Archivo de la etiqueta: Política

MÁS “INNOVACIONES” EN MATERIA DE INTELIGENCIA

Marcelo Javier de los Reyes*

El pasado 24 de enero de 2021, el diario Página 12, publicó una noticia acerca de los “los principales lineamientos de la nueva ley de Inteligencia”[1].

Según la nota, “la reforma plantea un perfil que apunta más a la inteligencia estratégica y abandona la dedicada a la criminal” y agrega que la transparencia y la reducción al mínimo de los fondos reservados se encuentran entre los puntos del texto normativo que debe analizar el presidente.

En principio no parece serio cambiar nuevamente la Ley de Inteligencia, cuya última ley, la 27.126, fue llevada a cabo cuando la actual vicepresidente, en ese momento en ejercicio de la Presidencia de la Nación, resolvió disolver la Secretaría de Inteligencia (SI) y crear la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la que a pesar de los pocos años de existencia parecería que no dio los frutos esperados. Claro está que el actual gobierno podrá argumentar que el gobierno de Mauricio Macri, desvirtuó los objetivos del organismo a cuyo frente puso al escribano Gustavo Arribas —vendedor de jugadores de fútbol— y a la ex funcionaria menemista, devenida en dirigente del PRO, y ex miembro de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación, Silvia Majdalani, dos inexpertos en materia de Inteligencia. En este sentido el gobierno tendría parte de razón, pero tanto su gestión anterior, que llevó a la disolución del organismo predecesor de la AFI, la de Arribas-Majdalani como la actual del organismo, llevan a recordar aquello de que “el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones”. En este sentido también vale mencionar el proyecto presentado por la entonces diputada Elisa Carrió, cuyo desconocimiento sobre Inteligencia salta a la vista cuando entre las “fuentes abiertas” incluye la información “brindada por agencias extranjeras, en cumplimiento de los tratados, acuerdos y convenios oportunamente realizados” (artículo 11º, 4, del mencionado proyecto)[2]. Un disparate. La información que proviene de un servicio colateral, es decir de una agencia extranjera, es enviada con las recomendaciones necesarias para mantener la confidencialidad. Cabe aquí recordar un ítem del Decálogo del Personal de Inteligencia: “Basar en la buena fe recíproca la coordinación que deba establecer con otros organismos de inteligencia”. Y otro que dice: “Proteger las fuentes por deber de lealtad y para mantener canales de información obtenidos laboriosamente”.

Proyecto de ley presentado por la diputada Elisa Carrió en 2016 (Expediente 5577-D-2016).

Renglones más abajo, el proyecto de la ex diputada Carrió, dice: “El Sistema Nacional de Inteligencia no dispondrá de medios de reunión propios, sus organizaciones se basan en los recursos necesarios para la dirección, el análisis, interpretación, la integración y la difusión”. Es decir que la Argentina debe estar “ciega” o solo tomar lo que otros organismos de inteligencia extranjeros, ONGs, etc., le hagan llegar. Otro dislate entre tantos de ese proyecto.

Proyecto de ley presentado por la diputada Elisa Carrió en 2016 (Expediente 5577-D-2016).

No hace tanto, la Coalición Cívica pidió eliminar la AFI y propuso “crear, en su lugar, un organismo que sólo coordine a las fuerzas de seguridad en la prevención y el combate del crimen organizado y el terrorismo” y recordó el mencionado proyecto presentado por Carrió en 2016[1]. Nada de Inteligencia Estratégica que es lo que más precisa apuntalar el Estado Argentino.

La nota de Página 12 dice que el proyecto para reformar la ley de inteligencia tiene como objetivo “ponerle fin al fantasma del espionaje político —que se acrecentó durante la gestión macrista— y a insertar a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en una lógica de producción de inteligencia estratégica, enfocada en preservar los recursos del país”. Bien… también esta intención estuvo presente cuando se disolvió la Secretaría de Inteligencia y se creó la AFI pero se trata de una quimera en tanto los políticos sigan, directa o indirectamente, dirigiendo el organismo. A todas luces, a través de los medios, sabemos que la Inteligencia ejerció influencia sobre el Poder Judicial, lo cual tuvo lugar no solo con el gobierno de Macri sino con todos los anteriores. Lo que resulta paradójico es que para cambiar este estado de cosas se recurra a poner como cabeza de la AFI a una dirigencia que proviene del Poder Judicial.

La mencionada nota agrega que el presidente le encomendó a la interventora “la redacción de un proyecto para reformular el Sistema de Inteligencia Nacional —que incluye también áreas del Ministerio de Defensa y de Seguridad— para producir información de calidad y ponerle límites a los servicios. Luego aclara: “De lo que se trata es de cambiar la matriz de los órganos de inteligencia que estuvieron siempre más interesados en meter sus narices en cuestiones políticas que en los temas que son estratégicos para el país a largo plazo”.

Cabe aquí citar la Ley 25.520 —sancionada el 27 de noviembre de 2001 y promulgada el 3 de diciembre de 2001— que dice textualmente:

ARTICULO 10. — Créase la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar dependiente del Ministro de Defensa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 15 de la Ley 23.554.

Tendrá como función la producción de Inteligencia Estratégica Militar.

Los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas tendrán a su cargo la producción de la inteligencia estratégica operacional y la inteligencia táctica necesarias para el planeamiento y conducción de operaciones militares y de la inteligencia técnica específica.

La mencionada Ley, en su Título IV, Política de Inteligencia Nacional, en su artículo 12º, expresa que “El Presidente de la Nación fijará los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional”. En el artículo 13º dice que “conforme los lineamientos y objetivos establecidos por el Presidente de la Nación, la Secretaría de Inteligencia tendrá las siguientes funciones específicas”, y a continuación se hace necesario citar incisos puntuales:

5. Coordinar las actividades dentro del marco de las leyes 23.554 de Defensa Nacional y 24.059 de Seguridad Interior con los funcionarios designados por los ministros de las áreas respectivas, cuyo rango no podrá ser inferior al de Subsecretario de Estado.

