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EL CONFLICTO DEL ATLÁNTICO SUR (PARTE 1). DE LA HISTORIA DE LAS MALVINAS A LOS ANTECEDENTES DEL CONFLICTO DE 1982.

Marcelo Javier de los Reyes*

Uno de los cuatro mapas de las islas Malvinas del siglo XVIII, previas a la ocupación británica, pertenecientes a la colección Pedro de Ángelis de la Biblioteca Nacional de Brasilia, que fueron entregados por la Cancillería de Brasil a la Argentina en 2012.

La guerra de Malvinas fue el conflicto bélico en el que se enfrentaron la Argentina y el Reino Unido por el control de las islas Malvinas entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. Para la Argentina se trata de un territorio usurpado por una potencia colonial.

Como el conflicto involucró un espacio geográfico mayor al de esas islas, ya que se extendió a las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, sería más apropiado hablar del Conflicto del Atlántico Sur.

Comparado con el océano Pacífico, el Atlántico Norte así como con otros espacios marítimos, la zona austral del océano Atlántico puede ser considerada virtualmente un área ausente de conflictos bélicos, a excepción de las batallas navales de la Primera y Segunda Guerras Mundiales y del Conflicto del Atlántico Sur.

Treinta y siete años después de terminada la Segunda Guerra se produjo este enfrentamiento armado que sería el único que se centró en el Atlántico Sur en el siglo XX. Esta guerra se enmarcó indirectamente en un conflicto mayor, la Guerra Fría, por lo cual fue sobredimensionada por los países centrales, llegándose incluso a considerar —hacia el final de ese conflicto—, que una vez derrotadas las fuerzas armadas argentinas por parte del Reino Unido estaría el peligro de que “los militares argentinos dieran un giro prosoviético o que un contragolpe interno cambiara su férreo anticomunismo”[1].

El Conflicto del Atlántico Sur produjo una gran movilización de recursos bélicos por parte del Reino Unido, la mayor luego de la Segunda Guerra Mundial, y contó con el apoyo de los Estados Unidos y del resto de los Estados miembros de la OTAN.

Antecedentes

Las islas Malvinas formaron parte de España conforme a lo dispuesto por los primeros instrumentos internacionales que delimitaron el “Nuevo Mundo”, tras la llegada de los europeos al continente americano en 1492. Estos instrumentos son las Bulas Pontificias y el Tratado de Tordesillas de 1494, acordes con el derecho internacional de la época.

Durante la mayor parte del siglo XVI, sólo navegantes al servicio de España surcaron las rutas marítimas próximas a la costa de América del Sur, en su búsqueda del paso interoceánico. En esa exploración fueron descubiertas las islas Malvinas por integrantes de la expedición de Magallanes en el año 1520 y, a partir de ese momento, toda la región austral de América, incluidas sus costas, mares e islas, quedaron dentro de la jurisdicción de España, lo que fue razón suficiente para que la corona española formulara una protesta cuando marinos de otras naciones se aventuraban en los territorios bajo su soberanía.

En 1655 el Reino Unido ocupó Jamaica (1655) durante el protectorado de Oliver Cromwell, en el marco de la política que se denominó Western Design (“Designio Occidental”), por la que procuraba arrebatarle a España sus posesiones en América, para poder apropiarse de sus riquezas y fortalecer y expandir el protestantismo en detrimento del catolicismo, representado por la corona española. Esta política desencadenó la guerra anglo-española entre los años 1655 y 1660. Jamaica no fue restituida a España y fue utilizada para operar contra las posesiones y navíos españoles.

Durante todo el siglo XVII, España e Inglaterra firmaron varios tratados destinados a reducir la tensión entre ambas potencias: el Tratado de Londres, Tratado de Paz, Alianza y Comercio (1604); Tratado de Madrid, Tratado de Paz, Confederación y Comercio entre España e Inglaterra (1630); Tratado Secreto entre Carlos Estuardo y Felipe IV (1656); Tratado de Paz y Comercio entre las coronas de España e Inglaterra (1665); Tratado de Renovación de Paz y Alianza y Comercio entre las coronas de España y de Gran Bretaña (1667); Tratado para Restablecer la Amistad y Buena Correspondencia en América entre la Corona de España y de Gran Bretaña (1670), también conocido como “Tratado de Godolphin” (por el diplomático británico); Tratado de Unión y Alianza Defensiva entre las coronas española e inglesa (1680).

Al finalizar la guerra de Sucesión Española, en 1713, fue firmado el Tratado de Utrecht —también conocido como Paz de Utrecht—, constituido por un conjunto de tratados celebrados entre las potencias que se enfrentaron en ese conflicto. A través de uno de ellos el Reino Unido reconoció los dominios de España, salvo Gibraltar y Menorca que fueron tomados durante el conflicto. 

Tratado de Utrecht, 1713

En lo que respecta estrictamente al Atlántico Sur, debe señalarse que las islas Malvinas habían sido exploradas en 1690 por el marino británico John Strong, bautizando con el nombre del Falkland al pasaje que las separa y que es denominado estrecho de San Carlos por la Argentina. Los británicos habían considerado ocupar las islas pero ese proyecto fue abandonado debido a las protestas de España.

En 1764 el navegante francés Louis Antoine de Bouganville tomó posesión de las islas en nombre del rey de Francia y en 1765, las cuales ya eran conocidas por los navegantes y comerciantes de Saint Maló, en la región de Bretaña, Francia, de donde deriva el nombre de Malvinas ya que ellos las denominaron Malouines en homenaje a su ciudad.

