LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA Y EL CONCEPTO DE NACIÓN

Giancarlo Elia Valori*

 

I

La formación de las naciones que constituyen nuestro continente no fue producto de accidentes y de la arbitrariedad. Se formaron a lo largo de un proceso histórico que comenzó durante la dominación española y en ella fueron adquiriendo los trazos peculiares que conformarían después las características que las distinguieron. Los virreinatos y las capitanías generales no fueron agrupaciones territoriales de origen burocrático-administrativo; eran regiones económicas, sociales y aun raciales específicas. En el seno de las instituciones virreinales crecieron los elementos que darían nacimiento a nuestras naciones.

II

Puede que, visto en la perspectiva histórica, algún desgarramiento territorial se nos revela ahora como absurdo o injustificado. Pero lo que entonces pudo ser una separación territorial sin sentido, ahora es una realidad nacional inobjetable. El idioma común y la religión, fundamentos esenciales de la colonización española mantenidos invariables durante toda nuestra historia, no fueron ni son suficientes para borrar las particularidades específicamente nacionales que no diferencian y distinguen una naciones de otras, de la misma manera que una misma religión y un mismo idioma no esfuman las profundas diferencias que distinguen a Inglaterra de los Estados Unidos.

III

Por eso, el panamericanisimo —como en otro tiempo el paneslavismo o en los últimos años el panarabismo— no pudo pasar nunca de ciertos límites, que terminaban siempre en las mismas expresiones líricas acerca de un origen común y un destino común, mientras en la realidad nuestras naciones iban profundizando los rasgos que las distinguían. El panamericansmo tuvo dos vertientes: una, que nacía en los altos círculos dirigentes de las clases dominantes vinculadas a los Estados Unidos; otra, nacida en las filas del movimiento estudiantil universitario, de tendencia esencialmente anti yanqui. Aquella tenía que enfrentar y desplazar el predominio de la influencia económica y cultural de Europa en el continente (especialmente de Inglaterra en lo económico y de Francia en lo cultural); ésta, a enfrentar los movimientos populares contra el avance arrollador del nuevo imperialismo norteamericano. El panamericanismo de la primera vertiente se fue transformando paulatina y sucesivamente en una serie de instituciones de carácter continental (Organización de Estados Americanos —OEA—, Junta Interamericana de Defensa, etc.) que han dado origen a lo que se llama comúnmente “sistema interamericano”, “panamericano” o “continental”, articulado a lo largo de una serie de conferencias y de acuerdos. El segundo desapareció a los pocos años y los movimientos que lo constituían se transformaron en movimientos de carácter nacional (APRA). Hace años pareció querer rebrotar en otra forma, en la forma de un gran movimiento de guerrillas inspirado y dirigido desde Cuba, idea que sólo ha arraigado en sectores muy minoritarios del estudiantado.

IV

De cualquier manera, el panamericanismo que estamos describiendo era de orden exclusivamente político; sus acuerdos eran de carácter político y las invocaciones al “sistema» también lo eran. Pero la OEA, la Junta Interamericana de Defensa, la Unión Panamericana, se han convertido en grandes organismos burocráticos, alejados de cada una de las naciones que envían sus representantes, con sede en Washington. En la medida en que ya no expresan los objetivos políticos que le dieron nacimiento, esas instituciones han entrado en crisis, a veces muy grave, como la que ha sufrido la OEA en los últimos meses. Entraban en crisis, a nuestro juicio, porque las motivaciones que las movían eran de un orden “continental” muy difuso, que no alcanzaba a interpretar las necesidades reales de cada uno de nuestros países. Muchos de sus acuerdos (Río de Janeiro, Bogotá, etc.) fueron resistidos no sólo por los pueblos, sino también por los parlamentos y hasta por los gobiernos que los habían suscripto. El sistema no alcanzó a superar tampoco los conflictos que dividían las relaciones entre los estados; no pudo evitar la guerra entre Paraguay y Bolivia; no pudo hallar una fórmula de acuerdo entre Perú y Ecuador; tampoco solucionar el conflicto entre Bolivia y Chile sobre fronteras y salida al mar; debe tolerar realidades tan dolorosas como la de Haití, etc. De modo que el origen común y el destino común se reducen a frases que se introducen en los discursos de ocasión.

V

El único rasgo que identifica a todas nuestras naciones, excluidos los Estados Unidos, es su condición de subdesarrolladas. En una situación de dependencia más acentuada en unas que en otras, con mayores o menores niveles de vida, con un ingreso por habitante muy diferenciado, todas ellas presentan, sin embargo, ese rasgo común que distingue a las naciones subdesarrolladas. Y este problema, que es el más acuciante y el más grave de nuestro continente, ha sido sistemáticamente desvirtuado por las conferencias y resoluciones emanadas del llamado “sistema interamericano”.

VI

Este problema se hace presente con gran dramatismo en los últimos meses de la segunda guerra mundial y en la inmediata posguerra. En América Latina, como en todo el mundo subdesarrolado, eclosionaron movimientos nacionales de amplia base popular, con participación muy activa y a veces con dirigentes de las fuerzas armadas, con una muy fuerte incidencia de la Iglesia. Estos movimientos reivindican la nacionalidad, aspiran a la plena independencia y se proponen planes o programas tendientes a transformar las estructuras heredadas del pasado. Ellos miran con profundo  recelo al sistema interamericano y a sus instituciones y a veces llegan a sabotear sus decisiones y a no refrendar en los parlamentos sus acuerdos. Su nacionalismo no es agresivo, es más bien democrático por su origen popular y por surgir de las mayorías populares, pero lógicamente desconfía de los organismos supranacionales que dictan resoluciones obligatorias. A un panamericanismo difuso sucedió un nacionalismo popular que vino a rescatar la idea de nación, un tanto velada por el liberalismo clásico. El elemento social, vale decir, el movimiento de las clases trabajadoras, confiere a ese nacionalismo —en el poder o en el llano— un carácter muy acusado de reivindicación social, de justicia social. Señalamos, sin embargo, que en lo que hace a los pasos a recorrer para alcanzar la plena independencia económica, estos movimientos o gobiernos nacionales no llegan a articular programas ajustados a las distintas realidades que quieren transformar; a veces el acento recae en lo social, a veces en lo agrario, a veces, en fin, en el rescate de los servicios públicos en manos del capital extranjero.