11. Proporcionar al Ministerio de Defensa la información e inteligencia que fuere menester para contribuir en la producción de la Inteligencia Estratégica Militar, de conformidad a lo estipulado sobre la materia en el artículo 15 de la ley 23.554.

12. Proporcionar al Consejo de Seguridad Interior la información e inteligencia que fuere menester para contribuir en la producción de la inteligencia criminal de conformidad a lo estipulado sobre la materia en el Artículo 10 inciso e) de la ley 24.059.

A estos efectos cabe también citar el artículo 14:

El Presidente de la Nación podrá convocar a un consejo interministerial para el asesoramiento sobre los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional, determinando en cada caso los miembros participantes en el mismo.

Asimismo, el Presidente de la Nación podrá convocar a participar de dicho Consejo, con carácter consultivo, a representantes de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad o de la Policía Federal Argentina, cuando lo considere pertinente.

Por su parte, la Ley 27.126 —sancionada el 25 de febrero de 2015 y promulgada el 3 de marzo de 2015—, que modifica la 25.526, también tiene en su espíritu las cuestiones vinculadas a la Defensa Nacional y a la Seguridad Interior. En su artículo 6° expresa que debe sustituirse el artículo 8º de la ley 25.520 por el siguiente texto:

Artículo 8°: Las funciones de la Agencia Federal de Inteligencia serán las siguientes:

    1. La producción de inteligencia nacional mediante la obtención, reunión y análisis de la información referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten la defensa nacional y la seguridad interior, a través de los organismos que forman parte del sistema de inteligencia nacional.
    2. La producción de inteligencia criminal referida a los delitos federales complejos relativos a terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, ciberdelitos, y atentatorios contra el orden económico y financiero, así como los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, con medios propios de obtención y reunión de información.

La misma ley hizo un sutil cambio de la definición de “Inteligencia Nacional” que fue modificada a través de su artículo 2º:

Inteligencia Nacional a la actividad consistente en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten la Defensa Nacional y la seguridad interior de la Nación.

Entonces, tanto la Ley 25.520 y la modificación introducida por la Ley 27.126 ya contemplan la participación de los Ministerios de Defensa y de Seguridad en las actividades de Inteligencia cuya cabeza del sistema, actualmente, es la AFI, como oportunamente lo fueron la Secretaría de Inteligencia y la SIDE (Secretaría de Inteligencia de Estado).

Aún más, la Ley 25.520, en su artículo 9° expresa “Créase la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, dependiente de la Secretaría de Seguridad Interior” y, en su artículo 10º, establece la creación de la “Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar dependiente del Ministro de Defensa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 15 de la Ley 23.554”.

La nota periodística dice que “quizá 2021 vuelva a ser el año de la reforma para dejar atrás los ‘sótanos de la democracia’, como los llamó el Presidente al asumir”.

Al respecto debe quedar claro que los agentes de Inteligencia no obran de por sí y que lo que hacen los miembros del servicio es lo que las autoridades políticas de turno, presidente, secretarios o directores de Inteligencia, según las épocas, les solicitan. En otras palabras, los políticos deben hacerse cargo de lo que han hecho con la Inteligencia en la República Argentina.

Precisamente fueron los políticos quienes torcieron los objetivos de la Secretaría de Inteligencia y de la AFI orientándolos hacia la Inteligencia Criminal, duplicando innecesariamente lo que le compete a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y atrofiando las capacidades del principal organismo nacional. Aún más grave, el general César Milani (2013-2015) llegó a contar con más recursos para Inteligencia en la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar que los que tenía la propia Secretaría de Inteligencia.

Por otro lado, la información periodística menciona que la interventora terminó de redactar un borrador tras “meses de discusiones con el consejo consultivo de la intervención, designado ad honorem, para pensar los cambios en la ley de inteligencia”. Ese consejo consultivo “está integrado entre otros por Alberto Binder, Juan Gabriel Tokatlian, Rafael Bielsa, Paula Litvachky, Margarita Trovato, Beatriz Busaniche, Ernesto Chaparro, Sidonie Porterie, Lisandro Pellegrini y Máximo Sozzo”. Según reza la nota, estos serían “expertos” en Inteligencia pero la realidad es que no se conoce que ellos hayan caminado por los pasillos del servicio ni por las aulas de la Escuela Nacional de Inteligencia en calidad de agentes para poder conocer sobre la materia. Es que la Inteligencia es una disciplina que solo se aprende en el ejercicio de la actividad. Como alguien escribió por ahí con respecto a esta nueva ley, “es difícil crear o intentar reformar algo, de lo que se desconocen, su arquitectura, misión y objetivos”.

Por otro lado, en este punto, es quizás apropiado reflexionar si ese “consejo consultivo” no entra en colisión con la Ley 25.520 que en su artículo 11º expresa:

Queda prohibida la creación conformación y funcionamiento de asociaciones, instituciones, redes y grupos de personas físicas o jurídicas que planifiquen y/o ejecuten funciones y actividades de inteligencia en cualquiera de sus etapas asignadas por la presente ley a los organismos integrantes del Sistema de Inteligencia Nacional.

La redacción de las leyes compete al Congreso Nacional, cuyos miembros también confeccionan leyes sobre temas que desconocen y que ni siquiera se asesoran con el personal que lleva a cabo determinadas actividades que, como en el caso de la Inteligencia, son muy específicas.

