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MADURO, HIZBULÁ, IRÁN E ISRAEL

Roberto Mansilla Blanco*

El conflicto entre Israel, Hizbulá e Irán es un escenario que puede definir algunas claves a la hora de observar el futuro político del cada vez más cuestionado y aislado mandatario venezolano

 

El asesinato en Beirut del líder de Hizbulá Hassan Nasralá este 27 de septiembre en el marco de la ofensiva israelí contra la milicia islamista al sur del Líbano, la consecuente invasión militar terrestre israelí a este país árabe y la posterior respuesta iraní atacando territorio israelí son aspectos que apuntan a otro actor geográficamente lejano de la zona de conflicto en Oriente Próximo pero geopolíticamente mucho más cercano: el cuestionado presidente venezolano Nicolás Maduro, considerado el principal aliado de Nasralá y del Hizbulá en el hemisferio occidental.

La virulenta reacción de Maduro tras la muerte de Nasralá acusando a Israel del asesinato demuestra el calibre de las relaciones geopolíticas fraguadas entre el «chavismo» y el Hizbulá, igualmente extensivas a otros actores del mundo árabe e islámico como Siria e Irán. Sin Nasralá al mando y con un Hizbulá que se prepara para una nueva guerra frontal con Israel, Maduro debe ahora medir con mayor asertividad este nuevo contexto tomando en cuenta los apoyos que ha venido tejiendo con Hizbulá, sus frecuentes críticas contra Israel y la presión internacional sobre el presunto fraude electoral en Venezuela en los comicios presidenciales del pasado 28 de julio.

El triángulo Caracas-Beirut-Teherán

La relación Maduro-Hizbulá comenzó a fraguarse con mayor nitidez a partir de 2007, siendo entonces Maduro ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Hugo Chávez. Entonces, la milicia islamista libanesa estaba librando prácticamente una guerra abierta contra Israel en el sur del Líbano, casi en paralelo a los combates israelíes contra el movimiento islamista palestino Hamás en Gaza. Una coyuntura muy similar a la que observamos actualmente.

En los orígenes del movimiento «bolivariano» dentro de la Fuerza Armada venezolana a comienzos de la década de 1980 se verificó una embrionaria relación con algunos países árabes, en especial aquellos inspirados en el socialismo y nacionalismo panarábe nasserista como han sido los casos de la Libia de Muammar al Gadafi, el Irak de Saddam Hussein y la Siria de Hafez el Assad, padre del actual gobernante Bashar al Asad.

Posteriormente, a mediados de la década de 1990, la súbita aparición en estos círculos «bolivarianos» del sociólogo revisionista argentino Norberto Ceresole como una especie de mentor geopolítico del «chavismo» determinó la apertura de conexiones con Irán y algunos grupos radicales del islamismo político árabe, en este caso Hizbulá, dentro de la perspectiva ceresoliana de fragmentación de bloques de poder contra la «posición hegemónica de EEUU e Israel».

Tres actores entraron así en escena: el movimiento islamista libanés Hizbulá, con presuntas conexiones previas en América del Sur (Triple Frontera Argentina, Brasil y Paraguay); la Guardia Revolucionaria Islámica (GRI) iraní, particularmente visible a partir de 2007 con la visita a Caracas del entonces presidente Mahmud Ahmadíneyad y la adopción de una relación estratégica con el gobierno de Chávez; y los movimientos palestinos, destacando el apoyo de Chávez y Maduro a la Autoridad Nacional Palestina (ANP), el Frente Popular de Liberación de Palestina (FPLP) y al islamista Hamás.

La presencia de una numerosa comunidad de origen libanés, siria y palestina en Venezuela, así como la implicación política de varios de sus miembros a favor del «chavismo» a través de altos cargos como el caído en desgracia «ex zar del Petróleo» Tareck El Aissami y el actual fiscal general Tarek William Saab, entre otros, permitió vertebrar una sintonía especial con gobiernos como la Siria de Bashar al Asad, el régimen iraní, el Hizbulá e incluso Turquía.

Algunas fuentes identifican a la caribeña isla de Margarita y el Oriente venezolano como las regiones de mayor operatividad de supuestas células del Hizbulá y de grupos palestinos. Otros consideran que la GRI supuestamente provee a los organismos de seguridad venezolanos de expertos en represión e incluso mantiene vínculos de conexión con la FANB en materia de asistencia militar para la resistencia «antiimperialista».

Por otro lado también se señala que la presencia del Hizbulá e Irán en Venezuela tiene vínculos económicos y empresariales, algunas de ellas incluso con actividades ilícitas de lavado de dinero y mecanismos alternativos para desviar las sanciones occidentales contra Caracas a través de una compleja red financiera de clanes familiares y políticos. Con apoyo iraní, Hizbulá ha logrado tejer una red financiera que ha alcanzado la Venezuela de Chávez y Maduro, un país con una boyante comunidad árabe y especialmente siria y libanesa con incidencia social, cultural y económica pero también política, en este último caso más perfilada a favor del «chavismo».

