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VIDAS O ECONOMÍA. ¿ES ESA LA CUESTIÓN?

Elio Prieto González*

 

Imagen de zhugher en Pixabay

Para encontrar un grado de conmoción similar al que esta pandemia ha causado a escala global, es común hacer referencia a las guerras mundiales. La primera que terminó en el curso de la llamada Gripe española y la segunda en la que prácticamente no hubo una región del planeta que escapara a sus efectos.

Esta pandemia tiene muchos puntos de analogía con una guerra, pero es bien distinta porque la guerra como epidemia de traumas mata por decenas de millones y destruye los bienes materiales y el hábitat en muchas regiones, pero no en todo el planeta.

Pero, ahora, a diferencia de lo que ha ocurrido en las guerras mundiales, o guerras globales los efectos negativos sobre las economías se producen sobre prácticamente todas. Es un fenómeno que afecta la producción de bienes, el comercio, las industrias de servicios y el empleo, en absolutamente todo el mundo. Países productores de bienes de alto valor, otros con economías primarizadas. La parada ha sido general. Un ejemplo es la merma global de la industria turística que podría alcanzar hasta un 80% en el curso del presente año, según datos de la Organización Internacional del Turismo. 

Pandemia (cuarentena) o caída económica. No existe tal dilema

El daño a las economías al margen de las distintas posibilidades de recuperación, es global, es vertical y es profundo. En un documento del Banco Mundial, se lee que la economía puede caer un 5.2% en 2020, siendo el mayor descenso desde la II GM. El número de economías en las que el PBI per cápita ha descendido no es tan grande desde 1870[1]. Los pronósticos para América Latina son devastadores en especial por el crecimiento de la pobreza.

La economía está siendo afectada, pero ¿alguien puede afirmar que con decenas de miles de muertes no ocurrirá lo mismo? En tal caso la indignación de los que consideran la cuarentena dictatorial podría ser sustituida por el pánico. Porque en los procesos autorregulados, no hay otra lógica que la de la teoría de probabilidades y es sabido que no hay probabilidades hacia atrás. Una vez tomado un camino, corregir el rumbo se hace más difícil. Las vidas no pueden reponerse, la economía sí.

Las propuestas y demandas económicas deben ser atendidas, porque son perentorias, pero deben serlo en la medida en que la situación lo permita y es lo que está ocurriendo, a mi entender. Los equipos de trabajo a diferentes niveles desarrollan un monitoreo permanente, para poder informarse de lo que ocurre en los territorios, aportar la información y responder con decisiones políticas con base científica. Esto a veces implica marchas y contramarchas. Requiere ajustarse a los cambios de situación en el país y a las evidencias obtenidas sobre las peculiaridades de esta enfermedad, en una de las mayores carreras por la información científica que puedan recordarse.

En países como China, Corea del Sur y Nueva Zelanda entre otros, ha sido necesario retroceder hacia la cuarentena por rebrotes de la enfermedad. La cinética de los contagios, la dinámica de los aerosoles, la carga viral, la respuesta inmune, son algunas de las variables de este enorme rompecabezas y la conducta humana, no es la menos impredecible.

Nuevos tratamientos se prueban, se aceptan o desechan a un ritmo que es más lento que lo que la urgencia reclama. Las vías de contagio son discutidas y reanalizadas, trascienden los probables mecanismos por los que el virus mata. El público se enfrenta a modos de pensar la realidad que solamente han sido familiares para los que se dedican a la investigación científica. La necesidad de verificar, de confirmar y volver a hacerlo para poder afirmar que un medicamento cura. Eso genera una gran tensión. Las consecuencias en este mundo interconectado y vibrante de desinformación, no habilitan los pronósticos tranquilizadores a plazo fijo y si la incertidumbre.

La pobreza aumenta y la vulnerabilidad al contagio se dispara por las dificultades para mantener el aislamiento social cuando las personas salen a buscar o realizar algún trabajo.

En respuesta a esto, las acciones para disminuir el ritmo de propagación, incorporan dentro de paquetes de medidas, la ayuda económica y alimentaria, tal como ocurre en la Argentina. Cierto es que no a todos puede llegar y que no es un sistema perfecto. No existe tal, pero los resultados de una política orientada a la disminución del número de contagios han sido evidentes. La cuarentena ha logrado que el incremento de casos diarios se mantuviera por semanas en límites aceptables para la capacidad de atención del sistema de salud, que por otra parte, ha experimentado una expansión notable en poco tiempo. El curso de las acciones de la dirigencia, gobierno y buena parte de la oposición ha sido correcto. Ha logrado achatar la curva, lo que significa que se ha ganado tiempo y ahorrado vidas humanas. En la Argentina han ocurrido 31,7 muertes por millón de habitantes. Brasil y Chile se sitúan por encima de 200. El lenguaje de los dirigentes políticos, en esos países, así como el de economistas y comunicadores que les siguen, parece anclado en una visión de los procesos socioeconómicos que se piensan casi como fenómenos naturales. En este discurso se alega que habrá más muertos por el hambre que por la virosis y la actividad económica se propone como enajenada de la vida.

La falsedad de este discurso, es evidente, porque no se toman en cuenta las acciones del Estado tendientes a mitigar los efectos económicos. En muchos medios locales se pretende ignorar que organismos internacionales y medios de prensa de alcance global, mencionan a la Argentina como uno de los países que mejor está gestionando las crisis. Un ejemplo, la OPS ha declarado que la cooperación con Argentina ha permitido que “el país se mantenga por delante de la curva en su capacidad de prueba para rastrear efectivamente la transmisión y tomar medidas”. Hace unos días el New York Times publicó una columna en la que se afirma que “Uruguay, Paraguay y Argentina son los países latinoamericanos que obtuvieron las mejores calificaciones por su respuesta al coronavirus, según una encuesta realizada en la región…, mientras que Brasil fue etiquetado como el de peor desempeño”. Una difusión equilibrada de los errores y aciertos es imprescindible para el ejercicio de la democracia.

