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LA CAIDA DEL ÚLTIMO BASTIÓN

F. Javier Blasco*

La defensa y resistencia a los ataques externos de todo país, coalición o alianza de ellos se basa en un territorio más o menos extenso, vigilado y dominado por una serie de puntos fuertes o bastiones de diversa entidad y fortaleza natural o artificial donde hacerse lo suficientemente fuertes para resistir los embates de cualquier enemigo que quiera hacerse con el domino del territorio en cuestión. Evitar que caigan la totalidad de los mismos o al menos, los más importantes o transcendentales, es vital para la subsistencia del anterior.

Desde la llegada al poder de la coalición social-comunista, sin tapujos ni cortapisas, unos con mayor claridad que otros, anunciaron la necesidad del “asalto a los cielos” y hacerse con el dominio de los medios de propaganda y comunicación y los poderes del Estado para hacer de su capa un sayo mediante su transformación —desde dentro de la democracia— en algo que ni se le parece.

Al igual de lo que sucedió en la Alemania nazi para que Hitler pudiera hacerse con el dominio total, Sánchez no ha dejado de aumentar su flaco poder mediante una transformación profunda de las capacidades del mismo, lo que le ha permitido legislar a su antojo y necesidad y obviar o derogar todo lo previamente establecido en defensa de la democracia y de la Constitución, para llegar a hacerse fuertes e insensibles a las críticas ajenas con el imprescindible y muy necesario apoyo directo e interesado de los mayores enemigos de España.

Dicho y hecho, a diferencia de lo que ocurre cuando gobierna la taciturna avergonzada, lenta y siempre recelosa derecha y a pesar de haber prometido de mil maneras a propios y extraños que esto nunca iba a ocurrir, la izquierda gobernante se puso manos a la tarea en menos de veinticuatro horas y pronto pudimos comprobar como la mayor parte de aquellos bastiones, en los que se apoyaba nuestra democracia, iban cayendo uno detrás de otro paulatinamente y sin solución de continuidad.

Ante tan alarmante progreso, algunos observadores acostumbrados al análisis desde el pensamiento crítico, pronto comenzamos a anunciar que la maquinaria de demolición ya estaba en marcha, que en breve a aquellas primeras conquistas —a las que la mayoría no daba importancia— les seguirían otros bastiones más importantes o por entendernos mejor, fundamentales para la marcha del Estado democrático.

La verdad, es que aquellas protestas o voces de alarma, al igual de lo que sucede con las predicas en el desierto, no hicieron mucha mella en la conciencia de los pocos que se atrevían escucharnos y, la mayoría de ellos nos tachaban de alarmistas, exagerados o personas con incontinencia mental.   

No creo que llegado a este punto sea preciso recordar toda la legislación desarrollada o derogada, los derechos conculcados, pisoteados y los puestos, cargos ocupados obscena o abusivamente por la forma de llegar a ellos o por los frutos y desarrollos posteriores llevados a cabo por aquellos babosos “perros fieles” que, como tales, harían lo que le mandase la voz de su amo, que para eso les mantuvo y mantiene en puestos bien remunerados y que además, sirven de trampolín o rampa de lanzamiento para, en su día, poder optar a otros puestos de mayor rango y remuneración, dentro de España o fuera de ella entre los muchos emboscados en la inmensa y casi inagotable maraña internacional.  

Vimos como los medios de información privada, la TVE y organismos que forjan la opinión como el CIS y otros variopintos institutos como el INE, la CMNV eran copados uno a uno de forma obscena y sin la menor resistencia. Cosa que ha ocurrido con el Consejo de Estado, la Abogacía del Estado, la fiscalía general, el defensor del Pueblo y otras entidades que se dedican a la administración de justicia. Tan solo restaba el Consejo General del Poder Judicial y el tribunal Supremo (ambos a punto de claudicar) y como verdadero fulcro o punto de apoyo, el más importante de todos ellos, el Tribunal Constitucional (TC).

El sistema político, que no de mérito —que erróneamente nos dimos o dejamos que nos impusieran con Felipe González y nunca corregido por las derechas— para cubrir los puestos en estos últimos órganos referidos, hace que la alternancia de sus miembros vaya en consonancia, aunque con cierto retraso, con el color del partido gobernante; o sea, de izquierdas o de derechas, con personajes mal llamados progresistas o conservadores respectivamente.

A lo largo de nuestra corta historia democrática, a pesar de la facilidad que dan los escaños y los apoyos para gobernar, siempre se ha mantenido un cierto reparo y vergüenza para que no se vieran claramente los plumeros de los jueces de los altos tribunales de forma ostensible y vergonzosa.

