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JOSEPH NYE Y EL «CHIQUI» TAPIA: PODER BLANDO ARGENTINO

Daniel Alberto Symcha*

Joseph Nye en su libro «La Naturaleza Cambiante del Poder Norteamericano» elabora el concepto del poder blando de las naciones el cual se remite a la capacidad de obtener lo que se quiere a través de la atracción en lugar de la coerción. El planteo de Nye, si bien no tiene una relación teórica directa, porque surge de un análisis del declive estadounidense, presenta una continuidad práctica en la lógica de influencia sobre las naciones planteado por la política exterior de Estados Unidos impulsada por Franklin D. Roosevelt en los años 30 del siglo XX hacia América Latina: menos intervenciones militares directas y más cooperación diplomática, económica y cultural.

En ese marco quien tuvo un rol preponderante fue Nelson Rockefeller, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, cuando dirigió la Oficina del Coordinador de Asuntos Interamericanos. Desde allí promovió: intercambios culturales, producciones cinematográficas, campañas mediáticas, cooperación sanitaria y técnica, diplomacia cultural intensiva y algo que perdura hasta hoy, las fundaciones de intercambio estudiantil. El objetivo era fortalecer la influencia de Estados Unidos en la región y evitar la penetración de la cultura europea y, sobre todo, de los países del Eje.

Si bien el planteo táctico de Roosevelt y Rockefeller se centraba en un intercambio real de actividades artísticas y educativas en Hispanoamérica el desarrollo presentaba un anclaje histórico cultural transmitido de generación en generación y la producción estadounidense en un sistema industrial tal como lo vemos y consumimos en la actualidad con un proceso de construcción de sentido en base a ideales que poco tienen que ver con las realidades de nuestras tierras pero que, por el proceso sedimentario de la comunicación, va alimentando el magma de significaciones sociales imaginarias del que tanto hablaba Cornelius Castoriadis y crea el terreno propicio para la siembra de soluciones implantadas sin resistencia de los Pueblos.

Nye al poder blando lo presenta como una forma «positiva» de influencia que puede funcionar como: hegemonía cultural, colonización simbólica y establecimiento de marcos normativos globales de acuerdo con los intereses del hegemón. Cuando un país logra que su visión del mundo sea percibida como universal, moralmente superior, modernizadora e inevitable, los países que dependen del hegemón en lo económico, militar o político ajustan sus decisiones sin sentir coerción. Es un tipo de dominio más sofisticado prácticamente autosustentable porque reduce costos de una intervención militar, genera dominio, minimiza resistencia y genera consentimiento de las elites que convencen a las poblaciones.

Diplomacia pública, un mundial y después…

El canal por el cual se mueve el poder blando es la diplomacia pública, es decir el conjunto de estrategias mediante las cuales un Estado (o un actor internacional como una corporación económica) busca influir en la opinión pública y en las élites de países determinados como objetivo, con la intención de moldear percepciones, generar legitimidad y favorecer sus intereses de política exterior.

La diplomacia pública, durante el tiempo de no enfrentamiento bélico es decir durante los tiempos de paz, opera sobre la retaguardia de las naciones objetivo, opera sobre la sociedad civil en general, a los medios de comunicación, a las universidades a los líderes de opinión y moldea la percepción de las nuevas generaciones. El objetivo es moldear las decisiones del adversario de acuerdo con el interés de la nación agresora y lograr el dominio sin la necesidad de enfrentamientos, tal como Sun Tzu planteaba: «La máxima excelencia consiste en quebrar la resistencia del enemigo sin luchar»; es necesario lograr la neutralización previa de la voluntad del adversario.

Dentro de las herramientas propias del poder blando el deporte, tanto en lo presencial como en lo virtual, presenta un carácter masivo convocante y con una constante sostenida. Dentro del deporte, para la cultura hispanoamericana y europea en general, el fútbol es el elemento aglutinante. Vemos en todo el mundo personas con camisetas de Messi, del Barcelona o de Boca Juniors. Es un fenómeno absolutamente masivo y transversal.

