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BUENOS MUCHACHOS

Iris Speroni*

Foto: Prensa Kulfas.

Presteza que no han demostrado en solucionar ni uno solo de los numerosos problemas que acarreamos como pueblo y como Nación.

Hace rato que nuestros políticos han introducido el tema de la liberalización de la producción y consumo de cannabis. Recordamos las declaraciones de la hoy vocera presidencial, Sra. Cerrutti, y de la hoy presidente del INADI. Posteriormente Juntos por el Cambio, que tanto cambio no promovió, con el presidente Macri a la cabeza, autorizaron el uso “medicinal”. Tras lo cual, rápidamente, el Gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, se asoció con una empresa norteamericana especializada en cannabis y se dedicó a cultivar en tierras fiscales.

Salgamos del pago chico.

Va a parecer que este artículo es sobre cannabis o drogas. No realmente. Trataré que sea sobre regulaciones.

EEUU

La mayoría de los estados que integran EEUU han autorizado el consumo de cannabis de alguna forma u otra [1]. En algunos casos sólo para uso medicinal (35), basta alegar un difuso dolor de espalda, y en otros de uso libre (16). 

Colorado legalizó su cultivo, comercialización y consumo para cualquier uso en el año 2012. Para el 2018 la facturación del sector era de US$ 900 millones, que incluyen impuestos provinciales por US$ 245 [2] [3]. 

Sin embargo hay varias limitaciones. Una es el porcentaje de THC (la droga que produce el efecto psicotrópico) autorizado en cada gramo vendido, otro es que se prohíbe conducir automóviles si se tiene un alto dosaje en sangre. Por último, hay restricciones económicas. En primer lugar, tanto los productores como los comercializadores, deben tener domicilio en Colorado. Por lo tanto son personas físicas que habitan el estado, o bien personas jurídicas cuyos directivos son locales. La consecuencia es que el cannabis, por ahora, es un negocio pyme o, en el mejor de los casos, empresas medianas. Está atomizado. Ninguna cadena tiene más de 10 locales y los productores y elaboradores, también son pequeños.

En Michigan la facturación es de alrededor de US$ 160 millones mensuales[4]. Los precios, desde su liberalización total, cayeron de US$ 500 la onza (28,35 g) a US$ 180. La MRA (Marijuana Regulatory Agency de Michigan – no es broma), otorgó 500 licencias de cultivo; aumentó la producción, bajaron los precios. Desde que se liberó para todo uso, —previamente habían autorizado el uso medicinal—, 30.000 personas que se habían registrado como enfermas y demandantes del producto, abandonaron el programa.

Los números de facturación global varían según quien los emita, por lo tanto no son fiables. Cito a Viridian Capital Advisors quien sostiene que la facturación total en EEUU para 2019 ha sido de US$ 116,8 miles de millones en 2019 [1], [11] y [12].

Es un caso de ventana de Overton. No es que a esta altura del partido uno va a creerle a los encuestadores. Suponiendo que tuviera algún viso de realidad, sostienen que en 1969 el 12% de la población favorecía la despenalización de la comercialización de marihuana, guarismo que subió a 31% en 2000 y ahora es de 67% [1]. Demuestra cuánto logra el poder, la organización y el dinero. O bien mienten en los números. Dios solamente lo sabe.

Las grandes corporaciones

Se denomina Big Tobacco al conjunto de las principales empresas del sector tabaco que al día de hoy son: 1. China National Tobacco Company (es un monopolio estatal que prácticamente no exporta), 2. British American Tobacco (BAT), 3. Phillip Morris International (PMI), 4. Imperial Brands, 5. Altria Group, 6. Japan Tobacco International.

Las empresas norteamericanas y británicas comenzaron a estudiar la posibilidad de ingresar al mercado de la marihuana en la década del 70. Durante el resto del siglo XX han hecho numerosos estudios de mercado que tenían por objeto (target) a los adictos a distintas sustancias. A medida que vieron el aumento de regulación contra el consumo de tabaco en todo el mundo, aumentó su interés de ingresar al negocio del cannabis [3].

Ven las similitudes entre ambos negocios y en particular poder entrar en la vaporización de THC. 

BIT compró recientemente Trait Biosciencies Inc. por US$ 25 millones [5] y [6]. Trait es una empresa canadiense que patentó una técnica para disolver en agua el CBD (un cannabidiol). Esto le permitiría a BIT ofrecerlo para consumo en sus vaporizadores fabricados por su empresa Vuse CBD Zone. Pero el mayor atractivo reside en el uso en bebidas. El convenio incluye que Trait Biosciencies colabore en la comercialización de los productos que diseñen.