Según Página 12, la nueva ley pondrá “énfasis en la inteligencia estratégica, no en la inteligencia criminal como dominó en las últimas décadas a la exSecretaría de Inteligencia”. Precisamente esta era la función de la SIDE, la que fue desvirtuada principalmente durante las dos últimas décadas gracias a la intervención de los políticos y a las “purgas” que cada tanto fueron llevando a cabo los gobiernos democráticos, siendo la más importante la que llevó a cabo el gobierno de la Alianza el 7 de febrero de 2000. No es nada nuevo que la Inteligencia Estratégica “es necesaria para el desarrollo integral del país”, algo que parece descubrir la nueva conducción gracias a “una de las charlas públicas que uno de los integrantes del consejo consultivo dio para la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI)”.

La gestión de Macri también hizo uso de la “propaganda” en contra de la Inteligencia argentina. Las notas periodísticas que hablaban de que Macri tenía por objetivo “sanear y profesionalizar la agencia” se repetían en los diarios allegados a ese gobierno así como hoy Página 12 nos habla de esta nueva ley. Se echa personal de carrera para hacer lugar a los “nuevos profesionales de Inteligencia” que cada gestión recoge en la calle para “profesionalizar el organismo”. En los últimos años, cada gestión echa a esos “expertos en Inteligencia” que la gestión precedente hizo ingresar para “profesionalizar el servicio”. Amigos, parientes y militantes de todos los colores encuentran empleo en la AFI, una constante que ha vaciado a la Inteligencia Nacional de sus verdaderos profesionales, los que deberían haber transmitido sus conocimientos a las nuevas generaciones.

Finalmente, la nota dice que existe una propuesta de que “el director general de la Agencia sería un agente de carrera” aunque aclara que “ese punto no figura en el borrador”. En realidad, no quedan funcionarios de carrera tras diecisiete años en que los gobiernos kirchneristas y macrista se encargaron de destruir el servicio y de “eliminar”, mediante “ofrecimientos jubilatorios” y “retiros voluntarios”, a todo el personal de carrera que tuviera muchos años dentro del organismo.

En verdad, se hace necesario rearmar el Sistema de Inteligencia Nacional pero, en ningún caso sería una tarea que deban hacer quienes se encargaron de destruirlo. Quizás en la reforma sea conveniente que el organismo nuevamente se llame SIDE (Secretaría de Inteligencia de Estado), para recordarles a los políticos que la Inteligencia no es de un gobierno sino que está al servicio del Estado Nacional.

 

* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019.

 

Referencias

[1] Luciana Bertoia. “La interventora de AFI, Cristina Caamaño trabaja en su redacción. Los principales lineamientos de la nueva ley de Inteligencia. Página 12, 24/01/21, https://www.pagina12.com.ar/319273-los-principales-lineamientos-de-la-nueva-ley-de-inteligencia.

[2] Proyecto de ley. Expediente 5577-D-2016. Sumario: REFORMA DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA NACIONAL Y CREACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA. DEROGACION DE LAS LEYES 25520 Y 27126. Fecha: 26/08/2016, https://www.diputados.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=5577-D-2016.

[3] “La Coalición Cívica pide eliminar la AFI”. Agencia Legislativa, http://agencialegislativa.com/la-coalicion-civica-pide-eliminar-la-afi/

©2021-saeeg®

ECONOMÍA Y ECONOMISTAS: ENTRE EL QUÉ Y EL CÓMO

Agustín Saavedra Weise*

Carlos Leyba, economista argentino, uno de los redactores del Programa de Reconstrucción y Liberación Nacional, más conocido como “plan Gelbard” (1973).

El veterano economista argentino Carlos Leyba, que en 1973 formó parte del tercer gobierno del general Juan Domingo Perón (1895-1974), comentó recientemente que en la cofradía de los economistas de su país es usual decir “hay que hacer”, pero rara vez se repregunta el “cómo hacer”. En política económica la realidad son las consecuencias, pero de eso no se habla.

Leyba expresa luego que la defensa corporativa de los economistas argentinos es más o menos así: “La decadencia económica del país es consecuencia de que cuando economistas (los científicos) le decimos a políticos (los instrumentadores) qué hay que hacer (programa) ellos no lo hacen porque no quieren pagar los costos (política)”. ¿Debe un economista proponer medidas sin exponer costos y consecuencias? La política económica se debe pensar para un tiempo prudencial, recordemos que John Maynard Keynes dijo que en el largo plazo estaremos todos muertos. El argumento de las consecuencias positivas de aquí a 100 años debe ser absolutamente descartado, remata socarronamente Leyba.

Afirma, además, que en política económica toda solución de un problema implica la generación de otro. El éxito estriba en que el nuevo problema generado sea menor (y más fácil de resolver) que el problema resuelto.

La política económica correcta sería entonces como construir una escalera de soluciones para que cada peldaño sea más fácil de superar que el anterior. Asimismo, no hay ninguna medida seria de política económica que no considere la relación costo-beneficio, algo básico en todo razonamiento económico.

Leyba explica que la defensa corporativa pone en escena a un economista del “tipo asesor” que informa, propone, aconseja o presenta proyectos y no ejecuta ninguna acción. Así comenzó a entender lo que un joven economista recién graduado le dijo: “a nosotros nos enseñan modelos, no política económica”.

Leyba fue uno de los redactores del plan Gelbard de 1974, así que él sabe lo que afirma en torno a los economistas de su medio: sugieren qué debe hacerse pero no explican el cómo hacerlo. Ese es el dilema de la profesión en Argentina —y en el mundo— que viene arrastrándose desde la inclinación hacia el estudio “científico” de la economía, olvidando su definición básica como ciencia encargada de satisfacer necesidades múltiples con medios escasos y sobre la base de decisiones de autoridad. Ya en esa definición se ve su complejidad; no es fácil complacer a todos cuando los medios son limitados. En mis épocas estudiantiles de los 60, en la Universidad de Buenos Aires (UBA) se quiso volver a la “economía política”, al principio de las cosas, cuando la economía era una ciencia social poco influenciada por las matemáticas y se debía en definitiva a la política, a la capacidad de mando en una sociedad.