Si bien es un deporte, la complejidad de la estructura organizacional del fútbol a nivel mundial implica que sea un actor no gubernamental de alto impacto socio político económico. La coordinación de las asociaciones y federaciones de fútbol de cada país, las regionales y las continentales son dignas de elogio. Esta organización si bien genera puestos de trabajo, dividendos y prestigio también es una fuente de poder enmarcada en el concepto de Nye que no desarrollaron Rockefellet y Roosevelt.

El ejemplo más claro de la capacidad de impacto de esta herramienta de poder blando es la importancia de los mundiales de fútbol que en 2022, según datos de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociados) obtuvo ingresos récord por casi 5.800 millones de dólares impulsados principalmente por la venta de derechos de televisión, marketing, entradas y otros ingresos relacionados con el torneo.

Un gendarme perdido en el Caribe…

Nahuel Agustín Gallo es un cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina que fue detenido por autoridades venezolanas el 8 de diciembre de 2024 acusado de ingresar irregularmente al país y de supuestas vinculaciones con un plan criminal, describiéndolo con términos como terrorismo o acciones desestabilizadoras.

Gallo estuvo más de 15 meses detenido en la prisión de El Rodeo I, en las afueras de Caracas, sin comunicación con su familia ni asistencia legal formal hasta que su familia comenzó a pedir por él y tomó intervención la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinando que su situación era de gravedad y solicitando acción consular.

El gobierno argentino, bajo la administración de Javier Milei, con Patricia Bullrich como ministra de Seguridad y con Diana Mondino primero y Gerardo Werthein posteriormente como cancilleres, lo calificó de detención arbitraria y elevó reclamos internacionales por su libertad, incluso ante tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional (ICC) pero delegó en el gobierno italiano y en el de Estados Unidos las gestiones diplomáticas y la presión internacional para lograr la liberación llegando incluso a delegar oficialmente la representación de su embajada en Venezuela a Brasil en 2024.

Ni la SIDE, ni la CIA, ni el MOSSAD… ¡La AFA!

Más allá del tiempo de pantalla que utilizó el gobierno argentino para sembrar una idea de autoritarismo y violación de derechos por parte del gobierno venezolano, posiblemente real, una vez iniciada la operación de presión militar estadounidense que terminó con el secuestro el presidente Nicolás Maduro, el tema desapareció de la escena hasta la noche del 1° de marzo, momento en que el presidente de Argentina, Javier Milei, inauguró el 144° período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional.

Minutos antes del evento protocolar legislativo, se dio a conocer que gracias a la gestión de Claudio «Chiqui» Tapia (Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, AFA), Luciano Nakis (Prosecretario de la AFA), Fernando Isla Casares (Secretario de Protocolo y Ceremonial de la AFA) y Jorge Giménez Ochoa (Presidente de la Federación Venezolana de Fútbol) que facilitó contactos y reuniones con la delegación argentina y el gobierno venezolano, se había logrado la liberación del gendarme Gallo y que estaba viajando a la República Argentina en un avión gestionado por la AFA junto con los dirigentes argentinos a excepción de Tapia, quien no pudo salir del país porque una semana antes se había intensificado una presión política y judicial sobre su persona.

La Asociación del Fútbol Argentino teniendo una acertada lectura del escenario político internacional y los actores involucrados, intercedió y logró en tiempo record la excarcelación del gendarme detenido en Venezuela y realizó el operativo para su retorno al país mientras que el gobierno argentino había dejado el tema en manos extrajeras.

Quienes viajaron para garantizar la liberación y el traslado fueron los presidentes de los clubes de fútbol Deportivo Armenio y de Estudiantes de Caseros, dos equipos de las inferiores de la Liga Argentina, ni la Cancillería, ni el Ministerio de Justicia, ni el de Seguridad, ni la SIDE, ni la Casa Rosada… ¡La AFA!

Ya en 2012 Julio Humberto Grondona, otrora presidente de la AFA, intercedió para la liberación de la Fragata «ARA Libertad» retenida en Ghana por orden de los fondos buitres amenazando con desafiliar al país de la FIFA si no liberaban la Fragata.

