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BCRA VERSUS PROVINCIAS

8 junio, 2023 SAEEG Deja un comentario

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Iris Speroni*

«Nos roban a todos el pan y la sal».

El BCRA les quitó a los changuitos misioneros la friolera de 214 millones de dólares sólo en el 2022. Y 225 MM de U$D a los rionegrinos, y 98 MM U$D a los catamarqueños. Hay que meter mucha gente presa.

Hoy vamos a ver cuánto dinero le extrajo el BCRA a las provincias en el 2022. Esa exacción – un verdadero impuesto ejecutado por una agencia paralela de recaudación – no tiene una ley del Congreso que la avale, por lo tanto es ilegal.

Lo que el BCRA le roba a los provincianos

En Argentina hay personas, familias y empresas que producen bienes exportables.

A cambio de sus bienes obtienen dinero. Venden su producido. Ya sean productos (cerezas de Santa Cruz) o servicios (programación de software). Puede ser una empresa grande (Toyota) o un señor, padre de familia, que vende sus conocimientos vía internet y vive en San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires.

Algunos venden su producto directamente y otros usan empresas comercializadoras. En el caso de frutas, empacadoras; en el caso de granos, hay una larga cadena comercial en el medio, compuesta por acopios, agentes de las bolsas de cereales, molinos, aceiteras y cerealeras. Estas últimas reciben ese nombre porque son las comercializadoras internacionales de cereales y oleaginosas. Son muy pocas empresas en el mundo, tienen puertos en todos los continentes y controlan el comercio internacional en su rubro.

Ex-cursus. No es imprescindible leerlo para seguir el razonamiento del saqueo a provincias.

Décadas atrás, cuando Argentina era una de las potencias mundiales, teníamos empresas gigantes con sede aquí. Tuvimos una magnífica oportunidad cuando los Kirchner eran gobierno. Estaba en venta NIDERA, una empresa que entonces era holandesa (la “A” de Nidera era por Argentina). Con sólo ⅓ de la recaudación anual por Derechos de Exportación, el estado argentino hubiera podido comprar la empresa. Aunque hubiera salido tres veces más del precio final, hubiera valido la pena. Era propietaria de puertos o concesiones portuarias con sus respectivas instalaciones en todo el mundo, silos, barcos, personal ultracapacitado, propiedad intelectual de semillas, cadena comercial tanto para la compra de granos como para la venta de semillas. Un caramelito. Sin embargo, como nadie en la Argentina tiene pensamiento estratégico, ni se enteraron. Ni se pusieron a pensar. Nadie en la oposición planteó la posibilidad de comprar la empresa. Nadie en el sector privado decidió hacer una vaquita para comprarla. Hubiera salido U$D 3 mil millones, U$D 6 mil millones ó U$D 9 mil millones, es sólo una fracción del ahorro privado argentino. Es una fracción de lo que el estado le quita a los productores agropecuarios por año en DEX. Nada. Silencio. El estado chino, que sí tiene pensamiento estratégico, a pesar de no exportar granos, la compró. Por varias razones: 1. porque alimentar a su pueblo es un objetivo estratégico irrenunciable – en particular luego de las hambrunas de la Era de la Humillación -, 2. porque China es una compradora neta de granos, para uso humano y forraje, por lo que necesita ser una jugadora en la determinación de los precios y no sólo una “tomadora de precios”, 3. A principios del SXXI, cuando Duhalde era presidente, las cerealeras norteamericanas se pasaron de vivas y trataron de cobrar precios estratosféricos por soja ya embarcada a China. El gobierno chino mandó los barcos de vuelta y arreglaron la entrega a precios “razonables”. Esta acción decidió a Pekín que no podían tener algo vital, como es la compra de forraje, en manos de norteamericanos y compraron NIDERA, hoy COFCO. Bien por ellos. Ahora piense, querido lector, cuánto dinero hubiera podido robar el amigo Kirchner si hubiera comprado NIDERA, tal vez pagando el doble que lo que el propio gobierno chino abonó (imaginen a Kicillof negociando el precio con la destreza que lo hizo en el caso YPF). Él, millonario, aunque la mortaja no tiene bolsillos; nosotros con una empresa de las primeras en el mundo, aquí en Argentina. Pero no se le ocurrió. Son eso. Toda la dirigencia política argentina es eso. Por tal razón China dejó atrás los Cien Años de Humillación y nosotros seguimos bajo el yugo del tratado de Versalles que nuestra dirigencia firmó.

Perdón por el ex-cursus pero considero necesario introducir el pensamiento estratégico como práctica habitual de nuestras decisiones políticas. Y el pensamiento estratégico sólo se obtiene mirando al mundo.

Volvamos.

Hay familias y empresas que producen bienes y servicios exportables. En forma directa o por intermediarios, colocan lo producido en el exterior. A cambio, el comprador externo le da al último eslabón de la cadena, divisas. Pueden ser reales, yuanes, yenes, dólares o euros.

Acá comienzan los problemas.

En un país normal, el comercializador podría darle a sus proveedores pesos o la divisa obtenida. Tres ejemplos: 1) Moño Azul vende manzanas y peras a todo el mundo. A los productores podría pagarle indistintamente con pesos o las divisas obtenidas ¿qué le importa? Su negocio es satisfacer a su cliente y a sus proveedores por igual y cobrar su servicio; 2) una cooperativa correntina hace acopio de yerba mate la cual parcialmente exporta a Siria y a expatriados en Italia; le sucede lo mismo, le da igual pagarle a los socios en pesos o divisa, si se pudiera, los socios preferirían divisas; 3) Aluar exporta el 90% de su producción de lingotes de aluminio, si pudiera retener las divisas obtenidas, cambiaría una parte para pagar sueldos, impuestos e insumos locales y mantendría el resto en divisas como ahorro, para comprar insumos importados, invertir en maquinaria, stocks o ampliaciones, o distribuir dividendos.