Es una función de los gobiernos defender a sus pueblos. La eficacia de las medidas es variable y necesariamente debe ser mejorable. Pero el panorama hay que mostrarlo en la mayor extensión posible. La realidad indica lo contrario, el manejo mediático es hipercrítico y en este juego los perdedores son los que al oponerse en bloque a lo que propone el gobierno, puesto en el rol de villano antidemocrático, se protegen menos, aumentan sus riesgos y el de las personas con quienes se relacionan. El sesgo informativo es muy peligroso para la vida en la pandemia.

Estamos mejor que otros, pero las situaciones pueden cambiar

En la Argentina no se ha erradicado el virus, no puede lograrse en este lapso y sólo se puede con el aislamiento. Abandonarlo antes de tiempo puede disparar el número de casos y de muertes. Escuché a un manifestante increpar al gobierno porque está esperando que aparezca la cura o la vacuna. En el inventario de teorías, algo nuevo. Se critica al gobierno por hacer lo único que se debe hacer. Esperar todo lo que se pueda soportar con la menor cantidad de muertes.

Entre todos los científicos que opinan sobre la efectividad de las medidas de aislamiento, son seleccionados para ser entrevistados los que están en contra de las cuarentenas, se enfatiza en la parte de sus discursos en los que dicen, pongamos por caso, que al final se sabrá si los resultados serán mejores entre los países que la adoptaron temprano o aquellos que optaron por continuar “apostando a la economía”. La selección de los países a mencionar excluye a los que lograron disminuir las muertes, si se mencionan Alemania, Noruega o Nueva Zelanda es como de pasada. Porque muchos medios relativizan los criterios del éxito del aislamiento. El número de muertes, “no incluye la multi dimensionalidad de los daños producidos por la pandemia”, “ese número no es lo único que hay que evaluar” proponen algún epidemiólogo y muchos economistas convenientemente citados.

Nadie pretende que sea este indicador, el único. Pero nadie debería discutir que es el indicador de éxito más importante. Lo asombroso es que en muchos comentarios de las “redes de arrastre” sociales, muchos que no se autoperciben como desechables, adoptan ese punto de vista.

Las muertes son aceptables. Porque hay que activar la economía. Las medias verdades anulan la relación entre las medidas de reconexión económica y las consecuencias en el número de contagios. No se habla de la marcha atrás. Se privilegia la idea de la nueva normalidad, de la vuelta al tiempo pre pandemia. Los deseos se asimilan a los hechos. Se insiste en aquellos lugares que abrieron cafés y paseos. Detrás de estas aldeas potemkinianas virtuales, hay fotos que se eluden y estadísticas que muestran el resultado fatal de ciertas prisas. En la dinámica de lo posible y lo deseable, empujar en función de lo último es lícito. Educar al público, para sostener la posibilidad de estas aperturas es imperativo. Informar los resultados de las marchas y contramarchas es ético. 

Abrir los cafés y correr es hermoso, pero ¿cuándo?

Ocurre que se pretende disminuir los controles, al punto de que el aislamiento social no constituya un impedimento para la deseada reactivación de la economía. En una situación como la que se ha vivido en regiones con altísimo desarrollo, lo que puede esperarse es la explosión de contagios y de muertes, por el virus y por otras afecciones que serían intratables. La economía no podría recuperarse así. No ha ocurrido en los países donde el golpe de hoz de la pandemia ha sesgado no solo vidas sino, productores y consumidores. Bajo este criterio las sociedades deberían esperar la destrucción de parte de su base funcional y de sectores de la población (en especial los mayores improductivos y menos consumidores) en un rebrote del darwinismo social.

Solo aquellas personas que puedan retirarse de las zonas de alta circulación viral estarían a reguardo en alguna medida. Sin embargo con la propagación del virus y la aparición de olas sucesivas de contagios. ¿Cuántos de los no protegidos deberán morir antes de que la enfermedad se auto limite por el agotamiento de los susceptibles?

En nuestro país, aumenta el número de casos y de muertes en la capital y el Conurbano. Paradójicamente es en este momento en que se agudiza la oposición a la única medida de contención comprobada. Hay reclamos que surgen de la necesidad, los que buscan adaptar los protocolos para trabajar e incorporar actividades que se presumen pueden controlarse mejor. Otros son inconducentes y politizan la cuarentena. Para los primeros hay respuestas, pero las demandas crecen y requieren más, no todos resultan satisfechos y no todos pueden serlo, ni al mismo tiempo.

Terminar la cuarentena antes de tiempo es igual a no haberla tenido

Si planteáramos dos escenarios contrapuestos. En el primero se levanta la cuarentena, se abren los negocios y las fábricas, se libera el transporte en la zona del AMBA, donde es mayor la velocidad de contagios y el número de casos. Por otro lado, a los que no creen, en la pandemia, se les exime de la obligación de distanciarse y usar barbijos.

La consecuencia que debe esperarse es el aumento de los casos, algo que ya ocurrió después de una relajación leve del rigor del aislamiento.

La severidad de las medidas deberá corresponder a la severidad de la pandemia, porque al menguar el control, la tendencia alcista debe resultar en mayor ocupación de camas en salas generales y de terapia intensiva, el aumento de la cifra de prestadores sanitarios enfermos y muertos, como se ha visto en Europa y EU. Esto desemboca en la reducción de la capacidad del sistema de salud para tratar los enfermos de Covid y los de otras afecciones, como las respiratorias que siempre son más frecuentes en invierno. Los cánceres, infartos, úlceras sangrantes, cirrosis descompensadas y traumas no podrían ser tratados.

La inmunidad de rebaño es un camino abandonado para esta etapa de la pandemia. Los casos más llamativos son los de Inglaterra y Suecia donde ha sido considerado un error por quienes lo recomendaron. La proporción de aproximadamente 60% de infectados, que se considera necesaria para alcanzarla, sólo en la región del AMBA implicaría 8,8 millones contagios. A partir de una población de 14,8 millones de habitantes (www.buenosaires.gob.ar ›gobierno›que-es-amba). Si consideramos una conservadora tasa de letalidad general, entre 0.5 y 1%[2].  Los muertos probables hasta que, (en caso de alcanzarse) la inmunidad de rebaño pudiera frenar la propagación, podrían ser entre 44.400 y 88.800.

