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DE CATATUMBO AL TREN DE ARAGUA

Roberto Mansilla Blanco*

Mientras el mundo fija su atención en los decretos de Donald Trump, las incertidumbres de la transición siria, la posibilidad de una tregua en Ucrania y el golpe tectónico a los mercados causado por la aparición de la IA china DeepSeek, una imprevista crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela, determinada por la incursión de efectivos de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región colombiana de Catatumbo, ha dejado hasta el momento aproximadamente 100 muertos y unos 40.000 desplazados hacia Venezuela.

Esta crisis explota en un contexto delicado para la seguridad y estabilidad regional, principalmente condicionada por la tensión en Venezuela en cuanto a la legitimidad presidencial de Nicolás Maduro así como por la visión política hemisférica que está llevando a cabo Trump, principalmente en torno a sus presiones sobre el Canal de Panamá y las deportaciones de inmigrantes ilegales latinoamericanos.

¿Golpe de timón del ELN…y de Maduro?

Toda vez que se habla del retorno del conflicto armado en Colombia, con el riesgo de saltar por los aires los Acuerdos de Paz de 2016, la atención se dirige igualmente a Venezuela, que desde hace años alberga en su territorio prácticamente a la totalidad de la cúpula dirigente y efectivos del ELN, la mayor parte de ellos desafectos con esos acuerdos de paz a diferencia de la guerrilla de las FARC. Petro apostaba por profundizar estos acuerdos bajo una iniciativa de “Paz Total” que hoy se observa golpeada y probablemente desacreditada por los fallos en materia de seguridad y de inteligencia militar.

En este nuevo equilibrio de fuerzas insurgentes en Colombia resalta el hecho de que esta incursión en Catatumbo pueda significar un reforzamiento de posiciones de poder armado y eventualmente político para un ELN eclipsado por el protagonismo que ha tenido su principal rival, las FARC, no sólo en cuanto a los largos períodos de lucha armada sino también en las negociaciones con los diversos gobiernos colombianos para finalmente alcanzar un acuerdo de paz.

Esto nos lleva a Venezuela. La llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 significó para las guerrillas colombianas un punto de inflexión favorable que llevó, en 2008, a que Venezuela declarara a las FARC y al ELN como actores no beligerantes, reconociéndoles así un estatus político. Desde entonces, la implicación venezolana en el conflicto colombiano traspasaba claramente los canales propios de la seguridad fronteriza común.

Con la presumible benevolencia cubana (La Habana siempre amparó los intereses de las insurgencias colombianas) existía entonces una obvia implicación política por parte de Caracas, en este caso favorable al estatus de la insurgencia armada dentro del proyecto “bolivariano” continental, que le llevó a frecuentes roces con los distintos gobiernos colombianos desde Pastrana hasta Duque. Pero esta implicación también fue derivando progresivamente en la necesidad de convertirse Venezuela y Cuba en benefactores e interlocutores válidos para el Acuerdo de Paz en Colombia.

No obstante, abundan las informaciones sobre la presunta mirada cómplice (por no decir cohabitación y cooperación) de las autoridades venezolanas tanto con las FARC como con el ELN en el teatro de operaciones de Venezuela. Pero concentremos la atención ahora en los coloquialmente denominados como “elenos”, miembros del ELN. Esta guerrilla posee capacidad de influencia política y militar en algunos estados venezolanos, lucrándose de la extracción de recursos naturales (petróleo y minerales) así como del control de rutas de narcotráfico y contrabando. Visto en perspectiva, Venezuela ha sido un importante refugio para el ELN.

La crisis de Catatumbo y la reactivación de la lucha armada del ELN colocan en una difícil posición al presidente colombiano Gustavo Petro, quien simultáneamente ha observado una fuerte crisis diplomática con Trump por el asunto de las deportaciones de inmigrantes colombianos ilegales desde EEUU.

Mientras Bogotá está intentando desactivar esta crisis bilateral con Washington, Maduro salta a la escena en lo que se aprecia como un manejo oportunista de la crisis con el posible propósito de ganar influencia en los asuntos colombianos al mismo tiempo que pretende acercar posiciones con Trump en busca de la normalización de relaciones vía legitimidad de facto de su mandato presidencial.

