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Fuerzas Armadas: Cambiemos continúa con la política Kirchnerista de destrucción de la Defensa Nacional

15 marzo, 2017 Marcelo Javier de los Reyes Deja un comentario

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Marcelo Javier de los Reyes*

El 11 de enero de 2008, Edgardo Aguilera, periodista del diario Ámbito Financiero publicó una nota titulada “Caja militar financiará plan de viviendas a De Vido” en la que informaba que el contador Lorenzo Manuel Donohoe, quien reemplazaba al brigadier mayor retirado Francisco Serrat como titular del Instituto de Ayuda Financiera (IAF) —la caja de jubilación del personal militar—, quien había asumido ese cargo a principios de enero, había realizado una presentación ante el directorio del organismo previsional (tres altos oficiales retirados), en la que reiteró el anuncio formulado previamente por la entonces ministro de Defensa Nilda Garré: “la decisión de firmar un convenio con el ministerio que maneja Julio De Vido para la inclusión de los militares en el Plan Federal de Viviendas Sociales”[1].

La resolución de su designación recibió el carácter de “Muy Urgente”, afirma el periodista, “como si se tratase de información2 vital”[2]. Al parecer, el área de jurídicos del ministerio de Defensa conocían las numerosas medidas cautelares presentadas en la Justicia por uniformados para revertir la modificación de la conducción del organismo financiero”[3].

Al igual que Garré, Donohoe provenía del FREPASO y se había sumado al kirchnerismo como tantos otros miembros de ese partido que, oportunamente, habían integrado el gobierno de la Alianza durante la presidencia de Fernando De la Rúa. Durante ese gobierno fue vicepresidente del Banco de la Nación y hasta el momento de asumir al IAF formaba parte del directorio de la Empresa de Cargas Aéreas del Atlántico Sur (Edcadassa), la concesionaria estatal de los depósitos fiscales aeroportuarios. Hasta abril de 2012 se desempeñó como presidente del frente del IAF hasta que Nilda Garré —a la sazón ministro de Seguridad— lo nombró al frente de la Jefatura de Gabinete de Asesores del Ministerio de Seguridad, en reemplazo de su hermano, Raúl Garré, desplazado durante la rebelión en Gendarmería y Prefectura[4]. La nueva designación de Donohoe se hizo a través del decreto 2055/2012, cargo que desempeñó hasta que Cristina Kirchner aceptó su dimisión en junio de 2013, cuando Garré fue reemplazada por Arturo Puricelli[5].

Según el periodista de Ámbito Financiero, el nombramiento de Donohoe como presidente del IAF tenía por propósito “quitar por decreto el control de la caja jubilatoria a los militares, transferirlo a la órbita política y disponer de esos recursos para la obra pública”[6]. Por ese entonces, el IAF debía enfrentar numerosos juicios entablados por retirados, como consecuencia de la política de otorgar aumentos a los militares en actividad en forma de suplementos no remunerativos sin reconocerles esa proporción a los pasivos.

Por su parte, Lorenzo M. Donohoe cuatro años después hizo su descargo en una nota de su autoría publicada en diario oficialista Página12[7].

Un nuevo artículo de Eduardo Aguilera

El día 9 de marzo de 2017 el periodista publicó un nuevo artículo en el diario Ámbito Financiero en el que hizo mención a una reunión llevada a cabo el día 6 de marzo, a las 14.30[8], en la que el titular del Estado Mayor Conjunto (EMC), teniente general Bari del Valle Sosa expuso el modelo de instrumento militar para los próximos años en una reunión de la que participaron el Secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana, el Subjefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui, el Secretario de Servicios Financieros, Leandro Cuccioli, los Senadores Federico Pinedo y Ernesto Martínez, la subsecretaria de Asuntos Globales de la Jefatura de Gabinete, Paola Di Chiaro, el ministro de Defensa Julio Martínez y los secretarios de Estrategia y Asuntos Militares, Ángel Tello, de Logística, Walter Ceballos y de Ciencia, Técnica y Producción, el arquitecto Héctor Lostri —cuestionado funcionario que ocupó cargos durante la gestión de Macri en la Ciudad, acusado de ser un “operador de negocios inmobiliarios”, de haberse beneficiado de ellos como miembro del gobierno porteño, de negocios incompatibles con la función pública[9]—, además de los coroneles (R) Hugo Pierri, Subsecretario de Planeamiento Estratégico y Política Militar, y Jorge García Mantel, Director de Planeamiento. Con respecto al arquitecto Lostri también fue responsable del despido masivo de personal de Fabricaciones Militares, con el pretexto de que en esa empresa dependiente del ministerio de Defensa “habría funcionado un centro de propaganda kirchnerista”[10]. Además de las numerosas denuncias penales que pesaban sobre Lostri por incompatibilidad de la función pública, en 2013 fue denunciado por incumplimiento en los deberes de funcionario público tras consentir la demolición de un edificio histórico en la avenida San Juan 2820, según denunciaron legisladores de Proyecto Sur[11].

Según Aguilera, en su exposición, el titular del EMC informó que quiere tomar el control de las tres Fuerzas Armadas en materia de recursos económicos, concentrar en el EMC, qué y cómo se compra desde los equipos mayores hasta los insumos de funcionamiento y el mando operativo[12]. En su artículo, el periodista agregó que el presidente Mauricio Macri habría expresado en la reunión: “Suscribo a todo, hay que unificar y reducir gastos, acostúmbrense a que no hay plata”. Del mismo modo, dispuso hacer un estudio a través de una consultoría externa para examinar en detalle la estructura del gasto en las Fuerzas Armadas y plantear un modelo de sistema de defensa de largo plazo.

El general Sosa, como un ejemplo del mal gasto de dinero, se refirió a que cada una de las tres fuerzas tiene su propio comando antártico y que “hay que dejar uno solo, en el Estado Mayor Conjunto”. Llevaba a la exposición otro ejemplo que no mencionó y que se reducía a preguntar “para qué quiere la Fuerza Aérea 5 aeródromos en Buenos Aires (Morón, Moreno, Quilmes, El Palomar, Aeroparque)”[13]. Luego se refirió a los recursos humanos y a qué formato (número y escalonamiento jerárquico) deben tener las fuerzas. En función de ello, planteó una estructura “piramidal” con pocos militares en los grados superiores y más en las inferiores y soldados a diferencia de la “romboidal” que prevaleció durante el gobierno de los Kirchner, es decir, una estructura que tenía muchos jerarquizados en la cúpula.

Cabe destacar que el gasto en el ámbito de Defensa se mantiene en una proporción histórica del 85% para salarios y un 15% en funcionamiento operativo, proporción que se modificará hacia un 65% en sueldos y 35% en actividad operativa, la cual habría sido suscrita por el presidente Macri. Para ello se deberá cumplir con los retiros y expulsar a cientos de contratados que subsisten en distintas capas, incluso en los organismos de inteligencia. El artículo hace referencia al malestar existente en el Personal Civil de Inteligencia (PCI) del Ejército porque no perciben sus haberes en término, sino con 15 días de retraso. A esos efectos, cabe mencionar que el Congreso votó y aprobó “0” (cero) en la asignación para el inciso 1.1 haberes de los agentes civiles del Ejército, medida que dejó sin sueldo al personal de planta del organismo. Esta situación podría ser salvada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) pero el general Sosa no habría avanzado en esa propuesta al presidente de la Nación.

Según el autor del artículo, la tensión se habría incrementado cuando el coronel Gustavo Bianco habría exigido el cumplimiento estricto de horarios bajo amenaza de apercibimientos, recibiendo como respuesta “primero pague a tiempo”.

Una propuesta que fue bien recibida fue la de enajenar propiedades ubicadas en zonas bien cotizadas y la aplicación de utilidades a la operatividad. A esos efectos se identificó un edificio en Puerto Madero donde en la actualidad funciona la Dirección General de Ciberdefensa, que sería trasladará a las oficinas del ministerio sitas en la avenida Cabildo, donde funciona la sede de Fabricaciones Militares. También se contempla mudar el Servicio de Hidrografía Naval a las instalaciones del Instituto Geográfico Militar y su edificio, sito en la avenida Montes de Oca se venderá. Lo mismo sucedería con otros inmuebles del Ejército en la calle Clay y otro en Báez, del barrio Las Cañitas, y con el predio del Regimiento de Infantería I “Patricios” que está alquilado a la cadena de hipermercado Jumbo.

También en marzo se difundió el documento denominado “Detalle de Reducción del Gasto en la Jurisdicción Defensa. Contribución de la Jurisdicción Defensa al Esfuerzo Fiscal. Marzo 2017”, en el que se mencionan las siguientes reducciones:

Interrupción del proyecto de remotorización de Pucará: $ 3.833 millones.
Racionalización del plan anual de comisiones al exterior: $ 400 millones.
Modificación de los coeficientes por cambio de destino: $ 381,8 millones.
Repliegue de 1.800 efectivos desplegados en el marco del operativo “Escudo Norte”: $ 160 millones.
TOTAL DEL RECORTE: $ 4.615 millones.

El documento menciona minuciosamente la enajenación de infraestructura e inmuebles, incluyendo una propiedad del ministerio de Defensa en Washington DC por valor de US$ 1.700.000.