VII

Es entonces cuando aparecen ideas e instituciones que vienen a canalizar o a orientar esa eclosión del sentimiento y del movimiento nacional. La literatura sobre desarrollo y subdesarrollo y los trabajos de esas instituciones forman bibliotecas. Poco a poco se va conformando lo que llamaríamos una ideología del desarrollo latinoamericano . Sus basamentos principales son: a) una reforma del régimen de tenencia de la tierra o reforma agraria; b) una integración o complementación —o ambas cosas a la vez— de las economías en agrupaciones regionales, hasta llegar a la constitución de un mercado común latinoamericano . Tal es la ideología de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), una comisión regional de las Naciones Unidas. La CEPAL, a su vez, ha sido la matriz que ha dado decenas y decenas de especialistas que han pasado a formar parte de una vasta burocracia, asentada en los organismos regionales que se han ido formando con el tiempo. Se trata de una burocracia con una ideología y con intereses propios de toda burocracia cristalizada

VIII

¿Cuáles son los pilares básicos de la integración regional? No es, desde luego, la conciencia de la ulterior integración de la economía mundial, resultado del proceso de concentración y centralización que se está operando tanto en los marcos del sistema capitalista como en el socialista, de la caída de las barreras ideológicas que fraccionan el mercado mundial y por tanto de la aceleración de los intercambios. Este componente histórico no entra en los cálculos de las ideologías de la integración. Sus pilares básicos pueden reducirse a dos, uno apenas esbozado, otro abiertamente expresado y explicitado: a) una nueva división internacional del trabajo, dentro de la cual cada país, zona o región se ha de especializar en una rama de la producción; b) un criterio de economicidad, según el cual los distintos países han de producir aquello para lo cual tienen mayores aptitudes históricas, v. gr., en la Argentina la ganadería; en Bolivia, la minería del estaño; en Brasil, el hierro; en Chile, el cobre, y así con el resto de los países. La economicidad implica, a la vez, el criterio de complementación: la Argentina no tendría necesidad de producir hierro, carbón y cobre, pues ya  los produce Chile; Chile, a su vez, no tendría que alentar la producción agropecuaria, pues a cambio de sus minerales la Argentina podría darle carne y cereales en abundancia.

IX

Los pasos previos a la integración y complementación de las economías han sido (en los casos de la ALALC y del Mercado Común Centro Americano) la eliminación progresiva de los recargos aduaneros para los productos que se incluyen en una llamada “lista común”; en el caso de la ALALC el objetivo era alcanzar la plena liberación de los aforos hacia los primeros años de 1970. Pero ya en estos pasos previos se contienen todos los elementos de una distorsión de nuestras economías, de anulación del proceso de desarrollo.

X

En efecto, tal como ha ocurrido en los países del Mercado Común Europeo la política tarifaria no es suficiente para alcanzar una integración de las economías ni mucho menos para defender la región integrada de la acción de los monopolios apátridas. Por el contrario, liberada la zona de que se trate de todas las defensas del factor exterior, éste actuará en el espacio geográfico con mayor “libertad», en un «espacio económico» más amplio, más propicio a la expansión de los monopolios. Pues se ha de saber que el monopolio ya estaba instalado en la mayoría de las zonas que componen América Latina, frenando o expandiendo la producción a la medida de sus conveniencias. Pero el monopolio tropezaba aquí con las altas tarifas proteccionistas con que cada uno de nuestros países habían defendido sus producciones tradicionales o las ramas industriales en desarrollo; esa política proteccionista se había incrementado en la postguerra con el acceso al poder de los movimientos nacionalistas populares de que ya hemos hablado.

XI

Esa política proteccionista era condición sine qua non para que las débiles y precarias bases industriales se desarrollaran y conquistaran o crearan su propio mercado interno. Concretamente, la única forma de alentar la industria del automotor en la Argentina —teniendo en cuenta sus altos costos originarios— era establecer una protección suficientemente alta para desalentar toda posibilidad de competencia extranjera; protección que era necesario extender luego a la importación de  “partes” o repuestos, que impidiera la constitución de una industria del armado semilegal. Esto, que era necesario para las nuevas y modernas industrias, era igualmente necesario para las industrias tradicionales, digamos, del vino y del tabaco, las cuales cubrían todas las necesidades internas. En los países donde aún no se  habían instalado las industrias llamadas de “consumo durable”, especialmente la de artefactos para el hogar, la situación era idéntica en cuanto su implantación exigía, desde el comienzo, un sistema de protección que la pusiera al abrigo de la competencia extranjera. Hasta la aparición de los intentos “integradores” éste era el proceso que se estaba operando, en algunos lugares más aceleradamente (Argentina, Brasil, México, Chile), en otros más lentamente. El rasgo principal de este proceso industrial era que se operaba en la esfera de la industria liviana, la que satisface las necesidades inmediatas del consumo ciudadano. Pronto fue evidente que la industria liviana engendraba una nueva forma de dependencia exterior.

XII

Evidentemente, el desarrollo de esta industria demandaba cantidades crecientes de materias primas industriales, de maquinaria, de combustibles, de productos químicos. Los gobiernos nacionales comenzaron entonces a sentir la necesidad de instalar la industria pesada, a partir de la siderurgia y de la quimiurgia; más tarde, la instalación de la industria de automotores y de maquinaria agrícola. Esto tendía a impulsar la búsqueda de materias primas (hierro, carbón, petróleo, minerales no ferrosos). Este proceso no estaba programado ni planeado, no respondía ciertamente a un sistema de prioridades estructurado. Era una tendencia general que partiendo de las mismas  necesidades  que engendraba el desarrollo industrial iba a la búsqueda  de sus bases autónomas.

