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EL TOPO

Don Juan de Eslavonia

¿Quién nos gobierna y para quién gobierna?

 

EL TOPO, la devoción externa y la desconexión interna

Durante la campaña presidencial de 2023, EL TOPO construyó una identidad política que excedió largamente el debate económico o institucional argentino. A través de gestos simbólicos reiterados, declaraciones públicas y decisiones posteriores ya como presidente, emergió una pregunta central que hoy atraviesa a amplios sectores de la sociedad: ¿para quién gobierna EL TOPO?

Una campaña atravesada por símbolos ajenos

Desde octubre de 2023, EL TOPO protagonizó una serie de actos públicos en los que la simbología del Estado de Israel ocupó un lugar central. En distintos actos de campaña —como el cierre en Rosario— se lo observó flameando banderas israelíes[1] [2] y pronunciando declaraciones que despertaron alarma incluso entre analistas afines, como cuando afirmó en una entrevista televisiva que había venido «a liberar a Israel»[3].

El cierre de campaña en el Movistar Arena condensó esta narrativa simbólica: imágenes de ciudades destruidas, explosiones de alto impacto visual y referencias apocalípticas precedieron su salida al escenario, seguidas por el sonido del shofar, instrumento ritual de la tradición judía históricamente asociado, entre otros usos, a convocatorias colectivas de carácter bélico o religioso[4]. Este montaje audiovisual no constituyó un hecho aislado, sino parte de una narrativa coherente que vinculó su proyecto político con una causa externa de fuerte carga religiosa y geopolítica.

El contexto internacional omitido

Estos gestos se produjeron en un contexto internacional extremadamente sensible. Tras los ataques del 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva israelí sobre Gaza, diversos organismos internacionales alertaron sobre una crisis humanitaria con miles de víctimas civiles palestinas. Sin embargo, EL TOPO omitió referencias explícitas al derecho internacional humanitario y expresó un alineamiento incondicional con el gobierno israelí, reduciendo el conflicto a una lógica binaria y descontextualizada[5].

Funcionario público en campaña permanente

Durante el año 2023, mientras ejercía funciones como diputado nacional, EL TOPO continuó realizando actividades privadas remuneradas —charlas, cursos pagos y cobro por opiniones—, situación que fue señalada por especialistas como potencialmente incompatible con los principios de ética pública y dedicación funcional exigidos a los representantes legislativos.

En paralelo, causas judiciales previas volvieron al debate público. En particular, el archivo de la denuncia por violencia contra una periodista en 2018 fue cuestionado por organizaciones como la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género y el Instituto Jurídico de Género de Salta, que denunciaron prácticas revictimizantes y falta de notificación a la denunciante[6].

¿Un problema de personalidad o de proyecto político?

Algunos analistas intentaron explicar el comportamiento político de EL TOPO recurriendo a categorías psicológicas como narcisismo o egocentrismo. No obstante, ningún diagnóstico clínico puede afirmarse sin pericias judiciales concluyentes, y hacerlo sería metodológicamente incorrecto. Lo que sí puede analizarse es el patrón discursivo observable: una narrativa mesiánica, una identificación personal del líder con causas externas y una desconexión simbólica con las prioridades estructurales del Estado argentino.

Gobierno, alineamientos y decisiones estratégicas

Ya en ejercicio del Poder Ejecutivo, estos alineamientos se profundizaron. Las reiteradas visitas oficiales a Israel, la incorporación de funcionarios con vínculos estratégicos con ese país en áreas sensibles y la firma de acuerdos como el convenio de reciprocidad previsional entre Argentina e Israel[7] consolidaron la percepción de una política exterior subordinada, carente de debate público amplio.

Asimismo, la relación con Mekorot —empresa estatal israelí vinculada a la gestión del agua— generó fuertes cuestionamientos en un país donde el acceso al agua potable constituye una infraestructura crítica y un recurso estratégico. Para sectores académicos y políticos, estas decisiones representan una cesión progresiva de soberanía más que una cooperación entre Estados en condiciones de igualdad[8].

¿Destruir el Estado desde adentro?

El discurso libertario que prometía «dinamitar el Estado» dejó de ser una metáfora electoral. A través de decretos, reformas normativas y desfinanciamiento estructural, el gobierno avanzó en un proceso de debilitamiento institucional que reduce la capacidad estatal de regulación, control y planificación estratégica. Algunos analistas interpretan este proceso como la construcción de un andamiaje jurídico que facilita una fragmentación funcional del Estado —una «balcanización blanda»— donde actores externos adquieren poder real sobre recursos, territorios y decisiones públicas.

