César Augusto Lerena*
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La Cancillería Argentina en sus primeros sesenta días dio algunos pasos positivos destinados a cambiar el modelo de estrategia respecto a la Causa Malvinas, modelo que continuó y profundizó la Cancillería de Malcorra y Faurie. Esta nueva etapa jerarquizó la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur y puso razonablemente bajo control de ésta a la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental Argentina (COPLA); suspendió las reuniones sobre las investigaciones pesqueras conjuntas que se iniciaron el 4 de diciembre de 1995 con el Reino Unido en el ámbito del Atlántico Sur (más allá incluso de la FICZ, la zona de exclusión inglesa); desafectó de la embajada del Reino Unido al Embajador Renato Carlos Sersale, quien en el 2018 había calificado de “máximas autoridades” a las británicas usurpadoras en Malvinas, y a Carlos Foradori de la Embajada ante los Organismos Internaciones con sede en Ginebra, quien en 2016 firmara el lamentable Pacto Foradori-Duncan donde se ratificó de hecho el Acuerdo de Madrid y se declaró: “adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas” manteniendo viva la “fórmula del paraguas”. Nunca, desde el Acuerdo de Madrid, nadie se había atrevido a tanto. Este pacto reactivó las investigaciones conjuntas pesqueras que habían sido suspendidas en el 2005 (debido a que los británicos otorgaron licencias de pesca por 25 años en Malvinas) y, habilitó los vuelos entre Malvinas-San Pablo-Córdoba, facilitando el comercio de Malvinas y la sobrevivencia de las islas a los probables cambios arancelarios a partir del Brexit.
La Causa Malvinas no es una cuestión en la que podamos poner en duda la pertenencia ni el objetivo, que ya está perfectamente definido en la cláusula primera de las Disposiciones Transitorias de la Constitución Nacional: “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”. Podremos, en todo caso, discutir la estrategia y la táctica para el logro de este objetivo, pero no, caer en el absurdo, de considerar máximas autoridades de las islas a las británicas o remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de Malvinas.
El gobierno saliente ha hecho todo lo posible para favorecer al Reino Unido.
Así las cosas, este nuevo gobierno podría llevar adelante algunas “ideas fuerza” que me limitaré —sin orden de prevalencia— solo a señalar, por tratarse de cuestiones sensibles:
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- Promover un Protocolo Adicional Mercado Común Pesquero (MERCOPES) en el Atlántico Sudoccidental y Pacífico Sudeste, dentro del Tratado del MERCOSUR, entre sus miembros la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y sus adherentes Bolivia y Chile, con el objetivo de a) Ocupar el área adyacente del Atlántico Sudoccidental con buques de los países del MERCOSUR y adherentes, promoviendo el interés de estos en desplazar la ocupación extracontinental del mar austral; b) Desalentar a los buques extranjeros que pescan ilegalmente en el Atlántico Sudoccidental y en el Pacífico Sudeste; c) Promover la utilización de los puertos argentinos, la radicación industrial y la ocupación de mano de obra nacional; d) Integrar las economías, el consumo interno y el comercio internacional de Latinoamérica; e) Consolidar el liderazgo argentino en Suramérica.
- Llevar adelante un proyecto de integración rioplatense con la República del Uruguay (renovando una estrategia ya aplicada por el España hace más de 200 años) para fortalecer la presencia argentina en el área norte del Atlántico Sur y su acceso al Río de la Plata. Entre los primeros: a) ampliar los alcances del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo; b) iniciar las conversaciones sobre el emplazamiento y financiamiento de un puerto binacional de aguas profundas (con un marco legal ajustado, similar al vigente entre Argentina y Chile en la explotación minera); c) eliminar los impuestos al transporte entre ambos países para facilitar el intercambio de personas y bienes; d) Promover, a través de sistemas de compensación, la eliminación del uso de los puertos uruguayos por parte de la flota ilegal que opera en el Atlántico Sur; e) Promover una agenda cultural común entre ambos países.
- Promover un Acuerdo de complementación del Tratado de Paz con Chile respecto a la Cooperación en el Canal del Beagle; el corredor bioceánico Atlántico-Pacífico y el turismo en la Provincia de Tierra del Fuego y Chile, de forma de fortalecer la posición de Argentina en el Océano Austral, la Antártida y el corredor bioceánico, generando una relación de mayor confianza con Chile con el fin de promover mayores acuerdos con este país vecino que consoliden la posición Argentina en el mar austral.