Por su parte, el Comodoro Byron hizo lo propio en nombre de Su Majestad británica fundando Puerto Egmont.

En 1766 el rey de Francia reconoció la soberanía española sobre las islas y en 1767 Bouganville se las entregó al primer gobernador español, Felipe Ruiz Puente. Por su parte los británicos se retiraron definitivamente en 1774.

Luego de la independencia argentina, el 6 de noviembre de 1820, el marino y corsario estadounidense David Jewett, al servicio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, tomó posesión de las islas Malvinas al mando de la fragata Heroína. Además de afianzar la Soberanía Nacional en las islas, la posesión tenía por objetivo evitar la destrucción de las fuentes de recursos necesarios para los buques que, de paso o recalada forzada, arribaran a las islas para que pudieran aprovisionarse con el mínimo de gastos y molestias, como lo notifica el capitán Jewett a través de una circular.

El 6 de noviembre de 1820, el marino y corsario estadounidense David Jewett, al servicio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, tomó posesión de las islas Malvinas al mando de la fragata Heroína.

En 1826 el gobernador argentino Luis Vernet se estableció en Puerto Soledad. En 1831 arribó la goleta estadounidense Lexington que saqueó la colonia argentina provocando un conflicto diplomático con los Estados Unidos.

A fines de 1832 el gobierno de Buenos Aires destinó a las islas la goleta Sarandí al mando del capitán Pinedo.

Orígenes del conflicto

La disputa por la soberanía de las islas Malvinas tiene su origen en la usurpación de las mismas llevadas a cabo por el Reino Unido en 1833, cuando la corbeta inglesa Clio desalojó a los pobladores y a la guarnición argentina, en el marco de su política de dominar los mares. De este modo estableció dominios en puntos clave del planeta, algunos de los cuales continúan bajo soberanía de la corona británica y constituyen enclaves estratégicos:

  • Peñón de Gibraltar. Tras la guerra de Sucesión española se firmó el Tratado de Utrecht por el cual “El Rey Católico, por sí y por sus herederos y sucesores, cede por este Tratado a la Corona de la Gran Bretaña la plena y entera propiedad de la ciudad y castillos de Gibraltar” (artículo X del tratado).
  • Diego García. Luego de la derrota de Napoleón, en 1815, la isla pasó a manos del Reino Unido,
  • Malta. En 1815, el Congreso de Viena consagró la soberanía británica sobre esta isla desde la cual los británicos, sumado al peñón de Gibraltar, podían dominar el mar Mediterráneo.
  • Hong Kong. En 1842 obtuvo la “cesión a perpetuidad” de la isla luego de atacar a China en la primera Guerra del Opio. En 1997 el Reino Unido transfirió el territorio nuevamente a la soberanía de China.
  • Santa Helena. Esta isla del Atlántico Sur tiene una ubicación geoestratégica entre África y América. Sus instalaciones militares fueron utilizadas durante el Conflicto del Atlántico Sur. Bajo la jurisdicción de las autoridades británicas de Santa Helena también se encuentra la isla Ascensión otro grupo de islas de la cual se destaca Tristán da Cunha.
  • Honduras Británicas (actual Belice). Si bien desde 1763 España le permitió a los ciudadanos británicos iniciar la explotación de la riqueza maderera, recién en 1862 las Honduras Británicas se convirtieron en colonia del Reino Unido.

El Conflicto del Atlántico Sur tiene su origen con anterioridad a la recuperación de las islas Malvinas por parte de la Argentina el 2 de abril de 1982. La Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades en el Conflicto del Atlántico Sur (CAERCAS) (1988), en su Informe Final, más conocido como Informe Rattenbach, expresa:

El incidente de las Islas Georgias del Sur se originó al desembarcar personal argentino en la Isla San Pedro, izar el pabellón nacional —por propia iniciativa— y no cumplimentar requisitos de inmigración exigidos por las autoridades británicas.

Este hecho se transformó en el elemento desencadenante del conflicto del Atlántico Sur, al producir una reacción británica considerada exagerada, y precipitar la decisión de la Junta Militar de adelantar la operación “Azul”.[2]

El personal al que se refiere el informe pertenecía a la empresa Islas Georgias del Sur S.A. El incidente de las islas Georgias del Sur se desencadenó a partir de una operación comercial privada llevada a cabo por el comerciante argentino Constantino Davidoff, quien firmó un contrato con la compañía escocesa Salvensen Limited en septiembre de 1979 y que caducaba en marzo de 1983.

La operación comercial consistía en el desguace de los puestos balleneros pertenecientes a una empresa británica ubicados en la isla San Pedro.

Las tramitaciones correspondientes se realizaron en el marco del Convenio sobre Comunicaciones de 1971 que permitía los viajes entre las Malvinas y Argentina pero que no incluía a las islas Georgias del Sur[3].

Davidoff visitó Puerto Leith en diciembre de 1981 transportado por el buque ARA Almirante Irizar a los efectos de inspeccionar las instalaciones que había adquirido como chatarra. A su regreso a Buenos Aires Davidoff, quien había viajado con autorización de la embajada británica en Buenos Aires, fue citado por el embajador británico Williams para advertirle que debió haberse presentado en Grytviken antes de dirigirse a Leith para obtener su correspondiente permiso.

En una entrevista que Davidoff brindó a la BBC en 2010, Davidoff dijo que a fines de 1981 visitó al embajador británico en Buenos Aires, habló con las autoridades de las islas Malvinas y firmó un contrato por US$ 270.000 con los propietarios escoceses de la estación ballenera abandonada[4]. Posteriormente, conversó nuevamente con el embajador británico para asegurarse de que ya no había nada más que él debiera hacer. El artículo de la BBC informa que la versión del empresario “está certificada por el informe del Comité Franks, de 1983, llevado a cabo por las autoridades británicas para explicar los sucesos que condujeron al conflicto”.