Nada de esto es posible, porque en el medio – a pedido de los políticos – se mete el BCRA.

**El rol del BCRA como recaudador ilegal de impuestos**

Sostengo que es ilegal porque la exacción impositiva no está avalada por ley alguna y el estado no puede recaudar impuestos si no es por ley del Congreso de la Nación.

¿Por qué digo que recauda impuestos? Porque compra todas las divisas que las familias y empresas obtienen con su trabajo e inversión y lo hace a mitad de precio. El BCRA se apodera de un bien (la divisa) en forma compulsiva y determina unilateral y arbitrariamente el precio (50% del valor de mercado). El estado no puede quitarle un bien a un particular sin ley previa (no la tiene) y luego de sancionada ésta, debe pagar el precio de mercado (no lo hace). Les cobra un impuesto —una imposición— equivalente al 50% (*) de lo obtenido a quienes producen bienes exportables. Repito: el BCRA se queda con el 50% del valor de las exportaciones del país, todos los años. Ese dinero se lo saca a quienes trabajan, a quienes venden bienes y servicios a todo el mundo. Se lo quita a los que hacen peras en el Alto Valle de Río Negro, a los que hacen té en Misiones o tabaco en Salta, lana en Chubut o cajas de cambio o tolvas en Córdoba. El año pasado Argentina exportó U$D 88.446.000.000, la mayor exportación en la historia del país, desde 1816 a hoy. El BCRA le quitó a millones de familias y empresas la mitad. Ilegalmente.

Y nadie dice nada. Nada.

El 99,6% de esas exportaciones provienen del interior del país y el 0,4% de la capital federal.

Sin embargo ningún senador (representante de las provincias ante el gobierno nacional) ni ningún gobernador, responsable jurídico de la provincia, se queja. Ningún diputado, representante de los intereses del pueblo de cada provincia, dijo nada.

Los representantes provinciales argentinos son todos mudos.

Están talando limoneros en Tucumán. Porque vender limones al 100% es negocio, pero al 50% del precio da pérdida (¿quién lo hubiera dicho?). Nuestro lugar duramente obtenido en el mercado mundial se perdió. Esto sucedió mientras el ex gobernador de Tucumán era Jefe de Gabinete, quien nunca dijo nada, al menos en público. El BCRA se quedó con la mitad de la venta de limones, los productores se cansaron de perder dinero año tras año y los talaron. ¿A quién le conviene toda esta destrucción de riqueza?

El dinero que el BCRA le roba a un productor de lo que sea (tapizado de autos, caja de cambios, lana, trigo, vino fino, aluminio o ajo) influye en toda la cadena: son menos impuestos provinciales, son menos sueldos en cantidad y en precio, menos tarifas de transporte a puerto, menos porcentaje de intermediación y estiba, menos compra de insumos. A la vez, proveedores y empleados gastan menos en zapatillas, remeras o gaseosas. Es la rueda de la pobreza… excepto en el BCRA, que birló a las provincias algún número entre U$D 43.256.000.000 y U$D 44.223.000.000.-; sólo en el 2022.

Botín del BCRA, por provincia, en millones de dólares

Total País 43.256
Buenos Aires 16.151
Ciudad Autónoma 152
Córdoba 6.285
Entre Ríos 935
La Pampa 590
Santa Fe 9.372
Chubut 1.259
Neuquén 1.424
Río Negro 225
Santa Cruz 1.096
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 187
Catamarca 98
Jujuy 427
La Rioja 91
Salta 649
Santiago del Estero 756
Tucumán 467
Mendoza 783
San Juan 569
San Luis 430
Chaco 252
Corrientes 134
Formosa 20
Misiones 214
Extranjero y plataforma continental 557
Indeterminado 131

Esto está calculado con las cotizaciones del 30 de diciembre de 2022 de los valores de dólares compradores tanto oficial Banco Nación como paralelo. Da que el BCRA se quedó con el 49% de lo exportado. La forma estricta de calcularlo sería tomar la cotización diaria de ambos valores y aplicarlo a las liquidaciones de exportaciones de dicha fecha. Verán que los resultados no serán muy diferentes.

Conclusiones

A millones de argentinos les quitan casi cuarenta y cuatro mil millones de dólares por año y sus representantes no dicen ni mu. A Santa Fe y a los santafesinos el BCRA les robó U$D 9.300 millones, ¿escucharon al gobernador o a alguno de los senadores por Santa Fe quejarse?
Las provincias no son ni pobres ni inviables (¡cómo odio esa definición!): son saqueadas por el poder central.
El BCRA es un recaudador paralegal. Es una AFIP sin atribuciones para cubrir ese rol.
Tampoco inician acciones legales contra ese robo desembozado los interesados, los cientos de miles de productores, las millones de familias afectadas directa o indirectamente por este saqueo, ni las agrupaciones que los nuclean.
La provincia más afectada es la de Buenos Aires, por ser responsable del 37% de las exportaciones argentinas. Sin este impuesto ilegal, probablemente exportaría el doble o triple. Por tal razón el Poder Central necesita en La Plata gente que le responda sin cuestionar el proceso de saqueo que condena a la miseria a millones de argentinos. Por eso Scioli pasó de ser diputado por la Capital Federal a Gobernador, por eso Vidal pasó de ser número dos de la Capital Federal a Gobernadora, por eso Kicillof pasó de ser diputado nacional por la Capital Federal a Gobernador: por ser personas fieles al poder central [1]. Sí, el mismo poder central que controla el BCRA. Si algún día queremos romper esta Rueda de la Miseria, tenemos que hacerlo mediante la conquista de su eslabón más fuerte: la provincia de Buenos Aires [2].