Del mismo modo, entre otras reducciones se contempla:

suspender las obras de mantenimiento y recuperación del Dique 2, limitando el mantenimiento y carenado de los buques de la Flota de Mar;
el traslado de la VII Brigada Aérea, concentrando los escuadrones operativos de helicópteros y fuerzas especiales, actualmente alojados en la Base Mariano Moreno, —VII Brigada Aérea— en la Base Aérea Morón a fin de reducir unidades en el área metropolitana y racionalizar el gasto;
se desafectará la partida presupuestaria prevista para la fabricación del Sistema Radar RP3DLA II (Radar Primario Argentino 3D);
se suspenderán las tareas de reparación del Submarino “ARA Santa Cruz”, previéndose su finalización en 2023;
repliegue del Sistema de Radares RASIT, es decir, se retirará del “Operativo Fronteras” el sistema de radares de vigilancia terrestre para detección de blancos pequeños móviles;
se desprogramará el 60% (90 unidades) de los vehículos de combate M113 del Ejército Argentino
reducción del personal de oficiales (incremento de bajas y retiros de un 102% con respecto a 2015);
reducción del personal de suboficiales (incremento de bajas y retiros de un 130% con respecto a 2015);
reducción de personal en FADEA (Fábrica Argentina de Aviones) y en Tandanor;
racionalización en LADE (Líneas Aéreas del Estado);
discontinuar la ejecución de las etapas programadas por la gestión anterior para la instalación de la línea de ensamble de vagones en la Fábrica Militar Río Tercero;
no se ejecutará la actualización tecnológica de las condiciones de servicios y almacenamiento de servicios y almacenamiento de materias primas y polvorines ni se realizará la adecuación de instalaciones e infraestructura de la Fábrica Militar Azul;
no se ejecutará la modernización de la planta de pólvoras monobásicas de la Fábrica Militar Villa María;
se cancelarán los proyectos de boogies ferroviarios y de hexacópteros en el CITEDEF (Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa);
se cancelará el Proyecto CALIV 105 en el CITEDEF (proyecto para un cañón de artillería de campaña calibre 105 mm remolcado, aero y helitransportable, diseñado bajo los requerimientos del Ejército Argentino);
no se convocará a proyectos de investigación y desarrollo en CITEDEF ni al Programa de Investigación y Desarrollo para la Defensa (PIDDEF):
no se ejecutará la obra de puesta en valor y acondicionamiento de la Sede Costanera del Servicio de Hidrografía Naval;
no se ejecutarán las obras de mantenimiento del Buque Hidrográfico “Comodoro Rivadavia”;
no se ejecutará el contrato con INVAP por la modernización de los radares transportables (TPS 43);
se discontinuarán los vuelos de relevamiento del Instituto Geográfico Militar.

Malestar en el personal de las Fuerzas Armadas

Con respecto al personal de las Fuerzas Armadas, pudo saberse que miembros de las mismas habían escrutado el mensaje del Presidente Macri en oportunidad de la 135ª apertura de Sesiones del Congreso Nacional. A partir de ello se determinó que, en aproximadamente 5.174 palabras, en ningún momento mencionó las palabras “Defensa”, “militar”, “Fuerzas Armadas”, “Ejército”, “Armada”, “Fuerza Aérea” y cuando se refirió al término “equipamiento” lo hizo con respecto a las fuerzas de seguridad.

Es digno de mencionar que en un principio, el personal militar tenía buenas expectativas ante esta gestión ya que se observaba que, lentamente, parecía que se avanzaba en una discreta recuperación del material y de los servicios de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el paso del tiempo y estos recortes pondrían en evidencia la tendencia que se observa desde la década del ’90. En este sentido, cabe mencionar que un altísimo porcentaje de los miembros de la familia militar y de las fuerzas de seguridad votaron a Cambiemos e función de esas expectativas que, como puede apreciarse han derivado en una nueva frustración.

Para incrementar el malestar, debe recordarse que personal militar fue destinado a brindar servicios tras los desmanes provocados en oportunidad del recital del “Indio Solari” en la localidad de Olavarría. Algunos miembros de las Fuerzas Armadas han considerado esto como una falta de respeto y una continuidad de la degradación de la actividad de los militares, habida cuenta que estas fuerzas deben acudir para colaborar en situaciones de catástrofes pero no “para limpiar la basura dejada por unos drogadictos en un recital”, tal como fue descrito en un foro de personal de la Defensa.

Por otra parte existe la cuestión salarial como uno de los principales motivos de disconformidad. No puede soslayarse que el personal de las Fuerzas Armadas percibe salarios inferiores a los de los miembros de las Fuerzas de Seguridad y que, por ejemplo, mientras los docentes han rechazado un aumento del 19% más la “cláusula gatillo”, los militares y el personal civil de las Fuerzas Armadas recibirán apenas 14,6%. A ello debe agregarse que en el ámbito de la Defensa los salarios están sumamente deprimidos y que docentes con carreras de grado y postgrado perciben sueldos muy inferiores a los perciben los docentes que se desempeñan en el ámbito del GCBA, incluso al de los docentes de oficios que trabajan en sus escuelas por la misma cantidad de horas.

A modo de conclusión

Desde el retorno a la democracia el área de la Defensa ha sido objeto de una variable de ajuste por los diferentes gobiernos, no sólo con respecto al personal sino también al material, a la investigación y al desarrollo. Un caso emblemático ha sido el desmantelamiento del “Proyecto Cóndor” —por presiones del Reino Unido, Israel y Estados Unidos—, desarrollo que hubiese dotado a la Argentina de un vector que le hubiera permitido, incluso, la colocación de satélites en el espacio.

Resulta por demás asombroso que el general Sosa se preguntase “para qué quiere la Fuerza Aérea 5 aeródromos en Buenos Aires”, habida cuenta de su formación militar. Acaso la pregunta apropiada habría sido “por qué la Fuerza Aérea no tiene aviones”. Un dato a tener en cuenta es que la existencia de varios aeródromos en la CABA y en la Provincia de Buenos Aires data de cuando la Fuerza Aérea tenía aviones. Otro dato a tener en cuenta, desde un punto de vista operacional y estratégico, es que la provincia concentra un alto porcentaje de la población del país[14], por lo que se trata de un área extensa —mayor que las superficies de Uruguay e Italia y levemente menor que la de Alemania[15]— que las Fuerzas Armadas deben proteger. Del mismo modo, si se contase con un solo aeródromo y en medio de un conflicto éste fuera atacado o dejado fuera de servicio, deben existir otros en las proximidades para permitir el aterrizaje y despegue de aeronaves militares en operaciones, tanto para ataque y defensa, para abastecimiento de pertrechos como para evacuar personal, socorrer a la ciudadanía, civil y militar, como ejemplos de un espectro más amplio de posibilidades. Mientras se analiza el cierre de aeródromos de la Fuerza Aérea se multiplican pistas clandestinas en el interior del país, algunas bien dotadas con capacidad para aterrizaje de aviones militares como la que posee el ciudadano británico Joe Lewis en la Patagonia. Esta pista fue habilitada por la Fuerza Aérea Argentina y funciona desde principios de febrero de 2008 y cuenta con guardias en el sector que están mejor equipados que la policía local y tienen acceso a comunicación satelital. Este aeródromo constituye una verdadera amenaza para los intereses argentinos y se encuentra “a pocos metros del Golfo San Matías, en cercanías de Puerto Lobos, en un lugar privilegiado por la naturaleza, conocido como Bahía Dorada”, en proximidades de Sierra Grande, Provincia de Río Negro[16]. La pista de 2.000 metros de largo está ubicada a 41º 50’ 34’’ latitud sur, 65º 04’ 56’’ longitud oeste. La construcción de ese aeródromo se llevó a cabo a pesar de los informes presentados con anterioridad por la diputada Magdalena Odarda[17]. En el mismo sentido, ante una potencial conexión aérea clandestina entre esta pista y las islas Malvinas —denunciada oportunamente por medios fueguinos— la entonces gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, pidió explicaciones a la Cancillería y al ministerio de Defensa de la Nación[18]. Ni la Fuerza Aérea ni la Armada ejercen algún tipo de monitoreo sobre las operaciones que se llevan a cabo en ese aeródromo. Por otro lado, diversos medios han aludido a la amistad que mantiene el presidente Macri con el empresario Joe Lewis y a la polémica que ha dado lugar la utilización, por parte del presidente, del helicóptero del magnate británico, quien además lo alojó en su lujosa estancia Lago Escondido[19]. A ello se añade que el gobierno nacional le otorgó a la ex vocera de Lewis, la abogada Dalila Pinacho, la conducción de Radio Nacional Neuquén[20].

La propuesta del presidente de plantear un modelo de sistema de defensa de largo plazo debe considerarse como inconducente habida cuenta que en la actualidad la Fuerza Aérea carece de aviones, la Armada de buques —mayoritariamente obsoletos y fuera de servicio por falta de mantenimiento— y el Ejército del material necesario para la defensa del territorio nacional. En estos últimos meses numerosos medios han hecho público el análisis de los aviones que se analizaban adquirir en el ámbito del ministerio de Defensa para suplantar el sistema Mirage. Luego de las diferentes versiones el Ministro Martínez informó que no se adquirirían aviones supersónicos. Por su parte, también se analizó la adquisición de buques para la Armada pero también ha quedado en aguas de cerrajas. La situación es caótica y no se podría pensar en el largo plazo luego del serio deterioro sufrido por las Fuerzas Armadas, especialmente a partir del abandono a que fueron sometidas durante la gestión de los presidentes Carlos Menem, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

La reducción que afecta la radarización y a la ejecución de los controles llevados a cabo, por ejemplo, en “Escudo Norte”, así como el repliegue del personal, deja las puertas abiertas para el despliegue del narcotráfico y demás actividades del crimen organizado. También el ministerio de Seguridad ha retirado puestos de controles donde operaba la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval, por ejemplo en la traza de la Avenida General Paz, lo que deja un espacio de descontrol, incrementado con las políticas que el GCBA está improvisando con la denominada “Policía de la Ciudad”.