A fines de febrero de 1982 Transportes Navales informó a la empresa Islas Georgias del Sur S.A. que el personal sería embarcado el día 11 de marzo de 1982 en el buque Bahía Buen Suceso para trasladarlo a Puerto Leith.

Siempre conforme al Informe Rattenbach, el día 3 de marzo de 1982 y luego de tomar conocimiento de los cables procedentes de la embajada británica en Buenos Aires, la Primera Ministra Margaret Thatcher ordenó preparar “planes de contingencia” y consultó al ministro de Defensa acerca de cuánto tiempo le insumiría a los buques de la flota llegar a las islas Malvinas, en caso de ser necesario.

Paralelamente las Fuerzas Armadas argentinas fueron siguiendo la evolución de los acontecimientos y tomando una postura de negociación poco flexible. No obstante dejaron de lado la operación “Alfa” que consistía en aprovechar la operación comercial de Davidoff para realizar el asentamiento de un grupo científico en la isla San Pedro, siguiendo el modelo llevado a cabo en las islas Sandwichs del Sur en 1976[5].

El Grupo “Alfa” se compondría de 15 hombres al mando del teniente de navío Alfredo Astiz y debía permanecer en Tierra del Fuego afectado a la Campaña Antártica en tarea de adiestramiento hasta ser trasladado a Puerto Leith.

El personal de la empresa desembarcó el 19 de marzo en Puerto Leith y según las versiones británicas procedieron a izar la bandera argentina aunque las declaraciones de Davidoff desmienten el hecho y afirma que la bandera ya se encontraba en el lugar. No obstante la bandera fue arriada inmediatamente.

Los operarios de la empresa de Davidoff en las Georgias

En la mencionada entrevista que Davidoff mantuvo con la BBC, afirmó que no había militares entre sus trabajadores, que no izaron la bandera ni cantaron el Himno Nacional. Sostiene que era un acuerdo comercial y, enfáticamente, expresó: “Habría tenido que estar loco para permitir que me lo arruinaran[6]. Todo lo que hacía falta era una llamada de la embajada británica y habría retirado a mis trabajadores, habría cancelado mi contrato”. Agrega que “se podría haber evitado una guerra”. Davidoff insiste en que el Reino Unido dio inicio a la guerra al enviar un contingente militar a enfrentar lo que era un asunto civil[7].

Cuando el personal de Davidoff se encontraba en Puerto Leith, miembros de la British Antartic Survery (BAS) de Grytviken observaron el desembarco e informaron al gobernador Rex Hunt en las islas Malvinas “que un grupo de civiles y militares argentinos había invadido la isla San Pedro”.

Siguiendo instrucciones del Foreign Office el embajador británico en Buenos Aires expresó a la Cancillería Argentina que había recibido órdenes de Londres de presentar un mensaje conteniendo los siguientes puntos: los obreros debían abandonar Puerto Leith y presentarse en Grytviken; se debía arriar la bandera; no se debía interferir en las instalaciones de la B.A.S.; no se debían alterar las señales; no se debía permitir desembarcar personal militar ni se debía permitir llevar armas a tierra.

A ello agregó que el incidente era considerado como “muy serio” por las autoridades de Londres.

La Cancillería respondió que el buque Bahía Buen Suceso no era un buque de guerra sino de transporte y de características comerciales, que saldría de las Georgias el día 21 de marzo, una vez finalizado el desembarco de material, que no había desembarcado personal militar ni se habían llevado armas de guerra, contrariamente a lo informado por la B.A.S.

Del mismo modo informó que las autoridades británicas estaban en conocimiento del viaje del empresario Davidoff ya que el mismo había comunicado sus actividades ante la embajada del Reino Unido en Buenos Aires.

No obstante la Cancillería Argentina intentó restar importancia al hecho y a considerar que las informaciones emanadas desde la B.A.S. en las islas Georgias “habían contribuido innecesariamente a aumentar el tono del incidente”.

La situación tomó un giro preocupante cuando el día 21 de marzo zarpó de Puerto Stanley (Puerto Argentino) el HMS Endurance con la misión de dirigirse a Puerto Leith a evacuar a los trabajadores argentinos, si ello era necesario, a pesar de que el Foreign Office le informó al Encargado de Negocios de la República Argentina en Londres, Atilio Molteni, que “su gobierno estaba satisfecho con las explicaciones recibidas y que confiaba en que el Bahía Buen Suceso dejara las islas el día 22 con el grupo desembarcado, esperando que estos hechos no se repitiesen y aclarando que el Reino Unido no haría, de este incidente, una cuestión mayor”.

Ese mismo día el representante del gobierno argentino en Puerto Stanley (Puerto Argentino) informó que en horas de la noche las oficinas de LADE habían sido violentadas por desconocidos y que en el interior se había colocado una bandera británica sobre una argentina y la inscripción “Tip for Tap, Buggers” (“Ojo por ojo, ladrones”).

Mientras tanto el Foreign Office difundía que los trabajadores argentinos habían desembarcado en Puerto Leith sin la documentación correspondiente y los medios de comunicación británicos difundían en grandes titulares acerca de una “invasión argentina a las islas Georgias del Sur”, omitiendo mencionar el incidente acontecido en las oficinas de LADE en Malvinas.