XIII

Pero el paso de la industria liviana a la industria pesada exigía grandes inversiones que no podían ser satisfechas con el solo producto de las exportaciones. Pues se estaba operando al mismo tiempo un acelerado crecimiento demográfico —particularmente acusado en esta parte del continente— una concentración en las ciudades y un reclamo de mayores niveles de vida que iban absorbiendo los saldos exportables. El comercio exterior, la exportación, ya no era fuente de acumulación para las grandes inversiones que se requerían. A lo cual debe agregarse el fenómeno moderno permanente: el deterioro de los términos del intercambio.  Los sectores nacionalistas populares más esclarecidos hallaron la salida de la dificultad planteando la posibilidad de hallar fuentes de financiación de estas grandes inversiones en la cooperación internacional.

XIV

Fue entonces, cuando ya se perfilaba una solución integral al gran problema de nuestro subdesarrollo, cuando arreciaron las tendencias “integradoras”. Los criterios de “complementación” y de “economicidad” fueron expuestos y explicitados en numerosos trabajos y conferencias continentales; tuvieron el apoyo caluroso de grupos reformistas y de grupos conservadores. Por último, las grandes potencias le prestaron calor y promesas de financiación para “proyectos comunes” o “conjuntos”; algunos bancos internacionales se transformaron en bancos para la integración, sus fondos derivaron cada día más hacia la financiación de estos proyectos. Si la Argentina hallaba grandes dificultades financieras (y políticas) para la explotación del mineral de hierro de Sierra Grande (Patagonia), allí estaba, a mitad de precio y con un alto porcentaje de ley, el mineral de Río Doce (Brasil) que podía entrar libremente en virtud de los acuerdos de complementación o de liberación de tarifas de la ALALC; si experimentaba iguales dificultades para la construcción del sistema hidroeléctrico de El Chocón-Cerros Colorados, podía en cambio satisfacer sus necesidades de energía eléctrica con la construcción de la represa de Salto Grande en  común con Uruguay y Brasil.

XV

Es de suponer que, deliberadamente o no, la “integración” y la complementación venían a salir al cruce de lo que ya era una tendencia en marcha. Paralizaba los intentos integradores de carácter nacional en homenaje a una integración regional en perspectiva; desarmaba los dispositivos de defensa de la economía industrial en marcha y desviaba hacia otros objetivos los esfuerzos que ya estaban empellados. Prestaron su concurso a esta orientación no sólo la burocracia continental, sino también lo que denominaremos reformismo continental. Unos exigían como paso previo a todo, una reforma agraria, que consistiría en parcelar la tierra de tal forma que no quedara un solo trabajador agrícola sin su parcela; los otros postulaban una gran reforma educacional, pues la fuente de nuestros males estaría en el analfabetismo y en la incultura; los otros una reforma constitucional, pues nuestras constituciones eran ya arcaicas con respecto a las necesidades de modernización de nuestra sociedad; otros, en fin, una reforma religiosa y aun eclesiástica con el fin de acercar la Iglesia a los pobres y de que la Iglesia se incorporara al torrente reformista. Parecía que se trataba de atenazar o de envolver el proceso de desarrollo inevitable en una red de problemas que se le anticipaban o que lo postergaban.

XVI

Pero, sobre todo, se soslayaba el contenido histórico-político del desarrollo, a saber, la construcción de la Nación. Nuestros países, en efecto, no han completado aún el proceso de constitución nacional. La unidad nacional está en las leyes y en las constituciones; en la realidad, aparece fraccionada y las regiones aisladas entre sí. Junto a los grandes centros poblados se extienden vastas regiones que viven en el aislamiento; al lado de las conquistas de la civilización está el más profundo atraso. Estos fenómenos se dan en forma muy acusada en los países con gran población indígena, donde el idioma nacional es ignorado por la mayor parte de los pobladores. Pero se dan también en los países sin diferenciación racial y religiosa, como la Argentina, cuyos dos polos, el noroeste y la Patagonia, permanecen en el aislamiento y en al atraso y donde aún regiones relativamente pobladas y con producciones estimables caen en crisis por falta de vías de comunicación, como las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Misiones.

XVII

En tales condiciones, el desarrollo económico adquiría dimensión en profundidad, en cuanto se trataba de erigir las bases de una economía moderna, y en extensión, en cuanto se trataba de extender sus beneficios a todas las regiones, enlazándolas con un vasto sistema de comunicaciones. Se trataba y se trata de construir las bases materiales de la nacionalidad, sin las cuales —como está ya probado suficientemente—  todos los factores de orden cultural y ético — la religión y la educación— o bien decaen, o bien se deforman en una suerte de barbarie moderna. El maestro o el misionero pueden llegar de manera suficiente, y cuando llegan no tienen en  sus manos los elementos que le permitan incorporar esas poblaciones a la vida de relación. Es la experiencia de los misioneros en las regiones de indígenas.

XVIII

Lo que comúnmente se ha llamado “problema nacional” ha adquirido en los años de la posguerra una dimensión y una fuerza realmente inusitadas. En Europa, a causa de la larga ocupación por fuerzas extranjeras de la mayor parte de los países, viejas civilizaciones de un alto nivel cultural sometidas a una opresión oprobiosa. En Asia y África, fue la quiebra definitiva del colonialismo lo que ha dado origen al desarrollo del sentimiento nacional en las antiguas nacionalidades, y a la aparición explosiva de ese sentimiento en las nacionalidades que ahora se constituyen (especialmente en África). Esos pueblos reconstruyen su historia, recuperan sus religiones originarias y sus idiomas, hacen renacer el folklore; inmediatamente se dan planes o programas de desarrollo económico y social, quieren salir del atraso a que los condenó la potencia colonizadora. En la misma Europa del MCE aparecieron fenómenos como el “degaullismo” que no es otra cosa que el renacimiento del espíritu nacional francés excitado por la invasión alemana y la posterior pérdida de sus colonias y dominios. No es éste el lugar para abrir juicios de valor sobre este fenómeno, pero ignorarlo o menospreciarlo equivale a ignorar la trascendencia histórica permanente del concepto de nación.

