Archivo de la categoría: Política Pesquera

LA AUSENTE POLÍTICA PESQUERA

11 enero, 2023 SAEEG Deja un comentario

0 Compartir

César Augusto Lerena*

La política pesquera nacional se constituye en directrices y lineamientos mediante los cuales el Poder Ejecutivo Nacional orienta a los organismos competentes en materia pesquera en la consecución del objetivo de lograr el uso sustentable, eficaz y eficiente de los recursos pesqueros, mediante la aplicación de un enfoque precautorio, ecosistémico y sostenible en la explotación pesquera; la salvaguarda de los ecosistemas marinos en que existan esos recursos; el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles en la Zona Económica Exclusiva y más allá de ella, de los recursos migratorios originarios y asociados de esta; su distribución equitativa y el desarrollo del litoral marítimo y, de las distintas provincias del territorio nacional mediante la práctica de criar, reproducir y engordar peces, crustáceos y moluscos en un medio natural o artificialmente creado al efecto.

Para ello, el Estado argentino debe reconocer que la pesca y la acuacultura son actividades que fortalecen la soberanía alimentaria y territorial de la nación, contribuyen a la seguridad nacional y son prioridad en la planificación del desarrollo nacional y, fomenta el ejercicio de la pesca marítima y la acuicultura en procura del máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento racional de los recursos vivos marinos en la industria pesquera nacional y la acuicultura ambientalmente sostenible, con el apoyo de la industria naval pesquera nacional, la investigación y el desarrollo tecnológico.

Del mismo modo, promoverá la protección efectiva de los intereses nacionales relacionados con la pesca y garantizará la sustentabilidad y sostenibilidad de la actividad pesquera, fomentando la investigación y la conservación a perpetuidad de los recursos, favoreciendo su equitativa distribución entre los industriales y poblaciones de todo el país e incentivando la transformación total de las materias primas en plantas radicadas en el territorio continental e insular nacional, mediante procesos de calidad, sanitarios y, de forma ambientalmente apropiada; asegurando la obtención del máximo valor agregado; el mayor empleo de mano de obra argentina y promoviendo el consumo nacional.

El Estado Nacional y/o Provinciales podrían explotar y/o industrializar y/o comercializar los recursos pesqueros en forma directa o por asociación con empresas, comunidades, cooperativas y otras entidades o personas nacionales y promover y constituir con otras personas jurídicas de derecho público o privado, sociedades o compañías para el ejercicio de la actividad pesquera en sus respectivas jurisdicciones según lo indicado en la Ley 24.922, u otorgar concesiones a empresas nacionales para la explotación de los recursos pesqueros.

En el Artículo 1° de la ley 24.922 define el objeto de su sanción y es, sin lugar a dudas, uno de los artículos más destacados de ésta, sin embargo, no alcanza a definir que el aprovechamiento del recurso debe tener como destino principal la industria pesquera nacional, como ocurre en la legislación de muchos otros Estados de Latinoamérica y el Caribe y que, tratándose de un recurso de todos, debe ser distribuido en forma equitativa y preferentemente industrializado en plantas en tierra para agregar el máximo valor posible y no transferir la mano de obra a terceros países desarrollados que, por el contrario, deberían adquirir los productos argentinos terminados y no materias primas para su transformación. Además de ello, la industria pesquera debe servir para generar la producción industrial naval y retroalimentar la investigación y tecnología.

El enfoque ecosistémico es la administración pesquera desde lo global a lo particular. Gestiona el ecosistema y dentro de esto, a las especies y sus interrelaciones ecológicas y alimentarias y los efectos socioeconómicos vinculados con la explotación de los recursos; implica, una visión integrada del manejo de las tierras, aguas y recursos vivos, que tiene por finalidad su conservación y uso sostenible de un modo equilibrado. Incluye el análisis de todos los procesos, funciones e interacciones entre los componentes y recursos (vivos y no) del ecosistema e involucra el manejo de las especies y de otros servicios y bienes ecosistémicos. Bajo este enfoque se reconoce, además, que el ser humano y la diversidad de culturas son componentes integrales de los ecosistemas, considerándose los impactos acumulativos derivados de sus múltiples actividades, así como la relevancia socioeconómica de estas.

Este enfoque implica tener muy presente la regulación de las capturas de los recursos migratorios originarios de la ZEE en alta mar por parte de los buques de Estados de pabellón, como una forma imprescindible para la administración del ecosistema, ya que no es posible dar sostenibilidad a los recursos en la ZEE, sino se da sostenibilidad al ecosistema. Por otra parte, ello adquiere una dimensión superlativa, cuando, como casi todos países de Latinoamérica y El Caribe han dado preeminencia a «los aspectos sociales, económicos, tecnológicos, productivos, biológicos y ambientales» e, incluso, cuando la pesca y la acuicultura forman parte de los programas de seguridad alimentaria del país, cuyas proteínas son de alto valor biológico y, por cierto, muy superiores, al resto de las proteínas animales.

El Estado Nacional y/o Estados Provinciales debieran reservarse el derecho de explotar, industrializar o comercializar directamente los recursos que son de dominio y jurisdicción de esos Estados y, en ese sentido el Artículo 13º inciso 9º y 10º de la Ley 13/990 de Colombia ya lo regula y, ello, es bastante razonable, ya que, habría que preguntarse por qué el Estado debería obligarse a concesionar toda la explotación del recurso cuando este es de dominio público y, en el caso de Argentina en la ZEE de dominio y jurisdicción del Estado Nacional o hasta las 12 millas de las provincias del litoral marítimo. Este tipo de decisiones podrían dar lugar a la explotación de los recursos por parte de los Estados con destino a atender, por ejemplo, el consumo nacional y la atención de servicios sociales; recuperar las capturas destinadas a ser descartadas; establecer valores de referencia y, además, llevar las embarcaciones a competir en alta mar compitiendo con las embarcaciones extranjeras que subsidiadas y trabajo esclavo, entre otras irregularidades, se hacen en alta mar, de los recursos migratorios originarios de las ZEE. Pero, concesionada la explotación de los recursos, debe administrarse de tal modo que, atendiendo las necesidades del consumidor nacional, se exporten con alto valor agregado. No es posible regalarles a los países desarrollados la mano de obra que debe quedar en la Argentina.

Por otra parte, no podemos perder de vista que en la Argentina los gobiernos no han hecho prácticamente nada respecto al aumento en la dieta de los argentinos del consumo de esta proteína esencial, estando, con 4,8 Kg. per cápita/año, según el Consejo para el Cambio Estructural del Ministerio Desarrollo Productivo (marzo, 2021) entre los más bajos de Latinoamérica y El Caribe en el consumo de productos pesqueros, cuyo promedio es de 9,8 Kg; de África 10,1 Kg; de la Unión Europea de 23,97 Kg y del mundo de 20,2 Kg (2020).

Varios países de Latinoamérica tienen políticas de promoción del Consumo interno de pescado y entre ellos Panamá que, producto de esas políticas, tiene un consumo per cápita anual de 20,5 kg (2020), por encima del promedio mundial y un 427% más que Argentina. Su legislación pesquera promueve ello, tal es el caso del Artículo 12º del Decreto 204 del 18/3/2021 donde se indican una serie de objetivos que refieren a “la conservación y administración sostenible”; al “desarrollo equitativo de las comunidades, erradicando la pobreza y mejorando la situación socioeconómica de los pescadores”; “mejorar la aportación de la pesca y la acuicultura a la seguridad alimentaria y la nutrición, así como apoyar la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada” e “incorporar valor agregado con el propósito de hacer más rentable a estas”. Todos aspectos centrales de la actividad pesquera y el objetivo de legislar al respecto.

Por otra parte, resulta impostergable que la Argentina fomente el desarrollo de una acuicultura ambientalmente sostenible, ya que mientras esta actividad en la producción mundial representa el 50%, en la Argentina está por debajo del 3% de la producción nacional.

Es interesante tener en cuenta lo reglado por México en el Artículo 17º de la Ley General de Pesca y Acuacultura sustentables (Diario Oficial de la Federación el 24/7/2007. Última reforma publicada DOF 24/04/2018) donde se definen los principios en los que se debe basar la Política Nacional de Pesca y es muy importante observar que «El Estado Mexicano reconoce que la pesca y la acuacultura son actividades que fortalecen la soberanía alimentaria y territorial de la nación, que son asuntos de seguridad nacional y una prioridad para la planeación nacional del desarrollo» que, «la pesca y la acuacultura se orienten a la producción de alimentos para el consumo humano directo y el abastecimiento de proteínas de alta calidad y de bajo costo para los habitantes de la nación» y, que «Los sectores pesquero y acuícola se desarrollarán desde una perspectiva sostenible, que integre y concilie los factores económicos, sociales y ambientales, a través de un enfoque estratégico y ecoeficiente»; es decir, le asigna un importante rol a la Pesca, que entiende de soberanía territorial y alimentaria, al que califica de seguridad nacional y una prioridad en el desarrollo nacional y, esto, es exactamente así, porque la actividad pesquera, no es solo una cuestión económica, sino que es una herramienta estratégica ocupacional y poblacional continental y marítima, proveedora de proteínas de alta calidad biológica, que debe ser administrada de forma tal, que concilie el interés económico con el social y con el cuidado de los recursos a perpetuidad.

No lo han entendido ni el Secretario de Malvinas ni el Subsecretario de Pesca que son meros continuadores del orden establecido, en el mejor de los casos. No entienden el daño económico, social y a la soberanía nacional que ocasiona la pesca ilegal. La administración de la Pesca en el Atlántico Suroccidental es central para recuperar la soberanía no solo en los espacios marinos argentinos, sino en los territorios invadidos por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Sur. El equivalente, al 52% de la Zona Económica Exclusiva Argentina.

Me reitero: La incapacidad se pone de manifiesto poniendo a las personas en la máxima posibilidad de sus capacidades y, en muchas ocasiones, este umbral es muy bajo.

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (Fundada el 21/10/2002), Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL (Fundada el 02/04/1989).

Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021) y de “Pesca Ilegal y Recursos Pesqueros Migratorios Originarios de los Estados Ribereños de Latinoamérica y El Caribe” (2022).

Twittear

0 Compartir

Argentina, Política Pesquera

LA SUBSECRETARÍA DE PESCA. UN MODELO DEL FRACASO NACIONAL.

