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VENEZUELA, LA GUAYANA ESEQUIBA Y EL PETRÓLEO: RESABIOS DEL COLONIALISMO

Marcelo Javier de los Reyes*

Intrigas británicas

En un artículo publicado por la periodista Molly Antigone Hall en Declassified UK revela que el Reino Unido ha intentado destituir al presidente de Venezuela Nicolás Maduro debido a los intereses petroleros de las empresas británicas en la Guayana Esequiba, territorio reclamado por la República Bolivariana de Venezuela que, actualmente, forma parte de la República Cooperativa de Guyana, una ex colonia británica que se independizó de Londres en 1966[1].

El litigio ha cobrado vigencia como consecuencia del descubrimiento de petróleo en alta mar, frente a la Guayana Esequiba. La región es rica en recursos naturales, pues además de petróleo cuenta con oro, bauxita y azúcar.

La República Cooperativa de Guyana recibe el apoyo de los gobiernos occidentales, habida cuenta que sus empresas transnacionales están interesadas en ese recurso y muchas de ellas ya están operando en la región. De ahí el interés en escindir definitivamente ese territorio de Venezuela, para lo cual operan tanto sobre la oposición venezolana como a través de los propios sectores económicos interesados.

La historia del conflicto

El proceso de despojo del territorio de la Guayana Esequiba es gradual y aún continúa. Forma parte de la política que el Imperio británico mantuvo en América en su avance para, primero despojar al Imperio español de sus territorios —con el cual también mantenía una especial animadversión por ser una gran defensora del catolicismo— y luego, tras colaborar en la independencia de las provincias españolas de América, emprender la tarea de avanzar sobre los territorios de los nuevos países. Si se omite algunos de los casos anteriores a la independencia, como el de Jamaica o el de Honduras Británica, tras el proceso independentista, el Reino Unido avanzó sobre los territorios de las nuevas repúblicas americanas.

A pesar de que Venezuela, como heredera de las posesiones españolas de la Capitanía General de Venezuela según el principio del Utis Possidetis Juris —adoptado por las repúblicas de América del Sur, le informó en reiteradas oportunidades al gobierno británico que su frontera oriental llegaba al río Esequibo, al este del cual se encontraba la colonia británica. Para ello el gobierno de Venezuela hizo uso de los canales diplomáticos: en 1821 a través del Ministro Plenipotenciario en Londres, Francisco Antonio Zea; posteriormente, en 1824, la declaración fue reiterada por el también Ministro Plenipotenciario ante el gobierno británico, José Manuel Hurtado, y en 1825 por el propio Ministro de Relaciones Exteriores de la República, Don Pedro Gual. El Reino Unido nunca objetó esta reiterada y precisa definición de la frontera oriental de Venezuela[2].

Lo mismo ocurrió cuando las Provincias Unidas del Río de la Plata, enviaron al marino y corsario estadounidense David Jewett a tomar posesión de las islas Malvinas al mando de la fragata Heroína. El 6 de noviembre de 1820 procedió al izamiento de la Bandera Argentina, acto al que asistieron ciudadanos estadounidenses y súbditos británicos que formaban parte de las tripulaciones de buques que se encontraban en las islas. El 2 de febrero de 1825 se firmó un tratado de amistad, comercio y libre navegación entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Reino Unido, en el marco de cuyo tratado el gobierno de Londres reconoció a las Provincias Unidas como Nación independiente del Reino de España. Esto no fue impedimento para que los británicos usurparan las islas Malvinas el 3 de enero de 1833.

Con respecto a Venezuela, cabe mencionar que, en el marco del conflicto europeo ante el avance de Napoleón, y como resultado de la alianza de España con Francia (tratado de San Ildefonso de 1796), la isla de Trinidad fue arrebatada a España por los británicos, mientras que el intento de invasión de Puerto Rico, en abril de 1797, fue repelido por las fuerzas españolas. La isla de Trinidad fue cedida al Reino Unido mediante el Tratado de Amiens de 1802.

Una vez en posesión de la isla de Trinidad, los británicos se lanzaron a conquistar el norte de América del Sur, ocupando definitivamente las colonias holandesas de Berbice, Demerara y Esequibo (1796), las que fueron cedidas oficialmente por Países Bajos a través del Tratado de Londres (1814), conformando una sola colonia en 1831, la denominada Guayana Británica[3]. A partir de ese momento, los británicos iniciaron una campaña expansionista de colonización de la región al occidente del río Esequibo, con el objetivo de controlar las bocas del río Orinoco, “manteniendo y extendiendo sus pretensiones territoriales, que en el año 1835 eran solo de unos pocos kilómetros cuadrados, hasta transformarse en más de doscientos mil kilómetros cuadrados, en el año 1890, al oeste del río Esequibo, contra lo que Venezuela protestó de inmediato […]”[4]. De ese modo, el Reino Unido se apropió de la cuenca del Orinoco.