Si el BCRA le quitó al que trabaja 44 mil millones de dólares, ¿eso quiere decir que tenemos 44 mil millones de dólares de reservas? No. Porque el BCRA no cobra esos impuestos para el tesoro nacional. Es solamente un intermediario de intereses particulares. Así como lo recibe, le da esa recaudación ilegal y abusiva a los amigos del poder, ya sea la banca o industriales “amigos”.
Con esa operatoria abusiva e ilegal del BCRA se abren infinidad de oportunidades de peculado para los funcionarios: I. sobrefacturación de importaciones, II. venta de permisos de importación, donde el favorecido accede a dólares a mitad de precio, robado a otros argentinos que exportan, III. giros de dinero al exterior por supuestas deudas financieras o supuestos pagos de supuestos servicios importados, IV. invención de inexistentes inversiones que necesitan compras de maquinaria, todas mentiras para acceder a créditos estatales y a dólares a mitad de precio.

La eliminación de las DEX y del diferencial de tipo de cambio que es una super-DEX significaría aumentar la recaudación por impuesto a las ganancias por parte de las provincias en decenas de miles de millones de dólares, ¿han escuchado a alguna autoridad solicitarlo?
Debemos exigirles a las autoridades y a los candidatos que nos expliquen:
1. ¿Cómo es posible que Paraguay, Uruguay y Brasil, quienes no cobran derechos de exportación tienen más reservas que nosotros?
2. ¿Cómo es posible que Paraguay, Uruguay y Brasil, quienes no controlan el mercado de cambios, crecen – no como nosotros que cada año se reduce el PBI per cápita -, no tienen inflación, y no viven llorando créditos?
3. Varias corrientes del pseudoperonismo gustan de decir que los DEX son necesarios para “controlar el precio de los alimentos”; ídem con la compra compulsiva de dólares a mitad de precio por el BCRA (una DEX del 50%). Sin embargo Paraguay, Uruguay y Brasil viven un proceso largo de aumento del salario medio, crecimiento de la población y mejoras de las dietas de sus pueblos, mientras nosotros vivimos el proceso contrario. Opción 1: no conectan las líneas de puntos; Opción 2: quieren que el curro de vender dólares a mitad de precio a los amigos, vender permisos de importación – para comprar dólares a mitad de precio -, vender permisos de exportación – para manipular el precio interno de bienes – es un negocio que no quieren que pare nunca. Si la gente come o no todos los días, no les importa; es sólo una excusa.
4. Hoy tenemos dos urgencias:
5. acabar con la inflación, que es un impuesto no sancionado por el Congreso,
6. acabar con la manipulación arbitraria del mercado de cambios, que es un impuesto no sancionado por el Congreso.
7. Hay que meter presa a mucha gente.

Fuente

INDEC, https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/opex_03_23E165E1E942.pdf

Notas

(*) En realidad, con los números del 30/12/2022 da el 49%. Valga la diferencia.

[1] Las mismas consideraciones que caben para los gobernadores sirven para los senadores, todos representantes del poder central y no de los intereses provinciales.

[2] Por eso de ninguna manera hay que permitir que quiebren la provincia en partes. Recuerden siempre que Bullrich, el que reflotó esta vieja idea, era ministro de la ciudad de Buenos Aires antes de ser puesto —como interventor— de senador de la provincia de Bs. As.

Lecturas relacionadas

Provincia intervenida

http://restaurarg.blogspot.com/2021/01/provincia-intervenida.html

El botín del BCRA 2021 provincia por provincia

http://restaurarg.blogspot.com/2022/04/el-botin-del-bcra-provincia-por.html

Federalismo

http://restaurarg.blogspot.com/2020/11/federalismo.html

Zanahoria

http://restaurarg.blogspot.com/2021/06/zanahoria.html

Equilibrio inestable

http://restaurarg.blogspot.com/2019/12/2020.html

Federales y unitarios

http://restaurarg.blogspot.com/2022/09/federales-y-unitarios.html

Artículo publicado el 03/06/2023 por Restaurar, http://restaurarg.blogspot.com/2023/06/bcra-versus-provincias.html

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ARGENTINA, Economía

ELIMINAR LA COPARTICIPACIÓN FEDERAL

10 mayo, 2023 SAEEG Deja un comentario

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Iris Speroni*

Las provincias producen riquezas, el gobierno federal se las quita y luego deben mendigar.

Es hora que las provincias no le den nada a nadie.

El peso del Estado debe volver al 25% del PBI por todo concepto [1].

Todos los parásitos (FdT, JxC y satélites) dirán que es imposible y se rasgarán las vestiduras.

Sin embargo, es totalmente posible.

Cuando el Estado costaba el 25% del PBI teníamos FFAA pertrechadas (no es barato), un sistema educativo que funcionaba, construimos El Chocón, Zárate Brazo Largo, Salto Grande, Yacyretá, Atucha, manteníamos el Balseiro, orquesta filarmónica, la Fábrica Militar de Aviones, desarrollamos el misil Cóndor, etc.. Se hicieron rutas, se mantuvo una flota mercante, se construyeron escuelas y hospitales, teníamos administración de justicia y perseguíamos a los delincuentes. En resumen, el país andaba, crecía e invertíamos. Todo con el 25% del PBI.

Hoy el Estado nos cuesta el doble y no tenemos nada (o casi nada) de todo eso.

Hay personas que se quejan del déficit fiscal y lo ven con la madre de todos los males. Difiero.

El déficit es un problema, ya que se cubre con emisión (de moneda o de deuda). Pero no es el origen de todos los males sino un medio.

El problema, a mi entender, es el tamaño del gasto público en relación con el PBI per se. El Estado no nos debería costar tan caro.

Porque, seamos realistas, dejemos de lado el déficit. Supongamos que lo puedo solventar con impuestos, entonces ¿está bien que el Estado nos cueste 45% ó 50%?

La respuesta es: no. Porque entonces tenemos una carga impositiva del 50% del PBI. Es todo dinero que los privados le damos al Estado.

El Estado debe volver a costar 25% y debe cubrir todas las obligaciones que enumera el preámbulo de la constitución: Defensa, Administración de Justicia, Paz Interior, Garantizar los Beneficios de la Libertad.