19 julio, 2021 SAEEG Deja un comentario

Twittear

0 Compartir

César Augusto Lerena*

***Subsecretario de Pesca Carlos Liberman***

Hacia fines de 2019 se realizaban en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) unas Jornadas sobre «selectividad y reducción de pesca incidental», donde se escuchó decir que era «un escándalo que tiremos comida al agua que nos deja mal parados ante el mundo». No era un representante de una organización social o medioambiental o un militante opositor al gobierno, era nada menos que el propio Subsecretario de Pesca Juan Bosch quien expresaba este horror, como si no fuera el principal responsable de la depredación pesquera que ocurría en el mar argentino después de varios años de una lamentable y deficiente tarea y, en un repudiable sincericidio nos expresaba, que era un escándalo que se descarten cientos de miles de toneladas de proteínas al mar, que podrían alimentar a tres millones de niños y adolescentes diarios y que, desvergonzadamente, admitía, en su doble condición de subsecretario del área y presidente del Consejo Federal Pesquero. Pues bien, de ese Consejo del gobierno saliente participaba —y levantaba la mano en signo de aprobación— el actual subsecretario de Pesca Carlos Liberman y, a poco menos de dos años de gestión todo se ha agravado; porque no solo se siguen descartando proteínas al mar, vital elemento para la formación y desarrollo intelectual de nuestros niños y jóvenes, sino que la pobreza y la indigencia siguen aumentando en la Argentina.

Estos dos funcionarios de distintas corrientes políticas expresaron y expresan una sola política: la de la ineptitud y la irresponsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones públicas y, mientras los trabajadores, empresarios, profesionales e investigadores del sector se esfuerzan, con virtudes y defectos en producir más y mejor desarrollando los pueblos donde se radican, estos burócratas son el ejemplo que aprovechan los prebendarios para denostar al Estado, calificándolo de ineficiente, incapaz y, hasta corrupto, para hacerse, vía concesión o privatización de los recursos, privándole a éste de los medios para sostener los servicios básicos a la población.

El ex representante de Santa Cruz y hoy subsecretario Carlos Damián Liberman, quien como consejero votó reiteradamente decisiones que perjudicaron el interés pesquero en general y muy especialmente a los de su Provincia, como surge de las Actas del CFP y, responsable del escaso desarrollo pesquero de esa Provincia en los últimos quince años, sino no fuese por la presencia del imprevisible langostino —cuyos derechos originarios ni siquiera supo defender— mantiene el modelo (¿?) de gestión iniciado en el proceso militar y reafirmado durante el gobierno de Menem. El de la concentración pesquera; la exportación sin valor agregado y la importación de buques; la ausencia de consumo interno y el desempleo y trabajo precarizado. Si este funcionario fuese peronista, diría Evita: «los peronistas tibios, me dan asco». Y habrá otra cantidad importante de argentinos que no son peronistas, y puede no importarles este calificativo, pero no están en el gobierno.

Ya es bastante absurdo que éste y los anteriores gobiernos mantengan con rango de subsecretaría un área que tiene bajo su responsabilidad administrar (investigar, conservar y distribuir) los recursos pesqueros; ser palanca del desarrollo poblacional e industrial del estratégico litoral marino; estar relacionada con la industria naval y la ocupación marítima; su control y defensa y, en un espacio, que está ocupado en un 52% por una potencia extranjera que se sostiene con la sustracción de 250.000 toneladas anuales de recursos migratorios argentinos, además de las capturas igualmente ilegales que realizan buques españoles, chinos, coreanos y taiwaneses con subsidios que facilitan la pesca a distancia. Un Estado ribereño (Argentina) que tiene un PBI marítimo desaprovechado; un sector que exporta el 50% de los recursos que le roban; que pese a tener una Zona Común de Pesca con Uruguay en los puertos de este país hacen su logística los buques extranjeros que pescan ilegalmente en el Atlántico Sur y Malvinas. Pero, si algo falta, ¿qué hace la subsecretaría de pesca en el Ministerio de los granos y la carne? En lugar del de la Producción o Industria o en un Ministerio del Mar, como Francia, que con el 10% de Zona Económica Exclusiva Continental Argentina entiende la importancia del mar y sus recursos. La Pesca no solo es una cuestión productiva, de desarrollo, alimentario y sanitario, es geopolítica y de soberanía nacional. Claro, con funcionarios mediocres, con escritorios y la bandera a sus espaldas, es poco probable que se entienda.

Transcribo dos mensajes inaugurales de dos presidentes en el Congreso de la Nación, que podríamos tener en cuenta a la hora de valorar las capacidades puestas por los citados subsecretarios Bosh y Liberman por igual:

«Para que haya en realidad pobreza cero necesitamos generar trabajo, ampliar la economía, aprovechar los enormes recursos naturales y humanos que tiene la Argentina. Vamos a cuidar los trabajos que hoy existen, pero sobre todo a producir una transformación para que se multipliquen las fuentes de trabajo porque esa es la única forma de que haya prosperidad donde hoy hay una pobreza inaceptable. Los bienes públicos pertenecen al conjunto de los ciudadanos y es inaceptable que un funcionario se apropie de ellos en beneficio propio».

«Adoptar las medidas más urgentes que nos permiten hoy compartir con ustedes la agenda de futuro que tenemos que desarrollar, como comunidad fraterna y solidaria que somos, para construir la transformación que nos proponemos (…) Al mismo tiempo, estamos dejando atrás una política económica centrada en la especulación para volver a poner el foco en el trabajo y la producción. Estamos generando condiciones macroeconómicas sostenibles y acompañamos a los productores en sus proyectos y esfuerzos. La política productiva debe tener una fuerte orientación a impulsar las exportaciones. Tenemos que salir del extractivismo y generar una industrialización de base nacional, PyME y tecnológica, que permita desarrollar una cadena de proveedores en torno a los recursos naturales y otras actividades».

El primero, el 1º de marzo de 2016, fue pronunciado por Mauricio Macri y, el segundo, el 1º de marzo de 2020, por Alberto Fernández. Aunque opositores, el mensaje parece similar. Me inclino a pensar que los ineptos (véase significado) de Bosch y Liberman por igual, no han cumplido con el mandato presidencial ante los representantes del pueblo argentino.

A nuestro entender, ambos funcionarios, han sido igualmente incapaces de:

Asuntos Nacionales

1) No se eliminó o redujo el descarte y la pesca incidental impidiendo la generación de nuevas fuentes de trabajo y contribuir a reducir el hambre cubriendo las necesidades proteicas diarias de tres millones de niños y adolescentes diarios todo el año, con motivo del desembarco, proceso industrial y aprovechamiento de las 300 mil toneladas que se descartan por año, ajustándose a las exigencias de descarte cero que la Unión Europea aplica desde 2014 y la Ley 24.922 exige desde 1998. Se suspendió la utilización de artes de pesca selectivas para facilitar el escape de juveniles, etc.

2) No se evitó la sustitución de las especies desembarcadas, favoreciendo la distorsión de las cuotas asignadas a las empresas y provocando depredación e inequidad en la distribución de las cuotas.

3) Como consecuencia de los descartes, depredación y sustitución no se garantizó la sostenibilidad y sustentabilidad del mar argentino para las actividades actuales y las generaciones venideras.

4) No se eliminó el trabajo en negro en la actividad industrial por la falta de utilización de sistemas que obliguen a la registración del trabajo.

5) No se aplicó un modelo de administración industrial del recurso para asegurar el trabajo, con motivo -entre otros- del modelo extractivo y la transferencia del esfuerzo pesquero a la captura del langostino y su transformación en terceros países, muchos de ellos consumidores directos.

6) No se aumentó el valor agregado de las exportaciones, ni se evitó la cesión del empleo de mano de obra argentina en el procesamiento del langostino, derivando estos a terceros países consumidores finales o a los que transforman los recursos para éstos. El 65% de las exportaciones son commodities o de bajísimo valor agregado. Se mantiene el mismo modelo extractivo probadamente generador de menor mano de obra e industrialización nacional y de transferencia del trabajo a los importadores.

7) No se efectuó un control adecuado de las cuotas y se admitió la venta entre privados de las habilitaciones concesionadas por el Estado, quién se limitó al mero registro. Se aumentó del esfuerzo pesquero con motivo de las reformulaciones de permisos de pesca desde embarcaciones de baja capacidad y bodega a buques de mayor eslora y capacidad pesquera.

8) No se aumentó el consumo nacional de pescado y por tanto no se mejoró la dieta de los argentinos, la que está entre los más bajos del mundo (6,5 kg per cápita/año) cuando el promedio mundial es del orden de los 20kg. Es decir que los argentinos, consumen menos que los países pobres y que los ricos, con efectos muy negativos, no solo por el bajo valor agregado de las materias primas comercializadas, sino también, porque se pierden de consumir un producto que, por su alta calidad proteica y de sus grasas insaturadas, es solo comparable a la leche materna y, por lo tanto, es un alimento insustituible en el desarrollo y mantenimiento de la salud.

9) Se mantuvo la concentración y extranjerización pesquera, concentrando las exportaciones en unos diez grupos empresarios, que colocan en una situación de desarmonía al conjunto del sector pesquero.

10) No se aseguró la diversidad de la explotación, el que depende en gran medida de las exportaciones de langostino, un recurso biológicamente imprevisible, que ante una eventual caída de precio o de la captura llevaría al sector a una crisis sin precedentes.

11) No se implementó una política que asegure a las pequeñas y medianas embarcaciones e industrias pesqueras una Unidad Económica Pesquera que pueda garantizar su sustentabilidad económica y social.

12) Cayeron las exportaciones y no se facilitó la exportación y el comercio interno de las pequeñas y medianas empresas para mejorar su sustentabilidad económica y generar mayor valor agregado y empleo y, el valor promedio de las exportaciones en 2020 del complejo pesquero alcanzaron 1.730 millones de dólares (3,2% de las exportaciones totales) y decrecieron 7,1% con respecto a 2019. Del total exportado, crustáceos y moluscos participó con 74,5% (se destacaron los calamares congelados y los camarones y langostinos, enteros y congelados); pescados frescos y congelados participó con 24,0% (mayoritariamente merluza en filetes, merluza negra congelada y merluza congelada); y harinas y conservas participó con 1,6%. Y esto muestra la endeblez del sector dependiente en gran medida del imprevisible recurso langostino.

13) Se mantiene una política sin federalizar la explotación de los recursos originarios desindustrializando a las provincias del litoral marítimo.

