Programa «De Renzis Ayer y Hoy» conducido por Miguel Ángel De Renzis
Todos los viernes 7,15 horas por Radio Belgrano AM650
Habiendo sido convocado por Miguel Ángel De Renzis para incorporarme como columnista de su programa, es una muy interesante oportunidad para continuar divulgando a nivel nacional cuestiones que ya se llevan adelante desde “De Renzis Ayer y Hoy” en defensa y promoción de los intereses nacionales, sus recursos, la gente y la soberanía nacional. No se me preguntó qué pienso y no se me puso límite alguno. No fue necesario, compartimos un ideario y yo, la línea editorial de Miguel Ángel y, en la diversidad de las ideas y en la autonomía del pensamiento, el amor a la Patria es el eje conductor. Gracias Miguel Ángel, por darme a esta edad una oportunidad para que con referencia al “Ayer” podamos hablar de temas argentinos de “Hoy” y del futuro, para revalorizar el país y la gente.
Le pusimos a esta columna “El Estado Marítimo Argentino” para resaltar que el territorio marítimo con más de 3 millones de km2 es más amplio que el territorio continental que alcanza a casi 2.800.000 km2 y a pesar de ello, suele decirse que los argentinos vivimos de espaldas al mar.
Para llegar al mar, debemos de hablar del agua, este vital elemento para el hombre y que, la Argentina, es reservorio de los acuíferos más importantes de agua dulce del mundo y cuya contaminación se viene realizando con explotaciones mineras a cielo abierto, el uso de agrotóxicos en las agriculturas transgénicas y otras prácticas sin el debido control ambiental.
La Argentina continental limita y está protegida —o debería estarlo— por importantes masas de agua que transcurren en ríos y mares desde el Río Pilcomayo al norte; pasando el Río Paraná; el Río Uruguay; el Río de la Plata; el Atlántico Sur; el Canal del Beagle y el Estrecho de Magallanes, entre otros, que se individualizan por separado, pero deben ser tratados en forma integral, como los espacios insulares (la Isla Grande de Tierra del Fuego, las Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur, la Isla de los estados, etc.) y la Antártida Argentina. Somos por ello un país bicontinental y bioceánico, porque nos unimos a Chile desde el Atlántico Sur al Pacífico.
Estas masas de agua, no solo nos limitan, sino que son fuente para la explotación de los recursos naturales, de transporte y comercio (pesca, petróleo, minerales, agropecuarios, etc.) y la primera línea de resguardo de la soberanía nacional y por esto, fuertemente vinculadas a la defensa, la seguridad y las relaciones internacionales con nuestros vecinos Brasil, Uruguay y Chile; con todos los países de África Oriental que comparten con nosotros el Atlántico Sur; pero, también con quienes se apropian de nuestros espacios y recursos.
Muchas de estas cuestiones que no suelen estar en la agenda nacional adquieren una significativa importancia en la búsqueda de asegurar nuestra soberanía política, la independencia económica y la justicia social, ideario de los países como el nuestro que tenemos todo y, por incapacidades propias y una fuerte dependencia externa no podemos alcanzar el estado de bienestar para nuestro pueblo.
Vemos con estupor que tenemos ocupados por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte no solo Malvinas, sino 1.639.900 km2 de mar argentino; es decir, un 52% de nuestro territorio marítimo y, si le sumamos que ese Reino nos disputa 1.430.367 km2 de la plataforma continental argentina y casi 1 millón de Km2 de la Antártida; podríamos decir, que los británicos nos ocupan un territorio equivalente a todos nuestros espacios continentales desde la Quiaca a Ushuaia. Es execrable.
Al margen de la invasión territorial que sufrimos, en términos prácticos, significa, que los ingleses desde 1989 cuando se firmaron los infamantes Acuerdos de Madrid, a través del otorgamiento de licencias ilegales en Malvinas han extraído a razón de 250 mil toneladas por año de productos pesqueros, una cifra del orden de los 32 mil millones de dólares, que afectaron y dañan la economía, a los trabajadores y las empresas de los pueblos pescadores de la Patagonia y la Argentina. Ello sin entrar evaluar las exploraciones petroleras que pueden en un corto futuro ser el más importante ingreso de Malvinas, significando una gravísima consolidación de la ocupación británica en el sur argentino.
Un total de 1 millón de toneladas anuales de pesca ilegal de recursos migratorios argentinos son capturados en el Atlántico Sur por parte de buques españoles, británicos, chinos, coreanos y taiwaneses. Una extracción anual de unos 4 mil millones de dólares anuales, el doble de las exportaciones pesqueras argentinas.
