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EL ERROR DE PROHIBIR

Revista Tiempo GNA*

Desde el último medio siglo distintos políticos argentinos promulgaron leyes prohibiendo portación y hasta la tenencia de armas con el objetivo reducir la violencia y los homicidios. Sin embargo, esta política siempre consiguió un efecto contrario.

El gobierno se equivoca cuando promulga leyes de prohibición y de control de armas, porque el menos beneficiado es el ciudadano honesto que, en vez de defenderse inmediatamente ante la presencia de un asaltante, debería recurrir a un teléfono sin que el asaltante lo vea, marcar el 911 y esperar que lo atiendan: tiempo estimado 10 minutos. Finalmente, cuando la policía llega, tal vez él y algunos miembros de su familia ya hayan sido asesinados. Tiempo estimado de respuesta de un arma 2 segundos.

Obviamente es mejor que un policía en el teléfono.

Más del 90% de las intervenciones de la policía se dan cuando el crimen ya se ha cometido y llegan al lugar sólo para ver lo sucedido. Estar armados producirá algo que se busca hace largo tiempo: el cambio en el comportamiento de los criminales.

Error de concepto Una buena parte de los políticos cree que promulgando nuevas prohibiciones y limitaciones logrará resolver los problemas que aquejan a la población. Deberían saber que los asaltantes y criminales no compran armas, sólo las roban, incluso a la misma policía. Es un error creer que subirán las muertes por el hecho de que uno tenga un arma y se defienda en el caso de que lo ataquen. Bajo la prohibición de armas, el que quiere matar o entrar a robar a una casa, sabrá que tiene la ventaja que Ud. está desarmado, lo mismo al intentar robarte en la calle, motivo por el cual el delincuente jamás se verá amenazado y tendrá más incentivos para continuar asaltando o asesinando. Lo único que consiguen prohibiendo es que los traficantes de armas incrementen un negocio que por ahora es mínimo.

En 1920 en los Estados Unidos se promulgó la llamada “ley seca” que pretendía que la gente dejara de beber alcohol. Pero el consumo continuó de forma clandestina y bajo el control de feroces mafias. En vez de resolver problemas, la ley seca había llevado el crimen organizado a sus niveles más elevados de actividad como nunca antes había ocurrido en Estados Unidos. Finalmente, después de 13 años, el gobierno dedujo que había sido peor el remedio que la enfermedad y dio un giro. Pasaron casi 100 años de ese experimento y algunos no aprendieron.

Gobiernos totalitarios como los de Hitler, Stalin o el del mismo Fidel Castro, decretaron la prohibición de la tenencia de armas y el desarme de la población. En cambio, otros líderes mundiales, incluso de Sudamérica fueron fieles promotores de la portación de armas. 

El derecho a defenderse

Los políticos deben dejar de ver las armas como término negativo sinónimo de muerte, crímenes o heridos. Es momento de verlas como un derecho fundamental de la persona, a la autodefensa y a la propiedad. Es momento de convertirlas en sinónimo de defensa, seguridad y protección. Es necesario comprender que el problema no se encuentra en las armas sino en las personas peligrosas. Hoy, los gobiernos de algunas naciones no pueden defender a gran parte de los ciudadanos, y para peor dictan leyes para desarmar a aquellos que lo necesitan.

El derecho a la propia defensa es la costumbre más antigua que se conozca. No existe otra necesidad tan remota y vital que la defensa propia.

Artículo publicado por la Revista Tiempo GNA 79.

UNA NACIÓN POSIBLE

Santiago González*

Facundo Manes propone un plan de amplio consenso para no desperdiciar nuevamente una coyuntura internacional favorable.

En el curso de una entrevista que concedió la semana pasada, el aspirante presidencial por el radicalismo Facundo Manes dijo varias cosas interesantes, por lo menos más interesantes que las que suelen ofrecer otros personajes con sus mismas pretensiones. Dijo en primer lugar que a la Argentina le espera una década excepcionalmente favorable en términos de contexto económico internacional; que la Argentina ya atravesó en el pasado por esas coyunturas —a fines del siglo XIX, en la posguerra, y a comienzos del siglo XXI— y por distintas razones las desaprovechó todas; y que si esta vez se prepara de manera inteligente para sacarle partido, la oportunidad que se anuncia podría lanzarla definitivamente por el camino de crecimiento y desarrollo que su condiciones naturales y humanas le auguran desde hace mucho.

