Archivo de la etiqueta: África

LAS CONTRADICCIONES DE LA UE EN ÁFRICA Y LAS PROPUESTAS REALISTAS DE LOS BRICS

Giancarlo Elia Valori*

Artículo publicado originalmente en Nuovo Giornale Nazionale*

 

La marginación de la Unión Europea y los países europeos en África tiene causas recientes. En este continente rico en recursos y en rápido crecimiento, las grandes potencias compiten por las oportunidades de cooperación más ventajosas.

Las relaciones entre la UE y algunos países del África mediterránea, y en consecuencia con los países del Magreb y del África subsahariana (región del Sahel), revelan complejos cambios geopolíticos y diplomáticos. ¿Cuáles son las causas fundamentales de la ruptura entre la UE y algunos países africanos? ¿Qué errores ha cometido la UE? ¿Qué impacto han tenido estos errores en sus interacciones? En el mundo actual, en rápida evolución y plagado de crisis, ¿qué ajustes geopolíticos y diplomáticos son necesarios para superar estas divisiones y revitalizar la cooperación?

Según Omar al-Bah, profesor del Centro de Diplomacia y Estudios Estratégicos de París y asesor de las Naciones Unidas y de la Unión Africana, los tres principales errores cometidos por la UE en África y su impacto en las relaciones diplomáticas y estratégicas bilaterales son: la intervención de la OTAN en Libia, apoyada por la UE; la ambigüedad de la UE en la cuestión del Sáhara; los dobles raseros de la UE; y la cuestión de las tradiciones africanas que los occidentales quieren borrar en nombre de una «modernización» de la moral.

El bombardeo de Libia por parte de la OTAN excedió el alcance de la autorización otorgada por la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (17 de marzo de 2011). Esta resolución solo preveía una zona de exclusión aérea y no autorizaba el uso de la fuerza contra Libia. Sin embargo, los países occidentales utilizaron esta autorización para afirmar ante la opinión pública internacional que la OTAN tenía un mandato de la ONU para derrocar al régimen libio, atacar a Gadafi y destruir Libia. Esto parecía apoyar a los rebeldes «prodemocráticos» que abogaban por una Libia «moderna y progresista». Sin embargo, desde 2011, Libia se encuentra sumida en una guerra civil y carece de un gobierno unificado y universalmente aceptado. En 2020, Libia seguía dividida en tres regiones distintas y mutuamente hostiles.

Esta división tripartita indica que hay tres gobiernos: a) el gobierno de unidad nacional en Trípoli, liderado por el primer ministro Abdul Hamid Dbeibah, que controla la capital y la parte occidental del país, apoyado por la comunidad internacional y Turquía; b) el gobierno de Bengasi/Este: liderado por el primer ministro Osama Hammad, apoyado por el parlamento (Cámara de Representantes) con sede en Tobruk, y controlado por el general Khalifa Haftar y su Ejército Nacional Libio; c) el Alto Consejo de Estado: un órgano consultivo con sede en Trípoli que, si bien no es un gobierno ejecutivo independiente, desempeña un papel crucial en las negociaciones políticas y se opone al parlamento en Tobruk. Además, existen zonas grises dominadas por milicias armadas: fuerzas con características terroristas intrínsecas que abogan por un estado teocrático en Libia.

Esta situación socava gravemente el proceso de reconstrucción nacional, perturba un diálogo nacional inclusivo y sostenible, obstaculiza la celebración de elecciones periódicas e impide las reformas estructurales encaminadas a promover una recuperación de alta calidad de la crisis y lograr la revitalización nacional posterior al conflicto.

El error resultante radica en que los países occidentales optaron por una vía intervencionista ideológicamente motivada y aparentemente benigna: el uso de la fuerza contra un Estado soberano en el contexto de la «Primavera Árabe», ignorando las reservas planteadas por la Unión Africana. La UA había abogado claramente por una solución pacífica a la crisis mediante mecanismos de mediación liderados por África.

El fracaso de Occidente y la UE en proponer una solución clara para la posguerra constituyó un error fundamental, que va más allá de la mera violación de los Artículos 2(3) y 4 de la Carta de las Naciones Unidas. La mayoría de las voces a favor de la intervención invocaron la llamada «responsabilidad de proteger», considerándola una herramienta para socavar tanto la soberanía de Libia como el principio de no injerencia en los asuntos internos.

De hecho, tanto a nivel macroeconómico como microeconómico, la situación de Libia bajo el gobierno de Gadafi era mucho mejor que la actual. Por otro lado, el Consejo Nacional de Transición, que asumió el poder después del Líder Supremo, nunca ha logrado aclarar el destino final de los activos financieros libios congelados y confiscados a nivel mundial. Se estima que estos activos, ubicados principalmente en Estados Unidos y la UE, tienen un valor de entre 100.000 y 160.000 millones de dólares.

El colapso de Libia también afectó negativamente al proceso de integración monetaria panafricana promovido por la UA, obstaculizando significativamente el lanzamiento de una moneda única africana (la ECO, Comunidad Económica de Estados de África Occidental), que se pospuso hasta 2027 debido a obstáculos económicos y políticos. Si bien algunas iniciativas vinculan la integración monetaria a largo plazo con la Agenda 2063 de la UA, 2027 sigue siendo el objetivo actual para África Occidental.

De hecho, la UA inicialmente dependió en gran medida del sustancial apoyo financiero de Libia para iniciar el proceso de unificación monetaria en el marco de la Zona de Libre Comercio Continental Africana (ZLCAF). La ZLCAF, el mayor acuerdo de libre comercio del mundo por número de países participantes entró en vigor el 1° de enero de 2021. Impulsada por la UA, su objetivo es crear un mercado único para 54 Estados (excluyendo a Eritrea), eliminando el 90% de los aranceles aduaneros para aumentar el comercio intraafricano, industrializar el continente y facilitar la circulación de bienes y servicios. Esto concuerda con la teoría del economista canadiense Robert Mundell sobre las zonas monetarias óptimas y su impacto positivo en la movilidad laboral, así como con la visión general de la XXXVIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la UA, celebrada en Adís Abeba en febrero de 2025.