El entusiasmo con la economía política duró poco pese a ser el verdadero nombre de la ciencia, algo que el célebre Julio H. G. Olivera (1929 – 2016) —mi profesor de “Dinero, Crédito y Bancos” en la UBA— siempre nos recalcaba. Con el tiempo los estudios económicos fueron cada vez más complejos, más matematizados y sideralmente alejados de la vida real. De allí viene el error de muchos economistas en sus pronósticos y hasta en sus acciones; se dejaron llevar por el encanto formal de sofisticados modelos llenos de supuestos y se olvidaron de la realidad concreta.

Los economistas en general debemos retornar con realismo a la economía política, al inicio de la disciplina como parte de las ciencias sociales y con énfasis en la política, ya que de tomar decisiones se trata. En mi modesta opinión hay que “rehumanizar” nuestra profesión. Sólo si se cambia el rumbo de lo teórico a lo concreto, sin refugiarse en la sofisticada fantasía de complejos modelos econométricos, podremos hacer realidad el célebre brindis de Lord Keynes: “Brindo por la economía y por los economistas, quienes son los depositarios, no de la civilización, pero sí de la posibilidad de que ésta ocurra”.

 

*Ex canciller, economista y politólogo. Miembro del CEID y de la SAEEG. www.agustinsaavedraweise.com

 

Tomado de El Deber, Santa Cruz de la Sierra, https://eldeber.com.bo/opinion/economia-y-economistas-entre-el-que-y-el-como_217009

LA OPORTUNIDAD, LA REALIDAD Y LOS POLITICOS. CONFLICTOS E HIPÓTESIS DE GUERRA.

Marcos Kowalski*

A guisa de ser muy reiterativos debemos afirmar que Argentina viene de un proceso de décadas de desinversión en materia de Defensa, propiciada, sin lugar a dudas por una imposición de intereses exógenos, pero más que nada por un desinterés de los políticos, de todos los partidos y sectores, a los que les tocó en suerte gobernar la administración del Estado Argentino.

Esta desinversión ha provocado una gran vulnerabilidad en las capacidades estratégicas de la Argentina, en todos sus dominios. Actualmente nuestro país carece de capacidades militares creíbles, ya que ni siquiera se privilegió el mantenimiento y fortalecimiento de los recursos que se disponían.

Pudiéndose notar que Argentina ha quedado muy relegada y desactualizada en material y avance tecnológico militar en comparación con otros países de la región y del mundo. Es evidente que la pérdida de capacidades que se ha venido gestando con los años y la falta de otras que jamás se introdujeron suponen un atraso sustancial, por lo cual salir requerirá inversión y planificación a largo plazo.

Inversión y planificación que no parecen ser en absoluto prioritarias para la casta de políticos que hoy pululan en todo el espectro partidocrático argentino y que suelen privilegiar banales proyectos contra la raíz cultural argentina, impulsadas por intereses de sectores y actores internacionales, en lugar de llevar a cabo políticas reales de proyección y de dimensionamiento de la Nación.

Estos políticos empeñados en un juego de subterfugios que a nada conducen salvo a la desintegración de nuestra ancestral cultura, poniendo en riesgo la integridad de la Nación toda, no creen necesaria la Defensa de la Nación, por ignorancia, soberbia o simplemente alineación ideológica, más preocupados por cuanto miden en una encuesta que por la grandeza de la Patria, prefieren el oro en su actualidad que el bronce de la posteridad.

Como un despropósito a propósito, desde el Señor Alfonsín, todos los gobernantes han descartado efectuar hipótesis de guerra y han ido desmantelando la política de Defensa y su apéndice más importante, el aparato militar, en un país que, recordemos, tiene un inmenso territorio y una zona económica exclusiva marítima, donde todos pescan menos los argentinos.

Tratemos en una breve síntesis de ver cómo anda el mundo desde el punto de vista de la política estratégica global, en esta era, y donde hay recrudecimientos de conflictos, así como también la probabilidad de que proliferen en toda América, incluyendo los Estados Unidos de Norteamérica.

Rusia, China y Estados Unidos están volviendo a una nueva etapa de “guerra fría”. ¿Los motivos? Varios y de diverso origen; en primer lugar, debemos observar los grandes intereses comerciales que afectan la relación de las tres potencias militares, hoy las más grandes del planeta, sus alianzas y sus áreas de influencia, en un mundo que pasa rápidamente de la globalización a la nacionalización y surgen nuevos e importantes actores.

La influencia en Europa de Alemania y sus acuerdos con los rusos para el Nord Stream 2, que es el nombre con que se conoce un gasoducto que conectará Rusia con Alemania y Europa Central y del Este a través de 1.200 kilómetros por el mar Báltico, encuentra una fuerte resistencia por parte de Estados Unidos.

Las presiones estadounidenses habían logrado suspender los trabajos desde diciembre de 2019, cuando la compañía suiza Allseas, encargada hasta entonces de la construcción del tramo submarino de Nord Stream 2, anunció su retirada definitiva del mar Báltico después de que Estados Unidos introdujera sanciones contra el proyecto gasífero. Tras un año de pausa y búsqueda de otras alternativas, al final asumió Rusia el tramo final de la obra, tal y como había adelantado que haría si no se encontraba otra solución.

Esta cuestión está implicando que buques rusos hayan retomado en aguas alemanas los trabajos. Se trata de un barco tendedor de tuberías submarinas, el “Fortuna”, que está acompañado por los buques logísticos rusos “Katun” y el “Baltiski Issledobatel” que instalará una sección de 2,6 kilómetros de tuberías en la zona económica exclusiva de Alemania, a una profundidad de menos de 30 metros.

