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LA URGENTE NECESIDAD DE POLÍTICAS INTEGRALES

Agustín Saavedra Weise*

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En castellano no contamos con diferentes palabras para los términos en inglés “policy” y “politics”. Ambos se traducen como “política”, pese a sus connotaciones diferentes. La política trata del gobierno y la organización de las sociedades. Política es la actividad de los que gobiernan —o aspiran a gobernar— los asuntos de un país. Es válido expresar, además, que la política es el proceso de tomar decisiones aplicables a todos los miembros de una comunidad por parte de quienes tienen el poder.

La capacidad de modificar la conducta de otros se refleja en el poder, elemento básico de la vida política; quien decide cómo se distribuirán los bienes en una sociedad debe tener autoridad (poder) para hacerlo. Así sucesivamente, el estudio de la Ciencia Política nos puede llevar hacia modelos más sofisticados, pero lo esencial es saber que la actividad política se centra en el poder y en la lucha por alcanzar ese poder, o por preservarlo.

Por otro lado, la expresión anglosajona “policy” implica tomar un curso de acción determinado y propuesto por un gobierno, asociación “x” o un simple ciudadano. Es así que se habla de “excelentes políticas asumidas (“policies”) o de “erráticas políticas (“policies”). Al no disponer del término “policy” en castellano, urge agregar algo para que se diferencie de la política en sí. Es posible mencionar “políticas integrales” o “políticas estructurales”; otros pueden referirse a políticas de corto, mediano o largo plazo. En definitiva, las políticas siempre implican un plan de acción propuesto en el marco del poder político y con el fin de darle rumbo determinado a una sociedad.

En Bolivia últimamente hemos tenido exceso de política y falta de políticas. Casi todo es manejado por la coyuntura o motivado por la presión que ejerce sobre la comunidad política (en democracia) la proximidad de una elección para definir quién o quiénes serán los futuros detentadores del poder. Y en ese combate pacífico entre ideas y propuestas se pierde la perspectiva. Es lo que nos señaló con acierto Manfredo Kempff en su columna del sábado 8 de febrero pasado titulada “Terremoto electoral”. Básicamente se refirió a que nadie en estos momentos provee políticas que reflejen cambios de estructura. Todos los contendientes para las elecciones del 3 de mayo compiten sobre las mismas reglas, tampoco están presentando novedades que atraigan al votante, salvo las usuales promesas de “desarrollo”, “estabilidad”, “más empleo”, etc. Faltan políticas integrales. Nos guste o no, el MAS en el pasado presentó e impuso su concepción y hasta la plasmó en un texto constitucional extenso, teñido de sangre, con fuerte oposición en Santa Cruz y otras regiones. Pero al final, en 2009, se impuso la ilegalidad de ese amañado texto constitucional con el baño de legalidad de un referendo.

Ahora urge que quienes tienen la posibilidad de seguir manteniendo a nuestra Bolivia en democracia (impidiendo el retorno del autoritarismo) tengan la capacidad de presentar políticas basadas en el retorno a cauces constitucionales sensatos y coherentes, en lugar de mantener la demagógica CPE vigente. Al respecto, creo que las constituciones de 1967 y la de 2004 —con las reformas agregadas en la breve presidencia de Carlos Mesa— son instrumentos más sólidos y modernos que la demagógica CPE actual, plagada de errores de sintaxis y de tamaño enciclopédico.

Quienes posibilitaron el triunfo del movimiento cívico de noviembre 2019 espero que consideren algunos de estos aspectos e incluyan en sus plataformas electorales políticas (“policies”) integrales. Hace falta una visión más amplia de la Bolivia que queremos y de lo que debe hacerse para lograrla. Menos política y más “policy”, es lo que precisamos aquí y ahora.