Pero dicha norma no escrita, como otras muchas más, aunque estén bien escritas y recogidas en leyes que hoy ya son papel mojado, no se ha aplicado por el gobierno sanchista, lo que le ha imprimido una forma de gobernar que da vértigo por los plazos y caminos que emplea para legislar y por los cambios de criterio aplicados a la legislación o normas en uso y vigentes por no estar no derogadas.

Tras ciertos retrasos y traspiés varios, finalmente Sánchez ha logrado poner en la presidencia del TC a aquel fiscal general que con Zapatero se hizo famoso por su sectaria forma de aplicar la Ley y por una frase famosa por la que justificaba sus deshonrosas actuaciones “en ocasiones las togas debían ensuciarse con el polvo del camino”. Frase que resumía todo, explicaba la catadura moral del individuo y dejaba entrever hasta qué punto podría llegar el sujeto en un futuro, si es que llegaba a ocupar un cargo de mayor enjundia.

Tal y como era de esperar y por desgracia, suele suceder, los viles servicios prestados por dicha persona le dieron la puerta de entrada al TC, y como cuando él accedió al tribunal las izquierdas estaban en minoría, su papel fundamental hasta el presente ha consistido en dinamitar la labor del propio TC, desprestigiar a sus compañeros o sus resoluciones, plagar de votos particulares en contra todo lo aprobado por la mayoría de sus “colegas” e insistir machaconamente en recusar a la inmensa parte de estos ante la menor sospecha de sombra o creencia sobre sus compañeros.

Hace pocas fechas, Sánchez consiguió su ansiado sueño forjado a pachas con Iglesias, obtener la mayoría de izquierdas en el TC y poner a la cabeza del mismo a su mayor y mejor perro fiel, el susodicho Conde Pumpido. Quien ha imprimido una inusitada celeridad en resolver casos atascados durante más de una década como el recurso planteado hace más de doce años por el Partido Popular a la famosa ley sobre el aborto de Zapatero, conocida como la Ley de plazos.

No ha hecho falta ni un segundo de discusión, un tema que era tan difícil o delicado y que sucesivos TCs no se atrevían a dilucidar, ha sido avalado en su totalidad por ideología partidista, sin cambiar ni una coma, a pesar de las recusaciones de cuatro de sus miembros (una presentada de forma voluntaria por una jueza de derechas); recusaciones de libro que implican al mismo presidente del tribunal y a su vicepresidenta y que, sin discusión alguna ni pestañear, fueron rechazadas de plano por el propio tribunal alegando determinadas triquiñuelas, a pesar de que sus casos están claramente recogidos en la legislación vigente sobre el tema.

Estos gestos y actuaciones de falta de escrúpulos y conciencia ponen de manifiesto el peligro que se corre en España a partir del momento presente. El TC claramente ha perdido su origen y razón de ser y actuará en beneficio de Sánchez, el sanchismo y todos los bodrios de leyes que son y serán aprobados por un consejo de ministros, desnortado, incompetente y totalmente parcial, con derivas peligrosas hacia un rancio comunismo del que ya conocemos sus “grandes frutos” en América Latina.

Da la casualidad que esto sucede el mismo día en el que el gobierno consigue —sobre el toque de campana— que se apruebe en las Cortes la Ley del Bienestar animal con lo que la casualidad o la causalidad hacen coincidir en una misma fecha el aval a una ley que ayuda a la desaparición de unos cien mil seres vivos al año, con otra por la que se protege a los animales hasta extremos de vértigo, que enrojecen al más pintado y con un mínimo de dignidad.

España un país con crecimiento decreciente se permite el lujo de perder a tantos conciudadanos por la parte de debajo de la curva, y al mismo tiempo, con la también aprobada ley de Eutanasia lo hace por la parte de arriba, a lo que habrá que sumar los casos a mayores que se producirán cuando se apruebe, sin ningún tipo de dudas, la nueva Ley del aborto por la que el acto podrá ser libre, sin control ni permiso paterno desde muy corta edad y circunstancia.

Que el TC haya caído en las manos en las que está, en el que una gran parte del mismo se nutre de estómagos agradecidos y personal bien alimentado y el resto de los de izquierdas son totalmente fieles a lo que pregone Sánchez, hace que “los agoreros” que veíamos llegar este momento y sus consecuencias, prediquemos ahora, que dicho organismo dejará de ser el último bastión o dique de contención que, como venía haciendo, pare los delirios de un presidente y un gobierno totalmente desnortado, incapaz y fuera de sus casillas.

Y yo me pregunto, ¿Qué hace y que hará la UE ante estos abusos de poder tan poco democráticos? La respuesta es bien sencilla, nada. España no es ni Hungría ni Polonia y seguro que Sánchez, como de costumbre, les convencerá a base de mentiras y dándoles buenas promesas a la larga, que nunca se podrán comprobar.

