CANTOS DE SIRENAS

Iris Speroni*

«Ulises y las sirenas», óleo, Léon Auguste Belly.

 

En Argentina hay grupos que medran a costa tanto de ciudadanos de a pie como de otros empresarios.

Los ganadores gozan de alto nivel de organización, eficiencia en su lobby y llegada a los centros de decisión política.

El abuso de las corporaciones organizadas se hace relativamente fácil debido al nivel de atomización y ausencia de coordinación político-corporativa de los sometidos.

La enumeración de abusados (más o menos) la reflejé en EL CLUB DE LOS PERDEDORES.

Un país desinvertido

El problema de fondo de la Argentina, a mi entender, es la ausencia de inversión, verdadero origen de nuestros males.

Quienes producen la mayor cantidad de riqueza en nuestro país se quedan con el mínimo de su producido, cuando no es que se comen su capital. Toda su rentabilidad la transfieren a los estados municipales, provinciales o nacional.

El Estado, a su vez, transfiere ese dinero a patronales bien organizadas y con lobby eficiente.

La verdadera razón por la que el país se empobrece es porque los réditos no son reinvertidos en la producción y por lo tanto la misma no crece.

La cadena de causalidad sería: 1) no hay reinversión de las ganancias, 2) la producción no crece, 3) el PBI está estancado y el PBI per cápita baja, 4) somos cada vez más pobres.

Lo que empieza con una brecha cambiaria y un derecho de exportación que le quita la rentabilidad a un productor de arroz en Santa Fe termina en malos sueldos para los enfermeros del Hospital Posadas. Poder unir causa y efecto de esos dos eventos es todo un desafío comunicacional, pero no imposible.

Los ganadores, los que reciben año tras año toda la riqueza que otros producen, son los que sumen al país en la pobreza, la tristeza, la desesperanza y una inestabilidad intrínseca, porque todo se siente, cíclicamente, a punto de explotar, más allá de paliativos aplicados. 

Los ganadores, desde 1983 a la fecha, son siempre los mismos: la banca, la UIA, la Cámara Argentina de la Construcción, los concesionarios de empresas públicas o de rutas, las terminales automotrices, los ensambladores de partes importadas (en Tierra del Fuego o de motos en el resto del país), importadores en general, farmacéuticas, y probablemente haya otros más.

En Argentina puede haber alternancia de partidos políticos. Lo que no hay es alternancia de los ganadores del sistema.

Ahí radica el cansancio. Nunca hay un respiro para el pueblo.

Los que producen riqueza no la invierten porque se la quitan vía impuestos, inflación o diferencia de tipo de cambio (un trabajador que no tiene excedentes para hacerse su casa, un comerciante que no puede aumentar sus inventarios, un productor que no renueva maquinaria o no siembra pasturas).

Quienes se apoderan de ella, la atesoran en lugar de invertir. Porque sus actividades dependen del favor estatal y por lo tanto son inestables, o bien porque lo ponen a resguardo de un eventual embargo judicial. Ejemplo: la condena a Lascurain, ex presidente de la UIA, por fraude al Estado, impartida por Tribunal Oral (sentencia no definitiva).

Los ganadores han puesto funcionarios desde hace décadas. Eligen a las autoridades del BCRA, economía, producción, financian carreras de legisladores, etc.

El paroxismo se alcanzó estos últimos meses, cuando los ganadores colocaron a Massa al frente del ministerio de Economía y abrieron todas las tranqueras. Mayor brecha cambiaria (que empobrece al interior y concentra la riqueza en Capital Federal), dinero sin fin a importadores, condonación de deudas a concesionarios públicos, canjes de bonos, BCRA con pasivos remunerados a tasas de tres dígitos. Descontrol. Hÿbris.

La contrapartida fue un galopante impuesto inflacionario que sufrió toda la población, un parate de la actividad económica y un golpe durísimo al campo, agravado por la sequía.

No son los ciudadanos enojados quienes imprimen inestabilidad política al país; no es el movimiento sindical organizado; no son los productores agropecuarios, ni las cámaras de comerciantes de Paso de los Libres. No. La inestabilidad argentina la producen los ganadores. EQUILIBRIO INESTABLE.