Manes dijo en segundo lugar que la confección y conducción de un plan capaz de aprovechar esa coyuntura mundial favorable es tarea que excede a cualquier parcialidad política, y dio a entender que excede incluso a la política en su conjunto para extenderse también a otros ámbitos económica, social y culturalmente relevantes. Advirtió por último que ninguna facción política triunfante que haya centrado su campaña en su capacidad potencial para cerrarle el acceso al poder a la otra estará en condiciones de promover entendimientos de esa envergadura porque de inmediato e inevitablemente tendría a medio país en contra.

Pensemos un poco sobre lo que dice Manes. Su percepción de la coyuntura internacional que se nos presenta es en general compartida por otros observadores, y su propuesta tiene la virtud de mirar hacia adelante, de hablar del futuro en unas vísperas electorales en las que sólo se escuchan las letanías del “ah, pero Macri / ah, pero Cristina”, versión contemporánea del clásico “ah, pero el peronismo / ah, pero la oligarquía”, que nos acompaña monocorde desde mediados del siglo pasado mientras todo se desmorona a nuestro alrededor.

Cada una de las dos facciones mayoritarias que nos dividen trata de convencer a la ciudadanía de que con sólo hacer lo opuesto de lo que hace o propone la otra, o, mejor aún, eliminando a la otra, los problemas de la Argentina se disiparían como por encanto. Exactamente lo contrario de lo que sugiere Manes sobre la necesidad de aunar voluntades más allá de los límites partidarios, e incluso, diría yo, más allá de los límites de la política. Preferentemente fuera de los límites de la política, agregaría, aunque nuestro ordenamiento jurídico nos obliga a pasar por las horcas caudinas de la política para dirimir la cuestión del poder.

Respecto de la intermediación de la política no parece haber alternativa. Un plan como el que imagina Manes sólo se puede poner en marcha desde el poder. Dado que no hay en el país ningún poder lo suficientemente poderoso como para imponerse y lograr acatamiento, aun a disgusto, ese poder debe surgir desde la política: encontrar en el diálogo su instrumento, plasmar en un plan sus acuerdos, y, para obtener un máximo de compromiso respecto de sus requisitos y obligaciones, someter ese programa a un referendo popular. Esto lo digo yo, no lo dice Manes. O a este país lo damos vuelta entre todos, y nos comprometemos a hacerlo, o no lo hace nadie, y entonces mejor apagar la luz, cerrar la puerta e irse.

Desde el restablecimiento del sistema democrático, las facciones mayoritarias, las que han dado al país sus gobiernos, se ha limitado a aprovechar su circunstancial acceso al poder para el enriquecimiento personal de sus miembros a todo nivel (desde el legislador o el intendente que no puede explicar su evolución patrimonial hasta el muchacho que pega carteles y consigue ubicación en algún rincón del Estado) y a emplear su manejo del poder coercitivo del Estado en favor de quienes financiaron sus campañas o de amigos en condiciones de retribuir esas atenciones con discreta generosidad (desde la licitación amañada hasta la reglamentación que invoca el bien común para inclinar la balanza en favor de Pedro y en perjuicio de Juan). Un ejercicio del patrimonialismo tal como lo describió en La Prensa este fin de semana el profesor Carlos Hoevel.

En ningún caso la política se ha ocupado hasta ahora de diseñar un proyecto estratégico para el desarrollo y el crecimiento material y humano del país, y de someterlo al escrutinio de propios y ajenos. A lo sumo acomodó el destino nacional a programas diseñados por otros, deseosos de configurar el mundo en función de sus propios intereses. Fue lo que hizo Raúl Alfonsín respecto de la socialdemocracia europea; fue lo que hizo Carlos Menem respecto del llamado consenso de Washington. Fernando de la Rúa trató de armonizar los desastres recibidos de sus predecesores, y sólo logró multiplicarlos. Desde la crisis del 2001, ningún gobierno hizo más que agudizar el ingenio para seguir succionando a un país exhausto, y plegarse dócilmente a la agenda globalista, enemiga de cualquier proyecto nacional.