 

* Coronel de Ejército de Tierra (Retirado) de España. Diplomado de Estado Mayor, con experiencia de más de 40 años en las FAS. Ha participado en Operaciones de Paz en Bosnia Herzegovina y Kosovo y en Estados Mayores de la OTAN (AFSOUTH-J9). Agregado de Defensa en la República Checa y en Eslovaquia. Piloto de helicópteros, Vuelo Instrumental y piloto de pruebas. Miembro de la SAEEG.

FALLOS Y FALLIDOS

Santiago González*

Como el ejecutivo y el legislativo, el poder judicial no escapa a la corruptela que socava las instituciones de la República

 

Pudo haber sido un momento bisagra en la salud de la República, una de esas instancias en que la sociedad restaña su dignidad lastimada y se pone de pie para enfrentar la fuente del daño. Como en su momento lo fue el juicio a las juntas: más allá de los episodios concretos examinados en ese tribunal, lo que la sociedad civil esperaba de una sanción ejemplar era poner fin a la continua intromisión del estamento militar en la vida política, perturbada una y otra vez en su desarrollo normal y natural. Del juicio a Cristina Kirchner, tal como fue presentado a la opinión pública, la sociedad esperaba un “nunca más” a la corruptela que socava la vida nacional desde que la democracia recuperó la formalidad de sus instituciones.

Esas expectativas, lamentablemente, se vieron frustradas. El fallo dictado por el tribunal que examinó el caso parece más orientado a sostener en el corto plazo el titular Cristina condenada, habilitando al mismo tiempo su posterior sobreseimiento, que a imponer una sanción ejemplar contra las prácticas corruptas. Al descartar la figura de la asociación ilícita, el fallo desbarata el esqueleto mismo de la acusación de los fiscales (que de inmediato prometieron apelarlo por esa razón), y al absolver a Julio de Vido, eslabón indispensable en la cadena de responsabilidades que se pretende elevar hasta la viuda de Kirchner, obsequia un argumento decisivo a las esperables acciones de sus defensores en las instancias superiores.

Visto el inexplicable crecimiento patrimonial de la familia Kirchner, y el de sus amigos y presuntos testaferros, la familia Báez, y considerando la abrumadora información periodística sobre los mecanismos de recaudación, acumulación y lavado, el público no duda de que aquí hubo una asociación ilícita más o menos parecida a lo que describieron los fiscales Luciani y Mola. El problema es que la cabeza de esa asociación ilícita no fue Cristina sino Néstor Kirchner, y Néstor Kirchner está muerto. A Cristina no le cabe la acusación de administración fraudulenta, por la que fue condenada, porque nunca administró nada, sino, en todo caso, la de incumplimiento de los deberes de funcionario público por no haber denunciado mientras fue senadora o presidente lo que necesariamente debía ser de su conocimiento.

El procesamiento de la ex presidente estuvo mal planteado desde un principio, porque su propósito no era judicial sino político. Contra lo que suele decirse, la causa que condujo a la condena de Cristina Kirchner no es la que en 2008 inició Elisa Carrió contra Néstor Kirchner, De Vido y Lázaro Báez más o menos sobre el mismo asunto, y para su pesar recaída en el juzgado de Julián Ercolini, quien (eran otros tiempos) acababa de sobreseer a Néstor en una causa por enriquecimiento ilícito. La causa cuyo veredicto se conoció esta semana se abrió en 2016 a partir de una denuncia del funcionario macrista Javier Iguacel, fue instruida casualmente por el mismo juez Ercolini con la asistencia de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahíques, y apuntó directamente contra la ex presidente. La causa iniciada por Carrió apuntaba a combatir la corrupción, la que abrió Iguacel se proponía destruir políticamente a la ex presidente. Son dos cosas distintas.

El tribunal oral federal que juzgó a Cristina sintió la presión política y mediática que le exigía producir un fallo condenatorio y aparentemente no supo, no pudo o no quiso resistir esa presión. Pronunció su condena, pero salomónicamente también abrió espacios para una eventual absolución de la acusada en alguna instancia superior. Dicho de otro modo, satisfizo el propósito político de la causa, pero no cerró el camino a la justicia. Es claro que ésta no es una lectura jurídica sino periodística y provisoria de una sentencia cuyos fundamentos, por otra parte, el tribunal inexplicablemente decidió hacer públicos sólo dentro de tres meses. Una minuta adjunta al fallo entregado a la prensa no aportó datos o argumentos que permitieran modificar esta lectura. Y esta lectura no permite ilusionarse con ninguna regeneración moral de la República.