*Ex canciller, economista y politólogo. Miembro del CEID y de la SAEEG. www.agustinsaavedraweise.com

Tomado de Diario Nuevo Sur, Bolivia, https://eldeber.com.bo/167527_la-urgente-necesidad-de-politicas-integrales

LA CAUSA MALVINAS

César Augusto Lerena*

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La Cancillería Argentina en sus primeros sesenta días dio algunos pasos positivos destinados a cambiar el modelo de estrategia respecto a la Causa Malvinas, modelo que continuó y profundizó la Cancillería de Malcorra y Faurie. Esta nueva etapa jerarquizó la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur y puso razonablemente bajo control de ésta a la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental Argentina (COPLA); suspendió las reuniones sobre las investigaciones pesqueras conjuntas que se iniciaron el 4 de diciembre de 1995 con el Reino Unido en el ámbito del Atlántico Sur (más allá incluso de la FICZ, la zona de exclusión inglesa); desafectó de la embajada del Reino Unido al Embajador Renato Carlos Sersale, quien en el 2018 había calificado de “máximas autoridades” a las británicas usurpadoras en Malvinas, y a Carlos Foradori de la Embajada ante los Organismos Internaciones con sede en Ginebra, quien en 2016 firmara el lamentable Pacto Foradori-Duncan donde se ratificó de hecho el Acuerdo de Madrid y se declaró: “adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas” manteniendo viva la “fórmula del paraguas”. Nunca, desde el Acuerdo de Madrid, nadie se había atrevido a tanto. Este pacto reactivó las investigaciones conjuntas pesqueras que habían sido suspendidas en el 2005 (debido a que los británicos otorgaron licencias de pesca por 25 años en Malvinas) y, habilitó los vuelos entre Malvinas-San Pablo-Córdoba, facilitando el comercio de Malvinas y la sobrevivencia de las islas a los probables cambios arancelarios a partir del Brexit.

La Causa Malvinas no es una cuestión en la que podamos poner en duda la pertenencia ni el objetivo, que ya está perfectamente definido en la cláusula primera de las Disposiciones Transitorias de la Constitución Nacional: “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”. Podremos, en todo caso, discutir la estrategia y la táctica para el logro de este objetivo, pero no, caer en el absurdo, de considerar máximas autoridades de las islas a las británicas o remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de Malvinas.

El gobierno saliente ha hecho todo lo posible para favorecer al Reino Unido.

Así las cosas, este nuevo gobierno podría llevar adelante algunas “ideas fuerza” que me limitaré —sin orden de prevalencia— solo a señalar, por tratarse de cuestiones sensibles:

