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EN LA CUESTIÓN MALVINAS EL GOBIERNO VIOLA LA CONSTITUCIÓN

César Augusto Lerena*

Islas Malvinas | Cedoc

Artículo publicado en «Perfil»**.

 

El gobierno del Presidente Milei ha realizado diversas acciones que reiteradamente incumplen la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional; violando el artículo 93° que indica que el Presidente debe “observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina” y, según se trate, podrían también quebrantarse varios incisos del artículo 75° y el 99°.

Por los artículos 2 y 3 de la Ley 24.309 sancionada en 1993 aprobó, que la Convención Constituyente incorpore a la Constitución las disposiciones transitorias que fueran necesarias y ello dio lugar a la Disposición que prescribe: «La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino». Fue el resultado de un consenso multipartidario en Argentina, liderado por el Movimiento Justicialista y la Unión Cívica Radical, atendiendo un sentimiento popular profundamente arraigado y, de carácter transversal sobre los derechos territoriales y marítimos de Malvinas y demás archipiélagos del Atlántico Sur, cuyo objeto fue “constitucionalizar” el reclamo histórico de Malvinas y darle entidad de “política de Estado”.

El aporte de varios juristas destacados, entre ellos el Dr. Alberto García Lema -un abogado cercano al peronismo- y con el aporte -y la presión- de combatientes de Malvinas; permitieron obtener un texto final muy ajustado a la defensa de la soberanía nacional en el marco de la tradición diplomática argentina y el el derecho internacional. la Disposición debe interpretarse como el resultado del consenso y en el contexto post-1982. Fue unánime entre peronistas, radicales y otros partidos respecto a “la recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía”, la “reafirmación legítima; permanente; irrenunciable e imprescriptible de Malvinas”.

Por cierto, al momento de redactarse pareciera que no se ha querido enfrentar al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, ya que entendemos que esta Disposición debería haber contemplado una posición argentina más activa, por ejemplo, estableciendo la prohibición de llevar adelante cualquier acto favorable a los británicos mientras dure la invasión.

Tampoco se establece un mecanismo relativo a las eventuales violaciones del Reino Unido respecto a lo previsto en el inciso 4 de la Res. 31/49 de las Naciones Unidas que «Insta a las dos partes a abstenerse de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación, mientras las Islas están atravesando por el proceso recomendado (de negociación) de las resoluciones de la ONU».

Estaría faltando una Ley del Congreso que precise los alcances de esta Disposición; porque este gobierno (y anteriores) no parece haber entendido que esta Disposición Constitucional, como se dijo, contó con el apoyo de todo el arco político para institucionalizar como “Política de Estado” los derechos inalienables de la Argentina sobre las Malvinas, los archipiélagos del Atlántico Sur y las aguas correspondientes. Motivo suficiente para que ningún Presidente, Ministro, Legislador, etc. realice acciones que -directa o indirectamente- atenten contra recuperación de la soberanía plena argentina sobre los espacios insulares y marítimos usurpados por el Reino Unido de Gran Bretaña.

Son varias las trasgresiones a la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional:

a) Falta de acciones y/o declaraciones oficiales y/o renuncia u omisión del reclamo de soberanía -que es legítima, imprescriptible, irrenunciable y permanente- frente a todos los hechos del Reino Unido que impliquen modificar el estatus de 1976 (Res. 31/49 ONU), entre otras, la invasión de 1.639.900 Km2 de territorios insulares y marítimos argentinos; la militarización de las islas (OTAN); la explotación de los recursos naturales; la violación de los espacios aéreos argentinos; la construcción de puertos, entre otros.

b) Aprobar los Acuerdos de Madrid de 1989/90 que establecieron restricciones a la soberanía nacional y, entre otras cosas, facilitaron la apropiación de los recursos naturales y la depredación del ecosistema.

c) Sancionar la Ley 23.968 que permitió la delimitación británica de las líneas de costa de las islas Malvinas.

d) Sancionar la Ley 24.184 de protección y promoción de las inversiones británicas que otorga privilegios a al Reino Unido a pesar de su invasión territorial y explotación de los recursos argentinos.

e) Aprobar Declaraciones Conjuntas contrarias a la soberanía argentina, tales como el Pacto Di Tella-Rifkind de 1995, permitiendo al Reino Unido la explotación petrolera en áreas en disputa; el Pacto Foradori-Duncan de 2016 que ratificó la cooperación en pesca, la ciencia y petróleo en el Atlántico Sur, y “promoviendo eliminar todos los obstáculos para desarrollo de Malvinas”, en obvia referencia a la Disposición Constitucional. Luego el Pacto Mondino-Lammy en 2025, sobre pesca, vuelos y medio ambiente. Todos ratificatorios de los Acuerdos de Madrid, debilitando la posición argentina. La aprobación de los vuelos entre Malvinas y Punta Arenas y/o con San Pablo -el mayor centro comercial latinoamericano- que sobrevuelan los espacios aéreos argentinos -incluso entre Malvinas y el continente- tiene un evidente beneficio económico y de integración de los isleños, sin reconocimiento de la soberanía plena de argentina.

f) No aplicar sanciones legales –pese a las leyes 24.922; 26.386 y 27.564- a la explotación pesquera por parte de los buques extranjeros en los espacios marítimos argentinos de Malvinas sin licencia argentina.