 

Resulta imposible separar el fallo condenatorio contra Cristina Kirchner del episodio de los excursionistas de Lago Escondido, no sólo porque salieron al conocimiento público casi simultáneamente, o porque la propia vicepresidente los vinculó al hablar después de conocido el fallo, sino porque los elencos involucrados son parecidos —jueces, operadores mediáticos, empresarios, funcionarios macristas, espías— e incluso hay apellidos como Ercolini o Mahíques que se repiten en uno y otro asunto. Ambos redondean una imagen deplorable de la justicia argentina, que se agrega a la imagen deplorable de los otros dos poderes, legislativo y ejecutivo, para completar el retrato más desalentador de toda nuestra historia republicana. Para donde se mire hay incompetencia o corrupción.

Esta mal que encumbrados dirigentes del mayor grupo de medios y comunicación de la Argentina inviten a jueces y funcionarios públicos a participar de excursiones con todos los gastos pagos y está mal que jueces y funcionarios acepten esas invitaciones; está peor que esos jueces y funcionarios acepten invitaciones de personas o grupos sobre los que han tomado en el pasado, o eventualmente podrían tomar en el futuro, decisiones capaces de incidir en los intereses de esas personas o grupos; y está mucho peor en este caso que la excursión haya sido a la propiedad de un extranjero que la adquirió en condiciones irregulares y que fue sobreseído al respecto justamente por uno de los jueces invitados al paseo.

Todo eso está mal desde la ética más elemental, más allá de que en uno u otro caso se haya cometido un delito tipificado por los códigos. Y por encima de todo lo que está mal, y de lo que está muy mal, y de lo que está peor, y de lo que constituye un delito, están escandalosamente mal las maniobras realizadas por la banda de turistas para encubrir todo lo que hicieron mal a sabiendas, analizando a tal fin todas las opciones de falsificación documental, amenazas físicas, extorsiones y engaños. E igualmente escandalosamente mal están los esfuerzos de la grandes empresas de medios para ocultar todo, o restarle importancia, o justificarlo invocando “amenazas a la intimidad” de los excursionistas.

La vicepresidente le prestó un gran servicio al país al exponer, de manera conceptualmente ordenada, la serie de conversaciones en que los turistas debaten la manera de zafar del problema en el que se metieron. Si no lo hubiera hecho, los medios lo habrían ocultado y no habría sido posible el conocimiento público de esas conversaciones, la arrogante seguridad que transmiten los interlocutores. Después de más de medio siglo de ejercer el periodismo en este bendito país debo decir que el tono de esas charlas me resulta extremadamente familiar: así es como habla el poder fáctico en la Argentina, así es como expresa sus complicidades, así es como se percibe por encima de la ley, aun cuando muchas veces se encuentre burdamente fuera de la ley.

 

Las conversaciones en las que los viajeros invitados por un grupo corporativo a vacacionar en la estancia de un extranjero indeseable discuten la manera de borrar las huellas de su mala conducta traen, con todo, una buena noticia para los ciudadanos: el poder le tiene miedo a los periodistas. Con las empresas de medios saben entenderse, pero los periodistas, individualmente considerados, siguen siendo un enigma para el poder, una rueda loca que no acaban de centrar en su eje. Ese temor se advierte en los términos generalmente despectivos y condescendientes con los que los contertulios se refieren a periodistas de los grandes medios, a quienes conocen por sus nombres, probablemente tratan con frecuencia y sobre los que tienen opiniones formadas (hasta dónde parece, bastante equivocadas).

Según una regla endosada por la vocera presidencial Gabriela Cerruti, un periodista debe contar con al menos tres fuentes que corroboren un dato antes de tomarlo como cierto. Esto quiere decir que un juez, un empresario y un político, entre whisky y whisky, durante una excursión por los lagos del sur, pueden construir una verdad periodística. A los poderosos les encantaría vivir en un mundo cuyas redacciones estuvieran pobladas de Cerrutis, repetidores políticamente correctos de relatos prefabricados. Los mismos que se sienten capaces de “hacer cagar” a un funcionario público, se muestran inquietos sobre lo que alguien pueda escribir acerca de ellos. Para estas personas, acostumbradas a llevarse las instituciones por delante, una computadora cualquiera en manos de un periodista incontrolable es un arma temible.

El público no imagina las trampas y presiones que un periodista debe sortear antes de escribir una noticia cuyo equilibrio lo satisfaga en principio a él mismo. Me refiero, por supuesto, a los profesionales, no a los periodistas militantes de cualquier tendencia obsesionados por acomodar los datos a un preconcepto ideológico. Esas trampas y presiones pueden venir de las fuentes, como lo revelan los diálogos entre los pasajeros de Lago Escondido, pero también de los propietarios de los medios para los que los periodistas trabajan. El público tiende a identificar a los periodistas con su medio, y viceversa, pero son cosas distintas: no fueron los periodistas de La Nación quienes escribieron en ese diario una defensa de lo indefendible, ni fueron los periodistas de Clarín quienes propusieron elaborar “una notita” para amenizarle la vida al jefe de la Policía Aeroportuaria.