Con Chávez pero especialmente con Maduro en el poder, Caracas le ha otorgado al Hizbulá un factor preponderante a la hora de mantener una sintonía de intereses geopolíticos contrarios a la alianza EEUU-Israel, siguiendo así los parámetros geopolíticos ceresolianos. Pero esos intereses también han alcanzado el aspecto económico y financiero, muy importante tomando en cuenta las sanciones que EEUU y la Unión Europea han realizado contra el régimen de Maduro sin menoscabar que Washington y Bruselas catalogan a la milicia libanesa de «organización terrorista».

Las razones de Israel que Maduro debe atender

Esta coyuntura de guerra abierta entre Israel y Hizbulá, que recrea para Tel Aviv una especie de segundo frente ampliado al que mantiene en Gaza contra Hamás, tiene en mente igualmente otro escenario: las elecciones presidenciales estadounidenses del próximo 5 de noviembre.

Tras bombardear posiciones del Hizbulá, descabezar su liderazgo con el asesinato de Nasralá y otros altos cargos y preparar la eventual invasión terrestre, el Alto Mando israelí no ha dudado en advertir que esta operación de invasión al Líbano «durará el tiempo que tenga que durar, diez años si es posible». Este 1° de octubre las fuerzas israelíes iniciaron una invasión táctica del territorio libanés. El mensaje estaba claramente dirigido hacia las dos candidaturas que pujan por llegar a la Casa Blanca, la del republicano Donald Trump (un aliado irrestricto del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu) y la abanderada del Partido Demócrata, Kamala Harris, más propensa al multilateralismo y a criticar, como ya lo hizo, la desproporcionada respuesta militar israelí contra Hamás en Gaza, denunciando el drama humanitario causado.

Consciente de la impunidad que le otorga tener el apoyo de la aún perceptible hegemonía estadounidense, con la ofensiva al sur del Líbano contra Hizbulá, Netanyahu busca claramente fijar sus posiciones hacia quién será finalmente el ganador de las presidenciales estadounidenses. Pero las dos guerras, la de Gaza y el Líbano, define igualmente otra perspectiva muy presente en el ala dura de la política y las fuerzas militares israelíes: el de asegurar definitivamente las «fronteras históricas del Gran Israel», un proyecto que viene acelerándose desde hace más de una década. Como émulo de lo que significa el Donbás para Rusia, Israel parece estar diseñando un muro de contención geopolítico defensivo entre el sur del Líbano y Gaza.

Pero existen otros factores que podrían explicar por qué Israel reactiva ahora una especie de proxy war contra Hizbulá y que desde Caracas, Maduro debe igualmente calcular. Antes del ataque israelí al sur del Líbano, el nuevo presidente iraní Masud Pezeshkian lanzó un mensaje a Washington tendiente a reactivar las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán. La posibilidad de apertura de una etapa de distensión entre Irán y Occidente le resultaría inaceptable a la «línea dura» que hoy gobierna con Netanyahu; de allí su premura por atacar posiciones contra Hizbulá, el principal aliado iraní en Oriente Próximo junto al presidente sirio Bashar al Asad, así como en posiciones de los aliados hutíes en Yemen.

Con el descabezamiento del Hizbulá, Netanyahu busca involucrar más directamente a Irán en este conflicto. Y en este sentido ha alcanzado su propósito: horas después de la invasión israelí del Líbano, Irán lanzó ataques con casi 200 misiles balísticos hacia territorio israelí, causando decenas de muertos. Anteriormente se presentó un atentado en una estación ferroviaria de Tel Aviv. Más allá de su tradicional retórica retaliativa, Teherán ha pasado de apostar por la prudencia estratégica a tomar cartas en el asunto como hiciera en abril pasado atacando territorio israelí. Con ello manifiesta su intención de no dejar caer una pieza estratégica para sus intereses como Hizbulá, toda vez que responde a los ataques israelíes a posiciones hutíes en Yemen, una esfera de influencia que aproxima esa proxy war entre Israel e Irán.

Por otro lado, la ofensiva israelí en el Líbano puede suponer una maniobra de distracción con la finalidad de degradar la atención internacional ante el conflicto entre Rusia y Ucrania, que cada vez más se define en una confrontación directa entre Moscú y la OTAN. Aparecen algunas señales de posibilidad de una negociación en el frente ucraniano vía alto al fuego, sin perder igualmente de vista las elecciones estadounidenses, Netanyahu busca retrotraer la atención hacia sus intereses en Oriente Próximo amparando una escalada bélica en dos frentes.