Cuando el embajador británico Williams fue informado por la Cancillería Argentina de que un grupo de los trabajadores continuaba en las Georgias a pesar de que el Bahía Buen suceso había emprendido el viaje de retorno al continente, se incrementó el malestar en Londres y se produjeron emotivas sesiones en el Parlamento y en la Cámara de los Lores. Se le impartieron instrucciones al HMS Endurance para que prosiguiese su misión de evacuar a los argentinos de las Georgias.

El buque HMS Endurance amarrado en el puerto de Mar del Plata, en febrero de 1982, poco tiempo antes del conflicto.

El gobierno argentino decidió el día 23 de marzo llevar adelante la operación de toma de las islas Malvinas a la que se le dio el nombre de “Azul”, proseguir de forma indefinida las negociaciones con el embajador británico, proteger al personal argentino e interceptar al HMS Endurance para evitar que arribara a Puerto Leith a cumplir con su misión. Asimismo decidió que el buque A.R.A. Bahía Paraíso, que se encontraba en esos momentos en las islas Orcadas del Sur, pusiera proa a Puerto Leith.

A pesar de estas medidas y de la intención de ejecutar la operación “Azul” las autoridades argentinas impartieron instrucciones al A.R.A. Bahía Paraíso para que no diera lugar a un incidente bélico y para que no interceptara al buque HMS Endurance si ya había procedido a la evacuación.

Mientras que el embajador británico sostenía que los trabajadores debían trasladarse a Grytviken, la Cancillería Argentina se amparaba en que “no era necesario” por el Acuerdo de Comunicaciones de 1971.

La escalada diplomática y militar que se iba produciendo con el correr de las horas actuaba en detrimento de las negociaciones: el día 24 el gobierno británico instruyó que debían reforzarse las tropas en las Malvinas y para ello embarcó a “marines” en el buque RRS John Biscoe en Montevideo y ordenó que el RRS Bransfield, anclado en Punta Arenas, zapara el día 25 de marzo con destino a Puerto Stanley (Puerto Argentino).

El Reino Unido exageró el incidente de las Georgias y obró, con anterioridad al conflicto armado, utilizando a los medios para ejercer una manipulación sobre la sociedad británica y recurrió a las presiones diplomáticas y a la intimidación militar enviando a la zona a tres buques de guerra —el Endurance, el Briscoe y el Bransfield—, todo lo cual daría la posibilidad de considerar que la escalada del conflicto podría obedecer a un plan previamente delineado. A ello se agrega que el encargado de negocios en la embajada argentina en Londres, Señor Molteni, habría informado acerca del propósito del gobierno británico de prolongar las negociaciones a los efectos de ganar tiempo para preparar la defensa de las islas.

El gobierno militar tenía contemplada la denominada operación “Azul” desde diciembre de 1981 pero, ante la evolución de los acontecimientos, decidió llevarla adelante entre el 1° y el 3 de abril con la intención de ejercer una presión que favoreciera la dilatada negociación acerca de la soberanía pero la apreciación fue incorrecta pues no se contemplaba que el Reino Unido reaccionara militarmente.

* Licenciado en Historia egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (1991). Doctor en Relaciones Internacionales, School of Social and Human Studies, Atlantic International University (AIU), Honolulu, Hawaii, Estados Unidos. Director de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires, Editorial Almaluz.

 

Referencias

[1] Ricardo Kirsschbaum, Oscar Raúl Cardoso, Eduardo van Der Kooy y Ana Baron. “Malvinas: las batallas secretas de la Guerra Fría Los documentos que agitaron el golpe prosoviético”. Clarín (31/03/2002) <http://old.clarin.com/suplementos/zona/2002/03/31/z-00215.htm> [consulta: 20/10/2003].

[2] Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades en el Conflicto del Atlántico Sur (CAERCAS): Informe Final. Conocido también como Informe Rattenbach. Buenos Aires: Ediciones Espartaco, 1988.

[3] Ídem.

[4] Daniel Schweimler. “El vendedor de chatarra que provocó accidentalmente la guerra del Atlántico Sur”. BBC, 05/04/ 2010, <https://www.bbc.com/mundo/economia/2010/04/100405_1503_malvinas_falknads_chatarra_cr >, [consulta: 12/02/2011].

[5] Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades en el Conflicto del Atlántico Sur (CAERCAS). Op. cit.

[6] Daniel Schweimler. Op. cit.

[7] Ídem.

 

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LOS PRIMEROS VEINTE AÑOS DE PUTIN AL FRENTE DE RUSIA Y DESPUÉS

Alberto Hutschenreuter*

Imagen de Виктория Бородинова en Pixabay

El 7 de mayo se cumplieron veinte años desde que Vladimir Putin llegó a la presidencia de Rusia. Considerando que quien ocupó esa función entre 2008 y 2012 fue un hombre colocado allí por el mismo Putin, quien durante esos cuatro años se desempeñó como primer ministro (con poder), pues la Constitución le impedía ejercer un tercer mandato consecutivo, el hombre de San Petersburgo ha estado al frente del poder de manera prácticamente ininterrumpida durante las dos décadas que lleva el siglo.

Poco a poco, Putin se va acercando a la regularidad rusa en materia de tiempo de liderazgo: entre 25 y 35 años. Recordemos que en el siglo XIX solo cinco zares estuvieron al frente de Rusia, y en el siglo XX, tras la Revolución de Octubre, siete secretarios generales del PCUS gobernaron el país hasta su desaparición en 1991.