El segundo error se refiere a la ambigua postura de la UE respecto a la República Árabe Saharaui Democrática. Fue y sigue siendo un juego estratégico basado en el supuesto equilibrio entre el Reino de Marruecos, la mencionada República Árabe Saharaui Democrática y la República Argelina Democrática y Popular.

Los cambios de postura, complejos y sutiles, son habituales en la política exterior de la UE. El 4 de octubre de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó tres sentencias que exigían a los Estados miembros garantizar el respeto de los derechos sobre los bienes y servicios originarios de la RASD al aplicar dos acuerdos comerciales firmados con el Reino de Marruecos. Ese mismo día, el Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores francés emitió una declaración reafirmando los principios fundamentales de la política exterior francesa en la región del Magreb. Francia declaró que nunca comenta las sentencias judiciales, pero reiteró que el presidente y el gobierno franceses siempre priorizan la «colaboración estratégica especial» entre Francia y Marruecos más allá de la UE.

Así pues, esta postura diplomática, paralela a las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha generado una tensión significativa entre el Estado de derecho de la UE y los intereses nacionales franceses a nivel diplomático, económico, financiero e incluso estratégico e histórico (durante la época del colonialismo directo, la actual RASD era el Sáhara español). Esta contradicción no sólo no ha logrado calmar los ánimos de las partes implicadas en la región del Magreb, sino que tampoco ha logrado aclarar sustancialmente la verdadera postura de Bruselas sobre este delicado asunto. Para fortalecer su credibilidad y coordinar sus posiciones diplomáticas y estratégicas, la UE debería haber demostrado una mayor coherencia.

Mientras tanto, la UE se encuentra atrapada entre dos principios sobre la cuestión de la RASD: por un lado, el apoyo de Argelia al derecho de autodeterminación del pueblo de la RASD; por otro, la reivindicación de soberanía de Marruecos sobre ciertos territorios de la RASD (miembro de la antigua Organización de la Unidad Africana desde 1982 y ahora miembro de la UA), basada en el principio de fronteras inviolables. Marruecos propone conceder autonomía a la región dentro de lo que Rabat define como sus «fronteras naturales», enfatizando su prioridad histórica y geográfica. La postura algo sesgada del Consejo de Seguridad de la ONU respecto al enfoque marroquí podría ofrecer a la UE la oportunidad de afinar su postura diplomática.

El tercer error se refiere a la doble moral de la UE en nombre de la democracia, el Estado de derecho, la moral, la buena gobernanza y los derechos humanos. En la mayoría de los países del Magreb y el África subsahariana, la UE, al igual que otros actores occidentales, suele enfatizar estos conceptos ideológicos para justificar su intervención en los asuntos internos de los países africanos, imponiendo sanciones o condiciones. Estos discursos suelen tener un tono condescendiente y «civilizado», con el objetivo de debilitar a los regímenes y élites desobedientes, fomentando así la creación de intermediarios y salvaguardando sus propios intereses estratégicos. Esta práctica ha suscitado críticas generalizadas sobre la doble moral de la UE en África.

A pesar de que la UE ha subrayado reiteradamente su firme compromiso con estos valores, declarando que su objetivo es defender «valores universales» como la paz, la seguridad, la estabilidad, el estado de derecho, la moralidad, el buen gobierno, la lucha contra la corrupción, los derechos humanos, etc., la brecha entre la UE y África persiste.

La división es particularmente pronunciada en la región del Sahel. Las intervenciones de seguridad de la UE y la comunidad internacional, como 1) la Fuerza de Tarea Takuba de la UE desde 2021 (un instrumento concebido por Macron para involucrar a Europa en el Sahel, donde las fuerzas francesas luchan por mantener la estabilidad en la región; cabe mencionar también que, a pesar de haberse declarado inicialmente a favor de la iniciativa francesa, no todos los once países firmantes de la declaración de adhesión han enviado unidades operativas al terreno, mientras que uno de ellos, Alemania, ha rechazado dos veces la solicitud de Francia); 2) el G5 del Sahel (un marco de cooperación intergubernamental establecido en 2014 por Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger para abordar los desafíos comunes de seguridad y desarrollo); y 3) la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí, no han logrado erradicar por completo el terrorismo y la delincuencia transnacional. Incluso con la retirada de las tropas extranjeras, estas amenazas persisten. Si bien los soldados franceses y europeos han logrado detener el avance de las fuerzas yihadistas en algunas zonas, el fracaso en alcanzar un objetivo decisivo ha exacerbado aún más los malentendidos entre Francia, la UE y la Asociación de Estados del Sahel, empujando a esta última hacia Moscú, Beijing y el sistema BRICS. Este cambio geopolítico representa un desafío diplomático extremadamente difícil para la UE y Francia.

Además, cabe destacar que el mecanismo de patrullaje antinmigrantes Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, con sede en Varsovia) de la UE y su presión diplomática y estratégica sobre los países de tránsito del Magreb y los países africanos de origen han exacerbado aún más las tensiones entre la UE y África. Las rutas marítimas del Mediterráneo y el Atlántico se han convertido en vías de entrada para la inmigración ilegal, causando miles de muertes cada año. Esto no sólo genera fricciones entre los países costeros del sur de la UE y los países de destino del norte, sino que también exacerba los conflictos con el Magreb y África en su conjunto.

Muchos africanos creen que la UE está explotando los recursos naturales de África al negarse a proporcionar canales legales para la migración africana. Al mismo tiempo, la UE se enfrenta a la presión del auge del nacionalismo de extrema derecha y antiinmigrante, que explota los cambios demográficos, los abusos de la asistencia social y la «teoría del reemplazo demográfico» para sembrar el pánico y presentar la migración como una amenaza. Esta retórica suele exagerarse en el contexto de una realidad compleja e interdependiente.

Otra falla es el discurso occidental sobre el género y sus diversas formas, que ha encontrado una fuerte resistencia por parte de los valores tradicionales, religiosos y culturales en África y el Sur Global. Esto subraya la importancia de respetar la identidad y las costumbres en las relaciones internacionales para preservar la diversidad de los países y los Estados-nación.