Para ello, y cuando estamos a escasas semanas del primer aniversario de la cruenta guerra de Gaza, Israel parece abrir otro frente contra Hizbulá en el sur del Líbano con la finalidad de fijar una especie de cordón sanitario de seguridad que, al mismo tiempo, recree las expectativas de Netanyahu y la línea dura en Tel Aviv de concretar las «fronteras históricas definitivas del Gran Israel».

Esta visión supremacista israelí, que no calza con ninguna perspectiva de lucha por su supervivencia y vitalidad en un ambiente hostil como es Oriente Próximo, también supone un mensaje indirecto enviado hacia más lejanos de Hizbulá, Hamás, Irán, Siria y Rusia como es obviamente la Venezuela de Maduro. Para muestra un botón: en medio de esta coyuntura, el presidente argentino Javier Milei, probablemente el principal aliado israelí en América Latina, lanzó una orden judicial para arrestar a Maduro y otros altos dirigentes de su gobierno por «crímenes de lesa humanidad» justo cuando la Corte Penal Internacional está por presentar un nuevo informe decisivo sobre las investigaciones que lleva a cabo contra Maduro y otros altos cargos venezolanos.

Edmundo, María Corina y el exilio venezolano

Sin perder la atención en la crisis de Oriente Próximo vale la pena destacar qué es lo que está sucediendo en Venezuela tras las elecciones del 28J. El asilo político otorgado a mediados de septiembre por el gobierno español de Pedro Sánchez al candidato opositor Edmundo González Urrutia y la aprobación de una iniciativa parlamentaria no de ley ni de carácter vinculante impulsada por el PP, VOX, PNV, CC y UPN en la que el Congreso de los Diputados reconoce la legitimidad presidencial de Urrutia e insta al gobierno a hacer lo mismo evidencian en que medida Venezuela es materia frecuente de la política española, una variable igualmente determinada por la presencia de una numerosa diáspora venezolana presente en España.

De este modo, Madrid se convierte en la capital del exilio venezolano. Además de Urrutia están otros líderes opositores como Antonio Ledezma, Leopoldo López, Julio Borges y cientos de activistas políticos. Pero no solo hablamos de la oposición sino también de ex funcionarios de los gobiernos de Chávez y Maduro.

Toda vez Madrid, en boca de su ministro de Exteriores Albares, niega cualquier acuerdo político con Caracas para sacar del país a Urrutia, tanto el Fiscal General venezolano Tarek William Saab y la vicepresidenta y ministra del Petróleo Delcy Rodríguez aseguran el contrario. Urrutia salió de la capital venezolana en un avión de la Fuerza Aérea española.

Un día después del reconocimiento del Congreso español de la legitimidad presidencial de Urrutia, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana Jorge Rodríguez (hermano de Delcy) pidió a Maduro romper relaciones diplomáticas, consulares y económicas con España. No país caribeño y venezolano existe una notable diáspora hispana calculada en aproximadamente 50.000 personas.

En ambos lados del Atlántico hay un nombre que cobra relevancia dentro de esta crisis: José Luís Rodríguez Zapatero. En 2016 fue el artífice de acuerdos de negociación entre Maduro y la oposición que llevaron a levantamientos parciales de las sanciones de la UE contra Venezuela y liberación de presos políticos.

Pero el contexto actual resulta mucho más delicado: existe una especie de consenso internacional sobre un «pucherazo» cometido el 28J, en el que el organismo electoral venezolano reconoció la victoria de Maduro por un 54% de los votos. Desde entonces la incertidumbre impera en Venezuela. Más de 3.000 detenciones por protestas incrementan los indicios de represión y violaciones de derechos humanos por parte del régimen de Maduro, en el poder desde 2013.

En breve, la Corte Penal Internacional (CPI) deberá dictaminar una nueva fase de investigación sobre acusaciones contra Maduro y altos cargos de su gobierno por crímenes de lesa humanidad acaecidos en el país desde 2017 con las protestas estudiantiles. El veredicto del CPI puede incrementar el clima de tensión ya existente.

Mientras en Caracas y las principales ciudades venezolanas las protestas parecen mermar, otro nombre cobra importancia: María Corina Machado, la incansable líder de la oposición. Muchos observan el asilo de Urrutia como una derrota para Machado mientras la atención nacional e internacional está puesta en cuál será su estrategia, si «calentar» la calle con protestas o abrir espacios de negociación dentro de una mediación internacional impulsada desde lo 28J por Brasil, Colombia y México y que hoy se ve claramente opacada.

Esto vuelve a llevarnos a Zapatero, elogiado por el PSOE durante la votación en el Congreso de los Diputados como un adalid de la negociación. Se ve a las claras que el gobierno de Sánchez busca imponer a Zapatero como el nuevo líder de la mediación en Venezuela por encima de Lula da Silva, con recientes encontronazos dialécticos e incluso diplomáticos con Maduro.