Con este gasoducto lo que parece estar en juego es el equilibrio político y militar, aunque no es el único tema que suscita controversia. Para Europa gira, primero y ante todo, en torno a estas dos opciones, gas natural ruso a través de un gasoducto desde Siberia Occidental, o gas natural licuado (GNL) procedente de Estados Unidos mediante fractura hidráulica o por transporte marítimo, siendo éste significativamente más caro.

Europa va a seguir necesitando proveerse de ambas fuentes durante muchos años. Los gasoductos actuales como el Nord Stream 1 ya rinden a su máxima capacidad. Además, El tendido de Nord Stream 2 y su conexión a la red habilitaría técnicamente al Kremlin para reducir e incluso cortar los ingresos por importe de miles de millones que Ucrania recibe en concepto de derechos de tránsito y de los que tanto depende.

Siempre Rusia fue predecible en cuanto a la política de hidrocarburos se refiere. Hoy China, en calidad de mercado alternativo de consumo para Siberia Occidental, solo puede considerarse, de momento como una opción a largo plazo, de entrada, por motivos de distancia y, además, por los elevados costes que implicaría

Todo es muy complicado y casi todo está conectado a casi todo. El GNL estadounidense compite en los mercados con el gas natural ruso; y ambos, a su vez, con las grandes fortunas de la región del Golfo, de allí la complejidad en que ambas potencias elaboran sus hipótesis de guerra, su inquietud por arbitrar los conflictos en la región de Medio Oriente e incluso su proyección e influencia en el mar Mediterráneo.

Pero, además, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, inauguraron juntos el TurkStream, un gasoducto que transportará gas natural desde Rusia a Turquía, así como a países del sur y sudeste de Europa, tales como Bulgaria, Serbia y Hungría, que estarán entre los primeros en beneficiarse cuando la infraestructura esté completamente operativa.

En una especie de guerra del gas, Grecia, Chipre e Israel, han cerrado un compromiso para construir el llamado Estmead un gasoducto de casi 2.000 kms que permitirá llevar a Europa gas chipriota e israelí. Este gasoducto no es competencia para Rusia, ya que transportaría bajas cantidades del hidrocarburo.

En total, el Estmead se estima que podría proveer, para finales de la década, hasta un 10% de lo que hoy consume la UE y ayudar al bloque regional a ganar un margen de independencia de Rusia y Turquía, dos potencias con las que la UE ha mantenido fuertes conflictos políticos en los últimos tiempos.

Desde 1974, la isla de Chipre está dividida en dos: en el Norte, una república separatista apoyada por Turquía que el resto de la comunidad internacional no reconoce; en el Sur, la República de Chipre, un Estado miembro de la UE y cercano y aliado de Grecia,

Turquía no reconoce la República de Chipre y reclama su zona económica exclusiva en el Mediterráneo, la misma que el miembro de la UE ya abrió a exploración con licitaciones a la francesa Total, la italiana ENI, ExxonMobile y la estadounidense Noble Energy. Turquía mantiene una relación política tensa con Grecia, un aliado de la OTAN, pero un histórico rival regional y una de las principales razones por las que Ankara no ha conseguido entrar a la UE.

En el marco de esa rivalidad, Erdogan firmó un acuerdo limítrofe en diciembre pasado con el gobierno libio internacionalmente reconocido para crear una zona económica exclusiva en un corredor en el Mediterráneo que une de manera diagonal la costa de Libia con la turca, al este de la isla de Creta. Este corredor corta en dos el recorrido planeado por Israel, Chipre y Grecia para el gasoducto EastMed y, por eso, Erdogan ya advirtió que necesitarán la luz verde turca para poder construirlo.

Tenemos que decir que en los últimos tres lustros, Ankara ha invertido más de 30.000 millones de dólares en la creación de un complejo militar-industrial, que se mueve por directrices del gobierno y ya ha desarrollado tanques propios además de corbetas, helicópteros y misiles de diverso alcance y drones. Siendo el mayor cambio cualitativo en armamentos de la región; actualmente, el 70 % de las armas utilizadas por las fuerzas armadas turcas son fabricadas allí.

De esta forma, sus Fuerzas Armadas son cada vez menos dependientes de sus aliados occidentales en el ámbito técnico. Lo que también hace a Turquía más independiente política y estratégicamente En los últimos años la relación de la OTAN con Turquía, que forma parte de la misma, ha sido turbulenta, por no decir algo peor.

Preocupan la tendencia independista de Turquía y la adquisición de material ruso como el complejo de misiles escudo antiaéreo más sofisticado de Rusia, el S-400. Estados Unidos también advirtió a Ankara, en virtud de la Ley de lucha contra los adversarios estadounidenses mediante sanciones si se activa el sistema S-400. Se espera que el presidente electo Joe Biden adopte una postura más dura sobre el tema; es así como se han generado conflictos complejos de resultados impredecibles.

Pero si hay un actor que ha aprovechado la inestabilidad en Medio Oriente desde la invasión de Irak en 2003 y con la irrupción de las protestas de la llamada “primavera árabe” y la lucha contra el Estado Islámico, ese ha sido Irán. En los últimos años, la influencia iraní en la región se ha reforzado a través de una red de aliados en varios países.

Esa influencia se da en el contexto de conflictos como el de Siria o Yemen, y en la lucha contra el Estado Islámico en Irak. Es lo que se conoce como “eje de la resistencia” que, es una alianza marcadamente antiestadounidense y antiisraelí con la que Irán está reconfigurando el equilibrio de fuerzas y fortaleciendo su presencia en Medio Oriente

Además de Irán, dentro de esta alianza están Siria, el grupo Hezbolá de El Líbano, las milicias chiitas en Irak, Afganistán y Pakistán, y los hutíes de Yemen. Aunque el denominador común de estos grupos es que son chiitas, como la mayoría de la población de Irán, en el eje también se incluye un grupo sunita, el movimiento palestino Hamás, que debe su presencia en la alianza por compartir el enemigo con Irán: Israel.