Hacia 1835, el Imperio británico usurpó 4.290 kilómetros de territorio de Venezuela mediante la Línea Schomburgk; llamada así por el prusiano, Robert Hermnan Shomburgk, a quien la Colonial Office y la Sociedad Geográfica de Londres le encargaron  la exploración del interior de la colonia británica.

En 1840 el avance británico continuó y le usurpó a Venezuela 141.930 kilómetros de territorio, que en 1877 se ampliaría mediante la tercera línea Shomburgk.

En Washington, el 2 de febrero de 1897, Venezuela y el Reino Unido firmaron el tratado mediante el cual se establecería un tribunal de arbitraje en el que se debía determinar, en primer término, la extensión original de los territorios que fueron de los Países Bajos y de España y que, hasta ese momento, eran reclamados respectivamente por ambas partes.

A pesar de lo títulos irrefutables que posee Venezuela sobre el Esequibo, y de la falta de instrumentos legales por parte de la corona británica, el 3 de octubre de 1899, en un Laudo Arbitral que tuvo lugar en París sin representación de Venezuela, el país fue despojado de su territorio 159.500 kilómetros cuadrados de territorio que fueron traspasados al Reino Unido. Ese laudo determinó que la línea de demarcación entre Venezuela y el Reino Unido seguía una línea equivalente a los actuales límites del territorio en reclamación[5].

El 17 de febrero de 1966 se firmó entre Venezuela y el Reino Unido el Acuerdo de Ginebra, en el cual el gobierno de Londres reconocía la reclamación venezolana sobre el Territorio Esequibo, (159.500 kilómetros cuadrados) arrebatados por el mencionado Laudo Arbitral de París. Este acuerdo fue previo a la fecha de concesión de la independencia, la cual fue el 26 de mayo del mismo año. En esa misma fecha el gobierno de Venezuela reconoció a la nueva República, haciendo una reserva de su reclamo de la Guayana Esequiba. No obstante, luego fracasaron las negociaciones entre Venezuela y la República Cooperativa de Guayana.

Actualmente, el litigio se encuentra en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) a instancias de República Cooperativa de Guayana.

Los intereses británicos actuales

La periodista Molly Antigone Hall pone en evidencia que los descubrimientos de petróleo en alta mar de Esequibo son cada vez más atractivos para las empresas británicas y estadounidenses, el respaldo que los gobiernos occidentales respaldan a la República Cooperativa de Guyana y que le habrían instruido a la oposición venezolana con el objetivo de que abandone el reclamo sobre el territorio. Del mismo modo, el multimillonario británico Barnaby Swire, cuya compañía, Swire Energy Service, ganó un contrato para beneficiarse del petróleo en alta mar de Guyana, ha donado miles de libras al Partido Conservador.

Tullow Oil, una empresa petrolera fundada en 1985 y que se caracteriza a si misma como “Una empresa independiente de petróleo y gas centrada en África y América del Sur”[6], también tiene intereses en Guyana, así como en Kenia, Ghana y Uganda. Se trata de la mayor empresa independiente británica, cuya presidente ejecutiva Dorothy Thompson, también integra la junta directiva del Banco de Inglaterra, en la que preside el comité de auditoría y riesgos[7]. En su artículo, Molly Antigone Hall revela que este banco ha retenido reservas del gobierno de Nicolás Maduro. Efectivamente, la cuestión pasa por quién controla US$ 1.000 millones de dólares (£ 773 millones) de oro almacenado en el Banco de Inglaterra[8]. El Reino Unido había reconocido a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y el Tribunal Superior falló a favor de Guaidó por el control de esos valores. Esto llevó a una apelación por parte de Nicolás Maduro ante los tribunales británicos, argumentando que quería el oro para financiar su lucha contra la pandemia de coronavirus.

Los abogados del gobierno de Maduro ganaron la apelación. El fallo del tribunal de apelación solicitó al Tribunal Superior que determine si “el gobierno del Reino Unido reconoce al señor Guaidó como presidente de Venezuela a todos los efectos y, por lo tanto, no reconoce al señor Maduro como presidente para ningún propósito”, o si el gobierno británico “reconoce al Sr. Guaidó con derecho a ser el presidente de Venezuela y, por lo tanto, a ejercer todos los poderes del presidente, pero también reconoce al Sr. Maduro como la persona que de hecho ejerce algunos o todos los poderes del presidente de Venezuela”[9].