Altria, que posee las marcas Marlboro y Parliament, entre otras, ha visto caer consistentemente sus ventas de tabaco. Ha decidido invertir US$ 1.800 millones en ingresar al mercado de la marihuana, al comprar el 45% de Cronos, una empresa canadiense de cannabis, con opción a la compra de todo el paquete [1], [5], [7] y [10]. Al mismo tiempo su departamento de investigación y desarrollo ha patentado numerosas innovaciones. Entre ellas la vaporización de THC y RDB, ambos subproductos del cannabis.

PMI compró la empresa israelí Syqe Medical, que desarrolló un inhalador de cannabis medicinal por US$ 20 millones en 2016 [5].

La empresa británica Imperial Brands invirtió en Oxford Cannabinoid Technologies (OCT), una compañía biofarmacéutica focalizada en la investigación, desarrollo y licenciamiento de terapias y componentes en base a cannabioides [5]. También invirtieron US$ 123 millones en Auxly Cannabis Group una empresa canadiense que desarrolla, elabora y distribuye productos en base a cannabis para uso recreativo.

Sin embargo no prevén ingresar en la actividad en EEUU en forma inmediata. Las regulaciones federales son onerosas y hacen imposible obtener financiación, deducciones impositivas y el comercio interestatal. Por lo que por el momento, las grandes corporaciones se mantienen alejadas hasta tanto logren cambiar las leyes federales.

También la industria farmacéutica ha puesto algunos porotos en el sector [8] y [9]. Pfizer compró Arena Pharmaceuticals, Inc (Nasdaq: ARNA) por U$D 6.700 millones [13]. Es una empresa que se ha especializado en el tratamiento de dolencias estomacales, de piel y cardíacas con drogas con base en cannabis. Sus tratamientos están en diversos estadíos de aprobación por parte de la FDA (el ANMAT de EEUU). No es el único caso. Novartis AG (Suiza) se asoció con la empresa canadiense Tilray en 2018 para vender productos medicinales basados en marihuana; Johnson & Johnson, propietaria de JLabs (incubadora de negocios nuevos) se asoció con la empresa canadiense Avicanna, especializada en cannabis.

La empresa Amazon [14] solicitó la legalización federal del comercio de marihuana en EEUU. Eso le permitirá la comercialización interestatal del producto, hoy prohibido.

El jefe de la bancada demócrata del Senado de EEUU, Chuck Schumer, evalúa la legalización federal del cannabis. Su preocupación, de acuerdo con sus declaraciones públicas, es que el negocio sea tomado por asalto por las empresas de tabaco o las de bebidas alcohólicas (dos monstruos concentrados en ese país). La gran cantidad de regulaciones que pusieron cada uno de los estados ha mantenido a raya a las grandes empresas. Así como está el negocio hoy, no les conviene ingresar. 

Si logran que el gobierno federal lo apruebe, esto significará que podrá transportar entre estados, elaborarla en un único lugar. El negocio ganará escala. Ahí barrerán todas las pymes. En eso están.

Por casa

Hay mucho movimiento; casi todo con dinero de nuestros impuestos. El gobernador Gerardo Morales picó en punta y fundó “Cannava Empresa Estatal” [15] y [16], en un principio asociada con la empresa internacional Green Leaf Farms International LLC con sede en Las Vegas; si bien actualmente no hace mención de la misma en su site

El CONICET armó un grupo de 80 especialistas  a las órdenes de la investigadora Silvia Kochen, con el nombre Red de Cannabis Medicinal [17]. También crearon una diplomatura en Cannabis [18], entre el CONICET, el Hospital El Cruce, y la Universidad Arturo Jauretche, con la Dra. Kochen al frente. El Ministerio de Salud, además de crear el Consejo Honorario de Cannabis, autorizó al Instituto de Bioprospección y Fisiología Vegetal [19], del CONICET, sito en Tucumán, a investigar las propiedades de la marihuana.

El INTA también destina recursos a la investigación de los usos del cannabis, y según Silvina Lewis [20], directora del Instituto de Recursos Biológicos (IRB) del Centro de Investigaciones y Recursos Naturales, del INTA, tendrán disponibles semillas en todo el país. Eso sí, “con fines terapéuticos” [21].  La empresa Pampa Hemp se asoció con el INTA [22] y juntos cultivan una especie con alto contenido en CDB [23] (el agente psicotrópico) en la Estación Experimental de Pergamino. También en Escobar, sobre terrenos fiscales, el INTA, con aprobación del Ministerio de Salud, sembrarán cannabis [24]. 