La oferta electoral disponible no indica que eso vaya a cambiar. Los principales candidatos de Cambiemos apenas representan caminos diferentes en la dirección de la Agenda 2030, el nombre y la fecha que los globalistas dieron a su programa dirigido a borrar las soberanías nacionales y las libertades personales. El kirchnerismo siempre impulsó esa agenda como propia y nada dice que esté dispuesto a resignar esas convicciones. El disruptivo candidato libertario, por su parte, promete sujetar la Argentina a un corset ideológico contrario a la idea de nación, ejercicio que si fuera practicable dejaría al país a punto de caramelo para ser devorado por los globalistas. En suma, la oferta electoral no ofrece escapatoria para la consigna globalista “no tendrás nada y serás feliz”, de la cual sólo la primera parte es segura.

Si quienes aspiran a dirigir la nación no la sienten como propia, ni conectan en modo alguno con sus votantes, no sorprende que ninguno haya dado hasta ahora mayores precisiones sobre dos cuestiones clave e íntimamente relacionadas: primero, cómo ven el mundo que se avecina y cómo piensan insertar a la Argentina en ese mundo, y segundo, cómo piensan sacar al país de sus aprietos económicos. Sobre ambas cosas no se han escuchado más que vaguedades y simplezas, como si ésas no fueran cosas para ventilar en público. En consecuencia, tampoco sorprende que la oferta electoral no haya enamorado, no haya suscitado adhesiones, ni siquiera con el recurso elemental de azuzar el encono contra “los otros”. El pueblo de la nación no reconoce a los candidatos como propios. El desaliento y la desesperanza que registran invariablemente los encuestadores reflejan esa frustración, y alienta las peores suspicacias. El electorado tiene aún viva la herida de la burla menemista: “si les decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie.”

En este contexto, como dije al comienzo, lo que Manes sugiere constituye toda una novedad. Su punto de partida es puramente pragmático, libre de ideologías y apuntado hacia el futuro: se nos presenta una coyuntura internacional desusadamente favorable, y sólo necesitamos ponernos de acuerdo sobre cómo aprovecharla no para despilfarrarla de inmediato, según nuestra tradición, sino para solventar un programa de largo plazo. Para Manes, aprovechar la coyuntura es aplicar el previsible excedente de ingresos para modernizar integralmente la estructura productiva argentina y hacerla menos dependiente de la exportación de materias primas. Si empeñamos nuestro esfuerzo tras ese acuerdo, cree Manes, podríamos revertir el largo proceso de decadencia que arrastramos desde hace décadas.

La discusión de esos entendimientos, creo yo, debería ser amplia y pública, de manera que los involucrados en cada caso puedan saber cómo se verán afectados sus intereses, y los que no lo están puedan comprender claramente qué es lo que se propones y a qué se comprometen los diversos actores. Como todos tendrán que resignar algo a cambio de un rédito futuro, como todos tendrán que ceder algo para no perjudicar a otro, los compromisos deberían ser lo bastante diáfanos como para que cada uno sepa a ciencia cierta que no se está sacrificando en vano ni se lo somete a engaño.

La idea de un plan de crecimiento y desarrollo con amplio consenso político y social resulta atractiva también por su efecto de cascada sobre las responsabilidades del Estado: se convierte de inmediato y sin demasiado esfuerzo en ordenador de la educación, la salud, la defensa, las políticas demográficas, la seguridad interna, la planificación y ejecución de la infraestructura, la justicia y el resto. Todo podría acomodarse en función de un propósito común, en términos prácticos, objetivos y mensurables, y quedar a resguardo al menos por un tiempo tanto de los aventureros ideológicos como de los corruptos codiciosos que vienen atrofiando, saqueando y vaciando el Estado desde el último cuarto del siglo pasado.

No sé cómo Manes piensa llevar adelante lo que sugiere, ni qué grado de receptividad puede haber para su propuesta, no sólo en Cambiemos sino en la clase política y la dirigencia social, y entre la ciudadanía rasa. No es raro que, a diferencia de sus colegas, Manes haya hablado de nación. Un proyecto semejante necesita del affectio societatis del que hablaban los romanos, de la amistad social a la que se refería Jean Lacroix citando a Malebranche, de la conciencia nacional en la que siempre insistieron nuestros mejores pensadores.

Si no comprendemos que antes que radicales, peronistas, liberales, empresarios, gremialistas, docentes, zapateros, pianistas, cuyanos, patagónicos, ranqueles o jubilados somos argentinos, si no nos reconocemos como tales, y estamos dispuestos a echarnos una mano, de buena fe, con el simple y sencillo propósito de vivir mejor, ser felices y desarrollar nuestras capacidades, un plan como el que imagina Manes no es viable, una nación como la que soñaron nuestros patricios no es posible.

