Roberto Mansilla Blanco* (Para SAEEG)

Georgia vive momentos de aguda tensión política tras varios días de protestas ciudadanas, represión y detenciones en la capital Tbilisi contra la aprobación parlamentaria de la Ley de Transparencia sobre Injerencia Extranjera, también conocida como Ley contra Agentes Extranjeros, impulsada desde el año pasado por el primer ministro Bidzina Ivanishvili y su partido Sueño Georgiano (SG)

Dicha ley muestra similitudes con la que rige en Rusia desde 2022. Por tanto, el malestar de sectores opositores georgianos apoyados desde Occidente ha generado un prisma de opinión hacia el gobierno de Ivanishvili, al que han etiquetado como presuntamente «prorruso».

Más allá del plano interior el trasfondo de la crisis georgiana denota los pulsos geopolíticos entre Rusia y Occidente por controlar esferas de influencia en el espacio euroasiático, acelerados tras la invasión rusa de Ucrania y las actuales tensiones política y militares ruso-occidentales. Con sus matices pero no menos relevantes analogías, la crisis política que actualmente vive Georgia pareciera reproducir lo observado con la rebelión del Maidán en Kiev en el invierno de 2013-2014 y que llevó a la caída del entonces gobierno Viktor Yanúkovich, igualmente señalado de «prorruso».

El detonante: una «Ley Rusa» en una Georgia «seducida» por Occidente

El pasado 1° de mayo, el Parlamento georgiano aprobó el proyecto de la Ley de Transparencia sobre Injerencia Extranjera, anteriormente conocida como Ley contra Agentes Extranjeros, en la segunda de las tres votaciones necesarias. En marzo de 2023 dicha ley, coloquialmente calificada como «Ley Rusa», fue retirada de su aprobación parlamentaria por el primer ministro Ivanishvili tras registrarse protestas en las calles.

La ley exige que los medios de comunicación, ONGs y organizaciones sin ánimo de lucro sean registrados como «intereses de una potencia extranjera» en caso de recibir más del 20% de su financiamiento fuera del territorio georgiano. Rusia ha salido en defensa del gobierno de Ivanishvili argumentando una presunta injerencia occidental en las protestas con la intención de asestar un «intento de golpe de Estado», trazando un paralelismo con lo sucedido en Kiev con el Maidán de 2014.

De acuerdo con un informe de la Unión Europea (2021) existen en Georgia entre 1.200 y 2.300 organizaciones civiles que reciben más de un 20% del financiamiento exterior y que, visto el contenido de la ley, podrían verse afectadas. Según sus críticos, entre los que destacan además la UE, OTAN y EEUU, la Ley Rusa aleja a Georgia de la Unión Europea y la acerca a los imperativos geopolíticos del Kremlin. Tras la aprobación parlamentaria del borrador de la ley, la decisión final recae ahora en la presidenta Salomé Zurabishvili (también de SG) quien ya ha dejado asomar la posibilidad de utilizar el veto contra esa ley.

El conflicto de intereses geopolíticos entre Rusia y Occidente por la Ley Rusa se amplía al contexto político georgiano con la vista puesta en las elecciones parlamentarias previstas para octubre próximo. En juego está la hegemonía política de SG, en el poder desde 2012. En un espacio político sumamente atomizado la tensión ha desatado una confrontación permanente desde 2003 entre «prooccidentales», nacionalistas georgianos y «prorrusos».

De acuerdo con fuentes europeas, más del 80% de los georgianos manifiesta su apoyo para integrarse en la UE. Bruselas ha incentivado este camino para el país caucásico: en 1999 Georgia ingresó en el Consejo de Europa, un organismo de defensa de la democracia y los derechos humanos antecesor de la UE. En medio de la ampliación de la UE de 2004, Georgia fue incluida en la Política Europa de Vecindad (PEV); en 2014 firmó con la UE el Acuerdo de Asociación y el Acuerdo de Libre Comercio de Alcance Amplio y Profundo (ZLCAP) que le permitió a Tbilisi (al igual que a Ucrania y Moldavia) acceder al mercado único europeo en determinados sectores económicos.

Desde 2012, los gobiernos de SG han impulsado una serie de reformas amparadas desde Bruselas, con especial atención en la Ley de Desoligarquización y medidas de transparencia y lucha contra la corrupción para intentar allanar el camino a las negociaciones de ingreso.