La lista es enorme. Los invito a buscar en los numerosos sitios oficiales. Nuestros políticos están decididos a cultivar la planta con dineros públicos en terrenos públicos. Presteza que no han demostrado en solucionar ni uno solo de los numerosos problemas que acarreamos como pueblo y como Nación. Iniciativa que no han demostrado en desarrollar ninguno de los numerosos negocios que la Argentina podría ofrecer al mundo. El Ministro de la Producción, Matías Kulfas, propone el cannabis como solución para el desempleo. No ha demostrado interés en ninguna de las innumerables posibilidades que el país tiene y no aprovecha. California, EEUU, exporta US$ 6.000 millones al año en almendras. Las exportaciones de queso de España, Italia o Alemania rondan los US$ 4.000 millones cada una. El noroeste argentino podría exportar fortunas de queso de cabra. Sobre todas estas opciones no existe el mínimo interés. Para el cannabis, Kulfas pone el puño en alto.

Como simple ejemplo del interés de los funcionarios de este gobierno de intervención: Expo Cannabis, que se llevó a cabo en el predio de la Sociedad Rural Argentina en la capital, tuvo el apoyo de los organismos estatales Ministerio Público de la Defensa de la República Argentina, Universidad Nacional de Quilmes, INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social), INASE (Instituto Nacional de Semillas) y el SENASA [25] y como sponsor a Cannava Empresa Estatal.

Evidentemente existe una agenda internacional, que nuestros políticos, a cambio de mantener su lugar, piensan ejecutar prolija y obedientemente. La droga es sólo uno de los escalones.

Como habrán visto, si llegaron hasta acá, hay mucho dinero.

Agárrense fuerte.

 

Mi propuesta: resistir todos y cada uno de los pasos de esta maniobra impuesta desde afuera.

 

* Licenciada de Economía (UBA), Master en Finanzas (UCEMA), Posgrado Agronegocios, Agronomía (UBA).

 

 

Referencias

[1] https://www.investopedia.com/articles/investing/111015/future-marijuana-industry-america.asp

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Cannabis_in_Colorado

[3] https://www.economist.com/business/2014/11/08/the-marlboro-of-marijuana

[4] https://mjbizdaily.com/michigan-recreational-marijuana-sales-double-in-2021-lifting-overall-market/

[5]

https://www.forbes.com/sites/dariosabaghi/2021/08/02/cannabis-is-part-of-the-future-of-big-tobacco/

[6]

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-12/big-tobacco-flirts-with-non-smokeable-marijuana-cannabis-weekly

[7]

https://www.bostonglobe.com/2021/04/08/opinion/big-tobacco-is-coming-legal-marijuana/

[8]

https://www.nj.com/marijuana/2021/12/pfizer-enters-the-medical-cannabis-market-in-67b-cash-deal.html

[9]

https://invest.arenapharm.com/news-releases/news-release-details/pfizer-acquire-arena-pharmaceuticals

[10]

https://www.forbes.com/sites/chrisroberts/2020/10/02/tobacco-giant-altria-is-securing-technology-in-new-frontier-marijuana/

[11]

https://www.statista.com/statistics/933384/legal-cannabis-sales-forecast-us/

[12]

https://financesonline.com/cannabis-industry-statistics/

[13]

https://invest.arenapharm.com/news-releases/news-release-details/pfizer-acquire-arena-pharmaceuticals

[14]

https://www.forbes.com/sites/dariosabaghi/2021/10/05/inside-amazons-support-to-legalize-marijuana-at-the-federal-level/

[15]

https://cannava.com.ar/

[16]

https://www.globenewswire.com/en/news-release/2019/05/09/1820871/0/en/Mark-Bradley-CEO-of-Green-Leaf-Farms-International-Selected-to-Speak-at-the-Money-Show-About-the-Future-of-Cannabis.html

https://www.infobae.com/sociedad/2018/11/13/con-una-empresa-de-ee-uu-como-socia-jujuy-promete-crear-el-cultivo-de-cannabis-mas-grande-del-mundo/

[17]

https://www.conicet.gov.ar/se-realizo-una-nueva-reunion-plenaria-de-la-red-de-cannabis-medicinal-del-conicet/

[18]

https://redcuidados.conicet.gov.ar/diplomatura-en-cannabis-y-sus-usos-medicinales/

[19]

https://www.conicet.gov.ar/el-ministerio-de-salud-de-la-nacion-aprobo-el-proyecto-del-instituto-de-bioprospeccion-y-fisiologia-vegetal-sobre-el-estudio-de-cannabis-medicinal/