Una vuelta de hoja

Pasó lo inesperado: los perdedores (CLUB DE LOS PERDEDORES) se organizaron. Los bomberos, comerciantes, canillitas, productores agropecuarios, transportistas, vendedores de choripán de Morón, jugadores de rugby en clubes franceses, los mecánicos de Lanús, los jornaleros de Río Negro, los policías de Corrientes, los remiseros de General Pico y las dependientes de panadería de La Rioja Capital votaron Milei-Villarruel. El cisne negro. El error en la matrix.

Podríamos haber votado a Bregman tranquilamente. Pero las quejas del trotskismo son vagas. “El sistema”. “El capitalismo”. No sonó decidida a acabar con este yugo.

En cambio la descripción que hizo Javier Milei en campaña fue concreta y puntual: las LELIQs (la banca), los importadores que compran a $ 350 los dólares (las farmacéuticas, terminales automotrices, armadores de productos importados, los galpones de TdF), el Club de la Obra Pública alias Cámara Argentina de la Construcción, la UIA, los funcionarios públicos con altos sueldos, a todos los aunó como sanguijuelas del esfuerzo de los argentinos y los denominó “la casta”. Todos entendimos. Todos lo sabíamos de antes, pero no teníamos un medio para expresarnos. Finalmente lo hubo.

¿Cuál era la promesa implícita en este contrato electoral? Todos aquellos con poder atomizado, que trabajan pero no tienen un lobby atrás que defienda sus intereses o al menos que lo haga en forma eficiente, finalmente lograrían una voz: el representante de la gente de bien. ¿Quién es la gente de bien sino quienes se ganan su pan con su trabajo?

El pueblo argentino es un caballo exhausto. Años de tirar del carro, malnutrido y que, además, envejece.

Lo único que queremos es que se dé vuelta la taba. Aunque más no sea por un ratito que nos permita descansar para luego seguir. (Recomiendo “El sueño de los héroes” de Adolfo Bioy Casares).

El canto de sirenas

Ahora bien, la dupla Milei-Villarruel ya ganó. Ya asumieron. ¿Cuál es el gran desafío que enfrenta el presidente, en su carácter no sólo de primer magistrado sino de principal economista?: Los cantos de sirenas.

Todos aquellos que han ganado fortunas en estos años, no quieren parar. Todos aquellos que, como dijo Cristina Fernández: “Conmigo se la llevaron en pala”, quieren seguir.

Todos los ganadores tienen:

    • dinero (el tesoro acumulado) que les permite comprar voluntades, periodistas, influyentes, etc.
    • organizaciones eficientes y profesionales de lobby,
    • red de contactos privados y públicos, locales y en el exterior,
    • experiencia (después de todo gobiernan desde hace décadas),
    • mucho que perder.

Enfrente tienen ciudadanos que su energía se agotó el día de la votación. No hay energía excedente para organizarse y dar pelea, por ejemplo, contra el lobby automotriz o contra los bancos. Simplemente, no hay ni organización, ni dinero, ni fuerzas.

Todos los ganadores tratarán de marear al Presidente con lisonjas. Ofrecerán funcionarios “que la tienen clara y tienen experiencia”, los curros “no se pueden desarmar porque caso contrario estalla el universo”. Intentarán halagar y llenar de oropeles (recordemos todos los doctorados honoris causa que recibió Alfonsín en su momento, mientras reconocía la deuda heredada de la dictadura militar sin revisión alguna).

La serpiente en el Edén, Expulsión del Paraíso, Miguel Ángel Buonarroti.

Es la serpiente en el paraíso. En este caso la casta (ex funcionarios K, la banca, todas las cámaras empresariales enumeradas) es quien susurrará consejos.

Deseo de corazón que el Presidente sepa poner cera en sus oídos. Entendemos que debe ser muy difícil.

El Presidente invocó, al jurar por la Constitución Nacional, la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Que las fuerzas del cielo le sirvan para ser indiferente a los cantos de sirenas y para proteger el derecho a ganarse el pan de las 14.554.560 voluntades que lo designaron como defensor de sus derechos constitucionales a trabajar y a tener un trato impositivo justo. Terrible responsabilidad sobre sus hombros.