La Argentina exporta con escaso valor agregado y ello significa regalar a los países desarrollados del mundo nuestro trabajo y la creación de una desocupación que alcanza al 11%. Se da el absurdo, que teniendo astilleros públicos y privados importemos buques y exportemos commodities a los españoles y otros países, como en el siglo XVIII y XIX donde nos vendían esclavos y se llevaban las materias primas de bajo costo a Europa producidas con ese trabajo esclavo.
Con los descartes de pescados en aguas argentinas podrían alimentarse con la mejor proteína unos 3 millones de niños y adolescentes en forma diaria todo el año, en un país con 45% de pobreza.
Nuestra incapacidad defensiva en el mar y las troncales fluviales, contrasta con la instalación de la base misilística y naval más importante del Atlántico Sur en Malvinas por parte del Reino Unido. Una situación intolerable que vulnera nuestra soberanía nacional.
A esto, debemos agregar que los ríos y el mar, son un elemento de transporte de cabotaje, importación y exportación del comercio nacional y también de soberanía. Argentina carece de una flota mercante y fluvial, y priman entonces los buques de bandera extranjera, que encarecen nuestros fletes y se llevan riquezas por esta razón. Esto y el Río Paraná y Río de la Plata concesionado, no solo generan una dependencia extranjera monopólica en el comercio, sino que limita la cuestión al dragado (muy importante) en lugar de ser una herramienta de desarrollo regional del país. Aquí se discute la eficiencia y corrupción del Estado, un deterioro al que se lo ha llevado para concesionar la explotación de casi todos los recursos naturales del país (petróleo, la minería, la pesca, etc.) con igual corrupción privada, descontrol, cediendo el poder de policía y generando graves pasivos ambientales.
Todo ello nos llevará a abordar en esta columna las cuestiones desde el punto de vista político nacional e internacional; la promoción de la industria nacional, el consumo y la exportación.
Habrá cientos de cuestiones sobre las que hablar, escuchando las inquietudes de la gente, desde la Organización Nacional; la revisión y reforma de las leyes relativas a la administración de los ríos, el mar, los recursos; los puertos y la industria pesquera y naval; el rol de la investigación, la tecnología y la generación del trabajo; las políticas de Estado respecto a Malvinas, la Antártida y el cumplimiento de la Constitución sobre la irrenunciable soberanía de Malvinas; el desecho de los Acuerdos perniciosos con el Reino Unido y, la búsqueda, de nuevos acuerdos regionales para asegurar la soberanía plena en el mar; promover su defensa; la construcción nacional de buques para las fuerzas navales, la marina mercante, fluvial y pesquera y, la erradicación de la pesca ilegal extranjera y nacional. El desarrollo de la Patagonia y en especial de Tierra del Fuego, como eje central de la defensa nacional austral.
Espero, que esta columna semanal pueda estar a la altura del Programa de Miguel Ángel De Renzis y, acompañe el mismo interés, de contribuir a conocer y divulgar las cuestiones de interés nacional.
* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Ex asesor en la Honorable Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, escritor, autor de 26 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de la Entrega”, 2009) y articulista de la especialidad. En prensa: “Argentina. La Casa Común. La Encíclica Laudato Si’ El Cuidado de la Casa Común. Comentada”, 2021. Miembro de la SAEEG.
Los países insulares del Pacífico tienen una gran área, cubriendo 51,8 millones de kilómetros cuadrados de agua y sólo unos 303.000 kilómetros cuadrados emergidos. (igual a poco más que la superficie italiana). Están dispersos entre Melanesia, Micronesia y Polinesia.
Algunos ejemplos. Palau se encuentra en los mares occidentales de Micronesia: el país cubre una superficie de unos 487 kilómetros cuadrados; también hay unas 340 islas volcánicas, con una zona económica exclusiva (ZEE) de 630.000 kilómetros cuadrados, lo que es estratégicamente importante porque puede controlar las principales rutas entre Filipinas y Guam. Son áreas marinas, adyacentes a aguas territoriales, donde un Estado costero tiene derechos soberanos para la gestión de los recursos naturales, jurisdicción sobre la instalación y uso de estructuras artificiales o fijas, investigación científica, protección y conservación del medio marino.
Las islas Marshall se encuentran en los mares orientales de Micronesia: el área del país es de sólo 181,3 kilómetros cuadrados, pero su ZEE es vasta: 2,13 millones de kilómetros cuadrados; todo el país consta de 29 atolones principales y 1.225 pequeñas islas.
En cuanto a la isla de Nauru, que también se encuentra en la región de Micronesia, tiene una superficie de sólo 21,2 kilómetros cuadrados. Luego está Tuvalu en Polinesia: compuesta por nueve islas acantiladas, con una superficie de tierra de 25,9 kilómetros cuadrados y una ZEE de 900.000 kilómetros cuadrados.