[20]

https://intainforma.inta.gob.ar/el-inta-avanza-en-la-investigacion-sobre-cannabis-medicinal/

[21]

https://inta.gob.ar/noticias/en-inta-cultivaran-cannabis-con-fin-terapeutico-de-investigacion-cientifico-y-de-desarrollo

[22]

https://www.telam.com.ar/notas/202109/569988-pyme-cultivo-cannabis-inta-pergamino.html

[23]

https://www.pampahemp.com/

[24]

https://www.argentina.gob.ar/noticias/en-escobar-se-pone-en-marcha-el-proyecto-de-investigacion-de-cultivo-de-cannabis-con-fines

[25]

https://expocannabis.com.ar/

 

 

Misceláneas:

Recomiendo los siguientes films, que son más livianos (?) que este texto.

The Gentlemen

https://www.imdb.com/title/tt8367814/?ref_=nm_flmg_act_5

Salvajes

https://www.imdb.com/title/tt1615065/

Justified, última temporada, T6. (Explica el proceso de compra de viejas granjas abandonadas o semiabandonadas en Kentucky para dedicarlas a la producción de cannabis).

https://www.imdb.com/title/tt1489428/episodes?season=6&ref_=tt_eps_sn_6

Artículo publicado originalmente el 05/02/2022 en Restaurar.org https://restaurarg.blogspot.com/2022/02/buenos-muchachos.html

 

RESISTENCIA ASIMÉTRICA

Iris Speroni*

El Estado nos sale el doble que durante el siglo XX, pero sin contraprestación alguna.

 

Desde que se instaló la socialdemocracia al frente del gobierno del país, en 1983. No paramos de retroceder.

Habrá quienes sostengan que viene de antes y ofrezcan fechas alternativas. Es válido.

De 1983 subió sin cesar el costo del Estado como proporción del PBI. Esto quiere decir que del total que los argentinos producen año tras año, el 50% se lo llevan los administradores del país (los políticos) para gastar como ellos crean conveniente. La contracara de esto es que de todo lo que producimos nos queda para nosotros solamente el 50% y nos tenemos que arreglar con eso. El tema no es menor, porque la Argentina, para no perder capital (para producir bienes y servicios) necesita reinvertir al menos el 20% de lo que produce. Con lo que los privados o bien nos dedicamos a vivir con el 30% restante y reinvertir el 20% o no reinvertimos nada y nos queda el 50% para vivir; o algo intermedio. Ahora bien, si no invertimos, mínimamente el 20%, cae el capital total y entonces el país cada vez puede producir menos. Que es exactamente lo que sucede. El país no para de decrecer porque la inversión anual no alcanza el nivel de reposición del capital que se amortiza. Por otra parte, un nivel de consumo bajo (con el 50% que nos dejan, tenemos que hacer malabarismos entre invertir y consumir) lleva a una caída general de actividad. Sufren todos aquellos que producen bienes y servicios para el consumo doméstico, porque tienen un público empobrecido.

Lo más paradójico de todo esto es que todos los servicios públicos son peores que décadas atrás. Ahora se quedan con el 50% en lugar del 25% (el standard durante el SXX) y sin embargo los hospitales se caen a pedazos y pagan monedas a médicos y resto del personal; las escuelas necesitan pintura, reparar techos y aberturas, limpieza; no tenemos FFAA; las fuerzas de seguridad necesitan buenos sueldos, entrenamiento, uniformes, hasta balas para practicar tiro. No hablemos de la administración de justicia, que brilla por su ausencia a pesar de los sueldazos de los jueces.

Con el 25% el Estado hacía escuelas; con el 50% no pinta las escuelas que existen. Con el 25% el Estado construía Chocón-Cerros Colorados, Salto Grande y Atucha. Con el 50% actual debe endeudarse para levantar represas en Santa Cruz o ampliar Atucha. Con el 25% teníamos submarinos, cientos de aviones de guerra, miles de argentinos hacían el servicio militar todos los años y teníamos miles de militares profesionales repartidos por todo el país. Con un Estado que cuesta el 50% del PBI anual, los militares ganan miseria, no le dan instrucción militar a los ciudadanos, no tenemos submarinos, tenemos pocos barcos, no tenemos aviones de guerra, interrumpieron la construcción de misiles y la lista continúa. Con 25% teníamos algo parecido a administración de justicia (con fallas), pero los chorros iban presos. Con 50% llenamos de hippies la justicia, y entonces paz y amor con supersueldos y los chorros y asesinos libres.