XIX

Pues en los planes de integración se ha avanzado ya bastante en torno de la articulación de una especie de gobierno supranacional. En efecto, los más eminentes expositores del pensamiento integrador han llegado a la conclusión de que las medidas y los organismos puestos en marcha hasta ahora no han sido suficientemente efectivos para llevar el proceso de integración hasta sus últimas consecuencias. Se impone, pues, según ellos, arbitrar otras medidas más enérgicas y más efectivas, para lo cual se requiere algo más que las meras reuniones de funcionarios autorizados. En una sesión especial, consagrada a la integración económica de América latina, celebrada en la ciudad de México en mayo de 1965, la CEPAL expuso un nuevo programa de cuatro puntos para acelerar el proceso de integración: los tres primeros eran de orden puramente económico y se referían a la progresiva supresión de barreras aduaneras, a la política de inversiones y al sistema de pagos para facilitar las transacciones entre los países miembros de la ALALC. El cuarto aconsejaba crear nuevas instituciones encargadas de coordinar el funcionamiento de los diferentes mecanismos. Era preciso crear de inmediato un Consejo que funcionara a nivel político, encargado de tomar todas las decisiones necesarias para el progreso de la integración. Este Consejo sería el órgano supremo de  la comunidad y estaría formado por los ministros de relaciones exteriores de los países asociados y sus atribuciones serían las siguientes: decisiones en lo referente a reducciones tarifarias, aprobación de la política regional de inversiones, definición de la política financiera y monetaria de la zona, programación del desarrollo científico y técnico y, en general, la adopción de todas las medidas necesarias para el progreso de la organización regional. Las decisiones deberían ser adoptadas por unanimidad.

XX

Lógicamente, esta política debía tropezar al fin con obstáculos insalvables, pues el interés nacional puede declinarse hasta un límite dado, pasado el cual viene la sumisión a las decisiones e intereses supranacionales. Las conferencias de la ALALC, realizadas en Montevideo en 1965 y 1966, no lograron articular el sistema de nivel político aconsejado por la CEPAL y por los llamados “cuatro sabios” (los señores Raúl Prebisch, José Antonio Mayobre, Felipe Herrera y Carlos Sanz de Santa María) a quienes el presidente de Chile, Sr. Frei había solicitado un informe sobre el estado y las perspectivas de integración. Al reunirse, a fines de 1967, la comisión que debía elaborar las “listas comunes” de productos que deben ser liberados de derechos, al llegar al petróleo y al trigo, entró en crisis. Después de laboriosas gestiones, la comisión tuvo que trasladar la fecha de sus reuniones al mes de junio del corriente año.

XXI

Pero, a partir de esta crisis, se ha renovado la ofensiva “integradora”. Personajes de organismos financieros muy altamente colocados han declarado que tales o cuales bancos no darían en adelante otros créditos  que  no fuerano  destinados a proyectos comunes de integración. Subvencionados por las mismas instituciones financieras se han constituido organismos para la propaganda de la tesis “integradora” y, en un simposio convocado en Arica, un expositor contrario a la corriente en boga, fue poco menos que agredido por los partidarios de la idea. Idea que se intenta disfrazar con una imagen que no corresponde a la esencia de la misma.

XXII

Conviene dedicar un párrafo a este nuevo enfoque del problema. La razón es obvia: se juega aquí con los sentimientos de la gente y hasta con el llamado sentido común. La integración vendría a ser algo así como un “frente” de los países en vías de desarrollo de América latina enfilado contra el imperialismo norteamericano; la complementación y la ayuda mutua los salvaría de tener que recurrir a la cooperación financiera internacional; un organismo supranacional, con poder de decisiones políticas, superaría las vacilaciones de los respectivos gobiernos. Pero el “imperialismo” les ha jugado una mala pasada a estos “integradores” de la izquierda; se sabe, por la experiencia europea, que la economía de los grandes espacios abiertos es la que mejor se acomoda a los intereses y designios de los grandes monopolios. Cuando se han levantado las defensas que protegen la incipiente producción de los países en vías de desarrollo, los que ganan el espacio no son los vecinos también en desarrollo, sino los monopolios que producen a bajo costo y que están en condiciones de ejercer incluso el dumping. Por otra parte, las conferencias de Ginebra (1964), de Argel (1967) y de Nueva Delhi (febrero-marzo 1968) han demostrado hasta el cansancio que esta especie de “frente” de los pobres contra los ricos no ha rendido frutos, sea cuando se ha usado el método de la persuasión sea cuando se ha utilizado el de la amenaza.

XXIII

Pero podría objetarse que este punto de vista que estamos exponiendo a grandes trazos es el de aquellas naciones del continente que mejores condiciones naturales reúnen para edificar una economía integrada dentro de sus fronteras o que disponen de un nivel económico que se acerca más al del pleno desarrollo; se justificarían, pues, sus aprehensiones hacia todo aquello que pudiera postergar o atenuar su proprio y rápido desarrollo. En cambio, ¿qué sucede con los países pequeños, con menos población, con una producción puramente agropecuaria o minera, con una industria de trasformación embrionaria? Nos referimos, es claro, a Bolivia, Paraguay, Ecuador. Para ellos, la integración tendría un significado distinto: el de un acceso más rápido a los niveles de producción de sus hermanos “mayores”, pues ni la liberación aduanera ni la complementación amenazarían sus bases de sustentación. En otras palabras, no se podría invadir el Paraguay con las carnes argentinas, pues este país las produce; ni Bolivia con los minerales chilenos. En cambio, Chile y Argentina necesitan, por ejemplo, de las maderas paraguayas.