 

* Estudió Letras en la Universidad de Buenos Aires y se inició en la actividad periodística en el diario La Prensa de la capital argentina. Fue redactor de la agencia noticiosa italiana ANSA y de la agencia internacional Reuters, para la que sirvió como corresponsal-editor en México y América central, y posteriormente como director de todos sus servicios en castellano. También dirigió la agencia de noticias argentina DyN, y la sección de información internacional del diario Perfil en su primera época. Contribuyó a la creación y fue secretario de redacción en Atlanta del sitio de noticias CNNenEspañol.com, editorialmente independiente de la señal de televisión del mismo nombre.

 

Artículo publicado el 08/12/2022 en Gaucho Malo, El sitio de Santiago González, https://gauchomalo.com.ar/

PATAGONIA: UN ENFOQUE EQUIVOCADO

Marcelo Javier de los Reyes*

Desde hace unos años, periódicamente, la prensa nacional da a conocer los ataques violentos, generalmente incendiarios, provocados en el norte de la cordillera patagónica por un grupo autodenominado «Resistencia Ancestral Mapuche», organización que reivindica la existencia de un estado racial araucano en una parte de la Patagonia, región geográfica a la que muchas veces, erróneamente, se agrega el adjetivo «argentina». Hay una sola Patagonia y es la ubicada en la Argentina. La zona lindera ubicada en Chile, debe ser llamada «Araucanía». Este punto, que parece una inocente «cuestión de nombre», tiene una relación directa con el tema aquí tratado.

Las acciones violentas de dicho grupo, vinculado con otros similares existentes en Chile, como la «Coordinadora Arauco-Malleuco», son esporádicos, razón por la cual la prensa —y por ende el gobierno y la ciudadanía— deje al poco tiempo de prestar atención al tema. Sin embargo, el problema, del cual la manifestación violenta es sólo una faceta, subsiste y sigue presentándose en formas menos agresivas hasta un nuevo brote de violencia. De esa manera, un enfoque equivocado que puntualiza sólo las manifestaciones violentas del fenómeno permite que su tratamiento sea apenas ocasional en los medios… pero «el problema» sigue existiendo. Ese problema es la existencia en el territorio nacional de la Argentina de grupos organizados, de distintas características, pertenecientes a una etnia no originaria de nuestro país. Estos grupos provocan acciones de diversa naturaleza para obtener su reconocimiento como una «nación dentro de la nación», incluyendo la soberanía sobre determinados sectores geográficos y la introducción de hecho de conceptos doctrinarios que contradicen la legislación vigente. Tal etnia es la araucana.

Es justo aclarar que muchos descendientes de esa etnia viven en el territorio nacional, totalmente integrados a la población en su carácter de ciudadanos argentinos. Estos ciudadanos, si bien reivindican con orgullo su origen y sus costumbres, como lo hace cualquier ciudadano argentino cuyos antepasados hayan venido de otro país —italianos, españoles, alemanes, polacos, árabes, etc., no se vinculan con los movimientos que pretenden vulnerar la Soberanía Nacional. Uno de los ejemplos que pueden citarse, es el del sargento ayudante de la Brigada Rural de la Policía de Neuquén José Eduardo Aigo, descendiente de esa etnia, quien fue asesinado el 7 de marzo del 2012 por dos guerrilleros de organizaciones terroristas chilenas.

Sargento Ayudante José Eduardo Aigo

El hecho ocurrió cuando el sargento ayudante Aigo los descubrió regresando a su país por un paso no autorizado, tras la ejecución de acciones junto a los grupos violentos araucanos en la Patagonia. Aigo fue asesinado por la espalda por ciudadanos chilenos —Jorge Antonio Salazar Oporto (alias Juan Carlos), también buscado por la justicia de Chile por el homicidio de un carabinero en 1997, y Alexis Alfredo Cortés Torres— que se trasladaban hacia la frontera. El juez interviniente ordenó entonces la captura internacional y detención de los mencionados.

Cabe destacar que diez años después de ese asesinato, se encuentra vigente el decreto provincial 549/12 que otorga una recompensa de US$ 50 mil para aquellas personas que brinden datos útiles, ciertos, veraces, comprobables y determinantes que permitan la aprehensión de quienes hubiesen tomado parte del hecho delictivo. Por su parte, en 2018, el Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció una recompensa de $ 3 millones por cada uno de los fugitivos[1].