Con lo cual, el Estado nos sale el doble que durante el SXX, pero sin contraprestación alguna. Ni siquiera mantienen los bienes en las mismas condiciones en que estaban. Lo que existe, se deteriora por falta de mantenimiento. Además los gobiernos kirchneristas (2003-2015) y de Macri se caracterizaron por la venta indiscriminada y acelerada de bienes (propiedad de las FFAA, del FFCC, edificios antiguos y de alta categoría como el que alojaba el Instituto Antártico) y la destrucción del patrimonio cultural arquitectónico de nuestro país. O sea que dándoles un 50% de todo lo que producimos anualmente, reducen el patrimonio común.

Además, nos endeudan, que es la segunda manera de reducir el patrimonio común. El patrimonio es todo lo que uno tiene menos todo lo que uno debe.

Más importante que cuánto gasta el Estado es cuánto nos queda a nosotros. Durante el SXX el Estado se llevaba el 25%. Eso quiere decir que en los bolsillos nuestros nos quedaba el 75% de lo que se producía. Por eso antes un trabajador podía hacerse una casa y ahora no. Por eso se podía ir 10 días a Santa Teresita y ahora no. Tener el 75% en nuestros bolsillos nos permitiría consumir más, invertir en bienes de capital (una camioneta para hacer reparto, un pequeño comercio, herramientas), o en bienes durables (vivienda). Nuestro nivel de vida no para de caer para que ese dinero pase —momentáneamente— a las arcas del Estado, para que luego los políticos y sus amigos se abalancen y se lo repartan entre ellos.

Mientras nosotros estamos cada vez más pobres, los políticos y sus amigos están cada vez más ricos, a niveles impensados cuarenta años atrás.

Se abocaron a una bacanal de saqueo. Es la remuneración por ser interventores del país y no dejarnos levantar cabeza. Tanto los políticos como los “empresarios” amigos acatan cuanta imposición les venga del exterior, con tal de no perder su posición de privilegio.

Podríamos hablar de cómo le regalan la cordillera y el Mar Argentino a los ingleses y españoles o cómo abandonaron la causa Malvinas o cómo destruyeron sistemáticamente la educación o cómo dejan que las empresas nos vendan porquerías bajo el rótulo de alimentos. Son detalles adicionales de la traición.

Lo que importa es que nosotros somos cada vez más pobres mientras vemos que los políticos viven en un lujo soñado décadas atrás no sólo por estos individuos sino por la casta política en general. El país se cae a pedazos y la población se agarra con las uñas a su cada vez más escaso patrimonio, mientras la casta ya no recuerda qué significa trabajar en la economía real, acumula más y más patrimonio y sus integrantes tienen veleidades de millonarios.

Cuando uno los escucha hablar a algunos diputados o senadores, aún a gente que en otra situación es sensata, se da cuenta que:

a) no tienen proyecto de país,

b) no tienen verdadera dimensión de cuán mal están las cosas para el pueblo de a pie,

c) no se les cae una idea de cómo mejorar la situación,

d) no les importa,

e) sólo piensan en continuar la depredación del patrimonio nacional para su beneficio personal,

f) con tal de seguir en el puesto aceptan cualquier cosa (g. el aborto impuesto desde el exterior, v.g. que el CELS y Amnistía Internacional fueran los censores de los ascensos militares, v.g. que el BID y el BM impongan la destrucción del FFCC y de la educación),

g) no importa cuánto dinero les demos, siempre es poco —como todo vicioso—,

h) jamás se preocupan por mejorar las condiciones de vida de la población (ej. pintar escuelas y hospitales, bajar los niveles de criminalidad),

i) son socios de los “empresarios” saqueadores y entre ambos grupos nos comen las entrañas hasta dejarnos en la carcasa,

j) kirchneristas, massistas, radicales, cc, pros son socios en arruinarnos, acá no hay buenos,

k) Argentina está intervenida.

Por lo tanto, hasta que reconstruyamos el proyecto de país, nos deshagamos de todos ellos y hagamos andar a la Argentina (totalmente factible), debemos encarar una resistencia pasiva. Pagar la menor cantidad de impuestos posible, interponer amparos ante la Justicia para frenarles todo lo que quieran hacer, no importa qué, y complicarles la vida en la medida de nuestras posibilidades. Enseñar a nuestros hijos cómo creemos que son las cosas, rechazar todas las porquerías que nos quieren imponer.

Hasta que podamos echarlos a patadas.