Paralelismos históricos: política de tierras, marco legal y subordinación estructural

El alineamiento político del actual gobierno argentino con el Estado de Israel habilita un ejercicio comparativo legítimo desde la historia política y el derecho internacional. En particular, pueden identificarse similitudes estructurales —no identidades absolutas— entre ciertas dinámicas actuales y los procesos desarrollados en Palestina durante el Mandato Británico (1917–1948).

Marco legal como habilitador de transferencia de poder

Durante la ocupación británica de Palestina, la Declaración Balfour de 1917, posteriormente incorporada al Mandato de la Sociedad de Naciones en 1922, constituyó el marco jurídico que legitimó la promoción de un «hogar nacional judío» en un territorio habitado mayoritariamente por población árabe palestina. Este andamiaje legal permitió que la colonización territorial se realizara no por conquista militar directa, sino mediante instrumentos jurídicos internacionales que otorgaban apariencia de legalidad a un proceso profundamente asimétrico[9].

De manera comparable, en la Argentina contemporánea, convenios bilaterales, decretos y acuerdos administrativos —como el convenio de reciprocidad previsional Argentina – Israel— se inscriben en una lógica donde decisiones estructurales se adoptan sin debate público amplio, ni evaluación estratégica integral de impacto soberano. En ambos casos, el derecho funciona menos como expresión de la voluntad popular y más como vehículo de una agenda política definida fuera del territorio afectado.

Transferencia de tierras y control indirecto

Durante el Mandato Británico, instituciones sionistas como el Fondo Nacional Judío adquirieron grandes extensiones de tierra, muchas de las cuales quedaban legalmente reservadas para población judía, excluyendo a la población árabe local. Aunque formalmente se trataba de «compras», el resultado material fue un proceso de desposesión progresiva, ya que los agricultores palestinos (fellahin) perdían acceso a la tierra que garantizaba su subsistencia[10].

En el caso argentino, si bien no se observa una expulsión física comparable, sí emergen mecanismos de extranjerización funcional: adquisición de tierras estratégicas, participación de empresas extranjeras en recursos críticos (como el agua) y marcos legales que facilitan el control indirecto de territorios o infraestructuras clave. La similitud no radica en la forma, sino en la lógica de desplazamiento del poder real desde la comunidad local hacia actores externos.

Impacto sobre la población local

En Palestina la combinación entre marco legal, transferencia de tierras y administración colonial generó un proceso de empobrecimiento, expulsión y radicalización de la población palestina, al verse privada de recursos productivos básicos y de representación política efectiva.

En la Argentina actual, el impacto se manifiesta de forma distinta pero convergente: debilitamiento del Estado, pérdida de control sobre recursos estratégicos y exclusión progresiva de la ciudadanía del proceso decisorio. El resultado es una desposesión política y económica, donde la población no es expulsada físicamente, pero sí desplazada del ejercicio efectivo de la soberanía.

Contexto colonial y administración externa

Un elemento central del caso palestino fue el pasaje de la administración desde el Foreign Office a la Secretaría de Colonias británica en 1921, lo que consolidó la gestión de Palestina como un problema colonial y no como una sociedad con derecho a autodeterminación.

En clave contemporánea, el reemplazo de políticas soberanas por alineamientos automáticos con potencias extranjeras, organismos financieros o Estados aliados, puede interpretarse como una forma de colonialismo jurídico-administrativo: no hay ocupación militar, pero sí una subordinación estructural de la toma de decisiones.

Una advertencia histórica, no una equivalencia literal

El paralelismo no pretende equiparar situaciones históricas distintas, sino advertir sobre patrones recurrentes:

    • legalidad utilizada como instrumento de dominación,
    • transferencia progresiva de recursos estratégicos,
    • exclusión de la población local del poder decisorio,
    • y debilitamiento deliberado de las estructuras estatales.

Desde esta perspectiva, el proyecto político que promueve la destrucción del Estado «desde adentro» no es una anomalía discursiva, sino una condición necesaria para que estos procesos se consoliden sin resistencia organizada.

La pregunta que persiste

Este análisis no se inscribe en una crítica religiosa ni étnica, sino en una discusión sobre soberanía, legalidad y mandato democrático. Un presidente gobierna para su pueblo, no para símbolos, causas externas o proyectos ideológicos transnacionales.

Hoy, la pregunta sigue abierta —y cada vez más urgente—:

¿quién nos gobierna y para quién gobierna?

Para una parte creciente de la sociedad argentina, la respuesta comienza a delinearse con inquietante claridad: no gobierna para los argentinos.

 

Referencias

[1] Agencia AJN. «El candidato argentino Javier Milei tomó y flameó una gran bandera de Israel durante un acto de cierre de campaña en Rosario». Agencia AJN en X (antes Twitter), 14/11/2023, https://x.com/AgenciaAJN/status/1724570875976896514.