 

* Estudió Letras en la Universidad de Buenos Aires y se inició en la actividad periodística en el diario La Prensa de la capital argentina. Fue redactor de la agencia noticiosa italiana ANSA y de la agencia internacional Reuters, para la que sirvió como corresponsal-editor en México y América central, y posteriormente como director de todos sus servicios en castellano. También dirigió la agencia de noticias argentina DyN, y la sección de información internacional del diario Perfil en su primera época. Contribuyó a la creación y fue secretario de redacción en Atlanta del sitio de noticias CNNenEspañol.com, editorialmente independiente de la señal de televisión del mismo nombre.

 

Artículo publicado el 12/04/2023 en Gaucho Malo, El sitio de Santiago González, https://gauchomalo.com.ar/

 

 

CÓRDOBA: JUSTICIA A LA CARTA

En vista a las próximas elecciones a realizarse en la ciudad de Córdoba y los ardides políticos que comienzan a salir a la luz, es necesario aclarar algunos puntos fundamentales a tener en cuenta:

La Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Córdoba en su art 81, define los requisitos para ser intendente y vice:

Artículo 81. Para ser Intendente y Vice-Intendente se requiere:

      1. Ser argentino.
      2. Haber cumplido veinticinco (25) años de edad al tiempo de su elección.
      3. Tener cuatro (4) años de residencia continua e inmediata anterior a la elección en el Municipio, no causando interrupción la ausencia motivada por la prestación de servicios a la Nación, Provincia o Municipio”.

¿Cómo es entonces que Martín Llaryora fuera inhabilitado por la Junta Electoral Municipal para presentarse como candidato a intendente?

Veamos la cronología de los hechos:

-Anoche se conoció, tal como se esperaba, que la Junta Electoral Municipal impugnó la candidatura de Martín Llaryora por no cumplir con el requisito del domicilio. Ahora, el asunto pasará a la Justicia Electoral Provincial y no se descarta que termine en el Tribunal Superior de Justicia. Desde Hacemos por Córdoba descuentan que su candidato a intendente será finalmente habilitado para competir por la intendencia.
(1º de Abril de 2019 – Diario El alfil)

La jueza electoral Marta Vidal deberá resolver en las próximas horas si habilita la candidatura de Martín Llaryora a intendente de la ciudad de Córdoba. Los plazos son exiguos y se espera que la decisión de la magistrada no se extienda más allá de este viernes.
(3 de Abril de 2019 – Diario Comercio y Justicia).

Hasta aquí, todo parecía en el mejor de los casos, una interpretación dispar entre el partido al que representaba Llaryora y los candidatos de la oposición.

En el peor de los panoramas, esta estrategia sería una “chicana política” para dejar fuera de juego al candidato de Hacemos por Córdoba, por parte de los partidos opositores. La “no oficialización” de la candidatura de Llaryora había sido pedida, primero, por Córdoba Cambia que lidera Mario Negri; y luego, por la UCR, con Ramón Mestre a la cabeza.

¿Qué dice el apoderado del partido Hacemos, Juan Manuel Cid?

Juan Manuel Cid, aseguró que la residencia oficial de Llaryora es la ciudad de Córdoba y que los periodos de interrupción cumplen con la normativa vigente en la Carta Orgánica municipal.

“Aportamos los tres contratos de locación desde 2014, y las fichas médicas que prueban que se ha atendido en Córdoba”. “El 5 de agosto de 2018 se emitió en la Provincia la resolución 40, donde a Martín lo proclaman vicegobernador electo”. Eso fue veintipico de días antes de reasumir como intendente. “Él se fue sabiendo que tenía que volver al mismo departamento de la ciudad de Córdoba. Entonces no sé por qué no se le permite esta prórroga”.

Agregó Cid:

“Esa interrupción es contemplada en el inciso 3 del artículo 81 de la Carta Orgánica, que prevé interrumpir para cumplir un servicio público nacional, provincial o municipal, y él lo hace para ser intendente”.

Asimismo, adelantó que presentarán una denuncia penal contra la Junta Municipal que envió oficios a San Francisco para constatar la asistencia de los hijos de Llaryora a la escuela y los lugares donde realizan sus actividades deportivas.