Pero bien visto, este criterio se detiene en los niveles puramente comerciales del problema. Es, por otra parte, el criterio o uno de los criterios de los constructores ideológicos de la integración regional. En realidad, la integración estaría destinada a liberar y acelerar los intercambios comerciales. Pero se comercia lo que se tiene y no lo que se debiera tener dentro de lo que se estima como una economía moderna. El comercio puede ser liberado y acelerado sin que cambien las producciones que se venden o se compran. Y el desarrollo, bien entendido, no es el de los intercambios sino el de las producciones. Venezuela puede vender todo el petróleo que produce y aun mucho más, pero seguirá siendo así un país monoproductor y, por tanto, en vías de desarrollo, indistintamente de que la venta de su petróleo le produzca un ingreso per cápita superior al de cualquier otro país de América Latina. La liberación de derechos puede facilitar la colocación en masa de las magníficas maderas, de la yerba mate o del tanino paraguayo; pueden, así, aumentar sus ingresos y, por tanto, aumentar sus importaciones; pero este acontecer no alterará en nada su condición de productor de materias primas. Lo mismo dígase del estaño boliviano.

No se postula, desde luego, que esos países alcancen iguales niveles o grados de integración económica que los que pueden lograr Argentina, Brasil o México. Algunos carecen de condiciones naturales para una agricultura y una ganadería similares a las de Argentina; otros carecen de recursos minerales o de la riqueza de Brasil. Se aplicaría a estos países entonces el ejemplo de Italia, de Japón o de Suiza, que han alcanzado un alto grado de desarrollo industrial y agrario careciendo de recursos minerales y de tierras fértiles suficientes y vastas. Recorrerán este camino con mayor o menor ritmo, pero deberán recorrerlo. Si desde ahora se empeñan en alcanzar mayores niveles de vida confiando todo a la integración, retrasarán su desarrollo y acentuarán al de aquellas ramas que los caracterizan como países en vías de desarrollo.

XXIV

De cualquier manera, el aspecto puramente económico de la integración no era el objeto de estas líneas; más bien se trataba de explayar la permanencia histórica del concepto de nación, de la obligatoriedad de resguardar sus esencias espirituales, de la necesidad de construir sus bases materiales. Hemos partido de la conciencia de que la interdependencia de las naciones es insoslayable, de que estamos viviendo el proceso de integración del mercado mundial, que poco a poco las fórmulas de la convivencia y la negociación amigable están sustituyendo la agresividad y la guerra fría de ayer. Pero todo este proceso es un resultado no un requisito previo; el resultado del desarrollo de cada una de las nacionalidades de acuerdo con sus rasgos más específicos. Un acuerdo universal sobre los problemas que actualmente dividen al mundo será un acuerdo entre naciones soberanas, independientes, diferenciadas.

Las únicas categorías universales que se admiten sin discusión son las que informan las religiones, las filosofías, las llamadas ideologías. Pero, si bien se observa, la religión, por ejemplo, es uno de los elementos espirituales-culturales que constituyen el ser nacional en aquellos países que la han recibido desde su nacimiento.

 

* Copresidente del Consejo Asesor Honoris Causa. El Profesor Giancarlo Elia Valori es un eminente economista y empresario italiano. Posee prestigiosas distinciones académicas y órdenes nacionales. El Señor Valori ha dado conferencias sobre asuntos internacionales y economía en las principales universidades del mundo, como la Universidad de Pekín, la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad Yeshiva de Nueva York. Actualmente preside el «International World Group», es también presidente honorario de Huawei Italia, asesor económico del gigante chino HNA Group y miembro de la Junta de Ayan-Holding. En 1992 fue nombrado Oficial de la Legión de Honor de la República Francesa, con esta motivación: “Un hombre que puede ver a través de las fronteras para entender el mundo” y en 2002 recibió el título de “Honorable” de la Academia de Ciencias del Instituto de Francia.

 

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BOLIVIA, CRISIS CRÓNICA Y PÉRDIDA DE PODER

Waldemar Peralta (El Deber*)

Toda crisis es sinónimo de pérdida de poder. Son situaciones donde irrumpe un cambio negativo, complejo, difícil y por sobre todo inestable. Rompen el sistema político, la sociedad y generan desequilibrios, son procesos políticos desgastantes, de cierre incontrolable. 

Pueden ser crisis agudas, con hechos inesperados difíciles de ser anticipados, como un incendio o un terremoto; o pueden ser crisis crónicas, hechos en diferentes dimensiones que van agravándose como una bola de nieve. Pero en contraste, se abren oportunidades y por ende ganadores, cuando se la gestiona de manera exitosa, destacando los atributos del gobernante.

El profesor Mario Riorda señala que “una crisis y su consecuencia, siempre implica un reacomodo relativo de poder, siempre hay ganadores y perdedores en un proceso traumático”.

El país vive una crisis crónica multidimensional, que se agravó con llegada del Covid-19. Si había alguna certeza con la salida de Morales, fue eclipsada con la llegada de la pandemia, que encontró a Bolivia con enfermedades de base, económicas, sociales, políticas y ahora sanitarias, que adelantaban un desalentador pronóstico.

El desconocimiento de los resultados del referéndum por parte de Morales profundizó la crisis política, que ademas se volvió social, volcando a varios sectores a las calles. Evo deterioró su imagen por hechos de corrupción y su forma autoritaria de gobierno, dilapidando su credibilidad. El incendio de la Chiquitania fue la antesala de la elección, en la cual le robaron la segunda vuelta a Carlos Mesa, producto de un fraude incuestionable por parte del MAS, que derivó en una legítima revuelta popular, originando la salida de Morales.

La llegada de Jeanine Áñez al poder se inició gestionando con relativo éxito algunas variables de la crisis como la social, pacificando el país; la electoral, convocando a elecciones con nuevo TSE; la institucional, con una relación estable con los otros poderes del Estado. 

Esto aportó certezas al juego estratégico y, por ende, credibilidad que cimentó la variable política, con una importante alianza de partidos y de liderazgos locales. Este contexto entusiasmó al Gobierno, que presentó una alternativa de poder. Pero llegó el Covid-19 y la variable sanitaria cambió el juego. Hubo una frágil gestión de la pandemia, errores en el manejo de las “formas de poder” y una débil comunicación gubernamental, de crisis y de riesgo.