Con respecto al personal, la oportuna eliminación del Servicio Militar Obligatorio ha ocasionado una considerable reducción de miembros que podían mantener operativas a las fuerzas. Puede observarse que existen áreas militares en las que los controles de ingreso y egreso son llevados a cabo por personal civil o incluso por “agencias privadas de seguridad” como, por ejemplo, en el edificio de Fabricaciones Militares, en la avenida Cabildo.

Numerosos efectivos pidieron la baja en sus fuerzas para sumarse a la entonces Policía Metropolitana o a “agencias privadas de seguridad”, dadas las diferencias salariales que existen entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. De tal manera que, por ejemplo el Ejército, ha visto una gran merma de personal de suboficiales.

Cabe agregar que la investigación y el desarrollo en el campo militar ha dotado a la humanidad de grandes inventos y a los países que los llevan a cabo le han permitido un desarrollo considerable en el ámbito de la ciencia y de la tecnología. Asimismo, el desarrollo de una industria para la Defensa proporciona empleos, favorece el desarrollo de industrias conexas, incluso pymes, y genera ingresos a través de la exportación. El cercenamiento de los proyectos de investigación y desarrollo sólo aportará a una mayor crisis a nivel nacional en lugar de reconvertir sus avances en un espacio que aporte al crecimiento de la Nación.

El desmantelamiento de los proyectos que contemplan el desarrollo de material ferroviario, lejos de potenciarlo como en el pasado cuando la Argentina exportaba esa producción, impedirá la cohesión territorial perdida a partir de los años ’90 cuando se decidió destruir la red ferroviaria nacional que supo tener en sus mejores momentos más de 40.000 kms de vías —una de las más extensas del mundo— y que permitía la interconexión nacional e internacional y un menor costo en los fletes de transporte.

En el ámbito militar se observa que con estos recortes se logrará un “ahorro” de $ 4.615 millones mientras que a las “organizaciones sociales” —eufemismo por “piqueteros”— se le otorgarán $ 30.000 millones en tres años, es decir, $ 10.000 millones anuales.

El dinero utilizado en Defensa no constituye un “gasto” sino una “inversión” y es comparable a la contratación de un seguro. Cuando una familia contrata un seguro de vida ante ciertas eventualidades, como por ejemplo un incendio de la vivienda o para el automotor, está pagando para algo que posiblemente no suceda, al menos en el corto plazo, y que desde ya no se desea que suceda. Pero en caso que así sea y aunque se trate de algo improbable, tendrá como solventar los daños. La situación es similar en el ámbito de la Defensa: se realiza para compensar un daño que es un riesgo, aunque no se lo desea y posiblemente no sucederá. Es preferible tener las armas y no usarlas a precisarlas y no tenerlas.

En el caso de los proyectos, ante la cancelación se pudo haber optado por propuestas del “ámbito empresarial” para su concreción como, por ejemplo, haber buscado socios estratégicos de peso internacional, lo que en el largo plazo hubiese favorecido el desarrollo en la investigación, la capacitación de personal e ingresos por la venta del material producido, con lo cual se cerraría un círculo que permitiría retroalimentar el proceso.

Luego de algunas décadas de afirmarse que la Argentina no tiene “hipótesis de conflictos” sería oportuno reconsiderar esta falacia. Esta desidia quedó en evidencia cuando nuestro buque escuela, la Fragata ARA Libertad fue confiscada en Ghana, cuando los aviones de la flota presidencial no podían aterrizar en ciertos países. Informaciones recientes dan cuenta que el Reino Unido está fortaleciendo su sistema de defensa en el Atlántico Sur con la colaboración de empresas de Israel. Del mismo modo, se ha tomado conocimiento que la Agencia Espacial del Reino Unido está operando con la Armada de la República de Chile “en el combate contra la pesca ilegal”. Sería apropiado reflexionar si esta “colaboración” de la Agencia Espacial del Reino Unido está operando con la Armada de la República de Chile está, en realidad, vinculada a la instalación de la Estación de Espacio Lejano de la República Popular de China en la provincia de Neuquén.

La República Argentina es el octavo país en extensión y posee un extenso litoral marítimo que se ha visto recientemente ampliado pero por falta de medios materiales y de personal es incapaz de custodiar. Desde el punto de vista geopolítico posee una de las llanuras más extensas del mundo y prácticamente única por su clima templado, a diferencia de las otras en las que predomina el clima frío. En general, las otras grandes llanuras se encuentran —en términos de la defensa— considerablemente bien custodiadas: en Rusia, Estados Unidos, Canadá, Francia y China. Una de ellas se encuentra en el medio de una puja entre Rusia y las fuerzas de la OTAN: Ucrania.

En el caso de la Argentina, esa llanura se encuentra en estado de indefensión ante la situación en que se encuentran sus Fuerzas Armadas. Asimismo, la Argentina contiene uno de los grandes recursos que constituye un elemento de conflicto actual y de potenciales conflictos: el agua.

Finalmente, se puede considerar que cuando un Estado se niega a ejercer su soberanía, es decir, el control de su territorio, es altamente proclive que se encamine hacia su desintegración.

*Licenciado en Historia graduado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Director de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG).

Referencias

[1] Edgardo Aguilera. “Caja militar financiará plan de viviendas a De Vido”. Ámbito Financiero, 11/01/2008, <http://www.ambito.com/380352-caja-militar-financiara-plan-de-viviendas-a-de-vido>, [consulta: 09/03/2017].

[2] Ídem.

[3] Ídem.

[4] “Garré ubica a un hombre de su confianza en un puesto clave, en reemplazo de su hermano”. La Nación, 31/10/2012, <https://www.lanacion.com.ar/1522229-garre-designo-al-reemplazante-de-su-hermano-raul>, [consulta: 09/03/2017].

[5] “Renunció otro allegado de Nilda Garré en el Ministerio de Seguridad”. La Nación, 11/06/2013, https://www.lanacion.com.ar/1590845-renuncio-otro-allegado-de-nilda-garre-en-el-ministerio-de-seguridad>, [consulta: 09/03/2017].

[6] Edgardo Aguilera. Op. cit.

[7] Lorenzo M. Donohoe. “Defensa, periodismo y mentiras”. Página12, 02/012/2012, <https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-184576-2012-01-02.html>, [consulta: 09/03/2017].

[8] Edgardo Aguilera. “Torniquete al gasto castrense y remate de bienes por más fondos”. Ámbito financiero, 09/03/2017, <http://www.ambito.com/875245-torniquete-al-gasto-castrense-y-remate-de-bienes-por-mas-fondos>, [consulta: 09/03/2017].

[9] “El oscuro pasado del responsable detrás de los despidos en Fabricaciones Militares”. Minuto Uno, 01/02/2016, <https://www.minutouno.com/notas/1467873-el-oscuro-pasado-del-responsable-detras-los-despidos-fabricaciones-militares>, [consulta: 09/03/2017].

[10] Ídem.

[11] Ídem.

[12] Edgardo Aguilera. “Torniquete al gasto castrense y remate de bienes por más fondos”. Ámbito financiero, 09/03/2017, <http://www.ambito.com/875245-torniquete-al-gasto-castrense-y-remate-de-bienes-por-mas-fondos>, [consulta: 09/03/2017].

[13] Ídem.

[14] La provincia de Buenos Aires tiene una población superior a los 16 millones de personas a los que deben sumarse los 3 millones de la CABA, por encontrarse bajo el mismo paraguas defensivo.

[15] La provincia de Buenos Aires tiene una superficie de 307.571 km², Uruguay 176.215 km², Italia 301.338 km² y Alemania 357.376 km².

[16] “Fuerza Aérea Argentina habilitó el aeropuerto de Lewis en la Patagonia”. El Malvinense, 25/02/2008, <http://www.elmalvinense.com/snacional/n0108/540.html>, [consulta: 28/03/2010].

[17] Ídem.

[18] “Aseguran que existe un aeropuerto secreto inglés para unir Argentina y Malvinas”. MDZ Diario de Mendoza, 23/05/2010, <https://www.mdzol.com/nota/211822-aseguran-que-existe-un-aeropuerto-secreto-ingles-para-unir-argentina-y-malvinas/>, [consulta: 29/05/2010].

[19] “Macri nombró a la ex vocera del magnate Joe Lewis como directora de Radio Nacional”. La Política Online (LPO), 28/03/2016, <http://www.lapoliticaonline.com/nota/96662/>, [consulta: 28/03/2016].

[20] Ídem.