De acuerdo con las tendencias, es posible que la Constitución sea próximamente reformada y el presidente ruso quede finalmente habilitado para presentarse en las presidenciales de 2024, cuando tendrá 72 años. A partir de entonces dispondrá de muchos años en el poder, aun considerando un escenario en el que pierda las elecciones en 2030, situación que dependerá del mandatario superar o no “el gran reto ruso”. En el caso que Putin gobierne Rusia hasta 2036, habrá sido el líder que más tiempo estuvo al frente de Rusia desde el siglo XVII, cuando se inició la dinastía de zares Romanov, que se acabó en 1917 con la abdicación de Nicolás II.

Hasta hoy, el presidente Putin ha sido un líder al que podemos considerar un reparador estratégico de Rusia. Y decimos hasta hoy, porque si bien la tendencia indica que continuará así en los próximos años, podrían llegar a suceder hechos que pongan al líder ruso en aprietos. Esos hechos implicarían situaciones de naturaleza externa antes que interna (que también podrían suceder); por caso, si ocurriera que la OTAN finalmente se decidiera por realizar una “fuga hacia delante” e integrara a Ucrania y Georgia a su cobertura político-estratégica, ello implicaría la segunda victoria de Occidente sobre Rusia: mientras la primera fue sobre la Unión Soviética, esta otra victoria sería sobre su “Estado-continuador”, la Federación Rusa, y entrañaría una victoria final.

Entonces, Rusia quedaría en la peor de sus pesadillas geopolíticas: un país rodeado, encerrado y sin profundidad estratégica, dos situaciones que protohistóricamente los zares y los mandatarios soviéticos han logrado evitar, pues ello pondría en juego la propia supervivencia del Estado ruso. Salvando diferencias, una situación así sería el equivalente de una derrota soviética en la guerra contra Alemania. Claro que este último escenario habría sido extremo, pues hubiera supuesto la ocupación del país por parte de otro y el descenso de la población soviética a la condición de vasallaje.

Pero en términos de los nuevos conceptos relativos con la guerra, aquella hipótesis, que sin duda entrañaría un riesgo muy alto para la estabilidad internacional, pues en el menos peor de los casos Ucrania perdería la mitad de su territorio, y en el peor se desataría una confrontación militar entre la OTAN y Rusia con consecuencias impredecibles, habilitaría otras medidas que podrían debilitar sensiblemente a Rusia, por ejemplo, negar demandantes de sus bienes mayores: el gas y el petróleo, algo que se pretende hoy.

Ante tal situación, difícilmente Putin podría mantenerse en el poder: casi correría la misma suerte de Gorbachov. Mientras este líder terminó siendo el responsable del fin de la URSS, aquel sería el responsable del fin de las salvaguardas geopolíticas mayores de Rusia.

Pero se trata de una hipótesis. Es difícil que la OTAN llegue a desafiar a tal punto a la Rusia de Putin. Algo así se podría haber hecho Estados Unidos entre 1945 y 1949, cuando el poder de este país era determinante ante una URSS por entonces sin armas atómicas. Nunca volvió a disponer Occidente de una oportunidad así, ni siquiera en los años ochenta cuando la Unión Soviética no estuvo en condiciones de desafiar el ímpetu estratégico-tecnológico de su rival. Sí volvió a disponer en los años noventa, cuando el poder de Rusia sufrió una muy fuerte contracción.

No olvidemos que Rusia hoy puede transitar problemas económicos en parte estructurales y hasta tal vez su política exterior de proyección de poder se encuentra al límite de su sostenimiento; pero continúa siendo una superpotencia nuclear, una superpotencia en armas convencionales, una superpotencia regional, una superpotencia en la ONU y un actor con capacidades sensibles para provocar situaciones de caos, confusión y división, por ejemplo, en Europa, a través de lo que se denomina “guerra híbrida”.

Estas condiciones Rusia no las perdió nunca; ocurre que durante los años noventa, cuando una “Rusia que no era Rusia” se comportó de una extraña manera en el segmento internacional, particularmente en su relación con Estados Unidos, y el frente interno se derrumbó a niveles que no tenían precedentes, Rusia adquirió tal estado de formalidad como actor mayor en las relaciones internacionales, que el propio presidente Clinton sostuvo que las posibilidades que tenía Rusia de influir en la política internacional eran las mismas que tenía el hombre para vencer la ley de gravedad.

La llegada de Putin al poder en el 2000 implicó el inicio de una reversión y reparación estratégica que, salvando las diferencias, recuerda a Estados Unidos con la llegada de Ronald Reagan al poder en 1981. Estados Unidos venía de casi dos décadas de reveses internacionales frente a su principal rival, hasta que en 1979, cuando se produjeron en Irán acontecimientos límites (toma de la embajada norteamericana por los seguidores del régimen islámico), la potencia mayor dijo basta.

A partir de allí, Reagan repotenció la estrategia de reparación que comenzó un poco antes el demócrata James Carter, llevando a la URSS de Gorbachov a una situación estratégica comprometida. De todos modos, si bien es cierto que la presión estadounidense fue un factor importante para doblegar a la URSS, la caída de este gigante se debió más a causas internas que a causas externas, principalmente a los tempranos problemas de productividad.

En alguna medida, Putin ha sido a Rusia lo que Reagan ha sido para Estados Unidos: un presidente que ha puesto de pie al país.

Es cierto que contó con hechos notablemente favorables, pues el precio de sus principales productos de exportación se mantuvo muy alto: ello le permitió la reorganización económica del país, la que no hubiera sido posible si antes no lograba la reorganización política del país, es decir, que el poder político en Rusia habitara en los políticos y no en los hombres de poder económico avasallante, que en los noventa manejaron a discreción el país.