De no hacer lugar al pedido, Hacemos por Córdoba deberá correr el orden de la lista de titulares y completarla con el primer suplente que satisfaga la paridad de género, que en este caso es Daniel Passerini.

La piedra del escándalo

Martín Llaryora ha recorrido un largo camino dentro de la política cordobesa en muy poco tiempo. Tengamos en cuenta que el PJ cordobés gobierna la provincia desde  1999 cuando José Manuel De La Sota proclamó su primer triunfo como gobernador.

En 2009 se referencia como presidente de la Juventud Peronista. En 2013 forma parte del Frente Renovador. En 2015 en Unión por Córdoba y desde 2019 es parte del armado político de Hacemos por Córdoba. Fue concejal de San Francisco (2003-2007), Intendente de esa localidad (2007-2011) y en su segundo mandato (2011-2013), cargo del que solicitó licencia para ocupar la titularidad de la cartera del  Ministerio de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico Tecnológico en el período (2013-2014). En 2014 se consagra nuevamente Intendente de San Francisco, cargo que ocupa solo un año para participar de las elecciones provinciales como vicegobernador (desde 2015 y hasta 2017) sin poder finalizar su mandato ya que se presenta como candidato a Diputado Nacional (2017-2019) mandato que tampoco alcanza a completar debido a su presentación y victoria como candidato a la Intendencia de la Ciudad de Córdoba.

Pero volvamos a 2019 cuando la jueza Marta Vidal resuelve habilitar la candidatura por la Ciudad de Córdoba a Martín Llaryora pese a que el artículo citado, (81 COM), es absolutamente claro con respecto a la residencia de los candidatos.

¿Quién es Marta Vidal?

Marta Vidal, jueza electoral desde 1998 hasta la fecha a pesar que se jubiló en 2017. Este nombre no solo se encuentra en la causa Llaryora. Ya en 2007 interviene en la causa por “fraude” en las elecciones a gobernador de ese año, donde en un misterioso corte de luz en el Correo Argentino la tarde de los comicios, dio cuenta de los resultados que hasta antes del corte daban una importante ventaja al candidato del Frente Cívico, Luis Juez y favorece al candidato de Unión Por Córdoba, Juan Schiaretti.

Los letrados del juecismo habían recusado a la jueza con el argumento de que la propia magistrada había reconocido que “no tuvo la capacidad de controlar al Correo Argentino”. “Ha confesado a todos los medios que se vio desbordada”. La diferencia entre las 5.987 mesas que había denunciado originalmente la Justicia Electoral con las 6.152 que terminaron apareciendo en el programa informático que usó la empresa española Indra para ingresar los votos que llegaban en los telegramas fueron agregados como elementos de prueba, que por supuesto, no fueron tomados en cuenta. ¿Será acaso descabellado pensar que esta jueza que aparece en todos los conflictos de intereses partidarios y electorales, tenga algún pequeño indicio de favoritismo hacia el partido político que gobierna esta provincia desde hace 24 años?

A continuación transcribimos el fallo en rechazo a la apelación por la habilitación a la Intendencia de Martín Llaryora:

La Cámara Contenciosa Administrativa de 2° Nominación no hizo lugar a los recursos de apelación presentados por la alianza Córdoba Cambia y por la Unión Cívica Radical y, en consecuencia, confirmó la resolución del Juzgado Electoral Provincial que oficializó la candidatura de Martín Llaryora a intendente de la ciudad de Córdoba. La camarista María Inés Ortiz de Gallardo expresó en su voto al que también adhirió el vocal Humberto Sánchez Gavier— que el candidato Llaryora reúne el requisito legal de cuatro años de residencia continua e inmediata anterior a la elección en el municipio. Asimismo, la resolución agrega que no causa interrupción la ausencia motivada por la prestación de servicios a la Nación, Provincia o Municipio, “la que ha sido acreditada con grado de certeza jurídica en virtud de la prueba documental idónea y no desvirtuada por elementos de juicio en contrario del mismo tenor y valor”.