[2] «Milei se fotografió con la bandera de Israel antes de reunirse con empresarios en EE. UU.». Cazador de Noticias, 06/05/2024, https://www.cazadordenoticias.com.ar/nota/00108641/.

[3] «Milei en el Movistar Arena con la promesa de volver al siglo XIX». Página/12, 18/10/2023, https://www.pagina12.com.ar/599773-milei-en-el-movistar-arena-con-la-promesa-de-volver-al-siglo.

[4] Ídem.

[5] «El proyecto del “Greater Israel”: expansión territorial en Medio Oriente y sus implicancias geopolíticas». SAEEG, 27/1072025, https://saeeg.org/index.php/2025/10/27/el-proyecto-del-greater-israel-expansion-territorial-en-medio-oriente-y-sus-implicancias-geopoliticas/

[6] Claudia Ferreyra. «Cuestionan el archivo de la causa contra Milei por violentar a una periodista». Página 12, 28/03/2024. https://www.pagina12.com.ar/724864-cuestionan-el-archivo-de-la-causa-contra-milei-por-violentar.

[7]  Boletín Oficial N.º 35.423, mayo de 2024.

[8] Lihuen Eugenia Antonelli. «Sumisión. Complicidad con el genocidio y entrega del agua: Milei con Netanyahu y Mekorot». La Izquierda Diario, 26/09/2026, https://www.laizquierdadiario.com/Complicidad-con-el-genocidio-y-entrega-del-agua-Milei-con-Netanyahu-y-Mekorot.

[9] League of Nations. (1922). Mandate for Palestine.

[10] I. Pappé. The ethnic cleansing of Palestine. Oneworld Publications, 2006.

 

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IRÁN: ¿CAMBIO DE RÉGIMEN O VIRAJE HACIA UN POPULISMO CON PRETORIANISMO MILITAR?

Roberto Mansilla Blanco*

La cuarta ola de protestas que vive Irán desde 1999, ahora propiciada por la crisis económica contextualizado con síntomas de malestar social contra el sistema político teocrático dirigido por los ayatolás desde 1979, ocurre bajo un contexto de fuertes presiones exteriores, principalmente desde Israel y EEUU y en gran medida de carácter sedicioso, aceleradas tras la operación militar estadounidense de captura contra el ex presidente venezolano Nicolás Maduro y el «golpe de timón» unilateral para reconducir a Venezuela hacia las esferas de influencia de Washington.

Las razones de malestar interno dentro de la República Islámica de Irán, un país que está observando una silenciosa transformación social en los últimos años, no son muy diferentes de lo que pueda existir en algunas sociedades occidentales. Son protestas dirigidas por clases medias y populares afectadas por la crisis económica y los cambios que se están observando en el capitalismo global, contextualizadas en el caso iraní por las sanciones exteriores, la rigidez y represión del régimen dirigido por el ayatolá Alí Jamenei, obligado ahora a enrocarse en el poder.

Con todo, la crisis actual supone igualmente un pulso geopolítico entre varios actores exteriores con la finalidad de ejercer influencia en cuanto al control de las reservas de petróleo y gas natural iraníes así como de su estratégica ubicación geográfica entre Oriente Medio, Golfo Pérsico, Asia Central, el océano Índico y el sureste asiático, relevantes por ser rutas principales del comercio mundial.

La rebelión de la «burguesía del Bazar»

Un catalizador de estas protestas lo encontramos en la capacidad de poder que tiene la coloquialmente denominada «burguesía del Bazar» en Teherán, que instó a la protesta debido a las pérdidas económicas determinadas por la devaluación de la moneda nacional, el rial.

Como indica la politóloga iraní Nazanín Armanian, «los bazaríes, élite comercial anclada en la época feudal, se despegan del régimen, reduciendo aún más su base social para convertirlo en una camarilla ―más peligrosa que nunca― de mulás y militares apocalípticos».

Obviamente, las desigualdades sociales determinan una clave importante detrás de las protestas. Aproximadamente un 80% de la población iraní colinda con el umbral de la pobreza, en total casi unos 50 millones de personas. Este diagnóstico escapa al ritmo de vida de las elites del poder teocrático así como del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (GRI) Este cuerpo detenta prácticamente el poder de facto dentro del régimen teocrático por sus redes militares, paramilitares, control del programa nuclear, de los mecanismos de seguridad estatales y de un conglomerado empresarial con ramificaciones exteriores más allá de Oriente Próximo, como ha venido siendo el caso de Venezuela.