 

* Licenciada de Economía (UBA), Master en Finanzas (UCEMA), Posgrado Agronegocios, Agronomía (UBA).

 

 

Lecturas relacionadas:

Equilibrio inestable

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Enduro

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Nuestra tragedia: cancelar en 1982 nuestro proyecto de nación

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EL CONSEJO NACIONAL DE MALVINAS NO DISEÑA UNA POLÍTICA DE ESTADO

César Augusto Lerena*

Por ley 27.558 el gobierno nacional promovió ante el Congreso la creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los Espacios Marítimos e Insulares Correspondientes (en adelante Consejo o Consejo de Malvinas). Lo hizo pomposamente anunciando que los asuntos de Malvinas serían una Cuestión de Estado y para ello se creó una Comisión interdisciplinaria y multipartidaria, integrada también por ex Combatientes de la Guerra de Malvinas, aunque al hacerlo le quitase toda facultad ejecutiva y decisoria al indicar que este Consejo “…adoptará sus recomendaciones, con carácter no vinculante…” (Art. 4º) y, complicando más aún la función de este Cuerpo, cuando sus miembros no estarían formalmente designados ya que no habría Resolución publicada en el Boletín Oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, conforme el Art. 3º del Anexo del Decreto 822/2020 e, incluso, otros integrantes actuales del Consejo no estarían previstos en el Art. 3º de la citada ley 27.558. Esto parece central para rechazar cualquier intento de aprobar tal o cual “recomendación” que este Consejo promueva, a riesgo de violar el Código Penal de la Nación (Ley 11.179) en especial su Capítulo III Art. 246º que establece que, «será reprimido con prisión de un mes a un año e inhabilitación especial por doble tiempo (1º) el que asumiere o ejerciere funciones públicas, sin título o nombramiento expedido por autoridad competente» y, el Capítulo IV Art. 248º por el que «será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere» y/o el Art. 253 por el que «será reprimido con multa de cien a mil pesos e inhabilitación especial de seis meses a dos años, el funcionario público que propusiere o nombrare para cargo público, a persona en quien no concurrieren los requisitos legales. En la misma pena incurrirá el que aceptare un cargo para el cual no tenga los requisitos legales», pudiendo caer en prevaricato (Cap. X Art. 269º, 271º y 272º), además de violar la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos.

Todo ello se configuraría:

1) Si no hubiese designaciones: en los casos del Art. 3º en los incisos g) Dos especialistas en Derecho Internacional; h) Tres representantes del sector académico y científico de reconocida trayectoria en la materia; i) Un representante de los Ex Combatientes de Malvinas, que según el Art. 3º del Decreto reglamentario 822/2020 debieron ser designados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, aunque no hay antecedentes hasta la fecha en el Boletín Oficial a pesar del tiempo transcurrido.

2) Si hubiese más designaciones de lo que dice la ley: la ley 27.558 en el Art. 3º inciso g) indica que el Consejo estará integrado por dos (2) especialistas en Derecho Internacional y, según comunicado de prensa de la Cancillería (07/11/2020) y antecedentes, habría seis miembros: Armando Abruza; Frida Armas Pfirter; Marcelo Kohen; Mónica Pinto; Susana Ruiz Cerutti y Juan Gabriel Tokatlian. La Ley 27.558 en el Art. 3º inciso h) indica tres (3) representantes del sector académico y científico y, según comunicación de la Cancillería (07/11/2020) y antecedentes habría siete miembros: Armando Abruza; Alcira Argumedo; Frida Armas Pfirter; Marcelo Kohen; Mónica Pinto; Juan Gabriel Tokatlian y Oscar Padín. La misma ley en el Art. 3º inciso i) indica un (1) representante de los ex Combatientes de Malvinas y, según comunicación de la Cancillería (07/11/2020) y antecedentes habría tres: Ernesto Alonso, Martín Balza y, Adolfo Schweighofer. Es decir que en lugar de designarse un total de seis miembros que es lo que prevé la referida Ley se habrían incorporado al Consejo once, por lo cual —fallecida Alcira Argumedo— sobrarían cuatro integrantes.

3) Si se recomienda o se aprueban documentos sin facultades ni consensos: cuando se recomiendan o aprueban cuestiones no previstas en el Art. 2º de la ley 27.558; cuando se lo hace con miembros que no están previstos en el Art. 3º; cuando no se cuenta con el consenso previsto en el Art. 4º o, cuando se aprueban documentos o procedimientos, como por ejemplo el Reglamento Interno de Funcionamiento del Consejo previsto en el Art. 7º sin encontrarse los miembros formalmente designados.