Tras el otorgamiento del asilo, el encuentro Urrutia-Sánchez en La Moncloa determina la intención del gobierno español de ralentizar y neutralizar la votación parlamentaria de reconocimiento oficial a Urrutia, instando a retomar la mediación ahora con Zapatero como artífice pero pidiendo a Maduro que presente las actas. La oposición tanto en Venezuela como en España rechaza esta posibilidad argumentando los presuntos negocios de Zapatero con régimen de Maduro, apuntando especialmente su sintonía personal con Delcy Rodríguez.

En perspectiva, Maduro saldría políticamente ganando alejando a la oposición del centro de poder en Caracas, buscando neutralizarla desde el exterior con la intención de llevarla a la irrelevancia política y dilatando las críticas y los tiempos políticos. Sánchez gana peso dentro de la UE ofreciendo asilo a Urrutia mientras «vende» las bondades de la mediación de Zapatero, vista por cierto con buenos ojos por parte de Maduro.

A pesar de su carácter no vinculante, el PP logra una victoria parlamentaria en un momento complejo para Sánchez (aprobación de los Presupuestos del Estado; caso Begoña; nuevo gobierno catalán) toda vez que el propio Sánchez, el día en que Urrutia falta de Caracas y durante el Congreso del PSOE, instaba al Parlamento español a ser «más constructivo» y «menos restrictivo».

Pero en Caracas el futuro de Machado, beneficiada este 30 de septiembre por el Consejo de Europa con el premio Vaclav Havel de Derechos Humanos, es ahora una incógnita. Incluso el propio Maduro ha lanzado la posibilidad de una salida del país de la líder opositora, cuyo silencio incrementa igualmente el clima de incertidumbre.

La escalada de conflictos que actualmente se observan en el escenario internacional, especialmente en Oriente Próximo, dejan a Maduro en una situación igualmente compleja, cada vez más aislado y con un margen de maniobra notoriamente estrecho. Pero este contexto no le evita ciertos canales colaterales que igualmente le pueden servir para mantenerse en el poder. La toma de posesión de la nueva presidente mexicana Claudia Sheinbaum y el conflicto diplomático previo con España por su negativa a invitar al Rey Felipe VI ante el silencio de la Corona española para pedir perdón por la colonización (un tema que provocó que el gobierno de Pedro Sánchez no enviara una delegación oficial a su investidura) le permite a Maduro ganar tiempo y aliados a la hora de tejer ciertas redes de apoyos que le permitan desviar la atención exterior sobre la crisis venezolana.

 

* Analista de geopolítica y relaciones internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), Magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) Colaborador en think tanks y medios digitales en España, EE UU y América Latina. Analista Senior de la SAEEG.

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MADURO, EDMUNDO Y EL «MÉTODO OBIANG»

Roberto Mansilla Blanco*

El exilio de la oposición política bajo un clima de intimidación, represión y mediación internacional es un método tradicional en los regímenes dictatoriales como mecanismo táctico para sobrevivir en aguas turbulentas. Visto con cierto paralelismo histórico, lo que está ocurriendo hoy en Venezuela muestra algunas semejanzas con lo sucedido en las últimas cuatro décadas en Guinea Ecuatorial, un escenario que conviene recordar porque en ambos casos existe un actor implicado, en este caso España, como maestro de ceremonia.

La decisión del gobierno español de Pedro Sánchez de aceptar este 8 de septiembre el asilo político para el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, a quien muchos países reconocen como el legítimo ganador de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio (28J), supone un factor inesperado dentro del delicado equilibrio de poder en Venezuela.

Los medios de comunicación han reflejado la mano del ex presidente español José Luís Rodríguez Zapatero como supuesto artífice del asilo político de González Urrutia, en connivencia con la recién nombrada ministra de Petróleo y vicepresidente venezolana Delcy Rodríguez, cuyo peso es cada vez más ascendente dentro de la estructura de poder del «madurismo». Un dato a tener en cuenta: las exportaciones de petróleo venezolano comienzan a recuperar su ritmo, siendo España uno de los beneficiados.

El «modelo guineano»

¿Qué tiene que ver Guinea Ecuatorial en todo esto? Directamente nada pero como referencia puede servir para intentar arrojar algunas claves que permitan definir hacia dónde se dirige la política venezolana, particularmente una oposición que comienza a experimentar las dificultades del exilio. Madrid, como Miami, se ha convertido en el centro del exilio político venezolano, destacando la presencia de líderes como Antonio Ledezma y Leopoldo López, además de decenas de activistas políticos. Una lista a la que se suma ahora González Urrutia.

Colonia española hasta 1969, Guinea Ecuatorial transitó hacia un régimen cada vez más autocrático cuando en 1979 el militar Theodore Obiang tomó el poder vía golpe de Estado contra el entonces presidente Francisco Macías. Desde entonces, Obiang instauró un régimen personalista y autoritario que lleva 45 años de duración y en la que el fraude electoral parece ser una herramienta eficaz para preservar su poder. País petrolero con importantes recursos minerales en su subsuelo, factor que le da cierto peso estratégico a nivel geopolítico, el régimen de Obiang se ha mantenido en el poder a fuerza de represión, intimidación, violaciones de derechos humanos así como un hábil pragmatismo que le permitió mantener una política de neutralidad dentro de la confrontación global de la «guerra fría» entre EEUU y la URSS.