Básicamente, la rápida recuperación permitió a Putin desplegar una política exterior activa que combinó cooperación con Estados Unidos en materia de lucha contra el terrorismo, pero también enfrentamiento indirecto cuando la OTAN decidió proseguir su marcha hacia el “bajo vientre” ruso: el Cáucaso. La guerra en 2008 fue el recurso o técnica de ganancia de poder que restringió contundentemente aquella marcha de una Alianza que sin duda había subestimado la condición geopolítica de un poder terrestre real y vital.

Posteriormente, cuando la OTAN consideró que esta jugada de Rusia en el tablero no volvería a repetirse, decidió ir por Ucrania, decisión que implicó para este país de Europa oriental la pérdida de Crimea y la militarización en el este de su territorio, en la región del Donbáss. Es decir, Ucrania acabó siendo la víctima de una decisión occidental que nunca reparó, a pesar de las advertencias de realistas estadounidenses de escala, en la experiencia histórico-geopolítica rusa.

A partir de allí Putin solo supo de un respaldo social que llegó a rozar el 80 por ciento (en las elecciones presidenciales de 2018 fue reelegido con casi el 77 por ciento de los votos). Las cuestiones negativas de cuño socioeconómico, que se manifestaban desde un poco antes de 2014, fueron “apartadas” por ese renacimiento estratégico de Rusia, que inteligentemente el mandatario lo acompañó de la necesaria carga histórico-heroica-religiosa, una baza que siempre llega a la poderosa emotividad y ortodoxia del pueblo ruso; un recurso que el propio Stalin utilizó durante la Gran Guerra Patriótica, suspendiendo la ideología marxista-leninista, para dotar de vigor nacional a los soldados que enfrentaban al invasor alemán.

Es importante destacar que esa baza, que hace de Putin un líder con rasgos más tradicionales que soviéticos, lleva en paralelo una reprobación a Occidente, en el sentido de territorio donde se ha ido afirmando un patrón de entrega a una vida “plena” de consumo e individualismo y cada vez más débil de culto y moral.

Hacia fines de la segunda década del siglo, los reflejos de los años de pujanza económica rusa quedaron atrás y el bajo crecimiento económico comenzaron a afectar la figura de Putin, quien, a pesar de ello y a una legislación muy resistida que elevó la edad jubilatoria de los trabajadores, mantuvo el respaldo social por encima del 55 por ciento.

La intervención en Siria significó que la política exterior había ingresado en un ciclo post-activo, esto es, Rusia se proyectaba más allá de sus zonas adyacentes y lograba ganancias. Pero también ello implicaba un preocupante principio de sobrecarga en los compromisos internacionales de Moscú.

En un trabajo publicado en la revista “Foreign Affairs” en 2018, el especialista Chris Miller describió que el “modelo Putinomics” había comenzado a sufrir un desbalance: de los tres componentes de dicho “modelo”, control político, estabilidad social y eficiencia y ganancias, el último se encontraba cada vez más afectado, pues la capacidad para financiar aquellos segmentos que no formaban parte del segmento estratégico-militar, esto es, salud, educación, consumo, etc., afrontaba crecientes problemas.

En buena medida, reflotaron en la Rusia de Putin aquellas cuestiones que en tiempos de la Unión Soviética terminaron por erosionar la economía: la primacía de una economía de los asuntos militares, según el “modelo Brezhnev”, hizo imposible que la potencia preeminente pudiera competir con su rival e incluso sostenerse a sí misma.

Por ello, el desafío mayor de Putin en los años venideros es evitar que Rusia siga ese camino. Si no lo logra, el mandatario quedará en la historia como “el nuevo zar”, como lo denomina Steven Lee Myers en una interesante biografía, que sacó a los rusos de los terribles años noventa y como el reparador estratégico frente a Occidente, sin duda, pero no como el mandatario que condujo a Rusia a un estatus de actor preeminente cabal, es decir, un país con un papel creciente en todos los segmentos de poder internacional, esto es, el estratégico-militar, por supuesto, pero también el comercial, el tecnológico, el energético, el sanitario, el cultural, el de alianzas estratégicas, etc.

Modernización del propio complejo de las materias primas, que representan un importante porcentaje de los ingresos, y modernización de la economía, es decir, diversificación de la producción, son los retos que necesariamente debe acometer Putin.

Los otros componentes del “modelo Putinomics”, el control político y la estabilidad social, no parecen estar en liza por ahora, sobre todo desde la reciente aprobación de una legislación aprobada por la Duma Estatal que penaliza a personas que cometieron delitos (incluso leves), las que quedan privadas de participar en eventos electorales durante un lapso de cinco años. De este modo, queda obstaculizada la denominada “oposición no deseada”.

En breve, el reto del mandatario será lograr un equilibrio entre compromisos externos y proyección de poder, y transformación interna con mejora del nivel de vida de los rusos (muy deteriorado en los últimos años).

No será fácil, sobre todo considerando las tremendas secuelas que causa y dejará la pandemia del Covid-19 hacia dentro y a nivel internacional. Pero Putin, a pesar de las adversidades, ha logrado hasta hoy ser el mandatario que Rusia necesita. Ha demostrado que ejerce el poder con condiciones de estadista. Le resta demostrar, por sobre todo a sus compatriotas, pues afuera ya lo saben, que es un estadista indubitable. Aparte, una Rusia fuerte hacia dentro será clave para que Rusia sea uno de los polos de poder real en la aún lejana configuración del mundo del siglo XXI.