De tal manera que la periodista demuestra que el Reino Unido tiene intereses creados en cómo se desarrolla la disputa y estaría influyendo para garantizar que Guyana conserve la jurisdicción sobre el área que reclama, con toda justicia, Venezuela. Agrega que el principal activo de Guyana reside en sus aguas marinas, donde la empresa estadounidense Exxon Mobil realizó un importante descubrimiento de petróleo en su bloque Stabroek, en 2015, a 190 kilómetros (120 millas) de la costa de Guyana[10].

En 2017 el gobierno guyanés otorgó una licencia a la petrolera estadounidense para perforar en el área —a pesar de las protestas del gobierno de Venezuela— y ahora ha descubierto más de 8.000 millones de barriles de petróleo[11]. En diciembre del mismo año Exxon Mobil informó que asistirá a Guyana en los gastos judiciales resultantes de una eventual controversia con Venezuela por el bloque Stabroek —localizado en la cuenca entre Guyana y Surinam y que ocupa una extensión de 26.800 kilómetros cuadrados—, considerado la segunda mayor reserva del mundo sin explotar, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. La empresa agregó que ha reservado alrededor de US$ 20 millones de dólares para asistir a Guyana, una vez que active el acuerdo judicial[12].

Esto ha llevado a incrementar el interés de las empresas estadounidenses y británicas por hacer acuerdos con el gobierno de Guyana para explotar el petróleo en esa cuenca marina. La periodista Molly Antigone Hall señala que en 2017 el Alto Comisionado británico en el país, Greg Quinn, manifestó que el interés de las empresas británicas por invertir en Guyana se había “disparado” después de estos descubrimientos petroleros en alta mar[13]. Añade que en 2018 Quinn viajó al Reino Unido, pasó una semana en la ciudad petrolera escocesa de Aberdeen, donde se reunió “con el embajador de Guyana en el Reino Unido, Frederick Hamley Case, quien dirigía una misión comercial destinada a ‘construir relaciones para apoyar al incipiente sector de petróleo y gas del país’”[14]. Además de realizar una gira por empresas de energía de Escocia, también visitaron universidades locales.

Quinn reconoció que gran parte de su trabajo consiste en apoyar a las empresas británicas que buscan operar en Guyana y afirmó que el Ministerio de Relaciones Exteriores facilitaría la inversión del Reino Unido en Guyana. Pero no sólo las empresas están interesadas, sino también las Fuerzas Armadas británicas. En julio de 2016 la Marina Real impartió un curso intensivo de una semana sobre cómo proteger su Zona Económica Exclusiva a cuatro miembros del personal de Guyana, es decir, proteger las 200 millas náuticas de la costa de Guyana en donde se encuentran los campos petrolíferos.

El político conservador Hugo George William Swire —casado con Alexandra (Sasha) Nott, la hija de John Nott, quien fuera secretario de Estado de Defensa conservador durante el Conflicto del Atlántico Sur—, quien se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores de 2012 a 2016, se reunió en 2015 con su homólogo de Guyana, Carl Greenidge, para discutir “una serie de cuestiones de interés común”, revela Molly Antigone Hall basándose en medios de comunicación guyaneses. Agrega que en un tuit, Swire manifestó que el Reino Unido y la Commonwealth “apoyan inequívocamente la soberanía de Guyana”. Los lazos familiares también están presentes, ya que un pariente lejano suyo, el multimillonario Barnaby Swire, es propietario Swire Energy Services, beneficiaria de los negocios petroleros con Guyana a través de su asociación con la multinacional estadounidense, Global Oilfield Services, para apoyar la “perforación en Guyana” mediante el suministro de contenedores y equipos para yacimientos petrolíferos[15].

En 2019 el empresario donó £ 4,999 al Partido Conservador, sumándose a su financiación anterior por valor de £ 5,000 en 2017, £ 2,000 en 2015 y una donación personal de £ 2,000 al diputado conservador Julian Brazier en 2015. La madre de Swire, Lady Moira Swire, donó £ 3,000 a la fiesta en 2017. Todas estas donaciones son demostradas por la periodista con las correspondientes citas al sitio de The Electoral Commission.

Del mismo modo, cita a otros donantes al Partido Conservador como el tío de Barnaby, Sir Adrian Swire, ex presidente de Swire Group, al primo de Sir Adrian, “Rhoddy” Swire, y a la esposa de éste, Georgina Swire. La suma de donaciones al Partido Conservador y a sus miembros, por parte de la familia, alcanza las £ 70.000.