La única certeza continua siendo el aislamiento, alternado con el distanciamiento, cuantas veces sea necesario, hasta el momento en el que se logre una terapia eficaz, o una vacuna. La economía quedara muy dañada en los dos casos. Es un hecho. Los que optaron por la economía, no lograron rescatarla. La diferencia objetiva está en el número de muertes.

Hasta mediados de julio se ha vuelto a un aislamiento más severo. Según palabras del ministro Ginés Gonzalez García “Hemos vuelto a tener la responsabilidad que tuvimos. Mucho más que una medida del Gobierno, es una medida de la sociedad para proteger”.

El virus no va a desaparecer. Pero los tratamientos van a mejorar, ya está ocurriendo. Es cierto que la economía se resiente. Es cierto que hay que actuar para que aquellas regiones donde se pueda reabrir se continúen haciéndolo, mientras que en las que no sea posible, hay que ayudar para que las necesidades sean satisfechas. Es una situación excepcional, requiere una mentalidad y acciones inéditas. Puede parecer ingenuo, pero no hay otra salida.

Las oposiciones  a la cuarentena, al barbijo, al distanciamiento…, las conspiraciones

Existe una oposición a las medidas anti contagio que cuando se expresa muchas veces, muestra su origen absurdo. Descansa en una ignorancia que asombra cuando no molesta. Hay reclamos egoístas, dónde se trastocan las escalas y es lo mismo correr que mantener una familia. Hay protestantes del llano y hay irresponsables que no pueden explicar la raíz de su disgusto porque disfrazan de oposición a las medidas del gobierno la oposición al gobierno.

En ese grupo heterogéneo hay quienes se oponen a las cuarentenas, a las vacunas, a flexibilizar, a no flexibilizar, a las radiaciones, al nuevo orden mundial y a cuánto monstruo esté dando vueltas en las redes. Es bueno para la salud pública que la comunicación sea responsable. Los formadores de opinión, deben serlo, porque las interpretaciones erróneas y los bulos, inducen a conductas nocivas para el conjunto de la sociedad. .

Sin pretensiones de psicoanálisis pareciera que junto a las motivaciones políticas, de algunos anti cuarentena, existe la tentación de buscar certezas fabricando enemigos visibles, sobre todo porque los virus para muchas personas son solo una palabra con un significado simbólico, pero no saben en realidad que son.

Aceptar que un virus ha detenido el mundo, es más difícil que enfrentar una cantidad infinita de enemigos creados al efecto de poner en la otra esquina un contrincante merecido. Digamos uno a la altura. Pareciera que este enemigo no puede ser un virus, que no es más que una molécula de ácido nucleico con unos pocos bits de información, encapsulada dentro de otras y que ni siquiera está viva, aunque se reproduzca en nuestras células.

* El autor es médico genetista. Investigador en Genética Toxicológica y profesor universitario. Centro de Altos Estudios en Ciencias Humanas y de la Salud (CAECIHS). Universidad Abierta Interamericana.

©2020-saeeg®

Referencias

[1] Banco Mundial. Coronavirus: La respuesta del Grupo Banco Mundial ante la emergencia mundial de hacer frente a la pandemia. https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-global-economy-into-worst-recession-since-world-war-ii

[2] Nature News. Smriti Mallapaty. How deadly is the coronavirus? Scientist are close to an answer. https://www.nature.com/articles/d41586-020-01738-2

IDEAS SOBRE POLÍTICA EXTERIOR

Reinaldo Cesco*

Esta nota de opinión no busca proponer una nueva visión en las Relaciones Internacionales, pero si explorar otros caminos, otras opciones tal vez no consideradas, pero que sean de fácil implementación y cuyo costo económico sea accesible para nuestro país. Es una propuesta con ideas que podrían ayudar a la Argentina en su camino hacia un desarrollo sustentable.

Para poder avanzar en el tema, Argentina debería intentar dar respuesta a algunas incógnitas. La primera seria si está en condiciones de ordenar su política interna, la otra seria reflexionar acerca de qué lugar desea ocupar en el mundo. Además, todo programa en materia de política exterior debería considerar la cuestión del Atlántico Sur. En este sentido, cabe recordar que la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional de 1994 expresa: “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.

Quizás la incógnita más difícil de develar es si Argentina está en condiciones de ordenar su política interna. A primera vista la respuesta natural es NO. Pero de lograrse un acuerdo político de amplio margen, con patriotas a los que les interese la grandeza nacional, donde se incluya a los principales líderes del quehacer nacional y se asuma un compromiso a largo plazo, sería realizable. Para esto deberían comprometerse o acordarse algunas cuestiones básicas sobre las que trabajar, como por ejemplo:

  • Inversión en Educación y Desarrollo.
  • Inversión en Infraestructura.
  • Rebaja Progresiva de Impuestos, simplificación tributaria y Seguridad Jurídica.
  • Seguridad Nacional.
  • Política Exterior coherente.

Una vez acordadas estas cuestiones básicas, el panorama se hace mucho más sencillo y si se trabaja en aras del interés nacional, nuestro país tiene el potencial para estar en una posición de privilegio a nivel internacional.

En cuanto al escaño en el que Argentina busque posicionarse en el mundo, básicamente existen tres opciones. Puede optarse por la irrelevancia, siguiendo la senda actual. Puede optarse por alinearse con alguna potencia o, con un eje ideológico, como la Venezuela chavista y Cuba, o puede optarse por una tercera alternativa, que es la de transitar su propio camino, buscando tener cierta relevancia en el concierto mundial.

El de la irrelevancia, es casi un camino cerrado para nuestro país, principalmente por sus dimensiones geográficas (octavo en el mundo por superficie) y por sus recursos naturales, por lo que por más que se intente, el país siempre va a ser objeto de interés para naciones más poderosas. Situación que la obliga a decantarse por alguna de las otras dos opciones.

