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GUAYANA ESEQUIBA: LA AVARICIA LES DESBARATÓ HASTA LA MÁS MÍNIMA PRUDENCIA

Abraham Gómez R.*

Esa inmensa extensión territorial nos la arrebataron alevosamente. Fuimos despojados de esa séptima parte de nuestra geografía nacional con el denominado Laudo Arbitral de París de 1899; adefesio jurídico que desde entonces hemos calificado de írrito y de nulidad absoluta. Inexistente.

Consideramos, con bastantes elementos de convicción, que tal tratativa devenida en una ominosa sentencia arbitral se encuentra forcluída.

Digamos también que ―consecuencialmente― tenemos más de un siglo solicitando con ímpetu la restitución para nuestra Nación de lo que nos desgajaron vilmente.

Ha habido desde hace muchos años y gobiernos ―lo reconocemos― algunos deslices e impropiedades.

De cualquier forma, la fuerza contencional ha sido indetenible e implacable. Hoy con mayor contundencia e insistencia por ante la Corte Internacional de Justicia; por cuanto, la contraparte en la controversia no tuvo el menor sentido de moderación y prefirió demandar a nuestro país, inmerecidamente.

En todo caso, los reclamos que hemos intentado por vías diplomáticas, políticas y jurídicas no están sustentados en caprichos chauvinistas, reacciones intemperantes, desproporcionadas o injustas.

No tememos ir a la confrontación jurídica, para hacer valer ―definitivamente― nuestros irrenunciables derechos

Ya hay algunas opiniones, a lo interno de la Corte Internacional de Justicia, que señalan el desacierto procesal de Guyana, por insistir con el “laudo”; asimismo, dicen que con tales recursos argumentativos jamás ganarían este juicio, en justo derecho.

No tienen la menor posibilidad jurídica de salir airosos; por eso la desesperación de los representantes de la cancillería guyanesa, que ya comienzan a ejercer presión a todos los niveles.

Se dejaron llevar por la impremeditación y la ligereza.

Por ejemplo. Al carecer de asidero la Acción intentada contra la República Bolivariana de Venezuela, hay un denso cúmulo de preguntas que para la contraparte han resultado difíciles de explicar.

Comencemos: ¿sobre qué elemento obligacional o compromisorio la excolonia británica ha deducido la Causa de pedir ante el precitado Alto Tribunal de La Haya? ¿El Laudo arbitral que nunca nació a la vida jurídica? o ¿El supuesto acuerdo de demarcación de 1905, derivado del nombrado documento ignominioso firmado coactivamente y con prevaricación?

Se conoce suficientemente que cuando se negoció, suscribió y ratificó el Acuerdo de Ginebra el 17 de febrero de 1966, por la representación del Reino Unido (Sr. Michael Stewart); así también admitido por el Sr. Forbes Burnham (para entonces, primer ministro de la Guayana Británica) y por nuestro país el excelso canciller Ignacio Iribarren Borges; en ese acto e instante quedó sepultado ―per saecula saeculorum— el laudo tramposo, gestado mediante una maniobra perversa en contra de los legítimos derechos de Venezuela sobre los disputados 159.500 km2.

La irresponsabilidad los ha hecho incurrir en la afirmación de que el inefable “Laudo” es cosa juzgada y debe configurarse (y aceptarse) como válido y vinculante para nosotros.

Que les quede claro de una vez por todas que con esa patraña no nos ganarán jamás, en justo derecho.

Vistos y analizados así los acontecimientos, calificamos de muy mala fe y de temeridad procesal de Guyana al insistir en sostener su Pretensión, en este juicio, en el reposicionamiento de un Laudo que quedó desterrado ―ipso jure―: sin validez, sin eficacia jurídica y sin ser oponible a nada.

Una ilimitada necedad que les costará caro; porque a partir de esa conducta irreflexiva y tozuda, viene aflorando la exasperación en que se encuentran; sin que aún Venezuela  haya consignado ante la Sala Juzgadora nuestro irrebatible acervo de probanza.

Quienes están asesorando a la contraparte deben estar conscientes que en cualquier proceso judicial hay que obligarse a demostrar lo pretendido.