El pueblo supo votar. Ahora pedimos a Dios que le dé templanza al Presidente.

Lo único que deseamos es que, aunque más no sea por un rato, sea otro el que tire del carro.

 

* Licenciada de Economía (UBA), Master en Finanzas (UCEMA), Posgrado Agronegocios, Agronomía (UBA).

 

Notas relacionadas

El Club de los Perdedores, 2020.

https://restaurarg.blogspot.com/2020/02/el-club-de-los-perdedores.html

Equilibrio inestable, 2019.

https://restaurarg.blogspot.com/2019/12/2020.html

Gente de bien, 2023.

https://restaurarg.blogspot.com/2023/12/gente-de-bien.html

 

* Artículo publicado el 16/12/2023 en Restaurar, https://restaurarg.blogspot.com/2023/12/cantos-de-sirenas.html.

GUAYANA ESEQUIBA: INCONTROVERTIBLE ESPACIO HUMANO DE NUESTRA PATRIA

Abraham Gómez R.*

Siempre nos ha parecido que caen en una seria contradicción quienes se dicen defensores de la Guayana Esequiba ―sobre todo― desde hace algunos meses para acá; sin embargo, nunca los escuchamos argumentar razonada y propositivamente de la considerable población que ocupa esa extensión territorial que nos fue arrebatado, vilmente, hace ya más de cien años.

Por propia experiencia ―producto de mis visititas a la zona― puedo mencionar que aflora una inmensa motivación por parte de los esequibanos ―que viven en esa parte de Venezuela― para intercambiar ideas, experiencias y conocimientos históricos con nosotros. Esos compatriotas tienen necesidad de saber, en esencia, cómo se conformaron desde el punto de vista político-administrativo.

Ellos desean concienciarse de qué fue lo que sucedió realmente. Así entonces, con tales fines, nos piden que les expliquemos en qué consiste un documento llamado “Laudo de París” y otro denominado Acuerdo de Ginebra.

También hago expresa mención que los esequibanos que viven aquí, entre nosotros: Tucupita, San Félix, Tumeremo, Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz, Barrancas del Orinoco, etc., aún conservan algunas tradiciones religiosas, medicinales; sus propias instrumentaciones en cuanto al cultivo de la tierra y producción piscícola, sobre manufactureras en general; eficiencia en las actividades gastronómicas. Poseen sus intrínsecas metodologías educativas.

Acaso no podemos nosotros aprovechar esos conocimientos al tiempo que, en tal dialógica de saberes, los esequibanos reciban las necesarias asistencias para que refuercen el carácter identitario de la venezolanidad con la finalidad de que ellos se conviertan en agentes transmisores y repliquen tales componentes patrios hacia sus familiares que aún viven en la Guayana Esequiba.

Hagamos propio y oportuno el conocido Principio: “La identidad nacional no se impone ni se decreta, sino que se construye y se constituye progresivamente”. Este es el momento precisamente de imbuirnos en estas específicas tareas de recíproco comportamiento e imbricación humana.

Prestemos atención a lo que, estratégicamente, han venido haciendo todos los gobiernos guyaneses, desde Forbes Burnham hasta el actual Irfaan Ali.

En sus respectivas gestiones han destinado presupuestos para acometer infraestructuras de escuelas, hospitales, hoteles, balnearios, medios de comunicación audiovisuales, vías carreteras, pistas de aterrizajes, puestos militares etc.; además, sensibilizan a niños y jóvenes, con carácter recurrente, en procesos de ideologización e identidad hacia esa nación.

Cantan el himno e izan la bandera guyanesa en los planteles escolares y demás instituciones públicas.

Todas las fechas que ellos consideran patrias le confieren particular reforzamiento.

Si antes, en condición de nación pobrísima, se apoyaban en los aportes dadivosos suministrados por la Commonwealth, desde hace cinco años para acá ―con la Exxon a la cabeza de todo este enjambre esquilmador― no tienen reparos o limitaciones en los gastos e inversiones oficiales; por cuanto están percibiendo inmensos caudales de recursos dinerarios producto de la ilegal explotación petrolera, maderera, energética y minera en el área en conflicto y en la proyección atlántica sin delimitar.