Los extremos suelen unirse y, respecto al cumplimiento de las normas, la ex primera ministra británica Theresa May fue contundente contra Boris Johnson “O el primer ministro no había leído las reglas, o no las había entendido, o pensó que no se aplicaban a él” (Urgente24, 31/01/2022), algo que —si se configurasen los supuestos indicados precedentemente— parece haber ocurrido y, muy especialmente con Marcelo Gustavo Kohen, quien habría sido postulado para la Corte Internacional de Justicia y en el caso de los secretarios de Malvinas Daniel Filmus y Guillermo Carmona que por el Art. 3º del Decreto 822/2020 tenían la obligación de “coordinar el Procedimiento de designación de los integrantes del Consejo de Malvinas”.

En lo relativo a las funciones que le atribuye la ley al Consejo podemos ver en el Art. 2º que se limitan a) “contribuir” (ayudar, asistir, colaborar) a “generar los consensos políticos y sociales” necesarios para diseñar e implementar políticas de Estado; políticas que por otra parte ya están establecidas en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional; b) “Colaborar” a sustentar la posición argentina; es decir, ser un colaborador de quien elabore las cuestiones geográficas, ambientales, biológicas, históricas, jurídicas y políticas; c) “Proponer y llevar adelante” actividades de docencia e investigación. En estas tareas de divulgación y análisis, se le asigna al Consejo tareas de elaboración y ejecución; al igual que el ítem d) “Realizar acciones” destinadas a colaborar en la difusión y promoción y e) “Proponer estrategias que aporten al reconocimiento permanente de los Ex Combatientes de Malvinas y caídos en combate y de sus familiares”. Una única tarea “estratégica” limitada a un fin específico, que si bien importante, no avanza en los aspectos de Política de Estado previstos en la Constitución Nacional.  

Es decir que en todas sus funciones los integrantes del Consejo son meros colaboradores del Poder Ejecutivo, por lo tanto, no podrían inmiscuirse en la formulación de la política de fondo y, mucho menos, constituirse en un aval de las políticas que el ministro de Relaciones Exteriores promueva por indicación del Presidente.

Es tan secundario el rol de este Consejo que no ha sido incluido entre sus integrantes un experto en materia de defensa y que no ha sido prevista en la ley ni en su decreto reglamentario la confidencialidad en el tratamiento de los temas y, entendemos, que tampoco podría dictarse esta clasificación mediante el Reglamento Interno del Consejo “Asesor” ya que éstos no podrían determinar por sí, el carácter confidencial de sus acciones, debiendo ser el Poder Ejecutivo —a quién va destinado su asesoramiento— quien lo determine. En la Argentina podría clasificarse de esta manera por Resolución Ministerial pero, tratándose el Consejo de una dependencia del ámbito presidencial, es razonable pensar que la calificación debiera efectuarse por Decreto del P.E.N. con la firma del Jefe de Gabinete y de los Ministros de Defensa y Relaciones Exteriores, aunque, resulta dudosa la importancia de clasificar los temas que se tratan “como confidenciales”, cuando se ventilan por “Zoom”; se utiliza un correo común para su traslado o se tratarían las cuestiones en salas y salones ordinarios de la Cancillería. Todas cuestiones que atentan contra la confidencialidad de temas y documentos que no deberían salir del ámbito donde se generan, pero, de hacerlo, deberían seguir una cadena de resguardo y registro y, en atención al alcance de las funciones asignadas a los asesores, los hechos y los temas que se abordan en la llamada “Agenda Malvinas 40 años”, no habría sido necesario. No parece muy razonable tampoco que, debido a la única acción ejecutiva que se asigna a los miembros del Consejo, cual es “el reconocimiento a los excombatientes…” el tratamiento de este tema deba ser confidencial.   

Seguramente, nada de lo tratado podría preocupar a los británicos y de ser así ya estarían enterados, cuando el referido Marcelo Kohen describe en medios públicos y conferencias las estrategias que debería llevar adelante la Argentina, contrario a lo que manifestaba en el año 2000 un conocido y controvertido Subsecretario de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE): “cuando se le preguntó sobre el destino de la documentación que produce la Secretaría, éste respondió: Como es secreta, se destruye” (Braslavsky, G.: “La SIDE debe dejar de ser secreta”, Zona, Clarín, pág. 5, 16/04/2002). No olvidemos que por los “frutos se conoce el árbol” y las acciones ya son públicas. Diferente sería si se tratase de ventilar una estrategia militar, pero como hemos visto —insólitamente— nadie representa al Ministerio de Defensa en el Consejo. Por otra parte, un número importante de los integrantes, son solo representantes de distintos partidos políticos o de veteranos de guerra; de modo tal, que no pueden resolver por sí, sino por el mandato que les confieren sus pares, de otro modo, carecería de sentido su representación, de tal manera que es imposible asegurar la confidencialidad, más aún cuando es posible delegar la representatividad (Art. 5° Ley 27.558).