La UE es reconocida como un socio estratégico importante para África y viceversa. Sin embargo, las frecuentes fracturas en sus relaciones reflejan la incapacidad de la UE para adaptar su política exterior a los cambios en las élites africanas, la opinión pública y el sistema internacional multipolar. Estas fracturas geopolíticas deberían impulsar a ambas partes a replantear sus modelos de interacción multidimensional basados en el respeto mutuo.

África defiende los principios de igualdad entre los Estados, respeto a la soberanía y no injerencia en los asuntos internos, evitando la sustitución de una hegemonía por otra, manteniendo así una auténtica autonomía estratégica. De hecho, sólo preservando la no alineación, la resiliencia y la iniciativa puede África promover con mayor eficacia las agendas globales, como la reorganización del sistema económico y financiero mundial y la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU). Esto se basa en el Consenso de Ezulwini, la posición común de la UA adoptada en 2005 para la reforma del CSNU, cuyo objetivo era corregir la injusticia histórica de la falta de representación de África. Exige al menos dos puestos permanentes (con derecho a veto) y cinco no permanentes para África, dejando el resto sin cambios.

En este proceso, la UE sigue siendo un socio indispensable para África. El Magreb, el África subsahariana, la UE y otras grandes potencias tienen la responsabilidad de construir un nuevo sistema de relaciones internacionales más pacífico, ordenado, justo y mutuamente beneficioso mediante el diálogo y la confianza mutua, y de promover el establecimiento de un nuevo orden mundial no excluyente, basado no en la palabrería políticamente correcta, sino en el respeto mutuo, los intereses comunes y el derecho internacional como garantía duradera de la paz, la seguridad y la estabilidad mundiales.

Sin embargo, más allá de las bellas palabras de la UE, que representa a los países que siempre han explotado a África, son los BRICS los que están ganando credibilidad ante los ojos de los países de ese continente.

La cooperación entre los países BRICS y África se está fortaleciendo rápidamente. Egipto y Etiopía también se han convertido en miembros de pleno derecho, mientras que Nigeria y Uganda son estados asociados, y Argelia y Senegal son estados candidatos. Esto representa el auge del «Sur Global», que busca promover la multipolaridad geopolítica, la desdolarización del comercio y el desarrollo de infraestructuras, fortaleciendo así significativamente la influencia de África en el panorama político y económico internacional.

Por lo tanto, los países BRICS y la UA están conformando un modelo interconectado, centrado en plataformas de negociación multilateral para promover la descolonización económica, la cooperación energética y los acuerdos sobre monedas locales. Su objetivo común es centrarse en la reforma de las instituciones de gobernanza global y promover la representación de los países en desarrollo en los asuntos internacionales.

En materia de infraestructura y desarrollo, los países BRICS se han comprometido a apoyar al continente africano en el desarrollo de recursos y el fortalecimiento de la infraestructura. Mediante su alianza con África, los países BRICS fortalecen la solidaridad en el Sur Global y trabajan para construir un orden internacional más equitativo.

Desde la ampliación de 2024, África cuenta ahora con dos nuevos Estados miembros de pleno derecho (los ya mencionados Egipto y Etiopía): la adhesión de estos países refuerza la influencia estratégica de los BRICS en el noreste de África.

En materia de moneda digital y desdolarización, India ha propuesto discutir la integración de las monedas digitales de los bancos centrales en la cumbre BRICS de 2026 para agilizar los acuerdos comerciales entre África y otros estados miembros y reducir la dependencia del dólar estadounidense.

En términos de ejercicios militares conjuntos, el primer ejercicio Peace Will 2026, liderado por la República Popular China, se celebró en aguas frente a las costas de Sudáfrica en enero de 2026, lo que marcó un paso adelante en la cooperación en materia de seguridad.

Las principales áreas de cooperación son: financiamiento de infraestructura: el Nuevo Banco de Desarrollo continúa otorgando préstamos a los países africanos, habiendo aprobado más de 30 mil millones de dólares para proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible a partir de 2023.

En materia de agricultura y seguridad alimentaria, el objetivo de la cooperación es compartir tecnologías agrícolas para mejorar la productividad y erradicar la pobreza en el continente africano.

En materia de cooperación energética, China y Rusia están impulsando varios proyectos de gran envergadura en África, como la central nuclear de El-Dabaa en Egipto y la construcción de varias redes de energía solar.

Los países BRICS han ofrecido a África una alternativa a los sistemas dominados por Occidente, como el FMI o el Banco Mundial. Los países africanos utilizan la plataforma BRICS para promover el desarrollo del Área de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA) y buscar una mayor representación y autonomía en la gobernanza global. Esto a pesar de los clichés de la UE y las potencias occidentales, quienes, en cuanto África intenta resolver sus problemas por sí sola, intervienen para establecer zonas de influencia, explotación y división. El caso de Libia, con el que iniciamos este artículo, es un claro ejemplo.

 

* Honorable de la Academia de Ciencias del Instituto de Francia Profesor honorario de la Universidad de Beijing.

 

Artículo publicado en italiano el 27/01/2026 en Nuovo Giornale Nazionale, https://www.nuovogiornalenazionale.com/index.php/articoli-recenti/geopolitica/27420-le-contraddizioni-dellunione-europea-in-africa-e-le-proposte-fattive-e-realistiche-dei-brics.html

LA ARGENTINA NO DEBERÍA RATIFICAR EL TRATADO DE ALTA MAR

César Augusto Lerena*

Publicado en Perfil, 19 de enero de 2026

 

El “Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional” (más allá de las 200 millas), conocido como Tratado de Alta Mar o BBNJ, complementario de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar entró en vigor el pasado 17 de enero de 2026 al haberlo ratificado más de 60 países, entre los cuales no estará Argentina ―en buena hora― porque, si bien la ex Canciller Diana Mondino lo firmó el 18/06/2024, el Congreso no lo ratificó; porque ―de hacerlo― violaría la Disposición Transitoria Primera (DTP) de la Constitución Nacional, reconociendo derechos al Reino Unido para participar como Estado de Pabellón ―aunque ellos pretendan hacerlo como Estado ribereño― en la administración del Atlántico Sur, alterando la integración de los países de África occidental y América oriental, firmantes de la Zona de Paz y Cooperación en el Atlántico (Res. 41/11 ONU), además de favorecer a los isleños británicos en Malvinas con la llegada de nuestros recursos pesqueros migratorios a las aguas argentinas invadidas por el Reino Unido.