El histórico líder de la oposición a Obiang, Severo Moto fue acogido por España en 1983 fundando en Madrid el Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial. Desde allí organizó una especie de gobierno paralelo intentando influir infructuosamente en la situación política de su país de origen. Mientras Obiang fue reforzando su autoritario poder y ampliando sus alianzas exteriores, destacando además de Rusia y China el ex presidente venezolano Hugo Chávez, siendo el principal aliado geopolítico de Obiang en América Latina fortaleciendo acuerdos económicos y energéticos conjuntos, continuados y ampliados desde 2013 con Maduro en la presidencia, Moto fue cayendo cada vez más en la intrascendencia política para la clase política española. Con todo, sectores opositores intentaron infructuosamente un golpe contra Obiang en 2017.

La sintonía entre Obiang y Maduro es tal que el presidente guineoecuatoriano fue uno de los pocos líderes mundiales que felicitó al mandatario venezolano por su controvertida reelección el pasado 28J cuando el prisma del fraude electoral denunciado por la oposición venezolana recorría el mundo. En 2013 el mandatario guineano anunció la salida de su país de la Corte Penal Internacional (CPI), entidad que está investigando a Maduro desde 2021 por crímenes de lesa humanidad. No obstante, en los últimos meses, Obiang también está observando crisis internas por violaciones de derechos humanos. Previo a la salida de Edmundo de Venezuela, desde Buenos Aires se instó a la CPI a ordenar la detención de Maduro por violaciones de derechos humanos.

En 2006 Obiang visitó España entonces bajo el gobierno de Zapatero. Anteriormente también fue recibido por el ex presidente español José María Aznar. Otros altos representantes de la política española de colores políticos diferentes como José Bono, Mariano Rajoy, Miguel Ángel Moratinos o Josep Borrel, alto comisario de la UE para la Política Exterior y de Seguridad, también han hecho lo mismo. Más allá de las violaciones de derechos humanos en Guinea Ecuatorial y de la activa presencia de la oposición guineana en España, Madrid hizo valer sus intereses vía realpolitik ante un actor incómodo pero necesario como Obiang al mismo tiempo que fue desestimando las expectativas opositoras de llevar a cabo una transición en el país africano, muy probablemente también por la debilidad y las fisuras internas dentro de la oposición ecuatoguineana.

¿Punto de quiebre o enfriamiento de la crisis venezolana?

La oposición venezolana debería así mirar con mayor atención el espejo guineano como una referencia a evitar. Los ojos están puestos en cómo asumirá María Corina Machado este nuevo contexto, si sale reforzada o, por el contrario, se verá más debilitada y a merced de cualquier arbitraria detención por parte del régimen de Maduro. Diversas fuentes observan que las protestas en Venezuela han perdido fuerza toda vez que Maduro juega al desaliento y la desmoralización entre las filas opositoras.

Pero el exilio de Edmundo abre un nuevo capítulo que, como cualquier parteaguas, implica nuevas expectativas. Desde el exilio se estima que González Urrutia iniciará una activa campaña internacional en la que mostrará pruebas sobre el fraude electoral del 28J. Opacado por la incansable figura de María Corina Machado, está por ver cuál será la capacidad real de persuasión de González Urrutia para convencer a la comunidad internacional hacia la transición política en Venezuela.

Maduro se atrinchera obstinadamente y corre el riesgo de un mayor  aislamiento regional abriendo una crisis diplomática con Brasil por el asedio a la embajada argentina en Caracas donde están refugiados otros líderes opositores. No obstante, la aceptación de Maduro del asilo político español para Edmundo supone una táctica dilatoria para ganar tiempo e intentar lavar su imagen internacional; un método muy similar al utilizado durante años por el régimen cubano con algunos de sus prisioneros políticos.

Por otro lado, con Edmundo fuera de Venezuela, debe observarse igualmente con atención cómo transitará a partir de ahora la mediación de Brasil, Colombia y México para buscar una salida a la interminable crisis venezolana, o si la misma tiene ya algún tipo de incidencia. Todo ello sin desestimar las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre próximo, particularmente en el caso del voto venezolano en EEUU, más proclive a apoyar al republicano Donald Trump.

Mientras Edmundo buscará revitalizar desde el exilio la causa democrática venezolana a nivel internacional, Maduro apuesta por alejar a la principal dirigencia opositora del centro neurálgico del poder en Caracas. Con ello busca, como en el caso de Obiang con Severo Moto, presionar políticamente para asegurar la intrascendencia del exilio venezolano.