Se pueden ver las siguientes características:
Las superficies terrestres son pequeñas, menos de 500 kilómetros cuadrados, – pero las ZEE bajo sus jurisdicciones son vastas, remotas y lejos de mercados importantes como China, los Estados Unidos, Europa y Asia. La ubicación remota toma mucho tiempo y altos costos para el mundo exterior tanto en el transporte aéreo como en el marítimo.
Con la excepción de Nauru, que es una isla de roca dura y criada desde el fondo del mar por depósitos de sedimentos fosfatos, y Palau, hay pequeñas islas volcánicas: las islas Marshall y Tuvalu, países del Pacífico compuestos por acantilados o arrecifes de coral. Se encuentrean cerca del nivel del mar a sólo unos 2-4 metros, por lo que son muy vulnerables a desastres naturales como huracanes y tsunamis, así como cambios climáticos globales que causan el aumento del nivel del mar, la erosión costera y la salinización del agua de mar, lo que hace que el suelo sea desfavorable para el crecimiento de los cultivos.
Incluso en estas áreas, la situación actual en Oceanía es reverberada en el contexto de la creciente influencia y rivalidad de China con los Estados Unidos en casi todas las regiones del mundo.
La región es importante para Estados Unidos y China, ya que el fortalecimiento de Beijing afecta a los Estados insulares del océano Pacífico, y también desempeña un papel importante en Australasia, que está formada por Australia y Nueva Zelanda.
Debe ser claro que el principal factor en las relaciones entre China y estos Estados insulares es la prestación de asistencia económica en condiciones más favorables. Por lo que se refiere a las relaciones con Australia y Nueva Zelandia, el interés de China está vinculado principalmente a la compra de los productos que necesita, principalmente minerales, madera y productos agrícolas.
Para Estados Unidos, la región es interesante casi exclusivamente en el contexto de la posibilidad de una presencia militar, con vistas a un futuro “Midway II”.
La creciente influencia de China en Oceanía ha provocado durante mucho tiempo una fuerte oposición de Canberra y Wellington, motivándola con preocupación por su seguridad nacional. Cabe suponer que esta reacción se debe también en gran medida al endurecimiento de la posición estadounidense con respecto a la cooperación con estos países de China, pintado como Leviatán que surgió del océano o —¡peor!— el Cthulhu lovecraftiano.
Los aliados estadounidenses desconfían de la presencia militar de China en Oceanía, pero a corto y mediano plazo no tiene bases estables. El desarrollo de la situación de la política exterior en Oceanía estará determinado tanto por la actividad de China como por la posición de los Estados Unidos. No se excluye la futura división de Estados de la región hacia grupos pro-estadounidenses y chinos.
Desde principios de este siglo, China ha adquirido el estatus de un importante socio de política económica y exterior de los países de Oceanía, incluidos los estados de Australia, Nueva Zelanda e islas antes mencionados del Pacífico suroccidental.
Desde que Xi Jinping llegó al poder en China, la actividad de China en la región ha aumentado. China tiene un gran interés en los recursos forestales, minerales y pesqueros de la región; también participa en la prestación de asistencia financiera a varios países. La creciente influencia de China en la región se está produciendo en el contexto de la creciente influencia financiera y económica entre los países en desarrollo y también los países desarrollados. Además, hay un aumento en el potencial militar del país, así como sus esfuerzos específicos para asegurar su presencia en las áreas más importantes y rutas de comunicación, estableciendo una presencia seria en las diversas instalaciones portuarias.
Al mismo tiempo, Oceanía es una región donde Estados Unidos ha tenido una presencia significativa desde la Segunda Guerra Mundial. La región es de importancia estratégica para ellos, ya que es el hogar de importantes instalaciones militares como bases de radar, sistemas de defensa antimisiles y rangos de misiles de prueba.
La creciente influencia de China en la región es vista como una amenaza en la visión estadounidense de un “Océano Indopacífico libre y abierto” sólo a los intereses estratégicos, económicos y militares de Washington, por lo que Estados Unidos debe mantener lazos diplomáticos con los países de esta región.
Como se destacó en la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de 2017, Washington confía en Australia y Nueva Zelanda para reducir las vulnerabilidades económicas y reducir los daños causados por desastres de los socios insulares estadounidenses.
Washington tiene acuerdos de asociación gratuitos con los Estados Federados de Micronesia, las Islas Marshall y Palau. Estos Estados son formalmente independientes, ellos mismos determinan sus propias políticas internas y el destino de sus muy ricas ZEE; están sujetos a consultas con los Estados Unidos y los miembros de las Naciones Unidas. Reciben regularmente apoyo financiero de los Estados Unidos y tienen derecho a viajar, residencia, trabajo y estudiar sin visa en los Estados Unidos.
A cambio, Washington ha recibido acceso militar ilimitado a la tierra, el mar y el territorio aéreo de esos Estados. En términos de política exterior y de defensa, estos países no pueden tomar decisiones que los líderes estadounidenses consideran inaceptables.