    1. Promover un Protocolo Adicional Mercado Común Pesquero (MERCOPES) en el Atlántico Sudoccidental y Pacífico Sudeste, dentro del Tratado del MERCOSUR, entre sus miembros la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y sus adherentes Bolivia y Chile, con el objetivo de a) Ocupar el área adyacente del Atlántico Sudoccidental con buques de los países del MERCOSUR y adherentes, promoviendo el interés de estos en desplazar la ocupación extracontinental del mar austral; b) Desalentar a los buques extranjeros que pescan ilegalmente en el Atlántico Sudoccidental y en el Pacífico Sudeste; c) Promover la utilización de los puertos argentinos, la radicación industrial y la ocupación de mano de obra nacional; d) Integrar las economías, el consumo interno y el comercio internacional de Latinoamérica; e) Consolidar el liderazgo argentino en Suramérica.
    2. Llevar adelante un proyecto de integración rioplatense con la República del Uruguay (renovando una estrategia ya aplicada por el España hace más de 200 años) para fortalecer la presencia argentina en el área norte del Atlántico Sur y su acceso al Río de la Plata. Entre los primeros: a) ampliar los alcances del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo; b) iniciar las conversaciones sobre el emplazamiento y financiamiento de un puerto binacional de aguas profundas (con un marco legal ajustado, similar al vigente entre Argentina y Chile en la explotación minera); c) eliminar los impuestos al transporte entre ambos países para facilitar el intercambio de personas y bienes; d) Promover, a través de sistemas de compensación, la eliminación del uso de los puertos uruguayos por parte de la flota ilegal que opera en el Atlántico Sur; e) Promover una agenda cultural común entre ambos países.
    3. Promover un Acuerdo de complementación del Tratado de Paz con Chile respecto a la Cooperación en el Canal del Beagle; el corredor bioceánico Atlántico-Pacífico y el turismo en la Provincia de Tierra del Fuego y Chile, de forma de fortalecer la posición de Argentina en el Océano Austral, la Antártida y el corredor bioceánico, generando una relación de mayor confianza con Chile con el fin de promover mayores acuerdos con este país vecino que consoliden la posición Argentina en el mar austral.
    4. Profundizar el pre Acuerdo con la Unión Europea, en al menos tres líneas: a) acordar la certificación argentina de origen de las materias primas extraídas de las áreas FAO 41 y 48 (El Atlántico Sudoccidental); b) acelerar el ingreso de productos finales (con valor agregado) a la Unión Europea libre de aranceles y, c) mientras ello no ocurra procurar que la Unión Europea de el mismo tratamiento arancelario a la Argentina que a todas las materias primas capturadas en el Atlántico Sudoccidental dentro o fuera de la Z.E.E. Argentina. Entendemos como muy urgente profundizar la relación con algunos países de la Unión Europea, para tratar de incidir respecto al tratamiento arancelario que recibirá la pesca en el Atlántico Sur, etc. y, especialmente España y los territorios de Ultramar (Malvinas, etc.) en esta etapa de negociación post Brexit entre el Reino Unido y la Unión Europea.
    5. Promover la adhesión de todos los países de América del Sur al Tratado Antártico y la firma de un acuerdo de transformación del Continente Antártico en la “Reserva Ambiental, Científica, Acuífera y Alimentaria de Latinoamérica” con el objetivo de visibilizar las acciones de Argentina sobre la Antártida y el Océano Austral (idea original del General Leal) y fortalecer su posición en esta área.
    6. Promover una Comisión de notables y especialistas para producir un Informe relativo a los llamados Acuerdos de Madrid y la eventual convocatoria a una bicameral, en función del quebrantamiento por parte del Reino Unido de la Resolución de la ONU 31/49 que pidió a ambos gobiernos que aceleren las negociaciones de soberanía e instó a las partes a abstenerse de adoptar modificaciones unilaterales mientras no se realicen las negociaciones relativas a la disputa sobre soberanía (Res. 2065/65 y Res. 3160/73) y, en igual sentido, por analogía, las Res. de la ONU Nº 3171/73 y ONU 3175/73 relativas a soberanía sobre los recursos naturales que no deben explotarse en el país ocupado.
    7. Promover Acuerdos con las flotas pesqueras (y muy especialmente con las españolas) que pescan en el área adyacente del Atlántico Sur para desalentar el uso de licencias británicas en Malvinas y, provocar, accesoriamente, el aumento de la industrialización en la Argentina y la consecuente generación de empleo nacional. Es urgente tomar algunas acciones destinadas a desalentar la iniciativa de construir (BAM Nuttall Ltd.) un nuevo puerto en Malvinas, cuya firma del contrato estaría previsto realizar en marzo de 2020.
    8. Ratificar la congelación de las investigaciones conjuntas pesqueras con el Reino Unido en Malvinas hasta que a) la Argentina no pueda controlar a través de observadores nacionales las capturas de los buques extranjeros licenciados ilegalmente por el Reino Unido, b) Establecer el daño ecológico que provoca esta captura, en atención a que el ecosistema es único en el Atlántico Sur y las capturas de estos buques afectan a la biomasa pesquera y al recurso que captura la Argentina en su territorio.
    9. Establecer Áreas Marítimas Protegidas (AMP) en las 1.639.900 Km2 que ocupa el Reino Unido en el Atlántico Sudoccidental y Austral y, en el área adyacente de la Zona Económica Exclusiva Argentina donde migran especies pesqueras argentinas que luego son capturadas por buques extranjeros ilegales, fundado, en que la falta de control de Argentina, en esos espacios marítimos, impide controlar las extracciones y descartes de los recursos migratorios nacionales, depredando los recursos y comprometiendo el ecosistema en el Atlántico Sur.
    10. Revocar la autorización de los vuelos desde Malvinas a San Pablo, ya que a prima-facie se entiende que frente al Brexit esta ruta favorecerá el comercio de las Islas Malvinas a un mercado de alto consumo como es San Pablo y la apertura desde esta ciudad al comercio mundial.
    11. Elaborar un Proyecto de Ley de Toponimia en las Islas Malvinas en homenaje a los argentinos caídos en Malvinas (ya elaboré un proyecto al respecto), denominando con sus nombres a todas las islas, islotes, penínsulas, etc., y crear la Comisión de Toponimia de las Islas Malvinas para que en un año eleve al Poder Ejecutivo los nombres propuestos.
    12. Todas las acciones que deriven de las relaciones referidas a Malvinas.