Este acuerdo es un farragoso documento de unas 70 páginas al que nos tiene acostumbrado las Naciones Unidas y, por lo tanto, su análisis pormenorizado escapa a una nota de este tipo. Sin embargo, debemos analizar la cuestión de fondo respecto a la violación de la soberanía argentina, de ratificarse Acuerdo, y algunos de sus puntos.

Reconoce el acuerdo “la necesidad de abordar, de manera coherente y cooperativa la pérdida de diversidad biológica (…) contribuir a la realización de un orden económico internacional justo y equitativo que tenga en cuenta los intereses” y, ello es puro palabrerío, cuando la CONVEMAR no ha avanzado sobre los recursos pesqueros migratorios originarios de las ZEE de los Estados ribereños en alta mar, que son depredados por los buques de las grandes potencias que pescan a distancia.

El acuerdo avanza sobre los derechos de los Estados ribereños y si bien el Art. 5° indica que no los alcanza, refiere a “los efectos potenciales en el medio marino de las actividades bajo jurisdicción o el control de un Estado”, cuestión que resulta inadmisible por la intromisión a la soberanía de los Estados ribereños.

Al constituirse “organizaciones regionales de integración económica” los Estados ceden su competencia respecto a las materias, las deben aprobarse por consenso, debilitando la autonomía argentina.

Respecto a los principios (Art. 7°) refiere al de equidad y distribución justa; al principio precautorio; al enfoque eco-sistémico y a un enfoque integrado; cuestiones que la CONVEMAR todavía no ha resuelto, como es el caso de las especies migratorias; de igual modo, cuando se refiere a la seguridad alimentaria (Art. 17°) que no puede darse, sino se tienen en cuenta estos recursos migratorios.

Al establecerse las AMP se indica que se tendrán en cuenta las opiniones de los Estados ribereños (Art. 19° h), aunque, al aprobarse se lo hace por consenso (Art. 23°) lo cual afectará particularmente a los Estados ribereños que son minoría en el Atlántico Suroccidental (Argentina, Brasil y Uruguay), perdiendo toda posibilidad de administrar los recursos, en especial los migratorios y, no admitiendo el Acuerdo reservas ni excepciones. Además de ello, las AMP son una herramienta complementaria que podría reemplazarse por vedas permanentes o transitorias y no debieran ser el eje central de una estrategia de administración para dar sostenibilidad a los recursos (son las zanjas de Alsina), sino que se requiere determinar primero la disponibilidad del recurso; las capturas máximas sostenibles y establecer en forma equitativa las cuotas o autorizaciones de captura, teniendo especialmente en cuenta, los recursos migratorios originarios de las ZEE, en los que deberían tener poder de veto los Estados ribereños.   

Por último, pese a que en el acuerdo se indica que no alcanza a la pesca (Parte II Art. 10 Aplicación, 2 a) al referirse a que “las disposiciones de la presente parte no se aplicarán a la pesca…” varias partes del Acuerdo y el Anexo I dicen todo lo contrario.

La Argentina no debe ratificar este Acuerdo y debería realizar acuerdos bilaterales con aquellos Estados que pescan en alta mar, en condiciones de equidad y mutuo beneficio.    

Pero, ya hemos dicho, ratificar este Acuerdo violaría la soberanía argentina en forma irreversible y grave (cesarlerena.com.ar “ratificar el Acuerdo de Alta Mar violaría la soberanía argentina”, 25/05/2025) porque implicaría reconocer implícitamente el control británico sobre las Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y sus espacios marítimos (1.639.900 km² invadidos por el Reino Unido) y avanzar en todo el Atlántico Sudoccidental y tener injerencia sobre asuntos de la administración de Argentina en la Zona Económica Exclusiva y promover mecanismos como Áreas Marinas Protegidas (AMP) y “organizaciones regionales de gestión” que requieren «Estados soberanos» o «ribereños» choca directamente con la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional porqué la Argentina no puede ni debe directa o indirectamente otorgarle estatus de “Estado Ribereño” al Reino Unido.

Por otra parte, una interpretación sistemática de los 72 artículos y los 2 Anexos del Acuerdo, por parte de un acreditado académico del derecho internacional público, arroja como conclusión que, entre otras consecuencias negativas «se consolidaría la ocupación fáctica e ilegal del Reino Unido sobre los archipiélagos de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich el Sur y los territorios marítimos correspondientes, teniendo en cuenta los Artículos 5º, 6º, 8º y 60º10 del Acuerdo en cuestión. Desde la adopción de la CONVEMAR, lejos de fortalecer los componentes del llamado “nuevo derecho del mar” y su delicado equilibrio de competencias, alcanzado tras varios años de intensas negociaciones, se fueron gestando mecanismos de ingeniería jurídica, constituida por los llamados “instrumentos y marcos jurídicos pertinentes y los órganos mundiales, regionales, subregionales y sectoriales competentes” y los llamados “actores interesados”; conformándose en una arquitectura de soft law (derecho blando) que fue diseñando diferentes artefactos de plasticidad jurídica y, la adopción de estos instrumentos plasma deliberadamente el funcionamiento de un esquema diseñado en favor de los países con gran capacidad en materia de biotecnología que disponen de la necesaria infraestructura, conocimiento y recursos, en perjuicio de los países en desarrollo ricos en biodiversidad».

Y Continúa «Del análisis del Acuerdo se podría cristalizar la existencia de un grupo de Estados que se encargó de modificar las reglas del manejo de los recursos naturales del mar desde modelos de soft law a lo largo de los años que consolidan la ocupación fáctica de áreas en disputa conforme a sus intereses» y, el acuerdo «establece implementar una “mayor cooperación” para asegurar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional (Art. 2º).