Ellos estarían impelidos a demostrar en la fase probatoria, sobre qué   elementos estructuran su pretensión. y hasta el día de hoy no tienen con qué. Todo lo pretendido requiere pruebas, y no las tienen. Allí lo que ha prevalecido (sobre todo desde el 2015 para acá) es un juego de intereses dinerarios entre los gobiernos de cualquier signo político; llámese del PPP o del CNP y el enjambre de empresas transnacionales que están esquilmando nuestros recursos en el territorio y en su proyección atlántica.

Para tranquilidad de nuestros compatriotas, informamos que poseemos bastantes fundamentos probatorios para solicitar la inmediata Restitución ―íntegramente― conforme al Principio de la Legalidad; vale decir, sabremos pedir la reivindicación absoluta de todo cuanto nos despojaron en aquella trastada política-diplomática urdida por ingleses y rusos, en fecha de ingrata recordación.

Para responder a quienes nos preguntan con insistencia: ¿Por qué ante la Corte?

Ciertamente, no habría sido el ámbito preferido o seleccionado por nuestra delegación; sin embargo, es adonde ya nos encontramos concernidos, casi que en contra de nuestra voluntad; por cuanto, nos hicieron una emboscada jurídica de la que saldremos favorecidos, a partir de las estrategias que estamos utilizando, con suficiente inteligencia,

Asumimos a conciencia que el escenario para dirimir es la Corte Internacional de Justicia, en su condición de Entidad Jurisdicente, para pleitos entre Estados.

Venezuela ha conformado un elogiable equipo para encarar este asunto jurídicamente; para desmontar todo ese ardid tramposo urdido hace más de cien años

Explico brevemente. En la denominada fase postulatoria, nos corresponderá, en abril del próximo año, consignar nuestro memorial de contestación de la demanda.

Enjundioso escrito que develará ante tan honorable Sala todo lo que se tejió entonces contra nuestro país.

Pudimos haber alcanzado una solución “práctica y satisfactoria” para ambas partes, con atención al artículo (33) de la Carta de las Naciones Unidas, que cito de inmediato:

Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección.

El Consejo de Seguridad, si lo estimare necesario, instará a las partes a que arreglen sus controversias por dichos medios”. (Capítulo VI: Arreglo pacífico de controversias).

Todas las posibles alternativas descritas en esa normativa internacional, para alcanzar un entendimiento directo, fueron saboteadas por las delegaciones guyanesas designadas, en diferentes épocas y circunstancias.

El colmo de la estulticia lo cometieron el día 29 de marzo del 2018.

 Guyana, luego de escuchar muy malas consejas de las empresas transnacionales, se fue directamente al Arreglo Judicial, mediante una interposición de acciones contra Venezuela; sin el más mínimo recato o prudencia; además, sospecharon que nuestro país no conformaría (como en efecto lo ha hecho) un extraordinario equipo para la defensa (y otras estrategias) dispuesto a ir   con todo.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Asesor de la ONG Mi Mapa. Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV). Asesor de la Comisión por el Esequibo y la Soberanía Territorial.

NAVEGACIÓN NO PACÍFICA, PESCA ILEGAL, PUERTOS CÓMPLICES Y GOBIERNO AUSENTE

César Augusto Lerena*

Según nos informa el Diario La Nación (05/09/2023) el buque carguero frigorífico de bandera panameña “Frio Marathon” llegó a Mar del Plata, proveniente de Puerto Argentino de Malvinas, donde habría operado desde 2014, sin el permiso de la Autoridad de Aplicación argentina, motivo por el cual la Prefectura inició un sumario «por violar el Decreto 256/10 que establece que todos los buques que se propongan transitar entre los puertos del territorio continental argentino y puertos ubicados en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur (en adelante Malvinas), o atravesar aguas jurisdiccionales argentinas en dirección a estos últimos y/o cargar mercaderías a ser transportadas en forma directa o indirecta entre esos puertos, deben solicitar autorización para que el Estado argentino autorice la operatoria». Estimándose, dice el medio, que la sanción podría ser de varios millones de pesos, que como dice “Agenda Malvinas” podrían ser unos pocos dólares.