Como se ha mencionado ut supra, el gobierno británico ha sido uno de los sesenta que ha reconocido a Juan Guaidó como líder constitucional de Venezuela, y el propio gobierno de Boris Johnson también ha manifestado su respaldo al recibirlo en enero de 2020 en un encuentro privado[16]. Por su parte, el ministro de Exteriores del Reino Unido, Dominic Raab, después de su encuentro con Guaidó expresó:

El pueblo de Venezuela ya ha sufrido bastante. Merece un futuro mejor. (…) Apoyamos los esfuerzos de Juan Guaidó hacia una solución pacífica y democrática. En nuestro encuentro le he ofrecido nuestro apoyo sin fisuras para trabajar con nuestros socios internacionales y traer una solución a esta terrible crisis.[17]

De este modo, el gobierno británico actuó en consonancia con su par de Estados Unidos —como es habitual— y con el Grupo Internacional de Contacto impulsado por la Unión Europea. Según una grabación de una llamada telefónica, la entonces “embajadora” de Guaidó ante el gobierno de Londres, Vanessa Neumann, se reunió con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores en enero de 2019 mientras procuraba crear una “coalición de apoyo”, oportunidad en la que se discutió el tema de Esequibo. En esa conversación entre Vanesa Neumann y Manuel Avendaño, asesor externo de Juan Guaidó, se escucha: “El tema número uno identificado por la Cancillería y el Commonwealth es que no nos apoyarán mientras continuemos con la línea oficial, que queremos recuperar el Esequibo de Guyana”[18].

El 26 de abril de 2019, el canciller Alan Duncan se reunió con Vanessa Neumann para aceptarla como representante oficial del opositor venezolano Juan Guaidó, a quien Gran Bretaña reconoce como presidente del país (Foto: Vanessa Neumann / Twitter). Fuente: Declassified UK.

La ya mencionada Dorothy Thompson, quien es funcionaria del Banco de Inglaterra y presidente ejecutiva de la petrolera Tullow Oil, reemplazó en la empresa a su fundador, Aidan Heavey, quien se retiró como presidente de la compañía en 2018, y quién donó más de £ 80.000 al Partido Conservador entre 2007 y 2015.

Según revela la autora en su artículo, varias otras empresas que se benefician del petróleo en el exterior de Guyana tienen un historial de financiación de políticos británicos, entre ellas Royal Dutch Shell, que ha donado más de £ 25.000 a los políticos del Partido Laborista entre 2005 y 2012. La francesa Total Oil & Gas ha donado más de £ 11.000 a varios políticos británicos durante la última década. Ambas empresas se han beneficiado de licencias para explotar petróleo en alta mar.

El encuentro privado entre Juan Guaidó y Boris Johnson en Downing Street
El apoyo a Guyana

Ha quedado claro que más allá del acuerdo que el Reino Unido firmó con Guyana antes de concederle la independencia, respalda a su ex colonia en el litigio por el Esequibo, con lo cual se puede afirmar que cuenta también con el respaldo de la Commonwealth[19]. En 2018 los 15 países que conforman la Comunidad del Caribe (Caricom), reafirmaron su apoyo a Guyana. Se debe destacar aquí que los Estados miembros de la Caricom son los mismos que en diferentes oportunidades han votado a favor del régimen de Nicolás Maduro en instancias internacionales, recibiendo a cambio acuerdos petroleros[20].

Por su parte, el gobierno de Estados Unidos también apoya a Guyana en el litigio del Esequibo y manifestó que enviaría naves a patrullar la zona. Cabe destacar que en diciembre de 2020 el gobierno de Estados Unidos envió un buque de la Guardia Costera a patrullar el Atlántico Sur “para contrarrestar la pesca ilegal” que contó con el apoyo de otros Estados como Guyana, Brasil y Uruguay[21]. El buque en cuestión, el USCGC Stone, el 14 de enero de 2021 participó de un operativo con patrullas de Guyana en la que se interceptó una embarcación que transportaba drogas[22]. Estos operativos son el resultado de la visita que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, realizó el 18 de septiembre de 2020, a Guyana[23]. En esa oportunidad, Pompeo señaló que su gobierno buscaba apuntalar el apoyo a los esfuerzos de la administración Trump para derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro y construir lazos con el pujante productor de petróleo. Pompeo y el presidente Irfaan Ali firmaron acuerdos para fortalecer la inversión y la cooperación de Estados Unidos en energía e infraestructura, al tiempo que prometieron profundizar la cooperación en materia de seguridad marítima y la interdicción del tráfico de drogas.

A modo de conclusión

Como es conocido en el ámbito de las relaciones internacionales, los países se mueven impulsados por intereses, lo cual puede llevar a dejar de lado el derecho internacional y los títulos que un Estado pueda tener sobre determinado territorio.

