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OBSOLESCENCIA SOCIAL PROGRAMADA Y PENSAMIENTO MÁGICO

Daniel Alberto Symcha*

Las empresas productoras de bienes de uso doméstico han elaborado una estrategia de negocios que implica diseñar productos con una vida útil intencionalmente limitada, programando que dejen de funcionar o se vuelvan obsoletos en un tiempo programado utilizando para ello materiales frágiles, baterías integradas imposibles de cambiar, falta de actualizaciones de software, incompatibilidad tecnológica, perjuicio económico para el usuario por incremento de consumos y costos de reparación, campañas de marketing que generan la sensación de antigüedad o falta de efectividad del producto.

Esta planificación tiene como objetivo obligar a los consumidores a reemplazar los productos fomentando el consumo excesivo, generando un grave impacto ambiental pero manteniendo la capacidad de producción y ventas a las grandes empresas o corporaciones. Es decir, se establece el final de la vida útil de un producto desde antes del momento de su fabricación.

Existe una relación simbiótica entre productores, grandes corporaciones internacionales y banca financiera ambas identificadas al decir del Dr. Marcelo Gullo como Unidades Políticas Sin Asiento Territorial (UPSAT), basada en el financiamiento y la dependencia donde las UPSAT, tienen una relación jerárquica con los productores ejerciendo poder sobre la producción, competitividad, estructura de mercado, control de tecnología, cambios normativos y de desregulación, creación de opinión pública y nuevos mercados.

El huevo de la serpiente

El concepto de obsolescencia programada se originó como una propuesta para salir de la gran depresión de 1930 en EEUU y la autoría corresponde a Bernard London, la propuesta que quedó plasmada en una publicación: «Poner fin a la Depresión mediante la obsolescencia programada» (Ending the Depression Through Planned Obsolescence).

London fue un corredor inmobiliario ruso-estadounidense que afirmaba que el gobierno debía definirle a las empresas establecer la obsolescencia de los bienes de consumo al momento de producirlos. Esto iba a forzar a los ciudadanos a reemplazar productos funcionales pero «viejos» por nuevos lo que implicaba mantener las fábricas en funcionamiento y sostener el empleo de trabajadoras y trabajadores, aún a costa del descarte deliberado de productos funcionales.

La propuesta de London no tuvo éxito en lo que a políticas públicas del Estado estadounidense se refiere porque era una injerencia directa y control sobre las iniciativas privadas, pero sí anticipó y legitimó una lógica económica: la producción sistemática de obsolescencia como motor del consumo que se adoptó como práctica empresarial a partir del año 1940 y las empresas comenzaron a reducir deliberadamente la durabilidad de los productos principalmente mediante cambios de diseño constantes y campañas de márketing.

En el concepto de London: «Los muebles, la ropa y otros bienes deben tener una vida útil, al igual que los seres humanos. Una vez utilizados durante su vida útil, deben retirarse y reemplazarse por mercancías nuevas» y al igual que su plan respecto de la producción y el consumo, las UPSAT siguieron al pie de la letra el concepto del neoyorkino pero aplicado a las sociedades proveedoras de materias primas de los países hegemónicos desde la periferia del poder.

Argentina como un riesgo regional

La República Argentina en 1974 tenía un índice de crecimiento del 7% anual, la industria manufacturera crecía al 6,5%; la industria metálica básica crecía al 8,4% siendo la producción de acero otro de los pilares con un crecimiento al mismo porcentaje. Existía una industria automotriz que crecía al 3,5%. La industria de la construcción con su alto impacto en mano de obra crecía al 12,5%. La demanda de servicios crecía a un 7,4% y transporte, almacenamiento y comunicaciones crecía al 6,4%. La producción de electricidad, gas y agua crecía al 7% anual.

La pobreza en los hogares era del 4,6%, la tasa de desempleo era del 2,7%, el nivel de la deuda externa pública en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) estaba en 10%, la inversión bruta tuvo su mayor índice 24% del PBI.

Argentina tenía una sólida estructura estatal, producía buques mercantes y de guerra, aviones, equipamiento militar para las tres Fuerzas Armadas y para las Fuerzas de Seguridad, tenía una sólida estructura educativa y sanitaria, un desarrollo industrial de primer nivel, una fuerte participación gremial, desarrollo científico tecnológico propio y un pilar fundamental para el desarrollo nacional, energía nuclear. Argentina pasó a ser un riesgo para la hegemonía angloestadounidense en Latinoamérica.