Guam y Samoa Americana son básicamente territorios estadounidenses. El pueblo de Guam, a diferencia del pueblo de Samoa Americana, son ciudadanos plenos de los Estados Unidos, pero ninguno de los territorios tiene representantes en el Congreso de los Estados Unidos: ciudadanos de segunda clase.
Guam es el hogar de la Base Naval de la Fuerza Aérea Andersen, así como el complejo antimisiles Terminal High Altitude Area Defense y una base aérea de transporte de bombarderos rotacionales.
Los países del sur de Oceanía (Papúa Nueva Guinea, Fiji, Tonga y Samoa) reciben 750.000 dólares estadounidenses al año para llevar a cabo ejercicios militares y entrenar a las fuerzas armadas y al personal policial. Los países de la región también están llevando a cabo ejercicios conjuntos con el ejército estadounidense como parte de la Iniciativa de Seguridad Marítima de Oceanía.
Desde principios de este siglo, las relaciones entre Estados Unidos y la mayoría de los países de la región no han estado acompañadas de importantes revueltas. La excepción es Fiji, una ola de frialdad que duró hasta 2014, y luego se descongeló tras una serie de golpes étnicos y religiosos.
Desde Barack Obama, la interacción de política exterior con los países de la región se ha intensificado un poco y esta tendencia continuó durante la administración Trump.
La principal diferencia fue que la interacción de Estados Unidos con los países de Australasia-Pacífico bajo Trump tuvo lugar a la luz de la rivalidad estratégica con China. Además, bajo Trump, la agenda del cambio climático, que es de importancia fundamental para los países de la región, ha perdido su relevancia, ya que el aumento del nivel del mar allí representa la amenaza de inundaciones y problemas de agua dulce.
Las relaciones comerciales y económicas de Estados Unidos con los países de la región son insignificantes y tienen lugar principalmente en forma de asistencia financiera de la Casa Blanca.
Al mismo tiempo, hay que decir que la historia de la interacción de China con los Estados insulares de Oceanía comenzó con la llegada de trabajadores migrantes de China a la región a finales del siglo XIX. A mediados de la década de 1970, China estableció relaciones diplomáticas con Papúa Nueva Guinea, Fiji y Samoa Occidental. A pesar del hecho de que los Estados insulares del océano Pacífico no desempeñan un papel importante en la política militar o económica de Beijing, a principios de los siglos XX y XXI, China ha comenzado a aumentar considerablemente su influencia en Oceanía.
En 2006 tuvo lugar la primera visita del primer ministro chino a la región: el geólogo Wen Jiabao visitó Fiji para inaugurar el Foro de Desarrollo Económico y Cooperación entre China y los Estados insulares del Pacífico.
En 2018, el volumen de comercio entre China y los países de la región – que tienen relaciones diplomáticas con ella – ascendió a 4.300 millones de dólares, y el volumen de inversión directa china fue de 4.500 millones de dólares.
China participa activamente en la prestación de asistencia financiera a los países de la región. Su volumen de 2006 a 2016 fue de 1.781 millones de dólares. Además, los países de Oceanía son una zona de desarrollo turístico chino. Cinco Estados de Oceanía (Papúa Nueva Guinea, Fiji, Samoa, Tonga, Vanuatu) y las Islas Cook (país en asociación gratuita con Nueva Zelanda) han expresado su deseo de participar en el proyecto China One Belt One Road.
La mayoría de los países de la región tienen principalmente peces y recursos forestales, que ya se exportan con éxito a China (especialmente las Islas Salomón y Papúa Nueva Guinea). Papúa Nueva Guinea tiene el mayor potencial para el desarrollo de la cooperación económica con China. En 2005, el gobierno del país firmó un acuerdo que otorgaba a Beijing el derecho a explorar y desarrollar nuevos métodos para la extracción de oro, cobre, cromo, magnesio y otros minerales. Además, se firmó un acuerdo con Sinopec sobre la venta anual de dos millones de toneladas de gas licuado producido en Papúa Nueva Guinea. El país tiene una empresa de producción china de níquel y cobalto, donde una de las empresas estatales de China ha invertido unos 1.400 millones de dólares.
Además, Papúa Nueva Guinea y Vanuatu prestan apoyo diplomático a China, en particular, en cuestiones como las disputas territoriales en el Mar de China Meridional. En primer lugar, esto se debe al hecho de que la asistencia económica de los Estados Unidos y numerosas organizaciones internacionales está asociada a los requisitos de las reformas internas, como la liberalización económica, y se tarda mucho tiempo en aprobarla de la primera y recibirla de las segundas, mientras que los préstamos y la ayuda económica chinos no están vinculadas a tales restricciones, ya que el Imperio Medio no interfiere en los asuntos internos de los Estados miembros: en pocas palabras, Beijing nunca ha bombardeado a nadie para imponer su sistema socioeconómico-político a los demás.