14) Se mantuvo la política de importación de buques pesqueros, de investigación y transporte y se privatizó un recurso del Estado Nacional o Provincial en su caso en evidente perjuicio de la industria pública y privada argentina, con la consecuente pérdida de mano de obra y sin la rápida y adecuada renovación de la flota obsoleta, cuyas consecuencias trágicas son conocidas. Los españoles importan buques y llevan materias primas ilegalmente del mar argentino. El mantenimiento del DNU 145 del gobierno de Macri, permitió poner en garantía para la construcción de buques los permisos y/o cuotas de pesca, cuyo titular es el Estado, y meras concesiones para habilitar a la pesca. No se ha promovido la acción de la justicia penal.

15) No se actuó sobre las empresas que abandonaron los buques pesqueros en los puertos dificultando la operatividad en los mismos, tal es el grave caso del puerto de Mar del Plata.

16) No se intervino en la promoción de la construcción y/o ampliación y/o mejora de los puertos para facilitar la operación de los buques pesqueros.

17) Se mantuvo con escasa actividad los buques de investigación del INIDEP a pesar de realizarse la construcción en el extranjero de buques destinados a esta tarea. No se realizan investigaciones en alta mar destinadas a demostrar la depredación que están realizando al ecosistema los buques extranjeros que pescan ilegalmente ni a determinar el origen de las especies migratorias que realizan su ciclo vital principal en la Zona Económica Exclusiva Argentina.

18) No se intervino en la integración Paraná-Río de la Plata-Atlántico Sur para mejorar la eficiencia e integración territorial marina.

19) No se efectuó un seguimiento en forma continua de todos los proyectos de inversión, radicación industrial, agregado de valor y ocupación de mano de obra etc. a las empresas concesionarias de cuotas y autorizaciones de captura.

20) Nada se ha hecho en materia de acuicultura a pesar de que en el mundo de la producción total de pescados, moluscos y crustáceos alcanza a unos 167 millones de toneladas y que de éstas un 44% son de origen en acuicultura (73,8 millones). En la Argentina la producción total anual llegó en 2019 a las 2.592 toneladas, es decir un 0,0039% a nivel mundial y un 0,0843% en Latinoamérica. Si relacionamos los desembarques totales de capturas marítimas en 2019 (781.327 toneladas) con la acuicultura, en la Argentina ésta representa el 0,33% cuando debería representar el 44% mundial, es decir un volumen del orden de las 343.784 toneladas, que permitirían duplicar el empleo pesquero, el consumo y la exportación nacional.

21) No se tomaron las medidas adecuadas —entre otras considerar esenciales a los trabajadores de la pesca— para evitar la contaminación por COVID-19, la enfermedad y muerte. Amén de las graves dificultades operativas que la enfermedad y ausentismo provoca en la actividad.

Asuntos Internacionales

22) No se llevó adelante ninguna política de erradicación de la Pesca ilegal (INDNR), implementada por la Unión Europea (Reglamento (CE) Nº 1005/2008 del Consejo del 29/09/2008) por el que se estableció un sistema prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (PESCA INDNR). No se impidió la captura ni se efectuaron los correspondientes acuerdos para evitar la pesca de más de 350 buques extranjeros ilegales en el mar argentino y adyacente que priva a la Argentina de un millón de toneladas anuales de pescados y calamares por un valor estimado de 4 mil millones de dólares anuales que duplican las exportaciones de Argentina. No hubo sanciones a la pesca en Malvinas.

23) No se llevó adelante una política de explotación nacional subsidiada de los recursos en la alta mar por parte de los buques argentinos destinada a facilitar la pesca argentina en esa área para contrarrestar la presencia de buques extranjeros en el mar argentino de Malvinas y la alta mar y, facilitar, accesoriamente Acuerdos entre empresas o de Estado-Estado. Esto permitiría duplicar la producción nacional y el empleo y ejercer mayor soberanía territorial y biológica.

24) No se canceló la Comisión Conjunta de Pesca con el Reino Unido y sólo se suspendieron las investigaciones conjuntas.

25) No se hizo valer en el concierto internacional el ejercicio de los derechos soberanos de Argentina en su carácter de carácter de país ribereño, ni se sancionó a todos los buques extranjeros que con o sin licencia ilegal inglesa pescan los recursos argentinos en el Atlántico Sur y Malvinas, violando las Leyes 24.922, la 26.386 y la 27.564, en un evidente incumplimiento de deberes de funcionario público y un daño gravísimo al patrimonio nacional.

26) No se concretaron nuevos Acuerdos con Uruguay que dificulten las operaciones ilegales de buques extranjeros en el Atlántico Sur y posibiliten una integración rioplatense para defensa del Atlántico Sur y, por el contrario, se ignoró la utilización de los puertos uruguayos por parte de buques extranjeros ilegales.

27) No se promovió la derogación del Acuerdo de Madrid I y II; el Pacto de Foradori-Duncan; los Acuerdos de Nueva York, del Atún y Rector de Puertos que le han permitido al Reino Unido extraer de Malvinas desde 1989 a la fecha 32 mil millones de dólares de productos pesqueros de origen argentino debilitando la posición argentina en el Atlántico Sur, Malvinas e impedir el desarrollo estratégico de la Patagonia y especialmente la provincia de Tierra del Fuego, a cuya jurisdicción pertenecen los archipiélagos, la Antártida y los mares correspondientes. A la par, de facilitar la intervención de Estados de bandera (extranjeros) en la administración de los recursos argentinos en el Atlántico Sur y facilitar al Reino Unido el pretendido e ilegal rol de Estado ribereño, absolutamente violario de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

28) No se intervino ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) ni ante los países que subsidian la pesca a distancia (China, España, Japón, Corea del Sur, Rusia, Estados Unidos, Taiwán, Tailandia, Noruega) y, que en el caso específico de la pesca en Malvinas reciben 100 millones de dólares anuales de subsidios.

29) No se opone a la iniciativa de declarar Área Marina Protegida al denominado Agujero Azul, que debería limitarse a declarar monumento por ley aparte la reducida área donde descansan los restos de los tripulantes del ARA San Juan y no restringir la pesca nacional en esa área, mientras que los buques extranjeros no habrán de acatar dicha declaración, creando el gravísimo precedente que seguramente habrá de darle pie al Reino Unido a iguales acciones en perjuicio de la Soberanía Nacional Argentina.

30) Se mantienen las Áreas Marinas Protegidas de Yaganes y Namuncurá en lugar de aplicar los previstos de vedas, reservas, limitaciones, etc. de la Ley 24.922 en un evidente perjuicio a la pesca nacional y por el contrario no ha promovido la instalación de Áreas Marinas Protegidas en los 1,6 millones de km² en los territorios marino alrededor de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur mantiene ocupado el Reino Unido.

31) No se generó la necesaria confianza internacional en los organismos nacionales de control y certificación para asegurar la colocación certificada de los productos pesqueros argentinos en el mundo y equilibrar las barreras para-arancelarias que organismos internacionales certificadores ejercen sobre los productos nacionales y los sistemas de explotación. A punto tal que estas empresas extranjeras certifiquen procesos y productos extraídos en forma ilegal en las áreas bajo ocupación del Reino Unido.

En la numerología el 31, que son el número de observaciones que aquí se realizan, simboliza la expresión creativa, sinceridad, confiabilidad, pragmatismo, seguridad, etc. el problema es que a estos funcionarios les faltan y no están presentes.

Los funcionarios públicos van a tener que empezar a rendir cuentas. No sea que tomemos como cierto los cuentos del pescador mentiroso o apelemos a la multiplicación de los peces para ser, como tantas veces, campeones morales del subdesarrollo.

La inacción muestra la incapacidad de la Subsecretaría de Pesca y del Consejo Federal Pesquero y el grave desorden de la administración de la pesquería que deja de manifiesto este gobierno nacional, el anterior y el anterior, per sécula seculorum.

Algunos funcionarios del sector pesquero, al solo efecto de posicionarse en las propias internas de los partidos gobernantes de turno, suelen referirse a que el sector tuvo un volumen mayor crecimiento que el agrícola, ganadero, minero, etc. Ello sería desconocer la política extractiva iniciada en la década del 90 y es imposible que la pesca, que es un recurso renovable, pero agotable, pueda competir con la ganadería que tiene, no solo un alto consumo interno (55kg per cápita/año) al que hay que agregar, que las exportaciones argentinas de carne vacuna acumuladas de abril de 2019 a marzo de 2020 alcanzaron a las 868 mil toneladas por un valor cercano a 3.192 millones de dólares (IPCVA, abril 2020); por su parte, el 37,4% del total de las exportaciones argentinas de 2019 se debió al complejo sojero, maicero y triguero, materias primas que se exportaron por un monto de 24.310 millones de dólares, obviamente muy superior a los U$S 1.730 millones de dólares de la pesca.

Estos números no desvalorizan la importancia del sector pesquero, pero referirse a que tenga el mayor crecimiento por sobre otros sectores muy importantes no se ajusta a la realidad y desinforma a funcionarios y lectores desprevenidos. La pesca no es inagotable y si bien puede lograrse un crecimiento, no será posible hacerlo a través de incrementar las capturas en la Zona Económica Exclusiva Argentina, sino mediante una mejor administración del recurso, la eliminación de los descartes, el agregado de valor a las materias primas y, sobre todo, acordar e ir a capturar más allá de las 200 millas.

Finalmente habría que agregar que, siendo en sus orígenes una actividad 100% nacional, hoy siete de las diez primeras exportadoras pesqueras son extranjeras; capitales chinos, americanos, españoles, etc. cuyas casas centrales se hacen de las materias primas argentinas que compiten en el mercado internacional con las empresas nacionales.

Todas tienen en común que sufren altos impuestos internos, derechos a las exportaciones, falta de financiación a tasas adecuadas para la renovación de la flota en el país, moras en la reposición de reintegros e IVA, altos impuestos al combustible, etc. Y es verdad también, que las empresas exportadoras pesqueras están certificadas en su calidad y sanidad por los organismos técnicos competentes más exigentes del mundo (FDA, Comisión Veterinaria UE, etc.) y aplican Planes HACCP de autocontrol de seguridad alimentaria desde hace más de 20 años.

Accesoriamente y como muy importante es que la Pesca es una herramienta estratégica para encaminarnos a la recuperación de Malvinas y esto no parecen entenderlo ni el Subsecretario de Pesca Carlos Liberman ni el secretario de Malvinas Daniel Filmus. Ellos también siguen consumiendo no más de 6,5 kg per cápita de pescado por año y con este simple dato es muy poco probable revalorizar el mar y los espacios insulares argentinos.