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Argentina

LA ESTACIÓN CHINA DE ESPACIO LEJANO EN NEUQUÉN, ARGENTINA

19 septiembre, 2016 Marcelo Javier de los Reyes 2 comentarios

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Marcelo Javier de los Reyes*

Acuerdo entre Argentina y China

En 2010 la empresa estatal China Satellite Launch and Tracking Control General (CLTC) estableció contacto con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina con la intención de examinar la posibilidad de emplazar una estación de apoyo para las misiones chinas de exploración espacial en nuestro país. El acuerdo inicial se concretó y el lugar elegido por los chinos fue Bajada del Agrio, en la provincia de Neuquén.

A través de un documento de fecha 21 de diciembre de 2011, la Dirección de Seguridad Internacional, Asuntos Nucleares y Espaciales (DIGAN) de la Cancillería Argentina, entonces a cargo del ministro Alberto Dojas, elevó las actuaciones del proyecto de acuerdo redactado en castellano, inglés y chino, acerca de la instalación de la estación espacial china a partir del envío, en mayo de 2010, de una misión de autoridades y funcionarios a la Argentina, encabezada por Niu Hongguang, Segundo Comandante en Jefe, Programa de Ingeniería Espacial Tripulado de China y del programa de exploración lunar de China. La misión analizó ocho sitios en las provincias de Neuquén y Río Negro, aunque también tenían en consideración su establecimiento en Chile. Cinco de esos ocho sitios seleccionados por CLTC se encontraban en Neuquén.

Imagen1. Misión de autoridades y funcionarios a la Argentina, encabezada por Niu Hongguang, Segundo Comandante en Jefe, Programa de Ingeniería Espacial Tripulado de China y del programa de exploración lunar de China.

Los organismos especializados de ambos países firmaron el “Acuerdo de Cooperación en el marco del Programa Chino de Exploración de la Luna entre el China Satellite Launch and Tracking Control General (CLTC) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de la República Argentina para establecer instalaciones de seguimiento terrestre, comando y adquisición de datos, incluida una antena para investigación del espacio lejano, en la Provincia del Neuquén, Argentina.

En el marco del “Programa Nacional de Exploración de la Luna y Marte” el gobierno de China firmó un convenio con su par de la República Argentina en el que se acordó la construcción de la primera estación interplanetaria, la cual está siendo emplazada en la localidad de Quintuco, ubicada al noroeste de la provincia del Neuquén, a 7 kilómetros de la Ruta Nacional 40 camino a Chos Malal ─más precisamente entre las localidades de Las Lajas y Chos Malal─ y a 285 kilómetros de Neuquén capital.

Para la CONAE se trata de la “fracción de tierra de lote E1, en un predio del Paraje Quintuco Pilmathue, nomenclatura catastral 05-RR-011-5424-0000, del Departamento Loncupué”.

El “Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Popular China sobre la construcción, el establecimiento y la operación de una estación de espacio lejano de China en la Provincia del Neuquén, Argentina, en el marco del Programa Chino de Exploración de la Luna” considera las disposiciones del “Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes”, celebrado el 27 de enero de 1967, del que la Argentina y China son parte, entre otros acuerdos previos. Este tratado fue aprobado a través de la Ley 17.989 del 4 de diciembre de 1968[1].

En las consideraciones de este acuerdo se expresa que “el Gobierno de China ha identificado que el territorio de la Provincia del Neuquén, Argentina, es el que reúne las condiciones más favorables para alojar una estación de espacio lejano, en América del Sur”.

Mediante el mencionado tratado la Argentina ha facilitado la instalación en su territorio de una estación que integrará la red de Telemetría, Seguimiento y Comando de China. La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina “se beneficiará con el acceso a un mínimo del diez (10) por ciento del tiempo de uso de la antena para desarrollar proyectos propios”.

A los efectos de sentar las bases mínimas del proyecto se firmaron dos instrumentos:

El Acuerdo de Cooperación en el ámbito del Programa Chino de Exploración de la Luna entre la China Satellite Launch and Tracking Control General (CTLC) y la CONAE para establecer las condiciones que rigen la implantación de las instalaciones de seguimiento terrestre, comando y adquisición de datos, incluida una antena para investigación del espacio lejano en la provincia del Neuquén, firmado el 20 de julio de 2012, y sus anexos.
El Acuerdo de Cooperación en el marco del Programa Chino de Exploración de la Luna entre la CLTC, la CONAE y la Provincia del Neuquén para establecer las condiciones que rigen la implantación de las mencionadas instalaciones, incluida una antena para investigación del espacio lejano en Neuquén, firmado el 28 de diciembre de 2012 y sus anexos.

Un tercer documento es el acuerdo marco, celebrado el 23 de abril de 2014, entre ambos países, que fue ratificado por el Congreso Nacional a fines de febrero de 2015 y publicado en el Boletín Oficial a comienzos de marzo de 2015. El mismo estipula:

que las instalaciones serán construidas y operadas por China con el fin de brindar soporte terreno a las misiones de Exploración del Espacio Lejano;
que todas las operaciones de comercio exterior realizadas por el Gobierno de China destinadas a la instalación, así como las compras y contrataciones de bienes, obras, locaciones o prestaciones de servicios realizadas en Argentina gozarán de desgravaciones impositivas (estarán exentas de todo impuesto y/o derecho aduanero, impuestos internos e impuestos nacionales al consumo, I.V.A. incluido.
que el gobierno de China llevará a cabo sus actividades de acuerdo con las leyes y reglamentaciones nacionales de la Argentina, de la Provincia de Neuquén y las disposiciones previstas en los acuerdos de Cooperación Interinstitucional, firmados oportunamente;
por su parte, “el Gobierno de Argentina no interferirá ni interrumpirá las actividades normales que se lleven a cabo en virtud del presente acuerdo de Cooperación”;
con respecto a las cuestiones migratorias, “el Gobierno argentino facilitará la tramitación de los permisos de ingreso y/o la emisión de visas en las categorías correspondientes, de acuerdo con la normativa vigente”:
el acuerdo también contempla el régimen laboral;
en el art. 6º que se titula “Indemnidad”, se estipula que “el Gobierno de la Argentina no se responsabiliza, nacional o internacionalmente, en razón de las actividades del Gobierno de China en su territorio vinculadas al proyecto, sea por acción u omisión de ésta, o de sus representantes. El Gobierno de China mantendrá indemne a Argentina de toda obligación que surgiere de reclamos de cualquier naturaleza, a pedido e instancia de terceros, como consecuencia de tales actos u omisiones”;
la solución de las controversias se hará “a través de los canales diplomáticos correspondientes”;
el acuerdo tendrá una vigencia de 50 años pero podría ser extendido mediante negociaciones entre las partes. Para ello, la parte que desee extender el acuerdo deberá notificar a la otra parte con una antelación de, al menos, 3 años previos al vencimiento del mismo. Asimismo, cada una de las partes podrá poner fin al acuerdo “con justa causa, debidamente acreditada”, para lo cual la parte peticionante deberá notificar a la otra parte con al menos 5 años de antelación.

Cabe agregar aquí que por ese entonces la CONAE funcionaba en la órbita del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a cargo del Ingeniero Julio De Vido.

En los planes se preveía que la estación espacial estaría terminada y operativa en 2016.

Especificaciones

La estación de referencia sería la tercera de una red y la primera fuera de territorio de la República Popular de China, sobre un predio de 200 hectáreas cedido en comodato por la Provincia del Neuquén (ver imagen 3).

La construcción de la base contemplaba una antena de 110 toneladas y 35 metros de diámetro para exploración del espacio profundo (telemetría y tecnología para “seguimientos terrestres, comando y adquisición de datos”), la que se halla en una etapa final de obra, ya que se prevé la inauguración de la misma en los primeros meses de 2017. La antena está destinada al seguimiento de las naves espaciales que China enviará a la Luna y a Marte. Además se preveía la construcción de cuatro edificios. La inversión se ha estimado en US$ 300 millones.

Preocupación en países occidentales

La instalación de esta estación espacial generó, oportunamente, cierta inquietud en los gobiernos de los Estados Unidos y de los países de la Unión Europea (UE), los cuales se manifestaron en forma reservada.

En febrero de 2015 los responsables del área de Defensa de la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires habrían transmitido ese sentimiento a oficiales de las Fuerzas Armadas de nuestro país.

Varios diplomáticos europeos habrían hecho lo propio ante la Cancillería Argentina y ante funcionarios del gobierno anterior. Diplomáticos y miembros de la comunidad de inteligencia estaban interesados en conocer los pormenores del acuerdo para saber si el uso de la estación tendría un “uso dual”, es decir civil y militar.

Cuando, oportunamente, se les respondió a los representantes europeos que la UE tenía una estación espacial en Mendoza, marcaron la diferencia de que la europea es manejada por civiles, mientras que la china estará dependiendo del China Satellite Launch and Tracking Control General (CLTC), organismo que depende del Departamento General de Armamento y de la Comisión Central Militar del Ejército Popular de Liberación de China, cuyo director es el General Zhang Youxia, quien también es director del Science and Technology Committee (STC), responsable de la innovación tecnológica de armamentos, que participa en el programa de modernización de misiles de corto alcance hasta los ICBM (intercontinentales), incluso de aquellos con capacidad para transportar ojivas nucleares.

La preocupación se agravó ante la difusión de que habría dos anexos secretos que sólo obrarían en poder de la CLTC de China y de la CONAE de Argentina. Por su parte el Embajador de China en Argentina, Yang Wanming, siempre negó que la estación espacial vaya a tener un propósito militar.