Por sorprendente y contradictorio que parezca, el tema migratorio puede abrir nuevos canales en esta pretensión de Maduro por acercarse a Trump, tomando en cuenta la reciente decisión de Trump de no renovar el TPS a inmigrantes venezolanos en EEUU; aunque está por verse aún el verdadero alcance de esta medida.

Si bien Maduro ha negado implicación alguna de Venezuela en las operaciones del ELN en Catatumbo, el propio Petro en su cuenta de X incrementó las sospechas al develar la presencia de una “fuerza extranjera” en esta crisis. Otros actores, especialmente desde la oposición venezolana, observan que la crisis del ELN puede suponer una especie de “pase de factura” de Maduro a Petro por el no reconocimiento colombiano a su legitimidad presidencial; Bogotá no envió ningún representante a la toma de posesión de Maduro el pasado 10 de enero.

El trasfondo de esta crisis puede revelar una guerra abierta entre el ELN, carteles de narcotráfico colombianos, venezolanos y de otros países luchando por acceder y controlar las rutas de distribución de la droga.

Sin desestimar su carácter especulativo no debería pasar por alto la posibilidad de que Trump, en su afán por neutralizar a la izquierda continental (y sus alianzas internacionales) utilice esta crisis como leitmotiv presuntamente enfocado en generar un escenario de tensión contra Petro y de acoso contra Maduro, sin descartar con ello sondear las opciones (ciertas o no) de una eventual intervención en Venezuela vía Colombia aduciendo razones de seguridad hemisférica. Las presiones sobre el Canal de Panamá pueden de algún modo significar objetivos geopolíticos más concretos para Trump, más allá de la implicación económica china a nivel hemisférico.

Para Washington puede resultar relevante este escenario ante las alianzas exteriores de los mandatarios colombiano y venezolano. Tanto como Maduro, Petro ha dejado entrever su interés en ingresar en los BRICS, el principal foro “contrahegemónico” para EEUU y sus aliados, especialmente “atlantistas”.

Tren de Aragua: la transnacional del crimen

Saliendo del Catatumbo llegamos a otro escenario: el Tren de Aragua. En EEUU y Chile se abrieron cargos judiciales contra esta banda delictiva venezolana cuya capacidad de actuación es cada vez más transnacional.

En el marco de la visita a Quito del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa declaró al Tren de Aragua como “organización terrorista”. Ecuador, a quien también le afecta la crisis colombiana así como la proliferación de redes delictivas internas y externas, irá a elecciones presidenciales y legislativas el próximo 9 de enero.

Cabe preguntarse: ¿tiene alguna relación la crisis en Catatumbo con las denuncias contra el Tren de Aragua? A priori no pero podría intuirse que sí la tiene indirectamente. Ambas situaciones revelan un aspecto contradictorio y no menos controvertido: la extraña capacidad que tiene Venezuela como actor simultáneo tanto de desestabilización, vía grupos armados insurgentes, carteles y organizaciones criminales venezolanas o aquellas extranjeras establecidas en el territorio venezolano contando con el aparente beneplácito del régimen de Maduro; así como de posible actor de solución, al menos temporal, que sirva para desactivar problemas regionales concretos (Catatumbo) surgidos por estas actividades delictivas e incursiones guerrilleras.

No olvidemos que desde Washington se aumenta la presión hacia el régimen venezolano con el aumento de recompensas por las capturas de Maduro y Diosdado Cabello, en este último caso cuyo protagonismo en la crisis de Catatumbo ha sido notoria. Un dato que acrecienta toda serie de especulaciones y suspicacias en torno a lo que está sucediendo entre Colombia y Venezuela es el hecho de que, mientras el ELN iniciaba operaciones en Catatumbo, los organismos policiales y de seguridad venezolanos abatieron a un capo del crimen en Venezuela, alias “Wilexis”, quien en su momento llegó a desafiar el poder de Maduro.

Como otros tantos “pranes”, la relación de “Wilexis” con el Tren de Aragua es tan notoria como el presunto ascendente que tendría Diosdado Cabello entre esa y otras organizaciones del crimen en Venezuela. La muerte de “Wilexis” fue anunciada a “bombo y platillo” por un Diosdado Cabello que recobra espacios de poder en esta nueva etapa de Maduro en la presidencia.