Foto: Diario Los Andes. Jorge Antonio Salazar Oporto (alias Juan Carlos) ostenta un puesto de jerarquía militar en el Ejército Guerrillero de los Pobres-Patria Libre (EGP-PL), escisión del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. El otro prófugo es Alexis Cortés Torres, miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

Poco después, los prófugos Jorge Antonio Salazar Oporto y Alexis Cortés Torres habrían difundido un comunicado en el que daban detalles de cómo ocurrieron los hechos. El supuesto comunicado fue publicado en el portal digital del Centro de Documentación de los Movimientos Armados como «carta pública de Jorge y Alexis» de fecha 12/06/12, desde Chile, como integrantes del Ejército Guerrillero de los Pobres (MIR-EGP). En el mismo afirmaban que la muerte del sargento ayudante Aigo se produjo porque se resistió a ser desarmado, en el marco de un control policial fortuito, y brindaban detalles precisos del operativo policial de búsqueda por tierra y aire, y aseguran que tuvieron «una ventaja táctica, porque llevaban un equipo de radio que les permitía interferir las frecuencias de los efectivos policiales»[2].

En el comunicado deslindaban la responsabilidad de Juan Marcos Fernández —hijo del intendente de San Martín de los Andes—, imputado en la causa como presunto partícipe, debido a que «el conductor de la camioneta quedó en medio del fuego cruzado. Por el bien y la verdad, esta persona no tiene nada que ver con los hechos sucedidos, no sabía ni que andábamos armados ni quiénes éramos en realidad». Ambos se reconocieron como integras del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y del MIR Ejército Guerrillero de los Pobres[3].

Los araucanos

Los araucanos eran un pueblo semi sedentario que hacia el siglo XVI ocupaba la Araucanía al sur del río Bío Bío, donde habían sido confinados por el empuje desde el norte, primero de los Incas y luego de los españoles, quienes le dieron el nombre por la región donde habitaban. En documentos antiguos se los llama también «moluches» y «reches». Cabe aclarar que si bien algunos autores ubican el origen del nombre de «mapuches» en el siglo XVIII, recién comienza a utilizarse en la Argentina, autorreferencialmente, a partir de 1961. Según el estudioso Gregorio Álvarez, quien cita el dato en su obra «El tronco de oro»[4], es en el acta de un congreso indigenista celebrado en el país donde representantes de la etnia requieren recibir esa denominación, dejando de lado sus anteriores nombres. Sin embargo, este término no se introdujo de inmediato en la bibliografía argentina y su incorporación masiva fue muy posterior, en la década de 1990. Así fue como al libro Cuentan los araucanos de Bertha Koessler, le cambiaron el nombre por el de Cuentan los mapuches, cuando precisamente la autora no hablaba de los «mapuches»[5]. Sobre esa cuestión puede leerse el artículo titulado Consideraciones en torno a la etnia araucana.

A la llegada de los españoles a Chile, hacia el año 1540, esta etnia no poseía un desarrollo tecnológico de consideración y ese desarrollo poco se modificó hasta fines del siglo XIX, ya que los modernos productos que la civilización les ofrecía, y aceptaban gustosos, eran obtenidos mediante trueque en los poblados de frontera y no fueron objeto de fabricación por su parte. Los araucanos mostraban una agricultura incipiente, poseían las técnicas del tejido en telar, de la cerámica y del trabajo del cobre. Vivían en chozas de madera aunque cuando comenzaron a incursionar en territorio argentino adoptaron los toldos de cuero de sus vecinos patagones. Si bien tenían cierta precaria mitología, su religión era animista —el más primitivo de los estadios religiosos— y creían que los espíritus buenos y malos moraban en determinados árboles, piedras o sitios, como por ejemplo, las cumbres de los cerros. No tenían lugares de culto fijo y aunque durante las ceremonias los sacrificios eran de animales, la ejecución de los prisioneros de guerra que no eran sometidos a la esclavitud («cautiverio»), tiene reminiscencias de sacrificios humanos rituales. Es difícil fijar la antigüedad de los ritos, los que muchas veces revelan un origen tardío. Por ejemplo, en el «camaruco», además de sacrificarse una yegua, se realizan diversas actividades a caballo, lo que señala que es una ceremonia creada luego de la llegada de los españoles. Son las modernas interpretaciones de estudiosos tendenciosos las que les otorgan una «cosmovisión» espiritual y profunda que no tenían.