El negocio de estos interventores que tenemos por gobernantes es crear déficit. No importa cuánto recauden de impuestos, siempre inventan nuevas formas de gastar más que lo que recaudan. ¿Por qué? Porque, repito, el negocio es vivir con déficit. Obliga a endeudar a los fiscos, renegociar deuda, etc. Cada toma de deuda significa pingües comisiones (sobornos) para los funcionarios involucrados.

Sólo así se explican los gastos delirantes [2].

Nunca van a bajar los gastos. Nunca van a reducir el presupuesto. Por eso creo que la aproximación debe ser muy distinta: Bajar los impuestos. Con ese dinero decidir cuáles serán los gastos a solventar.

Recaudar el 25% del PBI (sumados los tres niveles de gobierno). El segundo paso, es decidir cómo se gasta ese dinero, con las siguientes prioridades:

1. defensa,
2. relaciones exteriores,
3. softpower/cultura de exportación,
4. rescatar deuda pública,
5. administrar justicia,
6. seguridad,
7. salud,
8. educación,
9. infraestructura.

Tal vez me olvidé de alguna, pero así estamos.

¿Por qué es importante que el costo del estado sea 25%? Porque significa que el 75% restante quedará en manos de las familias y empresas.

Eso es lo que permitirá:

- invertir (crear más riqueza),
- mejorar el nivel de vida,
- hogares con un único miembro que trabaje si así lo desean,
- comprarse una casa,
- irse una semana de vacaciones,
- poner un local comercial o taller, etc.

Así como estamos, todo lo que ganamos lo lleva el Estado y los privados subsistimos. Por lo que reitero: lo importante es que la recaudación impositiva no supere el 25% del PBI y que los gastos (incluido el rescate de la deuda pública) no supere el 25% del PBI. Es un objetivo contrario a los socialdemócratas al servicio de la banca.

Impuestos

Así que, hablemos de los impuestos a recaudar, quién los debería pagar, cuándo, cómo y a quién.

Como ya propuse en 168 HORAS [3], la salud y la educación deberían volver a la órbita nacional y así liberar a las provincias de su costo. A cambio se exigirá a las provincias que eliminen los impuestos de sellos e ingresos brutos [4].

Las provincias deberán, entonces, vivir de:

- impuesto inmobiliario,
- patentes a vehículos automotores,
- impuesto a las ganancias (ya volveré sobre esto).

Los municipios deberán vivir de:

- ABL.
- Las tasas que cobren deben ser proporcionales al servicio brindado. De ninguna manera podrán cobrar un porcentaje de las ventas.

Los municipios y provincias deberán facturar y cobrar sus impuestos. Se prohibirá todo recargo sobre los servicios públicos.

De igual forma todos los impuestos (nacionales y provinciales) y las tasas municipales se cobrarán luego de realizado el hecho económico. Quedarán eliminados adelantos, percepciones y retenciones.

Impuestos nacionales

Existen decenas de impuestos con recaudaciones ínfimas. Ejemplo [5]: el impuesto a las transferencias inmobiliarias (1,5% del valor de la propiedad) recauda 0,1% del total. Le complican a una familia el acceso a la vivienda, no contribuye al fisco, equivale a dinero que los políticos derrochan en banalidades en un día.

Según Juan Bautista Alberdi, el Estado federal debía vivir de las rentas de la Aduana con el fin de solventar dos obligaciones delegadas por las provincias:

- Relaciones Exteriores.
- Defensa.

Llama la atención que en las últimas décadas los impuestos sobre las exportaciones tripliquen y/o cuadrupliquen los correspondientes a las importaciones. Eso debe revertirse.

¿Cómo establecer los nuevos impuestos federales?

Hay dos formas de eliminar la coparticipación provincial: la primera es cambiar la ley de coparticipación. La segunda, que es la que propongo, es reducir a cero el porcentaje coparticipable de los impuestos hoy coparticipados.

Propuesta impuestos federales

Eliminar casi todos los impuestos federales que existen hoy, a saber:

- impuesto al cheque, 8,5% de la recaudación 2022, no coparticipado,
- impuesto a los combustibles, 4% de la recaudación 2022, no coparticipado,
- impuesto a los bienes personales, 3,2% de la recaudación 2022, coparticipado, permitirá recalibrar el impuesto inmobiliario provincial,
- PAIS, impuesto solidario, 1,3% de la recaudación 2022, no coparticipado,
- impuestos internos (al alcohol, transferencias, gaseosas, tabaco, mil y un impuestos que cada uno suma el 0,1%), 1,4% de la recaudación 2022, no coparticipado,
- impuesto a las ganancias, 26,6% de la recaudación, coparticipado.

Por lo tanto, para el gobierno federal quedaría solamente el IVA (más las rentas de Aduana).

El IVA tendría una alícuota máxima de 10%, con las siguientes excepciones:

- alimentos 0%,
- forraje 0%,
- combustible 0%,
- servicios de luz, gas y aguas 0%.

Lo recaudado por IVA no se participa. Coeficiente de coparticipación: 0%.

Al gobierno federal le quedarían, a valores de 2022 y con el nivel actual de actividad unos 3 billones de pesos (millones de millones). Si le sumamos los aranceles por importación, por 0,5 billones de pesos, la recaudación federal (a valores 2022) alcanza 3,5 billones de pesos, la cual no se coparticiparía.

La apuesta fundamental es que la caída de los impuestos aumentará el poder de compra de los trabajadores y de tal forma estimulará la economía. Todo coadyuva a que el trabajador pueda mantener mejor a su familia. Invertir en ladrillos. Comprarse un autito. Ahorrar. La gigantesca apuesta es que, después de un año, se recaude más de IVA con un 10% de alícuota sobre algunos artículos, que hoy con 21% sobre todo.