 

* Analista de geopolítica y relaciones internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), Magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) Colaborador en think tanks y medios digitales en España, EE UU y América Latina. Analista Senior de la SAEEG.

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EL COMETA PESCA

César Augusto Lerena*

Este año vencen las cuotas de captura de las especies merluza hubbsi, merluza de cola, merluza negra y polaca por 15 años y el mar está revuelto. El nuevo gobierno pasó de pretender licitar el recurso internacionalmente a que todo siga como está.

Entendamos: los que encabezan las cuotas adjudicadas y además tienen autorizaciones para pescar langostinos y calamar, son las empresas que encabezan las exportaciones argentinas. Alguien se imagina, en este escenario, donde un pequeño número de personas que ―salvo excepciones― se repiten en las últimas décadas, pueden adjudicar por 15 años la captura de unas 325 mil toneladas por año de recursos pesqueros de dominio del Estado; es decir, unos 5 millones de toneladas, cuyos valores de exportación alcanzan hasta los 26.000 U$S FOB ¿y no existan sombras de corrupción? Es una tradición oral y vox pópuli en los ámbitos portuarios que los permisos de pesca tenían un precio. Cuestión que a partir de convertir las cuotas «en transferibles» se blanqueó. El buque pesquero más caro sin cuotas y/o autorizaciones no tiene ningún valor.                     

Se entiende entonces, ¿por qué la adjudicación de cuotas puede dar lugar a actos de corrupción? El dueño de la Pesca es el dueño del pescado. El Estado le da en concesión a una empresa la captura de una especie cuya demanda está asegurada. El empresario, sentado en el escritorio y en tiempo real, va conociendo como se va llenando la bodega del buque para cumplir con la orden de compra que ya fue emitida. El Estado le cede por 15 años «la gallina de los huevos de oro». Claro está, en la Argentina con los altos costos internos, la inflación imprevisible, sin proyecto y pendular, nada es fácil; pero, nada mucho cuesta poco.

Enrique Santos Discépolo en su tango «Cambalache» hace 90 años (¡!), inmortalizado por Carlos Gardel, ya nos decía: «el que no llora no mama y el que no roba es un gil, dale no más…».

Por un lado, el año 2024 comenzó con un intento de reforma del Régimen Federal de Pesca por la cual, mediante un simple pago de un canon, el gobierno les habría otorgado todos los recursos pesqueros argentinos a buques extranjeros sin necesidad de desembarcar en los puertos nacionales, sin utilizar tripulación argentina, sin industrializar las capturas en Argentina y evitando el pago de impuestos, retenciones, etc. Un proyecto que es difícil de creer que hubiese sido elaborado por un incapaz; tenía vocación sancionatoria y ejecutaba la idea anarcocapitalista de liberar todo y ante semejante desatino «bananero» nadie podría asegurar que no habría escondido un retorno multimillonario. No hubiese sido la primera vez; pero, aun fracasando, Federico Sturzenegger consiguió sembrar un estado de pánico, no solo en la Argentina sino en todos los países donde veían peligrar sus negocios en el país. Los WhatsApp de los gallegos explotaron entre ambos continentes. No querían quedarse solo explotando ilegalmente en Malvinas.   

El otro extremo de «que todo siga como está» también podría tener su precio y de eso hablaron los medios nacionales (La Política Online) y especializados (RevistaPuerto.com).

Como consta en las Actas 10, 12 y 14/2024 del Consejo Federal Pesquero (CFP), todo el sector empresario pesquero, gremial y naviero envió apresuradas notas a este Cuerpo solicitando la prórroga de las Cuotas Individuales Transferibles de Captura de las referidas especies Las notas pudieron ser autónomas; pero, también podrían haber sido solicitadas por el Subsecretario de Pesca López Cazorla para curarse en salud y no innovar, contrario a las opiniones de Sturzenegger de que los empresarios no compiten y que por eso su intención había sido licitar.  

¿Son necesarios estos extremos? Porque en esta nueva adjudicación no se innovaría en materia de mayores inversiones; tampoco se establece que el tiempo de concesión debería estar determinado por la cuantía de las inversiones y de su recuperación económica; no se establece un aumento de la industrialización y el valor agregado; un mayor respeto por las autonomías provinciales o la exigencia de planes de desarrollo pesquero y comunitarios de cumplimiento auditables.