Este país, que al parecer no reflexiona ni tiene conocimientos económicos, será sin comercio un país desgraciado, esterilizada su feracidad y holgando su industria (Manuel Belgrano).

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Ex asesor en la Honorable Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, escritor, autor de 26 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de la Entrega”, 2009) y articulista de la especialidad. En prensa: “Argentina. La Casa Común. La Encíclica Laudato Si’ El Cuidado de la Casa Común. Comentada”, 2021. Miembro de la SAEEG.

Twittear

0 Compartir

Política Pesquera

PLAN DE DESARROLLO PESQUERO NACIONAL Y DE CAMINO A LA SOBERANÍA EN MALVINAS.

5 agosto, 2020 SAEEG Deja un comentario

Twittear

0 Compartir

César Augusto Lerena*

“Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar”

En la Argentina no hay ni hubo una POLÍTICA DE ESTADO INTEGRAL Y SOSTENIDA EN EL ATLÁNTICO SUR que contemple las cuestiones relativas a su soberanía marítima; la defensa nacional del mar y sus recursos; el desarrollo poblacional, industrial y portuario del litoral marítimo; la ocupación de sus territorios insulares; la explotación de sus recursos; el desarrollo del transporte y la industria naval; el cuidado del medio marino y biológico; la educación técnica y nutricional, etc. aunque, se han llevado adelante una serie de importantes hechos aislados, muchos de los cuales, no han tenido continuidad, porque se han desvirtuado las políticas originales de interés nacional que dieron lugar al nacimiento y la ejecución de proyectos y normas de singular valor. Entre ellos podemos destacar el trabajo fundacional del Vicealmirante Segundo Storni, autor en 1916 de la obra “Intereses argentinos en el mar”; quien reivindicó los derechos sobre la plataforma continental; impulsó el transporte marítimo y la industria pesquera y, fue uno de los fundadores del Instituto Oceanográfico Argentino en Mar del Plata, entre otros de sus numerosos trabajos en la materia.

Una obra central para la pesca fue el inicio a fines del siglo XIX del Puerto de Mar del Plata, inaugurado en 1924, que consolidó la actividad extractiva e industrial en la ciudad y dio inicio al posterior desarrollo en todo el litoral patagónico. En 1946 por el Decreto 14.708 se estableció la soberanía nacional en el Mar Epicontinental y el Zócalo continental.

En 1953 se crea por Decreto 10.627 el Astillero y Fábricas Navales del Estado (AFNE) al cual se le transfiere el Astillero Río Santiago. Ese mismo año, se inician las obras del buque de Escuela de la Armada Argentina. Las fragatas Piedrabuena y Azopardo son botadas en 1953 y 1954 y, en 1962, se construye la Fragata Libertad. Entre 1970 y 1975 se construyen casi tres buques por año, hasta que llega la década del 90, a partir de la cual, pese a algunas construcciones, los distintos gobiernos lo desfinancian.

El transporte marítimo nacional se fortaleció con la creación de la Empresa Líneas Marítimas Argentinas (ELMA), como producto de la fusión en 1960 de la Flota Mercante del Estado (1941) y la Flota Argentina de Navegación de Ultramar (1909) adquirida por el Estado Nacional en 1949, que dispuso de una flota de 60 barcos (unas 700.000 toneladas DWT), siendo disuelta en 1990.

La investigación biológica y pesquera se organiza en 1960 con la fundación del Instituto Interuniversitario de Biología Marina en Mar del Plata (IBM) de la UBA, UNLP, UNS y la CIC, que funcionó hasta su desaparición en 1977, teniendo entre sus proyectos más destacados, el Proyecto de Desarrollo Pesquero de la FAO/UNDP (1966-1973), eje del desarrollo pesquero nacional.

Con la sanción del Decreto-Ley 17.094 en 1966 se extendió la soberanía nacional a un Mar Territorial de 200 millas y al lecho del mar y el subsuelo hasta donde la profundidad permitiese la explotación de los recursos naturales. Por Decreto 75 de 1973 se jerarquizó la actividad pesquera con la creación de la Secretaría de Estado de Recursos Naturales y Ambiente Humano (con el mismo nivel que la Secretaría de Agricultura y Ganadería, hoy Ministerio), a cuyo cargo estaba la pesca y su industrialización, la acuicultura, la utilización de los recursos hídricos, las investigaciones científicas y tecnológicas, la certificación de calidad y el poder de policía, la política ambiental, la administración de reservas y parques, la minería, el poder de policía. Secretaría que en 1976 se transformaría en la Secretaría de Intereses Marítimos y, luego, los sucesivos gobiernos la degradaron a Dirección y Subsecretaría.

Con la firma del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo en 1973/4, se acordaron los límites entre ambos países y se estableció una Zona Común de Pesca con Uruguay. Un Tratado de integración rioplatense en el que está todo por hacerse. En 1977 se creó el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP).

En 1997 se iniciaron los estudios y la presentación en 2009 de los nuevos límites de la Plataforma Continental, cuyas recomendaciones parciales obtuvo la Argentina por parte de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) en 2016 y 2017.

Por la Ley 22.260 sancionada en 1980 se creó el Mercado Nacional de Concentración Pesquera de Mar del Plata con el intento de transparentar las capturas y el comercio pesquero, lo que no se alcanzó, ya que nunca se pasó por este la merluza, la principal especie de la época, con lo cual se desvirtuó el objetivo.

La sanción de la Ley de Pesca 24.922 en 1997/8, elaborada con el pretexto de una aparente federalización de la pesca, no produjo una distribución cierta del recurso y la industria, sino, una mera distribución del 50% del Fondo Nacional de Pesca, consolidándose la privatización del recurso, la extranjerización de la explotación y la concentración de la actividad -en lo Institucional y en lo económico- donde perdieron participación las provincias, las industrias nacionales y los trabajadores.

Todos estos esfuerzos aislados desincronizados, no nos aseguran soberanía nacional territorial, económica, social y alimentaria.

Ello se agrava por la ocupación territorial marítima e insular del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. El RU tiene ocupado el archipiélago desde 1833, año en que desalojó al gobierno argentino de Malvinas y, desde 1982 fue invadiendo los territorios marítimos argentinos y desde el 2011 tiene ocupado al menos 1.639.900 Km², sin contar sus pretensiones sobre la Plataforma Continental y la Antártida Argentina. Al menos desde 1976 y hasta la fecha, el Reino Unido ha otorgado en el área de Malvinas de la ZEE Argentina, licencias pesqueras a buques propios y de terceros países. Estos buques pesqueros extrajeron un promedio anual de 246.220 toneladas de recursos pesqueros argentinos, es decir, que desde 1976 (44 años) extrajeron unas 10,8 millones de toneladas de diversas especies de pescados y moluscos argentinos por un valor estimado en los 28,2 mil millones de dólares, más los intereses y la pérdida de chance, ya que, agregado valor a esas materias primadas y, colocados los productos finales en el mercado minorista, podrían haber significado un valor aproximado del orden de los 197 mil millones de dólares. Accesoriamente, pero no menos importante, estas capturas han producido un desequilibrio en el ecosistema argentino pesquero, cuyas consecuencias sobre la sostenibilidad de las especies en el mar argentino resultan invaluables e impredecibles. Por un lado, el Rendimiento Máximo Sostenible determinado anualmente por el INIDEP no contempla el volumen capturado a través de estas licencias ilegales británicas y por el otro la internacionalización del mar por parte del RU atrajo al Atlántico Sur una flota extranjera que depreda los recursos migratorios argentinos en la Alta Mar.

Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), parte de ella por el Tratado del Río de la Plata y su frente Marítimo, Zona Común de Pesca con Uruguay, con bajo control de las fuerzas armadas y de seguridad argentinos que, junto con los espacios invadidos por el Reino Unido de Gran Bretaña alcanzan a los 3.146.345 de km². Zona periódicamente invadida por buques extranjeros ilegales;
ZEEA ocupada por la fuerza por el Reino Unido de Gran Bretaña, de unos 438.000 Km², denominada por los británicos FICZ (Falklands Interim Conservation and Management);
Zona llamada del “gallinero” o “medialuna” acordada con fines de conservación por el Reino Unido y la Cancillería Argentina (Cavallo), denominada por los británicos FOCZ (Falklands Outer Conservation Zona), de unos 400 mil km²;
Espacio establecido y denominada GAP en forma unilateral por los británicos dentro de la ZEEA, rica en calamar de unos 1.900 Km²;
Área Marítima Protegida determinada en forma ilegal por el Reino Unido en territorio marítimo argentino, de 1.070.000 Km²alrededor de las Islas Georgias del sur y Sándwich del sur;
Área pretendida por el Reino Unido de Gran Bretaña sobre la Plataforma Continental Argentina y la Antártida Argentina, que se superpone con los derechos argentinos de esos espacios;
Área Marítima Protegida (AMP) “Namuncurá” establecida por Argentina de unos 32.336 Km²que facilita el desarrollo de las especies que migran hacia el área de Malvinas;
Área de 100.000 Km²de explotación offshore petrolera otorgada a varias empresas inglesas o con vínculos con Malvinas;
Área de 150 millas más allá de la ZEE Argentina, un espacio marítimo estimado en unos 600.000 Km² pretendido por el Acuerdo de conservación y explotación entre OPRAS y las Cámaras españolas y argentinas (CAPECA-CAPA). Todo ello agravado porque el Acuerdo de Investigación Conjunta de Pesca entre Argentina y el Reino Unido, a través de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur (CPAS), se extiende en un área marítima que excede la zona de exclusión ilegal británica en Malvinas (hoy suspendido). 16/6/2020.

Si no se consolida un PROYECTO DE DESARROLLO NACIONAL que hay que sostener en el tiempo, NO HABRÁ SOBERANÍA NACIONAL; por ello, me permito efectuar un PLAN, del que describo sus títulos, la mayoría de los cuales, he desarrollado en profundidad y, describo, sin un orden de prevalencia:

LA CREACIÓN DEL MINISTERIO DEL ATLÁNTICO SUR.