En ese momento el presidente de la Federación de Fútbol de Ghana era, además miembro de la Suprema Corte de Justicia de Ghana. La frase de Grondona (entonces vicepresidente de la FIFA) a su jefe de asuntos legales fue: «Díganle a este muchacho que si no larga la Fragata, Ghana no participa más en ningún lado, ¿eh?». El presidente de la FFG, Nyantakyi, en el marco de las presiones de la Cancillería argentina consiguió destrabar el problema mediante el grupo inversor MML y la fragata zarpó a los pocos días.

Mientras tanto la inteligencia argentina duerme la siesta

En 2012 todas las instancias (Cancillería, Defensa, Secretaría de Inteligencia de  Estado) fallaron y la fragata «Libertad» terminó anclando en un puerto favorable a los intereses de los bancos que en ese momento presionaban a la Argentina, los conocidos como «Fondos buitre».

En 2026, con otra conducción política, con una disponibilidad superior a los $ 100.000 millones de pesos y con todo el apoyo de los servicios de inteligencia del espectro anglo norteamericano sionista, la SIDE no pudo anticipar, informar y organizar acciones de apoyo respecto del proceso de liberación del gendarme Gallo. Una organización civil como la AFA realizó un operativo de diplomacia, gestión, liberación y traslado de un integrante de las Fuerzas de Seguridad argentinas mientras las instituciones gubernamentales, una vez más, demostraron su absoluta incapacidad e inoperatividad para la defensa de los intereses de la Nación Argentina.

 

* Periodista. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Maestrando en Inteligencia Estratégica Nacional, Universidad Nacional de La Plata. Investigador de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG).

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CARTA PÚBLICA DEL CNL (R) JORGE TISI BAÑA ACERCA DE LA DESTITUCIÓN DE 23 OFICIALES DEL EJÉRCITO

En el día de hoy el Ministro de Defensa, Luis Petri, en cumplimiento de lo establecido en las respectivas sentencias, procedió a destituir y dar de baja a 23 oficiales del Ejército con condenas firmes por supuestos delitos de lesa humanidad. Y hay una larga lista más de militares que seguirán brevemente el mismo camino.

Si bien esto está perfectamente contemplado dentro de las condenas dictadas por la vergonzosa justicia argentina, y amparado por la Ley 19.101 (Ley para el personal militar), constituye un nuevo acto de venganza, persecución, humillación, demonización y desprestigio. de quienes derrotaron al terrorismo y devolvieron la paz a la Argentina, aun a riesgo de sus propias vidas, durante la vigencia de un Estado de Sitio establecido por un gobierno democrático, en el marco de una guerra antiterrorista declarada por las más altas autoridades nacionales (constitucionales y de facto), que ciertamente los integrantes de las Fuerzas Armadas no buscamos, ni deseamos, ni iniciamos.

Ya he dicho y fundamentado largamente por qué todos los juicios por supuestos delitos de “lesa humanidad”, como así también sus sentencias y condenas resultantes son nulos, ilegales e inconstitucionales.

La destitución y la baja, son las penas más terribles a las que puede ser sometido un militar, porque lo privan del uso y los honores que le corresponden a su grado y jerarquía. Grado que es la resultante de toda una vida de sacrificios (personales y familiares), dedicación, esfuerzo y servicio a la Patria.

La baja del personal militar retirado puede producirse “por casos de conducta incompatible con la conservación del grado” (art 11 ley 19.101) o por “por una condena emanada de tribunales comunes o federales, a penas equivalentes a las que en el orden militar lleven como accesoria la destitución” (art 20) 

Pero la baja de un militar, además del deshonor que implica la pérdida del grado, conlleva un inmenso perjuicio económico, ya que incluye la pérdida indefectible de su haber de retiro a partir del momento de su baja, y aquí quiero explayarme más sobre una nueva aberración inconstitucional que se suma a todas las llevadas a cabo en los juicios. Si bien la ley contempla el derecho de las esposas a percibir la pensión correspondiente en caso de baja de los maridos, como si fueran viudas (la misma equivale al 75% del haber de retiro original), la parte más grave, que nadie parece haber contemplado es aquellos que son viudos, solteros o divorciados, sin pensionistas con derecho, pierden todo su haber y, junto con su haber, la Obra Social. 