Las cuotas no puede otorgarlas el Consejo Federal Pesquero, sino una Comisión Técnica Ad-hoc designada al efecto que debiera evaluar y dictaminar previamente sobre la validez de todos los permisos, cuotas y autorizaciones de captura otorgados desde la sanción de la Ley 24.922 (recordemos la cajoneada Auditoría de la UBA) y además de las exigencias de la ley que, el otorgamiento no produzca una concentración indeseable en relación al resto de las empresas pesqueras, donde se establezca la «Unidad Económica Pesquera» que garantice la sustentabilidad de las pequeñas empresas para que no terminen transfiriendo sus cuotas, se incorporen buques con la mayor tecnología relativa a la eficiencia pesquera, reducción de la huella de carbono y que cuenten con sistemas de refrigeración para agua de mar u otros sistemas que garanticen la óptima calidad del producto capturado y transportado fresco que favorezcan la selectividad de las capturas; que los productos se procesen en el país y se destinen directamente al mercado minorista internacional o nacional; se realice un mayor aprovechamiento de los residuos a bordo o en tierra; no produzcan descartes en el mar sino que se desembarque y procese todas las capturas; el proyecto contemple el desarrollo de la producción en acuicultura o mariculturas en relación a las cuotas o autorizaciones de captura obtenidas; se presenten proyectos de Responsabilidad Social respecto a la comunidad de asiento de las empresa.

Tampoco es posible que, como un coto cerrado, se cierren las puertas a nuevas inversiones. Un porcentual del total a capturar debe destinarse a ello. No olvidemos: se trata de un recurso del Estado dado en concesión a privados para su explotación. Y por supuesto, no es posible que los fondos provenientes del pago de derechos, se siga haciendo como se lo hace, destinando sumas multimillonarias a la administración ineficiente y puesta en duda de la Subsecretaría y el Consejo Federal Pesquero (Ver Actas CFP 3, 8 y 11/24).

Ahora, dos medios son muy importantes para ventilar una corrupción que podría seguir vigente. LPO (La Política Online), que destapa la olla, y la Revista Puerto que da detalles elocuentes y, por su parte, la embajada de Estados Unidos que defiende los intereses de sus empresas radicadas en la Argentina. Nadie antes se había atrevido a tanto y en muchas escribanías podrían estar amarillos boletos de compraventa de permisos incompatibles con la administración de los recursos del Estado. Antes eran más formales, ahora basta un sótano. En cualquier caso, la justicia debería investigar aquellas de entonces y estas denuncias de corrupción; cuestión que parece una misión imposible, donde el Estado se pretende achicar, pero no a la hora de recaudar.    

La Revista Puerto indica «la irrupción solapada de un grupo de operadores que, según pudo chequear este medio, convocaron a referentes del sector a distintas reuniones diciendo que actuaban en representación de Santiago Caputo. De hecho, la persona a cargo de las primeras charlas mantuvo conversaciones con los representantes de las pesqueras más importantes del país en el microcentro porteño y algún sótano en la calle Paraguay. Según lo que pudimos saber off the record por fuentes del sector, el pedido de coima terminó siendo de 100 dólares por tonelada de merluza hubbsi y 1.000 dólares por tonelada de merluza de negra que deberían pagar eran unas 12 empresas receptoras de unas 120.000 toneladas de merluza hubbsi, lo que daría la cifra de 12 millones de dólares que, sumados a los 3,3 millones de la merluza negra, proporcionarían esos 15 millones de dólares a los que alude el portal LPO… algunos empresarios se negaron a pagar; dicen que el primero que dijo “no” fue Tony Solimeno; pero, al parecer, el que pateó el hormiguero fue la negativa del Grupo Iberconsa, propiedad del fondo Platinum Equity, de origen en Estados Unidos, con vinculaciones con la embajada de ese país, la que habría destapado el escándalo a través LPO…Es decir que el supuesto pedido de coima no sería para dar algo que no corresponde, sería en todo caso un apriete del ala de gobierno que respondería a Santiago Caputo con la amenaza de que, si no pagan, le van a dar vía libre a las pretensiones de Sturzenegger para licitar internacionalmente las cuotas y hacer desaparecer a gran parte del sector pesquero».

Aunque los hechos tengan cierta coincidencia con la declaración del presidente Milei el pasado 02/09/2024 en la UIA: «Vinimos a achicar el Estado para agrandarles el bolsillo a ustedes» (sic), hay una cierta confusión de quienes podrían ser los damnificados de haberse pagado esta supuesta coima. No son solo los empresarios, es nuevamente el Estado, porque esos 15 millones que habrían estado en juego, seguramente habrían de reducir el aporte del pago de los derechos de captura de los empresarios.

El Consejo Federal Pesquero (CFP) ante tan grave denuncia «habría suspendido la renovación de las Cuotas de Merluza y existen versiones ―dice la LPO el 04/09/2024― de la renuncia del funcionario a cargo». Aunque nos preguntamos porqué la suspensión estaría referida a la merluza hubbsi que tiene un valor del orden de los U$S 3.000 la tonelada y no también de la merluza negra, cuyo precio como dijimos supera los U$S 26.000 la tonelada y se vende a 32 dólares la libra (450 g) en Estados Unidos. También nos queda la duda si solo debieran renunciar el subsecretario de Pesca y presidente del CFP López Cazorla o el influyente delegado del ministro Caputo en el CFP Juan Pazo. En realidad, la suspensión y eventual renuncia se suman a darle crédito a la supuesta coima y en ese caso, la Autoridad de Aplicación por la Ley 24.922 el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación Sergio Iraeta y todos los miembros del Consejo Federal Pesquero deberían renunciar.