Por último, hay que decir que la región es de gran importancia para China también porque contiene una serie de países que tienen relaciones diplomáticas con Taiwán: las Islas Marshall, Nauru, Palau y Tuvalu, aunque la falta de relaciones diplomáticas no interfiere con el desarrollo del comercio.
China no tiene presencia militar en Oceanía. La única instalación similar en la región, una estación terrestre para las comunicaciones por satélite en el estado de Kiribati, fue desmantelada después del fin de las relaciones diplomáticas entre los dos países en 2003 (pero se reanudó en 2019 aunque sin presencia militar china).
China tiene todas las posibilidades de convertirse en un país líder en Oceanía, y de promover constantemente la agenda de desarrollo sostenible. En lo que respecta a los planes estratégicos de China para la región, siguen siendo muy vagos. La Marina china está demasiado lejos del continente para llevar a cabo operaciones a gran escala en esa zona. China se centra en la seguridad de las rutas de transporte de energía y la situación en el estrecho de Taiwán.
En teoría, el desarrollo de asociaciones con algunos países del sur de Oceanía no excluye la aparición en su territorio de estructuras que podrían ser de importancia militar para China. Cabe señalar que los acuerdos de libre asociación entre los Estados Unidos y los Estados del norte de Oceanía expirarán en los próximos cinco años: con los estados federados de Micronesia y las Islas Marshall en 2023, con Palau en 2024. No hay duda de que los términos de estos acuerdos se extenderán, pero la futura posición de los Estados Unidos sobre el cambio climático es básica.
El continuo pedaleo de los aliados de Estados Unidos en la región sobre el tema de la rivalidad con China podría conducir a un deterioro de sus relaciones con los países del área, que perciben positivamente la cooperación con la República Popular China.
* Copresidente del Consejo Asesor Honoris Causa. El Profesor Giancarlo Elia Valori es un eminente economista y empresario italiano. Posee prestigiosas distinciones académicas y órdenes nacionales. Ha dado conferencias sobre asuntos internacionales y economía en las principales universidades del mundo, como la Universidad de Pekín, la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad Yeshiva de Nueva York. Actualmente preside el «International World Group», es también presidente honorario de Huawei Italia, asesor económico del gigante chino HNA Group y miembro de la Junta de Ayan-Holding. En 1992 fue nombrado Oficial de la Legión de Honor de la República Francesa, con esta motivación: “Un hombre que puede ver a través de las fronteras para entender el mundo” y en 2002 recibió el título de “Honorable” de la Academia de Ciencias del Instituto de Francia.
Artículo traducido al español por el Equipo de la SAEEG con expresa autorización del autor. Prohibida su reproducción.
Según lo publicado por Clarín (Natasha Niebieskikwiat, 08/03/2021) la organización ambientalista Greenpeace cuenta que «el Atlántico Sur es una zona sitiada y sometida por estas horas a la depredación de los recursos por parte de cientos de barcos extranjeros, la mayoría chinos, pero, también coreanos y españoles que, según un monitoreo efectuado en 2019 ya mostraba signos de agotamiento por la sobreexplotación de los recursos (…) El descontrol pesquero es tal, que a la fecha del monitoreo (…) Greenpeace contabilizó al menos 470 buques extranjeros sobre todo en la zona conocida como Agujero Azul, frente a las costas patagónicas a la altura de Chubut y Santa Cruz (…) mientras que en la Zona Económica Exclusiva Argentina se concentran unos 270 barcos (NdA: suponemos nacionales). Los buques que están el Agujero Azul están extrayendo calamar y otras especies en apenas 5.000 kilómetros cuadrados (…) están acompañados por cuatro buques petroleros —como gigantescas estaciones de servicios— y por ocho buques frigoríficos que, reciben las capturas directamente de los pesqueros para transportarlas al país de destino final, sin pasar por ningún control (…). El Gobierno (…) reforzó las multas para la pesca ilegal (…). El Ministerio de Seguridad y el de Defensa anunciaron mayores controles y, en el caso del segundo, se acaba de crear un Comando Marítimo para combatir los ilícitos. Pero estos, que ya presentaban dificultades por la falta de instrumentos marítimos y aéreos para perseguir infractores, sólo pueden actuar en aguas nacionales (…) Greenpeace busca movilizar a la comunidad internacional para que desde las Naciones Unidas se implemente un Tratado Global por los Océanos que permita la creación de una red de santuarios oceánicos en aguas internacionales y, el «Agujero Azul» sería parte de esta red. Complementario con este tratado, la Argentina ha estado impulsando y liderando un proyecto de ley para la creación de un Área Marina Protegida Bentónica en el Agujero Azul, la cual sería una primera medida para asegurar la protección del Mar Argentino, su rica biodiversidad y sus ecosistemas. La sanción de esta ley está pura y exclusivamente en manos de nuestros legisladores” afirmó Vueso de Greenpeace».