En marzo de 2022, poco después de la invasión rusa de Ucrania, Georgia pidió formalmente su admisión a la UE. Esta petición fue finalmente atendida el 14 de diciembre de 2023, cuando Bruselas aceptó iniciar negociaciones de ingreso con Tbilisi. Muy seguramente determinada por las tensiones ruso-occidentales, esta inmediatez europea por acelerar las negociaciones de admisión con países en la órbita de influencia rusa como Georgia, Ucrania y Moldavia contrasta claramente con el atasco y el distanciamiento mantenido desde hace décadas con otros aspirantes de mayor trayectoria para ingresar en la UE, como es el caso de Turquía.

Por otro lado, el gobierno de Ivanishvili ha debido manejar delicados equilibrios entre Rusia y Occidente. Si bien continuó el esquema prooccidental mirando a la UE, su gobierno se opuso a la aplicación de las sanciones occidentales contra Rusia tras la invasión de Ucrania. La opinión pública occidental no tardó en tildarlo de «prorruso» y a SG como un supuesto «delfín» del Kremlin adoptando un estilo autoritario y represivo.

En lo relativo a la polémica Ley Rusa, Ivanishvili y SG han contado con el estratégico apoyo de la Iglesia Ortodoxa georgiana, lo cual denota una interacción de intereses entre el poder político y las autoridades religiosas muy similar al que desde hace dos décadas mantiene Putin en Rusia. Este factor puede implicar vías de conexión entre Moscú y Tbilisi a través del poder de influencia que mantienen las respectivas Iglesias ortodoxas nacionales tanto en las sociedades rusa como georgiana. Mirando a las elecciones parlamentarias de octubre próximo, Ivanishvili estaría manejando la posibilidad de garantizar a su favor el apoyo de sectores más tradicionalistas, sean «prorrusos» e incluso nacionalistas. 

Ecos de las «revoluciones de colores»

No es la primera vez que estas protestas populares suceden en Georgia. El precedente más significativo ocurrió a partir de 2003 con las denominadas Revoluciones de Colores, movilizaciones ciudadanas contra regímenes autoritarios que contaron con apoyo occidental pero que, visto en perspectiva geopolítica, implicaron un esquema de influencia por parte de Occidente a la hora de reconfigurar a su favor los equilibrios y sistemas de alianzas en el espacio euroasiático post-soviético, alejándolos de la influencia rusa.

Paralelamente a lo que ocurrió con la «Revolución Naranja» de Ucrania en el invierno de 2003-2004, en Georgia se vivió una situación similar con la «Revolución de las Rosas», que llevó a la caída del entonces presidente Eduard Shervarnadze (ex ministro de Exteriores soviético en la era Gorbáchov) y la asunción al poder del prooccidental Mijaíl Saakashvili. Como se mencionó con anterioridad, en Ucrania el levantamiento llevó al poder a los prooccidentales Viktor Yúshenko e Iulia Timoshenko tras denunciar un fraude electoral a favor del candidato «prorruso» Viktor Yanúkovich, delfín del entonces presidente Leonid Kuchma.

En el caso georgiano, la transición en manos de Saakashvili derivó en una explosiva mezcla de populismo, autoritarismo y corrupción con una política cada vez más distante e incluso agresiva con Rusia. En agosto de 2008, mientras Moscú lograba pacificar Chechenia por la fuerza, ocurrió la breve guerra ruso-georgiana, cuando el Kremlin acudió en rescate de las repúblicas de Osetia del Sur y Abjasia (de orientación prorrusa) tras fuertes enfrentamientos militares con Tbilisi. La independencia de facto de estas repúblicas, sólo reconocidas por Rusia, Nicaragua, Nauru y Venezuela, alteró el equilibrio de poder caucásico a favor de Moscú.

Los medios y gobiernos occidentales se mantienen expectantes ante la posibilidad de que las actuales protestas contra la Ley Rusa lleven a un eventual cambio de gobierno en Tbilisi redimensionando la orientación prooccidental de Georgia, ahora mucho más consolidada desde Bruselas tras la reciente apertura de negociaciones de admisión.