El camino del alineamiento, donde siguen los dictámenes marcados desde afuera, seguido varias veces a lo largo de nuestra historia reciente, tanto hacia un lado como hacia el otro, no ha surtido el efecto deseado. Esto tal vez tenga más que ver con el desorden interno que con los lineamientos marcados; pero no es el objetivo de este trabajo ahondar en eso.

En función de lo antes expuesto, la opción natural debería ser buscar tener un papel de relevancia en el concierto de naciones. Argentina debería ocupar el lugar de una potencia intermedia, una potencia regional, el lugar que en algún momento supo tener. Este no es un camino sencillo ni inmediato. Es un proyecto que debe entenderse a mediano y largo plazo, a través de diferentes gobiernos y signos políticos. No es inalcanzable, pero requiere de una planificación estratégica… algo que los gobiernos de las últimas décadas no tienen en cuenta.

El otro punto a abordar (aunque controversial) debería ser la cuestión del Atlántico Sur. La histórica posición argentina es que una potencia extranjera ocupa desde 1833 parte del territorio nacional mediante la fuerza y la coerción. Entonces debería ser una estrategia indiscutible atar este tema a toda la política exterior, so pena de ser incoherentes y no ser tomados seriamente.

Habiendo dado una respuesta a las incógnitas anteriores, nuestro país debería concentrarse en tener una Política Exterior sólida, coherente, confiable y que represente los intereses de la República. Vale recordar que nuestro país no está aislado de la comunidad internacional, razón por la cual la misma debe estar en manos de personal idóneo que represente los intereses de la Nación.

Argentina debe definir sus objetivos estratégicos. Debe trazar un plan a corto, mediano y largo plazo para su desarrollo y, en función de estos objetivos, debe explorar puntos de convergencia y de divergencia tanto en el marco regional, como a nivel mundial y en función de eso debe empezar a tejer alianzas estratégicas que respondan a sus intereses y la ayuden en la consecución de sus objetivos.

Esto se logra buscando socios que tengan intereses similares o complementarios—en este sentido cabe recordar que las naciones tienen intereses, intereses que no necesariamente resultan ligados a lo moral— y compitiendo en áreas donde cuente con una ventaja comparativa. En las otras áreas debería buscar la asociación.

En tal sentido debería evitarse posiciones de confrontación, sobre todo en situaciones donde no puede obtenerse beneficio alguno y más aún si esto genera un daño a las aspiraciones nacionales. Hay otras formas con las que se puede actuar a nivel internacional y pueden ayudar a volcar la balanza a favor del país.

Entre otras propuestas para mejorar la influencia de Argentina en el mundo podrían considerarse Programas de Asistencia a otros países, minimizando la transferencia de tecnología y/o recursos materiales (el razonamiento detrás de esto es no perder ventajas comparativas), pero si enviando especialistas que ayuden a países amigos o aliados en áreas que sean de interés para nuestro país. Otra forma de mejorar la influencia es vendiendo instalaciones llave en mano en áreas donde el país es fuerte, como puede ser parte de la agroindustria o la energía atómica, lo cual no necesariamente implica una transferencia directa de “know-how”, pero permite hacer uso de la tecnología nacional.

Otra opción sería financiar programas de desarrollo en naciones amigas, eventualmente con algunas cláusulas que den cierta preferencia a la producción argentina, a cambio del mencionado financiamiento, u otras facilidades que se estimen convenientes.

Otra herramienta útil son las Misiones de Paz en el marco de la ONU, algo en lo que la Argentina se ha destacado. Le brindan al país una positiva presencia exterior. Ayudan a representar los intereses nacionales en diferentes y variados ámbitos. Además esto permite entre otras cosas ayudar al adiestramiento operacional de nuestras Fuerzas Armadas, y mantener aceitada la capacidad logística de las mismas.

En lo que a las islas Malvinas, Georgias y Sandwichs del Sur se refiere, todo programa de política exterior que se implemente debería tener como objetivo irrenunciable la recuperación de éstas. Sin plantearse plazos rígidos, manteniendo cierta flexibilidad conforme a como sea la evolución de la situación internacional, pero siempre trabajando para la consecución del objetivo que no es otro que el de mantener la integridad territorial. En función de esta meta es que las Fuerzas Armadas deben ser urgentemente equipadas y modernizadas, en especial la Fuerza Aérea y la Armada, porque además de darle credibilidad a las pretensiones y declaraciones propias permiten un control efectivo de la soberanía en el espacio aéreo y en los mares del sur.

Toda negociación que se encare, toda política que se implemente, debería pensarse en cómo conseguir este objetivo. Avanzando en todas las áreas que ayuden a los intereses argentinos, pero tratando de no desaprovechar ninguna opción que se presente para buscar la integridad. En el ámbito que fuere, ya sea reconociendo el reclamo argentino o con acciones concretas que ayuden a nuestra posición.

En lo que respecta al invasor, debería considerarse una política dura. No se puede tener relación amigable ni de cooperación con el usurpador. Esto es comparable a invitar a almorzar todos los días al que semanalmente ingresa a nuestro domicilio a robar, siendo nosotros conocedores de esto. En tal sentido debe reverse o dejar sin efecto las ventajas que se le han otorgado, como por ejemplo los vuelos a Brasil.

Deberían desconocerse los tratados de cooperación firmados con el Reino Unido que no nos benefician y cuya denuncia no traiga peores consecuencias. Especialmente debería desconocerse el tratado sobre las 200 millas náuticas en derredor de las islas Malvinas que le otorgan al usurpador beneficio económico inconmensurable; además de poner una base militar para la OTAN en el Atlántico Sur.