Bueno, empecemos por decir que Greenpeace, logra visibilizar algunas de las cuestiones, como la pesca ilegal, que alguno de nosotros viene denunciando desde hace décadas; en buena hora, pero, para entender esto en toda su dimensión, deberíamos separar la paja del trigo: no importa tanto dónde se produce la pesca ilegal, como decir claramente algo que Greenpeace no denuncia: que esos recursos que se pescan mayoritariamente en forma ilegal, tanto en el área de Malvinas, como en el llamado Agujero Azul y, en general en alta mar más allá de las 200 millas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) Argentina, son recursos migratorios argentinos que migran en su ciclo biológico desde la ZEE hacia alta mar y desde ésta regresan a la ZEE Argentina si en su trayecto no son capturados antes por estos buques extranjeros que pescan en forma ilegal depredando el ecosistema. La comunidad internacional, como la Argentina, no terminan de tipificar claramente el dominio de estas especies y se limitan a decir que la pesca en alta mar es libre; cuestión, que como me he referido en reiteradas oportunidades es falso, porque la libertad que refiere la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) no es una libertad absoluta y sin límites y, mucho menos puede ser depredadora, porque iría precisamente en contra con el objeto principal de la CONVEMAR, de preservar los recursos pesqueros a perpetuidad.
La Argentina al ratificar la CONVEMAR por Ley 24.543 observó y dejó claro en el art. 2º inc. c): «…El gobierno argentino, teniendo presente su interés prioritario en la conservación de los recursos que se encuentran en su ZEE y en el área de Alta Mar adyacente a ella, considera que de acuerdo con las disposiciones de la Convención cuando la misma población o poblaciones de especies asociadas se encuentren en la ZEE y en el área de la Alta Mar adyacente a ella, la Argentina, como Estado ribereño, y los Estados que pesquen esas poblaciones en el área adyacente a su ZEE deben acordar las medidas necesarias para la conservación de esas poblaciones o especies asociadas en la alta mar. Independientemente de ello, el gobierno argentino interpreta que, para cumplir con la obligación que establece la Convención sobre preservación de los recursos vivos en su ZEE y en el área adyacente a ella, está facultado para adoptar, de conformidad con el derecho internacional, todas las medidas que considere necesarias a tal fin».
Ningún funcionario argentino responsable (los Secretarios de Pesca y de Malvinas, entre otros) se ha ocupado de dar cumplimiento a estas observaciones en la CONVEMAR (tampoco a la ley 24.922), lo cual, no solo beneficia a los buques extranjeros depredadores sino muy especialmente a los que pescan en Malvinas y consolidan al gobierno británico en las Islas. Hoy el secretario de Malvinas Daniel Filmus y el Subsecretario de Pesca Carlos Liberman han sido incapaces de iniciar acuerdos consensuados con los sectores empresarios y trabajadores llevando adelante los instrumentos necesarios para terminar con la pesca ilegal que nos aleja de la recuperación de Malvinas, daña el ecosistema pesquero, la economía y el desarrollo poblacional, industrial y laboral del litoral marítimo y muy especialmente el patagónico.
Estoy totalmente a favor de dar sostenibilidad a la explotación pesquera y cuidar el ambiente, pero absolutamente en contra de multilateralizar el área. La Administración de los recursos en el Atlántico Sudoccidental debe estar en manos de la Argentina (y Uruguay en su zona) y, en sus respectivos espacios marítimos de todos los Estados ribereños en cuyas ZEE se originen los recursos. Cuando Greenpeace «busca movilizar a la comunidad internacional para que desde las Naciones Unidas se implemente un Tratado Global por los Océanos que permita la creación de una red de santuarios oceánicos en aguas internacionales (y, amplia) el «Agujero Azul» es parte de esta red y, que la Argentina ha estado impulsando (…) un proyecto de ley para la Creación de un Área Marina Protegida Bentónica en el Agujero Azul» está erróneamente promoviendo asegurar un área de protección de recursos que, luego serán explotados por los buques extranjeros licenciados por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en adelante Reino Unido) en el área de Malvinas, como ocurre ya con el Área Marina Protegida de un millón de km2 alrededor de las Georgias del Sur y las Sándwich del Sur o el Área Marina Namuncurá, donde las especies migran hacia el área de Malvinas y son explotadas por los buques licenciados por el Reino Unido. ¿Alguien tiene dudas sobre los motivos de la presencia de la patrulla americana y el submarino atómico de Estados Unidos en el Atlántico Sur en estos últimos tiempos? Ocupar un espacio marítimo estratégico y presionar sobre los buques chinos que le dificultan el otorgamiento de licencias británicas (ilegales) pesqueras a los buques españoles, coreanos y taiwaneses en el área de Malvinas.