El Cáucaso y la tensión global

No se debe olvidar el peso del factor energético. Georgia depende en un 90% del suministro de petróleo y gas natural ruso toda vez el territorio es ruta de tránsito de oleoductos y gasoductos del mar Caspio hacia Rusia y Europa. Como sucediera con anterioridad en Ucrania, la baza energética es un arma geopolítica estratégica y de influencia para Moscú en el Cáucaso, particularmente en Georgia pero también en la vecina Armenia.

Es por ello que en esta ecuación geopolítica, Rusia y Occidente pujan por mantener sus respectivas esferas de influencia en Georgia y Armenia como puerta de acceso al Cáucaso, Oriente Próximo y Asia Central. En este juego geopolítico, Moscú interpreta que  Occidente intenta arrebatarle su tradicional peso preponderante en el Cáucaso Sur.

En el caso georgiano, Moscú estaría manejando algunas cartas a su favor: negocia con el gobierno de Ivanishvili un acuerdo confederal en torno a Abjasia y Osetia del Sur, muy probablemente con la intención de zanjar cualquier reclamación territorial en caso de un eventual cambio de gobierno en Tbilisi derivado de las elecciones parlamentarias. Tras la guerra de 2008, Rusia ha pasado a controlar un 20% de antiguo territorio georgiano, un contexto muy similar al que mantiene desde 2014 en Crimea y desde 2022 en el este ucraniano, principalmente en el Donbás, ahora «reintegrados» territorialmente dentro de la Federación rusa vía referéndums no reconocidos por la mayor parte de la comunidad internacional.

Aunque algunos analistas observan la posibilidad de que Moscú esté negociando con Tbilisi un nuevo estatus para Abjasia y Osetia del Sur como una especie de «moneda de cambio» a favor de aprobar la Ley Rusa, en perspectiva los objetivos del Kremlin estarían más bien enfocados en garantizar su seguridad regional creando un cordón sanitario en el Cáucaso Sur, similar al del Donbás en el este ucraniano, ante la posibilidad de un viraje prooccidental en Georgia similar al que hoy ocurre en Ucrania. Toda vez desarrolla líneas férreas para unir a Abjasia con territorio ruso, el Kremlin también permite inversiones chinas para financiar infraestructuras en la región.

Ante la posibilidad de perder influencias regionales motivado por la injerencia exterior y las tendencias prooccidentales, Rusia está recondicionado sus prioridades y alianzas en el Cáucaso. Tras las breves guerras por el enclave de Nagorno Karabaj (2020-2021 y 2023), el Kremlin ha profundizado sus lazos con una potencia energética (y cada vez más militar) como Azerbaiyán con el objetivo disuasivo de mantener el equilibrio de poder. En ese cometido, Moscú ha contado tácitamente con el apoyo de otros aliados como Turquía, Irán y China.

La victoria militar relámpago de Azerbaiyán sobre Armenia por el control de Nagorno Karabaj y el anuncio en abril pasado de la salida de los 2.000 efectivos militares rusos allí establecidos desde 2021 como fuerzas de paz reacondiciona el equilibrio militar y geopolítico regional, más favorable a la tácita confección de un eje ruso-azerí que implique asestar la disuasión estratégica ante una Armenia que, como Georgia, también ha mostrado sus expectativas de orientación prooccidental, tal y como defiende en Ereván el gobierno de Nikol Pashynian.

Moscú también observa con atención la necesidad de garantizar su seguridad en el Cáucaso ante la posibilidad de retorno de focos de islamismo radical, tal y como observamos en el atentado terrorista de Moscú el pasado 22 de marzo. La autoría atribuida a supuestos terroristas tayikos en ese atentado es un factor que persuade al Kremlin a intentar manejar equilibrios internos con sus poblaciones de origen musulmán, tomando en cuenta la lealtad de las autoridades y efectivos militares chechenos al esfuerzo bélico en Ucrania y la posibilidad de acentuarse recelos dentro de la sociedad rusa hacia inmigrantes caucásicos y centroasiáticos tras el atentado.

En ese sentido, y temiendo conatos de xenofobia y de detenciones arbitrarias, los gobiernos de Tayikistán y Kirguizistán han recomendado a sus ciudadanos no viajar a Rusia. El factor lingüístico también entra en juego: los gobiernos tayiko y kirguizo se resisten a adoptar las expectativas de Moscú por reforzar en esos países el uso del idioma ruso.