El caso del litigio sobre el Esequibo es una de las serias controversias que ha dejado el colonialismo británico, que lejos de haber quedado en el pasado se mantiene vigente en pleno siglo XXI, tanto en forma directa como lo hace con las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur —reclamadas por la Argentina con toda justicia— o en forma indirecta, a través de sus peones, ex colonias que conforman la Commonwealth. En este caso puntual, pueden verse claramente los intereses de las multinacionales petroleras pero también de los propios políticos británicos, quienes reciben donaciones de los empresarios que forman parte del ejecutivo de esas corporaciones.

El caso del Esequibo es también otra muestra de cómo los intereses británicos y estadounidenses confluyen en desmedro de otros Estados, más débiles en términos de fuerza, sin posibilidad de veto en el Consejo de Seguridad, pero que aunque cuenten con apoyo mayoritario en las Naciones Unidas, se hallan incapaces de llevar adelante sus derechos.

La gravedad del litigio del Esequibo reside en que se mezclan esos intereses económicos con la necesidad abierta de derrocar al gobierno de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro. Esto no implica necesariamente una defensa del gobernante venezolano, sino que intenta mostrar objetivamente cómo opera el poder mundial —países como Estados Unidos, Reino Unido, los de la Unión Europea, más los intereses económicos corporativos— a través de la “compra” de políticos nativos para llevar adelante sus objetivos mundiales. Es indudable que existe una conjunción de elementos en juego —el apoyo a Guaidó, el respaldo a la República Cooperativa de Guyana, la necesidad de derrocar a Maduro, los intereses petroleros, donaciones a los partidos británicos— que persiguen el objetivo de despojar definitivamente a Venezuela de sus derechos sobre el Esequibo para que las multinacionales puedan obtener sus beneficios, los cuales luego “derraman” en los partidos políticos del Reino Unido y de Estados Unidos, lo que pone en evidencia que la corrupción no es algo exclusivo de los países americanos o africanos.

Lo grave de esta situación, que está tomando una preocupante carrera en la que Guyana le ha dado intervención a la Corte Internacional de Justicia, es el riesgo de encontrarnos ante una nueva guerra por el petróleo, como la que en la década de 1930 enfrentaron a las hermanas repúblicas de Bolivia y Paraguay en la guerra del Chaco Boreal, o las más recientes, encubiertas en cuestiones humanitarias. Más allá de ello, lo que queda en claro es que siempre son los mismos actores internacionales los que encienden las mechas de los conflictos.

 

* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019.

 

Referencias

[1] Molly Antigone Hall. “Conservative Party donors and the battle for offshore oil claimed by Venezuela”. Declassified UK, 08/12/2020, <https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-12-08-guyana-conservative-party-donors-and-the-battle-for-offshore-oil-claimed-by-venezuela/>, [consulta: 12/12/2020].

[2] Briceño Monzón, Claudio Alberto. “La cuestión fronteriza en la conformación de la política internacional en Argentina y Venezuela: Siglos XIX-XX”. Tesis presentada para la obtención del grado de Doctor en Historia, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FaHCE) de la Universidad Nacional de La Plata, 2014, p. 248, <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1067/te.1067.pdf>, [consulta: 23/11/2020].

[3] Ibíd., p. 239.

[4] Ibíd., p. 239-240.

[5] Con respecto a los reclamos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba, ver los artículos publicados por el Dr. Abraham Gómez R. en el sitio de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG) <https://saeeg.org/>.

[6] Sitio oficial de la empresa Tullow Oil, <https://www.tullowoil.com/about-us/>.

[7] “Bank of England under pressure over board member’s oil links”. The Guardian, 23/02/2020, <https://www.theguardian.com/business/2020/feb/23/bank-of-england-under-pressure-over-board-members-oil-links>, [consulta: 24/11/2020].

[8] “Venezuela gold: Maduro government wins in UK appeals court”. BBC News Services, 05/10/2020, <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-54418537>, [consulta: 15/10/2020].

[9] Ídem.

[10] Molly Antigone Hall. Op. cit.

[11] ídem.

[12] “Exxon Mobil ayudará a Guyana en una disputa con Venezuela por el bloque Stabroek”. EFE, 03/12/2017, <https://www.efe.com/efe/america/economia/exxon-mobil-ayudara-a-guyana-en-una-disputa-con-venezuela-por-el-bloque-stabroek/20000011-3457062>, [consulta: 15/10/2020].

[13] Molly Antigone Hall. Op. cit.

[14] Ídem.

[15] Ídem.

[16] Rafa De Miguel. “El Gobierno británico muestra su respaldo a Guaidó y Johnson le recibe en privado”. El País (España), 21/01/2020, <https://elpais.com/internacional/2020/01/21/actualidad/1579634006_816791.html>, [consulta: 23/01/2020].

[17] Ídem.