Carecían de lenguaje escrito por lo que todos los registros sobre tradiciones, leyendas y otros aspectos intelectuales provienen de las transcripciones e investigaciones hechas por los cronistas occidentales; es decir, son datos proto-históricos. Por ello, no es pertinente hablar de costumbres «ancestrales» en el sentido que la RAE da al término («remoto o muy lejano en el pasado»), ya que es imposible determinar su antigüedad. Además, dado el corto horizonte temporal del relato oral, no pueden ser muy viejos esos testimonios. La cronología se hace aún más incierta al considerar que los integrantes de esas etnias tenían una muy corta esperanza de vida. Por ejemplo, uno de los investigadores que recopilan esos recuerdos, fue el alemán Robert Lehmann Nitsche (1872-1938), quien entre 1900 y 1926 obtuvo testimonios de algunos araucanos que estaban en La Plata y los volcó en textos como «El tatrapal de los araucanos». El estudioso advierte que es difícil separar las «leyendas» de los «cuentos» y descubre que muchas de las fábulas son en esencia similares a las antiguas leyendas europeas. Ahora bien, la antigüedad de esos testimonios no puede ser tildada de «ancestral» ya que es imposible saber de cuantos años atrás data la versión registrada.

Aculturación e invasión de La Pampa

Simultáneamente con la presencia araucana en el sur de Chile, en la Patagonia habitaban dos grupos étnicos: los «poyas», en la cordillera neuquina y rionegrina, y los patagones en la meseta. Este último grupo, numeroso, estaba dividido en dos subgrupos: los meridionales (al sur del río Negro) y los septentrionales (al norte de dicho río). Aquí es necesario hacer un alto, para aclarar algunos puntos de la «guerra de nombres» que forma parte del accionar araucano.

Así como la etnia procura cambiar su propio nombre por el más «épico» de mapuches («gente de la tierra» en su lenguaje) y borrar el nombre de Araucanía de su región de origen, procuran mantener los nombres que ellos, en su carácter de invasores «aculturadores», dieron a las tribus que enfrentaron. De allí que los «poyas» (nombre registrado por los jesuitas de la misión del Nahuel Huapi) sean luego conocidos por «pehuenches» («gente de los pehuenes» en araucano); en tanto los patagones —nombre dado por Hernando de Magallanes durante su encuentro con ellos en 1520— fueron llamados «tehuelches» («gente arisca» en araucano), en obvia referencia a su actitud por mantenerse libres frente al avance araucano. Cuando comenzó a profundizarse en el estudio de los patagones, los etnólogos hallaron que los patagones sureños se designaban a sí mismos «tsonekas» o «aonikenk»; y los norteños «guenenakenk».

Más al norte, en la región pampeana, existían otras etnias como los «puelches», los «ranqueles» y los «pampas», aunque estos últimos serían los guenenakenk más aculturados por los araucanos. Dichos pueblos tenían una economía de cazadores-recolectores y en el caso de los aonikenk eran nómades. Es probable que debido a ese menor grado de desarrollo, sin moverse del otro lado de la cordillera o con movimientos ocasionales y sin ocupar territorios del lado argentino, los araucanos hayan logrado, mediante el comercio, cierto grado de aculturamiento sobre sus vecinos. Cuando comenzó a poblarse de ganado la provincia de Buenos Aires, las tribus pampeanas comenzaron a dedicarse al abigeato como forma de subsistencia. Así provocaron los malones en la provincia de Buenos Aires en los primeros años del siglo XIX, los que motivaron la intervención del gobernador Martín Rodríguez con sus primeras «campañas al desierto». El historiador Isidro Belver, en su libro Los Pincheira: aldea realista en Epu Lauquen, afirma incluso que muchos de estos malones eran organizados desde Neuquén por los célebres hermanos chilenos Pincheira.

Hasta ese momento, los araucanos no habían realizado un avance profundo hacia el territorio argentino, limitándose sus acciones a pasar a Chile el ganado robado por sus vecinos pampeanos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que algunos intentos habían hecho, al menos para asegurarse la zona del desemboque de los pasos cordilleranos, a resultas de los cuales habían enfrentado y derrotado a los guenenakenk en tres combates en el actual territorio chubutense: Languineo (lugar donde los huesos blanquean al sol, en idioma guenenakenk), Piedra Sholten y Genoa. Estos episodios, que el investigador Federico Escalada en «El complejo tehuelche» sitúa después de 1820, muestran que no eran tan buenas las relaciones entre las etnias como actualmente ciertos historiadores afirman. Incluso, se conoce que los patagones temían la belicosidad de sus vecinos trasandinos.

Es recién hacia 1830 cuando, con la invasión de las huestes de Calfucurá desde Chile hacia Salinas Grandes, cuyos motivos quieren ser presentados como políticos pero que más parecerían basarse en la intención de tomar el abigeato en sus propias manos para evitar intermediarios, que los araucanos hacen un pie firme en la Argentina. Tal situación es la que hace decir al estudioso Rodolfo Casamiquela en su libro Rodolfo Casamiquela: racista antimapuche o la verdadera antigüedad de los mapuches en la Argentina [6], que los mapuches no son originarios de la Argentina y que su ingreso al territorio es tardío. Lo mismo sostiene Roberto Edelmiro Porcel en su libro La araucanización de nuestra pampa: los Tehuelches y Pehuenches. Los mapuches invasores [7]. Esta fecha moderna de ingreso al país es la que impide hablar a los araucanos de posesiones «ancestrales», pues su presencia no va más allá de los 190 años y eso sólo en referencia a sus precarias tolderías en Salinas Grandes.