Para tomar dimensión de la ofensa, vale la pena detenerse en el siguiente párrafo de un trabajo publicado por el Dr. Cesar Augusto Lerena:

Hoy el Reino Unido ocupa 200 millas alrededor de Malvinas y un total de 1.639.900 millones de km2 de territorio marítimo argentino. ¿Alguien se habrá dado cuenta que la superficie ocupada es equivalente a toda la Patagonia (Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén y Rio Negro) y a las Provincias de La Pampa, San Luis, Mendoza, Jujuy y Formosa? ¿Por qué además de poner énfasis en los legítimos reclamos de Malvinas no se visibiliza que la Argentina tiene invadido 1,6 millones de km2 de territorio nacional?

Han transcurrido ya 187 años que el Reino Unido ocupase Malvinas y 55 años de reclamos y de entrega sostenida y creciente de la Soberanía Nacional desde la Resolución 2065/65 de la ONU. ¿Los gobiernos aplicaran únicamente estas políticas declarativas e inconducentes?1

Debe tenerse en cuenta que solo con desconocer los tratados no se va a lograr ningún avance. Además del accionar en el campo diplomático y en cuanto foro internacional se tenga oportunidad, esto debe acompañarse de una sólida política económica y de un equipamiento y adiestramiento de nuestras Fuerzas Armadas acordes a lo que la situación requiere.

Se debe negociar y presionar en todos los frentes. Se debe forzar al Reino Unido a sentarse a la mesa de negociación. En toda ocasión en la que éste retornó un territorio ocupado, lo hizo recién cuando se vio obligado a sentarse a negociar presionado por la situación general del territorio en disputa, o por la presión social, o por la presión económica, o por la presión militar o de la comunidad internacional, o por una combinación de estos factores. Nunca lo hizo obrando de buena fe o porque fuera lo correcto. Recordemos que las Naciones tienen intereses, no moral.

Es por esto, que la Argentina debería cambiar completamente la estrategia sobre las islas e implementar una política dura. No quiere decir esto que busque un conflicto armado, pero debe estar preparada para afrontarlo, para defenderse si ese fuera el camino elegido por el Reino Unido. La partida de ésta de la Unión Europea —el Brexit— es un cambio importante en la situación internacional que no debería ser desaprovechada, ya que debilita considerablemente la posición británica.

Resumiendo, Argentina debería ordenar su política interna, una tarea pendiente de la que es responsable toda la dirigencia política, tener una política exterior sólida y coherente, que verdaderamente represente los intereses nacionales y que además, haga de la cuestión del Atlántico Sur una prioridad, persiguiendo la unificación territorial sin renunciamientos ni vacilaciones.

 

* Desde el año 2006 hasta el 2014 se desempeñó como Oficial Subalterno del Ejército Argentino, ocupando funciones varias, entre ellas las de Instructor de Vuelo y profesor de varias materias en el ámbito de la Escuela de Aviación del Ejército.

Licenciado en Relaciones Internacionales (2017), graduado en la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF) y egresado del Curso superior de Defensa Nacional (2007), también  dictado por la UNDEF.

Actualmente se desempeña como piloto de una aerolínea comercial en Estados Unidos.

 

Referencias

  1. Publicado el 30-4-2020 por Cesar Augusto Lerena en https://saeeg.org/index.php/2020/04/30/los-extranjeros-invaden-el-atlantico-sur-la-patagonia-maritima/

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LA PESCA ILEGAL AFECTA A LA SEGURIDAD Y DEBE TIPIFICARSE COMO UN DELITO PENAL

César Augusto Lerena*

Vista aérea. Las luces de los buques pesqueros en el Atlántico Sur. Foto: Armada Argentina

 

Nada más evidente que la PESCA ILEGAL que realiza el Reino Unido en Malvinas, donde otorga licencias de pesca, infringiendo todas las leyes nacionales e internacionales y la propia indicación de no innovar de la Res. ONU 31/49. Fuera de ello, cientos de buques extranjeros también depredan los recursos migratorios argentinos el Atlántico Sudoccidental.

En distintos foros desde la década del 90 se promueve el combate de la pesca ilegal y, el Comité de Pesca de la FAO elaboró en 2001 un Plan de Acción Internacional (PAI) no vinculante, para prevenir, desalentar y eliminar la Pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada (INDNR) con el fin de erradicar la PESCA ILEGAL; pero, después de casi 30 años, CASI TODOS LOS PAÍSES QUE PESCAN A DISTANCIA siguen efectuando pesca ilegal.

La Argentina, desde hace 50 años, sufre esta captura por parte de buques extranjeros en el área de Malvinas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) Argentina y de las especies que migran desde ésta hasta la Alta Mar, causándole un perjuicio gravísimo al ecosistema, ya que con licencia o no británica se extraen del Atlántico Sudoccidental unas 950 mil de toneladas anuales, por un valor estimado a los 2.470 millones de dólares, pero también impidiendo el desarrollo económico, laboral y social de la Argentina y, muy especialmente, al litoral bonaerense y patagónico, constituyéndose en un atentado a la seguridad.

Sintéticamente se entiende como Pesca INDNR (en adelante ilegal) a aquella pesca que infringe las leyes nacionales, regionales e internacionales; la no declaración o la declaración inexacta de información sobre las operaciones, las actividades de pesca que no se ajustan a las reglamentaciones de los Estados o no pueden controlar capturas y/o desembarcos porque los transbordos se efectúan en Alta Mar; las que reciben subvenciones facilitando este tipo de pesca; las que sobreexplotan los stocks disponibles de peces, o no hay forma de determinarlo y otras irregularidades afines.

¿Qué ha hecho al respecto la Subsecretaría de Pesca y el Consejo Federal Pesquero hasta hoy? NADA. Se dictó en 2008 un “Plan de Acción Nacional”, que es un enunciado teórico de obligaciones que ya se encuentran en las leyes y los manuales de las reparticiones públicas, sin ningún efecto práctico. Un inservible texto que, a la luz de los hechos, ya ha demostrado su inutilidad para eliminar o reducir la pesca ilegal, ya que no contiene, ni una sola acción concreta destinada a modificar la depredación brutal que realizan los buques extranjeros en la ZEE Argentina y donde tampoco se mencionan a las especies que migran hacia la Alta Mar. Un PLAN NO VINCULANTE que, al referirse al área adyacente, dice: “En lo esencial, las medidas de conservación, cuyo acatamiento se busca, consisten en el cese de las operaciones pesqueras de dichos buques en el momento en que la autoridad de aplicación argentina disponga el cierre de la temporada” (sic). ¿Alguien podría imaginarse que con esta suerte de “Antón Pirulero”, los chinos, españoles, coreanos, etc. que extraen miles de millones de dólares del Atlántico Sur, mediante este inconsistente plan “acatarían” el cierre del caladero y que, con solo ello, se evitaría la depredación de nuestros recursos?