g) Efectuar declaraciones apartadas de la posición diplomática argentina de sostener la “integridad territorial argentina” de los espacios invadidos por el Reino Unido, como las que manifestó en septiembre de 2023 y junio de 2024 la ex Canciller Mondino y el Presidente Milei el 2 de abril de 2025.

h) Tratar a las autoridades ilegítimas de las Malvinas como un gobierno soberano legítimo como, por ejemplo, cuando en febrero de 2024 el Presidente Milei manifestó que “estando las Islas en manos del Reino Unido” el Canciller británico David Cameron tenía “todo el derecho” de visitar las Islas.

i) Apoyar a Estados -como Israel- cuya empresa Navitas explota los recursos petroleros argentinos en el área de Malvinas o adoptar posiciones contrarias a los países que tradicionalmente apoyan a Argentina en la cuestión Malvinas (caso de Palestina-Israel). Del mismo modo, tener contacto con la Presidente de Kosovo Vjosa Osmani en septiembre de 2025, cuya posición se contrapone a la de Argentina en Malvinas.

j) Falta de acciones activas diplomáticas, culturales o económicas destinadas promover la cuestión Malvinas o no incluirla en la agenda bilateral con el Reino Unido. Tolerar que la Embajada del Reino Unido promueva becas a estudiantes para “conocer a sus vecinos” de las Islas, como si fuese un Estado independiente.

k) Impulsar en el Congreso un Área Marina Protegida «Agujero Azul», a propuesta de la ONG Wildlife Conservation Society (WCS), propietaria de las islas Sebaldinas en Malvinas, estableciendo un área de protección de los intereses pesqueros del Reino Unido en Malvinas, violando la Disposición Constitucional. No hay acciones del P.E.N. contra esta ONG por inmiscuirse en asuntos del Estado Argentino.

l) Admisión y falta de desactivación de la instalación de la antena-radar de la empresa de capitales británicos LeoLabs en la localidad de Tolhuin de Tierra del Fuego con capacidad de rastreo orbital (satélites militares), pese a informes militares argentinos negativos. Decreto del P.E.N. permitiendo en Tierra del Fuego ejercicios militares de tropas estadounidenses -socios de los británicos invasores de Malvinas- y chilenas -país colaborador de los ingleses en 1982- sin autorización del Congreso Nacional (Art. 78° inc. 28 CN), violando la Disposición por su relación con Malvinas, la Antártida y las aguas de soberanía argentina.

m) No declarar en Estado de Sitio en acuerdo con la Provincia de Tierra del Fuego en el territorio invadido por el Reino Unido conforme el Art. 23° de la Constitución Nacional.

n) No ejecutar las acciones necesarias ante la República del Uruguay para concluir el apoyo logístico que ese país le presta en Montevideo a los buques relacionados con las actividades en las Islas Malvinas, entre otras, pesca ilegal, violando las leyes argentinas 24.922, 26.386 y 26.659 y las resoluciones de la ONU, como la 31/49 de 1976, que condena la explotación unilateral del Reino Unido. Además, que aviones militares británicos (RAF) han hecho escalas en Carrasco, contrario a las obligaciones de Uruguay, como las suscriptas en la CELAC de 2011/2014 y la Resolución UNASUR 2012.

o) Endeudarse debilitando la posición negociadora argentina y dificultando seriamente el cumplimiento de la Disposición Constitucional y, limitando severamente las herramientas diplomáticas, jurídicas y las relacionadas con la capacidad militar y defensa de la soberanía.

p) No promover una infraestructura estratégica en la Provincia de Tierra del Fuego (puertos, radares, bases, etc.) para reforzar la presencia argentina en la parte meridional del Atlántico Sur.

Cualquier acto de gobierno que contravenga la Disposición Transitoria Primera podría ser objeto de control de constitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia, ya que la disposición tiene rango constitucional y, su incumplimiento directo o indirecto supone una “renuncia de facto” al no cumplir “el objetivo legítimo permanente; irrenunciable e imprescriptible de la soberanía plena de Malvinas”.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado.

** https://www.perfil.com/noticias/columnistas/en-la-cuestion-malvinas-el-gobierno-viola-la-constitucion.phtml

 

LAS FF.AA. CONTRA EL NARCOTRÁFICO

Revista Tiempo GNA*

Un ajedrez sólo para idóneos.

La tentación de mover fichas equivocadas para ganar un partido de ajedrez suele ocasionar se pierda el mismo. Algunas grandes derrotas se debieron porque los que deciden estaban más compenetrados en ideologías que en ideas prácticas y la ideología no siempre va de la mano de adecuadas decisiones estratégicas. Los EE.UU. tiene un gran problema con el narcotráfico, pero no involucra sus FF AA en esa lucha”.

 

El aspecto legal

Es sabido que es un error emplear medios militares en tareas de seguridad interior sin un adecuado respaldo legal emanado del congreso que permita organizar las fuerzas y dar seguridad a las tropas militares para operaciones para las que no son idóneas.

Al no existir marco jurídico para que las FF.AA. combatan al narcotráfico y tampoco existe en el Código de Justicia Militar, cuando hay un enfrentamiento con delincuentes, las cuestiones estrictamente militares se terminan debatiendo en juzgados civiles donde nadie entiende que significa empeñar tropas en un combate.