Ocurrió lo esperado, se impuso el contexto. La variable sanitaria pasó factura y la unificación del voto se impuso. La regla es la incertidumbre, en 11 meses se dieron estructurales renuncias, que reacomodan las relaciones de poder. 

La de Evo Morales al Gobierno y la de Jeanine Áñez a su candidatura presidencial. Pero no son las únicas, también renunciaron el vicepresidente, gobernadores, alcaldes, asambleístas nacionales, departamentales, concejales y el pasado lunes, tres ministros del actual Gobierno, entre ellos, Óscar Ortiz. Resumen, reacomodo del poder.

En tiempos de Covid-19, el elector tiene el peor humor y ánimo social de los últimos 30 años. Vivimos en incertidumbre por el temor a morir de hambre y de fiebre, en ese orden. Los ciudadanos no creen que las cosas están o estarán bien y, cuando el ánimo es negativo, califican negativamente todo. Un acierto en este contexto cuenta por uno y un error cuenta por diez, razón de las costosas facturas políticas.

La crisis crónica tiende a empeorar, por dos motivos; primero, las posiciones, intereses, influencia y disposición de negociar de los jugadores. Segundo, los escenarios posibles.

Primero, posiciones. En el tablero están el Gobierno actual, Evo, el MAS (que últimamente no son lo mismo), candidatos y partidos; pronto el Gobierno electo, movimientos sociales, liderazgos regionales, empresarios, militares, policía, cada uno de ellos con su propia posición e interés, la mayoria confrontados y con poca o ninguna disposición a negociar.

Segundo, los escenarios. Un contexto económico de dura depresión y contracción de la economía, periodo de ajustes y vacas flacas, producto de la pandemia. El sanitario, similar a EEUU o Europa, una segunda ola de Covid-19. El social, protestas permanentes por diversas demandas, escaramuzas que iniciarán el 18 de octubre si el MAS no se alza con el triunfo, como ya lo dijo el propio Luis Arce, ¿Cómo actuará el Gobierno? En medio, la campaña nacional, que define la variable electoral. Los temas son economía, salud, empleo, miedo al MAS y la agenda pendiente de inclusión, social y regional.

Las alternativas democráticas apuestan a la razón y la emoción, con grupos de electores de raíz, ideológicas, económicas, regionales, clasistas y hasta culturales. 

El principal teatro de operaciones de disputa electoral es Santa Cruz. Esto posiblemente abra tres escenarios electorales: primero, fuerte polarización, un gobierno de vocación democrática que gana en primera vuelta y con mayoría en el Congreso. Segundo, frágil polarización, con segunda vuelta, un gobierno democrático con minoría en el Congreso. Tercero, no existe polarización, alto ausentismo, débil control electoral en bastiones azules, triunfa el MAS en primera vuelta.

Con escenarios tan complejos y posiciones tan confrontadas, ¿cómo generar viabilidad política? El desafío en semejante contexto, pasa por tratar de recomponer el sistema (Estado), que gestione con éxito las variables críticas y la relación de sus actores, negociando por principios y superando posiciones; eso se hace cediendo y acercando intereses entre la razón y emoción, para reducir la complejidad. 

En lo político, debemos unificar el voto, concretar un gobierno democrático y apuntalarlo evitando que fracase, entendiendo que el ciclo del MAS no se clausura con su derrota, sino con un gobierno estable de 5 años, frente a la convulsión que planea Morales y que comenzará más temprano que tarde.

Se requiere mirar el país desde las regiones y sectores, mucha capacidad política para entender las nuevas causas, anticipar escenarios, gerenciar la crisis, construir alianzas, coaliciones, para generar certezas, gobernabilidad y gobernanza, pero por sobre todo, mucha madurez política acompañada de grandeza y humildad. El juego estratégico está abierto.

Publicado originalmente en El Deber, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, https://eldeber.com.bo/opinion/bolivia-crisis-cronica-y-perdida-de-poder_202558     

TÁCTICA, ESTRATEGIA, EQUIPAMIENTO y DEFENSA

Marcos Kowalski*

Debemos recordar siempre que corresponde al Estado Nacional la planificación política al nivel de Estrategia Nacional Total, de la cual se deben desprender las planificaciones operativas de las estrategias particulares. Dentro de estas últimas encontramos la Estrategia de Defensa Nacional que incluye la Estrategia Militar que planificará el desarrollo de las fuerzas militares.

Decidir el dimensionamiento y capacidades de las fuerzas militares argentinas corresponde al gobierno de la Nación Argentina. Pero hay que tener en cuenta que ninguna fuerza militar se forma o consolida en un corto periodo de tiempo, sino que se necesitan décadas en desarrollar los procedimientos estratégicos adecuados para su empleo. Este es un tema relevante tanto para estudiosos de la defensa como para políticos.

El Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional son los que por imposición legal deberían establecer las condiciones económicas, jurídicas y políticas que fomenten inversiones a largo plazo que sirvan para el desarrollo de las capacidades industriales del país. Ese fomento a las industrias debería considerarse dentro de la Estrategia Total de la Nación. En Argentina esto se podría lograr, de no ser por la indiferencia, ignorancia o inoperancia, puesta de manifiesto por la casi totalidad del espectro político que viene gobernando desde los últimos por lo menos treinta años.

La ausencia de soluciones para los problemas reales de la población, mientras se promocionan utopías varias, desde un punto de vista ideologizado, como si fueran el verdadero interés del país, y, dejando de lado promover, legislar y ejecutar políticas para el desarrollo del bienestar general, promoviendo, consolidando y ejecutando requerimientos entre instituciones nacionales y provinciales con el fin de gestionar una política de Estrategia Nacional y dentro de ella un plan de Defensa Nacional adecuado y moderno.

