César Augusto Lerena*
El diputado Bertie, sin el más mínimo conocimiento, se ha referido con insistencia a la libertad de la pesca y a la privatización del mar argentino.
Libertario, de los que gritan “Viva la libertad carajo” y se olvidan de “juremos con gloria vivir”; usa jopo aún a riesgo de calcinarse; un fundamentalista reconocido con su adscripción a las reglas tilingas de “María Belén”. Se lo conoce con el apodo inglés “Bertie” a Don Alberto Tiburcio Benegas Lynch y pertenece a un subgrupo de los anticasta de reciente aparición proyectándose desde su obscuro rincón antiperonista, hacia la política globalizadora y desindustrializadora de los países emergentes, contraria a las ideas que para su país tiene el propio Donald Trump, tan admirado por la “La libertad Avanza”.
Quien refiere al plan de extranjerización del mar, no se trata siquiera de un outsider ingresado en la política, como pudo ser Palito o Pichichi, que tenían su nombre ganado en la música o en el deporte náutico; aun así, nos habla este recién llegado, como un erudito y con una versatilidad notable que va desde que “los planes sociales son un horror”, en lugar de apreciar que el horror es la pobreza y la indigencia, hasta opinar que “es necesario la asignación de derechos de propiedad en el océano para combatir la crisis climática”, sobre la que “niega que sea de responsabilidad del hombre”, proponiéndonos, sin embargo, “privatizar el mar para que no se extingan las ballenas”; es decir, parece desconocer que la pesca en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) se realiza a través de empresas nacionales concesionadas que no capturan ballenas, práctica que sí efectúan algunas empresas extranjeras y que hacia 1833 fueron el argumento para la invasión británica de Malvinas ante la intención de regular la captura de estas especies por parte del gobernador Luis Vernet.
Sus ideas privatizadoras son confusas y llama la atención estando su familia tan vinculada a Mendoza, donde el agua es un bien escaso y si no fuera por su manejo prehispánico (1561), organizado sobre la base del primitivo sistema de canales y acequias heredado de los aborígenes que proveían de agua potable y riego y luego por la política derivada de la Ley de Aguas de 1884 que lleva adelante la administración del Departamento General de Irradiación, los viñedos de los ascendientes de Bertie no hubieran existido (Ver “Las viñas y los vinos de Mendoza”, de Eusebio Blanco, 1884, con el que aprendieron los Benegas).
A nadie se le ocurriría privatizar el agua de los canales y acequias y manejar la producción de los mendocinos; como a nadie, salvo a un grupo minoritario de privatizadores fundamentalistas, se le podría ocurrir privatizar el mar y que los nuevos propietarios de este amplio territorio marítimo manejen todos los recursos naturales pesqueros, hidrocarburíferos, mineros, etc., inclusive, la explotación de los cetáceos y, por supuesto, resignar la soberanía argentina de 8.029.842 Km2, es decir el 68% del total el territorio bicontinental nacional. Ahora, nada es casual, ya que a la par, el gobierno pretenda derogar la Ley de Tierras y con ello, entre otras cosas, poner en venta a extranjeros las fronteras del territorio argentino continental.
Antes de entrar a referirnos a la propuesta de este Caquero, como lo definiría María Belén, describimos un poco más a este oscuro diputado, para lo cual recurrimos a su escasa biografía para conocer con qué preparación previa diseña su hipótesis de liberar el mar.
Así vemos que en sus antecedentes, que rápidamente a ingresa Wikipedia, refieren más a los de su papá y a los de su abuelo que a los propios, como si el conocimiento se transmitiese por ósmosis. Suelen presentarlo como el hijo o nieto de, aunque en su adhesión a la política de confrontación con los gobernadores, contradice a su bisabuelo José Tiburcio que admiraba al caudillo oriental federal Gervasio Artigas y abrevó desde su juventud a la derecha recalcitrante en su ámbito familiar y «así se explica en el libro De la refundación al ocaso: los intelectuales liberal-conservadores ante la última dictadura, de Vicente Martín, en donde se cuenta el apoyo del mayor de los Benegas Lynch a la autodenominada “Revolución Libertadora”, que derrocó y proscribió a Perón en 1955 y le dio al economista un puesto en la embajada en Estados Unidos. Años más tarde apoyaría también, junto a José Martínez de Hoz y Álvaro Alsogaray, la dictadura de Videla en 1976» (Página 12, 17/08/2023). Ahora se entiende.
Cuando se carece de méritos propios o no se tiene suficiente edad para haberlos adquirido, es difícil diferenciarse de los mayores; pero Bertie dice tener 56 años y haber trabajado 20 años antes de llegar a la política en 2023; es decir, no ha sido un trabajador infantil y ha gozado de una larguísima adolescencia que podrían ser los motivos para que esté tan alejado de la vida cotidiana de la mayoría de los argentinos. Podríamos decir que en términos sociales ha sido un gerente pasivo de la pobreza, por sus nulos aportes a la comunidad más vulnerable. Se presenta como un economista, político e intelectual, título este último que no convalida dejándonos atónitos, ya que hemos tenido candidatos a diputados en primer término en Buenos Aires peores; pero por suerte no todos llegaron al Congreso y éste, sin embargo, logró acceder a ese “nido de ratas” (Javier Milei) de la mano de los 25,43% de votos del presidente. Es un asquete, diría María Belén.