Volvamos a Petro. Las crisis de Catatumbo y con Trump podrían erosionar su autoridad y capacidad de equilibrios políticos. Si bien el establishment colombiano (militar, empresarial, político, legislativo) se ha plegado a Petro bajo su tradicional óptica de “razón de Estado”, el mandatario colombiano debe manejar constantemente todo tipo de equilibrios dentro del Congreso. Si bien no se aprecia como factible, al menos a corto plazo, está por verse si la crisis de Catatumbo implique para Petro una posible moción en su contra que dificulte la gobernabilidad.

De Catatumbo al Tren de Aragua, estas crisis señalan a un actor clave, un régimen de Maduro que aprovecha la situación para militarizar el territorio nacional (incluso entregando armas a civiles) bajo el pretexto de una presunta conspiración internacional para desalojarlo del poder, colocando a la FANB aún más en el centro de poder en Venezuela. Pero el trasfondo de estas crisis paralelas confirma igualmente las consecuencias del carácter transnacional de las organizaciones criminales venezolanas y sus conexiones con el Alto Poder, organizaciones insurgentes y redes delictivas exteriores.

Puede que los canales diplomáticos entre Caracas y Bogotá terminen neutralizando la crisis provocada por el ELN. Es posible que la “cruzada” anti-delictiva de Maduro y Diosdado Cabello esconda una “limpieza” y una purga interna que refuerce el poder del establishment “madurista”, incluidos sus vínculos con organizaciones criminales, a la vez que lave su imagen ante el exterior y sus expectativas de normalizar las relaciones con Washington.

Pero lo que parece cierto es que el “autoritarismo caótico” (José Natanson dixit) que explica la naturaleza del poder “madurista” en Venezuela tiene capacidad suficiente para generar situaciones de “desestabilización-estabilización” como modus operandi que le permita precisamente mantenerse en el poder.

 

* Analista de geopolítica y relaciones internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), Magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) Colaborador en think tanks y medios digitales en España, EE UU y América Latina. Analista Senior de la SAEEG.

 

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EL MATRIMONIO ENTRE NARCOTRÁFICO Y SIONISMO EVANGÉLICO EN BRASIL

Rafael Machado*

Ignorar las religiones como si fueran actividades puramente privadas y sin repercusiones graves en la esfera pública impide al Estado anticipar el surgimiento de sectas peligrosas, lo que facilita fenómenos como el narcopentecostalismo.

 

¿Qué pasaría si te dijera que en cierto lugar un grupo de narcotraficantes fuertemente armados gobierna un territorio de aproximadamente 200 mil habitantes, es dirigido por un sacerdote, tiene sus armas bendecidas en templos y justifica sus actividades criminales con discursos y narraciones sacadas de un libro sagrado?

Probablemente pensarías que estoy hablando de algún lugar del Medio Oriente o África gobernado por otro grupo terrorista salafista-wahabí, que habría encontrado su principal fuente de financiación en el tráfico de drogas.

Pero si te dijera que me refiero a un grupo supuestamente cristiano, entonces dirían que debe ser la trama de una nueva película. Y si les dijera que se trata de un grupo de narcotraficantes evangélicos neopentecostales liderados por un pastor que bautizó su territorio como «Complejo de Israel», entonces dirían que estoy delirando.

Sin embargo, este grupo y este lugar existen justo en Río de Janeiro, Brasil.

El proyecto del «Complejo de Israel» no surgió ahora. Es el resultado del esfuerzo concentrado de uno de los líderes del Tercer Comando Puro (una de las principales facciones criminales de Río de Janeiro), Álvaro Malaquias Santa Rosa, también conocido por los apodos «Aarão» (Aarón) y «Peixão» (Pez Grande), el primero como referencia al patriarca hebreo del Antiguo Testamento y el segundo como referencia a uno de los símbolos más importantes del cristianismo, el pez. El proyecto en cuestión comienza en la favela de Parada de Lucas, para de allí anexar las favelas de Vigário Geral, Cidade Alta, Pica-Pau y Cinco Bocas. Y si la región en cuestión ya pasó por las manos de innumerables líderes criminales diferentes, la mayoría de los cuales ya están muertos, «Peixão» comanda esta fracción del TPC desde 2015, volviéndose cada vez más fuerte.