Es decir, los militares están indefensos ante cualquier acusación legal y lo saben muy bien. De ocurrir, los ministros que dieron las órdenes también deberían responder ante los jueces.

Ser juzgado por el Código Penal; horroriza a los militares porque éste no contempla acciones de guerra.

Si no existe un marco legal serio sin influencias ideológicas de izquierda, el error implicará, juicios y prisión a miliares que cumplieron órdenes.

En la historia argentina, hay sobrados ejemplos y por desagradables experiencias, los militares evitarán ese tipo de combate atípico. A ello se agrega qué, las tareas policiales no les gustan, no tienen el equipamiento necesario, tampoco están preparados, desconocen todas las modalidades delictivas y pueden ser engañados. A ello hay que agregar por décadas que desde el propio Estado sufrieron distintas humillaciones que afectaron su moral y carecen de un adecuado presupuesto, es decir no están en su mejor momento. Se puede revertir el daño, pero se necesitará tiempo y dinero y ninguna de esas cosas hay. La frontera norte es una madeja de traficantes de drogas, tratantes de personas, inmigrantes ilegales, contrabandistas, espías internacionales y prófugos peligrosos. Es fácil entender que los militares no son idóneos para su captura. Por más que se promulgue una legislación adecuada que los cubra, el riesgo que cometan equivocaciones y/o se corrompan en la nueva lucha contra las drogas es cuestión de tiempo. Las organizaciones criminales tienen infinita capacidad económica para seducir, los militares tienen muy bajos sueldos y al no tener experiencia podrían ser contaminados rápidamente. De ello pueden dar testimonio autoridades de otros países, donde hubo generales arrestados.

El apoyo logístico

El apoyo logístico que puedan hacer las FF AA es muy importante. La idea sería que faciliten a las FFSS, vehículos, botes, visores nocturnos, radares, aviones, helicópteros, carpas, cocinas móviles, edificios para albergar detenidos, etc. Dar dicho apoyo sin que los militares realicen detenciones, se entiende bien. Pero ¿cómo deberían actuar si un camión militar llegara a ser emboscado por narcos-guerrilleros? Eso ya ha ocurrido en Latinoamérica. ¿Podrán hacer uso del derecho a la legítima defensa? Es muy fácil culparlos luego de “exceso en el cumplimiento del deber”. Esto recién empieza y con toda seguridad, los efectivos del Ejército que acompañen pacíficamente a las FFSS se expondrán a posibles enfrentamientos con narcoterroristas y al ser militares con otra formación, cuando haya un tiroteo, no se detendrán mucho en pensar en los DD.HH. No lo harán adrede, sino que es un reflejo instintivo en un guerrero.

Los militares actuales aprendieron la lección del pasado y aunque existan leyes que les permitan actuar en tareas policiales, harán todo lo posible para no involucrarse. No sea que, con algún cambio de gobierno, 10 años después sean juzgados por cumplir “órdenes ilegales” y es un secreto a voces que piensan así.

Seguramente tarde o temprano habrá una escalada contra el narco-terrorismo y el apoyo logístico que tienen como misión pasará a otro nivel. Necesariamente habrán operaciones conjuntas que deberían ser bajo un mando único, pero por doctrinas distintas vendrían roces con las FFSS y todo se complicaría.

Variante importante

Tal vez lo más necesario, es que unidades de ingenieros del Ejército destruyan pasos no habilitados de la frontera por donde ingresan el narcotráfico y extranjeros indeseables.

En los casi 9.700 km de límite terrestre, se calcula que deben existir unos 840 pasos clandestinos, que son sendas casi invisibles, que por la complejidad topográfica no pueden ser controlados eficazmente. Algunos como los que hay en la cordillera de los Andes, eran usados por habitantes ancestrales, y ni siquiera figuran en las cartas topográficas y de su existencia sólo unos pocos pueden dar testimonio. Es decir, del total tal vez un 10% no se sabría su ubicación con certeza. En la Argentina habría unas 1.500 pistas clandestinas donde aterrizan aviones con drogas y por año son detectados 400 vuelos narcos que no pueden ser interceptados. En Colombia con explosivos y topadoras esas pistas son destruidas y aquí habría una nueva misión de apoyo para el Ejército. Necesariamente para ello se necesita una ley que contemple lo expresado.

Riesgo operacional

La frontera con otro país no es lo mismo que el límite entre dos provincias y no se necesita mucho esfuerzo para crear un problema internacional. Por razones de buena vecindad entre países, ni siquiera fracciones menores del Ejército tendrían que estar en las fronteras: no es lo mismo que un soldado en un tiroteo fortuito mate a un contrabandista que que lo haga un gendarme; la repercusión diplomática en el primer caso será muy distinta.

Leyes adecuadas, inteligencia, presupuesto y capacitación

Independientemente del cambio jurídico, para la lucha contra el narcotráfico las FF.AA., necesitarán:

    • una capacitación concreta de aquellos efectivos seleccionados para ser empleados,
    • equipamiento adecuado • presupuesto suficiente.

Nada de ello sería eficaz si no se dispone también de un componente de inteligencia que sea específico, unificado y permanente para esa misión. Pues para las redes transnacionales del delito las fronteras no son un obstáculo, poseen suficiente capacidad financiera para corromper y si los comandos no están informados la organización de nada valdrá. 