[18] Molly Antigone Hall cita la revelación de esta llamada por parte de la vicepresidenta de Venezuela: “Guayana Esequiba iba a ser entregada por Juan Guaidó para tener más apoyo, denuncia Delcy Rodríguez”. Youtube, <https://www.youtube.com/watch?v=BUs2mSSn_ME>.

[19] Sabrina Martín. “Guyana gana apoyo de Caricom en disputa con Venezuela por El Esequibo”. Panampost, 09/07/2018, <https://panampost.com/sabrina-martin/2018/07/09/guyana-gana-apoyo-de-caricom-en-disputa-con-venezuela-por-el-esequibo/>, [consulta: 15/02/2020].

[20] Ídem.

[21] “Estados Unidos envió un buque de la Guardia Costera a patrullar el Atlántico Sur  ‘para contrarrestar la pesca ilegal’”. Infobae, 29/12/2020, <https://www.infobae.com/america/eeuu/2020/12/29/estados-unidos-envio-un-buque-de-la-guardia-costera-a-patrullar-el-atlantico-sur-para-contrarrestar-la-pesca-ilegal/>, [consulta: 29/12/2020].

[22] “Patrullas de Guyana y EE.UU. interceptan embarcación con drogas, tras acuerdo”. Swissinfo, 14/01/2021, <https://www.swissinfo.ch/spa/guyana-eeuu_patrullas-de-guyana-y-ee-uu–interceptan-embarcación-con-drogas–tras-acuerdo/46287974>, [consulta: 16/01/2021].

[23] Bert Wilkinson. “Pompeo visits Guyana hoping to shore up support on Venezuela”. The Washington Post, 18/09/2020, <https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/in-guyana-pompeo-again-calls-for-venezuelas-maduro-to-go/2020/09/18/021af3da-f9de-11ea-85f7-5941188a98cd_story.html>, [consulta: 22/09/2021].

 

Artículo publicado en el Anuario del CEID 2020, el cual puede ser descargado gratuitamente desde la página https://saeeg.org/wp-content/uploads/2021/05/ceid_anuario_2020.pdf

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LA INTELIGENCIA ECONÓMICA. CONFLICTO, ESTADO Y EMPRESA.

Pablo Ariel Rodríguez*

Imagen de Gerd Altmann en Pixabay

Si bien existen antecedentes durante la 1ª Guerra Mundial sobre la implementación de estructuras dedicadas a la Inteligencia Económica (IE), es a partir de la década de 1990, en el marco de un entorno sumamente competitivo signado por diversas crisis económicas y financieras, donde los Servicios de Inteligencia (incluso los militares) de Rusia, Estados Unidos, Francia, Alemania, España, etc., han incorporado esta actividad a sus misiones.

Es evidente que el objetivo tiende a la detección de amenazas y de oportunidades para poder lograr la ventaja estratégica frente a los oponentes, sin necesidad del empleo militar “convencional” en los conflictos.

Así como la inteligencia competitiva entre corporaciones, grupos económicos y empresas se ha venido realizando desde hace tiempo por fuentes abiertas dentro de las reglas normales de la competencia y el marketing, también han sido denunciados varios casos de espionaje industrial, donde la intención principal es la obtención de la información no abierta o no pública por medio de la penetración en la estructura del competidor o la “compra” de la información por medio de la extorsión o de empleados infieles.

La historia ha proporcionado muchos casos, algunos resonantes, podríamos citar:

    • IBM contra Hitachi por obtención y uso de documentación exclusiva de uso interno de la empresa.
    • General Motors acusó a Volkswagen por el uso de información obtenida de su ex personal contratado por la última.
    • Kodak contra Harold Worden, jubilado de la empresa que entregó documentación secreta y reclutó a otros para hacer lo mismo.
    • Gillette contra Steven Louis Davis por divulgar información confidencial a los competidores.
    • Microsoft contra Oracle por intentar obtener documentación reservada sobre su financiación.
    • El Consejo Directivo de Hewlett-Packard se vio atrapado en un escándalo cuando se descubrió que la empresa espiaba a sus consejeros.
    • DuPont contra Michael Mitchell, ex integrante de la firma, por llevarse información para los competidores y trabajando con ellos intentar conseguir más datos por medio de sus ex compañeros de trabajo.
    • En la Fórmula 1 un ingeniero de Ferrari filtró documentos a la escudería británica McLaren.
    • Starwood contra Hilton por uso de información robada.
    • Google contra China por robo de propiedad intelectual.
    • Razer comunica que les han sustraído varios productos expuestos en la Feria de Electrónica de Consumo CES en Las Vegas, entre ellos dos prototipos presentados en la feria tecnológica.
    • Huawei denunció que seis de sus diseñadores vendieron información confidencial a la competidora LeEco (dos patentes secretas, el diseño de una antena y un reloj inteligente para niños).