Es posible que ningún país haya desafiado tanto a Estados Unidos después de la Guerra Fría como Irán, que no ha perdido oportunidad de limitar la influencia de Washington. Por eso Estados Unidos ha rodeado Irán con bases militares y sus gastos militares rondaron el doble del PIB del país persa en los últimos años. En un conflicto militar convencional, Teherán no tendría ninguna posibilidad.

Ante esto, los iraníes desarrollan una doctrina militar de disuasión basada en tres capacidades, un amplio arsenal de misiles balísticos, de crucero y anti-buque de desarrollo y fabricación propia, la amenaza de una guerra naval asimétrica, con el posible bloqueo del estrecho de Ormuz, y los lazos con grupos militantes no estatales.

En otro de los sectores calientes del planeta, está el conflicto del Mar de la China Meridional, mar que, de acuerdo con la denominación más extendida, aunque no la única, se encuentra emplazado en la región del sudeste de Asia y bordea el sur de China. Sus aguas albergan más de 400 islas, arrecifes y bancos de arena, y numerosos archipiélagos entre los que se destacan las islas Spratly y las Paracel.

El conflicto por este territorio se remonta a mediados del siglo XX, pero ha adquirido notable difusión en los últimos cinco años debido al incremento de acciones concretas de la República Popular China sobre los archipiélagos y a la respuesta político-diplomática de Filipinas en defensa de sus intereses territoriales.

Difícilmente pueda discutirse hoy en día la afirmación de que China se ha convertido en una potencia económica mundial. Lo inquietante en torno a esta aseveración es cómo este poderío económico se traducirá en poder político y, aún más preocupante, militar.

Es también indudable que sobre la base de poder económico se erigirá, eventualmente, un poderío militar con alcance regional, en primera instancia, y posteriormente global. En ese proceso, en el cual Beijing ya ha dado varios pasos firmes, se contemplan intereses estratégicos para la seguridad nacional china, como el abastecimiento energético y de recursos naturales y la defensa de los territorios reivindicados como propios.

En el caso del Mar de China Meridional se cruzan numerosas consideraciones estratégicas, energéticas y económicas, que se relacionan con la necesidad de asegurar el abastecimiento de recursos naturales y de obtener el control de la principal ruta marítima del este de Asia. Dadas estas condiciones, es de esperarse que, a menos que se alcance una resolución diplomática del conflicto que respete los intereses chinos, los enfrentamientos se intensificarán y el conflicto alcanzará una dimensión mayor con la intervención de actores extra regionales, como Estados Unidos.

También hay una escalada china en el Mar de China Oriental que linda con Japón. China está impulsando su reclamo sobre las islas Senkaku, administradas por Japón. Hasta ahora, Tokio ha reaccionado con mucha cautela, pero los últimos avances amenazan las relaciones chino-japonesas. Al parecer la estrategia china consiste en tres etapas de desgaste en el Mar de China Oriental.

La “normalización” de la presencia china en las islas, que ya ha tenido lugar debido al efecto de la habituación, cada vez más por sus propias fuerzas de seguridad, por ejemplo, mediante el amenazante acercamiento a los barcos pesqueros japoneses. Con este último paso, China estaría queriendo tomar el control completo del área. Los expertos en seguridad de Japón no esperaban que esto sucediera hasta dentro de una o dos décadas, pero ahora sucederá dentro de este decenio.

El avance hacia esta región del Mar de la China Oriental probablemente expresa la imagen fortalecida de China de ser una potencia mundial. Y el gobierno japonés es muy consciente de este desafío. En su nuevo Libro Blanco de Defensa Nacional, presenta la amenaza china a las Senkaku de manera tan aguda como nunca antes.

Para Japón, las autoridades chinas están impulsando “implacablemente” su reclamo sobre las islas y socavando lo establecido con actividades marítimas cada vez mayores. En la presentación del Libro Blanco, en julio, el entonces ministro japonés de Defensa Taro Kono dijo que una mayor intensificación podría desencadenar el uso de medios militares por parte de Japón.

Esa es la razón por la cual Japón desarrolla nuevas armas para sus fuerzas de autodefensa e intensifica su acercamiento a Estados Unidos, En ese sentido Japón fue anfitrión del “Diálogo de Seguridad Cuadrilateral” (QUAD) con Estados Unidos, India y Australia, que tiene como objetivo contrarrestar la búsqueda de poder de China en las vías fluviales y marítimas de Asia.

En este trabajo, por una cuestión de espacios, no mencionamos los conflictos puntuales que actualmente están en curso como los de Siria, Libia, República Centroafricana. Sudán del Sur, etc. donde participan facciones nacionales fuerzas extranjeras y “Compañías Militares Privadas” en un complejo entrecruzamiento de intereses en las denominadas “Guerras Proxy” aplicando diversas doctrinas como la de la guerra hibrida o la desarrollada por el General Valery V. Gerasimov.

Como se puede ver, en un mundo de controversias complejas y de muy variada dimensión, donde se producen permanentemente guerras asimétricas, híbridas e incluso moleculares, ningún país puede evadir las hipótesis de conflicto, en un mundo donde la mayoría de las naciones propenden a equiparse con materiales de guerra para afrontar las eventuales amenazas a su integridad. Ninguna nación puede quedar indiferente.

Muchos podrán decir que América del Sur está exenta de este tipo de confrontaciones, pero veremos que NO. Analicemos solo algunos de los conflictos en ciernes en la región, los tradicionales con posibilidades de derivaciones bélicas y los no tradicionales o novedosos como amenazas a las naciones que componen esta geografía.