Experiencia en otros países

Ya se mencionó que los EE.UU. no tienen tropas afectadas contra el narcotráfico. En Argentina en una situación excepcional en forma muy restringida con grupos de elite y con una adecuada legislación, podrían participar las FF.AA. Para ello unidades exclusivas deberán capacitarse pues han sido formados para otro tipo de conflictos y su mentalidad es muy diferente. Colombia no emplea masivamente fuerzas militares sin un entrenamiento previo adecuado al combate del narcotráfico, ello fue clave para forzar a las FARC a firmar la paz. El ejército del Perú también se sumó a esa idea con el denominado “Batallón Contraterrorista 312”. Hay otros casos. Es decir, es necesario formar unidades pequeñas altamente especializadas para un combate atípico. Esta podría ser la solución si las fuerzas de seguridad estuvieran en serias dificultades. Pero hay que tener presente que, en casi todos los países, la guerra contra antinarcóticos ha fallado por años y a su vez, ha sido perjudicial para los propios militares. Su inexperiencia en temas policiales eleva la corrupción entre sus miembros. El combate dura años y en ese lapso los militares se agotan y sobrevine la desmoralización entre sus cuadros. La defensa nacional contra otra nación deja de tener vigencia y el país se debilita.

La Fuerza Aérea Argentina

La Fuerza Aérea es un caso distinto porque no puede atacar objetivos narcos en tierra ni derribar aviones furtivos que ingresan de otros países. Es decir, por su actividad no muere nadie. Su misión de apoyo en el “Sistema de Defensa Aeroespacial Nacional”, tiene un valor inestimable interceptando aviones narcos.

La GNA y la PNA

Siempre fueron la primera línea de protección en zonas limítrofes. Para casos importantes el “Escuadrón Alacrán” y la “Agrupación Albatros”, respectivamente son elementos altamente capacitados para la lucha contra el narcotráfico, pero vemos a estos especialistas custodiando villas de emergencia, alejados por meses de sus familias que dejaron a casi 1.000 km, lo que afecta su moral.

Si llegaran a regresar a la frontera, se moverían felices como el pez en el agua y cumplirían mejor con un elevado espíritu de cuerpo. Siempre ocurrió así.

Conclusión

La seguridad nacional no es de izquierda ni de derecha, si no se sabe diferenciar cuales son los problemas, difícilmente se pueda dar con la justa solución. Cualquiera sea la medida que se elija con aprobación del congreso, demandará al menos 20 años para que se perfeccione. Se necesitará mucho tiempo para ganar una guerra que recién empieza.

Precisamos de una lógica hipótesis de conflicto que imagine futuras complicaciones bélicas y leyes adecuadas para no terminar como México o Colombia.

La Defensa Nacional y la Seguridad, constituyen piezas de un partido de ajedrez político, que no es para amateurs y no hay que equivocarse al mover las fichas.

Documento Episcopal Argentina referido al narcotráfico. 8 noviembre 2013.

“La Argentina está corriendo el riesgo de pasar a una situación de difícil retorno. Si la dirigencia política y social no toma medidas urgentes costará mucho tiempo y mucha sangre erradicar estas mafias que han ido ganando cada vez más espacio”

 

Artículo publicado originariamente por la Revista Tiempo GNA 77.

El ÁREA MARINA PROTEGIDA AGUJERO AZUL ES UN ATENTADO A LA PRODUCCIÓN Y A LA SOBERANÍA ARGENTINA Y NO ELIMINA LA PESCA ILEGAL EXTRANJERA

César Augusto Lerena*

En el Congreso de la Nación se ventila el proyecto 1039-D-2022 de la diputada Graciela Camaño “Área Marina Protegida Bentónica Agujero Azul¨ categorizada como Reserva Nacional Marina Estricta que abarca un área de la Plataforma Continental Argentina más allá de las 200 millas marinas, con una superficie de 148.000 km2, trece veces el tamaño del Archipiélago de Malvinas y, una nueva área de “protección” de las Islas ocupadas por el Reino Unido, por obra de los británicos, pero también de los argentinos.

Las Malvinas están militarizadas, la plataforma continental extendida alrededor de Malvinas en disputa (1.430.367 km2 según la Comisión de Límites de las Naciones Unidas); al este de Malvinas, la Zona de Conservación (FOCZ) acordada por Cavallo en 1990; al sur la Reserva ecológica de 1.070.000 km2 establecida en forma unilateral por el Reino Unido en 2011 alrededor de las Georgias del Sur y Sándwich del Sur y violando el Tratado Antártico; alrededor de Malvinas la FICZ ilegal de unos 438.000 km2 establecidas por el Reino Unido; al oeste las 18 áreas licitadas de unos 100.000 km2 para la explotación offshore en 2019 que se adjudicó a varias empresas británicas violando la Ley 26.659; al noroeste la ocupación ilegal británica de 1.900 km2 de un área de alta concentración de calamar denominada GAP. Faltaba el noreste y llegó el área Marina Protegida Bentónica de 148.000 km2 que favorecerá el otorgamiento de licencias ilegales pesqueras por parte de las autoridades ilegales de los usurpadores de Malvinas y muy probablemente generará la ocupación de nuevos espacios por parte del Reino Unido y, un muy probable conflicto extraño al Atlántico Sur, contrario a la “Zona de Cooperación y Paz” firmada por todos los países occidentales de África y orientales de América.