Bertie tiene como referentes políticos a Donald Reagan y a Margaret Thatcher y esta admiración está viva, aunque esta criminal por perpetuarse en el poder torpedeó fuera del área de exclusión de Malvinas al Crucero Gral. Belgrano el 2 de mayo de 1982 provocando la muerte de 323 argentinos.
Cuestiona a Hipólito Yrigoyen; adhiere al acuerdo entre Menem y Alsogaray; se declara católico aunque cuestiona al representante de Dios en la tierra ya que dice irresponsablemente que Francisco “tiene desvíos” y entiende que es autoritario a la par de respaldar la propuesta de su padre de romper relaciones con el Vaticano mientras dure su mandato.
Declara que “la derogación de la ley de aborto es una prioridad para él” y que “todo es posible y moralmente válido cuando no se lesionan derechos de terceros”, pero no se le cae una idea para terminar con el 57,4% de la pobreza y el 15% de indigencia (UCA, 17/12/2024) y no incluye la alimentación, la salud y la educación como un derecho ya que considera a “los planes un horror”.
Se reconoce como un “ser imperfecto, limitado y que maneja una ínfima cuota de comprensión respecto al mundo que lo rodea” (Infobae 2021, Wikipedia), aún con este reconocimiento opina de cualquier cosa, algunas de ellas muy complejas para ser entendidas para una persona que no se informa.
Dejando de lado cuestiones a las que ya nos hemos referido (César Lerena “La inverosímil idea de privatizar el mar”, 28/10/2023) en la Conferencia de La Haya de 1930 se inició la Codificación del Mar donde los países se propusieron delimitarlo y la Argentina en 1995 sancionó la Ley 24.543 ratificando la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, donde entre otras cosas, se establecieron los límites marítimos de los Estados y el aprovechamiento de los recursos naturales y la explotación del mar territorial y la Zona Económica Exclusiva (ZEE) por parte de los Estados ribereños y alta mar por los Estados de pabellón. Desde entonces la apertura de la ZEE no se abre a la pesca de buques extranjeros. Ningún país desarrollado del mundo lleva adelante semejante despropósito. Solo Costa Rica, Guatemala, Panamá, Puerto Rico, la República Dominicana y algunos países africanos que no tienen desarrollada su flota, su industria ni sus mercados pesqueros y no se trata solo de una cuestión económica o de soberanía alimentaria, muy importante, sino de Seguridad de Estado, como los países en que se referencia Bertie lo entienden, como Estados Unidos y el Reino Unido e incluso la Unión Europea (2014) que consideran los riesgos de la pesca en el mismo nivel de otras amenazas, como el crimen organizado transnacional.
Ahora bien, aunque el mar argentino no está divido en parcelas y vendido a terceros u otorgados permisos de pesca en la ZEE a buques extranjeros como propone “inocentemente” Bertie, la explotación del recurso pesquero ya está concesionado a empresas nacionales de capital argentino o extranjero y 520 buques de éstas pescan todo el volumen que autoriza la “Captura Máxima Sostenible” determinada por el Instituto de Investigación (INIDEP) y entonces vemos que no es casual que se quiera desmantelar este Instituto para provocar un desconocimiento del recurso disponible y dejar sin bioestadísticas al sector, lo que sumado a una falta de control sería lo que se estaría llevando adelante desde las ideas de libertad total a cualquier precio.
El gobierno y este desinformado diputado no tienen la menor idea de que debe hacerse en el ámbito pesquero. Nada de lo que se propuso en la Ley de Bases. Si se trata de aumentar los valores de los derechos de captura, porque se pudiera entender bajos, cuestión que es muy probable porque se trata de un recurso de dominio del Estado y los valores podrían no corresponder con los valores ciertos de comercialización, debería encomendarse al Consejo Federal Pesquero y en especial al subsecretario de Pesca elegido, que eleve al Poder Ejecutivo una fórmula de determinación y actualización de los valores. Claro, habrá que ver que tan idóneo y transparente es ese cuerpo, ya que, por ejemplo, el designado subsecretario ya se desempeñó durante 13 años en ese Consejo; es decir, es parte del problema.
El sector no tiene política de industrialización y agregado de valor; no se ha explotado la acuicultura en los niveles que lo hace en el mundo; no hay un control adecuado durante las capturas ni en los desembarcos; no hay acciones ciertas para erradicar la pesca ilegal extranjera y nacional y no hay un plan para llevar adelante acuerdos equitativos que permitan a la Argentina acceder a los recursos originarios de la ZEE en altamar; hay un altísimo porcentual de trabajadores en negro y parte de los salarios no se incorporan a los registros formales; entre “cientos de cuestiones irregulares” que hay que erradicar. Todo esto dicho en un lenguaje formal.
También es necesario que los representantes del pueblo reciban una capacitación básica sobre los temas que opinan, con el más absoluto respeto por la libertad “carajo”.
* Experto en Atlántico Sur y Pesca – Ex Secretario de Estado. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL).