Moscú interpreta que Occidente busca crear una tenaza entre Ucrania y Georgia para alejar a Moscú de estas esferas de influencia. Los recientes acontecimientos dan a entender los alcances de este pulso geopolítico ruso-occidental en el espacio euroasiático. Mientras Europa busca crear un sistema defensivo alternativo a la OTAN con la vista en el «enemigo ruso», el presidente francés Emmanuel Macron anunció la posibilidad de enviar tropas francesas de la Legión Extranjera a Ucrania. La respuesta del presidente ruso Vladimir Putin ha sido aprobar maniobras nucleares cerca de la frontera con Ucrania como efecto disuasorio.

El desbloqueo en el Senado estadounidense de 61.000 millones euros de ayuda a Ucrania viene en un momento de cierta desesperación para Kiev; el gobierno de Volodymir Zelenski se muestra escaso de efectivos y armamento para contrarrestar la previsible ofensiva rusa a gran escala que, con apoyo militar de aliados como Corea del Norte, Irán y China, comienza cada vez más a asumirse como decisiva para definir el curso de la guerra. Incluso se especula con la posibilidad de abrirse una negociación que implique un eventual cese al fuego y el reconocimiento por parte de Kiev del actual statu quo.

Por tanto, para Occidente, resulta clave acelerar la ayuda militar a Ucrania toda vez que se muestra expectante ante la posibilidad de un giro político prooccidental en Georgia vía protestas e incluso Armenia. Este contexto traduciría implicar a Rusia en una especie de «guerra de dos frentes», uno claramente definido en Ucrania y otro en cámara lenta en el Cáucaso.

La expansión de las tensiones ruso-occidentales ha llegado también al Sahel africano, tal y como observamos recientemente en Níger con las escaramuzas de choque entre efectivos militares rusos y estadounidenses. Al mismo tiempo, la presencia militar, económica y cada vez más geopolítica de Rusia y China en el Sahel y los recientes golpes militares (Níger, Burkina Faso) con regímenes afectos a los intereses de Moscú y Beijing suponen un golpe estratégico para Francia y sus intereses geopolíticos en su tradicional esfera de influencia en el África francófona.

Estas tensiones ruso-occidentales tienen también incidencia en las elecciones al Parlamento europeo de junio próximo. Bruselas recela del efecto que puedan tener los canales de desinformación tanto rusos como chinos y las alianzas políticas vía partidos populistas y euroescépticos, varios de ellos de extrema derecha y algunos también señalados como «prorrusos».

Por otro lado, el presidente chino Xi Jinping inició a principios de mayo en París su primera gira europea en cinco años, que también le llevará a visitar socios económicos importantes como Serbia y Hungría, este último miembro de la UE y de la OTAN cuyo gobierno de Viktor Orbán ha manifestado sintonía con el eje sino-ruso. Beijing busca la iniciativa diplomática para crear un esquema de negociación que permita rebajar las tensiones in crescendo en Ucrania y Gaza, actualmente en vilo ante la posible ofensiva militar israelí sobre Rafah toda vez el grupo islamista palestino Hamás aceptó este 6 de mayo una tregua en los combates.

Al igual que Rusia, China interpreta que EEUU busca quebrantar la solidez del eje euroasiático sino-ruso, desafiante para la hegemonía «atlantista». Occidente presiona cada vez más a Beijing por su apoyo a Rusia en la guerra de Ucrania toda vez Washington sigue buscando vías indirectas y alternativas con la finalidad, hasta ahora infructuosa, de alejar a Moscú de su alianza con Bejing.

Como Putin en el espacio euroasiático, Xi debe igualmente manejar delicados equilibrios en sus esferas de influencia en Asia Oriental. Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda acaban de anunciar su integración al pacto AUKUS en materia de asistencia tecnológica militar para desarrollar conjuntamente misiles hipersónicos, drones submarinos y cibertecnología.

El pacto AUKUS, impulsado en 2021 por EEUU, Gran Bretaña y Australia, recrea una especie de «mini-OTAN» que implica una mayor injerencia occidental en Asia Oriental y el sureste asiático contra los intereses geopolíticos chinos. Por muy lejano y aparentemente desconectado que parezca, lo que se juega en Georgia y el Cáucaso tiene vertientes clave del gran pulso geopolítico a nivel global entre Rusia, Occidente y China.

* Analista de geopolítica y relaciones internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), Magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) Colaborador en think tanks y medios digitales en España, EE UU y América Latina. 

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