¿Se entiende?, individuos con más de 75 años promedio, en su mayoría enfermos, que purgan prisión en institutos penales o en sus domicilios, por el hecho de no tener personas con derecho a pensión pierden todos sus ingresos y, como si eso fuera poco, quedan también fuera de la Obra Social. Pierden el carácter vitalicio, alimentario y de supervivencia del haber de retiro militar, y la cobertura médico asistencial para la que aportaron toda su vida. 

Me imagino que las llamadas organizaciones de derechos humanos deben estar festejando este nuevo hecho criminal, y que a los cortesanos supremos, jueces, fiscales y funcionarios que integran el circo/curro le lesa, no les importa. 

Todo esto es mucho más triste y doloroso cuando uno ve que muchos de los terroristas que desataron la ola de violencia de los ‘70 gozan de libertad, son enaltecidos por la sociedad, pintados como jóvenes idealistas por el relato, homenajeados en sitios de la “memoria”, han cobrado indemnizaciones millonarias y son, o fueron, funcionarios del Estado

Las últimas palabras de Manuel Belgrano fueron: “¡Ay Patria mía!” Hoy siguen teniendo plena vigencia. Me viene a la memoria la célebre frase de Madame Roland: ¡Oh libertad!, ¡cuántos crímenes se cometen en tu nombre!

 

Jorge Tisi Baña.

 

EL CONSEJO FEDERAL PESQUERO ES INCOMPETENTE PARA AUTORIZAR LA INVESTIGACIÓN EN AGUAS ARGENTINAS DEL BUQUE BRITÁNICO JAMES COOK

César Augusto Lerena*

Quienes seguimos de cerca las cuestiones que ocurren en el Atlántico Suroccidental nos sorprendimos con una supuesta autorización del Consejo Federal Pesquero (CFP) para operar en aguas argentinas por más de 30 días el buque de investigación RRS James Cook. Este barco que fue botado en 2006 y tiene una eslora de casi 90 metros es de propiedad del Reino Unido, quien ocupa en forma prepotente 1.639.900 Km2 de territorio marítimo e insular argentino. Pero, NO. Ese Consejo no tiene competencia para autorizar a investigar ―en las materias que se solicita― y, si las investigaciones fuesen relativas a la pesca ese Cuerpo estaría incumpliendo el artículo 27º bis de la Ley 24.922 que entre otras cuestiones refiere a tener o no relación jurídica, económica o de beneficio con personas físicas o jurídicas, propietarios y/o armadoras, de buques pesqueros que realicen operaciones de pesca dentro de las aguas bajo jurisdicción de la República Argentina sin el correspondiente permiso de pesca emitido por la Autoridad de Aplicación Argentina”. Obviamente, el Reino Unido viola esa Ley cuando pesca u otorga permisos ilegales a buques extranjeros en las aguas argentinas de Malvinas y ambos ―los funcionarios argentinos y el Reino Unido― podrían violar la Ley 26.659 si se autorizase a “llevar a cabo investigaciones oceanográficas, químicas y físicas” en la plataforma continental argentina.

En esta situación de excepcionalidad que vive la Argentina con gran parte de su territorio marítimo ocupado por el Reino Unido, un permiso de esta naturaleza solo podría ser autorizado por el Congreso de la Nación, en el caso que se interpretase que no viola la Disposición Transitoria Primera de la Constitución, cuestión que nosotros entendemos que sí, porque favorece la presencia británica en el Atlántico Suroccidental.

Empecemos por decir, que la Embajada del Reino Unido solicitó autorización para que el buque James Cook realice actividades de investigación científica marina en aguas jurisdiccionales argentinas y lleve adelante dos proyectos, uno sobre la toma de datos en determinados recorridos y otro, sobre la comprensión de los océanos por debajo de las capas superficiales en una región de intercambio entre cuencas oceánicas del Atlántico Suroccidental” no vinculados a la actividad pesquera y, por lo tanto, el Consejo Federal Pesquero ni la Subsecretaria de Pesca tienen atribución alguna para autorizar investigaciones que no sean de pesca conforme lo establecido en los artículos 5º; 7º (las investigaciones científicas y técnicas de los recursos pesqueros), 9º (Establecer la política de investigación pesquera), 11º (investigaciones referidas a los recursos vivos marinos), 14º y 15º (La pesca experimental requerirá autorización) y 23º (autorización de pesca para fines de investigación científica o técnica) de la Ley 24.922.