En cuanto a la Aduana:

- DEX, sólo una tasa única (tasa estadística) de un valor que en un principio puede ser 3%, para reducirlo a 2% y a 1% [6].
- Aranceles sobre las importaciones. Una tasa plana (tasa estadística, 3%) más aranceles con el siguiente criterio: 0% minerales y alimentos a granel, 15% insumos químicos, metalmecánicos, plásticos, 30% productos terminados (tractores, maquinaria pesada, indumentaria, calzado, alimentos elaborados, aviones privados, automóviles de lujo, etc.). Simple. Sin trescientas mil calificaciones.

La verdadera barrera a las importaciones no deben ser los aranceles sino el tipo de cambio. Un tipo de cambio alto fomenta las exportaciones, industriales o no, y pone en un pie de igualdad a las importaciones con la producción local. Un tipo de cambio atrasado es un subsidio a las importaciones; una competencia desleal a la industria nacional; a la vez que un desestímulo a las exportaciones. El tipo de cambio funciona como barrera no sólo de las importaciones legales sino también del contrabando.

Los ingresos aduaneros deben tener dos únicos destinos:

- Rescatar la deuda nominada en divisa (dólares, euros, etc.)
- Pertrechar las FFAA (ya que gran parte del armamento deberá ser importado).

La recaudación por IVA deberá destinarse a las restantes funciones del gobierno federal. Mucha motosierra.

Provincias

Dejarán de solventar la salud y la educación.

Al sacarles este peso de encima, las necesidades de fondos serán mucho menores.

Le quedan dos responsabilidades que hoy son primordiales para el bienestar de la población: la seguridad interna, en particular la lucha contra el crimen común y la administración de justicia [6]. Hoy no satisfacen a la población. De hecho está todo el mundo muy enojado. Ambas, a partir del nuevo régimen, deberían ser la principal preocupación de los gobernadores y las legislaturas.

En segundo plano todas las autoridades deberán generar las condiciones para el crecimiento económico de las provincias (“garantizar los beneficios de la libertad»). No mediante subsidios o créditos blandos, los cuales deberían ser erradicados del vocabulario nacional. Sino contar con los medios necesarios: FFCC, flete fluvial, escuelas de capacitación, que nada esté trabado en la Aduana, energía eléctrica de calidad en potencia y tensión. Que todo fluya y se pueda invertir y dar trabajo.

Recordar que los objetivos nacionales del nuevo régimen serán: 1. pleno empleo, 2. 100% formal, 3. salario de 1.400 dólares mensuales, 4. exportaciones 500 mil millones de dólares anuales. Todo esto requiere inversión, trabajo y capacitación.

Las provincias serán financiadas por:

- impuesto inmobiliario,
- patentes,
- impuesto a las ganancias, que pasará a ser 100% provincial.

Propongo que la alícuota del nuevo impuesto sea 10% para las personas físicas [7] y 15% para las empresas, 5% para los ingresos en el exterior de las personas físicas (consultoría, programación de sistemas, premios deportivos, publicidad, cachet de artistas). Notoria rebaja respecto al actual 35%.

Deberá haber una única ley para todo el territorio, para evitar competencias jurisdiccionales. Cada persona (física o jurídica) tributará según el lugar donde se genera la riqueza, excepto los servicios al exterior que lo tributa la persona en su lugar de residencia. Ejemplo: si un artista vive en Corrientes, está empadronado en Corrientes, y es contratado para actuar en Costa Rica, debe pagar 5% a Corrientes; ídem desarrolladores de sistemas, etc. Las empresas con establecimientos en distintas provincias deberán presentar balances fiscales en cada una de ellas.

Al no cobrar derechos de exportación (excepto la tasa aduanera), el Estado federal dejará en manos de personas y empresas gran cantidad de riquezas. Ese impuesto que se dejará de pagar significará más ingreso para empresas y personas. Ingreso que pagará impuestos a las ganancias.

En el año 2022 los productores de bienes de exportación pagaron U$D 11.762 millones de DEX. Eso pasará a ser ganancias. Si tributan 10%, las provincias recaudarán en conjunto U$D 1.176 millones adicionales.

Lo mismo con la reducción de otros impuestos [ ]: aumentará los márgenes de ganancias y el nivel de actividad, lo que a su vez redundará en mayor recaudación de impuesto a las ganancias por las provincias.

En cuanto a las personas físicas, tanto los trabajadores en relación de dependencia como los que trabajan por su cuenta, comenzarán a pagar ganancias sólo después de superar los ingresos del juez mejor pago de todo el país (igualdad ante la ley). Esto corre para un camionero, un maquinista agrícola, un profesional (odontólogo, contador, kinesiólogo) o para quien tenga una explotación familiar (comercial, industrial, agropecuaria). Si una persona alquila cinco departamentos, comenzará a pagar luego de que la suma de ingresos (pensión/jubilación más alquileres cobrados) supere el ingreso del juez mejor pago. Ese mínimo no imponible no correrá para personas físicas. Todo se pagará luego de cerrado el año fiscal. Nunca por adelantado.

Cláusulas transitorias

Todo presidente que asuma el 10 de diciembre deberá decretar que los trabajadores no deban pagar si ganan menos que un juez y se les deberá devolver todo lo abonado durante el año 2023.

Se eliminarán todos los adelantos de impuestos, al igual que toda percepción o retención.

Durante el 2024 las provincias no cobrarán impuesto a las ganancias (que empezarán a percibir en el 2025 sobre las ganancias realizadas en el 2024). Esto requerirá un auxilio transitorio durante el año 2024. Por otro lado, las provincias no pagarán sueldos ni en educación ni en salud a partir de diciembre 2023. 2024 será un año de acomodamientos.

Las provincias serán fiscalmente autosuficientes. Empezaremos a ser un país federal.

Todo sea en busca de la salud fiscal, la grandeza de la patria y la felicidad del Pueblo.