Ya nos hemos referido sobre este tema (César Lerena “El Proyecto Bentónico Agujero Azul hace agua”, 21/01/2022) por lo que me ha parecido interesante hacer algunos comentarios al artículo de Rodolfo Chisleanschi “Argentina: los intereses que demoran la creación de un área marina protegida en el Agujero Azul” publicado el 02/06/2022 por MONGABAY. Periodismo ambiental independiente en Latinoamérica (https://es.mongabay.com/2022/06/), un trabajo que, aun no concordando en algunos temas, resulta una mirada independiente, poco frecuente en estos temas, donde se mezclan cuestiones ambientales con intereses políticos.

Dice entonces Chisleanschi, con mis comentarios en algunas afirmaciones o comentarios:

«En la plataforma continental argentina existe un gigantesco “supermercado marino” donde acuden a alimentarse especies de toda la cadena trófica y que es conocido como el Agujero Azul.

La falta de gobernanza sobre la pesca en aguas internacionales permite que cientos de barcos ocupen la zona y realicen sus capturas sin ningún tipo de control. (CESAR LERENA: El Área Marina Protegida Bentónica (lecho y subsuelo) no habrá de impedir la pesca en los cursos de agua que no son de jurisdicción argentina).

Un proyecto de ley solicita declarar el lugar como área protegida. La posibilidad de que en el subsuelo haya reservas de hidrocarburos y metales estaría frustrando su creación. (CESAR LERENA: Este mismo artículo indica que no hubo presión del sector petrolero al respecto, sino del pesquero).

El cuerpo va girando hasta completar los 360 grados; los ojos intentan llegar más allá de donde permite la mirada, pero donde sea que enfoquen, el paisaje solo devuelve agua y cielo. El Atlántico Sur se abre inabarcable y bajo la superficie, un torrente de vida, un auténtico “supermercado” alimenticio atrae a una multitud de especies: invertebrados, peces de todos los tamaños, mamíferos marinos, aves, etc.

También hay barcos, muchos barcos. Medianos, grandes, inmensos, y con las más diversas banderas. Están los poteros que buscan calamares (Illex argentinus), los arrastreros que capturan abadejos (Genypterus blacodes) o merluzas negras (Dissostichus eleginoides), los reefers que conservan la pesca en cámaras frigoríficas para trasladarla a los puertos, y los buques tanque que se ocupan de reabastecer con combustible a todos los demás.

La zona se conoce como Agujero Azul, se encuentra sobre la plataforma continental argentina, a más de 300 kilómetros de la costa del golfo San Jorge, en la Patagonia, y además de poseer una riqueza marina extraordinaria, es el eje de una áspera polémica de muy difícil resolución donde se mezclan la biología, el conservacionismo, las leyes internacionales, los intereses económicos y hasta la geopolítica global.

En 2015, las autoridades que por entonces gobernaban el país se plantearon por primera vez la necesidad de proteger esa región oceánica. Hasta ahora las desavenencias entre las diferentes visiones y pretensiones con las que se mira el lugar, que van desde la conservación estricta al desarrollo extractivo sin límite de los recursos mineros y pesqueros, lo han impedido. (CESAR LERENA: El sector pesquero nacional pesca muy poco en esa área, si bien entiende que pueden afectarse sus intereses futuros y, no los de los buques extranjeros, a quienes esta Área Marina no les impedirá pescar con o sin redes de arrastre). Este año, el Congreso argentino tiene una nueva oportunidad de promulgar la ley de creación de un Área Protegida Marítima, y de hecho, el proyecto presentado ya ha superado la etapa de estudio en comisiones y se encuentra apto para ser debatido en la Cámara de Diputados. Que llegue a concretarse o no dependerá de algunas de las razones que se explican a continuación.

Las razones para proteger el Agujero Azul

Las plataformas continentales son las zonas más productivas debido que al tener profundidades que no sobrepasan los 200 metros, la luz penetra favoreciendo la vida. Esa es una de las razones por las que el Agujero Azul es tan biodiverso, pero no la única. En el gigantesco acantilado submarino que marca el fin del continente, en el llamado Frente del Talud, se encuentran dos masas de agua: la corriente de Malvinas y las aguas de la plataforma continental provocando un fenómeno conocido como surgencia. Este último consiste en que masas de agua profundas frías y ricas en nutrientes ascienden a la superficie, “poniéndose a disposición de las algas que están arriba en la columna de agua”, explica Valeria Falabella, bióloga y directora de Conservación Costero-Marina de la filial argentina de Wildlife Conservation Society (WCS). (CESAR LERENA: Su central en Nueva York).

El resultado del fenómeno es la generación de un área de enorme productividad biológica donde pueden encontrarse todos los eslabones de la cadena trófica, desde fito y zooplancton a ballenas o tiburones.

La combinación de factores otorga al lugar un magnetismo irresistible. Por un lado, la existencia de cañones todavía inexplorados y supuestamente intactos que penetran en las paredes del talud atrae a los científicos y alienta los pedidos para que la región sea protegida cuanto antes. Por el otro, la industria pesquera de distintos países del mundo —con China, Corea del Sur y España a la cabeza— aprovecha esta riqueza para extraer grandes cantidades de recursos. (CESAR LERENA: El AMP Agujero Azul está fuera de la jurisdicción argentina -salvo la plataforma- y no se impedirá con esta Ley de AMP Bentónica que sigan pescando). 