El voto mayoritario afirma que “el derecho a ser candidato a intendente de la ciudad de Córdoba no es un derecho exclusivo ni un privilegio de los oriundos de esta ciudad”, sino un derecho que ha de corresponder “a cualquier residente por el hecho de serlo en las condiciones de ley”. “El pueblo de esta ciudad, como fuente originaria de la voluntad emanada de la soberanía popular, es libre para votar al candidato que elija, transformando su elección en el reconocimiento y aceptación de la capacidad del elegido para intervenir en la adopción de las decisiones políticas, necesarias para la gestión del bien común de su ciudad”, sostuvo la camarista Ortiz de Gallardo. Por su parte, el vocal Sánchez Gavier añadió: “El ‘principio de participación’ constituye elemento dirimente para despejar cualquier duda que pudiera perdurar con relación al cumplimiento por parte del candidato Llaryora del requisito de residencia previsto por el art. 81 inc. 3° de la Carta Orgánica Municipal y la exclusión de un candidato debe responder solo ante la evidencia de que no se ha cumplimentado tal requisito, cuestión ésta que considero no ha sucedido en autos”.

Voto en disidencia. Por el contrario, el vocal Ángel Gutiez entendió que los contratos de locación de vivienda y una prórroga que presentó “no logran probar” los cuatro años de residencia continua e inmediata anterior a la elección. “No pongo en duda el compromiso del Sr. Llaryora para con la ciudad de Córdoba, pero su Carta Orgánica exige más; exige que haya residido en ella de forma continua e inmediata durante los últimos cuatro años, y este extremo el nombrado no lo ha probado”, enfatizó el magistrado en su voto.

Causa: “Hacemos por Córdoba – Recurso de Apelación – Junta Electoral Municipal – Comunal – Córdoba Dpto. Capital – Impugnación Candidato a Intendente por Residencia (Recursos de Apelación presentados por la Alianza ‘Córdoba Cambia’ y la Unión Cívica Radical)”  (Justicia on line 24 de Abril de 2019).

El cuento que nunca acaba

A estas alturas esta historia parece ser una más de las que se repiten en el interior de nuestro país donde los gobiernos permanecen por décadas aumentando año a año su fuente de dominio y poder, controlando y manipulando los poderes del Estado.

Tanto es así que el 22/03/2023 el Concejo Deliberante aprobó la modificación del artículo 50 de la Carta Orgánica Municipal donde por el mismo prohíbe las candidaturas testimoniales. Esta definición es explicada por la BBC de la siguiente manera: Imagine lo siguiente: usted va a votar en los comicios legislativos de su país y el principal candidato a diputado por el partido gobernante es un popular gobernador, que no ha dejado su cargo para pasar al Congreso, ni tampoco piensa hacerlo aunque sea elegido.

Estos «falsos candidatos» que pretenden postular por un escaño legislativo que nunca piensan ocupar podrían ser una realidad en Argentina.

¿A qué se refieren los ediles y hacia qué apuntan con la modificación de la Ley Electoral?

Precisamente a evitar que el candidato de Juntos por el cambio, el radical Rodrigo De Loredo, pueda postularse a gobernador, ya que las elecciones serían el 24 de junio y posteriormente candidatearse a intendente de la Ciudad de Córdoba.

A simple vista sería una medida lógica. Digo, sería porque el proyecto de  modificación fue desempolvado por la titular del Pami Córdoba y jefa del bloque Primero la Gente,  la kirchnerista Olga Riutort, quien casualmente es madre de Victoria Flores (titular del ente CoYs de la Municipalidad de Córdoba) y suegra de Miguel Siciliano (ex precandidato a intendente por el PJ) y actual Secretario de Gobierno y Gestión General de Gabinete de Martín Llaryora.

Otra cuestión llamativa es la referencia al proyecto original de Riutort donde solicita la modificación del artículo 44, que no fue votado para su modificación por los ediles de Hacemos por Córdoba ya que limita al intendente a definir las elecciones en un plazo determinado, (establece la posibilidad de convocar a elecciones municipales con una antelación de 90 días), cosa que Llaryora no pretende hacer.

Y como si todo lo expresado fuera poco, no olvidemos que Martín Llaryora no completó su mandato como intendente de San Francisco en 2015 para presentarse como vicegobernador en ese mismo año, mandato que tampoco completó porque en 2017 ganó una banca en la Cámara de Diputados de la Nación. Casualmente tampoco culminó su mandato porque en 2019 asumió como intendente de la Ciudad de Córdoba.

Esta es la política cordobesa apuntalada por la justicia independiente. No creo que haya quedado duda que la justicia en Córdoba es “A la Carta”, a conveniencia de los monarcas de turno y de la burguesía política.

Por der Landsmann para Saeeg

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