Que nos quede claro: la cuestión central a abordar es la titularidad de Argentina sobre los recursos migratorios originados en la ZEE. La Argentina tiene suficiente capacidad técnica para administrar los rendimientos máximos sostenibles, instaurar limitaciones y vedas, etc. y no necesita de ningún santuario establecido por organismos multilaterales.
Accesoriamente, pese a lo indicado en Clarín por Natasha Niebieskikwiat, el control en la ZEE es insuficiente y el aumento de multas inocuo; de hecho, desde que el Congreso sancionó el aumento de las multas por la Ley 27.564 del 16/09/2020 la Argentina no aplicó una sola multa a buques extranjeros.
La pesca ilegal ocurre desde hace más de 50 años por parte de buques chinos, españoles, coreanos, taiwaneses, japoneses, rusos, polacos, portugueses, etc. en el Atlántico Sur. A su vez, desde 1982 en Malvinas y con permisos ilegales británicos, pescan, especialmente británicos, españoles y asociados entre ellos, buques que capturan unas 250 mil toneladas anuales, lo que equivale, a un valor del orden de los mil millones de dólares anuales. A su vez, en alta mar, buques extranjeros capturan unas 750 mil toneladas de recursos migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de dominio del Estado Argentino, lo que, junto a las capturas en Malvinas significan una extracción anual del millón de toneladas de un valor estimado en los cuatro mil millones dólares; es decir, el doble de las exportaciones pesqueras argentinas y, desde 1982, cuando se internacionalizó el Atlántico Sudoccidental, una extracción de productos pesqueros por un valor de 152 mil millones de dólares.
La FAO (2016, p. 5/6) estima que al menos el 30% de las capturas en el mundo son ilegales, generando unos 36 mil millones de dólares anuales, lo que lleva a clasificar la pesca ilegal como un problema de seguridad y, si bien, tradicionalmente, la seguridad sólo incluía a los gobiernos contra los ataques extranjeros (Figueiredo, 2010, p. 273), en la actualidad «nuevos enfoques proponen la idea de la seguridad humana” y alcanzan a la supervivencia y el bienestar de las personas. El Informe de la ONU (1994) sobre Desarrollo Humano examina las amenazas a la seguridad de carácter económico, ambiental y social y en el documento sobre la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima (2005) se asocia la explotación indebida de los recursos marinos con daños al medio ambiente y a la seguridad económica y, afirma, que la competencia por las poblaciones pesqueras puede dar lugar a conflictos violentos e inestabilidad regional, lo que requiere medidas más agresivas» (L. Vaz Ferreira). Ante la presencia china, los intereses británicos y la parálisis argentina, no debería asombrarnos la presencia de una patrulla y un submarino nuclear de Estados Unidos en el Atlántico Sudoccidental, en consonancia con el reciente (febrero 21) anuncio del nuevo presidente Joe Biden de una Task Force contra China.
Nada más evidente que la pesca ilegal que realiza en el área de Malvinas, donde el gobierno ilegal otorga licencias a entre 100 y 200 buques extranjeros, infringiendo todas las leyes nacionales e internacionales y, la propia indicación de no innovar de la Resolución de las Naciones Unidas 31/49. Por fuera de esta área y más de allá de las 200 millas marinas casi 500 buques pescan igualmente en forma ilegal.
Se entiende como pesca ilegal, y con el tecnicismo deINDNR(ilegal, no declarada, no registrada)a aquella pesca que se realiza infringiendo las leyes nacionales, regionales y/o internacionales; donde no se declaran o se declaran en forma inexacta las operaciones; las que no se ajustan a las reglamentaciones de los Estados o, no pueden controlarse las capturas y/o desembarcos porque los transbordos se efectúan en alta mar; las que reciben subvenciones de los Estados facilitando este tipo de pesca; las que sobreexplotan los stocks disponibles de peces, o no hay forma de determinarlo y otras irregularidades afines.
Pescar en forma ilegal; depredar los recursos pesqueros y desequilibrar el ecosistema del mar argentino, no es solo una cuestión de violación de la soberanía; ni solo un tema económico. Tampoco solo una cuestión social si no, que es atentar contra los derechos humanos de tercera generación: derechos al desarrollo sostenido y a la protección natural del ambiente y de los recursos de las próximas generaciones y, por lo tanto, debe ser tratado y penado como tal. Un grave atentado al ecosistema y a la humanidad, donde la Convención del Mar (CONVEMAR), no podría limitar los derechos de los Estados ribereños —los titulares del dominio de las especies migratorias de la ZEE— ya que sería contrario a su espíritu de asegurar la sostenibilidad de las especies y, donde países como Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Estados Unidos, México, Perú, la Unión Europea, Venezuela, etc., habiendo o no aprobado la Convención, consideran a la pesca ilegal un delito penal o sugieren su aplicación para combatirla, ya que han entendido, que no alcanza con la acción civil para desalentar la pesca ilegal.