No puede esperarse que una Subsecretaría Pesca pueda manejar un área estratégica de la Nación; menos aún en una estructura que no tiene nada que ver con el mar, los territorios insulares australes ni la pesca como es el Ministerio de Agricultura y, teniendo en cuenta, que este sector exporta por unos 2.000 mil millones de dólares/año; debe llevar adelante las políticas de consumo interno y de radicación industrial estratégica e intervenir en la recuperación del Atlántico Sur y Malvinas. Con mucho menos responsabilidades, Francia acaba de crear el Ministerio del Mar. Francia continental tiene una ZEE de 335.000 km2 contra los 3.146.345 km²de Argentina y toda la problemática que tenemos en área austral del Atlántico Sur. Francia produce unas 750 mil toneladas de productos pesqueros y tiene un déficit pesquero entre su producción e importación del orden de los 1.700 millones de euros anuales. La Argentina es vendedor de productos pesqueros a Francia (unos 50 millones dólares) y, mientras Francia tiene un consumo de 33,7kg per cápita (2019) la Argentina 6Kg. lo que nos da una idea de la potencialidad de esta actividad, sumada a la explotación de hidrocarburos y la necesidad de compatibilizarlas.

Referencias:

Lerena, Cesar A. “¿Reducir Ministerios o mejorar la calidad de funcionarios?” ‹15/9/2018›.

Lerena, César A. “El PBI del Atlántico Sur Argentino” ‹7/2/2019›.

Lerena, César A. “Argentina un Estado Marítimo con un Atlántico Sur abandonado” ‹27/5/2020›.

ACCIONES A NIVEL INTERNACIONAL

2.1. El Brexit, Malvinas y Pesca.

Toda la Cancillería y sus diplomáticos especializados deberían trabajar en Europa para que los denominados Territorios de Ultramar británicos no formen parte de un acuerdo de libre comercio entre el Reino Unido y la Unión Europea y, en el caso que ello no se logre, las capturas que se realicen en el Área de Malvinas de la Zona Económica Exclusiva Argentina sean tipificadas originarias del Atlántico Sur, es decir extracomunitarias y, sujetas a los mismos aranceles que sufren los productos argentinos. Los vuelos a San Pablo deben cancelarse porque le abren las puertas al mundo a las materias primas argentinas capturas con licencias ilegales británicas.

Referencias:

Lerena, César A. “El Malvexit frente al Brexit británico” ‹2/10/2018›.

Lerena, César A. “Las capturas pesqueras de Malvinas ante el Brexit” ‹23/11/2018›.

Lerena, César A. “El Absurdo vuelo a Córdoba y San Pablo” ‹25/11/2018›.

Lerena, César A. “El Acuerdo Eurosur y el Brexit, la Industria Pesquera y la Soberanía Nacional” ‹19/7/2019›.

Lerena, César A. “Brexit, Pesca y Malvinas, ¡Camarón que se duerme se lo lleva la corriente!” ‹3/7/2020›.

2.2. Las Declaraciones de Madrid (Los Acuerdos de…) y el Pacto de Foradori-Duncan.

Se Declare finalizada la “Declaración de Madrid” y la “hoja de ruta” Foradori-Duncan. La Cancillería ya lo hizo parcialmente en estos días al suspender las investigaciones conjuntas de pesca con el Reino Unido y, debería, del mismo modo, cancelar la autorización de los vuelos de Malvinas a San Pablo. A partir de ello, deben iniciarse nuevas negociaciones con aprobación del Congreso Nacional que permita a nuestro país avanzar hacia un acuerdo que ponga vencimiento a la fórmula del paraguas.

Referencias:

Abruza, Armando “El Comunicado Conjunto argentino-británico del 13 de septiembre de 2016. Su naturaleza jurídica respecto de la controversia de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur”. Anuario Argentino de Derecho Internacional XXV, Córdoba, Ediciones Lerner S.R.L. 89:116; 2016).

Lerena, César A. “La negociación Anglo-Argentina sobre Malvinas” ‹28/3/2018›.

Lerena, César A. “Soberanía y Recursos Naturales en el Atlántico Sur y Malvinas” ‹13/4/2018›.

Lerena, César A. “El Atlántico Sur Argentino Enajenado” ‹14/7/2018›;

Lerena, César A. “El G20 y la extranjerización total del Atlántico Sur” ‹4/12/2018›.

Lerena, César A. “Canciller Jorge Faurie explíquenos cómo debatirá la Soberanía de Malvinas” ‹24/12/2018›.

Lerena, César A. “El simpático Embajador Kent” ‹7/1/2019›.

Lerena, César A. “El ejercicio de la soberanía pacífica en el Atlántico Sur y la Antártida Argentina” ‹24/1/2019›.

Lerena, César A. “La investigación conjunta con el Reino Unido y la valiosa entrega del calamar argentino” ‹1/2/2019›.

Lerena, César A. “De la investigación pesquera independiente a la colaboración de un Almirante Argentino con el invasor de Malvinas” ‹18/2/2019›.

Lerena, César A. “El oscuro Tratado de Madrid” ‹2/4/2019›.

Lerena, César A. “El INIDEP ¿Instituto de investigación o delivery británico?” ‹11/7/2019›.

Lerena, César A. “La investigación argentina ¿al servicio de la Nación o del Reino Unido?” ‹19/8/2019›.

Lerena, César A. “La causa Malvinas. Una causa imprescriptible” ‹22/2/2020›.

Lerena, César A. “El Atlántico Sur Argentino ocupado por Britania, España y China” ‹8/5/2020›.

Lerena, César A. «El gobierno debe “Declarar Finalizadas” las Declaraciones Conjuntas de Madrid» ‹25/6/2020›);

2.3. Reclamo de lucro cesante al Reino Unido.

Reclamar al Reino Unido el lucro cesante y, subsidiariamente a todas las empresas que pescaron en el área de Malvinas de la Zona Económica Exclusiva Argentina por un valor estimado a los 28 mil millones de dólares, más los intereses y la pérdida de chance estimado en el valor agregado y la colocación de los productos minoristas que podrían alcanzar a los 197 mil millones de dólares.

Referencias:

Lerena, César A. “El resarcimiento económico del Reino Unido a la Argentina” ‹20/6/2020›.

2.4. Acción respecto al dominio de los Recursos Migratorios y la pesca ilegal (INDNR) ante la O.N.U. De acuerdo con la Res. del Consejo Federal Pesquero Nº 1/2008 del 27 de febrero de 2008; el Reglamento (CE) Nº 1005/2008 del Consejo de la Unión Europea del 29 de septiembre de 2008; los artículos 4º, 5º, 22º y 23º de la Ley 24.922; el artículo 2º de la Ley 24.543; la CONVEMAR, su Preámbulo y los art. 55º, 56º, 58º, 61º a 64º, 69º, 70º, 87º, 89º, 94º, 100º, 101º, 117º a 119º, Cancillería debe actuar ante la O.N.U. para obtener el reconocimiento de la preferencia en la administración de los Estados Ribereños sobre sus Recursos Migratorios originarios de las Z.E.E. a efectos de erradicar la pesca ilegal donde entre 350 y 500 buques extranjeros depredan el Atlántico Sur.

Referencias:

Lerena, César A. “El desacuerdo pesquero de N.Y. y el control del estado ribereño de la pesca en Alta Mar” ‹15/1/2019›.

Lerena, César A. “La pesca ilegal afecta a la seguridad y debe tipificarse como un Delito Penal” ‹12/7/2020›.

Lerena, César A. “Los Derechos Provinciales sobre los Recursos Originarios Pesqueros» ‹10/5/2019›.

Lerena, César A. “La captura de los Recursos Migratorios en la alta mar y la reducción de la pesca ilegal” ‹22/7/2020›.

Lerena, César A. “El Pez por la boca muere y el Pez grande se come al chico” ‹29/7/2020›.

Manzi, Ariel “Comentarios en torno a la génesis y la aplicación del concepto de ‘Pesca No Reglamentada’ en alta mar”.

2.5. Llamados a Concurso y Acuerdos para la pesca en la Alta Mar.

El Estado argentino debe constituirse como Administrador de hecho, llamando a Concurso para la explotación de los recursos migratorios originados en la ZEE en Alta Mar y al mismo tiempo promover acuerdos estratégicos con China, España y Brasil, desalentando la pesca ilegal en la ZEE Argentina, la captura de los recursos migratorios en la Alta Mar y, muy especialmente, la que se realiza con licencias ilegales británicas en el Área de Malvinas de la ZEE Argentina. Revisar las bajas de los buques chinos que operan en Argentina del Registro Nacional de Beijing de las matrículas.

Referencias:

Lerena, César A. “Cientos de Pesqueros Extranjeros sin control en el Mar Argentino” ‹10/10/2018›.

Lerena, César A. “Las inversiones pesqueras gallegas en la Argentina” ‹20/9/2019›.

Lerena, César A. “ESPAÑA ¿LA MADRE PATRIA? 200 años llevándose los recursos” ‹22/5/2020›.

Lerena, César A. “¿Quién ejerce el poder en el Atlántico Sur 1ra Parte?” ‹3/6/2020›.

Lerena, César A. “¿Quién ejerce el poder en el Atlántico Sur, 2da. Parte? Hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño” ‹5/6/2020›.

Lerena, César A. “¿Quién ejerce el poder en el Atlántico Sur 3ra Parte? Cuando la Política Pesquera no se maneja en la Argentina” ‹10/6/2020›.

Lerena, César A. “¿Quién ejerce el poder en el Atlántico Sur 4ta. Parte? La extranjerización de la política pesquera y la internacionalización del mar argentino” ‹12/6/2020›.

Lerena, César A. “¿Quién ejerce el poder en el Atlántico Sur 5ta. Parte? La Cuarta Invasión Británica a la Argentina” ‹16/6/2020›.

Lerena, César A. “Cómo acordar la captura de los Recursos Migratorios en la alta mar y reducir la pesca ilegal” ‹22/7/2020›.

Manzi, Ariel “Comentarios en torno a la génesis y la aplicación del concepto de “Pesca No Reglamentada” en alta mar”.

2.6. Rechazar la ratificación del Acuerdo de Nueva York

Promover ante el Congreso el rechazo a la ratificación del Acuerdo de Nueva York que habilitaría a las Organizaciones Regionales de Ordenamiento Pesquero (OROP) con efectos contrarios a la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional. Ratificación que supondría delegar en los Estados Extranjeros nuestra administración del Atlántico Sur y la profundización de la ocupación británica de éste.

Referencias:

Lerena, César A. “Malvinas y el Atlántico Sur no valen un Atún” ‹4/8/2018›.

Lerena, César A. “El desacuerdo pesquero de Nueva York y el control del estado ribereño en la Alta Mar” ‹15/1/2019›.