- Profundizar el pre Acuerdo con la Unión Europea, en al menos tres líneas: a) acordar la certificación argentina de origen de las materias primas extraídas de las áreas FAO 41 y 48 (El Atlántico Sudoccidental); b) acelerar el ingreso de productos finales (con valor agregado) a la Unión Europea libre de aranceles y, c) mientras ello no ocurra procurar que la Unión Europea de el mismo tratamiento arancelario a la Argentina que a todas las materias primas capturadas en el Atlántico Sudoccidental dentro o fuera de la Z.E.E. Argentina. Entendemos como muy urgente profundizar la relación con algunos países de la Unión Europea, para tratar de incidir respecto al tratamiento arancelario que recibirá la pesca en el Atlántico Sur, etc. y, especialmente España y los territorios de Ultramar (Malvinas, etc.) en esta etapa de negociación post Brexit entre el Reino Unido y la Unión Europea.
- Promover la adhesión de todos los países de América del Sur al Tratado Antártico y la firma de un acuerdo de transformación del Continente Antártico en la “Reserva Ambiental, Científica, Acuífera y Alimentaria de Latinoamérica” con el objetivo de visibilizar las acciones de Argentina sobre la Antártida y el Océano Austral (idea original del General Leal) y fortalecer su posición en esta área.
- Promover una Comisión de notables y especialistas para producir un Informe relativo a los llamados Acuerdos de Madrid y la eventual convocatoria a una bicameral, en función del quebrantamiento por parte del Reino Unido de la Resolución de la ONU 31/49 que pidió a ambos gobiernos que aceleren las negociaciones de soberanía e instó a las partes a abstenerse de adoptar modificaciones unilaterales mientras no se realicen las negociaciones relativas a la disputa sobre soberanía (Res. 2065/65 y Res. 3160/73) y, en igual sentido, por analogía, las Res. de la ONU Nº 3171/73 y ONU 3175/73 relativas a soberanía sobre los recursos naturales que no deben explotarse en el país ocupado.
- Promover Acuerdos con las flotas pesqueras (y muy especialmente con las españolas) que pescan en el área adyacente del Atlántico Sur para desalentar el uso de licencias británicas en Malvinas y, provocar, accesoriamente, el aumento de la industrialización en la Argentina y la consecuente generación de empleo nacional. Es urgente tomar algunas acciones destinadas a desalentar la iniciativa de construir (BAM Nuttall Ltd.) un nuevo puerto en Malvinas, cuya firma del contrato estaría previsto realizar en marzo de 2020.
- Ratificar la congelación de las investigaciones conjuntas pesqueras con el Reino Unido en Malvinas hasta que a) la Argentina no pueda controlar a través de observadores nacionales las capturas de los buques extranjeros licenciados ilegalmente por el Reino Unido, b) Establecer el daño ecológico que provoca esta captura, en atención a que el ecosistema es único en el Atlántico Sur y las capturas de estos buques afectan a la biomasa pesquera y al recurso que captura la Argentina en su territorio.
- Establecer Áreas Marítimas Protegidas (AMP) en las 1.639.900 Km2 que ocupa el Reino Unido en el Atlántico Sudoccidental y Austral y, en el área adyacente de la Zona Económica Exclusiva Argentina donde migran especies pesqueras argentinas que luego son capturadas por buques extranjeros ilegales, fundado, en que la falta de control de Argentina, en esos espacios marítimos, impide controlar las extracciones y descartes de los recursos migratorios nacionales, depredando los recursos y comprometiendo el ecosistema en el Atlántico Sur.
- Revocar la autorización de los vuelos desde Malvinas a San Pablo, ya que a prima-facie se entiende que frente al Brexit esta ruta favorecerá el comercio de las Islas Malvinas a un mercado de alto consumo como es San Pablo y la apertura desde esta ciudad al comercio mundial.
- Elaborar un Proyecto de Ley de Toponimia en las Islas Malvinas en homenaje a los argentinos caídos en Malvinas (ya elaboré un proyecto al respecto), denominando con sus nombres a todas las islas, islotes, penínsulas, etc., y crear la Comisión de Toponimia de las Islas Malvinas para que en un año eleve al Poder Ejecutivo los nombres propuestos.
- Todas las acciones que deriven de las relaciones referidas a Malvinas.
* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.
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