Cuando analizamos la Constitución de la República Cooperativa de Guyana de 1980, nos conseguimos con la auto asignación y la distribución político-territorial que ellos han establecido, precisamente en la Guayana Esequiba, en flagrante violación del Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966; que determinantemente señala, en su artículo V, numeral (2):

“Ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras se halle en vigencia este Acuerdo constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial en los Territorios de Venezuela o la Guayana Británica, ni para crear derechos de soberanía en dichos territorios, excepto en cuanto tales actos o actividades sean resultado de cualquier convenio logrado por la Comisión Mixta y aceptado por escrito por el Gobierno de Venezuela y el Gobierno de Guyana. Ninguna nueva reclamación o ampliación de una reclamación existente a soberanía territorial en dichos Territorios será hecha valer mientras este Acuerdo esté en vigencia, ni se hará valer reclamación alguna sino en la Comisión Mixta mientras tal Comisión exista”.

Con la descarada entrega de concesiones ―inconsultas y unilaterales― a las empresas transnacionales pretenden, sibilinamente, “hacer valer o crear derechos de soberanía”.

En el concierto de las relaciones internacionales, lamentablemente los países no tienen amigos sino intereses. Lo estamos percibiendo, en los últimos meses, precisamente; porque esta zona está siendo considerada de un extraordinario potencial por las reservas probadas y calidad de los recursos petrolíferos, la ubicación geoestratégica y su proyección e interconexión con los países de Suramérica.

Hay quienes se atreven a ser explícitos en sus consideraciones ―no exentas de polémicas— que las verdaderas fronteras son políticas y económicas y no jurídicas.

La Guayana Esequiba constituye un territorio con incalculables riquezas mineras, hídricas, forestales, energéticas, edafológicas, gasíferas, petroleras etc. Territorio muchísimo más grande que algunos países europeos, asiáticos y centroamericanos. Con extraordinario potencial de desarrollo sostenible.

Debemos reconocer que no sólo EE.UU. tiene las manos metidas allí, a través de la EXXON y la CGX, sino que también está operando la CNOOC de China, la SHELL de Holanda, la ANADARKO de Canadá. Son muchísimas que saben, por exploraciones científicas, lo que allí está en juego.

Según su Carta Magna, Guyana delimitó toda la extensión correspondiente a nuestra Guayan Esequiba en las siguientes regiones: Guainía-Baruma; Poomeron-Supenam; Cuyuní-Mazaruni; Potaro-Siparuni; AltoTúkutu- Alto Esequibo. En cada una de estas regiones eligen un gobernador que indistintamente del partido que sea PPP o del CNP, lo más importante es que responda a la programación diseñada y ejecutada a partir de directrices emanadas del nivel central, asegurando uniformidad de criterio para la conservación identitaria en la zona.

Hasta donde la Fuerza de Defensa de Guyana (GDF) nos permitió, recorrimos buena parte de esa inmensidad de territorio y nos conseguimos importantes ciudades, pueblos y asientos demográficos de varios tipos y clases sociales, en cuyo registro censal, más reciente, arroja una población que sobrepasa las 300.000 personas, incluyendo a las etnias Waiwai, Makushi, Arawakos, Akawayos, Saraos, Patamonas, Caribes, Waraos y Wapashi.

Agradezco, en lo personal que nuestro trabajo de indagación académica ha sido suficientemente ponderado y reconocido; lo cual constituye honda satisfacción por una lucha sostenida sin actitudes atrabiliarias o estrepitosas; por cuanto, requerimos juntar talentos y densidad en la formación documental y doctrinaria para insistir en reclamar y defender en las instancias a que haya lugar lo que por honor y justicia siempre ha sido nuestro; que nos desgajaron, en un ardid tramposo, en una tratativa perversa mediante añagazas jurídicas.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV). Asesor de la Comisión por el Esequibo y la Soberanía Territorial. Consultor de la ONG Mi Mapa.