Desde que rige el citado Decreto, la Prefectura, según la publicación, habría «detectado 683 buques en presunta infracción y sancionado pecuniariamente a 371 de ellos. En paralelo, se ha gestionado la autorización de más de 1.200 permisos para que buques de bandera extranjera recalen en los referidos puertos y, que, buques de 37 banderas, incluso del Reino Unido de Gran Bretaña (RUGB), reconocieran indirectamente, mediante este proceso, la soberanía del país sobre nuestras Islas al solicitar autorización a nuestro país».

Hasta aquí la noticia que no precisa cuál es el “monto millonario” que se podría aplicar, ni tampoco las razones por las que sólo se sancionó al 54% de los buques en aparente infracción y, cuál habría sido el monto total de las multas aplicadas y si están firmes y han sido depositadas en favor del Estado. Tampoco se indica si la llegada a Mar del Plata de este buque fue voluntaria o si fue apresado en algún lugar del mar argentino y la Prefectura lo condujo al puerto de Mar del Plata, cuestión que no parece, a juzgar por la foto que hemos tomado del buque, al que se lo ve solo navegando para ingresar a este puerto.

Es curioso que la Prefectura entienda que el permiso de tránsito para navegar por aguas jurisdiccionales argentinas con destino a puertos de Malvinas o viceversa pueda implicar un reconocimiento indirecto de la soberanía sobre los archipiélagos. En todo caso, lo que está haciendo el Estado Argentino es controlar el tránsito en las aguas de su jurisdicción; control, por cierto, absolutamente insuficiente, ya que se ha limitado a constatar si se ha pedido o no permiso, en lugar de verificar las mercaderías que se transportan; como Gendarmería, la Policía Federal o provincial lo hubiesen hecho a cualquier transporte en una ruta nacional o camino provincial.

Si se hubiese controlado las mercaderías transportadas por los 1.200 buques que obtuvieron permisos seguramente se hubiera constado la presencia de millones de toneladas de pesca ilegal capturada en el área de Malvinas o proveniente de recursos migratorios argentinos originarios de la ZEEA. Del mismo modo, sobre los 683 buques que fueron detectados en presunta infracción. Nada se dice, si del total de 1.883 buques referidos, cuántos pudieron violar la Ley 24.922 y muy especialmente la 26.386 que, en síntesis, prohíbe a las empresas habilitadas por la Autoridad de Aplicación a operar sin autorización de ésta en Malvinas y viceversa o mantener relación directa o indirecta con empresas que operen o hayan operado en Malvinas y, en este sentido, si no se ha efectuado el análisis societario de las empresas que operan en Argentina y las que lo hacen en Malvinas y si existe alguna relación entre ellas (de hecho hay varias publicaciones que lo han denunciado reiteradamente), si se hubiesen otorgado permisos de tránsito se estaría violando la referida Ley 26.386 y la DTP de la Constitución Nacional. En este sentido, sería deseable que Prefectura publique todos los buques que han transitado por las aguas argentinas (incluso, obviamente, el área de Malvinas) desde 2010 y, junto al Consejo Federal Pesquero y su asesoría legal, determinen si alguna empresa radicada en la Argentina violó y continúa violando la Ley 26.386.

Por cierto, las políticas que se llevan adelante no desalientan la pesca ilegal y menos actúan para cumplir la Disposición Transitorio Primera de la Constitución Nacional. En las aguas argentinas y sobre los recursos migratorios originarios de la ZEEA hay navegación no pacífica, pesca ilegal, puertos cómplices y un gobierno ausente y, no parece que, hasta el fin de este gobierno, las cosas vayan a cambiar.

No alcanzará con aplicarle una multa millonaria al buque transbordador que no pidió permiso para transitar. El buque pagará el monto que se le indique y al día siguiente seguirá sirviendo a buques extranjeros, efectuando el transbordo en el mar de cientos de miles de toneladas que se capturan ilegalmente. La Prefectura debería, además de verificar si el buque ha pedido o no permiso para transitar, verificar si transita con mercaderías obtenidas ilegalmente. Ello sí, sería ejercer soberanía. En los hechos esta fuerza se ha limitado con poquísimo éxito ―dos buques por año apresados sobre una población anual del orden de los 500 buques en los últimos 40 años― a verificar in fraganti la pesca ilegal, en lugar de inspeccionar la pesca ilegal que se transporta. En el continente, los “ladrones del asfalto”, pocas veces se detectan in fraganti, sino en el control en la circulación de los transportes. A poco de requerir el certificado de origen, la trazabilidad y, si el buque tiene control presencial del Estado de pabellón (y cierro por ahorro administrativo) ninguno de los buques cargados puede demostrar la legalidad de la captura.