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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GUYANA: SER COMO NORUEGA O TIPO VENEZUELA Y MÉXICO

Agustín Saavedra Weise*

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Junto con Guyana, también asoman en este 2020 como nuevas potencias petrolíferas Surinam y Mozambique. En esta nota únicamente nos referiremos a la primera nación, pero por analogía lo escrito puede ser válido para las otras dos.

Guyana es un país de habla inglesa ubicado en la costa Norte de América del Sur. Limita además con Brasil, Venezuela y Surinam. Tiene un área de 215.000 km2 con 800.000 habitantes; se independizó de Gran Bretaña en 1966. Se dice que el término “Guyana” proviene de una lengua amerindia y significa “tierra de muchas aguas”.

La multinacional ExxonMobil descubrió petróleo en Guyana el año pasado y poco tiempo atrás, anunció que las reservas estimadas superan ya los 5.000 millones de barriles. Guyana podría duplicar o triplicar su PIB en 10 años. Según informan diversos medios, cuando comience la explotación intensiva del oro negro, el país caribeño podría situarse entre los 10 mayores productores de crudo del mundo en términos per cápita. Claro que los tiempos han cambiado, ahora el petróleo es visto con desconfianza pues el mundo tiende hacia las energías alternativas, pero aun así y bajo un contexto diferente, la nueva riqueza implicará un cambio cualitativo sustancial para Guyana aunque los precios del combustible fósil sigan bajando. Guste o no, ese recurso seguirá siendo codiciado y comercializado durante varias décadas más.

Algunos entendidos no creen que Guyana con su escasa población sea capaz de gestionar racionalmente la lluvia de petrodólares que tendrá en esta década y próxima. El Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula que la economía guyanesa podría crecer un 86% en 2020, 14 veces más que China.

Pero como nos recuerda la revista Estudios de Política Exterior: “Venezuela es una advertencia de que a veces tener demasiado dinero es peor que no haberlo tenido. El petróleo ha deformado la propia psicología de los venezolanos, quienes creen tener un derecho natural a la gasolina gratis y a una mínima presión fiscal”. Y esto se ha dado en regímenes anteriores, como también en las dictaduras de Chávez y Maduro. Por otro lado, en su época México también tuvo su “boom” petrolero y no lo supo aprovechar. Ambas naciones viven de crisis en crisis, la una con pésimos gobiernos populistas tiránicos y la otra sigue archi dependiente de su gigantesco vecino (EEUU) con millones de mexicanos que cruzan anualmente la frontera buscando trabajo y mejores niveles de vida en el país del norte.

Y mientras esto ocurre, la situación en Noruega es totalmente diferente. El país escandinavo también llegó tarde al reparto petrolero, pero supo administrar el hallazgo de su nueva riqueza en marcos de prudencia y sabiduría. Hoy el régimen democrático de Oslo se jacta de administrar uno de los estados de mayor bienestar y desarrollo en el mundo, donde cada habitante está socialmente protegido desde la cuna hasta la tumba. Asimismo, los excedentes de la riqueza hidrocarburífera son continuamente reinvertidos en lugar de gastarlos imprudentemente. Se planifica el futuro para seguir viviendo bien una vez se acabe el petróleo.

Sí, ojalá la pequeña Guyana se porte como Noruega y no siga los malos ejemplos de México y Venezuela, a quienes de poco y nada les ha servido el auge petrolero, ya que siguen sufriendo los estigmas del atraso y de la desigualdad por haber sido ambos incompetentes a la hora de administrar sus ingentes recursos naturales.

 

*Ex canciller, economista y politólogo. Miembro del CEID y de la SAEEG. www.agustinsaavedraweise.com

Tomado de Diario Nuevo Sur, Bolivia, https://eldeber.com.bo/166801_guyana-ser-como-noruega-o-tipo-venezuela-y-mexico