Lerena, César A. “Cómo ayudar al Reino Unido a administrar el Atlántico Sur” ‹10/4/2020›.

Manzi, Ariel “Comentarios en torno a la génesis y la aplicación del concepto de ‘Pesca No Reglamentada’ en alta mar”.

2.7. El boicot biológico. No se desarrolla este proyecto por razones de reserva.

2.8. Firmar un Protocolo Adicional Mercado Común Pesquero del Sur (MERCOPES).

Latinoamericanizar el Atlántico Sur y Pacífico sudeste (Argentina, Brasil, Uruguay y Chile) para contraponerse a las políticas de internacionalizar el Atlántico Sur del Reino Unido (Gran Bretaña/España/China).

Referencias:

Lerena, César A. ”Protocolo Adicional «Mercado Común Pesquero del sur” (MERCOPES) del tratado del mercado común del sur (MERCOSUR) En el atlántico sudoccidental y pacífico sudeste” ‹12/2019›.

2.9. Revitalizar y ampliar el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo. La política portuaria.

Tanto en lo referente a la política portuaria, de navegación y pesquera, pero también para integrarnos social y económicamente, donde la Argentina, podría compensar al Uruguay las pérdidas que habrían de ocasionarle la efectiva prohibición del uso de puertos a los buques extranjeros que pescan en Malvinas o clandestinamente dentro de la ZEE Argentina o sus recursos migratorios en la Alta Mar. La Argentina debe reformular la política portuaria nacional y su emplazamiento estratégico. Sus puertos deben estar aptos para realizar las operaciones de buques mercantes y portacontenedores, de modo de asegurar el traslado marítimo y fluvial de mercaderías en todo el litoral patagónico y bonaerense; la hidrovía y, al mismo tiempo, convenir la construcción de un amplio puerto binacional concentrador de aguas profundas, cercano al límite exterior del Río de la Plata, que facilite las operaciones de los grandes buques, el comercio, optimice el control aduanero, reduzca costos, resguarde el acceso a la Cuenca del Plata y el ingreso norte al Atlántico Sudoccidental.

Referencias:

Lerena, César A. “El destrato del Río de la Plata y su Frente Marítimo” ‹7/1/2019›.

Lerena, César A. “El Puerto de Montevideo y el Atlántico Sur Chino” ‹17/3/2019›.

2.10. Acuerdo con Chile.

Debería profundizarse las relaciones culturales, comerciales y turísticas con Chile de modo de fortalecer los vínculos con este país. En este sentido, es necesario mejorar la vinculación de la Argentina con Chile y viceversa, a través de corredores bioceánicos; acuerdos de libre comercio y disponibilidad de energía e intercambios universitarios. Promover el dictado de una legislación pesquera única que facilite el control de la pesca ilegal (INDNR) en ambos océanos y acuerdos relativos a la investigación y conservación pesquera para optimizar los recursos de la ciencia y la tecnología; coordinar un plan turístico binacional de modo de promover la explotación de ambos mares y sus archipiélagos australes. La integración debería comenzar con el interés común en el canal de Beagle, la Antártida, los proyectos que permitan el intercambio de bienes y servicios y, la navegación y control del Estrecho de Magallanes.

Referencias:

Lerena, César A. “Protocolo Adicional Mercado Común Pesquero del sur (MERCOPES) del tratado del mercado común del sur (MERCOSUR) En el atlántico sudoccidental y pacífico sudeste” ‹12/2019›.

2.11. Pre-Acuerdo con la Unión Europea.

Promover la revisión de este Pre-Acuerdo, con el objeto de establecer: a) que los productos originados en el Atlántico Sudoccidental (Área FAO 41 y 48) o migratorios o asociados a ésta deben encontrarse certificados por la Argentina o la República de Uruguay, en su caso, para su ingreso a la Unión Europea y, b) autorizar el ingreso sin aranceles en forma inmediata a la Unión Europea de los productos pesqueros con alto valor agregado.

Referencias:

Lerena, César A. “Claroscuros del Acuerdo del MERCOSUR con la Unión Europea en materia pesquera e industrial naval” ‹30/6/2019›.

2.12. Las Georgias del sur y las Sándwich del sur. La Argentina debería prestar más atención a estas islas, porque pueden constituirse en los fundamentos más fuertes de la pretensión británica de la Antártida.

2.13. La Antártida “Reserva Ambiental, Científica, Acuífera y Alimentaria de Latinoamérica”.

La Argentina debería promover la Adhesión del Tratado Antártico por parte de los países de Suramérica.

En atención al Tratado Antártico y, sin menoscabo a los derechos de soberanía territorial, que se dejan en claro en el artículo IV inciso 1 y 2 del referido Tratado y, teniendo en cuenta las superposiciones territoriales en los reclamos, el gobierno argentino debería invitar a todos los países de América del Sur a adherir al Tratado, de acuerdo con lo previsto en el artículo XIII inciso 1 para acordar con ellos la transformación del Continente Antártico, -como nos indicara el Gral. Jorge Leal- en la “Reserva Ambiental, Científica, Acuífera y Alimentaria de Latinoamérica” y convenir con estos países, en el marco de la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CRVMA) la explotación de los peces, crustáceos y moluscos al sur de la latitud 60ºS.

Referencias:

Lerena, César A. “El ejercicio de la soberanía pacífica en el Atlántico Sur y la Antártida Argentina” ‹24/1/2019›.

ACCIONES A NIVEL NACIONAL

3.1. Considerar un delito penal la pesca ilegal.

El gobierno ha enviado al Congreso una modificación de la ley de pesca (24.922) para agravar las multas, pero es insuficiente. Para desalentar la pesca ilegal hay que decomisar los buques, las mercaderías y penalizar con prisión a quienes realizan pesca ilegal y, por cierto, controlar el mar, ya que sin aprehensión no hay multas.

Referencias:

Lerena, César A. “Escrito y proyecto de reforma del artículo 186º del Código Penal del autor: La pesca ilegal afecta a la seguridad y debe tipificarse como un Delito Penal” ‹12/7/2020›.

Lerena, César A. “Cómo acordar la captura de los Recursos Migratorios en la alta mar y reducir la pesca ilegal” ‹22/7/2020›.

3.2. Declarar zona de emergencia pesquera y ambiental en el área de Malvinas de la ZEE Argentina. Entendiendo que la explotación pesquera dentro de las 200 millas alrededor del área de Malvinas de la Zona Económica Exclusiva Argentina afecta al ecosistema total del Atlántico Sur, por cuanto el Rendimiento Máximo Sostenible (la captura biológicamente sostenible), no puede ser determinada por la Autoridad de Aplicación Argentina y, por lo tanto, la captura en esa área produce un desequilibrio en el ecosistema, declarar Zona de Emergencia Pesquera y Ambiental el área de Malvinas de la ZEE Argentina mientras este territorio insular y marítimo se encuentre ilegalmente ocupado por el Reino Unido de Gran Bretaña y, por tal motivo, la Argentina, a través del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) no pueda determinar el stock pesquero y la Captura Máxima Sostenible de las especies en esa área, ni la Autoridad de Aplicación Argentina y de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico puedan ejercer la administración de los recursos naturales previstos en esta Ley, asegurando la sostenibilidad de los recursos pesqueros.

Referencias:

Lerena, César «Artículo 22º del Proyecto de Ley del autor: “Modificación del Régimen Federal de Pesca Ley 24.922. La pesca en la Zona Económica Exclusiva o de las especies migratorias nacionales más allá de las 200 millas marinas por parte de buques nacionales y extranjeros” ‹1/3/2020›.

Lerena, César “La pesca ilegal afecta a la seguridad y debe tipificarse como un Delito Penal” ‹12/7/2020›.

3.3. Poner a pescar a la flota congeladora y potera argentina fuera de las 200 millas y los recursos que migran a Malvinas.

Eliminando todos los impuestos a esta flota (incluso al gasoil), para competir con la flota extranjera y desalentar la instalación de estas en el Atlántico Sur. El plan pesquero debe priorizar la captura de la población sud-patagónica de calamar que migra a Malvinas y al área adyacente a la ZEE Argentina.

Referencias:

Lerena, César “La Actividad Pesquera Argentina no tiene futuro sin las ayudas de la competencia internacional” ‹7/7/2020›.

3.4. Declarar de función social el mar y el recurso pesquero argentino.

El Mar y la Unidad Económica pesquera como función social no solo favorecerá la protección y preservación del medio marino, una mayor y mejor distribución del recurso y, la investigación científica marina, sino que también dejará en claro ante la comunidad internacional, que estos recursos son elementos esenciales para las pesquerías del litoral marítimo argentino, ajustándose a las prioridades que determina la CONVEMAR. La explotación de estos recursos por parte de los particulares se realiza con sujeción a las reglas que fija el Estado, quien, como titular del recurso, es quien habilita a los buques a acceder a los caladeros y es el concedente de las Cuotas y las Autorizaciones. Cada una de las especies que viven en el mar conforman el recurso pesquero, dependen del agua y del medio marino y, se encuentran en un ecosistema interdependiente en el que se retroalimentan y, cuya armonía debe mantenerse para asegurar su sostenibilidad intergeneracional. Este sistema biológico complejo debe, de igual manera, ser sustentable, permitiendo el acceso a cada pescador o empresa, en un equitativo acceso al recurso, que permita su explotación por parte de las grandes empresas, pero también una “Unidad Económica Pesquera”, para que los pequeños y medianos empresarios puedan vivir y desarrollarse a partir de la actividad. Puede haber empresarios más o menos exitosos, pero no pequeños empresarios donde la Unidad Económica de Explotación Pesquera sea deficitaria y deban terminar transfiriendo sus cuotas y autorizaciones. El Estado debe trabajar en una sostenibilidad biológica, pero también ambiental, económica y social.

Referencias:

Lerena, César “Atlántico Sur, Malvinas y Reforma Federal Pesquera” ‹135:139, 2019›.

Lerena, César “La Reforma Federal y Social Pesquera. El reparto de los Recursos Pesqueros del Estado” ‹25/6/2019›.

Lerena, César “El Mar y la Unidad Económica pesquera como función social” ‹4/7/2019›.

Lerena, César “Mas divisas, valor agregado, empleo y sustentabilidad. El próximo Modelo Nacional, al que deberá aportar la pesca” ‹14/12/2019›.