RETENCIONES A LA PESCA O REORGANIZACIÓN DEL ESTADO

César Augusto Lerena*

Ya mencionamos en un reciente artículo (César Lerena “El voto a quien administre el Atlántico Sur”, 12/11/2023) algunas de las medidas que deberían tomarse para mejorar la administración del Atlántico Sur y con ello, la actividad pesquera. Hoy deseamos precisar otras, a la luz de que el gobierno, junto a la devaluación del peso, ha dispuesto agregar un 15% de retenciones a las exportaciones pesqueras.

En general coincidimos con las declaraciones del Secretario de Bioeconomía (Ex SAGyP) Fernando Vilella (Canal agrositio,19/12/2023) que, aunque referidas a la actividad agropecuaria, bien podrían aplicarse a la actividad pesquera, entre ellas la necesidad de “remover los obstáculos reglamentarios, modernizar la organización, facilitar la inversión para duplicar las exportaciones y, mejorar las comunicaciones”; con la salvedad de que la actividad pesquera es una Concesión del Estado y, por lo tanto, existe un contrato entre partes, que no debería ser modificado durante la vigencia de la concesión y, además, las empresas pesqueras, al margen de los impuestos etc. que cualquier empresa aporta para sostener al Estado, paga derechos en contraprestación a la concesión, con los cuales se sostiene económicamente la administración, investigación y el control pesquero; por lo tanto debería estar exceptuada del pago de retenciones.

En línea con el pensamiento del ingeniero Vilella, nosotros consideramos que, en la pesca, al margen de las acciones indicadas en el artículo referido, deberían llevarse adelante -entre otras- las siguientes medidas:

La remoción de los obstáculos reglamentarios. Al margen de la eliminación de miles de normas de “regulación” que dificultan la captura, industrialización y exportación, derivadas de resoluciones de la entonces Secretaría de AGyP y, del Consejo Federal Pesquero y, otros órganos menores, es necesario reformar la Ley Federal de Pesca (24.922) en especial, pero no excluyente (César Lerena “Plan Nacional de Pesca. Cien Acciones y sus efectos para potenciar la pesca y recuperar el Atlántico Sur. Ed. CESPEL, 2023) para redefinir el objeto de la actividad, reformular el Consejo Federal Pesquero y establecer la sustentabilidad empresaria y sostenibilidad del recurso. Hay otras cuestiones; pero explicaremos solo estos tres puntos para no agobiar al lector.

Debería reformarse el artículo 1º y la mayoría del articulado de la ley 24.922, precisamente, para que está ley sea un instrumento que facilite el desarrollo de la actividad, reduzca los costos del Estado, eficientice la investigación para asegurar la sostenibilidad del recurso y los controles de los recursos de la Zona Económica Exclusiva y los que migran de ésta a alta mar. En base a ello el artículo 1º debería quedar redactado de la siguiente forma:

ARTÍCULO 1º POLÍTICA PESQUERA. «La política pesquera nacional se constituye en directrices y lineamientos mediante los cuales el Poder Ejecutivo Nacional orienta a los organismos competentes en materia pesquera a la consecución del objetivo de lograr el uso sustentable, eficaz y eficiente de los recursos pesqueros, mediante la aplicación de un enfoque precautorio, ecosistémico y sostenible en la explotación pesquera; la salvaguarda de los ecosistemas marinos en que existan esos recursos; el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y los recursos migratorios originarios de ésta y los que desde alta mar migran a la ZEE y/o están asociados a esta; su distribución equitativa y el desarrollo del litoral marítimo y, de las distintas provincias del territorio nacional mediante la práctica de criar, reproducir y engordar peces, crustáceos y moluscos en un medio natural o artificialmente creado al efecto, sostenible ambientalmente.

Para ello, el Estado argentino reconoce que la pesca y la acuicultura son actividades que fortalecen la soberanía alimentaria y territorial de la Nación, contribuyen a la seguridad y son prioridad en la planificación del desarrollo nacional y, fomenta, el ejercicio de la pesca marítima y la acuicultura en procura del máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento racional de los recursos vivos marinos en la industria pesquera nacional y la acuicultura ambientalmente sostenible, con el apoyo de la industria naval pesquera nacional, la investigación y el desarrollo tecnológico.