El Secretario General de la CONAE, Félix Menicocci, oportunamente desmintió que la base tuviese un uso militar en el futuro y afirmó que los objetivos de la estación espacial son “totalmente civiles y no será operada por personal militar”. El funcionario también desmintió la existencia de esos dos anexos secretos[2].

Antecedentes

La instalación de la estación espacial china en territorio argentino cuenta con, al menos, dos antecedentes:

Torre Omega: formó parte del sistema de navegación OMEGA —Omega Navigation System—, destinado a la navegación de muy largo alcance, operando con frecuencias de 10,2, 11,33 y 13,6 KHz. El sistema estaba integrado por ocho estaciones (designadas con las letras A hasta la H) y fue desplegado por la Marina de los Estados Unidos con fines militares. Era un sistema de radiotransmisión global diseñado para localizar la posición de cualquiera de sus barcos o aeronaves a lo largo y a lo ancho del planeta. Su desarrollo fue aprobado en 1968 con tan solo ocho transmisores que operaban con una muy baja frecuencia de cuatro tonos únicos que se repetían cada diez segundos. Cada antena distribuida estratégicamente en distintas partes del mundo, cubría un espacio aproximado de 5.000 kilómetros a la redonda y funcionaba mediante la triangulación de tres posiciones de tres antenas. La estación F fue instalada en Trelew, provincia de Chubut (coordenadas 43º03’13”S 65º11’27”O). El Comando en Jefe de la Armada Argentina, a través de la Dirección General del Material Naval, llamó a licitación pública para la construcción de la Torre Omega en 1973, apareciendo en el Boletín Oficial el 12 de abril de 1973. La torre tenía una altura de 366 metros (más alta que la torre Eiffel) y habría servido para el desplazamiento de los SSBN (submarinos de lanzamiento de misiles balísiticos intercontinentales). La aparición del GPS —Global Positioning System— reemplazó al sistema OMEGA y las torres fueron desactivadas en 1997. La F fue dinamitada el 23 de junio de 1998.
Estación Espacial de la UE: en diciembre de 2012, mediante una videoconferencia, la entonces presidente Cristina Elisabeth Fernández de Kirchner inauguró la instalación espacial que alberga la antena para el estudio del espacio profundo, denominada “DSA3 Malargüe”. Con este emplazamiento fue completada la red de monitoreo de la Agencia Espacial Europa (ESA) con una inversión de € 45 millones. Las otras dos antenas se encuentran en New Norcia, en Australia, y en Cebreros, en España, finalizadas en 2002 y 2005, respectivamente. El acuerdo para su construcción y explotación fue firmado el 16 de noviembre de 2009 por un período de 50 años y establece que la Argentina brindará sus instalaciones y servicios a cambio de un 10% del tiempo de antena para los proyectos científicos argentinos en el espacio. La antena se encuentra ubicada a 30 kilómetros al sur de la ciudad de Malargüe, en la provincia de Mendoza, frente al volcán Malacara, a la vera de la ruta 182. Fue elegida por reunir las mejores condiciones de ubicación por su visibilidad y potencial de propagación de radio. Sus primeras señales de prueba fueron recibidas el 14 de junio de 2012, cuando la sonda Mars Express transmitió datos desde Marte. La DSA3 fue crucial para la misión Rosetta, el aterrizaje del robot Philae en un cometa. Tiene una antena de 35 metros de diámetro.

Algunas cuestiones destacables en torno a la estación espacial

La construcción de la estación espacial fue iniciada antes de que fuera aprobada por el Congreso de la Nación.

El 9 de septiembre de 2014, cuando la obra estaba en los comienzos de su construcción, Jorge Sapag, entonces gobernador de Neuquén, y el Secretario de Gestión Pública, Rodolfo Laffitte, recibieron la visita de una delegación de funcionarios chinos encargados de monitorear los avances de las obras de la antena de comunicaciones aeroespacial y coordinar la importación de los equipos que se instalarían en la base espacial[3].

En esa oportunidad, el gobernador Sapag expresó que se trataba “‘sencillamente de un sistema de comunicación a distancia remota con fines pacíficos y científicos, con el fin de colaborar con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE)’[4]. Una obra similar a la que construyó la Agencia Espacial Europea, también en convenio con la CONAE, en la zona de Malargüe, inaugurada a fines de 2012”. Sapag agregó que “vincular estas obras con fines militares es antojadizo y tendencioso, desconociendo lo que significa la tecnología de comunicaciones y a quienes tienen dudas sobre estos temas los invitamos a conocer las obras de Malargüe y las que se están construyendo en nuestra Provincia”[5].

En la versión taquigráfica de la Reunión 29 del XLIII Período Legislativo de la Legislatura de la Provincia del Neuquén, 27ª Sesión Ordinaria de fecha 6 de noviembre de 2014, puede apreciarse que en “Otros Asuntos” ─páginas 4715 y 4716─ figura “Beneficio impositivo para la empresa China Launch and Tracking Control General”.

**Imagen 4. Reunión 29 del XLIII Período Legislativo de la Legislatura de la Provincia del Neuquén**

La versión publicada de la sesión de referencia dice que el Legislador Raúl Juan Dobrusin (Instrumento Electoral por la Unidad Popular, UPie) se refiere a que se enteró por el diario Río Negro del 4 de noviembre de 2016, “hoja quince”, del “Beneficio impositivo para los chinos”. El Legislador dice textualmente: “Esta es una vieja historia, parece ser, un convenio que todavía no está aprobado en Nación, sigue en el Congreso Nacional discutiéndose entre CONAE y la empresa estatal que se llama China Launch and Tracking Control General, un convenio que no hemos votado acá en esta Legislatura, cesión de tierras, la gente puede entrar sin necesidad de tener los papeles a cargo”. Agrega, “Nosotros, el convenio entre Neuquén, la CONAE, y esta empresa china, no lo hemos visto”. El Legislador hace mención al artículo 238 del Código Fiscal y añade que está siendo mal utilizado ya “que sólo lo puede hacer el Ejecutivo (la eximición) en caso de emergencia económica”.

La versión de la Sesión Ordinaria dice que el proyecto de la estación espacial “quedó eximido del impuesto a los Sellos mediante un decreto del gobierno provincial”. Agrega que “la norma, que lleva el número 2336/14, fue firmada hace poco más de dos semanas por el gobernador Jorge Sapag y refrendada por los ministros de Economía y Obras Públicas, Omar Gutiérrez, y de Coordinación de Gabinete, Seguridad y Trabajo, Gabriel Gastaminza”.

En la misma versión de la Reunión 29 de la Legislatura provincial, bajo el título “Alusión a la empresa china”, la Legisladora Beatriz Isabel Kreitman (Coalición Cívica-ARI) dice que por un pedido de su bloque asistió a la Comisión el Ingeniero Laffitte ─mencionado ut supra─ pero que de ningún modo vieron el convenio. Según la Legisladora, el Ingeniero Laffitte se comprometió a llevar el convenio, no bien lo tuviera, para presentarlo ante la Comisión o la Legislatura pero eso no ocurrió. Añade a lo mencionado por su colega respecto de los beneficios obtenidos por la empresa, que el terreno cedido “tenía un poblador de allí, que generó mucho conflicto, en el cual también hicimos un pedido de informe, hablamos con los pobladores, finalmente, intervino la Dirección de Tierras y no sé cómo habrá terminado el acuerdo, pero esa tierra se le quitó a un poblador”.

En este punto cabe destacar que existe una nota de fecha 16 de mayo de 2011, firmada por el Ingeniero Adolfo Luis Italiano ─quien fuera hasta 2003 interventor de la CNC─, Director Provincial de Planificación y Desarrollo de TICs, Secretaría de Estado de la Gestión Pública y Contrataciones, dirigida a un tal “Sr. Ma Zhinqiang” (imagen 6), a quien le informa que:

“Uno de los sitios preseleccionados, cercano a la ciudad de Zapala, que dio buenos resultados iniciales, tuvo una fuerte reacción por parte de los pobladores cercanos al mismo, pertenecientes a la Comunidad Gramajo de pueblos originarios,

La manifiesta oposición de los pobladores vecinos, expresada en una serie de reuniones con ellos mantenidas, ha obligado a suspender las evaluaciones del sitio y terminar con los estudios pertinentes, de manera anticipada”.

Imagen 6. *Nota del Ingeniero Adolfo Luis Italiano dirigida a un tal “Sr. Ma Zhinqiang”.*

En el punto tercero del tercer artículo del Acuerdo de Cooperación entre ambos gobiernos, el texto dice:

“El Gobierno de Argentina no interferirá ni interrumpirá las actividades normales que se lleven a cabo en virtud del presente Acuerdo de Cooperación. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que la Argentina deba tomar decisiones que puedan interferir con las actividades de China, se compromete a informar a ésta con la debida anticipación, así como a explorar soluciones alternativas, cuando sea necesario, a fin de asegurar que tales actividades no se vean sustancialmente afectadas”.

Tal redacción parecería reconocer una autoridad extraterritorial extranjera que asumiría atribuciones de autoridad y control sobre territorio soberano de la República Argentina, situación que debería considerarse inadmisible.

