Santiago González*

Como el ejecutivo y el legislativo, el poder judicial no escapa a la corruptela que socava las instituciones de la República

Pudo haber sido un momento bisagra en la salud de la República, una de esas instancias en que la sociedad restaña su dignidad lastimada y se pone de pie para enfrentar la fuente del daño. Como en su momento lo fue el juicio a las juntas: más allá de los episodios concretos examinados en ese tribunal, lo que la sociedad civil esperaba de una sanción ejemplar era poner fin a la continua intromisión del estamento militar en la vida política, perturbada una y otra vez en su desarrollo normal y natural. Del juicio a Cristina Kirchner, tal como fue presentado a la opinión pública, la sociedad esperaba un “nunca más” a la corruptela que socava la vida nacional desde que la democracia recuperó la formalidad de sus instituciones.

Esas expectativas, lamentablemente, se vieron frustradas. El fallo dictado por el tribunal que examinó el caso parece más orientado a sostener en el corto plazo el titular Cristina condenada, habilitando al mismo tiempo su posterior sobreseimiento, que a imponer una sanción ejemplar contra las prácticas corruptas. Al descartar la figura de la asociación ilícita, el fallo desbarata el esqueleto mismo de la acusación de los fiscales (que de inmediato prometieron apelarlo por esa razón), y al absolver a Julio de Vido, eslabón indispensable en la cadena de responsabilidades que se pretende elevar hasta la viuda de Kirchner, obsequia un argumento decisivo a las esperables acciones de sus defensores en las instancias superiores.

Visto el inexplicable crecimiento patrimonial de la familia Kirchner, y el de sus amigos y presuntos testaferros, la familia Báez, y considerando la abrumadora información periodística sobre los mecanismos de recaudación, acumulación y lavado, el público no duda de que aquí hubo una asociación ilícita más o menos parecida a lo que describieron los fiscales Luciani y Mola. El problema es que la cabeza de esa asociación ilícita no fue Cristina sino Néstor Kirchner, y Néstor Kirchner está muerto. A Cristina no le cabe la acusación de administración fraudulenta, por la que fue condenada, porque nunca administró nada, sino, en todo caso, la de incumplimiento de los deberes de funcionario público por no haber denunciado mientras fue senadora o presidente lo que necesariamente debía ser de su conocimiento.

El procesamiento de la ex presidente estuvo mal planteado desde un principio, porque su propósito no era judicial sino político. Contra lo que suele decirse, la causa que condujo a la condena de Cristina Kirchner no es la que en 2008 inició Elisa Carrió contra Néstor Kirchner, De Vido y Lázaro Báez más o menos sobre el mismo asunto, y para su pesar recaída en el juzgado de Julián Ercolini, quien (eran otros tiempos) acababa de sobreseer a Néstor en una causa por enriquecimiento ilícito. La causa cuyo veredicto se conoció esta semana se abrió en 2016 a partir de una denuncia del funcionario macrista Javier Iguacel, fue instruida casualmente por el mismo juez Ercolini con la asistencia de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahíques, y apuntó directamente contra la ex presidente. La causa iniciada por Carrió apuntaba a combatir la corrupción, la que abrió Iguacel se proponía destruir políticamente a la ex presidente. Son dos cosas distintas.

El tribunal oral federal que juzgó a Cristina sintió la presión política y mediática que le exigía producir un fallo condenatorio y aparentemente no supo, no pudo o no quiso resistir esa presión. Pronunció su condena, pero salomónicamente también abrió espacios para una eventual absolución de la acusada en alguna instancia superior. Dicho de otro modo, satisfizo el propósito político de la causa, pero no cerró el camino a la justicia. Es claro que ésta no es una lectura jurídica sino periodística y provisoria de una sentencia cuyos fundamentos, por otra parte, el tribunal inexplicablemente decidió hacer públicos sólo dentro de tres meses. Una minuta adjunta al fallo entregado a la prensa no aportó datos o argumentos que permitieran modificar esta lectura. Y esta lectura no permite ilusionarse con ninguna regeneración moral de la República.

Resulta imposible separar el fallo condenatorio contra Cristina Kirchner del episodio de los excursionistas de Lago Escondido, no sólo porque salieron al conocimiento público casi simultáneamente, o porque la propia vicepresidente los vinculó al hablar después de conocido el fallo, sino porque los elencos involucrados son parecidos —jueces, operadores mediáticos, empresarios, funcionarios macristas, espías— e incluso hay apellidos como Ercolini o Mahíques que se repiten en uno y otro asunto. Ambos redondean una imagen deplorable de la justicia argentina, que se agrega a la imagen deplorable de los otros dos poderes, legislativo y ejecutivo, para completar el retrato más desalentador de toda nuestra historia republicana. Para donde se mire hay incompetencia o corrupción.