Cuando las crisis económicas son recurrentes, son un despropósito casi apropósito del descontrol político de un país como Argentina y es lógico que, sin una estrategia que impulse la producción y como consecuencia de la baja productividad general, no se tenga un Producto Bruto Interno (PBI) en crecimiento como el que con el potencial de nuestro país se podría obtener, esa es la excusa de los políticos para no proveer unas Fuerzas Armadas (FFAA) integradas por personal adiestrado, además de una cantidad suficiente de los Sistemas de Armas (SdA) más modernos disponibles en la actualidad.

Sin embargo, aun con un PBI sin crecimiento o con crecimiento negativo en la Argentina, sería lógico que su Política de Defensa privilegie lo cualitativo por sobre lo cuantitativo. Es por esto y el desinterés permanente de una casta política más preocupada por quedar bien con el nuevo orden mundial que por el desarrollo de la Patria, en todo lo referente a Defensa Nacional, y sobre todo a la Industria para la Defensa, hoy son más como un símbolo de aspiraciones que de un verdadero componente industrial con poderío dentro de las políticas científicas y tecnológicas del país.

Asistimos a la falta de planificación de una Estrategia Total, para la Nación, donde se proyecte a largo plazo y en forma coordinada todas las ramas del Estado Nacional y los Estados provinciales con los entes públicos y privados. Estamos viendo como el desinterés político, las crisis económicas y la presión de potencias extranjeras que no aprobaban el desarrollo local de capacidades duales (civiles y militares) acabaron en una retracción progresiva del entramado científico-tecnológico y productivo, tanto público como privado, de la Argentina.

Toda la estructura militar industrial no ha encarado un proyecto ambicioso en tiempo y recursos desde hace al menos 30 años. Como excepcionales debemos mencionar el caso del entrenador Pampa (un desarrollo de la década del 80 y que en cuarenta años solo produjo unos treinta aviones a la fecha) fabricado por FADEA o los radares 3D de INVAP en el marco del SINVICA. Es que el sistema político no supo o no quiso construir un régimen con reglas claras y estables a 20 o 30 años para afrontar los riesgos de invertir en bienes de capital costosos y recursos humanos calificados.

Es verdad que relevar, diseñar, prototipificar y fabricar no son tareas fáciles y mucho menos en contextos dificultosos, con extremas limitaciones de recursos, de personal o de interés. Pero es el bloqueo sistemático a las aspiraciones de desarrollo de la Argentina, por inoperancia, ignorancia o ideología de los políticos, devenidos en gobernantes, desde hace décadas que han terminado por configurar una política de declamación de leyes como el FONDEF, que son totalmente insuficientes, el anuncio de proyectos que suelen quedar en papel cuanto menos o en algún prototipo cuanto más.

Radar Primario Argentino (RPA) y Radar Secundario Monopulso Argentino (RSMA), foto PLP.

La columna vertebral del sistema de Defensa de una Nación lo conforman sus Fuerzas Armadas (FFAA). Considerar que se puede prescindir de ciertos componentes de las FFAA basado en un enfoque ideológico o economicista sería negar las lecciones de la historia y de la evolución tecnológica, que llevaron al desarrollo de las diversas especialidades técnico-militares y los sistemas de armas que hoy existen.

Las Fuerzas Armadas de nuestro país deberían integrar y complementar las capacidades específicas de las Unidades que tiene su Armada, su Ejército y su Fuerza Aérea, de manera tal que, en su conjunto, deben propender a un adecuado balance en cuanto a la configuración de sus materiales y a la cantidad y calidad del personal, medios y recursos con proyectos plurianuales.

En el mundo, los Ejércitos se estructuran en general en diferentes Unidades, las llamadas Unidades Tácticas (UT), normalmente Regimientos (Caballería) o Batallones (Infantería) que tienen un Cuadro de Organización (CO); tres a cuatro UT forman una Brigada o Gran Unidad de Combate (GUC) y tres a cuatro Brigadas constituyen una División de Ejército o Gran Unidad de Batalla (GUB).

En este tipo de esquemas, la Brigada es la mínima organización autónoma de combate que responde al concepto de “Sistema de Armas”. Está compuesta de UT como batallones de Infantería o regimientos de Caballería, que son los denominados Elementos de Combate cercano, además está compuesta por Unidades de Comunicaciones, Artillería, Ingenieros, Aviación de Ejército, que son apoyo de combate (AC) etc. y por los (logística) Servicios Para Apoyo de Combate (SPAC).

Las brigadas no tienen cuadro de organización y recibirán el nombre en función del número de UT de Elementos de combate cercano que la integran; por ejemplo, una “Brigada de Infantería” está integrada mayormente por dos o tres UT de infantería, (batallones) pero puede incluir algún regimiento de Caballería, además de Apoyos de Combate (AC) y Servicios Para Apoyo de Combate (SPAC).

Tomando como ejemplo al Ejército Argentino, un Regimiento o Batallón tiene tres Compañías o escuadrones, de 120 a 150 soldados cada una, por lo que una Unidad Táctica agrupa 400 efectivos; una Brigada tiene 1.500 a 2.000 uniformados y una División 4.500 a 7.000 soldados, aproximadamente. Sin embargo, el arte de la guerra no es una ciencia exacta y los aspectos cuantitativos no son, por sí solos, los únicos que determinan el resultado de un conflicto bélico.

Mientras la Argentina siga disponiendo de un presupuesto tan insignificante para sus FFAA como el de las últimas décadas, sería conveniente que la Política de Defensa priorizara el reequipamiento y adiestramiento de las Unidades Tácticas (UT) especiales, capaces de lograr Efectos Militares Estratégicos. Es decir que se debería privilegiar los aspectos cualitativos sobre los cuantitativos en la conformación de nuestras FFAA.

Entre las Unidades Tácticas que nuestro país debería priorizar por sus características cualitativas intrínsecas, se encuentran, los Regimientos de Infantería Aerotransportada y de Asalto Aéreo, las Compañías de Comandos, Fuerzas Especiales, Buzos Tácticos e Ingenieros de Guerra QBN (Química, Biológica y Nuclear) del Ejercito; los navíos, tanto auxiliares como los buques de combate con capacidad misilisticas, anti-submarina y antiaérea de la Armada, los Escuadrones de Helicópteros, de Aviones de Transporte y Cazabombarderos; las Unidades de Drones, de Defensa Antiaérea y Ciberdefensa, los Submarinos; entre otras.