El National Counterintelligence and Security Center (NCSC) de los Estados Unidos puso en marcha en 2019 una campaña para ayudar al sector privado a protegerse contra las amenazas crecientes de entidades de inteligencia extranjeras y otros adversarios. La finalidad era concientizar y ayudar a las empresas a salvaguardarse de la acciones producidas por actores que puedan estar intentando robar información sensible.

En esta última década, la agresividad de los conflictos entre países se viene incrementando principalmente a través de ciberataques a organizaciones de los Estados, empresas, centrales nucleares, entidades financieras, laboratorios, entre otros blancos.

El analista Rosendo Fraga, Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, en su artículo del 8 de mayo de 2021 titulado “Cómo será la defensa global en 2040”, realiza un análisis del documento Global Trends elaborado cada cuatro años por el Consejo de Inteligencia de Estados Unidos. Del mismo se extraen los siguientes párrafos:

En cuanto a las características del futuro conflicto militar, su descripción coincide con la de la llamada “guerra híbrida”.

Las Fuerzas Armadas convencionales seguirán siendo el eje de la capacidad militar de los Estados. Pero deberán articularse cada vez más con las operaciones en el ciberespacio, el accionar de milicias, contratistas privados y de fuerzas especiales encubiertas, que es el escenario de la “guerra híbrida”.

Un conflicto sólo tecnológico y cibernético es una posibilidad, pero será difícil mantenerlo circunscripto a estos ámbitos-

No se puede descartar que la Inteligencia Económica pase también a ser parte de este escenario de guerras silenciosas entre países ya que la información sobre el potencial económico de un país puede también transformarse en el objetivo de operaciones especiales tendientes a debilitar su posicionamiento en el mercado internacional, no solamente para el robo de información, sino también mediante acciones subrepticias tendientes a afectar desarrollos, mercaderías, producciones, por ejemplo, inoculaciones virales en animales de faena, la implantación de sustancias no aptas para la salud en cultivos, el sabotaje en la producción de fármacos o productos comestibles, entre otros.

De este modelo de conflicto que no incluye el uso convencional de la fuerza pero sí el irregular y encubierto, surgirían otros cuestionamientos: ¿Hay países con decisión de ampliar sus enfrentamientos a este espacio o capaces de realizar operaciones de este tipo para lograr mejorar su posicionamiento en los mercados? Y si es así, ¿cuál es el nivel de concientización y preparación para evitarlo?

Cualquiera sea la postura personal ante esta cuestión, lo que sí es seguro es que la única manera de minimizar riesgos y consecuencias debe surgir de la acción conjunta del Estado y de los privados, de su combinación de conocimientos y medios y de la adecuada capacitación y concientización de la época que nos toca vivir.

 

* Licenciado en Relaciones Industriales de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Formación de Analista y Diseño de Escenarios Estratégicos en el Instituto de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y otros efectuados en la entonces Escuela de Guerra de Ejército y en la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI) sobre Terrorismo Internacional para Analistas de Inteligencia. 

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GUAYANA ESEQUIBA: ENTRE LA CIJ Y LAS FAUCES DE LA COMMONWEALTH

Abraham Gómez R.*

La mancomunidad de las (54) naciones, que en alguna etapa histórica habían sido colonias del Imperio Inglés, se reúne cada dos años.

Tal congregación, conforme a la reglamentación que han establecido al respecto, se lleva a cabo en un Estado miembro, con carácter rotatorio, y asume la presidencia de ese cónclave el primer ministro o presidente de la nación anfitriona, quien se convierte en la máxima autoridad en ejercicio de la Commonwealth hasta la próxima asamblea.

Ha resultado que la cofradía, originalmente programada para 2019, se había pospuesto para el año pasado; pero debido a la pandemia del coronavirus, no se pudo efectuar.

Nos acabamos de enterar que han pautado el próximo encuentro para el 21 de junio del 2021, en el centro de Convenciones de Kigali, Ruanda. Consecuencialmente, al frente estará Paul Kagame, jefe de Estado de ese país africano.

Por cierto, nos llama la atención que será la primera Cumbre de la Commonwealth que se celebrará en un país que no había sido colonia británica o dominio del Reino Unido.

El eje temático vertebrador, el cual fue discutido y aceptado por las comisiones delegadas que preparan la asamblea con anticipación, es el siguiente: “Hacer realidad un futuro común: conectar, innovar, transformar”.

Hasta ahora, todo parece que discurriera bajo completa normalidad.

Lo sorprendente viene de seguidas con la agenda, contentiva de los aspectos que serán debatidos, analizados y aprobados.

Veamos: gobernanza y estado de derecho, TIC e innovación, juventud, medio ambiente y comercio, litigio guyanés en la Corte Internacional de Justicia, multilateralismo, valores democráticos, desarrollo sostenible, empoderamiento de las mujeres y los jóvenes.