Nota de la autora:

La idea de que cada provincia argentina cobre su propio impuesto a las ganancias (como ordena la Constitución Nacional, la cual precepta que los impuestos directos deben ser recaudados por las provincias y no por el estado federal) no es mía. No soy tan inteligente.

La escuché por primera vez al Dr. Jorge Ávila en una conferencia donde presentó su libro «Propuesta de Federalismo Fiscal» (Consejo Empresario Argentino, 2000), el cual recomiendo enfáticamente. Les paso el pdf del primer borrador:

http://cdi.mecon.gov.ar/bases/docelec/cea/fede.pdf

Todo error es de mi autoría y en nada responsabilidad del Profesor Dr. Ávila. Dicho esto, debemos pelear por un país federal.

Lean el libro si lo consiguen. En su momento, la Sociedad Rural Argentina lo entregaba libremente.

El federalismo es un viaje de ida. Fantástico. No le tengan miedo.

* Licenciada de Economía (UBA), Master en Finanzas (UCEMA), Posgrado Agronegocios, Agronomía (UBA).

Notas

[1] Exposición en el INFIP (http://iris-speroni.blogspot.com/2021/10/enfermedades-y-cura-de-la-economia.html), año 2019.

[2] Ej: betún para rectos por parte del ministro de salud de la provincia de Buenos Aires.

[3] 168 horas, http://restaurarg.blogspot.com/2023/04/168-horas.html.

[4] Ambos son sumamente nocivos para el crecimiento económico porque se acumulan en cada paso del proceso productivo. Cuantos más pasos hay – imprescindible en un proceso industrial – más carga impositiva se acumula. Si alguien vende latas de arvejas: paga ingresos brutos sobre la lata, las etiquetas, las cajas, el flete que trae los insumos, sobre la electricidad, etc. Sus proveedores a su vez, también pagaron ingresos brutos. El proveedor de etiquetas lo pagó sobre el papel, la tinta, las impresoras, la electricidad, el flete, el alquiler. Es un impuesto que se acumula en cada paso del proceso de industrialización. Cuanto más se industrializa, más ingresos brutos paga. Más competitividad se pierde. Recuerden: los países no exportan impuestos. Los impuestos a los sellos y a los ingresos brutos son anti-industrialización. Los mismos que generan este esquema impositivo son los que se preguntan por qué la Argentina no exporta bienes industriales.

[5] Decime cuánto me querés, http://restaurarg.blogspot.com/2023/01/decime-cuanto-me-queres.html.

[6] El objetivo será exportar por 500 mil MM U$D. Cada 1% es 5 mil MM U$D.

La recaudación DEX de 2022 (máximo histórico de exportaciones) fue 11,8 mil MM U$D.

Se recupera terreno rápidamente.

[7] Se necesitan policías con integrantes bien pagos, bien seleccionados, bien entrenados, bien provistos (uniformes, municiones, chalecos, etc.) y bien dirigidos. Pero lo más importante es que se sientan apoyados y no, como ahora, donde el poder judicial, legislativo y ejecutivo juegan para los delincuentes, los cuales son apañados, de una y mil maneras, por el poder político.

De igual manera las legislaturas provinciales deben cubrir su principal responsabilidad: monitorear a la justicia. Si el juez trabaja o deja morir los expedientes, si el fiscal sigue los casos o cobra bajo la mesa para “perder” evidencia, si liberan gente que no deben liberar, si no meten presos a quien sí deberían hacerlo, si piden que busquen a los prófugos o no, etc. Para dar un ejemplo: en la provincia de Buenos Aires hay más de 100.000 prófugos que nadie busca. Es tarea de las legislaturas auditar la eficiente persecución de delitos y dar énfasis a algunos por sobre otros, como el abigeato o los piratas del asfalto, o la tranquilidad en los barrios donde vive la gente que trabaja. Muchachos, tienen bastante de qué ocuparse.

[8] La alícuota elegida busca ser competitiva respecto a Paraguay.

[9] Unas aclaraciones sobre la base imponible. Se descontará de las ventas como costo fiscal únicamente los insumos tangibles, salarios y cargas sociales e impuestos. Ejemplo: se descontarán las cajas para embalar productos, no así consultorías, auditorías, honorarios de profesionales, honorarios de directores, publicidad, servicios de seguridad, otros servicios, incluidos alquileres y fletes.

Artículo publicado el 06/05/2023 en Restaurar, http://restaurarg.blogspot.com/2023/05/eliminar-la-coparticipacion-federal.html.

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ARGENTINA, Opinión

EL DOMINIO NACIONAL, LAS PROVINCIAS Y LOS RECURSOS MIGRATORIOS ARGENTINOS

15 enero, 2023 SAEEG Deja un comentario

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César Augusto Lerena*

**Mapa de la Plataforma. Fuente: https://www.argentina.gob.ar/inidep/material-divulgativo/mapa-plataforma**

Son de dominio de las provincias con litoral marítimo y estas ejercerán jurisdicción a los fines de su administración, exploración, explotación, investigación y conservación de los recursos vivos que poblaren las aguas interiores y del mar territorial argentino adyacente a sus costas hasta las doce millas marinas medidas desde las líneas de base reconocidas por la legislación nacional y, en los ámbitos provinciales continentales e insulares. Respecto a los recursos que migran a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) originarios del mar territorial, el Estado Nacional y las Provincias con litoral marítimo acordarán su administración, exploración, explotación, investigación y conservación.