La CONVEMAR, en su Preámbulo, manifiesta que los Estados Parte están «…conscientes que los problemas de los espacios marinos están estrechamente relacionados entre sí y han de considerarse en su conjunto» y deben tener en cuenta «…en particular, los intereses y necesidades especiales de los países en desarrollo…» y, en este sentido, la pesca ilegal impide el desarrollo económico, laboral y social de la Argentina y, muy especialmente del litoral patagónico y de Tierra del Fuego, un área estratégica frente a la ocupación británica del área meridional del Atlántico Sudoccidental y los archipiélagos australes.
La pesca ilegal no se trata de un hecho aislado, sino de una operación inconsulta y masiva de Estados de Bandera provistos de miles de grandes buques factorías subsidiados que depredan el mar sin control alguno o, en el caso de las licencias ilegales británicas en Malvinas explotan y comercializan productos con base de proteína que se les quita a la Argentina donde la pobreza alcanza al 44%, contrariando por tal razón, uno de los objetos centrales de la CONVEMAR y la FAO.
La CONVEMAR establece una serie de obligaciones a los Estados Ribereños y a los de Bandera que capturan en la ZEE y, ello es absolutamente razonable, porque el ecosistema es único e indivisible y, por lo tanto, la sobrepesca en la ZEE afecta los recursos que migran a alta mar, tanto como la sobrepesca en alta mar afecta los recursos en la ZEE, razón por la cual, los Estados de Bandera en alta mar están obligados a acordar la captura con los Estados ribereños, ya que resulta un absurdo que especies migratorias como el calamar, la merluza y otras especies, que son de dominio de Argentina, por el solo hecho de transponer la línea imaginaria de las 200 millas, transmute, cambie de titularidad y, sea apropiado libremente, por cualquier embarcación extranjera, provocando un grave desequilibrio en el ecosistema argentino.
Por su parte, la libertad de pesca en la Alta Mar a que refiere la CONVEMAR (art. 87º inc. e y el 116º), como he dicho, no es una libertad absoluta, y está acotada a los textos ya citados del Preámbulo de la CONVEMAR y «ejercida por todos los Estados, teniendo debidamente en cuenta los intereses de los otros Estados en su ejercicio de la libertad…» y que entre los deberes del Estado de Bandera (art. 94º) se encuentran «el control de la contaminación marina; el combate a la piratería; la adopción de medidas de cooperación y administración de los recursos vivos (Art. 117/118º); la determinación de las capturas permisibles y la conservación, teniendo en cuenta, la interdependencia o asociaciones de las especies y el esfuerzo de pesca (Art. 119º).
La ZEE y la alta mar deben tratarse como un todo y no es posible que las producciones pesqueras puedan ser sostenidas sin la resiliencia ecológica e integridad del ecosistema. La propia directora de Recursos Naturales de los británicos en Malvinas Andrea Clausen (MercoPress, 07/05/2020), dijo: «generalmente hay unos 400 buques chinos operando en el Atlántico sur (…) todas estas capturas ilegales son muy al norte de la ZEE de Falklands, si bien la captura del calamar Illex pertenece a la misma biomasa…». En palabras británicas una confesión, que ratifica que los recursos de Malvinas migran desde el continente argentino a los archipiélagos argentinos.
La creciente demanda de productos pesqueros incrementó la pesca a distancia en todo el mundo (Pauly; Zeller, 2016), pudiendo, esta expansión provocar enfrentamientos por los recursos en un ámbito tan amplio, donde la soberanía de los Estados ribereños está debilitada. La Argentina es el caso, con la presencia británica, china, española, coreana, etc. El Reino Unido en su Documento de Estrategia de Seguridad Marítima (2014) «expone la necesidad de protección contra las amenazas de su dominio marítimo, incluida la pesca ilegal y, pone a ésta al mismo nivel de otras amenazas, como la delincuencia organizada y el terrorismo, lo que demuestra la gravedad». Ese mismo año, la Unión Europea, incluye a la pesca ilegal, como una amenaza para la seguridad marítima de sus Estados miembros y en 2016 el Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos publicó un informe exclusivo sobre el tema de la pesca ilegal (IUU), y lo definió como una amenaza para la seguridad alimentaria y económica que beneficia al crimen organizado transnacional.
En este escenario resulta central que la Argentina promueva la declaración de dominio de los Estados ribereños de los recursos migratorios que se originan en sus ZEE; declare a la pesca ilegal un delito penal y la incorpore al artículo 186º del Código Penal e inicie las acciones para tipificar de contrabando las exportaciones de productos desde Malvinas. Son hechos gravísimos sobre los que la Argentina debería actuar en forma urgente.
* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.