En el “Acuerdo de Cooperación en el Marco del Programa Chino de Exploración de la Luna” entre el CLTC y la CONAE debe destacarse el artículo 15 que en sus dos primeros incisos expresa que “las partes se consultarán mutuamente sobre cuestiones que surjan de la interpretación, aplicación o ejecución” del Acuerdo. En caso de que las autoridades de CLTC o de la CONAE no puedan dirimirlas “se constituirá un comité de arbitraje compuesto por un representante de cada una de las partes, más un tercero designado de mutuo acuerdo”. El punto tercero del mencionado artículo manifiesta que las partes “afrontarán proporcionalmente los gastos que demande dicha designación”, así como que “dicho arbitraje tendrá lugar en Beijing, China, si CONAE fuera la Parte que somete la disputa a arbitraje, y en Buenos Aires, Argentina, si CLTC fuera la que somete la disputa a arbitraje”.

Por su parte la Provincia del Neuquén asume los compromisos necesarios para el mantenimiento de la infraestructura que permita el funcionamiento de la estación china. A esos efectos autorizó la construcción de una “Torre de Calibración” a 11,5 kilómetros de la estación, en un predio de 10 metros cuadrados; se comprometió a realizar las inversiones necesarias para ampliar la planta transformadora del Ente Nacional Provincial de Energía sita en Las Lajas, dado que la estación requiere de un total de 1.500 KW. Del mismo modo, se comprometió a facilitar un cable de fibra óptica con una banda inicial de 40 Mbits/s y a mantener en buen estado, de forma permanente, la Ruta Provincial Nº 31 que vincula la Ruta Nacional 40 con la estación espacial. Todas estas erogaciones estarán a cargo del Neuquén.

Respecto del uso militar de la estación

En el mes de junio de 2015 salió a la luz una nueva preocupación respecto de que la estación espacial china pudiera tener un uso militar a partir de un documento que, el 26 de mayo de 2016, emitió la Oficina de Información del Consejo de Estado de China referido a la estrategia militar de ese país. El informe de seis capítulos expresa que “la fuerza aérea se esforzará por cambiar su enfoque de la defensa aérea del territorio tanto en defensa como en ataque” y manifiesta el objetivo de “construir una fuerza de defensa del espacio aéreo como una estructura que puede cumplir con los requisitos de operaciones aerotransportadas, la proyección estratégica y el apoyo integral” para la defensa. En ningún momento el informe hace referencia a la estación de Neuquén pero esas líneas habrían llamado la atención de legisladores (Mario Negri de la UCR, Sebastián Velesquén del Frente Renovador, entre otros) y de miembros de las Fuerzas Armadas de la Argentina[6].

El documento sostiene que “el espacio exterior se ha convertido como dominante en la competencia estratégica internacional” y agrega que “los países afectados están desarrollando sus fuerzas e instrumentos espaciales y han aparecido los primeros síntomas de militarización del espacio ultraterrestre. El texto afirma que China “se mantendrá al tanto de la dinámica del espacio exterior, frente a las amenazas de seguridad y los desafíos en ese dominio para asegurar sus activos espaciales y servir a su desarrollo económico y social del país para mantener la seguridad en el espacio ultraterrestre”.

La mención del “espacio exterior” ha encendido la alarma en quienes vinculan a la estación espacial de Neuquén con un propósito militar. Se sabe que China percibe al “espacio aéreo” como una amenaza así como que también ha llevado a cabo un gran esfuerzo en la guerra cibernética. Oportunamente, el jefe de bloque de diputados del actual partido gobernante (PRO), Federico Pinedo, presentó un proyecto de declaración que exigía al gobierno que antes de la habilitación y posesión de la planta “negocie un anexo al acuerdo de la estación espacial con China en donde conste la prohibición de uso de las instalaciones para cualquier aplicación de tipo militar, bajo pena de rescisión automática” del convenio.

Otro elemento que habría dado lugar a la sospecha de la existencia de “cláusulas secretas” en el presente acuerdo es un documento firmado por la Embajadora Susana Ruíz Cerruti, quien estaba a cargo de la Dirección General de Consejería Legal (DICOL) del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. En ese documento, escrito a comienzos de 2013, la diplomática hace referencia a párrafos que no aparecen en el acuerdo del 23 de abril de 2014, puntualmente en lo que se refiere al otorgamiento a la “República Popular de China, a la oficina General de Control de Lanzamiento y Seguimiento de Satélites China (CLTC), a sus autoridades y a sus empleados en la construcción y operación de la misma, una serie de privilegios, derechos, facultades, exenciones y garantías de gran amplitud”.

**Imagen 7.** **Consideraciones de la Embajadora Susana Ruíz Cerruti sobre el acuerdo que se evaluaba con CLTC**.

En otra parte del dictamen de la Embajadora Ruiz Cerruti se citan artículos y párrafos que no coinciden con el acuerdo de referencia. Por ejemplo el artículo 1º, párrafo 1, en donde se establecerían las exenciones impositivas; el párrafo 2 del mismo artículo en el que se facilitaría “la disponibilidad de la tierra por parte de la Provincia del Neuquén, mediante un comodato de uso durante un período de 50 años, así como carreteras, líneas de comunicación, energía eléctrica y suministro de agua”. Tampoco el artículo 3º, párrafo 2, en donde se menciona que se requiere una consulta previa a CLTC en caso de que la Argentina deba tomar decisiones que pudieran interferir con sus actividades”.

Asimismo se hace referencia al artículo 5º, párrafo 1, incisos (1), (2) y (3) “por los que se establecen exenciones impositivas y se requiere la aprobación de China para expropiar o embargar equipamiento e instalaciones de la estación de espacio lejano”. El dictamen cita el artículo 5º, párrafo 2, inciso (3): “se otorgará a los empleados del CLTC exención judicial por expresiones escritas y orales en su trabajo para la estación de espacio lejano”, como así también el artículo 7º “que establece que ‘[l]a Argentina permitirá la importación libre de impuestos para artículos de subsistencia de empleados de CLTC al territorio argentino de conformidad con la legislación argentina”.

De la confrontación del texto del dictamen con el del acuerdo es que se deduce que esos artículos pudieron haber sido eliminados o bien que el dictamen está haciendo referencia a otro acuerdo, que no es al que se ha podido acceder.

Otro punto a observar es cuando la Embajadora Ruiz Cerruti hace mención al artículo 2 en el que se indica que “Cada parte designa a sus respectivas Autoridades Ejecutivas, estableciéndose que ellas firmarán un convenio de implementación por separado para la construcción, operación y gestión de la estación del espacio lejano”, texto que parecería formar parte de acuerdos que no se han hecho públicos.

Es necesario destacar que en septiembre de 2014 el ex vicecanciller, embajador Roberto García Moritán manifestó que la construcción de una estación de monitoreo en la Argentina tiene “cierta complejidad geoestratégica”. Agregó que:

“Por las características técnicas de la antena de recepción y los instrumentos operativos, (el observatorio espacial) tendría otros eventuales alcances que le permitiría un uso dual, civil y militar”[7].

Luego remarcó:

“La estación, con antenas que permitirían una cobertura y visibilidad casi completa de la Tierra, sería a la vez un centro potencial de escaneo de comunicaciones, rastreo y detección de satélites, control de lanzamientos a escala global incluso, en caso de necesidad, de misiles, drones y otras actividades militares semejantes», fundamentó el diplomático. «Estas circunstancias, entre otras, pondrían a la Argentina en teoría en un complejo mapa de riesgos hipotéticos”[8].

Del mismo modo consideró que “no se trata de temas menores ya que la presencia de una estación estratégica de estas características, por sus efectos, hace a la defensa nacional e incluso a orientaciones de política exterior”.

Por su parte, el Senador (UCR) Juan Carlos Marino denunció que en el convenio queda en evidencia que “la Argentina perderá soberanía con China” toda vez que “el personal estará bajo las leyes de ese país y el lugar que ocupe la estación en Neuquén quedará bajo control del gobierno chino”[9]. También expresó sus inquietudes el senador de UNEN Fernando «Pino» Solanas, quien señaló que «hay muchas preguntas y pocas respuestas sobre algo tan sensible como entregar cientos de hectáreas de una provincia limítrofe con otro Estado, a un tercer Estado por medio siglo para actividades en las que la Argentina se beneficiará de forma ínfima»[10].

El 7 de septiembre de 2014 el Diputado Nacional Alberto Asseff presentó un pedido de informes al Ejecutivo haciendo alusión a “la letra chica” del Acuerdo o a los anexos reservados, para lo cual también se basó en los dichos de los Senadores Marino, Solanas y en las expresiones del Embajador García Moritán.

En febrero de 2015, en un texto publicado por el Instituto Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), titulado “Los Acuerdos con China. Las urgencias como camino para perder soberanía”, Gustavo Lahoud y Claudio Lozano formulan serias críticas a los acuerdos que posibilitaron la construcción de la estación espacial china[11].

Cuestiones laborales y demoras en las obras

Durante las obras se han presentado numerosos conflictos laborales lo que produjo una demora en las mismas debido a que los chinos no contemplan que las jornadas laborales sean de 8 horas, tampoco el descanso de fin de semana.

En febrero de 2015, trabajadores neuquinos frenaron la obra en reclamo de mejores condiciones laborales y solicitaron que se contrate personal local. Asimismo denunciaron amenazas del sindicato UOCRA para que levanten la huelga[12]. Los trabajadores habían tomado el predio de Bajada del Agrio, en Quintuco, y dejaron de realizar tareas hasta que la empresa constructora a cargo de la obra, Esuco S.A —subcontratada por la compañia estatal China Harbour Engineering Company Ltd. (CHEC)—, resolviese las demandas del personal.