 

* Doctor en Relaciones Internacionales. Su último libro se titula “Un mundo extraviado. Apreciaciones estratégicas sobre el entorno internacional contemporáneo”, Editorial Almaluz, 2019.

LA DEFENSA NACIONAL DEL ATLÁNTICO SUR

César Augusto Lerena*

Foto Gaceta Marinera, https://gacetamarinera.com.ar

El Atlántico Sur Argentino está siendo internacionalizado, como Medio Oriente con el petróleo. Dos países —el Reino Unido y China— con poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU y España, que es el principal socio del Renio Unido en Malvinas y destino principal de los recursos pesqueros argentinos capturados con licencias ilegales. En algún momento también Rusia e inversionistas americanos haciéndose de las principales empresas pesqueras. Las grandes potencias vienen por nuestros recursos naturales, algunas de ellas, —asombrosamente— mantienen con nosotros una relación de amistad y comercio y otras lo hacen desnacionalizando la industria nacional o apropiándose de los recursos nacionales por la fuerza o por presión frente a nuestra debilidad comercial. No es la guerra tradicional, son las formas de dominación modernas.

Los buques nacionales son amenazados de ser embestidos por buques extranjeros para desalentarlos en la pesca de altura. Se trata de una confrontación marítima para hacerse de los recursos, como si tuviesen “patentes de corso”, mientras la defensa argentina y la Subsecretaría de Pesca están ausentes, pese a la mayor presencia extranjera en la región, provocándonos un daño inconmensurable a nuestra soberanía política, económica y alimentaria. ¿Quién no entiende que la primera defensa del territorio continental nacional es el mar argentino y no el litoral terrestre? Bastaría con ver las fuerzas navales de Estados Unidos, China, Rusia y del Reino Unido desplegadas en el mundo para entenderlo. El sistema vertical que impera en las fuerzas militares y en la cancillería nos priva de un debate amplio sobre el daño de no tener controlado el Atlántico.

Con en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) se denominó a los países con mar “Estados Ribereños”. Cuando en 1995 se ratificó por Ley 24.543 en la Argentina, yo, modestamente —ante la mirada absorta de oficialistas y opositores— puse reparos, pero nunca entendieron que el mar, es parte de nuestro territorio y que más allá de las 200 millas se prolonga hasta el fin de la plataforma continental. La palabra “Ribera” del latín riparĭa, deriva de ripa (orilla) y al igual que “Litoral”, es la franja de tierra que está junto al mar (o río)” y no alcanza a definir a “el mar formando parte íntegra e indivisible del territorio nacional continental hasta las 200 millas marinas y, más allá de estas, sobre su lecho y subsuelo hasta límite exterior de la Plataforma Continental Argentina” y que el Código Civil y Comercial de la Nación refiere a la línea de ribera (Art. 235) como la “porción de las tierras que las mareas bañan y desocupan ordinariamente durante las más altas y más bajas mareas…” y desde el punto de vista literario Rodrigo Costoya (“El enigma de Colón”, 2019) nos cuenta: “…la mujer de Pinto seguía en la Ribera, mirando fijamente el mar”.

La Argentina, más que un “Estado Ribereño” debe tipificarse como un “Estado Marítimo”, más aún cuando la Argentina cuenta con una superficie continental de 2.791.810 Km2 mientras que el territorio marítimo argentino dentro de las 200 millas alcanza a los 3.146.345 km2 y más allá de ellas la Plataforma Continental Argentina asciende a los 1.784.000 km2 (firmes 351.633 km2), a lo que habría que sumar los 965.597 Km2 de la Antártida Argentina, la parte correspondiente de los 20.237.000 Km2 del Océano Antártico que se encuentra comprendido en el marco del Tratado Antártico y los 30.212 km2 del Río de la Plata (Mar Dulce, Juan Díaz de Solís, 1516), cuya navegación y explotación se acordó con Uruguay; a lo que debemos agregar el extenso litoral argentino de 6.816 km de costa según los últimos estudios del CONICET. La Argentina es —sin duda alguna— un Estado Marítimo, por lo que nos agravia aún más nuestra identidad, el tener ocupados y explotados por el Reino Unido de Gran Bretaña, 1.639.900 km2 de territorio marítimo e insular nacional.

Una invasión y explotación de nuestros recursos, en abierta violación a la Res. ONU 31/49, con la pretensión ilegal de acogerse a lo reglado para los “Estados Ribereños”, sobre lo cual, la propia directora ilegal de Recursos Naturales de Malvinas Dra. Andrea Clausen convalidó nuestra titularidad sobre los recursos al manifestar que “…la zona en que se ha denunciado todas estas capturas ilegales es muy al norte de la ZEE de Falklands. Y, si bien la captura del calamar Illex pertenece a la misma biomasa, la verdad es que las Falklands han tenido una zafra…”, pese a lo cual la Argentina no ha hecho nada sobre los recursos migratorios y nos surgen varios interrogantes:

¿No le llama la atención a nuestras autoridades que buques chinos pesquen lejos del área bajo control británico rica en recursos? ¿No es sorprendente que en 40 años solo se detuvieron 80 buques extranjeros, con una presencia en esos años en el Atlántico Sur de 12.000 buques ilegales?

¿No es irregular que el Consejo Federal Pesquero (CFP) y el Subsecretario de Pesca, siendo los Administradores del Recurso, a pesar de ingresar al mar argentino 100 buques extranjeros no se hayan reunido para tratar esta invasión y, nunca el CFP haya actuado para impedir la pesca ilegal, violando su deber de funcionarios públicos? La asignación del Fondo Nacional Pesquero lo dice todo: Según Actas del CFP 4 y 5 (12/3/20), de los saldos de 2019 y de los existentes en 2020 se asignaron para la administración el 75,7% de los fondos ($ 30.451.957) y para patrullaje y control un 24,3% ($ 7.400.000), dejando claro el interés de controlar y malgastar los fondos públicos, porque es sabido que los gastos administrativos no deben alcanzar entre el 17% y el 30% de los operativos.