Comenzaremos refiriéndonos a Venezuela y sus reclamos y conflictos. El primero que debemos mencionar es su controversia con la República Cooperativa de Guyana; el Esequibo es objeto de una histórica disputa territorial. Es administrada por Guyana, pero Venezuela la reclama como suya y la considera un área por delimitar. Es una zona con riqueza forestal y mineral, con abundancia de minerales de hierro y bauxita, lo que ha llevado a que Guyana haya instalado una de las principales industrias pesadas de América del sur. Asimismo tiene un gran potencial hidroeléctrico.

El conflicto se avivó en 2015, cuando la petrolera Exxon Mobil anunció el descubrimiento de un importante yacimiento en el océano Atlántico, justo en la zona que entra en el histórico diferendo territorial. Las exploraciones fueron realizadas con el aval de Georgetown y eso provocó la protesta del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Tras un revuelo diplomático, finalmente se decidió resolver el conflicto a través de los mecanismos de buenos oficios de la ONU, pero, de nuevo, no se llegó a una solución. Sin embargo, el gigante petrolero siguió en la zona haciendo prospecciones, que Venezuela considera ilegales, y halló más yacimientos.

Para comprender el estado de las fronteras venezolanas, es necesario tomar en consideración el amoldamiento a los intereses y estrategias geopolíticas del gobierno bolivariano, en un clima de confrontación permanente de acción y reacción. En este marco, el control militarizado de los territorios limítrofes sustituyó a las políticas públicas como forma de abordaje de las diversas problemáticas en los espacios fronterizos.

Actualmente, Venezuela comparte junto con su frontera colombiana una gran cantidad de problemas sociales y políticos, como, por ejemplo, la presencia de fuerzas guerrilleras en la línea fronteriza y la gran cantidad de contrabando ilícito que transita entre ambos estados. La frontera entre Colombia y Venezuela es una tormenta perfecta en la que proliferan grupos armados, narcotráfico y contrabando. El descontrol de ese territorio de 2.219 kms con apenas ocho pasos fronterizos y decenas de caminos informales, se agravó durante la pandemia de coronavirus.

Entre 2012 y 2020, casi 2,8 millones de venezolanos han ingresado en Colombia, según datos oficiales, a los que hay que añadir los desplazamientos pendulares diarios, en su mayoría fuera de control y que no encuentra garantías en los servicios sociales en materia de protección, acceso a salud, educación, o empleo, en Colombia Esto ha ocasionado que, desde finales del 2019, hayan ido retornando a territorio venezolano.

Es precisamente la precariedad económica uno de los elementos que agrava el cuadro general de inestabilidad. La falta de oportunidades o empleo formal es aprovechada por estructuras armadas ilegales que terminan convenciendo a la población migrante de participar en economías ilícitas, o en el peor de los casos, los convencen de ingresar a sus filas, convirtiéndose estos elementos en nuevas amenazas a la paz e integridad de ambas naciones.

Debemos puntualizar que hoy la denominada Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) está muy bien equipada. Deseoso de convertir a Venezuela en una potencia regional capaz de contrarrestar el poderío estadounidense, Chávez invirtió grandes sumas procedentes de la renta petrolera en modernizar la FANB.

Rusia fue, junto con China, el principal proveedor del armamento adquirido entonces. Durante años suministró varios modelos de aviones y helicópteros, así como tanques y unidades de artillería. La gran aportación rusa a la capacidad disuasoria venezolana fue la venta de los cazas Su-30Mk2, según los expertos, un aparato capaz de competir con los más avanzados aviones de combate estadounidenses gracias a su potencia de fuego, maniobrabilidad y prestaciones.

Venezuela, también potenció su capacidad de respuesta antiaérea; recibió tres unidades del sistema ruso S-300, otras tres del Buk M2A y once del S-125. Los misiles disparados por el S-300 VM tienen un alcance máximo de 200 kilómetros para aeronaves y 40 kilómetros para misiles balísticos.

La industria militar rusa proveyó también de tanques y unidades artilleras. La FANB adoptó además el fusil kalashnikov, quizá el arma de fabricación rusa más extendida del mundo, como su fusil reglamentario e incluso se acordó construir una fábrica de este modelo en la ciudad de Maracay.

Todo ello sin referirnos a los conflictos ideológicos que mantiene Venezuela con Estados Unidos, Colombia y Brasil; con este último con movilizaciones militares y alguna escaramuza en la frontera que comparten. Para muchos analistas esta zona de América del Sur podría convertirse en un escenario de guerra que involucraría a todo el resto de los países americanos. Recuérdese la amenaza concreta del presidente de Estados Unidos de invadir Venezuela, que por suerte no se hizo efectiva.

Si hay un país con hipótesis de guerras concretas y conocidas en esta zona del mundo, ese país es Brasil, donde, incluso, los mandos militares brasileños ven a Francia como amenaza en los próximos 20 años, según se filtró a la prensa de ese país. Brasil siempre consideró seriamente su proyección estratégica, sus avances diplomáticos a través del tiempo, Hoy es el país de América del Sur que tiene una mejor proyección militar y una industria para la defensa realmente de avanzada.

Toda la región está llena de complejos problemas de frontera como las disputas por sus límites de países como Perú y Chile, Perú y Ecuador, Bolivia y Chile, o Brasil y Bolivia. Tenemos que decir que todas las naciones involucradas en esos diferendos contemplan, para sus fuerzas armadas, hipótesis de conflicto, como puede verse al observar sus gastos y equipamientos militares, siendo Argentina el único país que, ocupado en parte de su territorio (las islas Malvinas) y del Atlántico Sur, descarta las hipótesis de guerra.