Hacia junio de 2015 la conflictividad laboral se había incrementado debido a que la contratista de la obra despidió a unos 100 trabajadores en dos meses[13]. En esa ocasión la Subsecretaría de Trabajo de Neuquén dictó la conciliación obligatoria pero la empresa no dejó entrar a los trabajadores. Según la firma, los 43 despidos en mayo de ese año obedecieron a problemas de comportamiento y ausentismo y los otros 54 restantes, en junio, porque su labor ya no es necesaria debido al avance de la obra. Según los operarios, restaba el 60% de la obra para terminar por lo que no consideran que el personal no fuera necesario.

Para ese entonces la obra, que debería estar finalizada en 2016, se encontraba al 40% de su ejecución. Debido a los conflictos gremiales, no se concluirá durante el año en curso sino recién en 2017.

Según información que no se ha podido corroborar, en la obra se encuentran trabajando afiliados del SITRAIC (Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción), sindicato opuesto a la UOCRA (también a los funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner) y cuyo Secretario General es Víctor Grosi.

Se difundió información acerca de la construcción de una nueva base china en San Juan

Algunos medios han reproducido una información difundida por Perfil acerca de que existiría un proyecto para la construcción de una nueva base espacial china en la provincia de San Juan.

Este proyecto habría sido mantenido hasta el presente en estricta reserva y se sabe que es gestionado por un área militar del gobierno chino. Debido a que la tecnología utilizada en la base china para el control de operaciones espaciales podría permitir un “uso dual”, el gobierno argentino estaría preocupado por su aplicación. Tal tecnología podría ser utilizada para monitorear la llegada del primer astronauta chino a la Luna así como también para controlar el curso de misiles balísticos intercontinentales nucleares chinos o de un tercer país[14].

En julio de 2016 se informó que mientras la provincia de San Juan sigue esperando la no objeción de Susana Malcorra, había circulado la versión de que si se sigue dilatando la autorización nacional para instalar el radiotelescopio chino en Calingasta, podría cambiarse su emplazamiento y ser instalado en las cercanías del Observatorio Cerro Tololo, en Chile, zona que reúne las mismas condiciones geográficas que El Leoncito.

En el ámbito de la Universidad Nacional de San Juan habría preocupación al respecto ya que este proyecto se remonta al 2004, año en el que el entonces rector, Benjamín Kuchen, firmó el convenio con la Academia Nacional de Ciencias de China y, seguidamente, el gobierno de la provincia sumó su adhesión.

El radiotelescopio del denominado del proyecto CART (Chinese-Argentine Radio-Telescope) es similar a una antena parabólica, tiene un diámetro cercano a los 40 metros y una vez instalado entre el Casleo y el Observatorio Félix Aguilar sería visible desde varios kilómetros a la redonda. Según se informó, el presupuesto está íntegramente a cargo de China, incluso el desembolso inicial de US$ 1,5 millón para la base de hormigón con sus respectivas adecuaciones de infraestructura que frenó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Nación.

La comunidad académica está a la espera de que el Ministerio de Relaciones Exteriores expida una “no objeción” al proyecto del radiotelescopio. Ese documento permitirá destrabar el proceso.

Cabe agregar que la Canciller Susana Malcorra viajó a China en mayo de 2016 con el objetivo de preparar el viaje del Presidente Mauricio Macri a ese país, para ultimar los detalles de su participación en la cumbre del G20 que se llevó a cabo en septiembre.

Por su parte, ha trascendido que el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Nación, Lino Barañao, se ha desentendido del tema del radiotelescopio, situación que es percibida en San Juan como una “reorientación” política del ex Ministro de Cristina Fernández de Kirchner, como miembro del gabinete del presidente Mauricio Macri.

Ante estas indefiniciones, los chinos estarían en tratativas con el Observatorio Cerro Tololo de Chile.

**Imagen 11.** **Ubicación del Observatorio Astronómico El Leoncito, en la provincia de San Juan, Argentina, y del Observatorio Interamericano Cerro Tololo, en Chile.**

Imagen 12. **Valle del Elqui. El Observatorio Interamericano de Cerro Tololo, Chile.**

Los tratados con China

Ante la situación generada por esta información, la canciller Susana Malcorra habría solicitado la asistencia a otros organismos del gobierno. El gobierno de Macri desea rever los tratados bilaterales firmados por el gobierno precedente y durante la primera reunión que el propio presidente mantuvo con su par chino, Xi Jinping, se comprometieron a trabajar para confirmar esos acuerdos.

La Argentina y China han celebrado otros tratados de cooperación además de los referidos a las mencionadas bases:

Centrales hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic. Estarán localizadas en el cauce del río Santa Cruz y hasta 2010 se las denominaba “Cóndor Cliff” y “La Barrancosa”. Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fueron rebautizadas con los nombres de los que fueran los gobernadores de Santa Cruz. El 18 de julio de 2014 se firmó el contrato de financiamiento de las mismas por US$ 4.714 millones de dólares, que estaría a cargo de los bancos chinos Development Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China Limited y Bank of China Limited. Desde el punto de vista ecológico, estas centrales son el objetivo de serias críticas. En el Congreso de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN), la mayor y más antigua organización ambiental del mundo, en los primeros días de septiembre de 2016, en Hawaii, fue presentada una moción para que se suspendan estas obras hidroeléctricas hasta tanto se garantice que no afectará a las poblaciones de macá tobiano, un ave que se encuentra en estado crítico de extinción y que fue descubierta en 1974. Se encuentra en la lista roja de la UICN. La moción pide que se realicen estudios de impacto ambiental ya que esta ave pasa todos los inviernos en la desembocadura del río Santa Cruz, donde se zambulle para buscar su alimento, que se verá alterado con las obras.
Energía nuclear. En noviembre de 2015 se firmaron los acuerdos destinados a la construcción de la cuarta y quinta central nuclear, una inversión total de US$ 14.000 millones de los que China aportará el 85% del financiamiento. Los contratos fueron firmados en el marco de la Cumbre del G20 que se desarrolló en Antalya, Turquía. En su visita a China, en SET16, el Ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, mantuvo una reunión con representantes de la empresa China National Nuclear Corporation CNNC), con la que fueron suscritos acuerdos para la construcción de las dos centrales nucleares.
Proyectos en energía eólica y solar. A desarrollarse en Jujuy, La Rioja, San Juan.
Proyecto de acueducto. En Entre Ríos.
El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner también firmó acuerdos en materia de Defensa. El entonces Ministro de Defensa Agustín Rossi consideró a China “socio estratégico” y destacó un acuerdo con Norinco, empresa que fabrica los blindados, para la compra y transferencia de tecnología con el proyecto de instalar una planta en la Argentina. Cabe recordar que el 18 de julio de 2014 ambos gobiernos elevaron la relación a la categoría de Asociación Estratégica Integral.

Algunas consideraciones finales

Al momento de considerar el tema de la estación espacial en la Provincia del Neuquén, debe tenerse en cuenta que China ha desarrollado varias bases ─algunas de uso dual─ localizadas principalmente sobre el mar de China y el océano Índico, para garantizar su abastecimiento de materias primas así como su política expansionista. Esas bases ─que se han denominado “collar de perlas”─ serían las siguientes:

Hong Kong, que posee el tercer centro financiero del mundo, un puerto y una terminal petrolera;
Sanya, en la isla Hainan de China, con una base aérea y una base de submarinos nucleares, en cavernas bajo las rocas, protegidos de la detección de los satélites espías;
isla Woody (islas Paracel, reclamadas por China, Vietnam y Taiwán), en donde hay un puerto y una base aérea y se desarrollan proyectos turísticos;
islas Spratly (reclamadas por Brunei, China, Filipinas, Malasia, Taiwán y Vietnam, en las que se realizan prospecciones gasíferas y petroleras, además de exploraciones submarinas;
Sihanoukville (Campong Som) y Ream (Camboya), donde se realiza la ampliación de puertos, acceso naval;
el istmo de Kra (Tailandia), proyecto de corredor estratégico (autopista, ferrocarril, oleoducto, canal marítimo);
islas Coco, en el mar de Andamán, área perteneciente a Myanmar desde finales del siglo XIX pero que han sido revalorizadas geopolíticamente a partir de los noventa con la supuesta presencia militar china en dichas islas;
Kyaoukyu, también perteneciente a Myanmar, con un puerto, una terminal petrolera y un proyecto de corredor estratégico para China, que incluye un oleoducto, ferrocarril y carretera;
Chittagong, territorio de Bangladesh, donde China patrocinó el desarrollo del mayor puerto de ese país a cambio de emplazar una amplia estructura para el transporte de contenedores;
Hambantota, en Sri Lanka, donde Beijing invirtió millones de dólares en la construcción de un puerto próximo a la costa de la India a cambio de ayuda para liberar a Sri Lanka del terrorismo tamil;
Marao, en las islas Maldivas, en donde se realizan exploraciones marinas y se proyecta la construcción de una base militar;
Gwadar, Pakistán, donde China construyó un puerto a sólo 180 millas náuticas del estrecho de Ormuz y que originó una protesta por parte de la India;
un puerto en Sudán del Norte, con una terminal petrolera, un corredor estratégico que incluye un oleoducto y una base de inteligencia;
Sittwe, en Myanmar, donde China construye un oleoducto que transportará petróleo de Sittwe a Kunming, capital de la provincia china de Yunnan, y que constituye otro punto del conflicto potencial entre China e India.