Y agrega: «Respecto del alcance operativo sobre la base de la arquitectura jurídica, el acuerdo establece una serie de institutos y mecanismos a los que se le reconocen importantes facultades, mientras que los Estados Parte no logran obviar la generación de fenómenos jurídicos especiales, como es el caso de la configuración de la “situación objetiva” que entraña explícita o implícitamente el reconocimiento de riberaneidad en áreas ocupadas o en disputa por el Reino Unido, aunque ello ocurra en el entendimiento de que no habrá posibilidades de efectuar reclamos de soberanía y no se considerarán las disputas, el reconocimiento efectuado por los Estados Parte en el proceso de formulación y evaluación de propuestas, así como en las evaluaciones de impacto ambiental, entre otros desarrollos normativos, instala un vínculo normativo entre los Estados involucrados y el Estado ribereño. Tal vínculo tiene carácter autónomo y persistiría aún en el caso de que una propuesta en cuestión no prosperase o incluso en la hipótesis de que el propio Acuerdo perdiera vigencia. En consecuencia, todo el sistema de gestión de los recursos fuera de la jurisdicción nacional cristalizará la situación actual mediante el reconocimiento del status quo vigente en términos fácticos representando una amenaza concreta de impacto sensible en la Cuestión Malvinas, pues conllevaría un reconocimiento de la riberaneidad del Reino Unido en las áreas ocupadas y/o en disputa ante toda acción que se proyecten los ocupantes ilegales de las islas, mediante las herramientas que ofrece el propio Acuerdo».

Para finalmente precisar «En términos simples, desde que los órganos del Acuerdo no interferirán en disputas de soberanía, cada medida que el Reino Unido tome en un área argentina ocupada en forma prepotente, no podrá ser cuestionada por nuestro país y podría resultar admitida por otras Partes en el Acuerdo, en abierta incompatibilidad con la DTP de la Constitución Nacional Argentina».

El acuerdo promueve organizaciones regionales formadas por «Estados soberanos» que han cedido sus competencias. Esto, podría legitimar al Reino Unido como Estado ribereño en el Atlántico Suroccidental, permitiendo una mayor penetración británica, quien obtendría más licencias pesqueras ilegales en Malvinas y consolidaría la política británica de establecer en los archipiélagos de ultramar que controla un “Cinturón Azul” (“Blue belt”) de protección, que pretendería repetir en Malvinas, cuándo ONG norteamericanas (Ej. WCS) y hasta diputados nacionales promovieron un Área de Protección Bentónica en el llamado “Agujero Azul” formando parte del referido cinturón, pudiendo causar un grave perjuicio a la flota pesquera argentina, beneficiando los intereses ilegales de la Corona Británica en Malvinas.

Desde el punto de vista ambiental, para el manejo de la Argentina de este “Agujero Azul” solo bastaría con el dictado de una Resolución del Consejo Federal Pesquero para controlar las capturas con redes de fondo en la plataforma continental argentina por parte de las fuerzas navales argentinas y no un AMP.  

Si alguien cree que la pesca ilegal en alta mar se resolverá con este acuerdo no conoce la política de los países que pescan a distancia que, también acordaron eliminar los subsidios a la pesca en la Organización Mundial de Comercio (OMC) y no lo hacen. No se trata sólo de una cuestión biológica sino eminentemente económica. Antes de este Acuerdo, debería resolverse el control de origen de los buques que pescan fuera de la jurisdicción; establecer las capturas máximas sostenibles para determinar la potencialidad y sostenibilidad de los recursos y, regular la pesca de los recursos migratorios de los Estados ribereños en alta mar.

El Poder Ejecutivo Nacional no ha enviado al Congreso para su ratificación el Acuerdo (Art. 75° inc. 22 de la C.N.) y en ello han coincidido los gobiernos de Fernández y Milei, seguramente, por la presión que han ejercido expertos, políticos, pescadores y legisladores que demostraron el daño de su ratificación.

Algunas ONG ambientalistas como WCS, WWF, Oceana y el Círculo de Políticas Ambientales han apoyado la ratificación del acuerdo sin precisar con rigor los fundamentos ambientales ni referirse a las implicancias de la presencia del Reino Unido en el Atlántico Sur. Las tres primeras recibirían aportes de organizaciones de terceros países (Estados Unidos y el Reino Unido, entre otros) y la tercera, de escasa antigüedad, integrada mayoritariamente por miembros de ex Greenpeace, sus directivos y coordinadores recibirían un sueldo cuyo origen se desconoce. En cualquier caso, es frecuente que muchas ONG sostengan cuestiones ambientales sin evaluar el contexto político, las cuestiones económicas que dan sostén a los pueblos y las políticas de Estado. A nuestro juicio los fondos de terceros países u organizaciones deberían redirigirse a Agencias Públicas o semipúblicas de modo que la estrategia ambiental esté en manos del Estado y no en organizaciones privadas que pueden no tener un interés amplio e incluso intereses contrarios a los nacionales según la fuente de financiación que reciban las ONG. Este podría ser el caso, con gran parte del Atlántico Suroccidental invadido por el Reino Unido, donde se podría poner “el caballo atrás del carro”: no hay medio ambiente a preservar si no hay soberanía.

Además, y muy importante, hay autores que entienden que “el BBNJ podría confrontar con el Tratado Antártico, donde Argentina mantiene sus reclamos suspendidos. Al tratar la Antártida como «alta mar» internacional, podría diluir soberanías latentes, favoreciendo a potencias como el Reino Unido”.

Pese a que Argentina no ha ratificado el acuerdo, la falta de políticas del gobierno nacional llevaron a que Brasil y Uruguay lo ratificasen, lo cual debilita la posición de un bloque monolítico en el Atlántico Sur. Por otra parte, Estados Unidos y el Reino Unido no lo ratificaron e Israel ni siquiera lo firmó, lo que hace suponer que Milei tampoco lo ratificará, por su reconocido acompañamiento a las políticas norteamericanas, entre otras, el reciente retiro de organismos multilaterales que debilitarán a las Naciones Unidas y, es probable, que esta incongruencia de la política internacional por primera vez nos sea útil.