Promoverá la protección efectiva de los intereses nacionales relacionados con la pesca y garantizará la sostenibilidad y sustentabilidad de la actividad pesquera, fomentando la investigación y la conservación a perpetuidad de los recursos, favoreciendo su equitativa distribución entre los industriales y poblaciones de todo el país e incentivando la transformación total de las materias primas en plantas radicadas en el territorio continental e insular nacional, mediante procesos de calidad, sanitarios y, de forma ambientalmente apropiada; asegurando la obtención del máximo valor agregado; el mayor empleo de mano de obra argentina y promoviendo el consumo nacional a niveles compatibles con el consumo promedio a nivel regional y mundial.

El Estado Nacional y/o Provinciales podrán otorgar concesiones a empresas nacionales para la captura de los recursos pesqueros en la ZEE y a empresas nacionales y/o extranjeras fuera de las 200 millas».

Entre los fundamentos de este artículo podemos indicar los siguientes: en el Artículo 1° original de la ley 24.922 se define el objeto de su sanción y es, sin lugar a dudas, uno de los artículos más destacados de ésta, sin embargo, no alcanza a definir que el aprovechamiento del recurso debe tener como destino principal la industria pesquera nacional, como ocurre en la legislación de muchos otros Estados de Latinoamérica y la Unión Europea y que, tratándose de un recurso de todos, debe ser distribuido en forma equitativa y preferentemente industrializado en plantas en tierra para agregar el máximo valor posible y no transferir la mano de obra a terceros países desarrollados que por el contrario deberían adquirir los productos argentinos terminados y no materias primas para su transformación. Además de ello, la industria pesquera debe servir para generar la producción industrial naval y retroalimentar la investigación y tecnología.

El enfoque ecosistémico es la administración pesquera desde lo global a lo particular. Gestiona el ecosistema y dentro de este, a las especies y sus interrelaciones ecológicas y alimentarias y los efectos socioeconómicos vinculados con la explotación de los recursos; implica, una visión integrada del manejo de las aguas y recursos vivos, que tiene por finalidad su conservación y uso sostenible de un modo equilibrado. Incluye el análisis de todos los procesos, funciones e interacciones entre los componentes y recursos (vivos y no) del ecosistema e involucra el manejo de las especies y de otros servicios y bienes ecosistémicos. Bajo este enfoque se reconoce, además, que el ser humano y la diversidad de culturas son componentes integrales de los ecosistemas, considerándose los impactos acumulativos derivados de sus múltiples actividades, así como la relevancia socioeconómica de estas.

Este enfoque implica tener muy presente la regulación de las capturas de los recursos migratorios originarios de la ZEE en alta mar por parte de los buques de Estados de pabellón, como una forma imprescindible para la administración del ecosistema, ya que no es posible dar sostenibilidad a los recursos en la ZEE, sino se da sostenibilidad al ecosistema. Por otra parte, ello adquiere una dimensión superlativa, cuando, como casi todos países de Latinoamérica y Europa han dado preminencia a «los aspectos sociales, económicos, tecnológicos, productivos, biológicos y ambientales» e, incluso, cuando la pesca y la acuicultura forman parte de los programas de seguridad alimentaria del país, cuyas proteínas son de alto valor biológico y, por cierto, muy superiores, al resto de las proteínas animales.

En este sentido, no podemos perder de vista que en la Argentina los gobiernos no han hecho prácticamente nada respecto al aumento en la dieta de los argentinos del consumo de esta proteína esencial, estando, con 4,8 Kg. per cápita/año, según el Consejo para el Cambio Estructural del Ministerio Desarrollo Productivo (marzo, 2021) entre los más bajos de Latinoamérica y en el consumo de productos pesqueros, cuyo promedio es de 9,8 Kg; de África 10,1 Kg; de la Unión Europea de 23,97 Kg y del mundo de 20,2 Kg (2020).