Continuando con el área adyacente, dice que el gobierno inició gestiones en 2004 ante los Estados de Bandera (extranjeros) y “ha comenzado a procurar el acatamiento voluntario en medidas de conservación” y con este “comenzar a procurar” está hace 16 años, tiempo en que se llevaron 15 millones de toneladas, por valor de 39 mil millones de dólares. Un voluntarismo total, sin la política diplomática, de negociación y persuasión que se requiere e, incumpliendo con la obligación prevista en los art. 4º, 5º d y 22º de la Ley 24.922 y, en el art. 2º de la Ley 24.543. ¿Quién se hace cargo?

Este seudo plan remite a los espacios sometidos a la jurisdicción argentina poniendo acento en el control a la flota nacional (¿?) y, notablemente, no asigna ninguna acción a la captura extranjera en la ZEE y en la Alta Mar donde se produce la mayor pesca ilegal. Insólitamente, el plan tiene previsto su evaluación cada cuatro años, como si la depredación pudiese esperar. A su vez, subordina al Estado ribereño a las Organizaciones regionales (OROP), las cuales no están aprobadas por la Argentina, por cuanto el Congreso Nacional —en buena hora— no ratificó el Acuerdo de Nueva York (1995) que crea esas organizaciones, absolutamente favorables a los Estados de bandera (extranjeros) y que le darían más injerencia aun al Reino Unido en la administración en el Atlántico Sur. Luego de una detallada lista de observaciones al Tratado de Nueva York y las OROP que Ariel Manzi realiza en su trabajo “Comentarios en torno a la génesis y la aplicación del concepto de ‘Pesca No Reglamentada’ en alta mar” (al que sugerimos ir para profundizar) concluye que “el Acuerdo de Nueva York, exhibido como instrumento apropiado para combatir la pesca ilegal, consolida el acceso a los recursos pesqueros a los Estados industrializados presentes en las OROP, con la consiguiente formación de redes de OROPs, a través de las cuales, se afianza la hegemonía de los “países líderes” sobre los recursos vivos de los océanos. En lo que respecta a nuestro país, las consecuencias negativas de la aplicación del concepto jurídico “pesca no reglamentada”, al haberse promovido su ilegalización equiparándolo a la pesca ilegal y a la pesca no declarada, sin fundamento jurídico alguno, sugieren que se mantenga la posición contraria a la ratificación del Acuerdo de Nueva York, por ser incompatible con la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional. Por las mismas razones, debería asumirse una posición análoga respecto del AERP y al ICCAT…”.

La CONVEMAR, ya en su Preámbulo manifiesta que los Estados Parte están “…conscientes que los problemas de los espacios marinos están estrechamente relacionados entre sí y han de considerarse en su conjunto” y deben tener en cuenta “…en particular, los intereses y necesidades especiales de los países en desarrollo…”. En sus art. 55º y 56º se indica la jurisdicción del Estado ribereño donde éste deberá tener en cuenta los derechos y deberes de los demás Estados y, a su vez, en el art. 58º inc. 3 se indica que “…los Estados tendrán en cuenta los derechos y deberes del Estado ribereño…”. A su vez, el art. 61º indica que “el Estado ribereño determinará la captura permisible en su ZEE” y “…asegurará (…) que no (haya) un exceso de explotación” y, “…tendrá la finalidad de preservar las especies (…) las necesidades económicas de las comunidades pesqueras ribereñas, las especiales de los Estados en desarrollo y, la interdependencia de las poblaciones…”. Por su parte, en el art. 62º se determina que el Estado Ribereño procurará “…la utilización óptima de los recursos en la ZEE (…) y los Estados de Bandera que pesquen en la ZEE deben observar (…) las leyes del Estado ribereño…”. Es decir, que la CONVEMAR, establece una serie de obligaciones a los Estados Ribereños y a los de Bandera que capturan en la ZEE y ello es absolutamente razonable, porque el ecosistema es único e indivisible, entendiendo que la sobrepesca en la ZEE afecta los recursos que migran o están asociados a estos en la Alta Mar, tanto, como la sobrepesca en la Alta Mar afectará los recursos de la ZEE, razón por la cual los Estados de Bandera en la Alta Mar están obligados a acordar la captura con los Estados Ribereños.

Cuando por imperio del art. 23º de la Ley 24.922 se otorga permisos de pesca de gran altura a buques de bandera nacional para pescar en la Alta Mar se está cumpliendo con la CONVEMAR, cuestión a la que deberían ajustarse también, los buques extranjeros, conforme el art. 63º inc. 2 de la Convención al indicar, que “cuando —tanto en la ZEE como en un área más allá de ésta y adyacente a ella— se encuentre la misma población o poblaciones asociadas, el Estado ribereño y los Estados que pesquen esas poblaciones en el área adyacente procurarán, directamente (…) acordar las medidas necesarias para la conservación de esas poblaciones…”. Ello se reitera también, en el art. 64º para las especies altamente migratorias y, en este sentido, debiera tenerse en cuenta que, aun no estando descriptos el calamar, la merluza, etc. en la CONVEMAR como especies “altamente migratorias”, deben tenérselas como tales, porque cumplen con todos los requisitos de las especies migratorias, ya que estos recursos, originarios de la ZEE Argentina migran a la Alta Mar y regresan luego a la ZEE. Sería ilógico —y jurídicamente cuestionable— que un recurso migratorio de dominio del Estado Ribereño, por el solo hecho de transponer una línea imaginaria (200 millas), sin barreras, transmute, cambie de titularidad y, sea apropiado libremente, por cualquier embarcación extranjera, provocando un grave desequilibrio en el ecosistema.