Con alguno de los fundamentos precedentes y otros, el ex Presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y actual Concejal de Mar del Plata Gustavo Pulti consideró improcedente la firma de este acuerdo por el parte del Poder Ejecutivo Nacional y exhortó al Congreso de la Nación para que en uso de sus facultades constitucionales establecidas en el Artículo 75º inc. 22 de la Constitución Nacional proceda a desechar el Acuerdo (Expte. D-2193/24-25), por considerar que se violaría en forma irreversible y grave la soberanía argentina en relación con las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur, los demás archipiélagos y las aguas correspondientes, en manifiesta incompatibilidad con la DTP de la Constitución Nacional. Posición que acompañamos.

La Soberanía de la Nación no puede estar en manos exclusivas de técnicos y/o militares, sino que debe resguardarse mediante acciones políticas, económicas, militares, sociales y ambientales; con especialistas con profundo compromiso por el interés nacional, que tengan en cuenta el interés supremo de la Nación, muy particularmente su integridad territorial -por la que dieron la vida nuestros héroes- considerada una política de Estado en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional a la que deben subordinarse todas acciones de administración del Estado.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana. cesarlerena.com.ar.

EL ORDEN INTERNACIONAL DE AYER, LA DISRUPCIÓN DE HOY Y LOS HÁBITOS DE SIEMPRE

Alberto Hutschenreuter*

Imagen de Vicki Hamilton (flutie8211) en Pixabay

 

El final de un año siempre resulta pertinente para realizar un balance o «verificación» estratégica internacional y mundial que nos sea de utilidad para contar con un estado de situación a partir del cual se puedan considerar escenarios.

Hace tiempo que los hechos internacionales implican un verdadero reto para los analistas y tomadores de decisiones, y ello, en buena medida, se debe a la inexistencia de una configuración u orden internacional.

Un orden internacional supone un acuerdo mayor establecido y respetado por los actores «que cuentan», el que, además, debe fundarse (sobre todo hoy) en el reconocimiento de los enfoques sobre orden internacional de los diferentes actores. Esto último implica una «novedad», pues hasta el presente los órdenes internacionales conocidos han sido creados o surgidos en Occidente (de allí que el «modelo Westfalia» resulte insuficiente o limitado como pauta para pensar un orden internacional).

Los últimos tres órdenes internacionales no siguieron tanto aquella definición, pues la configuración bipolar predominante entre 1945 y principios de los años noventa se basó en el resultado de la Segunda Guerra Mundial, cuando el poder se fue de Europa para concentrarse en los polos estadounidense y soviético.

El segundo orden, el de la globalización, entre principios de los noventa, surgió como consecuencia de la predominancia del modelo económico neoamericano, que fue el que determinó el espíritu, contenido y ejercicio de la globalización.

El régimen de aquella globalización supuso no sólo una forma suave de ejercicio de poder, sino un cambio en el uso de sus instrumentos, los que se basaron en propuestas y activos geoeconómicos más que geopolíticos (de hecho, en el actor que impulsó la globalización, Estados Unidos, el nervio más importante del gobierno se ubicó en la Secretaría de Comercio).  

El tercer orden o régimen internacional tampoco se basó en pacto alguno, pues fue resultado del ataque perpetrado por el terrorismo transnacional a los Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001. A partir de entonces, la hegemonía militar norteamericana prácticamente identificó el sistema internacional con la seguridad y los intereses de la potencia.

En 2008 arrasó la crisis financiera, considerándose los esfuerzos para salir de ella como la última vez que hubo una genuina cooperación internacional. Desde entonces, no sólo no hubo orden internacional, sino que se afianzó un desorden internacional confrontativo o disruptivo, pues los actores con capacidades para configurar un orden fueron rivalizando cada vez más, como China y Estados Unidos, e incluso a partir de la denominada «Operación Militar Especial» rusa en Ucrania en febrero de 2022, Rusia y Occidente se encontraron en una situación de tensión creciente o de «no guerra» que persiste hasta hoy.

Antes de la Segunda Guerra Mundial también hubo órdenes internacionales: mientras la pactada configuración interestatal posnapoleónica se propuso evitar el surgimiento de un nuevo desafío al sistema de monarquías europeas y fue exitoso hasta la segunda mitad de siglo, el orden de Versalles u «orden de los vencedores», tras la Primera Guerra Mundial, se consagró con el fin de conseguir la paz por medio de una organización internacional basada en el mecanismo de seguridad colectiva, obteniéndose resultados favorables hasta casi fines de los años veinte, para volverse cada vez más irrelevante en la década siguiente.

Por tanto, un orden no asegura la concordia ni la paz (un concepto abstracto) entre los Estados, sin duda, pero hasta hoy se ha revelado como el único modo que permite sofrenar las consecuencias de la situación de anarquía que existe entre los Estados, la gran «tragedia de los grandes poderes políticos», según el experto estadounidense John Mearsheimer.

Si es posible hallar alguna definición que sintetice el estado actual del mundo, no estaríamos muy equivocados en sostener lo siguiente: el poder, la geopolítica y el interés nacional arriba, el comercio en el centro y el multilateralismo abajo.

En tiempos de orden, no cambiaría mucho esa ecuación, pero la existencia de un pacto «honroso» entre los poderes mayores proporcionaría previsibilidad (por caso, en materia de armas de exterminio masivo), se amortiguarían los conflictos entre poderes intermedios, el comercio fluiría acusando menos el impacto de los riesgos geopolíticos y el multilateralismo o sistema de instituciones internacionales contaría con mayor margen para realizar misiones habituales y fortalecerse, es decir, ser más proactivo, frente a «nuevos retos» como los brotes epidémicos.

Esto último es muy importante, pues las enfermedades infecciosas no son algo nuevo; pero la globalización, la conectividad y el «achicamiento» del mundo las han convertido en un fenómeno nuevo en relación con el alcance de sus secuelas multidimensionales.