La decadencia de estas capacidades comenzó con el golpe de Estado cívico militar de 1976, se profundizó posteriormente con los dos primeros gobiernos democráticos y el desguace de las capacidades del Estado llegando a un estallido social en el tercer gobierno democrático que derrocó al presidente De la Rúa quien le había solicitado a las FFAA que intervinieran para controlar el estallido pero las mismas se negaron por no formar parte de sus misiones y funciones.

La organización política argentina permitió sortear la crisis y mantener la continuidad democrática alcanzando en el año 2015, de acuerdo con las palabras del presidente de la Unión Industrial de la República Argentina, Héctor Méndez, recuperar el nivel de producción per cápita industrial de 1974.

Danzando en las ruinas

En la actualidad todos esos índices nuevamente cayeron de forma abrupta en tan sólo diez años, sumiendo a la población en la pobreza alcanzando en 2023 al 40,1% en los centros urbanos, es decir más de 11.756.000 personas. En 2026 los índices oficiales no demuestran confiabilidad ya que la asistencia social económica se elevó 30 veces a la brindada por el Estado en el año 2015, a diciembre de 2025: la Asignación Universal por Hijo alcanzó en enero de 2026 a 4.114.513 titulares, incluidos 93.453 beneficiarios por discapacidad, mientras que la Tarjeta Alimentar llega a 2.546.130 familias y cubre a más de 4.500.000 millones de niños.

A mediados de 2025 de acuerdo con el informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), de los 18.000.000 millones de argentinos en zonas urbanas en edad de trabajar (hombres entre 15 y 64 años, y mujeres entre 15 y 59), 5 millones no tienen empleo ni lo están buscando activamente. Esto representa el 27% de la población en edad activa de las zonas urbanas.

De un total de 21.000.000 de personas en edad productiva, la cantidad de desocupados en el segundo trimestre de 2025 fue de 2,3 millones. El número de puestos de trabajo informales comúnmente denominado «trabajo en negro», abarcó al 43,2% del total de puestos de trabajo en tanto que el número de trabajadores subocupados (personas que tienen empleo pero trabajan menos de 35 horas semanales por razones involuntarias) fue del 11,6%.

Obsolescencia social programada

Al igual que con los electrodomésticos, existe un criterio de obsolescencia social programada sobre nuestra población resultado de las políticas públicas direccionadas desde organismos internacionales que tiene un impacto directo y sedimentario sobre nuestras capacidades como Nación.

Degradar la calidad y las condiciones de vida mediante un conjunto de acciones económicas programadas, da por resultado inexorable la destrucción del ecosistema productivo, la inestabilidad e incertidumbre laboral de la población, la destrucción del tejido social, la baja de las capacidades de progreso y la denigración de las condiciones de vida de nuestra gente que se refugia en una economía de sustento diario mediante la venta de productos en sus hogares, ferias americanas, producción de panificados, parrillas al paso.

Esta denigración en la calidad de vida implica una limitación en las condiciones de supervivencia y crecimiento mediante la superación en la población joven lo que va a implicar un fuerte deterioro cognitivo por falta de nutrientes, una ausencia del sentido de orden y autoridad por la destrucción del núcleo familiar lo que deriva en procesos de violencia, de tensión y desintegración social.

La vigencia de Umberto Eco

«La relación entre nuestro entusiasmo por las conveniencias tecnológicas y nuestra inclinación por el pensamiento mágico es muy cercana, y está ligada profundamente a la esperanza religiosa que ponemos en la acción relámpago de los milagros», afirmaba Umberto Eco en una de sus columnas en L’Expresso en el año 2015.

La ingeniería multimedial mediante el uso de las tecnologías persuasivas, que estudian como los dispositivos, apps y plataformas pueden diseñarse para influir en nuestros comportamientos y la red de sectas religiosas esparcidas por los grandes centros urbanos favorecen la aparición en la población de un criterio de pensamiento mágico en dónde la realidad es simplemente un obstáculo del espacio tiempo sin importancia. En ambos casos, lo multimedial y las sectas, a partir del pensamiento mágico tienen una función anestésica, es decir bloquear temporalmente la sensibilidad y la conciencia para permitir la realización de acciones invasivas con seguridad y comodidad.

El bombardeo de estímulos, la necesidad de pertenencia a algo y la creencia en que existirá una solución a los problemas a su debido tiempo, actúa sobre el sistema nervioso, reduciendo la conectividad cerebral o adormeciendo zonas específicas, nos distrae del dolor, de la formación de recuerdos o la respuesta motora que podría impedir la continuidad de las acciones que degradan nuestra calidad de vida.