**Imagen 13. El denominado «collar de perlas chino».**

En febrero de 2016 el Ministerio de Defensa de China confirmó oficialmente que dio comienzo a la construcción de lo que ha calificado como “instalaciones de apoyo” en Djibouti. Las autoridades chinas alegan razones logísticas ya que facilitaría el mantenimiento de sus buques destinados a combatir la piratería en el golfo de Adén, así como en Índico, en el mar Arábigo y en el mar Rojo.

Esta infraestructura está desarrollada y planificada estratégicamente en función de las necesidades de China pero también ante un conflicto que pudiera desencadenarse en el mediano y largo plazo. En función del mismo es que China está construyendo una isla artificial cerca de Filipinas, donde los Estados Unidos tienen la base Subic, en la bahía homónima en la isla Luzón. En la actualidad, el gobierno de Washington se apresta para retomar su presencia en bases de Filipinas.

En este contexto ─en el que además deben destacarse las tensiones por las disputas del mar de China, el refuerzo de la capacidad militar de Estados Unidos en el Pacífico y las explosiones nucleares llevadas a cabo por Corea del Norte─ la apertura de una base espacial que podría tener un uso dual debería haber sido considerada con mayor detenimiento.

El acercamiento a China y los numerosos acuerdos que se firmaron con ese país fueron pergeñados por los ministros de Planificación Federal y de Economía del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido y Axel Kicillof, quienes viajaron en varias ocasiones a ese país y recibieron a empresarios chinos en Argentina. Estos ministros fueron quienes celebraron los acuerdos para la construcción de las represas en Santa Cruz, para la construcción de las centrales nucleares y los acuerdos con la petrolera china Sinopec, entre otros. Cabe recordar asimismo que Economía consiguió un “swap” del país asiático que fue ampliado en agosto de 2015 con un refuerzo equivalente a US$ 2.000 millones para evitar que cayeran las reservas.

Toda esta suma de acuerdos con un solo e importante actor como China significaría una seria limitación para la Argentina, habida cuenta de la dependencia que se impone a la Nación en términos económicos y contractuales.

Asimismo, debe considerarse que el organismo que llevó adelante el acuerdo con China para la construcción de la estación espacial, la CONAE, precisamente era una dependencia del Ministerio de Planificación Federal, a cargo del Ingeniero De Vido.

En el caso puntual de la estación espacial de Neuquén, en lo que se refiere a los supuestos anexos secretos no se ha podido confirmar si efectivamente existen o si se llevó a cabo una modificación en el proyecto de los acuerdos.

Al momento de que el acuerdo fuera ratificado por el Congreso Nacional, la estación espacial estaba en un avanzado proceso de construcción, pues las obras comenzaron en marzo de 2013, casi dos años antes. Por su parte, la Legislatura de la Provincia del Neuquén no accedió al supuesto acuerdo, con lo cual no convalidó el tratado.

Por otro lado, la Provincia del Neuquén debió ceder 200 hectáreas a China, emprender una erogación de consideración para ofrecerle cierta infraestructura a la base espacial china sin recibir nada a cambio. La situación de la República Argentina es similar, amén de que debe resignar su soberanía en parte de su territorio.

En este sentido, un punto a considerar es que los científicos argentinos pueden acceder al uso del 10% del tiempo de la estación, como mínimo, cuando así lo dispusieran, pero el acuerdo entre la CONAE y CLTC, establece que la Argentina podrá usar la antena para investigaciones propias pero mediante la solicitud de un permiso escrito a CLTC con, al menos, tres meses de anticipación. Este punto es por demás absurdo. Asimismo establece que ese tiempo de ninguna manera es acumulable a través de los años.

Respecto a la finalización del acuerdo, el convenio habla de que si se decidiera concluir el acuerdo deberá hacerse mediante “un preaviso por escrito” de “al menos 5 años previos a la fecha en que se pretende terminar el acuerdo”, es decir un 10% del tiempo total de la concesión. Para la Argentina eso significa un serio riesgo para su seguridad nacional, habida cuenta que se trata de un territorio cedido a una potencia extranjera y sobre el cual no podrá ejercer su soberanía.

Más allá que la canciller Susana Malcorra haya logrado un compromiso de parte de las autoridades chinas de que no se llevará a cabo actividad militar en la estación espacial, ninguna autoridad argentina tendrá acceso a lo que se haga dentro de la misma y debiera considerar como “inquietante” que para que los científicos argentinos accedan a la estación deba realizarse un pedido por escrito con, al menos, tres de meses de antelación.

En tal sentido, se percibe que la afirmación de que China respetará la legislación y la normativa argentina así como la neuquina, resultaría a simple vista relativo ya que la República Argentina ha cedido 200 hectáreas bajo la cláusula de extraterritorialidad, al igual que si se tratase de una embajada.

Probablemente, si se decidiese cancelar el acuerdo, el momento más oportuno sería antes de la finalización de las obras, lo que supondría asumir el costo de la decisión.

El proyecto de referencia no sólo afecta los planes espaciales de ambos países sino que también complica los planes económicos del actual gobierno argentino debido a que dentro del paquete de acuerdos heredado existirían varios proyectos de inversión de utilidad para reactivar la economía.

China es el “principal inversor” de la Argentina. Los proyectos de inversión de ese país en Argentina alcanzan los US$ 25.000 millones. En este sentido, debe mencionarse que en oportunidad de la participación del presidente Macri en la Cumbre del G20 mantuvo reuniones con empresarios de ese país ─Jack Ma (dueño de Alibaba, sitio de comercio minorista global), el presidente de Sany (maneja el 64% del mercado mundial de volcadoras de cemento), el titular de Power China, la mayor compañía productora de electricidad de China), con representantes de la empresa contratista de las dos hidroeléctricas proyectadas para Santa Cruz y con los de Huawei, la tercera productora de teléfonos celulares del mundo con una creciente presencia en Argentina y con su planta de América del Sur en nuestro país─, lo que pone en evidencia la intención de lograr mayores inversiones chinas en Argentina. No obstante, debe considerarse que una gran dependencia económica respecto de un único actor limita la toma de decisiones políticas y soberanas.

La relación bilateral con China constituye un capítulo delicado debido a que el actual gobierno requiere oxígeno para poder desarrollar su programa económico de la manera menos cruenta. China está en condiciones de llevar a cabo inversiones millonarias, con tasas razonables y de manera más sencilla pues para ello se operaría con empresas estatales chinas involucradas en los proyectos energéticos.

* Licenciado en Historia graduado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Director de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG).

Referencias

[1] Ley N° 17.989. “Apruebase el ‘Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes’». InfoLeg, http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/205000-209999/208688/norma.htm, [consulta: 13/03/2016].

[2] Cristina Pérez. “Lo que se sabe de la misteriosa base que China está construyendo en la Patagonia argentina”. BBC Mundo, 17/03/2016, https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160317_misteriosa_base_china_patagonia_argentina_lb , [consulta: 18/03/2016].

[3] “Sapag dijo que ‘es imposible la utilización militar’ de la estación espacial China”. Tu Noticia, 09/09/2014, https://www.tunoticia.com.ar/sapag-dijo-que-es-imposible-la-utilizacion-militar-de-la-estacion-espacial-china/, [consulta: 11/04/2016].

[4] “Sapag recibió a funcionarios chinos”. Neuquén Informa, 09/09/2014, https://www.neuqueninforma.gob.ar/sapag-recibio-a-funcionarios-chinos/, [consulta: 11/04/2016].

[5] Ídem.

[6] Martín Dinatale. “Un documento de China reavivó la polémica por la base espacial de Neuquén”. La Nación, 15/06/2015, [consulta: 18/07/2016].

[7] “Alertan por la instalación de una estación espacial china en la Argentina”. Infobae, 03/09/2014, https://www.infobae.com/2014/09/03/1592200-alertan-la-instalacion-una-estacion-espacial-china-la-argentina/, [consulta: 18/07/2016].

[8] Ídem.

[9] Ídem.

[10] Ídem.

[11] “Los Acuerdos con China. Las urgencias como camino para perder soberanía”. Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), 13/02/2015, https://ipypp.org.ar/2015/02/13/los-acuerdos-con-china-las-urgencias-como-camino-para-perder-soberania/, [consulta: 20/07/2016].

[12] “Se declararon en huelga los obreros que construyen la estación espacial china en Neuquén”. El Cronista, 19/02/2015, https://www.cronista.com/economiapolitica/Se-declararon-en-huelga-los-obreros-que-construyen-la-estacion-espacial-china-en-Neuquen-20150219-0114.html, [consulta: 12/03/2016].

[13] “Denuncian despidos donde se construye estación espacial china”. Noticias Argentinas, 22/06/2015, https://noticiasargentinas.com/economia/denuncian-despidos-donde-se-construye-estacion-espacial-china-n35304 , [consulta: 12/03/2016].

[14] Aurelio Tomás. “Preocupación del Gobierno por la construcción de otra base de China en territorio argentino”. Perfil, 04/05/2016, https://www.perfil.com/noticias/politica/preocupacion-del-gobierno-por-la-construccion-de-otra-base-china-0503-0052.phtml, 06/05/2016].

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