En el pueblo guyanés, según publican sus diarios, se mantiene la creencia que producto de las esperadas deliberaciones en ese encuentro internacional de países identificados por sus raíces sociohistóricas, ellos puedan obtener apoyos y disposiciones mucho más concretas, resoluciones escritas que trasciendan lo puramente retórico.

Por ejemplo, las dos grandes organizaciones políticas dentro del Parlamento Nacional, tanto del oficialismo (Partido del Progreso Popular), como de la oposición (Congreso Nacional Popular), han entregado, desde ya, a la delegación que viajará para tal ocasión, un voto de confianza para que se traigan un acuerdo suscrito por los jefes de Estados.

Tanto que, el presidente de Guyana Irfaan Ali ha condicionado su presencia en Ruanda siempre y cuando le permitan hacerse acompañar por parte de los coagentes que representan a ese país, en la Corte, Shridath Ramphal y Payam Akhavan; con la finalidad de que les sea concedido un derecho de palabra en la plenaria, para explicar cómo se ha llevado el proceso litigioso frente a Venezuela, en el mencionado Alto Tribunal de La Haya.

Asimismo, han adelantado una aproximación del documento de absoluta solidaridad que ellos aspiran sea rubricado al concluir este evento.

De verdad que los asuntos de la Commonwealth y todo cuanto significa y comporta esta entidad internacional no es de nuestra incumbencia.

Con seguridad, lo que sí nos interesa —y mucho— apunta hacia las determinaciones que deben tomarse en nuestro país en relación al proceso jurídico que se adelanta en la Corte Internacional de Justicia; instancia jurisdiccional que en sentencia del pasado 18 de diciembre se asumió con competencia para conocer el fondo de la controversia que sostenemos con la excolonia británica.

Con los elementos de probanzas que las Partes consignarán, la CIJ resolverá la validez o invalidez del Laudo Arbitral de París, del 03 de octubre de 1899. Nuestro equipo tiene que abocarse a demostrar —en su debida ocasión y lugar— porqué calificamos ese Laudo de írrito y nulo; además sin eficacia jurídica.

Ahí, justamente, es donde debemos mantener nuestra expectativa y foco de atención.

Lo que nos corresponde hacer, sin perder tiempo ni perspectiva, es ir afinando nuestras estrategias para desplegarlas en el momento exacto cuando nos presentemos: 08 de marzo del 2022; fecha para que se efectúe —por cuenta nuestra— el acto de consignación del memorial de contestación de la demanda; y directamente hacernos parte del juicio, con nuestra manifestación de consentimiento e inequívoca de obligarnos.

No hay nada de qué temer; porque poseemos los más contundentes elementos jurídicos, históricos, cartográficos; para apertrechar nuestras alegaciones de hechos y de derecho.

La contraparte está consciente del inmenso caudal de recursos probatorios oponibles que poseemos.

Ellos, cuando les toque la ratificación del recurso interpuesto, nunca presentarán títulos traslaticios (como los tenemos nosotros); por cuanto carecen del más mínimo documento que los respalde, en estricto derecho.

Precisamente la contraparte lo que desea —en su artera maniobra— es que Venezuela siga invocando la No Comparecencia, para que surta efecto el artículo 53 del Estatuto de la Corte: “1. Cuando una de las partes no comparezca ante la Corte, o se abstenga de defender su caso, la otra parte podrá pedir a la Corte que decida a su favor. 2. Antes de dictar su decisión, la Corte deberá asegurarse no sólo de que tiene competencia conforme a las disposiciones de los Artículos 36 y 37, sino también de que la demanda está bien fundada en cuanto a los hechos y al derecho”.

Ya la Corte nos ha dicho —sin remilgos— que el contenido del mencionado artículo constituye una norma legítimamente aplicable en estos casos.

¿Acaso la Corte no nos asomó —con la decisión del año o pasado— que está dispuesta a emitir su fallo, inclusive sin la representación de Venezuela?

Tengamos claro y pendiente que el juicio no se paralizará por nuestra ausencia.

Particularmente, he sido respetuoso de las alternativas de solución a la contención que algunos sectores y personas han presentado. Unas más extravagantes que otras. Cada quien expone y opina cómo adelantar acciones para reivindicar la Guayana Esequiba —séptima parte de nuestra geografía venezolana— que con vileza y tratativa tramposa nos la arrebataron.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Miembro de la Fundación Venezuela Esequiba. Miembro del Instituto de Estudios de la Frontera Venezolana (IDEFV).

Publicado originalmente en Disenso Fértil https://abraham-disensofrtil.blogspot.com/