Los intereses pesqueros

Hasta el 2016, solo una pequeña parte del Agujero Azul estaba incluido en el territorio argentino, pero ese año la Comisión de Plataforma Continental de Naciones Unidas aprobó el pedido del país para ampliar su jurisdicción hasta las 350 millas de la costa y de ese modo todo el Agujero pasó a estar bajo la jurisdicción nacional. Sin embargo, la resolución de la ONU tiene una salvedad: la potestad argentina solo comprende el suelo y el subsuelo. Las aguas, en cambio, siguen considerándose internacionales, es decir continúan abiertas a quien eche sus redes en ellas. (CESAR LERENA: No lo impedirá esta ley de AMP de la diputada Camaño, porque los cursos de agua son de libre acceso a la pesca según la CONVEMAR).

En abril de este año, el Arctic Sunrise, un barco de la organización Greenpeace, viajó hasta la zona. Las condiciones climáticas impidieron que los científicos a bordo pudieran realizar las tareas que tenían previstas —sobre todo, investigar los fondos a bordo de un submarino— pero la excursión valió para comprobar lo que ocurre sobre el Agujero Azul.

“Es impresionante estar en un lugar en medio de la nada y ver tanta vida alrededor”, relata Luisina Vueso, coordinadora de la campaña de océanos de Greenpeace que integró la tripulación. “Hay ballenas y delfines que saltan, pingüinos, elefantes marinos, aves… También hay muchos barcos. Habíamos ido en noviembre de 2018 y vimos menos, tal vez porque se ha extendido la temporada. Hoy el tránsito en medio del mar es brutal”. Falabella, quien también fue parte de la expedición es más gráfica. “Llegué a contar hasta cien barcos. De noche parece una ciudad”, dice. La razón, explica Vueso, se debe a la falta de gobernanza en aguas internacionales. “Por eso creemos que es tan necesario acordar un Tratado General de los Océanos que proteja al menos un 30 % de los mares del planeta”, agrega (CESAR LERENA: Como dije no se resolverá la pesca con esta AMP porque el curso de agua es internacional y además con la Reserva Ecológica de 1.070.000 km2 que declaró en forma unilateral en 2012 el Reino Unido alrededor de las Georgias del Sur y Sándwich del Sur tiene más del 30% de su mar donde los buques argentinos no pueden pescar, además, de las AMP Namuncurá I y II, AMP Yaganes y, en total la Argentina tiene ocupado por el Reino Unido 1.639.900 km2 es decir el equivalente al 52% de la ZEE Argentina).

Desde el punto de vista comercial, el calamar es la gran estrella del lugar. Especie migrante cuyo ciclo vital se completa en un solo año, su presencia congrega la atención de la mayor parte de la flota pesquera que se aglomera en el Agujero Azul (CESAR LERENA: El calamar se captura mayoritariamente con buques poteros cuyos sistemas de pesca selectivo no dañan el fondo submarino porque no utilizan redes de arrastre de fondo. No obstante, ya hemos dicho: esta AMP no puede impedir por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) que se pesque en aguas internacionales y no es la forma de resolver la Pesca Ilegal).

La sobrepesca del calamar es uno de los problemas graves que plantean los científicos, aunque coinciden en señalar que el mayor daño lo provoca el uso de redes de arrastre que pescan abadejos y merluzas negras en los sectores donde la profundidad es todavía somera. “Pudimos bajar cámaras a 160 metros de profundidad y la depredación del fondo se aprecia a simple vista. Los biólogos especialistas en vida bentónica (aquella que se asienta en el fondo del mar) nos decían que debería estar lleno de corales de agua fría y de esponjas que cumplen un rol fundamental en los ecosistemas marinos, pero no había nada”, dice Vueso.

Marcelo Acha también repara en la “pobreza” de fauna que encontró en los suelos del Agujero: “No es un desierto, pero tampoco una región muy rica”, afirma. Sin embargo, evita ser categórico acerca de los males que producen las redes de arrastre porque “casi toda la información que tenemos es sobre la plataforma continental argentina, de ahí hacia afuera sabemos muy poquito y no tenemos estudios anteriores para comparar si está más o menos arrasado”, dice el biólogo, quien es jefe del proyecto de Ecología Pesquera en el Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero que encabezó una travesía al área en noviembre de 2021.(CESAR LERENA: la opinión de este experto es central porque se trata de nada menos que el Jefe del Proyecto de Ecología Pesquera del INIDEP, el Instituto de Investigación más importante en la materia y, para pensar en establecer un Área Marina Protegida hay que tener una información científica previa).

Pero más allá de los matices, la necesidad de crear una figura de protección para la zona resulta unánime y es a partir de este punto que comienzan las discusiones (CESAR LERENA: No se trata de un matiz, se trata de la opinión de uno de los científicos más importantes en la materia que indica que hay escasa fauna en la plataforma y no hay estudios previos). 