3.5. La Administración de los Recursos Provinciales Pesqueros.

A la hora de reformar la Ley 24.922 deberá analizarse una legislación pesquera nacional, a cuyo amparo, los funcionarios federales actuantes de turno regularon la actividad provocando un grave perjuicio económico, industrial y social a las Provincias del litoral marítimo. Con el pretexto de una participación de los fondos del FONAPE, facultades y derechos quedaron conculcados cuando en 1998 se sancionó la mal llamada Ley Federal de Pesca, a través de la cual la Nación se apoderó de los recursos naturales originarios de las provincias del litoral marítimo y produjo la más grande concentración pesquera de todos los tiempos.

Referencias:

Lerena, César “Atlántico Sur, Malvinas y Reforma Federal Pesquera” ‹147:152, 2019›.

Lerena, César “Los Derechos Provinciales sobre los Recursos Originarios Pesqueros” ‹10/5/2019›.

Lerena, César “El Gobierno Federal debe dejar de depredar los recursos originarios de las provincias” ‹24/05/2019›.

3.6. La exportación sin impuestos internos.

Eliminar los impuestos a los productos pesqueros exportables (entre ellas al gasoil) y otorgar reembolsos para equilibrar los subsidios que recibe la actividad en la UE y China y los aranceles que cobran a las importaciones, de modo tal de favorecer la competencia argentina y reducir la pesca ilegal.

Referencias:

Lerena, César “La Actividad Pesquera Argentina no tiene futuro sin las ayudas de la competencia internacional” ‹7/7/2020›.

3.7. Dotar a la Armada Argentina y a la Prefectura Naval de los elementos de persuasión necesarios.

La asignación del Fondo Nacional Pesquero lo dice todo: asignación anual para la administración $30.451.957 y para patrullaje y control $7.400.000. Recordemos que la ZEE Argentina tiene 3.146.345 km². Se necesita disponer de al menos de cinco buques clase Gowind similares al Bouchard con cañones de 40mm (hay otros países que tienen patrullas con piezas de 76mm) y dos ametralladoras manuales de 12,7mm, de modo que puedan actuar en forma efectiva si el buque ilegal intentara escapar y, efectuar el relevo correspondiente sin desatender la zona de conflicto. Las naves equipadas con helicópteros bimotor polivalentes artillados del tipo AS 555 Fennec 2. A ello, hay que agregar unos cuatro aviones de vigilancia naval P-3 Orion o S-2 Tracker. Por supuesto que esto supone además dotar del presupuesto necesario para las operaciones. Y hay que disponer también de equipamiento para controlar el Estrecho de Magallanes.

Referencias:

Lerena, César “¿Quién instruye a la Prefectura en un Mar sin control?” ‹30/1/2019›.

Lerena, César “La Defensa Nacional del Atlántico Sur” ‹11/5/2020›.

3.8. Reformar la ley de pesca.

Para asegurar que este recurso del Estado Nacional y de los Estados Provinciales, garantice valor agregado, empleo y radicación industrial es necesario reformar la Ley. Las cuotas de captura se vencen en 2024, razón por la cual hay que elaborar un modelo que asegure la radicación industrial, poblacional, el agregado de valor y la mano de obra argentina y evite la concentración empresarial, de modo de que el recurso se distribuya entre todos los empresarios, cualquiera fuese su tamaño e importancia. Muchas de las cuestiones que se plantean en este modelo dependen de esta reforma.

Referencias:

Lerena, César “Pesca. Apropiación y Depredación. Bases para una Política Pesquera” ‹2014›.

Lerena, César “Atlántico Sur, Malvinas y Reforma Federal Pesquera” ‹2019›.

Lerena, César “Proyecto de modificación de la ley 24.992” ‹2019›.

Lerena, César “La pesca en la Zona Económica Exclusiva o de las especies migratorias nacionales más allá de las 200 millas marinas por parte de buques nacionales y extranjeros” ‹1/3/2020›.

Lerena, César “Soberanía Nacional. Atlántico Sur y Pesca” ‹26/2/2018›.

Lerena, César “El ejercicio de la Soberanía Pacífica en el Atlántico Sur y la Antártida Argentina” ‹24/1/2019›.

Lerena, César “El gobierno busca adelantar la renovación de cuotas de pesca para entorpecer la Política Pesquera de Alberto Fernández” ‹26/8/2019›.

Lerena, César “El Consenso para la Reforma Pesquera. El Desarrollo y la Ocupación del Atlántico Sur” ‹4/11/2019›.

Lerena, César “La transición y el proyecto pesquero nacional” ‹21/11/2019›.

Lerena, César “Mas divisas, valor agregado, empleo y sustentabilidad. el próximo Modelo Nacional, al que deberá aportar la pesca” ‹14/12/2019›.

Lerena, César “Toda la atención del mundo pesquero en el atlántico sur ¿Y quién establece la política pesquera nacional (Artículo 9º de la Ley 24.922)?” ‹28/6/2020›.

3.9. Eliminar el descarte pesquero.

Eliminar el descarte de la pesca incidental o de otro tipo, ajustándose a las exigencias de descarte cero que la Unión Europea aplica desde 2014 y en el art. 21º incisos g, h, l, m y o) de la Ley 24.922 desde 1998; de modo de darle un aprovechamiento industrial a unas 300 mil toneladas anuales que se descartan, que podrían suministrar proteína de la mejor calidad biológica a tres millones diarios de niños y adolescentes.

Referencias:

Lerena, César “Pesca. Apropiación y Depredación. Bases para una Política Pesquera” ‹2014›.

Lerena, César “Sin Depredación y Descarte pesquero no habría niños con hambre en la argentina” ‹3/2019›.

Lerena, César “La provisión diaria de alimentos proteicos a tres millones de niños desde la pesca” ‹24/10/2019›.

3.10. Apoyar a la flota Mercante y fluvial y la Industria Naval Pesquera y promover la renovación de la flota pesquera.

Ejecutar la Ley de Marina Mercante y Fluvial y elaborar una Ley de reforma que incorpore los artículos vetados por el presidente Macri para asegurar que todo el flete en el mar y los ríos se realice mediante buques argentinos y, sancionar el proyecto de Ley de Promoción de la Industria Naval Pesquera (S-2131/18, 27/6/18) para garantizar la construcción nacional. Derogando al mismo tiempo el DNU-2019-145-APN-PTE que promueve la construcción naval extranjera y prorroga la renovación de la flota pesquera obsoleta.

Promover una Ley Nacional para que todas embarcaciones, barcazas y/o plataformas de cualquier naturaleza que se deban construir para el Estado o Sociedades Mixtas deben construirse en los Astilleros del Estado Nacional o Provincial.

Referencias:

Lerena, César; Lugarini, Fabian “Ley 27.419 de Desarrollo de la Marina Mercante Nacional y la Integración Fluvial Regional” ‹29/11/2017›.

Lerena, César; Lugarini, Fabian “Ley de Régimen de Promoción de la Industria Naval Pesquera Argentina” (S-2131/18, ‹27/6/18›.

Lerena, César “Una Ley de Marina Mercante para recuperar la hidrovía y el transporte marítimo de la producción regional” ‹16/11/2016›.

Lerena, César “Las inadmisibles pérdidas humanas por falta de políticas pesqueras e industriales navales” ‹11/6/2018›.

Lerena, César “Modernizar la Flota Pesquera a partir de 2040 y mantener hasta entonces los buques obsoletos pescando” ‹7/1/2019›.

Lerena, César “De la renovación de la flota pesquera a la transferencia del patrimonio nacional” ‹16/1/2019›.

Lerena, César “¿Por qué comprar buques pesqueros usados?” ‹14/2/2019›.

Lerena, César “La necesidad y urgencia para postergar la renovación de la flota el DNU. ¿Dónde nos hundimos?” ‹19/3/2019›.

Lerena, César “En la industria pesquera y en la naval pesquera la necesidad y la urgencia no es buena consejera” ‹23/3/2019›.

Lerena, César “Hablen con Paco. A propósito de la renovación de la flota pesquera” ‹9/5/2019›.

Lerena, César “Sobre consensos y olvidos. El aval del Estado en la Renovación de la Flota Pesquera” ‹22/5/2019.

Lerena, César “El gobierno federal debe avalar los créditos para renovar la Flota Pesquera Nacional” ‹6/6/2019›.

Lerena, César “Proyecto de Ley sobre utilización de los Astilleros Nacionales en las Construcciones navales del Estado” ‹en elaboración›.

3.11. La generación de empleo y la registración del empleo.

Si bien de la ejecución de los distintos proyecto habrá de producir una importante demanda de empleo, el gobierno debiera hacer conocer al sector productivo y del trabajo, dentro de las directrices del plan, que en la explotación de los recursos pesqueros del Estado se habrá de concesionar a aquellas empresas cuyos proyectos pesqueros generen alto valor agregado; es decir, que, tratándose de una actividad fundamentalmente exportadora, genere el ingreso de divisas para el país y ocupación de mano de obra intensiva y calificada. La adjudicación de Cuotas o Autorizaciones estarán atadas a proyectos pesqueros que aseguren esta premisa básica, de modo, que la administración del recurso sea sostenible, económica, biológica y socialmente, ya que no es admisible, que el 65% de las exportaciones sean commodities y, que la Argentina esté transfiriendo el trabajo, tal es el caso, del reproceso del langostino argentino en Perú, Ecuador, Guatemala, Bolivia, etc. o la exportación de pescados sin valor agregado a la Unión Europea o China; mientras la Argentina alcanza tasas de desempleo del orden del 11%. Se combatirá el trabajo no registrado y se privilegiará el modelo industrial sobre el extractivo. La pesca y la industria naval deben transformarse en trabajo para los argentinos.

Referencias:

Lerena, César “La transferencia del trabajo nacional a terceros países” ‹5/10/2019›.

Lerena, César “Más divisas, valor agregado, empleo y sustentabilidad. el próximo Modelo Nacional, al que deberá aportar la pesca” ‹14/12/2019›.