La hiperinflación, calculada por algunas fuentes en un 600%, empeora el cuadro socioeconómico principalmente para los jóvenes en materia de empleo e independencia familiar. Más del 60% de los 91.500.000 de habitantes de Irán es menor de 30 años. Como era de esperarse por parte de un régimen caracterizado por su rigidez, la brutal represión que hasta los momentos se cifra en decenas de muertos y unos 2.000 detenidos, aumenta las tensiones en el país persa.

Argumentando falta de liquidez, en octubre pasado el gobierno de Masoud Pezeshkian eliminó subsidios y ayudas que beneficiaban a unas 14 millones de familias en condición vulnerable. No obstante, según reveló el Departamento del Tesoro de los EEUU con obvias y convenientes intenciones de influencia mediática, Irán ha venido transfiriendo unos US$ 1.000 millones al Hizbulá libanés que benefician al régimen en sus expectativas geopolíticas y negocios personales.

Más allá de Reza Pahleví. Protestas sin liderazgo político visible.

Sin una figura visible al frente de las protestas, más allá del incesante interés israelí y estadounidense por enfocar a Reza Pahleví (66 años), hijo del depuesto Sah de Persia, como su principal baluarte, las manifestaciones dan cuenta de una aparente espontaneidad y agilidad en su capacidad de expansión, muy similares a las que se vivieron en septiembre pasado en Nepal y que llevaron a la caída del gobierno comunista.

El malestar popular in crescendo en Teherán y las principales ciudades iraníes pone contra las cuerdas al oficialismo, palpándose en el ambiente la posibilidad de un cambio de régimen. No obstante, los ejemplos de rebeliones anteriores (1999, 2009 y 2022) indican que el régimen teocrático sigue manteniendo una considerable capacidad de maniobra para mantenerse en el poder, sea por la represión brutal o la coacción disuasiva hacia diversos sectores religiosos, económicos, militares y burocráticos.

A pesar del apoyo indisimulado de EEUU e Israel, las redes de poder internas de Pahleví son aparentemente endebles. Pahleví lleva prácticamente toda su vida en el exilio (46 años) Si bien durante las protestas se han visto banderas con la insignia del león y del sol que identifica al Irán de la dinastía Pahleví, no resulta clara la activación de una plataforma unitaria de fuerzas políticas opositoras coordinadas para derribar al régimen que tengan como líder al hijo del último Sah.

Tradicionalmente en Irán la oposición es heterogénea, con partidos y movimientos comunistas, centristas, regionalistas y de otras tendencias que, visto el actual panorama, no parecen ofrecer una opción unitaria que aglutine el descontento.

Por otro lado, y más allá de la consecuente desinformación desde medios occidentales, hasta el momento no se han observado fisuras significativas en el entramado de poder iraní. La represión ha sido inmediatamente activada y tanto el GRI como los organismos de seguridad parecen dejar claro quién está al frente del poder.

Los ataques contra mezquitas y la rebelión femenina en clave de quema de velos mostrando las ansias de liberación social de las ataduras teocráticas son un material atractivo para los medios occidentales a la hora de construir el relato sobre la aparición de una nueva revolución iraní.

Estas informaciones convenientemente ocultan que Irán viene transitando una revolución social silenciosa en las últimas décadas, una «modernización» en clave propia que, si bien entraña expectativas aperturistas, las mismas no necesariamente congenian con los intereses occidentales.

Egipto (2013), Siria (2024) y Venezuela (2026): ¿precedentes para Irán?

En un aparente ejercicio de realpolitik, Pahleví, muy probablemente disuadido por Washington, ha instado a la masificación de las protestas con la intención de asestar un cambio de régimen en el cual ya ha dejado entrever que el GRI continuará siendo un actor preponderante.

Visto en perspectiva con lo que ha sucedido recientemente en otras latitudes (Siria post-Asad; Venezuela post-Maduro), el interés exterior estaría dirigido a propiciar el ascenso de un actor interno en Irán que erosione y socave el régimen teocrático «desde dentro» e inicie tentativamente una transición democrática que reconduzca a Irán a las esferas de influencia estadounidense e israelí tras casi cinco décadas de régimen teocrático islamista.

Este ejercicio de poder, de consecuencias inciertas dentro de la actual crisis iraní, implicaría para Occidente e Israel fomentar una figura de peso y con notables consensos, sea por la fuerza o por la negociación, para dar curso a las expectativas de «cambio de régimen». Los ejemplos de Ahmed al Sharaa en Siria y el más reciente de Delcy Rodríguez en Venezuela podrían explicar estos intereses exteriores que ahora quieren verse reproducidos en un hipotético Irán post-ayatolás.  