La Argentina en los art. 4°, 5º y 22º de la Ley 24.922 estableció el dominio de esos recursos y la protección de sus derechos preferentes en su condición de Estado Ribereño y su voluntad de organizar y mantener un sistema de regulación de los recursos migratorios en la zona adyacente a la ZEE Argentina, todo ello, ya dicho en 1995 en el art. 2º inc. c) al ratificar la CONVEMAR, donde se reserva la facultad de adoptar todas las medidas necesarias para tal fin.

Por su parte, la libertad de pesca en la Alta Mar a que refiere la CONVEMAR (art. 87º inc. e y el 116º), no es una libertad absoluta, ya que ésta debe acotarse a los textos ya citados del Preámbulo de la CONVEMAR y, “ejercida por todos los Estados, teniendo debidamente en cuenta los intereses de los otros Estados en su ejercicio de la libertad…” y que, entre los deberes del Estado de Bandera (art. 94º) se encuentran “el control de la contaminación marina; el combate a la piratería; la adopción de medidas de cooperación y administración de los recursos vivos (Art. 117º, 118º); la determinación de las capturas permisibles y de conservación, teniendo en cuenta —entre otras— la interdependencia o asociaciones de las especies y el esfuerzo de pesca (Art. 119º). Al respecto, el apoderamiento por parte de buques extranjeros de especies (semovientes) de dominio de Argentina, migratorias originarias de la ZEE, es un acto de piratería, según la CONVEMAR (art. 88º, 100º y 101º inc. ii).

Independientemente de lo previsto en el art. 89º de la CONVEMAR y en el Acuerdo de Nueva York que Argentina no ratificó, es necesario destacar la preeminencia en la administración de los recursos migratorios en la Alta Mar por parte de los Estados Ribereños por sobre los Estados de Bandera, porque no podría garantizarse la sostenibilidad del recurso en la ZEE ni en la Alta Mar. No hay sostenibilidad posible si el Estado Ribereño no se constituye en administrador del Ecosistema (en la ZEE y la Alta Mar), de otro modo ¿qué sentido tiene establecer la Captura Máxima Sostenible (RMS) en la ZEE y no en la Alta Mar, cuando es conocida la migración y la existencia de especies asociadas en ésta? De igual modo, ¿qué sentido tienen vedas, reservas, etc. en la ZEE, si la especie que se preserva en sus etapas de desarrollo vital, luego, en su migración a la Alta Mar es depredada sin control?

Si los Estados sin litoral, por los art. 69º y 70º de la CONVEMAR tienen derecho a participar sobre los excedentes de la ZEE, se entiende que, dentro de la libertad de pesca “responsable” que tienen en Altar Mar los Estados de Bandera; estos y los Ribereños están obligados a acuerdos en procura de una pesca sostenible, aplicando por analogía, lo previsto en el inc. a) de los art. citados: “La necesidad de evitar efectos perjudiciales para las comunidades pesqueras o las industrias pesqueras del Estado ribereño”.

Al respecto la FAO es esclarecedora: “las poblaciones transzonales son fundamentalmente ‘residentes’ de las ZEE y desbordan hacia alta mar” y, amplía: “observamos la tendencia a firmar acuerdos entre países costeros y los que pescan en aguas distantes, donde éstos se comprometen a pagar el acceso al recurso y, el Estado ribereño fija el número de licencias, por ejemplo, en el Pacífico Sur, Seychelles, Mauricio, Marruecos, Senegal, etc. lo cual se interpreta como un reconocimiento de facto de un derecho privilegiado del Estado ribereño (Munro, 1993)” y, también la FAO entiende, que “los ecosistemas marinos, de los que depende la pesca, van desde las zonas costeras hasta el mar abierto…”, por lo tanto, la ZEE y la Alta Mar deben tratarse como un todo y no es posible que las producciones pesqueras puedan ser sostenidas sin la resiliencia ecológica e integridad del ecosistema.

Así las cosas ¿por qué los funcionarios argentinos, en una renuncia vergonzosa de nuestros derechos, no reclaman la captura de los recursos migratorios originarios de Argentina y no hacen cumplir la legislación argentina y el Art. 2º de la Ley 24.543 (CONVEMAR)?, mientras, que la propia directora de Recursos Naturales impuesta por los británicos en Malvinas la Dra. Andrea Clausen, entrevistada por Penguin News, dice: “generalmente hay unos 400 poteros y arrastreros de origen chino operando en el Atlántico sur…todas estas capturas ilegales son muy al norte de la ZEE de Falklands, si bien la captura del calamar Illex pertenece a la misma biomasa…”. En palabras británicas, toda una confesión, por cuanto ratifica que los recursos de Malvinas son los que migran del continente argentino.

Continúa el informe de la subsecretaría de pesca: “El patrullaje es permanente, encontrándose siempre uno o dos buques de ambas fuerzas operando en la zona con distintos tipos de estrategias, apoyado por las unidades aéreas, de acuerdo con los requerimientos de los comandantes que se encuentran operando en el área. De esta manera, cuando un buque extranjero está operando de manera ilegal en la ZEE argentina, se está en capacidad de proceder a su apresamiento y traslado a puerto para iniciar las actuaciones sumariales correspondientes”. Bueno… este informe es poco creíble, ya que ni la Armada ni la Prefectura tienen los medios suficientes para hacer ese patrullaje permanente y, la prueba de ello es que en los últimos 40 años solo apresaron 2 buques extranjeros por año, en una invasión de 300 a 500 buques extranjeros en la zona, con el agravante que, en estos días, se dejó sin efecto la compra a Estados Unidos de cuatro aviones P3 destinados al control de la pesca ilegal por parte de la Armada.