3.12. Plan Nacional de consumo de productos pesqueros.
Llevar adelante un Plan con el triple objetivo de mejorar los hábitos alimentarios y la salud de la población; generar un desarrollo industrial que incremente el valor agregado y la mano de obra, promoviendo la pequeña y mediana empresa nacional y, contribuir a mejorar la demanda interna frente a la caída de las ventas. El consumo de productos pesqueros en la Argentina es del orden de los 6kg per cápita anual, mientras que el promedio mundial alcanza los 20kg per cápita. En el caso de triplicarse el consumo, la mayoría de los pescados blancos se destinarían al consumo interno, mientras que gran parte de los moluscos (calamar) y crustáceos (langostino) destinarse a la exportación. La Acuicultura que hoy ocupa un 50% de la producción en el mundo debe ser otra herramienta para disponer de estos productos, donde la Argentina no tiene desarrollo alguno significativo. Entre otras medidas hay que propiciar una inversión pública-privada; reducir al 5% el IVA (ídem que Alemania); instalar los mercados concentradores; fomentar la gastronomía pesquera en los institutos gastronómicos y los restaurantes; promover las bondades del producto en la educación primaria y llevar adelante programas de turismo técnico en las industrias y puertos. El consumo de pescados provee proteínas de alto valor biológico (comparables con la leche materna), grasas insaturadas y sus aportes en Omega 3, vitaminas D y B1, además de micronutrientes esenciales como el yodo y el selenio. El Atlántico Sur tiene muy bajo nivel de presencia de metales pesados como mercurio, plomo y cadmio y plomo, hidrocarburos, plaguicidas, etc., por lo cual, la calidad de sus productos es superior a la de los extraídos en aguas comunitarias (U.E.). Según datos de la FAO el pescado proporciona el 29% del total de las proteínas animales que se consumen en los países asiáticos; el 19% de las que consumen los africanos y el 8% de las consumidas en América Latina.
Referencias:

Lerena, César “El consumo interno de pescado para dinamizar la economía y el empleo” ‹9/9/2014›.

Ley 22.260 ‹29/7/1980›.

AESAN Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. ‹2020›.

Europa Azul. ‹16/7/2020›.

3.13. Consejo de Malvinas

El Gobierno Nacional elaboró un proyecto de Ley para constituir un Consejo de Malvinas que establezca una Política de Estado respecto a Malvinas; pero, a mi entender, no alcanzaría que solo sea un Consejo Asesor y, además, entiendo, que la representación debería ampliarse en Asuntos de Defensa, Medio Ambiente, Económicos, Energía, Pesca, etc.) para asegurar una mirada interdisciplinaria más amplia y de mayor experiencia y permanencia en el Consejo.

Referencias:

Lerena, César “Proyecto de Decreto de creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a Malvinas, Georgias del sur, Sándwich del Sur y espacios marítimos del Atlántico Sur” ‹19/3/2020›.

3.14. Delimitar la Plataforma Continental y aprobar nuevo Plano bicontinental.

El Gobierno envió un proyecto al Congreso para ratificar las líneas externas de la Plataforma Continental Argentina que alcanzan unos 1.782.000 km² más allá de las 200 millas, aunque la Comisión de Límites solo recomendó 351.633 km² ya que el resto de km²no fue tratada por la Comisión en función de ser un territorio en disputa. No obstante, entiendo que el Plano a elaborar para su debida difusión debería contener la totalidad de kilómetros cuadrados reivindicados.

Referencias:

Lerena, César “Proyecto de Ley de Aprobación del Informe de COPLA, la Recomendación de la Comisión de Límites de la ONU y el Mapa bicontinental y de la Plataforma Continental de la República Argentina” ‹17/3/2020›.

3.15. Modificar la toponimia en Malvinas.

Cambiar los nombres existentes por los nombres de los combatientes caídos en la guerra de 1982 para homenajearlos en forma perpetua.

Referencias:

Lerena, César “El justo reconocimiento de memoria eterna a los Combatientes Caídos en Malvinas. Proyecto de Ley” ‹30/6/2020›.

3.16. Acciones para un Plan de Desarrollo de la Patagonia.

El Estado Nacional y los Estados Provinciales de la Patagonia deben instrumentar y acordar un Plan de Desarrollo de la Patagonia para revertir la situación de baja población (6%); densidad poblacional (3hab/km²); reducido desarrollo industrial (13,9%); agropecuario (5,8%); construcción (6%); comercio (6,9%). Entre otras cuestiones se entiende como muy importante fortalecer las provincias patagónicas del litoral marítimo, en razón, de tratarse de un área estratégica; darle más centralidad a la Provincia de Tierra del Fuego para mejorar el control del Atlántico Sur; dotar a esta Provincia de apoyo económico y financiero para concretar la conexión de Tierra del Fuego con el continente; incrementar la industrialización pesquera, favoreciendo con reembolsos la generación de valor agregado y empleo en sus producciones; reducir los costos de fletes a través del incremento del flete marítimo patagónico para bajar los costos del transporte; prohibir en las provincias patagónicas la instalación de aeropuertos privados con capacidad para operar aviones de gran tamaño o militares y, desactivar los existentes; instalar un puerto y una base militar aérea y de logística en la Isla de los Estados y otorgar cuotas de pesca a las empresas que instalen industrias procesadoras en esa Isla y, modificar el régimen de representación en la Cámara de Diputados de la Nación (36) para que las Provincias patagónicas tengan una mayor representación.

3.17. Instalación de Mercados Concentradores Mayoristas y renovar la confianza internacional en los organismos nacionales de control y certificación.

Instalar esos Mercados en varias ciudades de la Unión Europea con el objeto de promover los productos argentinos en el mundo y facilitar la exportación y el comercio de las pequeñas y medianas empresas. En el país, hacerlo en las principales ciudades portuarias para mejorar la transparencia de los desembarcos y, poner al acceso de los distribuidores y todas las empresas, las materias primas pesqueras y, paralelamente asegurar la colocación de los productos pesqueros en el mundo, con certificaciones argentinas que garanticen la calidad de estos.

Referencias:

Ley 22.260 ‹29/7/1980›.

3.18. Autonomía en la investigación Pesquera.

Dar plena autonomía a la investigación pesquera y a los investigadores del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) para asegurar la transparencia en las investigaciones que permita garantizar la sostenibilidad de las especies.

Referencias:

Lerena, César “La desactivación del INIDEP, el default científico y la intervención de la investigación” ‹4/12/2018›.

Lerena, César “La Ciencia no se puede intervenir” ‹21/12/2018›.

Lerena, César “La investigación conjunta con el Reino Unido y la valiosa entrega biológica del calamar argentino” ‹1/2/2019›.

Lerena, César “De la investigación pesquera independiente a la colaboración de un Almirante Argentino con el invasor de Malvinas” ‹18/2/2019›.

Lerena, César “El INIDEP ¿Instituto de investigación o delivery británico?” ‹11/7/2019›.

Lerena, César “La investigación argentina ¿al servicio de la Nación o del Reino Unido?” ‹19/8/2019›.

3.19. Explotación de hidrocarburos.

El gobierno debería promover la realización de exploraciones y explotaciones de hidrocarburos en el Atlántico Sur, teniendo en cuenta, que el offshore en aguas profundas es el segundo tipo de explotación de hidrocarburos de mayor expansión detrás de la no convencional. La Argentina, debería ocupar un espacio destacado en esta materia en el Atlántico Sur, de modo de orientar el interés de las inversiones a YPF y, además de los efectos económicos y ambientales que podría generar esta actividad, tener una presencia nacional en las áreas que lindan entre Malvinas y el continente y, la restricción de concesiones a empresas británicas o que tengan interés en Malvinas, aplicando la ley Solanas Ley 26.659 sancionada en 2011.

Referencias:

Ley 26.659 del 16 de marzo de 2011.

3.20. La educación, capacitación, turismo y deportes.

Promover la educación relativa al mar argentino; los hábitos culturales, alimentarios y ambientales y, alentar la capacitación científica, profesional, técnica y de oficios vinculados con el mar, la industrialización y el consumo de los productos originados en el mar. Promover y subvencionar el turismo marítimo de todo el litoral bonaerense y patagónico, los archipiélagos, la Antártida y los territorios nacionales limítrofes con Chile, entre ellos el Canal del Beagle, el Estrecho de Magallanes y el Cabo de Hornos y, otros que fueran de interés del gobierno provincial de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Los planes de turismo debieran promover y subvencionar la visita de argentinos al archipiélago de Malvinas, como forma de reafirmar la titularidad argentina de esos territorios nacionales. Promover la construcción de puertos deportivo-pesqueros en el litoral bonaerense y patagónico para incentivar la práctica deportiva náutica y la pesca artesanal.

3.21. Desarrollo de Malvinas.

El gobierno nacional debería elaborar un proyecto de desarrollo portuario, vial, industrial, agropecuario, social, turístico y ambiental de las Islas Malvinas e incorporarlo al presupuesto nacional, de modo, de poner de manifiesto ante la comunidad internacional y los habitantes de las Islas, la voluntad argentina, de que habrá de trabajar para el desarrollo sostenido de Malvinas, en el caso de extinguirse la invasión británica de este territorio argentino, asegurándoles a sus habitantes los recursos necesarios para garantizarles la felicidad y el modo de vida.

3.22. La regulación de los espacios. Se propician las reformas profundas indispensables, modificar o reglamentar algunas leyes argentinas, tales como la de Defensa Nacional (Ley 23.554 y afines); Código Aeronáutico (Ley 17.285 y mod., 23.399); Seguridad Interior (Ley 24.059 y mod.); Espacios marítimos y líneas de base (Ley 23.968); Pesca (Leyes 24.922 y 26.386); Hidrocarburos (Leyes 17.319, 26.197, 26.659, 27.007 y 27.444); Puertos (Ley 24.093 y provinciales del litoral marítimo); Navegación (Leyes 20.094, 2.637, 17.371, 21.763, 22.228, 26.354, 26.994, 27.077 y 27.419); Ley de Marina Mercante y Flota Fluvial (Ley 27.419, Art. 10º y 13º); Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo (Ley 20.645); Ambiente (Ley 25.675); Ministerios (Ley 22.520 y mod.) y, toda Ley aplicable referida al Atlántico Sur, para ajustarla al objeto.

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

Twittear

0 Compartir

saeeg.org

Archivo de la categoría: Política Pesquera

LA AUSENTE POLÍTICA PESQUERA

Me gusta esto:

LA SUBSECRETARÍA DE PESCA. UN MODELO DEL FRACASO NACIONAL.

Asuntos Nacionales

Asuntos Internacionales

Me gusta esto:

PLAN DE DESARROLLO PESQUERO NACIONAL Y DE CAMINO A LA SOBERANÍA EN MALVINAS.

Me gusta esto:

Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales

Comparte esto:

Me gusta esto:

Asuntos Nacionales

Asuntos Internacionales

Comparte esto:

Me gusta esto:

Comparte esto:

Me gusta esto:

Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales