido social, porque esas son las causas principales de la violencia, pero también que tenía que controlar la principal fuente de relación entre la extorsión y el asesinato, que eran los centros penales. Se encontró un enorme desorden en las cárceles, entre los que destaca la libre comunicación telefónica, lo que permitía a los delincuentes seguir operando a pesar de que estaban presos. Tomó medidas mucho más fuertes y puso a estos reclusos en regímenes de aislamiento, además de que ordenó a las empresas telefónicas que suprimieran absolutamente la señal telefónica dentro de las cárceles.
A la par de los operativos y el endurecimiento con los criminales, la administración también trabaja en el restablecimiento del tejido social, con programas como “Sembrando vida”, que pretende beneficiar a 10.000 agricultores salvadoreños con US$ 250 mensuales durante 10 o 12 meses, para que puedan trabajar su parcela.
En tres años de administración del Presidente Bukele se acumulan 128 días con cero homicidios, de los cuales 30 han sido registrados en el período de régimen de excepción.
El pasado 25 de mayo, el Gabinete de Seguridad llegó a la Asamblea Legislativa para solicitar la segunda prórroga del régimen de excepción. La medida busca dar continuidad a las acciones operativas contra las estructuras de pandillas.
La estrategia de seguridad del Gobierno cuenta con el respaldo de más del 91 % de los salvadoreños, tal y como fue confirmado por una encuesta de la firma CID-Gallup.
Además, al mandatario salvadoreño no le ha temblado la mano para someter a los pandilleros en prisión, ya que les quitó colchones y sábanas en sus calabozos. Además, de darle solo dos tiempos de comida con solo frijoles, tortilla y queso.
Bukele compartió un video que muestra a unos pandilleros quejarse porque ya no les dan pollo en el almuerzo, diciendo que es una injusticia. “Injusto es que los salvadoreños compren frijoles para comer y que de esos impuestos, se le compre pollo a sus asesinos”, aseguró el mandatario.
Incluso ha aseverado que en caso de aumentar los delitos y las detenciones, eliminaría “totalmente la alimentación en los centros penales de pandilleros”.
Asimismo, anunció que la comida será racionada para los 16 mil pandilleros, que se quedan confinados en sus celdas durante todo el día. “Muéstrenles este video a sus hijos adolescentes, explíquenles que entrar a la pandilla solo tiene dos salidas: la cárcel o la muerte”.
Nayib Bukele también ha criticado a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, que han manifestado su preocupación por las radicales medidas que ha adoptado su gobierno durante los últimos días.
“Estos vividores de las ONGs internacionales dicen velar por los derechos humanos, pero no se interesan por las víctimas, solo defienden asesinos, como si disfrutaran ver los baños de sangre”.
“Los países deberíamos de evaluar retirarnos de estas organizaciones internacionales que solo buscan mantener a nuestra gente sufriendo”, escribió Bukele ante la condena que han hecho diversas ONGs nacionales e internacionales a las acciones tomadas durante los últimos días.
Estas medidas se implementaron luego de un aumento en los homicidios entre el 25 y 27 de marzo. De acuerdo con los datos que ofreció Bukele, desde que se implementó el estado de excepción, se ha producido la detención de 9.000 pandilleros en 15 días.
Además, el Congreso de El Salvador aprobó, a petición de Bukele, reformas para aumentar de 9 a 45 años de prisión la pena máxima por pertenecer a pandillas y castigar con hasta 15 años de prisión la difusión de mensajes de pandillas en medios de comunicación.
Singapur arrancó en los setenta el cambio que la llevó a estar entre los primeros países del mundo; Argentina arrancó en los setenta el cambio que la destruyó llevando al poder a los terroristas que dinamitaron el país, secuestraron, torturaron, asesinaron y extorsionaron y hoy nos dejan por debajo de un país africano casi pisando el cuarto mundo.
Tuvimos una oportunidad única de enmendar las cosas allá por los años setenta, de limpiar el país de la lacra subversiva, pero como siempre, nos quedamos a mitad de camino. Los terroristas asesinos apátridas de los setenta, hoy detentan el poder político, están en las más altas esferas, han llegado incluso a la presidencia. Todo por no poner toda la carne al asador.
Los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad que actuaron patrióticamente contra la subversión, fueron condenados y encarcelados por defendernos de quienes quisieron acabar con nuestro modo de vida occidental y cristiano. En contraposición, aquellos que se levantaron contra el orden constitucional, que asesinaron civiles y militares, que colocaron bombas sin importar el que murieran civiles, ellos, fueron “premiados” con cifras cercanas al cuarto de millón de dólares, y muchos de ellos con cargos en los gobiernos del ’83 a la fecha.
Debemos, de una vez por todas, terminar con esta seguidilla de gobiernos apátridas y levantar a esta Nación para colocarla en el lugar que se merece entre las otras del mundo.
Ya que vivimos entre hombres hay que ser uno de ellos; si se vive en un pueblo que lucha por su existencia, no hay que esconderse negándose a reconocer el valor del esfuerzo puesto en la obra de reconstrucción general. Es necesario apreciar la significación de la lucha por la igualdad de derechos que le corresponden entre las otras grandes naciones y su buena voluntad para vivir en paz con los demás y colaborar al bienestar general.
Cesare Santoro
No puedo evitar comparar nuestra situación actual con la de Alemania de la década de 1930:
Millones de obreros sin trabajo vagaban por las calles de las ciudades esperando la ayuda del Estado, que escasamente alcanzaba para satisfacer la más perentorias necesidades de la vida diaria de quien la recibía y de su familia. Apenas podía contarse un hogar que no tuviera al padre o al hijo y con frecuencia a ambos sin trabajo. Las estadísticas dan un cuadro bien claro de esta situación trágica: el número de los sin-trabajo se calcula en más de 6 millones o sea más de un cuarto de la cifra total de los 21 millones de trabajadores y empleados de que dispone la economía alemana. A esta cifra hay que sumar 3 millones de obreros que trabajaban con jornada reducida.
Incluyendo a los familiares, el conjunto de los afectados directamente por la falta de trabajo y por la miseria consiguiente ascendía a 20 millones de personas, es decir, un tercio de la población total de Alemania. En vano se trataba de mantener un apoyo insuficiente y al mismo tiempo humillante para los parados con el presupuesto del Estado y de los Municipios y mediante la enorme suma de más de 3.000 millones de marcos al año. También la situación del artesanado era desesperada. El tesoro de mayor valor y más precioso de Alemania, su mano de obra, estaba improductivo.
En el campo, el labrador había perdido el amor a su terruño y sufría bajo la constante pesadilla amenazadora de la subasta forzosa. La mayor parte de la propiedad de los campesinos se encontraba hipotecada, con frecuencia no solo la finca sino también la casa, de modo que, estando a merced de los acreedores o del fisco, no podían disponer con libertad de su propia tierra. Miles de labradores fueron echados de sus heredades pasando así la propiedad a manos de quienes no sabían cultivarlas con igual esmero. La situación de los que se quedaban, como éstos lo sabían de antemano, no ofrecía ninguna perspectiva para la existencia.
Algunas veces se hicieron reproches a los campesinos por el elevado precio de venta de sus productos, sin embargo estos precios fueron cotizados en la bolsa en beneficio de la especulación y en perjuicio de productores y consumidores. La alimentación del pueblo alemán en su mayor parte fue abastecida con productos extranjeros. Por consiguiente un gran sector de los obreros alemanes no tenían trabajo porque, habiendo disminuido la capacidad adquisitiva del labrador, éste no se encontraba en condiciones de consumir lo que aquellos producían.
Las deudas exteriores contraídas por particulares ascendían a más de 25.000 millones y devengaban un interés diario de 2 millones sin contar la cuota de amortización. No existía un superávit de exportaciones que hubiere permitido la adquisición de las divisas extranjeras necesarias para hacer frente a los enormes pagos.
Muchos municipios se encontraban al borde de la ruina, el aparato administrativo consumía exorbitantes sumas. El número de funcionarios del Estado se componía de más de 95.000 empleados y de 72.000 dependientes y obreros y de más de 250.000 empleados y 44.600 dependientes y obreros en el servicio de correos.
Argentina está en una situación excesivamente parecida con el agravante de que el nuestro es un pueblo de corderos que se dejan llevar al matadero mansamente. Han arruinado al menos tres generaciones, desde los abuelos que no laboran por culpa de los planes, y cada vez es peor. Ahora piden “aguinaldo” y “vacaciones” sin tener en cuenta de que no es un trabajo, no hay una contraprestación por el dinero recibido y tal estafa es aceptada por el Estado corrupto de turno. Nada cambió con el tuerto, ni la porota ni el gato ni el alverso y hasta que no haya un verdadero sentimiento de cambio, nada cambiará, pero la moneda apagar, al igual que en la Rumania de Nicolae Ceaușescu o en Singapur, va a ser sangre, o no será cambio real.
Los delitos por narcotráfico están castigados con la pena capital, en la horca, fusilamiento, por inyección letal, en Singapur, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam.
En Singapur, la pena capital se aplica a los delitos de narcotráfico como la posesión de más de 15 gramos de diamorfina (heroína pura), 30 gramos de cocaína, 500 gramos de cannabis y 250 gramos de metanfetamina.
Indonesia castiga el tráfico de drogas con penas que incluyen entre 5 y 20 años de cárcel, la cadena perpetua o la pena de muerte por fusilamiento, con cantidades a partir de los 5 gramos de cocaína, heroína y metanfetamina, entre otras sustancias.
Vietnam, que aplica la pena de muerte a condenados por tráfico de estupefacientes, asesinato y delitos contra la seguridad nacional, ejecutaba a los reos ante el pelotón de fusilamiento hasta 2011, cuando adoptó la inyección letal.
La depuración de la policía, sistema judicial y político, más una nueva legislación, le permiten a Singapur una sólida estabilidad, en donde el contrabando y la posesión de drogas puede originar cadena perpetua o pena de muerte.
Es hora de que hagamos un corte serio a nuestra situación político-social actual, necesitamos una fuerza política que sea un parteaguas para que volvamos a ser una Nación Grande. Confiemos en Dios, nuestro Señor para que ilumine a los hombres que puedan producir dicho cambio.