La obsolescencia social programada es la cosecha de una siembra realizada mediante el desconcierto económico continuo, sistemático y sostenido, el desarrollo multimedial a partir de las tecnologías persuasivas y el trabajo territorial de miles de sectas con un discurso de salvación adaptable a cada angustia para generar sentido de pertenencia y empatía que impide el quiebre de un ciclo de opresión.

 

* Periodista. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Maestrando en Inteligencia Estratégica Nacional, Universidad Nacional de La Plata. Investigador de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG).

 

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EL ACUERDO CON ESTADOS UNIDOS ES UNA RENDICIÓN INCONDICIONAL

César Augusto Lerena*

Artículo publicado en Perfil

 

Los anuncios de la U.S. Mission Argentina el pasado 13 de noviembre no son un Acuerdo de Argentina con Estados Unidos sino una rendición incondicional; propia de una derrota argentina en el campo militar. Este Acuerdo afectará la autonomía, economía, desarrollo y salud argentina, solo equiparable a las condiciones económicas impuestas por el Reino Unido a la Argentina a través del Acuerdo de Madrid (1989/90) y la Ley 24.184 de protección y promoción de las inversiones británicas (1992), residuales de la guerra de Malvinas. De hecho, este Acuerdo ―accesoria o intencionalmente― beneficiará los negocios británicos en Argentina

Algunos comparan este Acuerdo con el infame Tratado Roca-Runciman, firmado en 1933; complementario del pérfido “Tratado de Amistad, Comercio y Navegación” firmado en Buenos Aires en 1825, pese al cual los británicos invadieron Malvinas en 1833; pero éste, aún leonino, se centró en las carnes, granos, carbón y beneficios a las empresas públicas en manos inglesas y, se mantenían relativamente estables las tasas de importación de productos desde el Reino Unido a Argentina y viceversa. Aunque parezca una formalidad, este se firmó en español e inglés, mientras que la actual orden norteamericana solo se hizo en inglés y la representación estadounidense aclaró, que se trata del único documento válido. Más prueba de imposición imposible. No hay opinión ello -ni la habrá por razones obvias- del cuerpo diplomático argentino.

Por el contrario, el denominado “Acuerdo” con Estados Unidos, fundado en “mercados abiertos” y en el marco de una “asociación económica más sólida y equilibrada”, no refiere que la Argentina tiene una balanza negativa con Estados Unidos de unos 2 mil millones de dólares, cifra que se acrecentará con el “acceso preferencial” que Argentina deberá brindar “a las exportaciones estadounidenses, incluyendo ciertos medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnologías de la información, dispositivos médicos, vehículos automotores y una amplia gama de productos agrícolas”, sin especificar límites ni condición alguna, mientras que Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos “sobre ciertos recursos naturales no disponibles” y productos no patentados para aplicaciones farmacéuticas. Es evidente el desequilibrio en materia de obligaciones y derechos.

Asimismo, ambos países se han comprometido a mejorar las condiciones recíprocas de acceso bilateral al mercado para la carne; a sabiendas que el tipo de carne que comercializa Estados Unidos, podría modificar el hábito de consumo de calidad de las carnes argentinas, cuyas consecuencias podrían ser significativas económica y, sanitariamente para los argentinos.

Además, Estados Unidos podría utilizar bajo pretexto de la “seguridad nacional”, incluyendo la protección de la economía nacional de ese país contra amenazas externas, la adopción de medidas comerciales; metodológicas y políticas -ajustes y prohibición de importaciones y/o aumento de aranceles e imposición de cuotas o cualquier otra acción que el Presidente considere apropiada-  en virtud de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, según enmienda (19 U.S.C. 1862); iniciar investigaciones a la importación de cualquier artículo, pudiendo utilizar los procedimientos que estime pertinente para la determinación requerida; por ejemplo, como ya ocurrió en Estados Unidos con la prohibición de importación de las carnes argentinas bajo pretexto de transmisión de la fiebre aftosa, a pesar de que esta enfermedad no es una Zoonosis, es decir, no se transmite a las personas según la WOAH (ex OIE) y la FAO ni por consumo de carne (cruda, cocida o procesada) ni por contacto con animales infectados.