Respecto al Artículo 3º de la Ley 24.922, éste limita «el dominio de las provincias con litoral marítimo y la jurisdicción hasta las doce millas marinas» y ello, no guarda congruencia, con lo regulado en los artículos 4º, 5º, 21º a 23º de la actual Ley 24.922 donde la Argentina reivindica sus derechos sobre los recursos migratorios más allá de las 200 millas, criterio que acompañamos y, motivo por el cual -por analogía- las provincias del litoral deberían tener derechos sobre los recursos migratorios originarios del mar territorial en la Zona Económica Argentina (en adelante ZEE). En los hechos, la limitación actual ocurre porque este Régimen denominado “Federal” solo distribuye las utilidades de los derechos de captura a los Estados provinciales; pero, el manejo del recurso pesquero sigue centralizado, generando una falta de previsibilidad y de acciones unilaterales inorgánicas de las distintas empresas pesqueras, cualesquiera sean los puertos donde se encuentren radicadas. Mientras tanto, en la Argentina, el Artículo 2º inciso c) de la Ley 24.543 de ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (en adelante CONVEMAR) y los artículos citados de la Ley 24.922 siguen siendo letra muerta y, las Autoridades de Aplicación del Estado ribereño toleran la pesca ilegal de sus recursos migratorios originarios de la ZEE, provocándole al país un gravísimo daño biológico, económico, social y laboral, además de un agravio a la soberanía nacional.

Asimismo, el rol que cumplan las provincias, con apoyo de la nación, en la producción de especies mediante acuiculturas ambientalmente sostenibles en la jurisdicción provincial continental, insular o en el mar territorial, es central para aumentar la producción nacional, el desarrollo regional, incrementar el empleo y mejorar la dieta de los argentinos.

Por otra parte, son de dominio y jurisdicción exclusiva de la Nación los recursos vivos marinos existentes en las aguas de la ZEE Argentina y de la Plataforma Continental Argentina a partir de las doce (12) millas indicadas en el artículo 3º de la Ley 24.922 y de los que, con origen en la ZEE, migran más allá de las 200 millas a alta mar. La Argentina, en su condición de Estado ribereño, debe adoptar todas las medidas necesarias para la administración, exploración, explotación, investigación, conservación y fiscalización de los recursos transzonales y migratorios originarios de la ZEE que migren más allá de las 200 millas o que, estando en alta mar, se encuentren en la plataforma continental argentina o pertenezcan a una misma población o a poblaciones de especies asociadas a las de la ZEE argentina, fomentando e incentivando la pesca nacional en alta mar y acordando con los Estados de pabellón que capturen las referidas especies en alta mar. Las especies migratorias originarias de la ZEE Argentina capturadas en alta mar debieran ser consideradas de origen argentino a los fines de su comercialización en el mercado nacional e internacional, siéndoles aplicables a todos los efectos la legislación vigente. Ello, no debiera impedir al gobierno de establecer incentivos a las empresas radicadas en la Argentina que pesquen en alta mar.

Respecto a los artículos 3º y 4º de la Ley 24.922 indicamos: el Artículo 4º por una parte precisa que “Son de dominio y jurisdicción exclusivos de la Nación, los recursos vivos marinos existentes en las aguas de la ZEE argentina y en la plataforma continental argentina a partir de las doce (12) millas (…) La República Argentina, en su condición de estado ribereño, podrá adoptar medidas de conservación en la ZEE y en el área adyacente a ella sobre los recursos transzonales y altamente migratorios, o que pertenezcan a una misma población o a poblaciones de especies asociadas a las de la ZEE Argentina”. Y aquí observamos, la utilización del término “altamente migratorio” sobre el cual la CONVEMAR no define esta terminología y, conforme lo que se indica en el Anexo I de la CONVEMAR, no existen especies altamente migratorias argentinas, por lo tanto, su sola mención en este artículo es un grave error, porque el referido Anexo deja afuera a especies que son “migratorias” originarias de la ZEE o del mar territorial, como es el caso del langostino (Pleoticus muelleri), el calamar (Illex argentinus) y la merluza (Merluccius hubbsi), por citar como ejemplo, a las tres especies más importantes de la Argentina. Las dos últimas, además de migrar a alta mar también lo hacen al área de Malvinas ocupada por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en adelante Reino Unido) y, por lo tanto, es necesario que el Estado ribereño no solo tome “medidas de conservación” más allá de las 200 millas marinas, sino también de explotación y administración, mediante acuerdos con los Estados de pabellón que pescan en alta mar, como indica el artículo 2º inciso c) de la Ley 24.543 de ratificación de la CONVEMAR: «La República Argentina acepta las disposiciones sobre ordenación y conservación de los recursos vivos en el alta mar pero considera que las mismas son insuficientes, en particular las relativas a las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorias, y que es necesario su complementación mediante un régimen multilateral, efectivo y vinculante que, entre otras cosas, facilite la cooperación para prevenir y evitar la sobrepesca, y permita controlar las actividades de los buques pesqueros en alta mar, así como el uso de métodos y artes de pesca.

El gobierno argentino, teniendo presente su interés prioritario en la conservación de los recursos que se encuentran en su ZEE y en el área de alta mar adyacente a ella, considera que de acuerdo con las disposiciones de la Convención cuando la misma población o poblaciones de especies asociadas se encuentren en la ZEE y en el área de alta mar adyacente a ella, la Argentina, como Estado ribereño, y los Estados que pesquen esas poblaciones en el área adyacente a su ZEE deben acordar las medidas necesarias para la conservación de esas poblaciones o especies asociadas en el alta mar. Independientemente de ello, el gobierno argentino interpreta que, para cumplir con la obligación que establece la Convención sobre preservación de los recursos vivos en su ZEE y en el área adyacente a ella, está facultado para adoptar, de conformidad con el derecho internacional, todas las medidas que considere necesarias a tal fin».

Si bien hay muchas razones para considerar esta actividad como “Pesca Ilegal” en alta mar, dos hechos son suficientes para tipificarla así: Cuando los buques no tienen control de sus Estados de pabellón (o los países de origen) y si se capturan especies migratorias originarias de la ZEE en alta sin acuerdo con el Estado ribereño. Por supuesto, a esto se agrega la pesca con redes de arrastre de fondo cuando se pesca sobre la plataforma continental extendida argentina más allá de las 200 millas.