Los intereses mineros

“El primer proyecto de ley trabajado por distintas áreas del Poder Ejecutivo argentino en 2015, buscaba proteger la columna de agua y el fondo marino de la porción del Agujero Azul que está dentro de las 200 millas del territorio argentino, más un pedazo representativo del lecho y el subsuelo que sobrepasa esa distancia”, recuerda el biólogo, Juan Emilio Sala, quien es miembro del Consejo Asesor Científico y actual coordinador de Pampa Azul, una iniciativa interministerial creada en 2014 con el fin de promover el desarrollo y la innovación tecnológica en el amplio espacio del Mar Argentino. El cambio de color político del gobierno en aquel año echó por tierra la idea (CESAR LERENA: sobre ese proyecto no hubo consultas serias a nivel del sector empresario ni en el Consejo Federal Pesquero, ya que, pretender establecer un AMP dentro de la ZEE (las 200 millas) sobre los cursos de agua hubiera sido letal para la industria pesquera y, sobre este último proyecto la intercámara industrial formada por todas las Cámaras del país presentó un informe fundado lapidario).

En 2021, el tema recuperó su vigencia, promovido por la diputada nacional Graciela Camaño. En este caso, el proyecto extiende de manera ostensible el espacio a proteger a partir de la ancha superficie de plataforma que Argentina ganó en 2016. “Fuimos más ambiciosos porque entendimos que los diez años de trabajo de nuestra cancillería para lograr que nos otorgaran la ampliación de nuestra plataforma tienen que traducirse en el cuidado del ambiente marino y en evitar que esa zona se explote de cualquier manera”, sostiene Camaño (CESAR LERENA: el trabajo lo inició la COPLA de la Cancillería en 1996 y la Comisión de Límites -que funciona dentro de ONU- efectuó su informe en 2016/17, es decir 20 años después,  recomendando solo 351.633 km2 sobre el total de 1.782.000 km2 presentados por Argentina. Aun así parte de esta AMP Bentónica parte del sur se superpone a la zona en disputa con el Reino Unido).

Pero el recorrido parlamentario del proyecto fue dispar. En un principio, según relata la diputada, el proyecto contó con el apoyo de varios bloques de legisladores, así como del Ministro de Ciencia y Tecnología, impulsor del proyecto original de 2015. También contó con el apoyo del director de la Administración de Parques Nacionales y de las áreas del Poder Ejecutivo vinculadas con el tema. Parecía estar bien encaminado, pero no llegó a tratarse en el Congreso y aunque volvió a ser presentado este año la situación ya no es la misma (CESAR LERENA: nunca contó con el apoyo del sector pesquero y, el Consejo Federal Pesquero y el INIDEP fueron consultados una vez elaborado el proyecto).

La región a proteger se estima que podría ser rica en hidrocarburos y nódulos polimetálicos, y en el último año el gobierno argentino ha colocado en un plano prioritario la explotación offshore como solución a las crónicas crisis energética y económico-financiera del país. La mera sospecha de la existencia de recursos estratégicos bajo esos fondos oceánicos ha modificado la mirada y encendido el debate, porque si todo el Agujero Azul se transformara en área protegida estricta sería imposible extraerlos. (CESAR LERENA: el proyecto de AMP de la diputada Camaño coloca área como de protección estricta y por lo tanto también sería imposible para los buques argentinos pescar, no así a los extranjeros).

“El proyecto presentado por la diputada Camaño está íntegramente elaborado por WCS, una ONG internacional cuyos intereses no son necesariamente los del país”, dice Juan Emilio Sala. “Todos vemos como positivo crear una herramienta normativa de protección para controlar lo que pasa en esa zona, pero en mi opinión personal esta no puede impedirnos desarrollar alternativas productivas como los hidrocarburos offshore que le permitirían a la Argentina alcanzar la independencia energética absoluta, duplicar lo que hoy desarrolla en tierra y habilitar la generación de divisas genuinas”, sostiene. (CESAR LERENA: Emilio Sala pertenece al proyecto Pampa Azul y podríamos repetir su opinión en materia pesquera, más aún cuando el Consejo Federal Pesquero y el INIDEP tienen herramientas suficientes para, en todo caso, una vez investigada adecuadamente el área y, si fuera necesario, prohibir la pesca de arrastre de fondo y para ello no se necesita ningún Área Marina protegida y, sería de aplicación a todos los Estados (incluso los Estados no ribereños extranjeros) porque se estaría afectando la Plataforma continental).

El apoyo entre la citada ONG y la diputada Camaño es público, y no es negado por ninguna de las partes, pero la legisladora asegura que la única crítica recibida por el proyecto estuvo relacionada con algunas quejas de la industria pesquera y agrega que “nadie del área de hidrocarburos se contactó con nosotros, no tenemos noticias de la existencia de lobbies que hayan actuado en este tema ni de otras acciones que hayan retrasado el tratamiento del proyecto”. Para la diputada, el proyecto de ley “se trabó debido a los disturbios coyunturales de la Argentina. Fue uno de los 18 proyectos que el Presidente Alberto Fernández envió a sesiones extraordinarias y ninguno de ellos fue tratado”, dice.