Por el contrario, se le exige a la Argentina “desmantelar barreras no arancelarias que restringen el acceso a su mercado, incluyendo las licencias de importación, garantizando así condiciones más equitativas y el compromiso de no requerir formalidades consulares para las exportaciones estadounidenses hacia Argentina”. Además, se le requiere eliminar gradualmente la tasa de estadística para los productos estadounidenses; permitiendo, a su vez, “el ingreso (a la Argentina) de productos estadounidenses que cumplan con normas aplicables de EEUU o internacionales, reglamentos técnicos estadounidenses o procedimientos de evaluación de conformidad de EEUU o internacionales, sin exigir requisitos adicionales de evaluación”. Esto en materia alimentaria (cárnica, vegetal, aditivos, etc. incluyendo instalaciones) viola las leyes argentinas 3.959 de Sanidad Animal y su Decreto 4238/68 y modificatorios de Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal; además del Código Alimentario Argentino (Ley 18.289) y de todas las normas relativas al control y cuarentenas para evitar el ingreso de enfermedades zoonóticas y/o exóticas, poniendo en riesgo la salud de la población argentina; teniendo en cuenta, que más de 350 enfermedades se transmiten al ser humano a través del consumo de alimentos. Además, que los cambios en los hábitos alimentarios y dietéticos de los argentinos, como consecuencia de esa importación descontrolada, podría causar efectos negativos sanitarios y nutritivos y, muy importante, por el daño económico imponderable para el país y la quiebra del sector productivo e industrial argentino y consecuente desempleo.

Por otra parte, la ejecución de este Acuerdo con Estados Unidos habilitará automáticamente al Reino Unido de Gran Bretaña por aplicación de la Ley 24.184 que la habilita a adherir a las mejores condiciones otorgadas por Argentina a terceros países.

Además de ello, el Acuerdo no se limita a las partes, sino que actúa también en el comercio entre la Argentina y terceros países cuando refiere a que “reforzará la cooperación con Estados Unidos para combatir políticas y prácticas no orientadas al mercado por parte de otros países”, que podrían llegar a incidir sobre el comercio argentino con los países integrantes del BRICS, incluso el MERCOSUR y eventualmente el Acuerdo de éste con la Unión Europea; incluyendo, una mención a “la prohibición de importar bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio”; que, más allá que la Argentina debe evitar el comercio con países que no tienen normas laborales concertadas con los sindicatos del trabajo, claramente, en un problema mundial que también alcanza a Estados Unidos y no se hace referencia alguna al respecto. 

El Acuerdo también refiere a obligaciones de Argentina sobre las cuestiones relativas al “medio ambiente” sin efectuar ninguna mención a Estados Unidos, pese a que según datos de organismos específicos, este país encabeza con 25% el total de emisiones acumuladas históricas (1850-2021) de gases de efecto invernadero (GEI), especialmente CO2 y, según la Agencia Internacional de Energía (IEA) y EDGAR (UE) es 2da. luego de China con el 14%. Mientras que la Argentina ocupa el puesto 28/35 mundial y 2do. en Latinoamérica por la producción ganadera. La Argentina no tiene subvenciones a la Pesca y por el contrario Estados Unidos ocupa con 3.900 Millones de dólares el 3° lugar mundial en subsidios a la pesca detrás de China (1ra.) y la Unión Europea (2da.) y, en subsidios considerados perjudiciales, se ubica 6ta. detrás de China, Japón, UE, Corea del Sur y Rusia. Parece insólito que el contaminador le ponga condiciones al contaminado.

Finalmente, y para no avanzar sobre los múltiples productos que tendrían un acceso preferencial a la Argentina; las inversiones en minerales estratégicos; el reconocimiento de Estados Unidos como jurisdicción adecuada para la transferencia transfronteriza de datos, incluso personales y, las múltiples exigencias que se formula a nuestro país respecto a patentes; subsidios industriales; acciones distorsivas de empresas estatales (léase privatizaciones); bienes diversos; denominaciones de origen, etc.; más que un Acuerdo este documento preliminar parece un mandato que le otorga el gobierno nacional a Estados Unidos para administrar el comercio nacional y éste regla mediante un Decreto normativo, que la Argentina debe cumplir.

Una delegación inadmisible de las facultades de un país independiente y soberano.