La caída de Maduro, un estrecho aliado iraní, sirve a Israel como atenuante a la hora de cortar la cadena de transmisión exterior de Teherán a través de «proxy wars» vía Hizbulá en Líbano, hutíes en Yemen y milicias chiítas en Irak. Mientras arden las calles iraníes, los ataques israelíes contra objetivos de Hizbulá al sur del Líbano reflejan claramente esas expectativas toda vez aumentan las informaciones sobre la posibilidad de renovación de la confrontación armada entre Irán e Israel tras la «guerra de los doce días» de junio pasado, cuyo resultado militar verificó una paridad de fuerzas a pesar de contar Israel con el apoyo estadounidense y europeo.

Por otro lado, el inédito reconocimiento de Israel a Somalilandia, un Estado de facto hasta ahora no reconocido por ningún país, supone igualmente una cabeza de puente para Tel Aviv a la hora de monitorear a Irán desde el Cuerno de África para ejercer presión sobre el Golfo de Adén y Yemen.

Otro escenario que podría abrirse en Irán sería un eventual «golpe palaciego» similar al que realizó en 2013 el entonces general y actualmente presidente egipcio Abdelfatah al Sissi contra el gobierno islamista dirigido por Mohammed Morsi, fallecido en 2019 tras un cautiverio en prisión. Tras ganar las elecciones presidenciales en 2014, al Sissi ha gobernado por la vía autoritaria del pretorianismo militar, amparado en el poder corporativo de las Fuerzas Armadas, los organismos de seguridad y la burocracia heredada del anterior régimen de Hosni Mubarak, depuesto en 2011 por las denominadas «Primaveras árabes».

Más allá de su poder autoritario frecuentemente tildado de «faraónico», al Sissi se ha convertido en un «hombre fuerte» y de consensos con capacidad de interlocución ante actores exógenos tan disímiles y con intereses en disputa como EEUU, Rusia, China, Israel, Arabia Saudita, Turquía e incluso el propio Irán, al que al Sissi acusó en su momento de estar detrás del islamismo político egipcio monopolizado por la Hermandad Musulmana.

El ejemplo egipcio puede servir como catalizador para esos intereses occidentales en un Irán post-ayatolás domesticado y neutralizado en cuanto a su potencial militar y económico, que ya no constituya una «amenaza» para Israel vía «proxy wars» y acercándolo a las esferas de influencia de EEUU para el control de sus apetecidos recursos naturales; una réplica de lo que Washington está llevando a cabo en la Venezuela post-Maduro con Delcy Rodríguez transitoriamente al frente del poder.

No obstante, y en caso de así observarse, no resulta claro si la posibilidad del desalojo de la casta teocrática de los ayatolás llevará necesariamente en Irán a la constitución de un régimen pro-occidental supeditado a los intereses estadounidenses que neutralicen la capacidad iraní de desafiar a Israel y Arabia Saudita, los principales aliados de Washington en la región o, en todo caso, a una situación similar a la Siria post-Asad.

Más allá del previsible sesgo propagandístico, las informaciones oficiales de Teherán sobre detenciones de agentes del Mossad por parte de las fuerzas de seguridad iraníes evidenciarían esa intromisión israelí en la crisis del país persa.

En redes sociales son prolíficas las informaciones, la mayor parte provenientes de medios israelíes, sobre la conjunción de intereses entre Israel y las expectativas de cambios de diversos sectores dentro y fuera de Irán. No debemos olvidar que, tras Israel, Irán es el país de Oriente Medio con mayor población de origen judío, unas 10.000 personas, principalmente ubicadas en Teherán y Shiraz. Este factor ha sido constantemente «explotado» en las redes sociales como un subliminal mensaje político que cobra intensidad en este momento de protestas en Irán.

Por otro lado, la alianza iraní con Rusia y China, principalmente en materia económica y de desarrollo del programa nuclear, determina un componente de fortaleza para el actual statu quo en el poder, fuertemente solidificado por una GRI que, si la situación lo requiere, podría dar un paso al frente para eventualmente constituir un régimen de pretorianismo militar que, neutralizando el poder de la teocracia, combine nacionalismo y populismo como vectores de cohesión social y política en un hipotético Irán post-ayatolás.

En el caso de Moscú, el reciente ataque con misiles Oreshnik en el occidente de Ucrania implica un anclaje de la doctrina de seguridad rusa como medida disuasiva del Kremlin hacia Occidente tras la caída de Maduro y la posibilidad de que las protestas en Irán lleven a un cambio de régimen.

Este contexto también implica a Europa. La primera ministra italiana Giorgia Meloni rompió el consenso belicista predominante en Bruselas al instar a la posibilidad de un diálogo con Rusia. Con anterioridad, el presidente francés Emmanuel Macron adoptó una posición similar. Una Unión Europea debilitada por la unilateralidad de Trump en Ucrania, Venezuela y Groenlandia sopesa ahora posibles escenarios de distensión con Rusia, un giro copernicano a su hasta ahora irreductible apoyo a Ucrania.