Islas Malvinas y geopolítica global

El aspecto geopolítico añade otro componente de discusión. El sector sur del área protegida propuesta casi rozaría el límite de la zona de exclusión total decretada por las autoridades británicas en torno a las Islas Malvinas, el archipiélago que se levanta dentro de las 200 millas de plataforma continental argentina y que en 1982 fue escenario de una guerra. Su ocupación por el Reino Unido es objeto de una antigua y persistente reivindicación de soberanía por parte de la nación sudamericana (CESAR LERENA: no se trata solo de eso, se trata que la propia Comisión de Límites integrada por expertos que funciona dentro de las Naciones Unidas no estudió parte del área seleccionada para la AMP Bentónica por entender que se encuentra en disputa entre Argentina y el Reino Unido.

Aunque para la diputada Camaño esto no representa un problema, puesto que el proyecto de ley está ajustado a los límites territoriales, algunos expertos temen que al estar tan cerca ambos espacios, la creación del área protegida sea considerada como una provocación por parte de Argentina (CESAR LERENA: no está tan cerca: una parte sur se superpone al área en disputa).

“El área que declararon los británicos comienza apenas unos grados de latitud más hacia el sur del Agujero Azul y en ella los barcos autorizados por el gobierno de las islas pescan las mismas especies que capturan los buques un poco más arriba”, explica Sala. “Se trata de un área militarizada donde la Argentina no puede intervenir porque se desataría un nuevo conflicto bélico. Es un escenario muy complejo que funciona dentro de una lógica geopolítica más global”, analiza el experto.

Por debajo de estas discusiones “globales” subyacen otros puntos de debate en torno a la postergada área marina protegida. “No hay duda de que sería una herramienta muy interesante que obligaría al Estado a financiar investigaciones, pero no tengo en claro cuál debería ser su tamaño”, confiesa Marcelo Acha. (CESAR LERENA: el principal experto que debió ser consultado por los autores del proyecto de ley de AMP no tiene claro cuál debería ser el tamaño). “Además la declaración de una región tan enorme tendría la dificultad práctica de poder monitorearla”, sostiene. Sala coincide con él: El área propuesta “es mucho más grande de lo que un país como Argentina estaría en condiciones de monitorear si queremos que sea un área con un plan de manejo adecuado”. (CESAR LERENA: La Argentina no controla las actuales Áreas Marinas Protegidas de Namuncurá I y II y Yaganes. Y por cierto controla con mucha dificultad la Zona Económica Exclusiva Argentina y no puede controlar los 1.639.900 km2 ocupados por el Reino Unido del mar argentino).

Para Acha, sería más práctico crear pequeñas áreas protegidas interconectadas entre sí a lo largo de todo el talud. “Sería un instrumento más elástico y se le podría dar a cada lugar un grado de restricción diferente”, afirma. Claudio Campagna, biólogo integrante del Programa Marino de WCS Argentina, opina diferente. “El control no demandaría ningún esfuerzo porque hoy los satélites permiten ver hasta las patentes de los barcos desde la costa. (CESAR LERENA: el biólogo Campagna no puede ignorar que los sistemas satelitales se apagan, se modifican, etc. y además sería inocuo este accionar porque los barcos extranjeros como los nacionales pueden pescar sobre los cursos de agua, además, de cualquier accionar de este tipo, supone disponer de naves de control cerca, para apresar a quienes realicen pesca ilegal, que no sería este caso). Para saber lo que está pasando en alta mar ya no hay que enviar buques que consumen petróleo, gastan mucho dinero y provocan calentamiento global”, sostiene.

Los fundamentos biológicos para extender la zona de protección sobre un territorio mucho más amplio también forman parte del debate. “La realidad es que necesitamos generar una mejor información de base antes de declarar la protección”, estima Sala. (CESAR LERENA: Con este testimonio de Sala y el precedente de Acha, sería suficiente para desestimar esta iniciativa extemporánea y con graves connotaciones productivas y soberanas).

“Este es un sitio al que se debe mirar de manera distinta a cómo se mira el mar en cualquier otro lugar y momento”, dice Campagna y añade: “Aquí hay aspectos que son comunes a las áreas protegidas, pero también cuestiones muy particulares que tienen incidencia política, estratégica y ética, argumentos que deberían pesar tanto como los ecológicos a la hora de entender lo que ocurre y de actuar para buscar una solución” (CESAR LERENA: efectivamente es el conjunto de elementos que hay que ponderar en forma integrada para establecer este tipo de limitaciones, sobre todo cuando no han sido debidamente evaluados sus beneficios y perjuicios).

Pero la incertidumbre sobre el destino que pueda correr el área no pareció preocupar a la ballena Atrevida/Antares cuando a principios de este año eligio esas aguas inquietas para llevar a su cría,  convencida de que allí encontraría una zona de alimentación ideal para garantizar su crecimiento (CESAR LERENA: la propia ballena nos está indicando que el Área está sana. Suelo confiar más en el instinto animal que en las decisiones poco evaluadas de los hombres). “Declarar el Agujero Azul como área marina protegida no va resolver todos los problemas, pero sería como iluminar una calle para bajar las probabilidades de crímenes”, sentencia Campagna. Por ahora, las discusiones impiden que se concrete. El “gran supermercado” del Atlántico Sur sigue aguardando una decisión final (CESAR LERENA: el ejemplo no parece aplicable a cuestiones que requieren un análisis científico y productivo más serio).

 

* Presidente de la Fundación Agustina Lerena (fundada 21/10/2002). Presidente Centro de Estudios para la Pesca (CESPE). Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex-Secretario de Estado. Ex-Asesor en la H. Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación. Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021).