Pero, éramos pocos y parió mi abuela. No bastaba con funcionarios, intermediarios y empresarios. Apareció Tío Sam. Porque, aunque Sturzenegger no lo sepa, en la Argentina hay innumerables empresas nacionales de capital extranjero. La actividad pesquera, si bien tiene muchos defectos, no está constituida por un empresariado nacional prebendario y el Grupo Ibérico de Congelados SA (IBERCONSA) es, a pesar de sus orígenes, de accionistas del fondo norteamericano Platinum Equity y seguramente tiene muchos problemas para justificar el negro.

Ahora, los peticionantes cayeron en el peor momento para quedarse con unos dólares a cambio de adjudicar cuotas de merluza negra, porque como nos explica Seafood Media Group con un extracto de Associated Press, ya hay roces diplomáticos entre Estados Unidos y el Reino Unido por las licencias de ilegales de pesca otorgadas por este último en las islas Georgias del Sur (argentinas), como contrapartida a la pesca indiscriminada rusa de esta especie, pese a que en esa región los límites se imponen por consenso por la Comisión de Conservación de la Antártida (CCAMLR); razón por lo cual, «las autoridades estadounidenses, amenazan con prohibir las importaciones británicas de esa zona» y no es un tema menor que algún referente del gobierno le hubiese requerido coimas a una empresa de capital americano, porque Estados Unidos es el primer comprador ―en volumen y precio― de merluza negra en Argentina. «La disputa indica que los esfuerzos de Rusia por socavar a Occidente llegan a las regiones más remotas, tradicionalmente al margen de las batallas geopolíticas» y tampoco parece haberlo entendido la Cancillería, cuyo gobierno dice estar alineado con el país del norte.

Hay cometas y cometas. Ésta habría sido de las peores: desmesurada y extorsiva. Y el gobierno va a tener que dar rápida respuesta al requerimiento de informes que al respecto efectuó el presidente de la Comisión de Asuntos Marítimos de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, el ex Intendente de Mar del Plata Gustavo Pulti, a la Cancillería, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y al Consejo Federal de Pesca, en el cual manifestó que «A partir del estado público de que se habrían producido reuniones entre funcionarios del Gobierno Nacional y empresarios del sector que, culminaron con una denuncia efectuada por la firma IBERCONSA, ante la Embajada de Estados Unidos, quien asevera se le efectuó un pedido de coimas de 15 millones de dólares por parte de los emisarios del Gobierno Nacional» y ante «la inusitada gravedad que el hecho traduce, en la que se estaría denunciando la existencia de actos de corrupción y negociaciones incompatibles con la función pública que habrían llevado a las empresas extranjeras impropiamente requeridas a poner en conocimiento de la Embajada de los Estados Unidos sobre la comisión de un hecho de corrupción que, para mayor gravedad, se proyecta sobre recursos naturales estratégicos de la Nación ―como resulta ser el pesquero― justifican el requerimiento de información que se efectúa, correspondiendo aclarar que la actividad referida ―denunciadas en los informes periodísticos relevados― resulta constitutiva de conductas tipificadas por el Código Penal y contrarias a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción aprobada por ley 26.097».

«Vale remarcar que la Constitución Nacional, desde su Preámbulo y artículo 1°, al igual que la Constitución provincial, establecen el principio republicano de gobierno, una de cuyas manifestaciones primordiales reside en la exigencia de publicidad de los actos de las autoridades del Estado. Con ello se procura que los ciudadanos puedan conocer los actos de gobierno, como modo de controlar a sus representantes, condición inherente a la democratización del poder. La Constitución Nacional prevé implícitamente este derecho en los enunciados generales de los artículos 1º y 33º, dentro del contenido ínsito en la libertad de expresión (art. 14) y en algunos campos en los que la información es peculiarmente necesaria, v.gr., arts. 38º (partidos políticos) 41º (derecho ambiental) y 42º (derechos de los consumidores y usuarios) … Análoga consagración surge de los tratados internacionales que revisten jerarquía constitucional de acuerdo al art. 75º inc. 22…la Convención Americana contra la Corrupción, ratificada por Ley 24.759…la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ratificada por la ley 26.097, etc. razón por la que solicito a los funcionarios, ponga a disposición del suscripto la información requerida, dentro de los plazos legales».

Y sería bueno que lo hagan; el pueblo quiere saber de que se trata y obrar en consecuencia. Hay que achicar el Estado de los que se valen de éste en forma corrupta e indecorosamente para su provecho.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca – ex Secretario de Estado. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). Web: cesarlerena.com.ar