El buque “Frio Marathon”, no solo no pidió permiso para transitar y contribuyó al traslado de productos pesqueros ilegales, sino que también, no ha pagado derecho alguno, inclusive los aduaneros, en el caso de la exportación de productos desde el territorio argentino de Malvinas. La colocación de una multa por no pedir autorización, será irrelevante, en relación con el daño ocasionado a la Argentina todos estos años.

Y si se sanciona el tránsito sin permiso, ¿por qué las sucesivas autoridades argentinas, desde 1998 a la fecha, no han sancionado la pesca ilegal en el territorio argentino de Malvinas, como establece la Ley 24.922?

Para minimizar los riesgos de una navegación no pacífica, la pesca ilegal e impedir el uso de puertos por parte de buques que pescan ilegalmente, sugiero la sanción de un Decreto (cuyos fundamentos omito por razones de espacio) que alcance a todo buque o artefacto naval de cualquier bandera (salvo la argentina autorizada) que se proponga transitar en la ZEEA, la Zona Contigua, el Mar Territorial Argentino o por sobre la Plataforma Continental Argentina conforme lo establecido por la Ley 27.557 con destino o no a puertos ubicados en el Área FAO 41 y 48, quienes deberán solicitar una autorización previa; debiendo analizarse si viola la Ley 26.386 y estar provisto de un Sistema de Seguimiento Satelital activo en los últimos noventa (90) días anteriores a la solicitud de autorización y, mantenerse activo durante el tiempo de tránsito; habilitándose al SENASA a intervenir para determinar a bordo el carácter de ilegal o no de las mercaderías, como establece el Decreto 4238/68.

Finalmente, la mayoría de los países, habiendo o no aprobado la Convención del Mar (CONVEMAR) aplican normas penales (Brasil, Colombia, Estados Unidos, México, Perú, Alemania, España, Venezuela), o están analizando aplicarlas (Costa Rica, Chile, la Unión Europea), porque han entendido que la erradicación de la pesca ilegal no se ha logrado con normas administrativas y, este caso como otros, requerirían el decomiso del buque y el arresto de los responsables, de otro no se erradicará la pesca ilegal.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (Fundada el 21/10/2002), Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL (Fundada el 02/04/1989).

Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021) y de “Pesca Ilegal y Recursos Pesqueros Migratorios Originarios de los Estados Ribereños de Latinoamérica y El Caribe” (2022).

 

UNA GUERRA DE VEINTE AÑOS POR EL ÁMBITO SOCIAL

François Soulard*

La democracia es el único régimen que cree estar obligado por sus principios a no defenderse de sus enemigos.

Raymond Aron (Introducción a la filosofía política).

 

Un conflicto estructural no nombrado

Es difícil, por no decir imposible, entender las problemáticas profundas de Argentina sin abordar sus dinámicas conflictivas y abordarlas desde una mirada renovada. El país no enfrenta meramente el cuadro general de cualquier integrante del Sur global, teniendo que sortear las distorsiones centro-periferia como lo recordaba Raúl Prebisch, la puja de sus facciones antagonistas internas o las fragilidades heredadas de las democracias parlamentarias tal como lo describiría un observador liberal como Martin Wolf[1]. Si bien todos estos criterios pueden ser válidos, es central focalizarse sobre la conflictividad estructural, susceptible de contener conflictos derivados, pero jerarquizando a toda la sociedad con la particularidad de ser paradojalmente menos detectable desde los marcos generales de percepción y además menos regulable desde las funciones heredadas del sistema político democrático-liberal.

En definitiva, es precisamente por una falta de percepción y de determinación para enfrentar a esta conflictividad que el país transita una situación de multiplicación de conflictos latentes y ramificados, desembocando en lo que varios comentaristas suelen retratar de «decadencia», de «zona gris» o de «Estado fallido».