La ocupación del mar argentino y la explotación de nuestros recursos es gravísima. Lo hacen dentro de la ZEE y la plataforma nacional (buques con licencia ilegal británica y, plataformas petroleras dentro del área de Malvinas); extracción de nuestros recursos pesqueros dentro de la ZZE y fuera de ella a especies migratorios que la funcionaria británica reconoce como de la misma biomasa (de dominio Nacional) y lo que resulta aún más insólito y, sobre lo que el Estado Nacional ha permanecido indiferente desde 1994 a la fecha, es el establecimiento del Reino Unido al noroeste de las islas, por fuera de la zona de exclusión pesquera ilegalmente impuesta por este Reino (FICZ) y dentro de la ZEE Argentina, de un Área “GAP” de 1.400 Km2, para proteger importantes capturas de calamar. El GAP es un espacio 7 veces más grande que la ciudad de Buenos Aires (203 km2), casi 3 veces el tamaño de la isla de los Estados (534 km2) o algo más de 3,5 veces lo que miden las islas Picton (105 km2), Nueva (120 km2) y Lennox (171,5 km2) que carecen del valor económico que el GAP y que casi nos llevan a una guerra contra Chile. Cualquier ciudadano podría ver en alguno de los localizadores disponibles la concentración de buques extranjeros a la pesca del calamar en ese punto para confirmar la ocupación británica de nuestro territorio.

Ante el conocimiento de la invasión de buques chinos al mar argentino, la Armada el 6 de mayo sumó al control al destructor ARA Argentina con un helicóptero Fennec para agregar al patrullero oceánico ARA Bouchard P51 y al guarda-costa GC-27 Prefecto Fique de la Prefectura Naval y alistó un avión naval antisubmarino Tracker.

Recordemos que la ZEE Argentina tiene 3.146.345 km2, por lo que este aparente refuerzo, como dijo un amigo (JCP), es como calentar el océano con una pava de agua caliente” y, al pasar, recordemos también, que tanto las patrulleras oceánicas francesas (¿con nuestras finanzas, recibirá la Armada las tres faltantes?), como los guardacostas españoles, que podrían haberse construido en la Argentina, si fuésemos un país que promoviésemos nuestra defensa y la industria nacional.

Con las fuerzas disponibles, los buques extranjeros seguirán pescando y escapándose, como lo han hecho en los últimos 40 años. Las cuestiones inherentes a la defensa nacional, de eso se trataría frente a la ocupación y explotación extranjera en el Atlántico Sur, deben estar en manos de la Armada Argentina apoyadas con la Prefectura Naval si fuera necesario, ocupándose o empezando a ocuparse esta, de las cuestiones contravencionales de los buques nacionales, ya que resulta muy llamativo, por ejemplo, que no haya sanciones derivadas de las 300 mil toneladas/año que se descartan de recursos o que salgan a la pesca buques que terminan en trágicos naufragios.

Para que el control —en principio— disuasivo sea efectivo, los recursos militares anunciados no alcanzan. La Armada Argentina debería disponer al menos de cinco buques clase Gowind similares al Bouchard con cañones de 40 mm (hay otros países que tienen patrullas con piezas de 76 mm), y dos ametralladoras manuales de 12,7 mm, de modo que puedan actuar en forma efectiva si el buque ilegal intentara escapar y, efectuar el relevo correspondiente sin desatender la zona de conflicto. Las naves equipadas con helicópteros bimotor polivalentes ligeros artillados del tipo AS 555 Fennec 2. A ello, hay que agregar unos cuatro aviones de vigilancia naval P-3 Orion o S-2 Tracker. Por supuesto que esto supone además dotar a la Armada del presupuesto necesario para las operaciones y mantenimiento, ya que es conocido los efectos de la desinversión y falta de mantenimiento que llevan a que, en Puerto Belgrano, haya varias corbetas fuera de servicio.

Accesoriamente a ello, pero muy importante, se deberían quintuplicar las multas y actualizarlas por el precio del gasoil, si las ilegales son chinas, siendo estatales, expulsar las empresas radicadas de origen estatal en el país, al igual que las españolas si tienen relación societaria; y la flota congeladora nacional debiera ir a pescar con apoyo militar, en las condiciones subsidiadas ya explicadas en mi artículo “El Atlántico Sur Argentino ocupado por Britania, España y China”, fuera de las 200 millas y, muy especialmente en el GAP y el área adyacente a la de exclusión británica; iniciar contactos con empresarios españoles y chinos, con la intervención necesaria del sector empresario nacional y comenzar el proceso de denuncia de los Acuerdos de Madrid, por el que la pérfida falange de Albión tiene en sus manos el control del Atlántico Sur Argentino entre el paralelo 46º S (altura Comodoro Rivadavia, Chubut) y el 60º S (altura de las islas Orcadas).

Cumpliéndose el 207º aniversario de la aprobación del Himno Nacional, tal vez sea el momento de plantear reincorporar a éste la estrofa: “se levanta a la faz de la Tierra una nueva y gloriosa Nación” y otras, sacadas de nuestra Canción Patria a sugerencia de Inglaterra, para recordarles a los argentinos, el espíritu original con el que se construyó nuestra Nación.

Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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