Está por verse si este eventual e incierto cambio de posición europea con Rusia tiene algún tipo de implicación sobre lo que está sucediendo en Irán, especialmente ante las expectativas de crisis en el suministro petrolero desde el país persa y ante la hegemónica posición estadounidense hacia el petróleo venezolano.

Finalmente está el equilibrio del mosaico interétnico y religioso iraní, con predominante peso de la población de origen persa conviviendo con comunidades de kurdos, armenios, árabes, turcomanos, baluchíes, entre otros. No es un secreto que desde el exterior se han intentado crear situaciones de desintegración territorial dentro de Irán, con la posible creación de «bantustanes» con esferas de influencia principalmente para EEUU, Israel, Arabia Saudita y Turquía.

Especial atención cobra el caso del irredentismo kurdo y sus expectativas de creación de una entidad estatal independiente entre Turquía, Siria, Irak e Irán. Mientras las fuerzas sirias tomaron el control de la estratégica ciudad de Aleppo tras un ataque de fuerzas kurdas, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ayudó al GRI a doblegar a irrendentistas kurdos del PJAK aparentemente apoyados por Israel y EEUU y que habrían ingresado en territorio iraní por las provincias de Ilam y Kermanshah.

La Organización de Inteligencia Nacional de Turquía (MIT por sus siglas en turco) estaba rastreando a los separatistas del PJAK en Irak y en Irán, y compartiendo información con el CGRI, lo que explicaría cómo pudieron neutralizar rápidamente a los separatistas kurdos.

 

* Analista de Geopolítica y Relaciones Internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) y colaborador en think tanks y medios digitales en España, EEUU e América Latina. Analista Senior de la SAEEG.

 

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RESERVAS, CIUDADANÍA Y DEFENSA NACIONAL: LA URGENCIA DE MODERNIZAR EL SISTEMA ESTRATÉGICO ARGENTINO

«… con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defens común…»

Preámbulo de la Constitución de la Nación Argentina

 

La discusión sobre la modernización del sistema de defensa argentino vuelve al centro del debate en un contexto geopolítico global donde las naciones más sólidas han integrado a la ciudadanía en estructuras de movilización, apoyo y reserva. Sin embargo, el ordenamiento jurídico argentino presenta vacíos significativos respecto del estatus, derechos y funciones de la Reserva Voluntaria, un componente que resulta indispensable para garantizar la resiliencia estratégica del Estado.

Tres modelos de ciudadanía y defensa: Estados Unidos, Suiza e Israel ante el desafío de la seguridad contemporánea

En un mundo donde las amenazas se diversifican más rápido que las respuestas estatales, la relación entre ciudadanía, armas y defensa nacional vuelve a ocupar un lugar central en el debate público. Estados Unidos, Suiza e Israel representan tres modelos radicalmente distintos ―aunque con raíces comunes― sobre cómo un Estado concibe el rol del ciudadano en su propia seguridad. Desde el derecho individual a portar armas hasta la obligación constitucional de participar en la milicia, cada caso ilumina, con sus luces y sombras, cómo se construye la defensa en democracias modernas bajo presiones históricas específicas.

Estados Unidos: el pueblo armado como barrera contra la tiranía

La Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense, redactada en 1791, sostiene que «siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas»[1]. Este enunciado, tan citado como debatido, adquiere una dimensión más clara cuando se lo ubica en su contexto original: un país recién independizado, temeroso de los ejércitos permanentes y profundamente desconfiado del poder central.

Alexander Hamilton y James Madison[2], autores de El Federalista, planteaban que la ciudadanía armada era la mejor garantía contra un gobierno que pudiera tornarse opresivo. La idea de que «un pueblo armado no puede ser subyugado» se convirtió en uno de los pilares culturales y políticos de la identidad estadounidense.

Hoy, ese concepto convive con regulaciones modernas como el Armed Forces Reserve Act, que organiza las reservas militares, y la ley USERRA[3], que protege los derechos laborales de quienes sirven como reservistas. El resultado es un modelo híbrido: mezcla el derecho individual con estructuras estatales formales, manteniendo viva la noción del «ciudadano-soldado».

Suiza: la defensa como deber constitucional

A diferencia de Estados Unidos, donde la posesión de armas se presenta como un derecho, Suiza convierte la defensa en un deber. Su Constitución es explícita: todo ciudadano masculino debe realizar el servicio militar[4], y quien no lo hace paga un impuesto compensatorio. Las mujeres pueden participar voluntariamente.

Este sistema, conocido como milicia, no es una simple tradición. Es una institución profundamente arraigada en la identidad suiza, que sostiene la idea de una «neutralidad armada». La lógica es simple: un país pequeño rodeado de grandes potencias solo puede garantizar su independencia si su población está entrenada y organizada.