El período «en el que se extiende la clasificación de secreto y reservado para la documentación general de los ministerios parece ser la década del ’30. Éste se abre con la intervención directa de las Fuerzas Armadas en la vida política del país (y muchas veces estas calificaciones son absurdas como) puede verse en una nota publicada en el suplemento Zona del diario Clarín en abril del 2000 donde se mencionan los temas de algunas de las leyes secretas y describe el cuarto donde son guardadas gracias a “una mano generosa” que abrió a Zona las puertas del cuarto donde se guardan las leyes secretas del Senado» (Nazar, Mariana “Los documentos secretos de Argentina”, Córdoba, 8/ 2003 Dto. Historia, FFyL UBA, Archivo General Nación).

Se observa —asimismo— que el presidente de la Nación preside (Art. 3º de la ley) este Consejo Asesor, por lo cual pareciera una incongruencia su inclusión en este Cuerpo ya que es el Poder Ejecutivo quién debe recibir el asesoramiento y, además, que este Consejo se ha creado en el ámbito de la Presidencia de la Nación (es decir fuera de la Cancillería), por lo cual, la designación de los integrantes del Consejo por parte del Ministro de Relaciones Exteriores prevista en el Art. 3º del Decreto 822/2020 parece no ajustarse a las prescripciones del Área de la Presidencia de la Nación, ya que mal podría un secretario (el Ministro) del Presidente designar a los integrantes de un Consejo que está presidido por el propio Presidente de la Nación y, mucho menos, el Secretario de Malvinas, a quien el Art. 2º del Decreto Reglamentario Nº 822/2020 —en contradicción con el artículo 3º a) de la Ley 27.558 que reglamenta— califica de “Autoridad de Aplicación”, pero restringe sus facultades a «dictar las normas aclaratorias y/o complementarias que resulten necesarias…», es decir, que están limitadas al Secretario de Malvinas meras tareas de coordinación, secretaría de actas, convocatoria a reuniones, elaboración e instrumentación de políticas del P.E.N. promovidas a través del Canciller.

Como consecuencia de los Art. 7º y 8º de la Ley, el Consejo es quién dicta su propio Reglamento Interno de Funcionamiento y, si bien el secretario de Malvinas deberá aprobarlo, los integrantes del Consejo serán quienes le fijen a éste sus deberes y atribuciones, lo que demuestra una subordinación del referido funcionario a asesores promovidos por él (Art. 3º del Decreto 822/2020). Un verdadero despropósito en materia de procedimientos administrativos.

Si el Consejo se creó para avalar las políticas en la “Cuestión Malvinas”, de la selección de sus integrantes podemos imaginarnos cuáles serán esas políticas, aunque del “Alcance de Funciones del Consejo” previsto en la ley, parecen insuficientes para que estos tengan un rol protagónico. Muy especialmente, cuando la Política de Estado en esta materia ya está absolutamente definida por la voluntad popular en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional: “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”. Lo que cierra cualquier acción de funcionarios de turno para la firma de nuevos Acuerdos destinados “adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos”, como rezaba el Pacto de Foradori-Duncan o llevar adelante “aventuras” como llevar la cuestión Malvinas a la opinión Consultiva de la Asamblea General de las Naciones Unidas o a la Corte Internacional de Justicia, a modo de referéndum de las Res. 1514 (XV), 2065 (XX) y 31/49 de las Naciones Unidas, sobre las cuales la Argentina en 1994 ya ha ratificado su vocación constitucional.

Contrario a lo que algunos funcionarios refieren (Filmus, Twitt 16/12/2020; Carmona, Inf. de Prensa Nº 046/22, 25/1/2022), no está en juego la disputa de la soberanía, que la Argentina ya ratificó que es legítima e imprescriptible; la discusión es cuándo la Argentina tomará posesión de su territorio irredento.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca, ex Secretario de Estado de la Presidencia de la Nación. Ex Secretario de Bienestar Social (Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Ex Asesor en la Honorable Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación. Autor de 28 libros, entre ellos: “Malvinas. 1982-2022. Una Gesta Histórica y 40 años de Entrega. Pesca la moneda de cambio” (2021).