 

* Experto en Atlántico Sur, Alimentación y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana.  www.cesarlerena.com.ar

TIERRA DEL FUEGO. CUANDO LA SOBERANÍA POLÍTICA SE SUBORDINA AL AJUSTE ECONÓMICO

César Augusto Lerena*

El Gobierno Nacional redujo los aranceles de importación de electrodomésticos. Una decisión que afecta a toda esta industria en el país y, especialmente, deja sin sentido las exenciones impositivas y aduaneras establecidas por la Ley 19.640 que promueve la industria electrónica instalada en Tierra del Fuego. Una determinación que atenta contra la soberanía nacional, que podría llevar a despoblar nuestro territorio austral y que, por el contrario, debería desarrollarse en la Isla Grande un modelo sobresaliente a mostrar a los habitantes británicos de Malvinas. La medida del gobierno no se toma en forma aislada, sino que paralelamente se promueve el emplazamiento junto a Estados Unidos de una Base Naval en Ushuaia; se lleva una política de desinterés respecto a las acciones británicas en Malvinas y la región y, el Reino Unido promueve una creciente relación con nuestros vecinos Brasil, Chile y Uruguay y lleva una política blanda ―tolerada por el gobierno― con la que pretende influir culturalmente en los argentinos.

Para no entrar en discusiones ideológicas recurrimos a la visión general de la IA: «la soberanía política es el poder supremo que un Estado ejerce sobre su propio territorio y población, sin la interferencia de otros estados o entidades externas, implica independencia, autonomía para tomar las decisiones políticas, y la capacidad de ejercer autoridad máxima». Lo importante es que el Estado planifique y ejecute las medidas necesarias para ejercer soberanía.

La Ley sancionada el 2 de junio de 1972, tenía en cuenta ―entre otras razones― «la peculiar situación geográfica extremadamente austral de los territorios involucrados y sus consecuencias directas relativas al aislamiento, condiciones de vida y grado de actividad económica y su desarrollo en gran parte mantienen actualidad» y, por tal razón en el artículo 1º de esa ley «eximía del pago de todo impuesto nacional que pudiere corresponder por hechos, actividades u operaciones que se realizaren en el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o por bienes existentes en dicho Territorio».

La situación actual en relación a la existente a 1972 se ha agravado. No tanto en su aislamiento donde no se ha innovado, sino en la tensión existente entre las grandes potencias en el Atlántico Sur; la invasión creciente en la parte meridional de este océano por parte del Reino Unido de Gran Bretaña (RUGB); ya que mientras en 1972 los británicos ocupaban unos 20.000 km2 de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y tres millas alrededor de estas islas y, desde 1982 y en especial desde los Acuerdos de Madrid (1989-1990) avanzaron invadiendo y disputándole a la Argentina 5.497.178 Km2, de los cuales nos invaden 1.639.900 Km2 de territorio marítimo e insular y nos disputan 1.430.367 Km2 de plataforma continental extendida y 2.426.911 Km2 del continente antártico.

Mientras ello ocurre, el RUGB profundiza sus relaciones con Chile respecto a la Antártida y con Uruguay, cuyo puerto de Montevideo presta apoyo logístico a las capturas ilegales en el Atlántico Sur.

A ello, hay que agregarle que en las aguas de Malvinas los británicos extraen ilegalmente recursos pesqueros argentinos en el orden de las 250.000 toneladas anuales ―según reportes de los propios isleños― y en materia de exploraciones petroleras las empresas Rockhopper y Navitas estiman extraer 728 millones de barriles de petróleo. Todo esto militarizado ―aeronaval y misilísticamente― por las fuerzas de la corona británica. En este escenario ¿se puede debilitar la economía de Tierra del Fuego?

No obstante, nos preguntarnos: ¿Qué han hecho los gobiernos nacionales y provinciales para monitorear y dar sustento estratégico, económico y de defensa, a la par de terminar con el aislamiento y promover nuevos proyectos productivos e industriales, que no estén necesariamente atados a los beneficios impositivos y aduaneros? Y a la par asegurar que las inversiones estén orientadas en el mediano plazo a proveer una economía sustentable no subsidiada. Lo hecho ha sido insuficiente y aquellas actividades que promueven empleo, deben también producir un desarrollo regional compatible con los intereses estratégicos de fortalecer Tierra del Fuego. Las autoridades debieron cumplir con lo que precisaba la Ley: «La posibilidad de establecer una promoción económica por medio de las disposiciones que regulan el tráfico de mercaderías otorgando beneficios especiales, forzosamente condicionada por la existencia de una actividad económica estable y de la posibilidad de hecho de ejercer los controles correspondientes». Aun así, la soberanía política no puede subordinarse al ajuste económico. Si para lograr un déficit cero el gobierno nacional debe desatender los aspectos soberanos de la Nación estaría violando la Constitución Nacional en materia de defensa y seguridad nacional y en especial su Disposición Transitoria Primera que reza: «La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía…  constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino».