Los cantones, además, mantienen competencias en materia de oficiales y equipamiento, reforzando un federalismo que distribuye el poder y evita la centralización excesiva de la fuerza militar. En Suiza, el arma no es un símbolo de libertad individual, sino una responsabilidad ciudadana.

Israel: la reserva activa como forma de supervivencia

En Israel, la relación entre sociedad y defensa adquiere otra dimensión, marcada por un contexto de conflicto permanente desde la creación del Estado en 1948. Aquí, el servicio militar obligatorio se prolonga luego de la baja mediante un sistema de reservas activas[5]: ciudadanos que, aun reintegrados a la vida civil, continúan realizando jornadas mensuales y períodos anuales de entrenamiento, y pueden ser convocados de inmediato ante un estado de emergencia.

La ley permite al ministro de Defensa emitir órdenes de movilización masiva con un simple aviso al Knesset. En la práctica, esto da lugar a un modelo único en el mundo: una sociedad donde casi cada familia tiene vínculos directos con las Fuerzas de Defensa de Israel y donde la frontera entre civil y militar se vuelve difusa en momentos de crisis.

Más que un modelo cívico, la reserva israelí es un mecanismo de supervivencia nacional. La rápida movilización de cientos de miles de ciudadanos entrenados es la piedra angular de su estrategia militar.

Tres caminos para un mismo desafío

Aunque Estados Unidos, Suiza e Israel llegan a soluciones distintas, todos comparten una premisa común: la seguridad nacional no depende únicamente de un ejército profesional, sino también de ciudadanos capacitados y comprometidos con la defensa del Estado.

    • EE.UU. apuesta al derecho individual para evitar la concentración excesiva del poder.
    • Suiza sostiene la obligación colectiva, integrando la defensa en la identidad cívica.
    • Israel impone una disponibilidad permanente, adaptada a un entorno geopolítico hostil.

Los tres modelos plantean preguntas fundamentales para cualquier democracia contemporánea:

    • ¿qué papel debe ocupar el ciudadano en su propia defensa?,
    • ¿dónde termina el derecho y comienza el deber? y
    • ¿y cómo se equilibra la libertad con la seguridad?
Antecedentes normativos: un marco que demanda actualización

La Ley 13.234[6] estableció la organización de la Nación para el tiempo de guerra, creando un sistema de movilización que respondía a las necesidades estratégicas del siglo XX. Posteriormente, la Ley 16.970[7] definió los principios de la Defensa Nacional bajo un paradigma estatal centralizado y doctrinario (República Argentina, 1966).

La Ley 23.554[8], que aún constituye la base del Sistema de Defensa, introdujo el principio de conducción política y delimitó las funciones entre defensa y seguridad interior. No obstante, esta normativa carece de un apartado integral sobre la misión, funciones y derechos del personal de reserva, lo cual genera un vacío jurídico relevante.

Asimismo, la Ley 19.101[9] regula el régimen del personal militar pero no reconoce expresamente el estatus del reservista voluntario ni su derecho a un régimen previsional, sanitario o de carrera claramente definido.

La doctrina de Colmar von der Goltz y la actualidad estratégica global

La conceptualización moderna de la «nación en armas», propuesta por Colmar von der Goltz en Das Volk in Waffen[10] («El Pueblo en Armas»), sostiene que la defensa no es solo responsabilidad del ejército regular, sino también del conjunto de la ciudadanía instruida y organizada.

Este principio se refleja hoy en doctrinas contemporáneas, como la política exterior y de defensa de China, cuyo enfoque estratégico integra reservas activas, movilización civil y participación directa del ciudadano en la estructura de seguridad nacional[11].

El mensaje es claro: una nación sin reservistas capacitados y reconocidos carece de una capacidad real y sostenible de defensa.

La necesidad de reconocer derechos: el espejo de los Bomberos Voluntarios

Argentina ya cuenta con antecedentes normativos que reconocen el servicio público de carácter esencial. La Ley 25.054[12], que regula a los Bomberos Voluntarios, reconoce derechos previsionales, cobertura médica y protección jurídica para quienes prestan un servicio público vital. La Ley 27.629[13] refuerza esta visión al otorgar un Régimen Tarifario Especial Gratuito para garantizar condiciones básicas a quienes sirven a la comunidad.

Si este reconocimiento es válido ―como lo es― para cuerpos voluntarios civiles, resulta lógico que los reservistas militares, que cumplen funciones asociadas a la defensa nacional, accedan a categorías equivalentes de protección legal y social.