Este territorio controlado por el narcotráfico sigue la lógica típica de modelos similares: terror y violencia contra quienes se resisten al dominio de los criminales, soborno y cooptación de policías corruptos para ignorar las acciones de las pandillas, y asistencia social para que la «comunidad» tolere o incluso valore a los criminales.

Lo innovador aquí es la dimensión abiertamente religiosa que se da a la acción criminal.

La primera evidencia de algo que podríamos llamar «narcopentecostalismo» en el que están implicados los mismos actores apareció también en 2019, con la llamada «Bonde de Jesús», un grupo de traficantes que realizaba ataques a templos religiosos afrobrasileños. El grupo, liderado por el propio «Peixão», identificado simultáneamente como «jefe del narco» y «pastor evangélico», iba de templo en templo ordenando clausuras, vandalizando y amenazando de muerte a los fieles y líderes.

Era común en estas acciones que los criminales destruyeran específicamente las estatuas e imágenes de las entidades veneradas en estos templos. Antes de eso, este tipo de situaciones solo se veían esporádicamente, también por parte de fanáticos neopentecostales contra imágenes incluso de santos católicos.

Esta iconoclasia evoca,  casi inmediatamente, imágenes de la iconoclasia salafista en algunos países de Oriente Medio y Asia Central, como el trágico caso de la destrucción de las estatuas de Buda en Afganistán.

La iglesia donde «Peixão» es pastor es la Assembleia de Deus Ministério de Portas Abertas, una entre las miles de diferentes denominaciones cristianas existentes en Brasil, ya que el Estado no regula ni siquiera supervisa la actividad de las religiones y sectas, siendo posible que cualquier persona cree una nueva religión, secta o denominación religiosa, lo que implica el acceso a diversos beneficios, como la exención de impuestos para sus actividades «religiosas».

En 2020, Peixão anunció la creación del Complejo de Israel, a partir de las favelas de Parada de Lucas, Cidade Alta y Vigário Geral, con el objetivo de expandirse a otras favelas vecinas. En esta búsqueda de expansión, la retórica es la de una «guerra santa». Durante la invasión de la favela de «Cidade Alta», por ejemplo, la retórica fue que iban a «liberar al pueblo de Cidade Alta».

Las fuerzas del pastor «Peixão» también tienen sus propios apodos, además del temporal y ya superado «Bonde de Jesús». Sus hombres, que se cuentan por centenares, también se autodenominan «Ejército del Dios Vivo», «Tropas de Aarón» y «Bonde de la Cábala”. En varios lugares del Complejo de Israel se izan banderas israelíes, así como grafitis en las paredes en homenaje al Estado sionista.

No se sabe si existen vínculos directos entre este fenómeno y el lobby sionista en Brasil, pero como ya hemos señalado en otro artículo para la Fundación Cultura Estratégica, la difusión del neopentecostalismo en Brasil tiene su origen en un proyecto estadounidense para suavizar el natural rechazo brasileño al neoliberalismo, al atlantismo y al sionismo.

En cierto sentido, tal vez este fenómeno deba considerarse inevitable. El crecimiento demográfico desordenado de las zonas urbanas periféricas de Brasil, las favelas, se produjo precisamente en un momento de crisis «vocacional» en la Iglesia Católica (la religión más tradicional en la formación cultural brasileña), en un momento en que la Iglesia luchaba por formar sacerdotes en cantidad suficiente para hacer frente al crecimiento demográfico.

Pero como el ser humano tiene anhelos espirituales que deben ser satisfechos (y en este sentido el hombre también es «homo religiosus»), alguien debería llenar ese vacío y era precisamente el protestantismo neopentecostal el que estaba mejor preparado para hacerlo. Con un menor tiempo de formación y menos formalidades, las iglesias evangélicas pueden producir pastores en cantidades mucho mayores para ocupar el espacio dejado por la Iglesia Católica.

La forma en que esto se ha mezclado con la violencia es algo más complejo. Las iglesias siempre han tenido que mostrar cierto grado de connivencia y tolerancia con la criminalidad para poder operar en esos territorios. Los pastores también han hecho de las cárceles un lugar de predicación, con el objetivo de convertir a los presos. Muchos se han convertido a la religión; es cierto que algunos de ellos realmente han cambiado sus vidas. Pero muchos presos neopentecostales han vuelto a la vida delictiva sin abandonar su nueva fe.