Una guerra social encubierta, no convencional y no armada

En efecto, la Argentina se encuentra subsumida en un estado de guerra social de larga duración, ni declarada y ni armada, pero animada de fines estratégicos y políticos como lo es cualquier guerra contemporánea. Aplicando las reflexiones polemológicas de Aron y Clausewitz, cabría entonces designar cuáles son las entidades expresando una voluntad de enfrentamiento y cuáles son los medios violentos explícitamente movilizados en el marco del conflicto. Ahí aparece un primer problema con la segunda pregunta porque si bien podemos presenciar episodios puntuales de violencia física, es evidente que no estamos ante una confrontación violenta o una guerra civil armada de alta intensidad, semejante a otras fases bélicas de la historia nacional. No se trata de una guerra convencional, sino de una guerra combinada de otro tipo, de menor intensidad, disimulada en cuanto a sus fines, ejecutada en el ámbito social y político mediante otro tipo de fisionomía y medios.

Principales actores estratégicos

La primera pregunta enunciada en el párrafo anterior es más solventable. La dialéctica de voluntades ofensivas que estructura a Argentina pone en presencia a tres actores principales: las formaciones neomarxistas, con niveles de coordinación a nivel regional, procedentes de la tradición castro-revolucionaria y reconfiguradas después de cuatro fases previas de evolución como lo recalca Pablo Anzaldi[2]; el nacionalismo estadounidense, con su imperium continental (doctrina Monroe) y global, expresado en dos vertientes (capitalismo globalista pos-crecimiento y nacional-capitalismo liberal conservador); el nacionalismo inglés, aliado al anterior y fuente del conflicto militar en la Guerra del Atlántico Sur y de la disputa de las islas Malvinas.

Otros actores, como Venezuela, Israel, Irán o China, completan este panorama. Del mismo modo, convendría mencionar a otros actores locales, como por ejemplo las familias partidarias tradicionales de Argentina (justicialismo, republicanismo liberal, socialismo, etc.) o los sectores productivos estructurados. Sin dejar de tenerlos en cuenta, los consideraremos en este análisis en un plano más segundario.

Etapa previa: lucha armada, guerra del Atlántico Sur y political warfare posterior

La lucha armada, iniciada a partir del año 1959 con el respaldo del bloque soviético, abrió el camino para la represión militar en toda la región, avalada por Washington. En 1983, agotada la violencia tanto en los grupos civiles armados como en el régimen militar, el gobierno de Ricardo Alfonsín sentó las bases de una dependencia judicial y cognitiva decisiva para trasladar el conflicto anterior a otro escenario. Asumió la propuesta, diseñada desde la inteligencia británica y traída localmente por el jurista argentino Carlos Nino, de judicializar, en el marco del derecho civil, la pacificación posterior al enfrentamiento armado. Este proceso creó un frente de disputa interna y dio viabilidad a una ofensiva judicial y cognitiva apuntando el debilitamiento de dos núcleos del Estado nacional: la justicia y las fuerzas armadas.

Londres y Washington, doble artífices de una guerra insidiosa

Londres fue el primer artífice de esta modalidad de guerra (conceptualizada en 1948 por el norteamericano George Kennan), pero cuyos fundamentos están presentes en varias culturas estratégicas. Supo entender que la fase posterior a la victoria militar en el Atlántico Sur trasladaba nuevos antagonismos al tablero sociopolítico, con el riesgo potencial de que se reconstruya un nacionalismo argentino. Incentivó el prototipo de una guerra por el ámbito social (political warfare en inglés), basada en un conjunto de acciones combinadas e implementadas esta vez en tiempo de paz: difusión de conocimiento en universidades, presencia en los medios de comunicación, «entrismo cultural», activismo judicial, sostén de formaciones políticas colusivas (campo marxista-leninista), apoyos financieros a organizaciones locales (el Centro de Estudios Legales y Sociales en particular). Sus metas fueron debilitar la unidad estratégica del Estado nacional y modelar el entorno cultural y perceptivo de la sociedad, siempre de manera furtiva a fin de no despertar respuestas defensivas.