Propuestas para una modernización normativa con enfoque estratégico

Para adecuar el sistema de defensa argentino a las demandas contemporáneas, especialistas proponen:

  1. Actualizar la Ley 23.554

Incorporando:

  • misión específica de la reserva,
  • funciones,
  • obligaciones y derechos,
  • régimen de movilización y
  • capacitación anual obligatoria.
  1. Modificar la Ley 19.101 de Personal Militar

Reconociendo:

  • estatus jurídico del reservista voluntario activo,
  • derecho a carrera y ascenso,
  • plan anual de capacitación y
  • acceso a cursos regulares del cuerpo permanente.
  1. Crear un decreto reglamentario exclusivo para la Reserva Voluntaria

Que establezca:

  • credencial oficial habilitante,
  • incorporación al sistema de salud militar,
  • aportes previsionales equivalentes a los Bomberos Voluntarios y
  • beneficios sociales similares al personal permanente.
  1. Incorporar contratos temporales remunerados

Para casos de:

  • emergencias nacionales,
  • ejercicios prolongados y
  • necesidades operativas.

Además, si un reservista sufre lesión en acto de servicio debería integrar transitoriamente el cuadro permanente con cobertura plena hasta su alta médica. Finalmente, con la edad jubilatoria cumplida, debería acceder a una pensión proporcional por el servicio prestado.

Conclusión: hacia un modelo de ciudadanía estratégica

La comparación doctrinaria e internacional muestra que la defensa moderna no se sostiene únicamente en fuerzas regulares, sino en sistemas dinámicos de movilización ciudadana.

Reconocer jurídicamente al reservista argentino no solo es un acto de justicia, sino una condición necesaria para fortalecer la defensa nacional, adaptarla al siglo XXI y cumplir con estándares internacionales de preparación estratégica.

Una Argentina más segura requiere, inevitablemente, reservistas respetados, capacitados y protegidos.

* Licenciado en Seguridad. Especialista en Análisis de Inteligencia y Maestrando en Inteligencia Estratégica Nacional, con experiencia en estrategia, geopolítica, tasalopolítica, producción de información, así como en Seguridad y Protección de Infraestructuras Críticas.

Referencias

[1] Constitución de los Estados Unidos. (1791). Segunda Enmienda, https://www.heritage.org/constitution/amendments/2/essays/142/to-keep-and-bear-arms.

[2] Hamilton, A., Madison, J., & Jay, J. The Federalist Papers (Edición Jacob E. Cooke). Wesleyan University Press, 1787-1788.

[3] United States Congress. (1994). USERRA – Uniformed Services Employment and Reemployment Rights Act, https://www.encyclopedia.com/history/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/armed-forces-reserve-act-1952#:~:text=La%20ley%20estableci%C3%B3%20tres%20categor%C3%ADas,el%20proceso%20de%20planificaci%C3%B3n%20militar.&text=Eileen%20Galloway%2C%20Historia%20de%20la,%2C%201943%2D1969%20%2C%201985.&text=Elija%20un%20estilo%20a%20continuaci%C3%B3n%20y%20copie%20el%20texto%20para%20su%20bibliograf%C3%ADa.&text=APA-,Ley%20de%20Reserva%20de%20las%20Fuerzas%20Armadas%20(1952).,13%20de%20agosto%20de%202025%20.

[4] Constitución Federal de la Confederación Suiza (1999), https://www.wipo.int/wipolex/en/text/498812

[5] Gobierno del Estado de Israel. (2023). Defense Service Law, https://www.jewishvirtuallibrary.org/israel-defense-service-law-1986#google_vignette.

[6] Ley 13.234 (1948). Organización de la Nación para el Tiempo de Guerra. https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/45000-49999/46836/norma.htm.

[7] Ley 16.970 (1966). Bases jurídicas, orgánicas y funcionales para la preparación y ejecución de la Defensa Nacional. https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/45000-49999/46836/norma.htm.

[8] Ley 23.554 (1988)– Principios básicos. Finalidad y estructura del sistema. Organización de las Fuerzas Armadas. Servicio de Defensa Nacional. Organización Territorial y Movilización. https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/20988/texact.htm.

[9] Ley Nº 19.101 (1971). Ley para el Personal Militar. https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/19875/norma.htm.

[10] Goltz, C. von der. The nation in arms. Publisher London: Hodder and Stoughton. Contributor University of California Libraries, 1913, https://archive.org/details/nationinarmstrea00golt/page/20/mode/2up.

[11] State Council of the People’s Republic of China. (2019). China’s National Defense in the New Era. Beijing: Information Office of the State Council.

[12] Ley 25.054 (1998). Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/50000-54999/54903/texact.htm.

[13] Ley 27.629 (2021). Régimen Tarifario Especial Gratuito. https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/350000-354999/350984/norma.htm.

 

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