Con el crimen y el neopentecostalismo ya normalizados y coexistiendo durante décadas en el mismo espacio, tal vez era sólo cuestión de tiempo hasta que convergieran en una figura que desempeñara un papel de liderazgo criminal y religioso a la vez. Esto es lo que permitió el surgimiento del Complejo de Israel. Y tal vez también era sólo cuestión de tiempo hasta que esa peligrosa fórmula desembocara en una persecución religiosa contra los católicos, como años atrás ya había afectado a los seguidores de las religiones afrobrasileñas.

Este mes, sin embargo, sucedió lo mismo: el jefe evangélico del narcotráfico ordenó el cierre y fin de las actividades de las parroquias católicas que aún funcionaban en el Complejo de Israel, prohibiendo la celebración de misas, bautismos, casamientos y festividades. Tres parroquias católicas fueron afectadas: las de Santa Edwiges, Santa Cecília y Nossa Senhora da Conceição e Justino, cuyos sacerdotes y fieles fueron amenazados de muerte.

La policía respondió en los últimos días con un operativo policial a gran escala en la región, pero teniendo en cuenta la historia de Brasil en la lucha contra el crimen organizado, es difícil creer que estas medidas eliminarán definitivamente el Complejo de Israel.

Fenómenos extraños como el del narcopentecostalismo pueden verse facilitados por el hecho de que Brasil aún no cuenta con ninguna política pública específica ni con un organismo estatal especializado en supervisar las actividades religiosas.

El hecho de ignorar las religiones como si fueran actividades puramente privadas y sin repercusiones serias en la esfera pública impide al Estado anticipar el surgimiento de sectas peligrosas, lo que facilita fenómenos como el narcopentecostalismo. En el mismo sentido, preocupan las noticias recientes que indican que también puede haber un cierto crecimiento, aunque modesto, del salafismo en las favelas brasileñas.

 

* Editor, analista geopolítico y político, escritor especializado en asuntos latinoamericanos.

 

Artículo publicado en inglés el 22 de julio de 2024 por Strategic Culture Foundation, https://strategic-culture.su/news/2024/07/21/the-marriage-between-drug-trafficking-and-evangelical-zionism-in-brazil/.  

 

DOS MIL BUQUES PESQUEROS SIN CONTROL EN EL PUERTO DE MONTEVIDEO

César Augusto Lerena*

Hace décadas que escribimos sobre la incapacidad o desinterés argentino por controlar la pesca ilegal en el Atlántico Sur. De igual modo, meses atrás, nos referimos al apoyo del Puerto de Montevideo a la pesca ilegal que realizan buques chinos, españoles-británicos, coreanos y taiwaneses.

Hoy la Auditoría Interna de la Nación de Uruguay ratifica en detalle nuestros dichos. Montevideo sería un colador para la pesca ilegal y el crimen organizado. Sería bueno tener una auditoría de igual rigurosidad de los manejos de la Subsecretaría de Pesca de Argentina y de los puertos argentinos.   

Denunciamos entonces que más de 700 buques extranjeros pesqueros que operan en el Puerto de Montevideo capturan ilegalmente recursos pesqueros argentinos en Malvinas y, los migratorios originarios de la ZEE de ambos países en alta mar; violando ―Uruguay― las declaraciones de la CELAC de 2011 y 2014, la Res. del UNASUR de Asunción del 17/03/2012, etc., y el Tratado del Río de la Plata de 1973/4. En este Puerto se recambia el combustible, se reemplazan tripulantes, se transbordan capturas, se arma y repone alimentos e insumos, etc., de buques que pescan ilegalmente. Operaciones que representarían a Uruguay un ingreso de 300 millones dólares anuales (Baubeta Mario; Mercopress, 20/12/11), aunque violando todas las normativas.  

También recordamos que los tres Estados ribereños de América del Sur oriental (Argentina, Brasil y Uruguay) suscribieron la “Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur” y que ésta es el ámbito adecuado para tratar, también, cuestiones relativas al trabajo esclavo, contrabando y narcotráfico que, atrás del descontrol en los puertos, van de la mano de la pesca ilegal.