Siempre hay que repetir que desde 1983 a la fecha, la mayoría de los funcionarios políticos que fueron designados en el Ministerio de Defensa se han caracterizado por su ignorancia y desinterés en hipótesis de conflictos y en su negación por modernizar el equipamiento militar, la doctrina militar, la industria para la defensa dejando estos factores claves para la Defensa Nacional relegados en sus prioridades de gestión.

Como dato que confirma lo que decimos, el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), estableció que los recursos destinados al componente militar en Argentina en 2019 rondaron los US$ 3.143 millones, un nivel similar al que se destinaba a principios de la década de 1990. En ese mismo período el gasto militar brasileño pasó de US$ 7.000 a US$ 27.000 millones; el de Chile de US$ 1.200 a US$ 5.200 millones. Estos datos describen la desinversión del aparato militar argentino.

El factor científico y tecnológico dentro del ámbito militar no solo ha sido postergado, sino que se ha perdido y destruido en la mayor parte por desinterés de la casta política argentina. Acostumbrada a las recurrentes crisis stop and go del país, la industria de defensa nacional se muestra más como un símbolo de aspiraciones que de un conglomerado con una verdadera cuña dentro de las políticas científicas tecnológicas del país. La Industria para la Defensa debe aplicar al fin ulterior de la Defensa Nacional dentro del plano de la seguridad internacional y también convertirse en un medio para brindar beneficios de impacto social y económico que dinamice la actividad de diferentes actores internos de la vida de un país.

Otro aspecto que nunca se ha tenido en cuanta, es la doctrina de uso del aparato militar en la política de Defensa. Analizando la historia de los conflictos bélicos en el mundo, se puede concluir que la Doctrina Militar es tan importante como la disponibilidad de una gran cantidad de los mejores Sistemas de Armas o del personal militar mejor formado y adiestrado. La doctrina militar en una especie de “guía general” que sirve para estandarizar, orientar y dar cierto marco de referencia sobre qué hacer y cómo proceder ante las diversas situaciones a las cuales podría verse expuesta la organización militar. Tanto durante su entrenamiento en tiempos de paz como durante la guerra.

Si bien hay una “individualidad” en la doctrina militar de cada nación se advierte que hay ciertos aspectos que suelen ser “universales”, comunes a la mayoría de los cuerpos doctrinarios de los diversos países, esto debido a que responden a los principios esenciales del arte de la guerra. Dentro de la “doctrina militar” de un país se puede diferenciar tres niveles, a saber: la “Doctrina Militar Específica” (DME), propia de cada una de las Fuerzas Armadas; la “Doctrina Militar Conjunta” (DMC), que orienta y guía el accionar sinérgico y coordinado entre dos o más FFAA de un mismo país; y la “Doctrina Militar Internacional” (DMI), comúnmente conocida como “Combinada”, que permite la interoperabilidad entre FFAA de dos o más naciones.

A pesar de todo lo dicho hoy Argentina, tiene enfrente algunas oportunidades tentadoras. Descartada las compras lisas y llanas y en conocimiento público de la veda impuesta por el Reino Unido a productos de su procedencia para renovar el material de las FFAA argentinas, aparecen propuestas que incluyen la posibilidad de transferir tecnología y establecer centros locales de producción y mantenimiento.

A Argentina se le ofrece algo que debería haber buscado siempre en el tema de adquisiciones de equipos y que, de hecho, debemos recordar se produjo con Alemania en la década de los 70 con la producción del TAM, el Pampa, los submarinos TR-1700 y los navíos clase Meko, el Know How y la transferencia de tecnología para la producción.

Hoy es el caso de Rusia, que está muy interesada en cooperar con Argentina en materia militar y ha avanzado con múltiples propuestas que detonan la intencionalidad de crear un lazo estratégico a largo plazo con el país. Esta propuesta, el traspaso de tecnología, aunque no sea total, genera enriquecimiento del capital humano nacional, mano de obra altamente calificada, y una solución práctica para problemas engorrosos, como, por ejemplo, cuando un sistema se descompone o sencillamente, ingresa en mantenimiento. Esto acortaría los tiempos de reparación y mantenimiento, además de reducir los costos operativos.

Existe además una opción China, en un contexto parecido de traspaso tecnológico y en este caso cuenta, además, y según un reportaje reciente al Jefe de la FAA, Xavier Julián Isaac con el visto bueno de dicha fuerza, el avión JF-17, que está siendo construido por China en forma combinada con Pakistán; es una aeronave moderna y con bajo costo operativo.

En la actual escasez de medios de la Fuerza Aérea Argentina sin posibilidades de resolución a la vista, debería incentivar razones más que suficientes como para focalizarse en alternativas que permitan reponer un mínimo parque aéreo de combate en lo inmediato. Por lo que resulta imposible resistirse por estos días a la evolución del citado JF-17, especialmente cuando se lo aprecia con más que sobradas capacidades para asumir los roles que en la FAA quedaron vacantes tras la baja del SDA Mirage, así como los que se sumarán tras el inexorable y cada vez más cercano destino final de los A/OA-4AR Fighting Hawk.

Seguramente los políticos de turno hoy, seguirán dejando de priorizar la Defensa y quizás estas oportunidades, aun cuando insuficientes, relativamente factibles, no resulten tenidas en cuenta. Es que se requiere cierto conocimiento de casi todo lo público y un arte especial para gobernar. Un bien escaso, ya sea en Washington, Berlín, Bruselas o Moscú, y sobre todo en Buenos Aires. Demasiados “jefes de Estado” pero pocos estadistas.

 

* Jurista USAL con especialización en derecho internacional público y derecho penal. Politólogo y asesor. Docente universitario.

Aviador, piloto de aviones y helicópteros. Estudioso de la estrategia global y conflictos. 

©2021-saeeg®