El Consejo Federal Pesquero en el Acta 23/24 del 28/11/24 «analizó las actuaciones» y manifestó «mayoritariamente» que, «en los aspectos relativos a su competencia, no tiene objeciones que formular para que se autorice al buque RRS JAMES COOK a llevar a cabo actividades de investigación científica marina en espacios marítimos sujetos a la soberanía y jurisdicción nacionales» y vale la pena destacar “falta de objeciones” la formularon solo seis miembros, con el voto del Subsecretario López Cazorla y los representantes de Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego y en ausencia de los dos representantes del Poder Ejecutivo Nacional. Semejante decisión estratégica, en manos seis personas que tienen limitada su función de fijar la política pesquera.

Por si faltaba poco, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero informó que “no participaría un observador del instituto en la campaña, pero ha sugerido un contacto de referencia de la institución para la recepción de datos”, lo cual ratifica aún más sobre la incompetencia del CFP. Por su parte, y verdaderamente llamativa su intervención, “la Representante de la Cancillería informa que se ha acordado la participación de un Observador de la Armada Argentina en el crucero de investigación y la participación de investigadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para observar la fauna en general y los mamíferos marinos y colaborar con los protocolos de mamíferos marinos, asociados al uso de acústica oceánica”. No tenemos certeza con qué objeto la Cancillería introduce a la Armada ―que debe encargarse de la Defensa― en esta investigación británica ni tampoco a la UBA. Todo pareciera destinarse a procurar la competencia del Consejo Federal Pesquero; pero, en cualquier caso, tratándose de interés del Ministerio de Relaciones Exteriores estas participaciones podrían enmarcarse en dar ejecución a los pactos Foradori-Duncan (2016) o Mondino-Lammy (2024), ambos de cooperación unilateral argentina en favor del Reino Unido.

Lo cierto, que el buque británico, que lleva el nombre del Capitán de la Marina Real Británica James Cook “uno de los colonizadores más destacados del Pacífico” y que calificó a las islas Sándwich del Sur “el lugar más horrible del mundo”, no ha sido hasta hoy formalmente autorizado a operar en aguas argentinas, porque el Consejo Federal Pesquero se ha limitado a indicar que «en los aspectos relativos a su competencia, no tiene objeciones que formular», competencia que como dijimos no tiene y, que, incluso, hasta la fecha el Presidente del Consejo no ha firmado Resolución al respecto, pese a que ―llamativamente― el buque James Cook ya partió con destino a Buenos Aires sin tener la debida autorización para investigar en la Zona Económica Exclusiva Argentina.

Para agregar más absurdo a la falta de objeciones del Consejo Federal Pesquero éste ignoró la opinión del representante de la Provincia del Chubut, que expresó no estar de acuerdo con el crucero de investigación “toda vez que las actividades científicas a realizarse implican la utilización de cañones sísmicos que podrían tener un impacto negativo en la ballena franca austral, cuya ruta migratoria coincide con el área geográfica donde se pretende realizar el estudio científico”; cuestión, a la que adhirió la representación de la Provincia de Buenos Aires. Opiniones que parecen calificadas, cuando se trata de las dos provincias que mayor captura, industria y comercio pesquero realizan. Y esta cuestión de conservar las especies, si era de su competencia, por lo que debió tenerse en cuenta más allá de las simples mayorías, además de estar previsto en el artículo 5º de la Ley 24.922.

Nos queda claro que, aún incompetentes, los consejeros en el Acta 23/24 no escribieron una sola línea referida a la apropiación británica de 250 mil toneladas anuales de recursos pesqueros argentinos en las aguas de Malvinas y los espacios marinos argentinos ocupados en forma prepotente por el Reino Unido y, no parece que la Argentina deba cooperar en tareas de ninguna naturaleza.

“Cuando en el reinado existen más facilidades para hacer la corte que para cumplir con el deber, todo está perdido” (Montesquieu); aunque hay quienes no creemos que debemos aceptar un destino impuesto.   

   

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). www.cesarlerena.com.ar