En paralelo, otro modelaje ofensivo se fue reforzando desde los Estados Unidos en los años 1990, a través de la generación de dependencia económica y de la jerarquización del conocimiento en materia de economía, ciencias de gestión, geopolítica y polemología. En 1993 el secretario de Estado Christopher Warren sellaba una política de seguridad económica elevada como prioridad de política exterior que Carla Hills, delegada al comercio (me parece mejor “representante comercial”) de 1989 a 1993, resumía con la siguiente fórmula: «abriremos los mercados extranjeros con una barra de acero cuando sea necesario, pero con un apretón de manos siempre cuando sea posible». El alcance de este modelaje, aplicado al interior de la OTAN y en otras latitudes, es de no divulgar las herramientas conceptuales para librar estas modalidades furtivas de guerra y de focalizar la atención en otras.

Conquista del poder e ingeniería social dual

En Argentina, el año 2003 marca el punto de retorno y llegada al poder de las formaciones afiliadas a la base neomarxista latinoamericana. Los coletazos político-económicos de fines de los años 1990 fueron aprovechados para facilitar su ascensión, de modo democrático o pseudo-arbitrario. Luiz Lula da Silva y Hugo Chávez llegan por las urnas en Brasil (2002) y Venezuela (1998), el segundo habiendo ensayado un golpe de Estado (1992). Evo Morales en Bolivia y Eduardo Duhalde en Argentina llegan luego de procesos de enfrentamiento territorial que terminan desbordando a los gobiernos establecidos (renuncia de Fernando De la Rúa en Argentina, renuncia de Carlos Sánchez de Lozada y Carlos Mesa en Bolivia como consecuencia de la Guerra del gas).

De entrada, el gobierno de Néstor Kirchner pone en marcha una ingeniería social dual (negativa y positiva), apuntando a conquistar la confianza de una parte de la sociedad a costa de la activación de conflictos triangulados y la designación de enemigos internos. Los movimientos sociales, los sectores sindicales, los partidos de izquierda y de centro-izquierda, junto con las masas informales son aliados y se ven movilizados en un proceso de rearticulación transversal. Una vez estabilizado, el poder ejecutivo anula rápidamente la Ley de obediencia debida y reabre el juicio a las cúpulas militares en continuidad con la etapa previa mencionada. Los derechos humanos son elevados al rango de secretaria de Estado y sirven de escudo informacional para atacar a poderes constituidos (medios de comunicación, justicia, fuerzas armadas, inteligencia, empresariado industrial). En el plano económico, la demanda global en commodities abrió un ciclo de prosperidad fiscal hasta el año 2010.

En el campo psicosocial, cada línea de tensión o cada adversario designado viene acoplado con un grado de desautorización que apunta a instalar un margen de rechazo en la sociedad («los militares son genocidas», «Clarín miente», «la derecha es reaccionaria»). Los medios de comunicación opositores o el campo liberal-republicano abonan a la misma lógica inversa, activando así una suerte de triángulo de Karpman (círculo vicioso de persecución, victimización, salvación), participando de una mayor polarización e histerización de la sociedad. En 2008 la Resolución 125, que cuestiona a la renta agraria, constituye uno de los conflictos más agudos obligando al sector agroindustrial a definir su límite mediante un conjunto de medidas de fuerza.

Subversión y guerra informacional

En el telón de fondo, el cuestionamiento epocal de la visión positiva del desarrollo heredada de las revoluciones industriales y de la falsa pacificación asociada a la globalización, abona al diseño de una política de relativismo y de revisionismo. Bajo el paraguas del progresismo, varios puntos débiles del liberalismo son atacados (desigualdades, crecimiento por derrame, concentración de riqueza, etc.) para legitimar un «Estado presente» a la par de los derechos sociales. En la realidad profunda, este manejo de las percepciones no impide la práctica de un capitalismo tradicional y su subversión con el propósito de captar poder y recursos. Es un hecho que la mayoría de las experiencias progresistas a nivel regional demuestran un nivel inusual de predación de recursos y de maniobras concentradoras de poder.