Esta mal que encumbrados dirigentes del mayor grupo de medios y comunicación de la Argentina inviten a jueces y funcionarios públicos a participar de excursiones con todos los gastos pagos y está mal que jueces y funcionarios acepten esas invitaciones; está peor que esos jueces y funcionarios acepten invitaciones de personas o grupos sobre los que han tomado en el pasado, o eventualmente podrían tomar en el futuro, decisiones capaces de incidir en los intereses de esas personas o grupos; y está mucho peor en este caso que la excursión haya sido a la propiedad de un extranjero que la adquirió en condiciones irregulares y que fue sobreseído al respecto justamente por uno de los jueces invitados al paseo.

Todo eso está mal desde la ética más elemental, más allá de que en uno u otro caso se haya cometido un delito tipificado por los códigos. Y por encima de todo lo que está mal, y de lo que está muy mal, y de lo que está peor, y de lo que constituye un delito, están escandalosamente mal las maniobras realizadas por la banda de turistas para encubrir todo lo que hicieron mal a sabiendas, analizando a tal fin todas las opciones de falsificación documental, amenazas físicas, extorsiones y engaños. E igualmente escandalosamente mal están los esfuerzos de la grandes empresas de medios para ocultar todo, o restarle importancia, o justificarlo invocando “amenazas a la intimidad” de los excursionistas.

La vicepresidente le prestó un gran servicio al país al exponer, de manera conceptualmente ordenada, la serie de conversaciones en que los turistas debaten la manera de zafar del problema en el que se metieron. Si no lo hubiera hecho, los medios lo habrían ocultado y no habría sido posible el conocimiento público de esas conversaciones, la arrogante seguridad que transmiten los interlocutores. Después de más de medio siglo de ejercer el periodismo en este bendito país debo decir que el tono de esas charlas me resulta extremadamente familiar: así es como habla el poder fáctico en la Argentina, así es como expresa sus complicidades, así es como se percibe por encima de la ley, aun cuando muchas veces se encuentre burdamente fuera de la ley.

Las conversaciones en las que los viajeros invitados por un grupo corporativo a vacacionar en la estancia de un extranjero indeseable discuten la manera de borrar las huellas de su mala conducta traen, con todo, una buena noticia para los ciudadanos: el poder le tiene miedo a los periodistas. Con las empresas de medios saben entenderse, pero los periodistas, individualmente considerados, siguen siendo un enigma para el poder, una rueda loca que no acaban de centrar en su eje. Ese temor se advierte en los términos generalmente despectivos y condescendientes con los que los contertulios se refieren a periodistas de los grandes medios, a quienes conocen por sus nombres, probablemente tratan con frecuencia y sobre los que tienen opiniones formadas (hasta dónde parece, bastante equivocadas).

Según una regla endosada por la vocera presidencial Gabriela Cerruti, un periodista debe contar con al menos tres fuentes que corroboren un dato antes de tomarlo como cierto. Esto quiere decir que un juez, un empresario y un político, entre whisky y whisky, durante una excursión por los lagos del sur, pueden construir una verdad periodística. A los poderosos les encantaría vivir en un mundo cuyas redacciones estuvieran pobladas de Cerrutis, repetidores políticamente correctos de relatos prefabricados. Los mismos que se sienten capaces de “hacer cagar” a un funcionario público, se muestran inquietos sobre lo que alguien pueda escribir acerca de ellos. Para estas personas, acostumbradas a llevarse las instituciones por delante, una computadora cualquiera en manos de un periodista incontrolable es un arma temible.

El público no imagina las trampas y presiones que un periodista debe sortear antes de escribir una noticia cuyo equilibrio lo satisfaga en principio a él mismo. Me refiero, por supuesto, a los profesionales, no a los periodistas militantes de cualquier tendencia obsesionados por acomodar los datos a un preconcepto ideológico. Esas trampas y presiones pueden venir de las fuentes, como lo revelan los diálogos entre los pasajeros de Lago Escondido, pero también de los propietarios de los medios para los que los periodistas trabajan. El público tiende a identificar a los periodistas con su medio, y viceversa, pero son cosas distintas: no fueron los periodistas de La Nación quienes escribieron en ese diario una defensa de lo indefendible, ni fueron los periodistas de Clarín quienes propusieron elaborar “una notita” para amenizarle la vida al jefe de la Policía Aeroportuaria.

* Estudió Letras en la Universidad de Buenos Aires y se inició en la actividad periodística en el diario La Prensa de la capital argentina. Fue redactor de la agencia noticiosa italiana ANSA y de la agencia internacional Reuters, para la que sirvió como corresponsal-editor en México y América central, y posteriormente como director de todos sus servicios en castellano. También dirigió la agencia de noticias argentina DyN, y la sección de información internacional del diario Perfil en su primera época. Contribuyó a la creación y fue secretario de redacción en Atlanta del sitio de noticias CNNenEspañol.com, editorialmente independiente de la señal de televisión del mismo nombre.

Artículo publicado el 08/12/2022 en Gaucho Malo, El sitio de Santiago González, https://gauchomalo.com.ar/