Por su parte, el 29 marzo de 2023 (Radio Sarandí) Jaime Coronel, el director del Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) manifestó que «el puerto de Montevideo es seguro y no se desembarca pesca ilegal, porque se revisan las bodegas y se hacen seguimientos satelitales»; pero, la citada auditoría oficial demuestra lo contrario y, ello es grave, porque el flagelo de la pesca ilegal le extrae a Latinoamérica y al Caribe recursos pesqueros del orden de los 12 mil millones de dólares anuales, empobreciendo a sus pueblos, quitando empleos y competitividad a las empresas.

La Auditoría del Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay realizada en junio de 2023 a la DINARA es terminante y de sus conclusiones surge con claridad que en el Puerto de Montevideo no hay control de la Pesca Ilegal, además, de estar fuera de control otras irregularidades.

La Asociación de Funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay alertó sobre el “conjunto de conclusiones y hallazgos con criticidad extrema” de esta Auditoría y, entienden, que el informe “demuestra el grave problema de funcionamiento que presenta la DINARA, como resultado de un desmantelamiento que impacta negativamente en la gestión, generación de información, investigación y control de los recursos pesqueros, así como el control higiénico-sanitario e inocuidad de los productos de la pesca” (Montevideo Portal, 28/07/2023). Un durísimo comunicado de los propios funcionarios del área.

La conclusión de la Auditoría de la Nación refiere a que «el proceso de emisión y renovación de los permisos de pesca comercial industrial presentó debilidades de control interno, que no permiten asegurar que los mismos cumplan con los requisitos establecidos por la normativa vigente, la eficiencia de las operaciones, la confiabilidad e integridad de la información y la protección de los recursos hidrobiológicos»; por «ausencia en la actividad de control y seguimiento, a fin de garantizar que los permisionarios no se aparten de las autorizaciones otorgadas, en referencia a la cantidad, tipo de pesca, en el estado y uso de los recursos hidrobiológicos»; es decir, que la pesca en el Puerto de Montevideo carece de todo control y, ello supone desconocer el origen y trazabilidad de las capturas y desembarcos, la eventual apropiación ilegal de recursos originarios de las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) del Uruguay y Argentina o, migratorias desde éstas en alta mar, al igual que en la Zona Común de Pesca de ambos países; la extracción de mayores volúmenes a los autorizados; la captura de tallas inferiores a las permitidas o de especies plenamente explotadas; el descarte y la sustitución de especies al desembarque o transbordo; entre otras irregularidades que podrían incluir operaciones de narcotráfico y trabajo esclavo. Situación que se ratifica cuando la auditoría indica: «El organismo no cuenta con un Registro de Pesca integral, la información es parcial y está segmentada en distintas áreas, no permitiendo realizar una trazabilidad del proceso, ni ejercer los controles necesarios para una adecuada y oportuna toma de decisiones»; contrariando, las recomendaciones de la FAO, que se agravan cuando Uruguay es parte de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y del Estado Rector del Puerto (Ley 19.017; Decreto 323/17).

Estas irregularidades podrían ser suficiente motivo para que los mercados internacionales descarten al Puerto de Montevideo como estación de carga y, descarga de productos pesqueros. Situación que debería llevar a la Cancillería Uruguaya, al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y a la Comisión del Tratado del Río de la Plata ―por aplicación de los Art. 74º, 80º y 82º de éste, las normas de la FAO y el Preámbulo y los art. 59º, 87º, 116º a 118º de la CONVEMAR― a efectuar urgentes y profundas correcciones, por cuanto la categorización de evidencias “extremas” por parte de la Auditoría están indicando que “las debilidades detectadas son muy significativas”, pudiendo poner en riesgo recursos pesqueros originarios de ambos países, tanto en la Zona Común de Pesca, en la ZEE y, alta mar, como los argentinos en Malvinas; cuya soberanía Argentina el Uruguay ha reconocido expresamente, aunque de esta forma se esté convirtiendo en una retórica sin ningún efecto práctico.

Al respecto, la Auditoría ha calificado esas debilidades relativas a la información como “altas” y, de “extremas” la responsabilidad de la autoridad del DINARA, el trámite de permisos, los registros, controles y seguimiento. Todas cuestiones que, sin entrar en mayor detalle, son suficientes para calificar a Montevideo como un puerto sin control pesquero y, por tanto, absolutamente permeable a la pesca ilegal.