Lo cierto es que es recién al término de la campaña al desierto del general Roca, cuando, buscando la paz, se entregan tierras a estos araucanos que habían invadido el territorio nacional, los únicos sitios sobre los que pueden alegar legítimos derechos. Existen aún varios de estos lugares, como Laguna Rosario y el Boquete Nahuel Pan en el Chubut; en tanto otros fueron vendidos por sus propietarios originales.

La situación actual

Al igual que en otros movimientos separatistas, como el ETA en España y el IRA en el Reino Unido, el secesionismo araucano presenta dos brazos: uno «armado» (la RAM y otros grupos) y uno «político» (los «lofs» y demás organizaciones similares). El brazo «armado» ejecuta atentados incendiarios, ocupación violenta de tierras, «escraches», «piquetes» y otras acciones similares. El brazo «político» realiza reclamos y ocupación pacífica de tierras y reivindicación de supuestas «costumbres ancestrales» que pretenden sean introducidas en la legislación. También, como los grupos citados, cuentan con un apoyo internacional que va desde Europa hasta el Kurdistán.

Esta última acción secesionista «pacífica», se realiza en las tres provincias argentinas que supuestamente formarían parte del territorio al que las organizaciones aspiran (Neuquén, Río Negro y Chubut). Por ejemplo, en el Neuquén se introdujo en la legislación provincial los conceptos de «medicina mapuche» y «justicia mapuche». En Río Negro se entrega la explotación comercial de campings y lugares turísticos, sin contraprestación y sin control fiscal. En Chubut tiene personería jurídica la Comunidad «Mapuche-Tehuelche», oxímoron que aúna dos etnias rivales, siendo aún más extraño que se les diese tierras en sitios donde nunca hubo un araucano.

Esta situación irregular surge mayormente a consecuencia de una inexacta interpretación del artículo 75 (Atribuciones del Congreso), inciso 17 de la Constitución Nacional, que dice:

Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería Jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.

Allí se habla de pueblos indígenas argentinos, definición que no incluye a los araucanos. Por otro lado, no menciona la entrega de «otras» tierras por cuestiones «ancestrales»; sino que es una potestad del gobierno entregar tierras «aptas para el desarrollo humano». Además, como fecha de «ocupación tradicional» debe ser tomada la de la firma de la Constitución. Y así otros puntos.

Oponerse con firmeza a esta política separatista es, en primer lugar, defender la soberanía argentina, no sólo territorial sino jurídica, vigente en todo el país, pero además implica un acto de justicia hacia aquellos descendientes de araucanos que se reconocen ciudadanos argentinos, con sus derechos y sus deberes, con sus garantías y sus obligaciones, y que no apoyan el secesionismo.

 

* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Profesor de Inteligencia de la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata.

Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019.

Embajador Académico de la Fundación Internacionalista de Bolivia (FIB).

Investigador Senior del IGADI, Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, Pontevedra, España.

 

Referencias

[1] «Recompensa millonaria por los asesinos de José Aigo. El Ministerio de Seguridad de la Nación ofrecerá tres millones de pesos de recompensa para dar con el paradero de los responsables del asesinato del policía de Neuquén». Sitio oficial del Gobierno de la República Argentina, Argentina.gob.ar, 07/02/2018, https://www.argentina.gob.ar/noticias/recompensa-millonaria-por-los-asesinos-de-jose-aigo, [consulta: 13/10/2022].

[2] «Caso Aigo: los prófugos habrían difundido un comunicado». Río Negro, 15/06/2012, https://www.rionegro.com.ar/caso-aigo-los-profugos-habrian-difundido-un-comunicado-LQRN_898838/, [consulta: 13/10/2022].

[3] Ídem.

[4] Gregorio Álvarez. El tronco de oro. Neuquén: Editorial Siringa Libros, 1981.

[5] Bertha Koessler. Cuentan los araucanos. Buenos Aires: Espasa Calpe Argentina, 1954, 153 p.

[6] Rodolfo M. Casamiquela. Rodolfo Casamiquela racista antimapuche: o la verdadera antigüedad de los mapuches en la Argentina. Buenos Aires: del autor, 2007, ISBN 10: 9870536085 / ISBN 13: 9789870536086.

[7] Roberto Edelmiro Porcel. La araucanización de nuestra pampa: los Tehuelches y Pehuenches. Los mapuches invasores. Buenos Aires: el autor, 2007, 60 p.

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