Los efectos de la sobrepesca ya se conocen desde la Gran Feria de la Pesca en Londres de 1883 y, Weber en 1994 considera la sobrepesca como «el producto de una deficiente administración del recurso» que, pese a la evidencia acumulada durante 130 años de investigación científica, la industria pesquera y los administradores no terminan de entender, que los recursos pesqueros son renovables, pero agotables, si no se los administra adecuadamente y, no hacerlo, significa no tener bajo control el conjunto del ecosistema: el medio marino y los recursos vivos del mar territorial, la Zona Económica Exclusiva y alta mar.

La Ley de Pesca Nº 25.977 del 7/12/1992 de Perú está en sintonía con la necesidad de que los Estados ribereños administren los recursos migratorios en alta mar y, en su artículo 7º indica que «Las normas adoptadas por el Estado para asegurar la conservación y racional explotación de los recursos hidrobiológicos en aguas jurisdiccionales, podrán aplicarse más allá de las 200 millas marinas, a aquellos recursos multizonales que migran hacia aguas adyacentes o que proceden de éstas hacia el litoral por su asociación alimentaria con otros recursos marinos o por corresponder a hábitats de reproducción o crianza. El Perú propiciará la adopción de acuerdos y mecanismos internacionales a fin de procurar el cumplimiento de tales normas por otros Estados, con sujeción a los principios de la pesca responsable», definiendo la pertenencia de los recursos migratorios cuando proceden de la jurisdicción nacional y la necesidad de intervenir.

También Brasil en el Artículo 3º del Decreto 4.810 del 19/08/2003, al referirse a las especies altamente migratorias y aquellas que se encuentren subexplotadas o inexplotadas, indica que corresponderá autorizar y establecer medidas que permitan el uso adecuado, racional y conveniente de estos recursos pesqueros; entendiendo la protección especial que hay que realizar cuando las especies son migratorias para asegurar la sostenibilidad.

Asimismo Chile, por la Ley 19.079, Art.1º, Nº 154 establece, que se podrá establecer normas de conservación y manejo sobre aquellas poblaciones comunes o especies asociadas existentes en la ZEE y en alta mar, pudiendo prohibir o regular el desembarque de capturas o productos derivados, cuando éstas se hayan obtenido contraviniendo dichas normas y, lo dispuesto indica, que podrá hacerse extensivo respecto de las especies altamente migratorias, que realicen naves que afectan los recursos pesqueros del país.

Por su parte Colombia, en el Artículo 33º de la Ley 13 del 15 de enero de 1990 impide en el mar territorial y la ZEE el uso de buques procesadores o factorías. Ello no solo alienta la generación de empleo en las plantas en tierra, sino que también promueve que los grandes buques procesadores de bandera colombiana capturen en alta mar y compitan con los buques extranjeros en ese ámbito, extrayendo los recursos migratorios originarios de la ZEE.

Del mismo modo Ecuador, en el Artículo 4º de Ley Orgánica de la Acuicultura y Pesca prioridad prioriza «el Enfoque Ecosistémico pesquero (EEP) donde la preferencia es el ecosistema en lugar de la especie objetivo, incluyendo las interdependencias ecológicas entre las especies y su relación con el ambiente y a los aspectos socioeconómicos vinculados con la actividad», es decir, atendiendo integralmente a las especies en todo su ámbito migratorio e, incluso, a las especies asociadas que intervienen en la cadena trófica. Y, en el Artículo 9º precisa que «las normas adoptadas en aguas jurisdiccionales se aplicarán también en la zona adyacente a la ZEE, para proteger a las especies transzonales y altamente migratorias y asociados.

También Honduras, en el Artículo 4º de la Ley General de Pesca y Acuicultura (Decreto 106-2015) indica que la ley es aplicable en «los espacios terrestres y marítimos del territorio nacional, en los espacios de alta mar donde el Estado de Honduras ostente derechos»; que si bien no se precisan debería estarse refiriendo a la administración de los recursos migratorios originarios de la ZEE en alta mar.

Por su parte Panamá en el Artículo 8º de la Ley de Pesca Decreto Nº 204 (18/3/2021), al igual que Ecuador, plantea un Enfoque Ecosistémico pesquero (EEP) que obliga a prestar mucha atención a la captura de los recursos migratorios originarios de la ZEE en alta mar, para asegurar el enfoque ecosistémico que plantea, ya que no se puede asegurar la parte, sino se asegura el todo y viceversa.

Asimismo, la República Dominicana en su Ley de Pesca 307-04 (2004) entiende «que es deber del Estado proteger, conservar y regular la explotación de los recursos biológicos acuáticos y, prestar especial atención también a los aspectos relativos a la gestión integrada de las zonas costeras y la interconexión de estos con los transfronterizos.

Finalmente, Venezuela, en el Artículo 63º de la Ley de Pesca y Acuicultura (08/07/2003) indica que «propenderá a armonizar, en su ordenamiento jurídico, los criterios aplicables en la materia con los países de la región, en particular en lo que se refiere al manejo de los organismos altamente migratorios y de los recursos hidrobiológicos que se encuentren tanto en los espacios acuáticos bajo su soberanía o jurisdicción, como en las áreas adyacentes a ella.

No impedir la pesca ilegal de los recursos pesqueros migratorios originarios de la ZEE Argentina es no administrar el Atlántico Suroccidental. No hacerlo, es relegar nuestra soberanía política, económica, alimentaria y social y, favorecer la consolidación del Reino Unido en Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur, el control británico de la parte meridional del Atlántico Sur, los accesos a los Océanos Pacífico e Indico, su proyección a la Antártida y, la ocupación o disputa, por parte de este país, de 5.497.178 km² de territorio argentino.

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (Fundada el 21/10/2002), Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL (Fundada el 02/04/1989).

Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021) y de “Pesca Ilegal y Recursos Pesqueros Migratorios Originarios de los Estados Ribereños de Latinoamérica y El Caribe” (2022).

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