Aquí nos encontramos con solo una de las razones que llevan a lo que el especialista Fareed Zakaria denomina un «trilema» internacional y mundial: el mundo actual es abierto, rápido pero inestable. Es decir, en casi todos los segmentos muy difícilmente se pueden lograr simultáneamente las tres cualidades: apertura, velocidad y seguridad.

Ello no deja de ser una preocupante curiosidad estratégica en el desorden internacional disruptivo de hoy, pues podemos acaso llegar a comprender que las armas nucleares impliquen un riesgo mayor porque hay rivalidad o competencia interestatal en liza, «políticas como de costumbre» diría Stanley Hoffmann. Pero en el caso de las enfermedades virales, descartando el hecho relativo con una diseminación deliberada de virus, se trata de un reto que no llega a ser suficiente para impulsar un nuevo sistema de valores asociados con la cooperación internacional.

En el mundo actual, el poder, la geopolítica y la primacía de los intereses nacionales son tan categóricos que (en no pocos casos) relativizan el principio de la incertidumbre en las relaciones internacionales, por ejemplo, cuando el mandatario estadounidense se refiere, aduciendo cuestiones de seguridad, a la necesidad de que Groenlandia y el Canal de Panamá pasen a ser parte de la soberanía estadounidense. Tampoco se preocupa en ocultar sus propósitos geopolíticos Rusia cuando advierte que «Ucrania no existe». Asimismo, China en relación con Taiwán. Israel sobre los territorios palestinos. Cuestiones en África… En fin, casos que van más allá de la misma soberanía poswestfaliana a la que se refirió Stephen Krasner.

Aquí resultan pertinentes algunos enfoques sobre temas internacionales que, como la guerra y la geopolítica, entre otros, se consideraban perimidos en el mundo conectado, pospatriótico y tecnopolar del siglo XXI: las esferas de influencia y las conquistas territoriales, conceptos de profunda naturaleza geopolítica.

En efecto (y aunque pueda parecer repetitivo), cuando el presidente Trump advierte sobre la necesidad de que aquellos territorios sean parte de la soberanía estadounidense, o cuando moviliza capacidades navales y de inteligencia en el Caribe para presionar al régimen de Venezuela, lo hace porque no tiene la menor duda sobre la soberanía limitada que tienen los actores ubicados en zonas geopolíticas selectivas, es decir, plazas del mundo en las que los actores situados allí son independientes mientras sostengan una diplomacia de deferencia frente al actor mayor regional o continental. (Es oportuno aclarar que la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, de diciembre de 2025, señala a América Latina como «área de prioridad estratégica», al tiempo que remarca la necesidad de fortalecer la hegemonía estadounidense y contrarrestar la influencia de actores extra-hemisféricos).

En cuanto a las conquistas territoriales, siendo las políticas de primacía del interés nacional y el declive de la norma internacional fuertes características del estado actual de disrupción internacional, no resulta extraño que hayan surgido debates relativos con el «regreso de la conquista territorial». Más allá del caso de Ucrania, que fue lo más rústico, aunque no es el único en relación con capturas territoriales por parte de los Estados, la especialista Tanisha Fazal lo plantea de esta manera: «Si la conquista territorial vuelve a ser un tema de debate, será menos probable que los Estados respeten otros elementos de la soberanía, como los derechos marítimos. Cuando los pequeños Estados insulares reclaman derechos de pesca y minería en zonas económicas exclusivas, otros países de la región podrían simplemente ignorar sus reclamaciones. El poder ignorará el derecho».

Por su parte, por demás interesante resulta la reflexión del experto Paul Poast cuando sostiene que «Los humanos vivimos en un planeta finito en tierra y espacio, e históricamente el medio más eficaz para controlar ese espacio o expulsar a otros de él es la amenaza y, de ser necesario, el uso de la violencia. Esto no significa que todas las guerras se deban a la necesidad de mantener y controlar territorio. Pero centrarse en la competencia por el territorio puede explicar en gran medida la persistencia de la guerra».

La relación entre intereses políticos y territorios con fines asociados al incremento de poder resultan categóricos cuando observamos que en las guerras y tensiones que tienen lugar hoy en las grandes placas geopolíticas del mundo, esto es, Europa del este, Oriente Medio, Asia del sur y el arco que se extiende desde este último sitio  hasta el norte de Asia-Pacífico, el tema territorial es, en buena medida, determinante. Incluso la tensión entre China y Estados Unidos está atravesada por esa variable, pues, más allá de las expansiones de Pekín hacia dentro del continente (a través de la Iniciativa de la Ruta y la Franja) y hacia el mar y zonas costeras en el Índico y África, la contención estadounidense sobre China abarca múltiples dimensiones, desde la estratégica-militar hasta la económica, pasando por la tecnológica o war-chip.

En este contexto, el comercio internacional no deja de ser un dato esperanzador, pues en tiempos de ausencia de orden internacional y declive del derecho internacional, el comercio mismo funge como un «orden internacional sustituto». Y lo es aún bajo el impacto del arancelismo o guerra comercial, más otros impactos o riesgos sobre este «bien público internacional».

En suma, no sucede que están de regreso el poder, la guerra, la geopolítica el ascenso de nuevos poderes, entre los principales «hábitos» o «conocidos de siempre» en la política internacional. Siempre han estado allí. Sucede, para decirlo de nuevo, que su preponderancia y riesgo se multiplican al no existir una configuración internacional.

Aunque algunos de esos componentes o regularidades de la política pueden modificar su naturaleza, siempre permanecen. Considerando la cantidad de cuestiones que tienen lugar en la política internacional, hay quienes advierten que la próxima década del cuarenta podría ser una década estratégica de hostilidad mayor, pues para entonces la mayoría de esas cuestiones, por caso, crisis climáticas, tensiones interestatales mayores, entre otras, alcanzarían sus puntos de saturación. En otros términos, un desenlace trágico de la situación de disrupción actual.

Pero más allá de ello, hay que decir que los hábitos o regularidades de siempre en la política internacional y mundial son acompañadas por sucesos que no tienen precedentes, y que implican un posible punto de inflexión o de escala en la historia de la humanidad.