Varios países de Latinoamérica y Europa tienen políticas de promoción del Consumo interno de pescado y entre ellos Panamá que, producto de esas políticas, tiene un consumo per cápita anual de 20,5 kg (2020), por encima del promedio mundial y un 427% más que Argentina. Su legislación pesquera promueve ello, tal es el caso del Artículo 12º del Decreto 204 del 18/3/2021 donde se indican una serie de objetivos que refieren a “la conservación y administración sostenible”; al “desarrollo equitativo de las comunidades, erradicando la pobreza y mejorando la situación socioeconómica de los pescadores”; “mejorar la aportación de la pesca y la acuicultura a la seguridad alimentaria y la nutrición, así como apoyar la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada” e “incorporar valor agregado con el propósito de hacer más rentable a estas”. Todos aspectos centrales de la actividad pesquera y el objetivo de legislar al respecto.

Por otra parte, resulta impostergable que la Argentina fomente el desarrollo de una acuicultura ambientalmente sostenible, ya que mientras esta actividad en la producción mundial total representa el 49%, en la Argentina, está por debajo del 1% de la producción nacional.

Es interesante tener en cuenta lo reglado por México en el Artículo 17º de la Ley General de Pesca (D.O.F. 24/07/2007 reformada el 24/04/2018) donde se definen los principios en los que se debe basar la Política Nacional de Pesca y es muy importante observar y, así lo hemos transcripto en el presente proyecto, que «El Estado Mexicano reconoce que la pesca y la acuicultura son actividades que fortalecen la soberanía alimentaria y territorial de la nación, que son asuntos de seguridad nacional y una prioridad para la planeación nacional del desarrollo» que, «la pesca y la acuicultura se orienten a la producción de alimentos para el consumo humano directo y el abastecimiento de proteínas de alta calidad y de bajo costo para los habitantes de la nación» y, que «Los sectores pesquero y acuícola se desarrollarán desde una perspectiva sostenible, que integre y concilie los factores económicos, sociales y ambientales, a través de un enfoque estratégico y ecoeficiente»; es decir, le asigna un importante rol a la Pesca, que entiende de soberanía territorial y alimentaria, al que califica de seguridad nacional y una prioridad en el desarrollo nacional y, esto, es exactamente así, porque la actividad pesquera, no es solo una cuestión económica, sino que es una herramienta estratégica ocupacional y poblacional continental y marítima, proveedora de proteínas de alta calidad biológica, que debe ser administrada de forma tal, que concilie el interés económico con el social y con el cuidado de los recursos a perpetuidad.

Por otra parte, es necesario reformular la integración del Consejo Federal Pesquero (CFP) y el destino de los Fondos (FONAPE) que provienen del aporte empresario. La forma que fue integrado este Consejo al momento de la sanción de la ley (1997/8) tuvo como fundamento buscar la adhesión de todas las provincias del litoral marítimo, pero ello derivó que el 50% de los aportes empresarios se derivasen a las provincias, a pesar de tratarse de recursos existentes en la ZEE de dominio del Estado Nacional y, que, además, las provincias cobran derechos por la explotación de sus recursos dentro de las 12 millas marinas.

Los aportes a las provincias deben darse vía el CFI.

De no haber sido así, todos los gastos de una administración, una investigación y un control pesquero eficiente pudieron ser sostenido con el aporte privado. Los gobiernos de turno mal administraron los ingresos económicos de la actividad y los recursos pesqueros de ésta. Y duplicaron funciones que están también asignadas, por ejemplo, a SENASA. El Estado cobra derechos y no debería aplicar retenciones ni debiera financiar la actividad. Las concesionarias se están haciendo cargo de un Estado ineficiente, incapaz de administrar los fondos que aportan las empresas, eliminar descartes y sustituciones y, la pesca ilegal, entre otras cuestiones.