Todo se agrava porque la Pesca ilegal afecta la seguridad. La creciente demanda de productos pesqueros incrementó la pesca a distancia en todo el mundo, al aumentar las capturas para satisfacer la demanda (Pauly; Zeller, 2016), pudiendo, esta expansión provocar enfrentamientos por los recursos en un ámbito tan amplio, donde la soberanía de los Estados ribereños está debilitada. La Argentina es el caso, con la presencia británica, china, española, coreana, etc. en el Atlántico Sur.

Se estima que al menos el 30% de las capturas es ilegal, generando unos 36 mil millones de dólares anuales (FAO, 2016, p 05-06), lo que lleva a clasificar la pesca ilegal como un problema de seguridad y, si bien, tradicionalmente, la seguridad sólo incluía al Estado o a los gobiernos contra los ataques extranjeros (Figueiredo, 2010, p. 273), en la actualidad «nuevos enfoques proponen la idea de “la seguridad humana” y los estudios de seguridad ya no se centran solo en los Estados, sino que alcanzan a la supervivencia y el bienestar de las personas (Paris, 2001, p. 88), que se degrada en forma drástica (Ullman, 1983, p. 129). El Informe de la ONU sobre Desarrollo Humano de 1994 examina las amenazas a la seguridad de carácter económico, ambiental y social y en el documento sobre la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima de 2005 se asocia la explotación indebida de los recursos marinos con daños al medio ambiente y a la seguridad económica y afirma que la competencia por las poblaciones pesqueras puede dar lugar a conflictos violentos e inestabilidad regional, lo que requiere que las marinas nacionales tomen medidas agresivas» (Luciano Vaz Ferreira).

En 2014 el Reino Unido en su Documento de Estrategia de Seguridad Marítima “expone la necesidad de protección contra las amenazas de su dominio marítimo, incluida la pesca ilegal y, pone a ésta al mismo nivel de otras amenazas, como la delincuencia organizada y el terrorismo, lo que demuestra la gravedad”. Ese mismo año, la Unión Europea, incluye a la pesca ilegal como una amenaza para la seguridad marítima de sus Estados miembros. En 2016 el Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos publicó un informe exclusivo sobre el tema de la pesca ilegal (IUU) y lo define como una amenaza para la seguridad alimentaria y económica, que beneficia al crimen organizado transnacional.

Otros autores indican que la sobreexplotación de los recursos provoca cambios irreversibles en el medio ambiente, que se traducen en conflictos violentos y amenazas a la existencia y la dignidad humana (Myers, 1986, p. 251; Matthew, 2010, p. 08); el control de la pesca ilegal lo relaciona con la delincuencia organizada transnacional (ONU, A/RES/64/72); la inmensidad del mar, la dificultad para hacer cumplir la ley y las bajas penas impuestas por estos delitos hace a la pesca ilegal muy atractiva por las organizaciones delictivas (Haenlein, 2017, p. 08) y, se utilizan estos buques de pesca ilegal para el transporte de drogas y armas, donde se utiliza el trabajo esclavo (Shaver; Yozell, 2018, pág. 16).

En este escenario resulta central acordar tareas de cooperación de seguridad en el mar y en los puertos con los países vecinos de Brasil y Uruguay para evitar su internacionalización (Ej. OROP).

En este estado de cosas, el gobierno nacional se limitó a enviar un proyecto al Congreso para aumentar las multas, pero, no pareciera que esto pueda causar un gran efecto si no se disponen de mayores medios de control y, además, de verificarse buques extranjeros realizando pesca ilegal —tratándose de una falta gravísima que afecta al ecosistema— debiera decomisarse el buque y las materias primas, conforme lo prevé la Ley 24.922 en sus artículos 43º f y 51º d y f. Aunque tampoco esto solo alcanzaría si se quiere penalizar la pesca ilegal extranjera en la ZEE Argentina (incluso en el área Malvinas) y de los recursos originarios de Argentina que migran a la Alta Mar, para lo cual el gobierno debería declarar esta práctica un delito penal, promoviendo ante el Congreso de la Nación la modificación del Código Penal de la Nación, para lo cual sugiero el siguiente proyecto:

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA

Capítulo I

Incendios y otros estragos y/o depredaciones

ARTICULO 186. – El que causare incendio, explosión, inundación o depredación, será reprimido:

“…6º Con reclusión o prisión de tres a quince años a quién afectara el ecosistema pesquero y marítimo y, la sostenibilidad de las especies en la Zona Económica Exclusiva Argentina o sobre los recursos pesqueros migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva Argentina que se encuentren más allá de las doscientas millas marinas por cualquiera de los siguientes medios:

  1. Pesca ilegal no declarada y no registrada (INDNR) y/o pesca que no se encuentre habilitada por la Autoridad de Aplicación, con permisos, autorizaciones o cuotas de captura;
  2. Transportar explosivos o sustancias tóxicas y/o usar explosivos, equipos acústicos y/o sustancias nocivas de cualquier naturaleza como métodos de extracción o pesca;
  3. Llevar a bordo y/o utilizar artes de pesca no autorizadas por la Autoridad de Aplicación.
  4. Descartar pescados, crustáceos o moluscos y/ deshechos al mar y/o arrojar a las aguas sustancias o detritos que puedan causar daño a la flora y fauna acuáticas;
  5. Impedir o dificultar el desplazamiento de los peces en sus migraciones naturales;
  6. Capturar o extraer recursos pesqueros en áreas o épocas de veda y/o toda práctica o actos de pesca que causen estragos, sobrepesca o depredación de los recursos pesqueros, inclusive el falseamiento de la especie capturada y/o capturar por encima del volumen de la cuota o autorización de captura otorgada por la Autoridad de Aplicación;
  7. Realizar toda práctica que atente contra la sostenibilidad del recurso pesquero.

Ello, junto a la denuncia del Gobierno Nacional ante los organismos internacionales y los bloques comerciales, de que el REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA REALIZA PESCA ILEGAL en Malvinas, contribuirá a defender de mejor manera nuestra soberanía política, económica, social y alimentaria.

 

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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