Nos referimos a todo lo que viene ocurriendo en materia tecnológica, particularmente en el segmento de la inteligencia artificial. En otros momentos de adelantos tecnológicos, como los que sucedieron en la segunda mitad del siglo XVIII o hacia fines del siglo XIX, los mismos eran acompañados o estaban fundados a partir de marcos filosóficos (la Ilustración, el empirismo, el utilitarismo, el positivismo) que terminaban por fortalecer un clima esperanzador en buena parte de la humanidad. Sin embargo, a pesar de lo extraordinario de los adelantos tecnológicos que vienen teniendo lugar desde los años noventa, hoy no nos encontramos ante un clima resplandeciente ni ha surgido ningún sistema de ideas o filosofía que promueva optimismo frente al porvenir.

Sin duda que la disrupción internacional y mundial extensa lo impiden, pero también es cierto que los rápidos adelantos tecnológicos no llegan a generar confianza. Por un lado, el modelo actual de poder predominante implica que los polos mayores concentran y concentrarán activos tecnológicos mucho más de lo dedicado a la cooperación internacional, como de hecho podemos apreciar en la rivalidad entre Estados Unidos y China. Pero, por otro lado, la aproximación hacia una estación «poshumana» tiende a ser percibida más como admonición que como un alivio o recurso favorable mayor para el hombre.

Las crecientes advertencias que vienen haciendo autorizados expertos sobre las consecuencias deletéreas en materia de IA no se refieren mayormente al segmento estratégico-militar, que es donde se tiende a pensarlas y donde existen realidades y proyecciones o escenarios notables, sino a campos como el de la salud, del aprendizaje, entre otros.

Por caso, Daron Acemoglu, último premio Nobel de economía, advirtió a principios de 2025 que «Debido a su profundo potencial, la IA también representa una de las amenazas más graves que la humanidad ha enfrentado jamás. El riesgo no es solo (ni siquiera principalmente) que máquinas superinteligentes algún día nos dominen: es que la IA socavará nuestra capacidad de aprender, experimentar, compartir conocimientos y extraer significado de nuestras actividades. La IA nos debilitará enormemente si elimina constantemente tareas y trabajos, centraliza excesivamente la información y desalienta la investigación humana y el aprendizaje experiencial, empodera a unas pocas empresas para que controlen nuestras vidas y crea una sociedad de dos niveles con enormes desigualdades y diferencias de estatus. Incluso podría destruir la democracia y la civilización humana tal como la conocemos. Temo que ésta sea la dirección en la que nos dirigimos».

La propia IA considera que «[…] nos enfrentamos al reto de escoger entre un futuro de posibilidades sin parangón o uno de peligros inimaginables. El destino de la humanidad pende de un hilo y las decisiones que tomemos en los próximos años y décadas determinarán si estamos a la altura de estas tecnologías o si, en cambio, somos víctimas de sus peligros».

En conclusión, no hay orden en las relaciones internacionales del siglo XXI. Los últimos órdenes tuvieron lugar hace tiempo y no fueron resultado de pactos. Esto nos lleva a preguntarnos si es posible que pueda configurarse el mundo en los próximos tiempos. No solo hacen falta liderazgos de escala para ello, sino disposición para reconocer concepciones diferentes de orden internacional.

La situación de disrupción actual no solo se debe a que el lugar de un orden internacional ha sido ocupado por políticas basadas en el poder e interés nacional ante todo, sino a que los poderes mayores se hallan enfrentados entre sí, incluso en estado de «no guerra» entre algunos de ellos, OTAN-Rusia, concretamente.

Este contexto difumina la posibilidad de existencia de una «cultura estratégica» entre «los que cuentan», un activo o «bien estratégico mundial» que reduce el margen de incertidumbre de intenciones entre aquellos y torna menos inseguros segmentos como el las armas nucleares, pues garantiza lo que se conoce (irónicamente) como MAD (la «Mutua Destrucción Asegurada»).

En este desorden o estado de disrupción, los hábitos protohistóricos de las relaciones internacionales prueban prácticamente a diario su fuerte condición de «regularidades», al tiempo que se extienden a las nuevas temáticas que sin duda dominarán el siglo: las tecnologías mayores, segmento que hasta el momento no encuentra la necesaria contención internacional que relativamente limite su utilización en clave de poder y predominancia.

 

* Miembro de la SAEEG. Su último libro, recientemente publicado, se titula La Geopolítica nunca se fue, Editorial Almaluz, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2025.

 

Bibliografía

Bruno Tertrais. La guerra de los mundos. El retorno de la geopolítica y el choque de los imperios. Madrid: Oberon, 2024.

Alberto Hutschenreuter. La geopolítica nunca se fue. Los grandes acontecimientos mundiales en clave política, territorial y de poder. Buenos Aires: Almaluz, 2025.

Alberto Hutschenreuter. «Geopolítica y posgeopolítica en el mundo del siglo XXI». Global Overview Magazine, diciembre de 2025, https://www.globaloverviewmagazine.com/2025/12/geopolitica-y-posgeopolitica-en-el.html

Yan Xuetong, Fang Yuanyuang. The Essence of Interstate Leadership. Bristol University Press, 2024.

Tanisha M. Fazal. «Conquest is Back», Foreign Affairs, March 21, 2025.

Paul Poast. «As Long as there is Territory to Fight Over, War will be with As». World Politics Review, December 20, 2024, https://www.worldpoliticsreview.com/war-conflict-territory/

Federico Tobar. «En medicina, el futuro llegó como vos no lo esperabas»,  https://www.linkedin.com/pulse/en-medicina-el-futuro-lleg%C3%B3-como-vos-lo-esperabas-federico-tobar-2n2he/

Daron Acemoglu. «Will We Squander the AI Opportunity?» Proyect Syndicate, Feb 19, 2025, https://www.project-syndicate.org/commentary/ai-on-a-socially-harmful-path-by-daron-acemoglu-2025-02

Mustafa Suleyma., La ola que viene. Tecnología, poder y el gran dilema del siglo XXI. Buenos Aires: Debate, 2025.

 

©2025-saeeg®