Podemos agregar a lo dicho que la ley vigente muestra incongruencias entre la Autoridad de Aplicación y el CFP que preside el ex secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, aunque, en las últimas décadas ha delegado las funciones en el subsecretario de Pesca y, en la práctica, este funcionario es un mero ejecutor de las políticas que fija un CFP que depende de un secretario, aunque no ejerza su función. Todo ello menoscaba las funciones de éste que, es quien, en realidad, debería actuar de acuerdo con las instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional (P.E.N.), que es quien fija las políticas y no el CFP. Por ejemplo, el artículo 7º de la ley 24.922, indica en el inciso a) que la Autoridad de Aplicación «conduce y ejecuta la política pesquera nacional, regulando la explotación, fiscalización e investigación» y, ello es lógico, porque se trata de un mero secretario del P.E.N., quien por el artículo 99º de la Constitución Nacional es, entre otras atribuciones, «el responsable político de la administración general del país y quien expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación…; pese a ello, en el artículo 9º de esta ley indica que serán funciones del CFP: «a) Establecer la política pesquera nacional; b) Establecer la política de investigación pesquera», etc. funciones que no se asignan ni siquiera al secretario del ramo. Una verdadera incongruencia jurídica y debilitación de las tareas del secretario.

Por otra parte, en el inciso c) de la Ley 24.922 se le asigna a este Consejo la función de «establecer las Capturas Máximas Permisibles por especie, zona y flota teniendo en cuenta el rendimiento máximo sustentable de cada una de ellas, según datos proporcionados por el INIDEP», cuestión que el CFP por su integración no está suficientemente capacitado y, es el propio INIDEP quién debe establecer la Captura Máxima Sostenible, siendo una determinación biológica que no puede ser determinada por un órgano político.

Además, la relación entre la Autoridad de Aplicación y el CFP agrega costos y una burocracia al Estado, con los consiguientes costos productivos y demoras en los procesos de la administración.

Entendemos que el otorgamiento de permisos de acceso, cuotas y/o autorizaciones de captura en la ZEE o en alta mar deben estar en manos del P.E.N. para transparentar el otorgamiento de estas concesiones y deberían tener en cuenta el cumplimiento por parte del concesionario del programa de pesca aprobado y auditado por la Autoridad de Aplicación. En 2024 se renovarán las “Cuotas de Captura” y ello requería de un Plan Pesquero, una Autoridad con carácter, visión de futuro y, muy importante: honestidad. El funcionario designado para semejante tarea no debería ser un “recomendado” por ninguna empresa.

También es necesario, establecer una mayor sustentabilidad empresaria y sostenibilidad del recurso. El otorgamiento de otorgamiento de Cuotas y Autorizaciones de Captura y de “Reservas de Cuotas” no puede quedar a la discrecionalidad del funcionario de turno y, cualquier otorgamiento debe ir acompañado de un proyecto que asegure una “Unidad Económica Pesquera”, para evitar que el pez grande se coma al chico como ha venido ocurriendo en las últimas décadas.

Por cierto, hay muchísimo más que decir respecto a la captura de los recursos; la Acuicultura; la industrialización de los descartes; el consumo interno; la exportación; el control del territorio, respecto de la pesca y los costos de administración e investigación; las capturas sostenibles; los puertos; la industria naval etc.; pero, nosotros creemos que resolver estas cuestiones citadas atenderá los temas tratados por el Secretario de Bioeconomía Vilella de “modernizar la organización, facilitar la inversión para duplicar las exportaciones y, mejorar las comunicaciones”. Finalmente entendemos, que la Pesca se hace cargo de la administración del Estado y, como hemos dicho, son los gobiernos que han hecho un mal uso de los derechos de captura (y habrá que hablar de ello en un futuro) y otros de los concesionarios; independientemente de que las reglas de otorgamiento de concesiones deban reformularse para asegurar el autofinanciamiento de la administración (investigación, conservación, distribución y control), sustentabilidad de la explotación de las empresas concesionarias y el régimen de exigencias de los pliegos de condiciones, ya que no son posibles bajos valores agregados en la exportación, depredación o descartes en la captura y un alto porcentaje de trabajo informal en la industria o compensaciones de ninguna naturaleza enmascarando salarios y precios.

La Argentina no necesita recursos económicos del Estado para financiar la actividad pesquera; pero tampoco se le deberían agregar retenciones no previstas al momento de concesionar la explotación, quitándole rentabilidad; dificultando reinversiones; impidiendo mantenimiento y reposición de buques y plantas industriales; el desarrollo poblacional e industrial en áreas desfavorables o generación de nuevos empleos.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Web: cesarlerena.com.ar