Los derechos humanos, al igual que el indigenismo o el ecologismo, están instrumentalizados como un factor cultural e identitario de segmentación y de complejización de la sociedad, coincidiendo ahí con la vertiente globalista del nacionalismo norteamericano. Ya practicadas en otros contextos (África del Sur, Europa del Este, Medio Oriente), estas estrategias buscan cultivar un mayor grado de entropía social favorable a la desarticulación del tejido nacional. En este punto precisamente se cristaliza una colusión de objetivos entre los sistemas de influencia anglosajona y el proyecto neomarxista latinoamericano.

En el terreno del conocimiento, la veintena de universidades creadas en el conurbano bonaerense (por citar un ejemplo) extienden la búsqueda de acomodar una matriz de conocimiento compatible con la cosmovisión de estos proyectos. Es acompañado por un entrismo en las estructuras académicas existentes. A partir de 2009 se buscó desconcentrar a los grandes medios de comunicación (Ley de servicios de comunicación audiovisual) encarnados por el grupo Clarín. Fue resistida en la justicia por medidas cautelares (demandadas por el mismo grupo Clarín) y finalmente modificada en 2016 por el gobierno de Mauricio Macri.

De forma general, la arquitectura de guerra informacional desplegada abona a mantener un cerco cognitivo en la sociedad y al interior de los grupos sociopolíticos afines. Es necesario limitar los elementos de unidad nacional o distanciarse del mito liberal fundacional frustrado de haber sido una «gran nación argentina». La realidad es sistemáticamente abordada con percepciones alteradas o desviadas y, según los casos, envueltos en ofensivas informacionales de fuerte intensidad (expropiación de REPSOL-YPF, caso Alberto Nisman, causa Correo, endeudamiento con el FMI, Santiago Maldonado, ARA San Juan). El triple registro de la victimización, combinado con el de coaccionar y de rescate (formalizado por Stephen Karpman), han potenciado los alcances de la ingeniería social.

Escasez de voluntad y de ideología

Frente a esta iniciativa de demolición endógena de la sociedad argentina, ha sido notable la escasez de ideologías, de voluntad y de métodos de parte de sus contrincantes. No es propio a Argentina, sino a cualquier régimen político dejando de ser inquieto y atento a descifrar la gramática ofensiva del siglo XXI. En este sentido, el campo neomarxista ha tenido un mayor espesor estratégico en el campo subversivo e informacional. No es una casualidad que la acción judicial sobre los hechos de corrupción haya constituido el movimiento más contraofensivo para frenar estos proyectos. En Brasil, la mega-investigación judicial Lava Jato logró rebatir varias cartas políticas con el apoyo remoto del ala del nacionalismo estadounidense quien, de paso, no dudó en hacerse de las grietas vacantes para posicionar sus peones en la economía brasileña.

Hoy, una multitud de países incentivan este tipo de guerra subterránea en el tejido interno de sus adversarios, entre ellos los Estados Unidos, Reino Unido, Irán, Israel, Rusia, Alemania y China. Si el año 2023 aparece como un año de despertar en Argentina, esta matriz conflictiva seguirá su curso. Es imperativo radiografiarla con mayor precisión, armarse mentalmente y dotar la democracia de nuevas herramientas compatibles con su vocación liberal y abierta.

* Nacido en Francia, es ensayista y coordinador de la plataforma internacional de comunicación Dunia. Titular de una maestría en Ciencias de la Tierra en Francia. Se dedicó a la planificación territorial en el norte de Francia hasta el año 2003, para luego ser observador-partícipe de las dinámicas sociopolíticas en varios continentes. En 2012 fundó la plataforma Dunia en pos de brindar servicios de comunicación digital e investigar el rol estratégico de la información. Ha sido partícipe de distintos movimientos sociales en la región, en Argentina, Bolivia, Chile y Perú. Es autor de «Una nueva era de guerra informacional en América Latina»; coautor del «Diccionario del poder mundial» (2015) y «Democracia digital» (2020). Tradujo al español y al inglés algunas obras del geoestratega Gérard Chaliand («Por qué Occidente pierde la guerra, Terrorismo y política, Atlas estratégico»). Desde 2020 colabora con la Escuela de Guerra Económica en Francia.

Miembro de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales, SAEEG.

 

Referencias

[1] The Crisis of Democratic Capitalism (2023). Penguin Random House.

[2] Diez tesis sobre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Disponible en ieeba.org.

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