Sin agotar el cúmulo de irregularidades que detecta la Auditoría, ésta verifica respecto a la Dirección, delegaciones inapropiadas, acefalías continuadas. debilidades contables, no detección de irregularidades por falta y/o debilidades de controles, inadecuado seguimiento de las gestiones, comunicaciones informales por fuera de los canales administrativos, incumplimiento de las normativas vigentes y, entre otras, la mayoría de la información calificada de “reservada o confidencial” de acceso exclusivo de los Encargados de Áreas, “los dueños de datos” dice la Auditoría, pudiendo dar lugar a actos de corrupción, en lugar de procesos y documentos transparentes, de libre acceso a todos los ciudadanos. Todo esto, sin lugar a duda, podría constituirse en un soporte necesario, para encubrir la pesca ilegal, que necesita de controles laxos, información confusa y trámites sin plazos. “Falsificación de permisos de pesca emitidos por el sistema VUCE” dice la Auditoría y, diversas observaciones graves administrativas y relativas a la aplicación de sanciones que, están todas indicadas en el pormenorizado informe de los auditores oficiales.

Se detecta falta de personal en áreas claves. Esto podría deberse a las habituales restricciones del Estado pero es inviable controlar el origen, la trazabilidad y legalidad de la pesca si las descargas se validan con meras declaraciones juradas empresarias o el puerto carece del personal oficial adecuado para realizar las tareas de policía sanitaria; obligación habitualmente indelegable, que no puede dejarse librada al usuario o a eventuales controles privados concesionados. En 1998, cuando Estados Unidos y luego la Unión Europea comenzaron a exigir la aplicación de planes HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control), la ejecución de estos sistemas de autocontrol, nunca dejaron en manos privadas el control del tránsito, el embarque o desembarque y los pertinentes controles y la certificación oficial. Dejar a los puertos sin control oficial presencial y no llevar una organización del Estado segura, transparente, técnica, eficiente y eficaz es promover el mejor escenario para la pesca ilegal, el narcotráfico, el trabajo esclavo y la evasión fiscal.

Pero ¿qué pasa con Jaime Coronel? Que, no obstante, la ejemplar Auditoría que lo incrimina, el pasado 16/08/2023 firmó en nombre de Uruguay junto a Ecuador, lo que llamaron “Memorando de Entendimiento histórico a fin de fortalecer sus lazos y desarrollar maneras cooperativas de combatir la pesca ilegal, en ambas costas de Sudamérica”. Se ve que los ecuatorianos no conocen ese documento, cuyas conclusiones se agravan precisamente cuando Don Jaime refiere a que Uruguay “alberga algunos de los puertos más transitados del mundo que, colectivamente reciben más de 2.000 buques pesqueros al año” (Tahiana Fajardo Vargas, PEW, 17/08/2023) que no son de bandera uruguaya sino de diversas nacionalidades que pescan ilegalmente los recursos pesqueros originarios de los Estados ribereños y los de Argentina en Malvinas.

Respetuosamente entendemos que las Autoridades de Uruguay deberían tener muy en cuenta lo prescripto en la Ley 19.175 que, en su art. 16º, refiere a la aplicación de criterios de «precaución en la conservación, ordenación y explotación de los recursos…» y, muy especialmente, los art. 76º a 79º que califican como grave la pesca ilegal, que causa depredación, sobrepesca e insostenibilidad de las especies.

Se dice también en los ambientes portuarios, que el 80% de la flota merlucera de altura se habría vendido a empresas rusas en aparente violación del art. 36º de la Ley de Pesca y que, a su vez, se habrían sustituido embarcaciones en contravención a lo establecido en el art. 31 del Decreto 115/018, lo cual de confirmarse sería otra demostración elocuente del descontrol, violación de la ley y consecuente pesca ilegal.

«No venderé el rico patrimonio de los orientales al vil precio de la necesidad» (José G. Artigas)

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (Fundada el 21/10/2002), Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL (Fundada el 02/04/1989).

Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021) y de “Pesca Ilegal y Recursos Pesqueros Migratorios Originarios de los Estados Ribereños de Latinoamérica y El Caribe” (2022).