Seguramente, a la par de Tierra del Fuego, el Estado Argentino debería llevar adelante una política que armonice más las economías entre las provincias, teniendo en cuenta aquellas que, por razones vinculadas a su condición de fronterizas, la disponibilidad de los recursos, sus características climáticas y/o las distancias de los grandes centros urbanos, etc., se encuentren más desfavorecidas o expuestas.

Nadie debería asombrarse. Ya se sabía desde la sanción del régimen de excepción que se partía de una discriminación de trato con el resto de las provincias y que todas hacían un importante esfuerzo por acompañar el imprescindible desarrollo de Tierra del Fuego; pero, el que sus gobernantes nacionales y provinciales no hayan cumplido con las expectativas puestas en la iniciativa, no implica que hayan desaparecido las razones que dieron lugar al dictado de la ley. Por el contrario, como hemos visto se han agravado, por lo que no puede ser desactivada por vía indirecta. En todo caso, debieran ser sancionados quienes no estuvieron a la altura de las circunstancias y quienes ―públicos y privados― no entendieron la motivación de fomentar a Tierra del Fuego por razones estratégicas, económicas y sociales.

A la Unión Europea ni a los Estados Unidos se los cuestiona por subsidiar ―entre otras― a su producción agropecuaria. Ni que la Unión Europea subvencionara el desarrollo de España, Italia o Portugal al momento de ingresar a la Comunidad Europea y que al hacerlo ésta acordara el plan de desarrollo y fiscalizara las inversiones. La fortaleza y la integración de Europa estaban atadas a la necesidad de equilibrar las economías y sus capacidades.

Todos los países que pescan a distancia ―pese a las buenas intenciones de la OMC― son subsidiados.

No se construye soberanía con un «Mapa Bicontinental» y no habrá soberanía en la Nación Argentina sino se construye soberanía en Tierra del Fuego, una provincia bisagra de nuestras reivindicaciones sobre los archipiélagos, los mares meridionales del Atlántico Suroccidental, nuestros vínculos con el océano Pacífico y el acceso a la Antártida Argentina.

Como dijimos, se podría cuestionar cómo han utilizado las ventajas impositivas los gobiernos de Tierra del Fuego para el cumplimiento de esos objetivos y a su vez cómo reconvertir su economía; pero el gobierno nacional tampoco ha aportado plan alguno al respecto y, por el contrario, lo agravado con sus erráticas políticas respecto a revertir la situación de ocupación británica de los territorios nacionales.

La Provincia, por ejemplo, no ha efectuado una política pesquera adecuada. No ha industrializado ni agregado valor a esta actividad y no ha iniciado las acciones legales contra las embarcaciones ilegales que pescan en su territorio de Malvinas y Georgias del Sur.

A nuestro juicio, el gobierno nacional debe llevar adelante la reconstrucción y modernización de los puertos de Río Grande y Ushuaia para integrar la Isla Grande de Tierra Grande al continente, facilitando el comercio nacional e internacional, la explotación pesquera, el transporte, la actividad turística y científica con relación a la Antártida. Además de ello, construir una base naval autónoma sin injerencia de terceros países y dotar a Tierra del Fuego de la tecnología más moderna en materia de defensa y científica, direccionando, además, los vuelos de Malvinas a Ushuaia, capital de la Provincia, como principio de administración del territorio usurpado.

Deberían renegociarse las condiciones de mantenimiento del régimen de excepción estableciendo por parte del gobierno de Tierra del Fuego un plan de aplicación de las utilidades al objetivo estratégico explicitado en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional y un plan de mediano plazo de reconversión de desarrollo productivo e industrial de la Provincia. Por cierto, también llevar adelante un Plan respecto a la Antártida que debilite la relación RUGB-Chile y acordar con éste una política de cooperación en el territorio antártico y en materia científica y turística.

Nada es confusión. Nada es obra de la casualidad o de la ineptitud. Es un plan que bajo pretexto de arcaicas prácticas de libre mercado desmalviniza y desculturaliza la Argentina y despuebla los territorios vinculados con los archipiélagos del Atlántico Suroccidental y la Antártida. Mientras el Reino Unido de Gran Bretaña avanza, avanza.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). www.cesarlerena.com.ar