En las últimas décadas los sucesivos gobiernos asignaron entre el 0,7 y 0,9% del PBI o incluso menos a la Defensa. El FONDEF (Fondo Nacional de la Defensa), hoy ya aprobado por el Congreso Nacional, asigna el cero coma treinta y cinco por ciento (0,35%) del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado para el Sector Público Nacional para el año 2020, el cero coma cinco por ciento (0,5%) para el año 2021, cero, sesenta y cinco por ciento (0,65%) para el año 2022, hasta alcanzar el cero como ocho por ciento (0,8%) para el año 2023.

Totalmente insuficiente, refleja claramente la falta de prioridad que tienen los políticos sobre la realidad de la Defensa nacional, toda vez que a programas del progresismo ideologizado y que no tiene fines nacionales, están destinando fondos muy superiores al presupuesto de defensa. Lo peor es que no hubo, ni hay, un lineamiento político nacional ni estratégico militar conjunto que priorizara siquiera el alistamiento de las Unidades Tácticas citadas anteriormente.

Está de más decir entonces que actualmente nuestro país carece de capacidades militares creíbles, ya que ni siquiera se privilegió el mantenimiento y fortalecimiento de las organizaciones cualitativas, pequeñas en cantidad de efectivos, pero con el potencial necesario para producir un “Efecto Militar Estratégico” (EME) por sí mismas.

Debemos tener presente, además, que los Regimientos de Infantería y Caballería tienen su razón de ser y los Ejércitos modernos necesitan disponer de un adecuado balance de las diversas Armas, Tropas Técnicas, Apoyos de Combate y Servicios Para el Apoyo de Combate, cosa que no se tuvo, ni tiene, en cuenta, cuando los políticos, salvo honrosas excepciones, planifica en materia de Defensa, y es así desde hace décadas.

En lo referente a las teorías que se pretenden aplicar en las FFAA argentinas de hoy, el RFD-99-01 “Terminología Castrense de uso en el Ejército Argentino” nos dice que la Estrategia “en un sentido general es el arte de la lucha de voluntades para resolver el conflicto” esta definición está tomada de un teórico de la estrategia francés de la postguerra; Andre Beaufre.

Se diferencia de las clásicas definiciones de estrategia, ya que en esta lo militar está subordinado a lo político. Entre las clásicas definiciones de estrategia encontramos algunas como la del Archiduque Carlos quien escribió: “Estrategia es la ciencia de la guerra, ella esboza los planes, abarca y determina la marcha de las operaciones militares. Es, en propiedad, la ciencia de los Comandantes en Jefe”.

El Mariscal Von Moltke, Von Clausewitz, Fuller, Liddel Hart, etc., como vemos, todos los teóricos mencionados, se refieren a la estrategia como privilegio del componente militar, ya que se destaca la batalla como un aspecto central de la estrategia, como su fin último. Mientras que en la definición de Baufre, hace un planteo referido a dos pasos de la estrategia, la estrategia de presión indirecta y la estrategia de presión directa.

Describe Baufre la estrategia de presión indirecta, como una acción de injerencia política una lucha total prolongada con débil intensidad militar y acciones sucesivas. En el concepto de la estrategia de presión directa encontraremos los modelos de amenaza directa, acciones sucesivas y victoria militar.

Con esta concepción de la estrategia pasa a un primer plano la acción política y a un segundo plano y subordinada a la política la acción militar. En realidad, es lo que vemos que ocurre en los teatros de operaciones en conflictos actuales, donde se aplica la denominada guerra hibrida o, incluso, la doctrina Gerasimov. Estas teorizaciones y el análisis de los conflictos donde se aplican son los que hay que tener en cuenta para la planificación de una Defensa Nacional eficaz y moderna, la organización delas FFAA y los proyectos de industria de la defensa.

Dentro del Plan estratégico nacional deberían estar coordinadas Las Fuerzas de Seguridad (FFSS) federales y las Policías provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son, junto a las Fuerzas Armadas (FFAA), Aerolíneas Argentinas, la Secretaría General de la Presidencia, FAdeA, ARSAT, INVAP, VENG y CONAE, los principales usuarios y proveedores estales de productos y servicios aeronáuticos y espaciales, con una política común en materia de requerimientos de materiales a los efectos de economizar la logística y optimizar los recursos del Estado.

Todos estos organismos están vinculados al área Defensa y a la industria para la misma y deberían tener una instancia de coordinación y planificación para consolidar los requerimientos de las FFAA conforme a los desafíos de la guerra actual y futura. La política de Defensa debería definir qué productos conviene producir en Argentina y cuáles adquirir en el extranjero, siempre fomentando la mayor participación nacional y la transferencia tecnológica.

Es indudable que existe una gran frustración entre los argentinos preocupados por la Patria y su Defensa que tiene como centro de atención el desinterés de las distintas administraciones o incluso la propensión al negociado, como en el caso del intento de realizar transacciones inmobiliarias con propiedades de las FFAA o compras desafortunadas, como el caso de los Súper Entendard Modernice, aviones vetustos que es costoso poner en vuelo o las lanchas patrulleras, sin capacidad misilisticas y que llegan desartilladas.

El excesivo vaivén dentro de las políticas de defensa, que entre marchas y contramarchas con una parálisis del pensamiento de largo plazo. Las siempre tétricas coyunturas políticas, posicionaron de manera exclusiva lo urgente por sobre lo importante y lo importante es defender la Nación, proteger sus fronteras, territorio y áreas marítimas, su espacio aéreo y sus intereses, su soberanía, independencia política y en definitiva su grandeza como Patria.

 

* Jurista USAL con especialización en derecho internacional público y derecho penal. Politólogo y asesor. Docente universitario. Aviador, piloto de aviones y helicópteros. Estudioso de la estrategia global y conflictos.

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